La medida judicial se encuentra dentro de las diligencias previas que instruye la juez a raíz de la denuncia presentada por las dos empleadas del Ayuntamiento y por uno de los partidos de la oposición, el BNG. La secretaria municipal y la técnica de Administración ya prestaron declaración en su día, así como la anterior interventora, ahora en otro destino. El ex regidor del PP y el ex edil tendrán que acudir este jueves a testificar ante la Fiscalía de Vigo.
El asunto salió a luz pública el pasado mes de febrero, cuando el regidor decidió retirar las facultades a las dos funcionarias por entender que estaban bloqueando la concesión de licencias de obras en el municipio. Mediante una resolución de la Alcaldía, ambas perdieron sus facultades para emitir dictámenes sobre asuntos urbanísticos y fue contratado un asesor con un coste total de 17.500 euros.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Vigo y la Xunta, a través de la Consellería de Presidencia, abrieron posteriormente sendas investigaciones para determinar si existía algún tipo de irregularidad en las nuevas licencias concedidas. Desde el relevo de las funcionarias, el Ayuntamiento ha autorizado medio centenar de permisos que ahora están en el punto de mira.
Sin documento urbanístico
"Estamos ante una denuncia totalmente falsa, estoy muy tranquilo e iré a declarar lo que haga falta", señala Martín Urgal tras recibir la citación judicial. El ex alcalde, hombre que logró el consenso de PP e independientes para que saliese adelante la moción de censura en 2009, asegura que actuaron en todo momento con el respaldo de administraciones locales y autonómica.
"Hicimos todo conforme a la ley, teníamos informes de la Fegamp (Federación Gallega de Municipos y Provincias) y de la Xunta favorables", añade Urgal.
El fondo del problema consiste en la negativa de las funcionarias a conceder licencias sin la existencia de un documento urbanístico que sigue pendiente de aprobarse. Gondomar ha estado en la última década en el ojo del huracán, con continuos procesos judiciales, detenciones, sentencias y políticos inhabilitados para desempeñar sus caros, por lo que cualquier dictamen supone un riesgo para los técnicos municipales.
Esa situación llevó a la secretaria y a la técnica a poner especial cuidado, sobre todo después de que la concejalía que dirigía Alfonso de Lis recuperase las normas subsidiarias de 1991. La anulación judicial del plan urbanístico de 1997, que diez años más tarde supuso la condena del 90 por ciento de los concejales del gobierno local, provocó una inseguridad jurídica que aún tiene bloqueado actualmente al sector de la construcción en la villa del Val Miñor.
Expedientes paralizados
"Nosotros nos encontramos con el petate que ya venía de la etapa anterior, con peleas entre ellas y el arquitecto, y con una falta de diligencia total por parte de las funcionarias, que tenían sin despachar expedientes de los los últimos cinco años", explica Urgal. Los roces entre De Lis y el comité de personal del Ayuntamiento fue en aumento y, a principios de año, el concejal llegó a leer públicamente durante un pleno un escrito acusando a las empleadas municipales de tener bloqueada la concesión de licencias.
"Se me imputa un delito que no he cometido y lo voy a demostrar, la Fiscalía ha recibido documentación con información sesgada, le hurtan información", indica el ex edil de Urbanismo. Alfonso de Lis menciona una sentencia de este mismo año de un juzgado contencioso-administrativo en el que les concedía la potestad de dar licencias. "Todas las licencias que hemos dado tienen los informes técnicos y jurídicos, están concedidas basándose en la normativa urbanística", argumenta.
El ex regidor recuerda por su parte que las funcionarias fueron encomendadas en aquel momento a la gestión del pago de facturas. "Ante las quejas de la gente y al estar sin interventor, necesitábamos pagar a los proveedores porque había muchos atrasos", recuerda. "Yo no me siento responsable de ningún delito, ni de haber prevaricado nada, cómo voy a hacer esas tonterías", sentencia De Lis.
* El Mundo - 11.12.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
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