El alcalde de Majadahonda concedió obras a una firma que pagó a Correa

ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), adjudicó como presidente de la empresa de patrimonio municipal (Pammasa) obras por un valor superior a 23 millones de euros a una empresa que pagó comisiones, consideradas ilegales por la policía, al presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, según un informe de la Policía Judicial. Este documento explica el modus operandi de la red en Majadahonda: el Ayuntamiento, encabezado entonces por Guillermo Ortega, imputado en el caso, adjudicaba obras a empresas que facturaban de forma paralela a Correa grandes cantidades de dinero por servicios que no se llegaban a prestar. Para ello las firmas de la trama enviaban facturas falsas. Y Correa destinaba este dinero a financiar los gastos privados de los cargos públicos que le favorecían. En el caso de Majadahonda Guillermo Ortega, pero también sufragó los gastos del gabinete de Majadahonda. Además, según el informe policial, este dinero se utilizó para pagar la publicidad institucional del Consistorio, así como anuncios del PP local.

Esta nueva revelación del sumario pone de manifiesto que Narciso de Foxá, que fue quien en 2005 desplazó a Guillermo Ortega de la alcaldía, adjudicó a Coarsa obras por un valor superior a los 17 millones de euros. Esta cifra subió hasta los 23 millones por los sobrecostes. De forma paralela, Coarsa abonó a Correa facturas por un valor superior a los 225.000 euros. La policía sostiene que este dinero formaba parte de las comisiones ilegales que financiaban los gastos del alcalde y otros cargos públicos de Majadahonda. En total, el Ayuntamiento pagó a Coarsa -y a su matriz Licuas- más de 44 millones entre 2002 y 2008.

Estas adjudicaciones en las que participó De Foxá como presidente de Pammasa fueron, concretamente, las obras de urbanización en 2002 de la zona oeste de un área denominada Oportunidad, por un importe superior a los 10,3 millones. El soterramiento de una línea eléctrica en 2003 por un millón de euros; y la construcción de una vía de acceso desde Pinar al Carralero y el Valle de la Oliva. También en 2003 y por seis millones.

Para que Pammasa pudiera sacar a concurso estos terrenos el entonces alcalde, Guillermo Ortega, tuvo que firmar un convenio en el que el Ayuntamiento cedía los terrenos a Pammasa. El otro firmante del acuerdo junto a Ortega fue Narciso de Foxá, según el expediente municipal.

El informe de la policía concreta la existencia de facturas de Correa con destino a Coarsa / Licuas entre el 14 de diciembre de 2001 y el 21 de noviembre de 2002 por un importe de 135.000 euros. Algo que, en opinión de la policía, "podría responder al pago, por parte de dichas empresas, de una factura ficticia a TCM, ya que el importe de estas facturas pasa a ser destinado a la contabilidad b de Correa".

Entre estas facturas se encuentra una de Coarsa de 21 de noviembre de 2002 por un importe de 60.121,21 euros. Esta cifra coincide con una de las aportaciones que Correa hace a la cuenta que asigna a Ortega en su contabilidad b. De esta forma, el importe íntegro de esta y otras dos facturas, según la policía, pasa a utilizarse para el pago de diversos gastos de viaje y la compra de bienes. La cuenta que Correa destinaba al gabinete de la alcaldía también tuvo un ingreso procedente de Coarsa, según la policía. Fue el 24 de junio de 2002, y por 50.785 euros. Correa cobró este dinero vía TCM, la empresa con la que, según la policía, ejercía de intermediario para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Al margen de las obras a Coarsa, Narciso de Foxá también adjudicó otros servicios a empresas de Correa por un valor superior a los 80.000 euros. Llama la atención que una de estas facturas, del 22 de enero de 2004, por un valor de 1.474,59 euros, tuviera como finalidad la celebración del inicio de la construcción por parte de la empresa Teconsa de 150 viviendas públicas. Al acto acudió el vicepresidente de Teconsa, José Luis Martínez Parra, también imputado en Gürtel. Teconsa trató de cobrar más de dos millones de euros por el encarecimiento del acero, pero al final logró 300.000 euros de más.


* El País - TONO CALLEJA - Majadahonda - 23/11/2011
Foto: Majadahonda (Madrid), gran vía - Fev. (wikipedia.org)

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Avilés.- El equipo del Niemeyer denuncia que Cultura exige la devolución de las ayudas y pide amparo judicial

LNE/Asturias* : La batalla política en torno al Niemeyer dio ayer un nuevo giro de tuerca tras el paréntesis electoral del 20-N. La fundación gestora del centro cultural denunció que el Gobierno regional ha exigido la devolución de parte de las ayudas concedidas en los últimos cuatro años y los gestores, ante lo que consideran una «agresión continua del Gobierno de Asturias», han solicitado amparo al Fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero. Está previsto que el complejo cultural avilesino cese su actividad el próximo 15 de diciembre, fecha en la que finaliza la cesión del complejo arquitectónico a la fundación.
El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, en declaraciones a la Cadena Cope, aseguró no conocer el contenido de la denuncia pero se posicionó: «Me temo que este tipo de actuaciones son huidas hacia adelante de quienes pretenden blindar la opacidad».

Cascos insistió en que «el problema que hay en el patronato de la Fundación del Niemeyer es la opacidad: nadie conoce, fuera de sus miembros, lo que está detrás de la gestión de los recursos públicos (casi el 90 por ciento) de ese patronato». Por eso malicia que la iniciativa «sea una maniobra más de distracción para tratar de blindar la opacidad, un objetivo que no es compatible con la obligada transparencia en el manejo de los fondos públicos por la que tiene que velar cualquier Administración seria y por la que está velando el Gobierno del Principado».

Según el secretario del Niemeyer, José Luis Rebollo, el Principado solicitó ayer «la devolución inmediata» de los 500.000 euros correspondientes a la subvención del año 2007. Según fuentes próximas al Gobierno de Foro, la razón que aduce el informe de Intervención para exigir ese reintegro es que no se gastó en su momento y que por eso tiene que devolverse. Los gestores, con el informe de Intervención ya en su poder, sospechan que el siguiente paso del Principado será reclamar la totalidad de las subvenciones aportadas por la administración regional. Esto es, más de cuatro millones de euros, «al considerar que ningún gasto de la Fundación está justificado por su actividad». De hecho, afirman, el propio informe de Intervención aconseja a la Consejería de Cultura reclamar todas esas cantidades. En medios próximos al Gobierno regional, sin embargo, cifran en algo más de un millón de euros la suma total que el Principado reclamará a la Fundación.

La gestión económica del equipamiento fue uno de los primeros detonantes del conflicto, cuando el Principado denunció facturas mal justificadas por un millón de euros.

El secretario del Niemeyer, José Luis Rebollo, presentó ayer ante el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias un escrito de denuncia contra el Principado en el que pone en su conocimiento todos los hechos acaecidos en relación al Centro Niemeyer desde el pasado mes de septiembre, cuando se desató la polémica, y en el que se hace alusión a presuntos delitos de revelación de secretos, prevaricación y falsedad en documento público. Rebollo hace referencia en ese escrito a «la convocatoria del patronato realizada por el consejero de Cultura», Emilio Marcos Vallaure, «a las acusaciones de graves irregularidades económicas, la exposición pública de la contabilidad de la Fundación de forma interesada o los hechos acaecidos hoy (por ayer)».

Pero ayer hubo más movimientos en torno al Niemeyer y a la guerra política que se cierne sobre él. Rebollo añadió que «el Principado abrió una inspección irregular a la Fundación». Según ha podido saber este periódico, se trata de una inspección tributaria sobre el Centro Niemeyer relacionada con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En medios próximos al centro aseguran que la Fundación, como tal y como organización de interés general, está exenta de pagar ese impuesto. «Además, el Principado no tiene competencias para abrir tal inspección. En todo caso, sería competencia del Ayuntamiento».

Según la misma versión, el dictamen de Intervención es «mucho más duro» que el informe provisional que hizo pública la Consejería de Cultura el pasado septiembre. Aunque varios representantes de Foro aseguraron la semana pasada que «en unos días» se conocería el informe en cuestión, el Principado rehusó ayer dar detalle alguno sobre su contenido.

El secretario del Niemeyer, José Luis Rebollo, también reclama al fiscal una investigación sobre los gestores, los patronos y los auditores del centro cultural. «Si existen graves irregularidades en la gestión de la Fundación, que se investigue a las personas que han gestionado, aprobado o auditado sus cuentas. Esto implicará una investigación independiente e imparcial», señaló. Rebollo, que anunció que en el próximo patronato presentará su renuncia, también aclaró que no llevó el caso ante la Fiscalía con anterioridad por respeto a la cita electoral del pasado domingo. «Era una cuestión de respeto democrático no alterar los tiempos electorales. Con ella (la denuncia) no se pretende ni acusar a nadie ni pelear por nada, sino simplemente posibilitar una investigación completa, exhaustiva e imparcial tanto de la actuación del Gobierno del Principado como de las cuentas y la gestión de la Fundación del Niemeyer».



* LNE - 23.11.11
Foto: Avilés (Asturias), centro Niemeyer - lne.es

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El fiscal pide dos años de cárcel para el ex-primer teniente alcalde de Redován por falsear permisos de acometidas eléctricas

LAVERDAD/Alicante* : El exedil de Urbanismo con la socialista Leticia Bas, Joaquín Pozuelo, da un paso más para sentarse en el banquillo de los acusados.
El fiscal ha pedido al juzgado 4 de Orihuela que abra juicio oral contra el que fuera primer teniente de alcalde de la pasada legislatura por falsear permisos para la acometida de luz a diversas casas de la huerta redovanense fuera de planeamiento urbanístico. El Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de cárcel para Pozuelo, que vendrá acompañada en caso de ser condenado de inhabilitación para votar y otras consecuencias, como que le pide también otra de doce meses de multa con una cuota diaria que fija en doce euros, 4.380 euros en total, y le carga las costas procesales al imputado. Asimismo la Fiscalía, le pide a la juez que le imponga una inhabilitación de ocho años para ejercer cargo o empleo público por el delito de prevaricación.

Los hechos se remontan al 2009, como bien se encarga de recordar el escrito de la acusación, y dice que valiéndose de la condición de su cargo, «elaboró un documento, en el mismo formato que se empleaba para los documentos oficiales del Consistorio en el que acordó conceder suministro eléctrico a una vecina, Josefa Carrillo» en una vivienda ubicada en el Camino de la Sierra, en suelo redovanense, con fecha de 5 de septiembre del 2007.

Sostiene el fiscal en su relato de los hechos que la autorización «fue dada a sabiendas de la injusticia que este acto entrañaba y ello dado que el acusado carecía de cualquier competencia para ello». Recuerda la acusación que el domicilio al que debía abastecerse de energía eléctrica «carece de cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, resoluciones que solo podían darse por decreto de Alcaldía, previo de los informes técnicos», especifica.
Prosigue el escrito recordando que el escrito suscrito por el acusado fue elaborado íntegramente por el mismo «y no respondía a acto jurídico alguno, dado que ningún órgano municipal concedió la autorización a la señora Carrillo».
Asimismo deja nítida constancia de que no existió nunca expediente administrativo en la secretaría municipal sobre el otorgamiento de la autorización a su favor para extender las redes eléctricas y el contrato de suministro eléctrico y destaca que para salvar esta circunstancia «el acusado lo redactó similar a los documentos oficiales y estampó en el mismo el sello oficial del Ayuntamiento, si bien no se reflejó en el Libro Registro municipal», lo que le vale el cargo de falsedad de documento público.
Una vez hecho este paso en cuanto a los trámites preceptivos y previos, el acusado, recuerda el fiscal, hizo llegar el documento a la interesada «y ésta lo utilizó para suscribir con Iberdrola el suministro de energía eléctrica para la vivienda ilegal».


* La Verdad - 23.11.11
Foto: Redován (Alicante) - convega.com

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Invaden temporalmente el Ayuntamiento de Torrejón tras el desahucio de una mujer

20MINUTOS/Madrid* : Alrededor de treinta personas ocuparon este miércoles el vestíbulo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz después de intentar impedir sin éxito el desahucio de una vecina del municipio, que media hora antes había perdido su vivienda por no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca.
Los manifestantes habían sido convocados a primera hora de la mañana por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid y la Asamblea Popular del 15-M en Torrejón. Estos querían para detener el desahucio de Consuelo, que vivía en la calle de Soria y cuyo desahucio ya fue frenado por los activistas el pasado 7 de octubre.
Un centenar de ellos se personaron ante el inmueble, que lucía una pancarta de protesta en el balcón del segundo piso, para exigir una solución para la afectada, cuyos únicos ingresos son los 370 euros mensuales que le proporcionan su trabajo a media jornada en una empresa de limpieza.

En total, la mujer aún debía 180.000 de los 260.000 euros por los que compró la vivienda a través de una hipoteca con el Deutsche Bank. Ante la previsión de quedarse sin hogar, su marido y sus hijos ya habían partido de regreso a Ecuador para que la familia comenzase a rehacer su vida.

Recibida por un concejal

Sobre las 09.00 horas, varias unidades de agentes de la Policía Nacional con equipo antidisturbios se desplegaron en la zona y cortaron la vía. A las 11.00 horas hizo acto de presencia la comisión judicial, que entregó a Consuelo el acta correspondiente.

Consumada la tarea judicial, unos treinta manifestantes acompañaron a Consuelo hasta el Ayuntamiento y tomaron el vestíbulo, al tiempo que exigían que el alcalde del municipio, el popular Pedro Rollán, les recibiese y se ocupase del caso.

Según confirmaron fuentes municipales a 20minutos.es, fue el concejal de Bienestar Social e Inmigración, Rubén Martínez, el que se prestó finalmente a recibir a Consuelo, a la que el Ayuntamiento ha ofrecido un lugar donde pernoctar esta noche y los recursos municipales disponibles en estos casos.

"Este caso no se corresponde con una competencia municipal, pero hemos puesto a disposición de esta persona nuestros recursos, consistentes en la posibilidad de una fianza para el alquiler de un piso o habitación y la tramitación inmediata de la Renta Mínima de Inserción (hasta 532 euros mensuales para personas sin ningún recurso) que ofrece la Comunidad de Madrid", explicó un portavoz del Consistorio.

Este jueves, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Asamblea Popular del 15-M volverán a intentar impedir un desahucio, precisamente en la misma calle donde Consuelo perdía su casa este miércoles. En esta ocasión el afectado es Luis Méndez, senegalés y que vive en el número 7.


* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 23.11.2011
Foto: Torrejón, activistas contra desahucio - 20minutos

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C.Valenciana.- Los casos de corrupción, ´agobiantes´ para la Justicia

LEVANTE* : El fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo, ha dicho hoy que los aforados "tendrían que empezar a considerar si les conviene" serlo, ya que una persona juzgada por un jurado puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia y al Supremo, pero a quien le juzga el Supremo no le caben más recursos.
Cabedo, que ha comparecido en comisión en Les Corts Valencianes para exponer por segundo año consecutivo la memoria anual de la Fiscalía, ha explicado además que este año no vendrán a la Comunitat Valenciana los tres fiscales que había pedido para Vinaròs, Alcoy y Alicante -al que posiblemente habría que sumar otro para Orihuela-, porque "no hay dinero".
Sobre los casos de corrupción en la Comunitat, ha destacado que Brugal "es el más combativo" y ha conllevado que en Alicante, donde había un fiscal anticorrupción, se haya nombrado otro de manera temporal para auxiliar en tres asuntos concretos del caso, dos en Orihuela y otro en Alicante.

Cabedo ha considerado que los medios son "suficientes", ya que la situación es "muy cambiante", de forma que en las actuaciones "normales" la dotación de la Fiscalía es "adecuada", pero no tienen "número suficiente cuando de repente aparece esta invasión" de asuntos "agobiantes", por lo que hay que acudir a nombramientos temporales.

También se ha referido, aunque sin citarlo expresamente, al caso Emarsa, y ha dicho que ante el aumento del número de imputados se ha mandado un juez de refuerzo al de instrucción, y se está intentando que la fiscal que se encarga del caso se le libere de "otros menesteres para que pueda cumplir adecuadamente".


* Levante - 23.11.11
Foto: Justicia lenta favorece corrupción - publico

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Madrid.- Urbanismo tasa su sede en 75 millones y se muda a un edificio de Espacios y Congresos

EUROPAPRESS* : El presupuesto para 2012 del área de Urbanismo y Vivienda también experimenta una reducción y viene marcado por la marcha de la sede de la calle Guatemala, tasada entre 72 y 75 millones de euros, y por la mudanza al Edicio Apot, situado junto al Palacio Municipal de Congresos y el recinto de exposiciones Ifema.
Por el alquiler de este edificio, propiedad de Madrid Espacios y Congresos, el Ayuntamiento abonará 1,9 millones de euros, como han detallado fuentes municipales a Europa Press después de la presentación del proyecto de presupuestos, a cargo del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y del delegado de Hacienda, Juan Bravo.
El presupuesto no financiero alcanzará los 318,9 millones, que serán gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y la Coordinación General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras. Las principales 'patas' del presupuesto del departamento que dirige Pilar Martínez son el alquiler y la rehabilitación.

El año que viene se promoverán 6.694 viviendas, tanto en venta como en alquiler, para facilitar el acceso a ellas principalmente de los jóvenes. Así, se destinarán 110 millones a financiar 5.673 viviendas públicas en venta y se reservarán 33 millones a las 1.021 viviendas restantes.

SIN PENALIZACIÓN POR RENUNCIAS

Desde el próximo ejercicio entrará en vigor un cambio en la ordenanza para que no haya penalizaciones en las renuncias de adjudicaciones "cuando haya un motivo objetivo que les impida acceder a las viviendas", como detalla la publicación editada por el Ayuntamiento, para dar a conocer el proyecto de presupuesto de 2012. Ese motivo objetivo incluye el desempleo o la denegación de la subrogación del préstamo hipotecario.

Asimismo, los servicios sociales de la EMVS se extenderán a todas las familias que ocupen una vivienda en alquiler, con independencia de haber accedido a ella por operaciones de realojo o a través del Plan Primera Vivienda. Otro de los proyectos novedosos es el de la Red de Viviendas Solidarias, dotada con 7 millones de euros.

En cuanto a la rehabilitación, con un presupuesto de 22,3 millones, las ayudas municipales destinadas a obras derivadas de la ITE podrán llegar hasta los 10.000 euros por vivienda mientras que se cuenta con 5,6 millones para ayudas a fondo perdido y para incrementar la eficacia energética. Por otro lado, las Áreas de Rehabilitación Integral recibirán del Ayuntamiento 14,1 millones en subvenciones a fondo perdido.

El próximo ejercicio será además el del impulso de los grandes proyectos urbanos, como Chamartín, Campamento y Parque Olímpico, sin olvidar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Para ello, la Coordinación General de la Oficina de Planificación Urbana destinará 3,3 millones a los trabajos previos de revisión.


* La Vanguardia - EP. - 22.11.11
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es

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Cádiz.- Un parche para tapar el fiasco de la plaza de Sevilla

LAVOZDIGITAL* : Se veía venir, pero nadie quería confirmarlo. Después de saberse que el segundo puente solo llegará a lo justo para cubrir el expediente o que al Castillo de San Sebastián solo se le va a hacer un lavado de cara, ahora se cae otro de los proyectos emblemáticos para el Doce: la plaza de Sevilla.
Era seguro que la reurbanización proyectada no iba a dar la bienvenida a los visitantes del Bicentenario, pero quedaba la esperanza de que al menos la celebración sirviera como acicate para poner en marcha una de las actuaciones urbanísticas más necesarias de la ciudad. Habrá que seguir esperando, no se sabe cuanto. El Ayuntamiento de Cádiz lo asume. Esta vez sin grandes reproches y sin que la alcaldesa se rasgue las vestiduras. Probablemente sea la mejor forma de reconocer que todas las administraciones implicadas en sacar adelante este proyecto han fallado. Y después de asumir el fracaso, solo queda un paso, el de dignificar la que será una de las principales puertas de entrada a la ciudad para quien se acerque a Cádiz durante 2012.

Teófila Martínez, acompañada por el teniente de alcaldesa delegado de Urbanismo, Ignacio Romaní, presentó ayer la actuación que finalmente se va a llevar a cabo en la zona. Se trata de una reurbanización parcial y con clara vocación temporal. El proyecto contempla dos actuaciones previas fundamentales que cambiarán la fisonomía de este nudo urbano: el traslado de la estatua de Moret y el derribo del edificio de la Comandancia de Marina.
La estatua de Segismundo Moret volverá, como estaba previsto, a su emplazamiento original, en la plaza de San Juan de Dios -que también se encuentra en fase de reurbanización-. En cuanto al derribo del inmueble de la Comandancia, la alcaldesa ha asegurado que se trata de una operación relativamente sencilla. Una vez que este edificio desaparezca, en su lugar se instalará una zona ajardinada, y en el centro de la misma se colocará uno de los dos hitos que componen el monumento del Bicentenario de la Constitución de 1812, 'Antorchas de Libertad'. En este caso, a pesar de la vocación temporal del proyecto, sí se trata de la ubicación definitiva del monumento, que se verá completado con otro hito similar en la zona de Canalejas más cercana a la plaza de España.
Partiendo de esta misma zona y en dirección a la avenida del Puerto se construirá un nuevo acerado que facilite el recorrido de los peatones por todo el frente del muelle y que se verá solo interrumpido por la entrada y salida para los camiones del recinto portuario.
A esta actuación se le suma una ordenación del tráfico. Para ello se colocarán dos nuevos pasos de peatones y se regulará el tránsito con cuatro semáforos. La intención municipal es «dar una mayor sensación de plaza. La idea es que no parezca un nudo carretero», manifestó Teófila Martínez. Está previsto que las obras puedan comenzar «a primeros de año».
La alcaldesa de la ciudad dijo: «Nos hubiera gustado que estuviera terminado ya, por eso en 2003 ya teníamos lista la modificación puntual del Plan General para poder llevar a cabo la actuación». En este sentido, achacó la tardanza en los trámites para poder desarrollar los trabajos a la Junta de Andalucía y el Estado.
Precisamente el Gobierno central, a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), es el responsable de la mayor parte de los trabajos de reordenación de la zona, que incluyen el derribo del anexo de la Aduana, la construcción de una zona ajardinada en el acceso a la estación de trenes, la rehabilitación de la muralla o la construcción de un parking.
Por su parte, la Junta de Andalucía tiene pendiente la construcción de la nueva estación de autobuses en los aledaños de la plaza.


* La Voz Digital - 19.11.11
Foto: La remodelación de la plaza comenzará a principios de año - lavozdigital

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Alicante.- Costas paraliza por tercera vez obras ilegales en la Albufereta

LASPROVINCIAS* : La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha vuelto a llamar la atención al Ayuntamiento por no solicitar una licencia de obras preceptiva. En esta ocasión, Costas ha enviado un escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo en el que le exige la paralización inmediata de unas obras urbanización que se ejecutan junto a la playa de la Albufereta, en la zona conocida como UA19, en la que se prevé construir cerca de 50 viviendas.
Lo hace después de haber solicitado en varias ocasiones, desde hace un año, que se solicite la preceptiva autorización administrativa para distintos trabajos en la zona, que afectan a una zona de dominio público y de servidumbre. Costas vuelve a instar ahora al Consistorio a que pida la preceptiva licencia para ejecutar un muro en la calle Almadraba y advierte de que, en caso contrario, «se procederá a incoar el correspondiente expediente sancionador».

Después de este último apercibimiento, la Gerencia de Urbanismo ha reaccionado y ayer mismo envió al Servicio Provincial de Costas parte de la documentación necesaria para iniciar el proceso de concesión de la licencia. Se trata del proyecto de urbanización, al que habrán de sumar, en breve, el de reparcelación.
Es precisamente el retraso por parte de la empresa urbanizadora del sector afectado, Pavasal, en entregar al Ayuntamiento el proyecto de reparcelación, fruto de diferentes modificaciones ejecutadas en el mismo, lo que, explican desde Urbanismo, ha motivado el atraso en la solicitud del permiso de Costas. El objetivo, dicen, era enviar toda la documentación junta pero, dado el ultimátum de Costas, ayer mismo decidieron enviar al menos la parte de la misma que ya obra en su poder.
Las obras en esta zona han motivado ya cuatro informes distintos por parte de los técnicos del Servicio Provincial de Costas.
El departamento ministerial explica en su informe que con fecha 21 de octubre uno de sus vigilantes ya informó de que en la playa de la Albufereta se había observado la instalación de una arqueta y conducciones de agua y apertura de zanjas en zona de servidumbre. El 11 de enero de 2011, «procedió a requerir sobre dicho extremo al área de Atención Urbana del Ayuntamiento para que solicitase la preceptiva autorización».
Además, el 2 de diciembre de 2010 también informó de que la empresa Pavasal estaba ejecutando «obras de retranqueo de un muro de contención colindante con el camino, para la instalación de tuberías y alcantarillado, sobre las que se había construido una acera, un bordillo y un nuevo murete, invadiendo el dominio público marítimo terrestre». Por lo que se pidió a Atención Urbana que se solicitase la preceptiva autorización.
En mayo y junio de 2011, se advirtió que Pavasal» estaba ejecutando un nuevo muro de cerramiento en la calle Almadraba, paralelo al acceso del Puerto Deportivo, consiguiendo un ancho de calle mayor que el actual». Se trata de una zona incluida en la unidad de actuación 19 del PGOU de Alicante, e invade también la zona de servidumbre, por lo que «el 5 de agosto se procedió a reiterar el requerimiento para que se procediera a solicitar la preceptiva autorización administrativa».
Es ante la falta de respuesta a estos requerimientos que Costas ha elaborado el informe en el que exige la paralización de las obras.
Esto le ha ocurrido ya al Ayuntamiento en varias ocasiones.
La última hace apenas un mes, cuando Costas le apercibió por estar ejecutando obras en el Barranco de las Ovejas sin haber pedido la licencia necesaria, pese a que también se invadía la zona de servidumbre. En ese caso, las obras se ejecutan desde hace meses, financiadas por la Conselleria de Infraestructuras, y tampoco se había informado de ello a la Dirección General de Costas, que emitió un informe de amonestación.


* Las Provincias - 23.11.11
Foto: Playa de la Albufereta, en la que se ejecutan las obras.- lasprovincias

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Madrid.- Un edificio en Centro, 'okupado' para familias desahuciadas

ELPAÍS* : Los indignados entran en un bloque vacío con 18 viviendas.
Cristina está hecha polvo pero Paco es unas castañuelas. Ella, de 42 años, madre separada de una adolescente, está a punto de perder la casa en la que ha vivido los últimos 14 años. Es del Instituto de la Vivienda de Madrid, que la va a desahuciar por las deudas que acumula. Su desalojo es inminente. Él, de 47 años, se califica de "buscavidas" y en los últimos cinco meses ha liderado la ocupación de cinco edificios, uno de ellos un chalé en primera línea de playa. "Soy un okupa deluxe", dice.
En estos momentos, Paco está echando un cigarrito cedido por un transeúnte ("¿un cigarrito para los okupas?", pide con desparpajo, y en 10 minutos saca cinco pitillos). No ha dormido, pero está pletórico. La noche anterior anunciaron la ocupación del edificio del nº33 de la calle Corredera Baja de San Pablo, en Malasaña, el segundo que ayuda a ocupar para los indignados y su proyecto Oficina de la Vivienda, que pretende dar alojamiento a los desahuciados y en general a quienes se quedan sin techo.

En realidad el edificio lo ocuparon el jueves, pero esperaron las 72 horas de rigor (el plazo en el que la policía puede intervenir sin que conste denuncia) para anunciarlo. Jaimillo, un okupa de 18 años con rastas como pinchos de puercoespín, fue quien "encontró" el edificio, de cuatro plantas, con ascensor, una bonita escalera de madera y sensores de movimiento que encienden al paso la luz del portal y las distintas plantas.

Según Jaimillo, la puerta estaba abierta. El edificio pertenece ahora a La Caixa, que se lo ha confiscado a un promotor que debe a la entidad los 12 millones de euros que le prestó para su construcción. Esto último lo cuenta Miguel, involucrado con el 15-M desde hace dos meses, cuando se quedó en el paro, y que también está pletórico. "¡Qué pasada!", dice mirando los pisos, de unos 50 metros, con vitrocerámica, calefacción y tarima flotante.

El de Cristina (nombre ficticio) de momento está casi vacío, apenas su saco de dormir, una mochila y una flor. "Esto para nosotras es un palacio". Si todo sigue así (es decir, si no les desaloja la policía), en unos días vendrá su hija. Cristina decidió pedir ayuda a los indignados tras ver en la tele un reportaje del hotel Madrid, el primer edificio que ocuparon hace ya un mes. "Son los únicos que me han tratado bien", dice, visiblemente emocionada. "Está todavía como en una nube", aclara Paco. En total, hay 18 pisos. De ellos, 16 son para familias sin techo. Uno, para los okupas que les están ayudando en esta experiencia nueva para ellos (les van a poner agua y les han conseguido bombillas). El último es para Jaimillo: "¡Hombre, para eso lo encontré yo!". Ni Miguel, ni Paco, ni Jaimillo ni Cristina votaron en las elecciones de ayer.


* El País - CARMEN PÉREZ-LANZAC - Madrid - 21/11/2011
Foto: Edificio okupado en la calle de Corredera de San Pablo.- elpais

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Málaga.- El observatorio que no observa

MÁLAGAHOY* : Pretendía ser una herramienta que, impulsada desde la Junta de Andalucía, fuese capaz de analizar y enjuiciar las políticas urbanísticas que se plasman en el territorio de la región. Esa era la finalidad del denominado Observatorio Territorial de Andalucía (Otea) que, dos años y medio después de su creación, no observa nada. Porque este instrumento, al frente del cual se puso al prestigioso profesor universitario Vicente Granados, está con la puerta cerrada. Según pudo saber este periódico de fuentes cercanas al ente, acudir a sus dependencias, en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga, es una pérdida de tiempo, porque cuando el interesado pegue a la puerta no encontrará a nadie en el interior.
"No hay fondos", afirma una de las fuentes consultadas, que muestra su contrariedad ante la imposibilidad de avanzar en los trabajos que iba a desarrollar este organismo "independiente". Ése era precisamente uno de los detalles a destacar, que estaba integrado por unas 45 personalidades de materias como Geografía, Economía, Física, Urbanismo..., que iban a trabajar "de gratis", es decir, sin ligazón a la Administración regional.

El problema, por lo que indican las fuentes, es que la sede malagueña carece de personal alguno que permita dar cierta estructura física al observatorio. "No hay nadie en la oficina; antes había un administrativo, y la Universidad de Málaga ponía una becaria de informática para llevar los debates a través de internet", expusieron. Pero de eso hace casi cinco meses, apostillan. A la falta de fondos, otra fuente suma el escaso interés político de las consejeras que continuaron la tarea de Juan Espadas, al que siguieron Rosa Aguilar y Josefina Cruz.

El primer encargo que tenía en sus manos este equipo, justo al poco de echar a andar, en febrero de 2009, era el de informar sobre la situación del territorio andaluz. ¿Pero qué ha pasado con él? "No se ha podido discutir por falta de fondos", enfatizaron las fuentes consultadas. Una de ellas, incluso aseguró haberle comentado a la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, que lo cerrase, a lo que ésta contestó: "No, se mantiene".

De este organismo formaban parte, entre otros Vicente Granados, que fuera durante varios años director general de Ordenación del Territorio en Andalucía; el entonces presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi (ahora concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga), y Salvador Rueda i Palenzuela, de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, entre otros.

Los objetivos del observatorio quedan plasmados en la página web de la Consejería de Obras Públicas. "El seguimiento, la evaluación y prospectiva del territorio andaluz y de su planificación, su evolución y tendencias, así como la incidencia que sobre él tienen las políticas y actuaciones públicas y privadas", resalta el documento autonómico. El consejero que impulsó la iniciativa, Juan Espadas, definió el fin del observatorio en su presentación: "Identificar y movilizar las oportunidades que se generen en la región en los próximos años".

Se trataba de que un grupo de profesionales, tras los estudios necesarios, sacase conclusiones con las que mejorar el territorio, evitando los errores cometidos en el pasado. A eso se añadían actividades relacionadas con la evaluación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio de carácter Subregional.


* Málaga Hoy - SEBASTIÁN SÁNCHEZ - 20.11.11
Foto: Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía

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Por el derecho a la vivienda: cuando David vence a Goliat

PLATAFORMAAFECTADOSHIPOTECA/Madrid* : Alberto, dueño de un pequeño negocio y angustiado por las deudas (situación de necesidad acuciante), entre ellas el pago de salarios de sus trabajadores, acudió en 2007 a una empresa de dinero rápido, Financiera Carrión S.A., que le otorga un crédito de 65.000 € a devolver en un año incrementado con un interés del 20’95 % (condiciones usurarias), y le exige una vivienda como garantía. Como la vivienda de Alberto ya estaba hipotecada, es su suegra, Justa, quién que se ofrece para que su piso sirva de garantía. Los trámites son tan rápidos que prácticamente no hay tiempo para detenerse en detalles (hipoteca express). Al cabo del año, Alberto no consigue la deuda más los intereses abusivos e intenta pagar una parte y continuar en plazos mensuales de aproximadamente mil euros. Financiera Carrión ni siquiera recibe a Alberto y solicita la ejecución inmediata de la hipoteca para adjudicarse la vivienda. El juzgado subasta el piso, lo adjudica a Financiera Carrión por el 70% de su precio, y fija el desahucio de Justa el 28 de septiembre de 2011, a las 9:30.

El 26 de octubre de 2011 estaba previsto el 2o intento de lanzamiento de su vivienda contra Justa González, vecina de 78 años del barrio de Aluche. Sin embargo, a menos de 24 horas de la cita, la empresa que pretendía el desahucio descolgó el teléfono para intentar llegar a un acuerdo con los afectados, lo que culminó con la condonación por parte de la financiera de los XXX de intereses usurarios por el impago del crédito, dación en pago del piso por el crédito original concedido y la renuncia por parte de Justa de cualquier reclamación posterior, firmando un contrato de alquiler renovable hasta que ella quiera.
La batalla frente a los desahucios se nos presenta como un esfuerzo heroico, una especie de David contra Goliat con escasas posibilidades de éxito. El caso de Justa demuestra que si se trabaja de manera organizada y participativa, es posible conseguir una solución justa que impida la vulneración del derecho a la vivienda.
Con el presente artículo, las personas y colectivos que hemos participado en este proceso, ponemos a disposición de todos nuestra experiencia, para exigir el respeto a la vivienda y a otros derechos económicos, sociales y culturales.
EL PROCESO Y SUS TENDENCIAS
A mitad de septiembre, Alberto entró en contacto con la Asamblea Popular de Aluche, la Asamblea Popular de Lucero y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH), que se coordinaron rápidamente para impedir el lanzamiento. El 28 de septiembre, ante un bloqueo de más 100 personas, la comisión judicial decide aplazar el desahucio hasta el 26 de octubre, volviendo esta vez con refuerzos policiales.
Este aplazamiento supuso una primera victoria. Habíamos ganado tiempo para estudiar el caso en profundidad, analizar estrategias, conseguir apoyos y mejorar nuestra coordinación frente a los desahucios.
En apenas un mes, se ha dado un proceso acelerado de aprendizaje colectivo: las personas más cercanas al caso han acudido a reuniones de coordinación en la PAH, se han vinculado con otros casos de desahucio por todo Madrid, han participado y dinamizado en la asamblea inter-barrios de vivienda del 15M y, en definitiva, han sido capaces de fortalecerse ellos mismos, al tiempo que fortalecían la lucha contra los desahucios y el movimiento 15M.
La actividad ha sido desbordante: asambleas preparatorias, informativas y de coordinación, acompañamientos a afectados a bancos y entidades financieras, redacción de actas, utilización de twetter y otras herramientas informáticas de difusión, intervención ante medios de comunicación, talleres sobre mediación policial, etc.
En lo relativo a Financiera Carrión, se llamó en varias ocasiones a sus puertas pidiendo una reunión que nunca llegaba, se les enviaron comunicaciones por burofax, e incluso se realizó una pequeña concentración a las puertas de su sede, en el Paseo Pintor Rosales no 4.
Destaca el aprendizaje sobre temas legales de los activistas. Los abogados comprometidos con el movimiento aumentado su experiencia. Así, apareció una condena en 2010 a Financiera Carrión por usura, lo que íbamos a utilizar para la defensa de Justa. También se rescató del olvido la “Ley Azcárate”, de 1908, de Represión de la Usura, cargándonos con más razones aún y amenazando con llevar a los tribunales a la financiera. Es de gran utilidad una acción jurídica que sea capaz de caracterizar como ilegales los abusos y las injusticias que sufrimos.
Los grupos de trabajo de vivienda de Aluche, Lucero, y personas de Paseo Extremadura y Batán, se unificaron en el Grupo Antidesahucios de Latina, con participación de Carabanchel. La conexión con la PAH ha producido un entramado de relaciones muy operativo, poniéndonos a todos al servicio del objetivo común sin protagonismos o suspicacias.
La reciente ocupación del Hotel Madrid después del “15-O” y el debate surgido sobre su uso como estancia temporal para personas desahuciadas, han puesto sobre la mesa la posibilidad de superar la contradicción que supone gente sin casa y casas sin gente, apuntando al parque de viviendas vacías que acumulan las entidades financieras. La lenta convergencia del trabajo contra los desahucios, los derribos (especialmente en el caso de la Cañada Real, el mayor asentamiento precario de Europa) y, ahora la desobediencia civil y pacífica ante la dictadura de bancos y especuladores, nos marca un ilusionante camino en la defensa de los derechos humanos y la democracia real.
EL DESENLACE
Al filo del 2o intento, desde el grupo de Antidesahucios Latina se lanzó la idea de convocar una acampada popular en el portal de Justa. El fin de semana del 24 y 25 de octubre la convocatoria circuló por distintas asambleas del 15M y la PAH, introduciendo un giro innovador en los protocolos de actuación anti- desahucios.
El lunes 26 de octubre, dos días antes de la fecha señalada, Financiera Carrión pidió una entrevista para estudiar posibles acuerdos: Goliat empezaba a flaquear. Esa primera reunión acabó sin acuerdo pues nos plantamos en la reivindicación de “paralización del desahucio” como condición necesaria para empezar a hablar. David se hacía más grande por momentos. Se rompe la negociación sin acuerdo, las espadas siguen en alto y crece la convocatoria de acampada.
El martes 27 de octubre, a las 13:00 horas Financiera Carrión llama de nuevo ofertando la paralización del desahucio y una reunión de urgencia esa misma tarde: Goliat pide una tregua a David.
El acuerdo final recoge la dación en pago del piso a cambio de la deuda original, la renuncia de la financiera a reclamar el dinero del préstamo, intereses, costas o cualquier otro concepto, la comunicación al Juzgado de su desistimiento de desahuciar, un alquiler de 600 € mensuales renovable por trienios siempre que Justa lo desee (“alquiler de por vida”) y el compromiso por ambas partes de no reclamarse nada más.
Minutos después de la firma del acuerdo, Alberto, su esposa Rosina y numerosos solidarios que habían acudido a Aluche para acampar, celebraban entre vítores y abrazos una victoria tan importante como deseada. Esa noche nos fuimos a dormir con la sensación de haber dado un gran paso en la lucha por la dignidad de las personas.

¡¡¡¡SÍ SE PUEDE!!!!!

Grupo Antidesahucios del 15M del Distrito de Latina
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid


* Madrilonia - Opinión - 21.11.11
Foto: PAH Madrid

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Ciudades superdotadas

ELPAÍS* : Las empresas buscan municipios inteligentes que apuesten por la tecnología para mejorar la calidad de vida y ser más eficientes.
Dicen que la mejor manera de limpiar una casa es no ensuciarla y que la energía más barata es la que no se gasta. ¿Y si el objetivo es mantener limpia una ciudad o rebajar la factura de la luz en una autopista? Las recetas caseras no pierden sentido. Pero a veces necesitan también otro empujoncito: tecnologías, estrategias y proyectos que pueden hacer que los municipios sean más sostenibles y eficientes. El objetivo es lograr smart cities, ciudades inteligentes que hagan un esfuerzo consciente por usar la tecnología para mejorar la calidad de vida y gastar la menor cantidad de recursos posibles. Y no solo se trata de dinero. El medio ambiente, el tiempo de los ciudadanos y su salud también cuentan.

En el año 2050, el 75% de la población mundial vivirá en ciudades. Todo un reto para los que organicen las grandes urbes. En España, el boceto del futuro es bastante similar: su población crecerá hasta 2030 el 7,5%, con sus habitantes cada vez concentrados en menos espacio, por lo que la densidad de población aumentará un 23%, de los 80 habitantes por kilómetro cuadrado a los 98. El porcentaje de población urbana pasará de un 76% a un 82% en 20 años. Esto se traduce en un doble problema: unas pocas ciudades enormes (y por tanto difíciles de gestionar) y miles de poblaciones pequeñas (y cada vez menos pobladas que necesitan aun así servicios para sus ciudadanos). La tecnología pretende dar respuesta a ambos retos.

"Nosotros preferimos hablar de smarter cities [ciudades más inteligentes], porque creemos que todas las ciudades ya son inteligentes, pero hay que desarrollar esa cualidad", explica Javier Gil, director de los proyectos de Smarter Cities en IBM España, Portugal, Grecia e Israel. Esta empresa trabaja en 2.000 acciones diferentes en todo el mundo, entre ellas, varias en España. "Cuando hablamos de ciudades más inteligentes hablamos sobre todo de eficiencia. El de smart city es un concepto que ha ido evolucionando desde 2005 y 2006, a partir de lo que antes era urbanismo", explica Gil. El objetivo es lograr ciudades "con más calidad de vida".

Obviamente, si las empresas están interesadas en el concepto es porque se traduce en negocio. En el sector de las soluciones para smart cities insisten en que es siempre un beneficio en una doble dirección: las compañías venden servicios, pero a los municipios les interesa porque supone mejorar la vida de sus ciudadanos e incluso ahorrar. Hay jugadores de todos los tamaños: desde pymes que han creado aplicaciones para el móvil hasta gigantes como Telefónica, Endesa, Schneider Electric, Agbar, Accenture, Siemens, Cisco, Ferrovial...

Dentro del concepto de ciudades inteligentes se habla de cientos de posibilidades, que en general giran en torno a cinco grandes bloques: energía, medio ambiente, urbanismo, movilidad y tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los proyectos que ofrece por ejemplo IBM van en muchas direcciones. Todos se basan en la idea de que es necesario que una ciudad inteligente tenga sistemas de recogida de datos, de análisis de los mismos y de predicción a partir de ellos. Son, por ejemplo, los desarrolladores de la receta electrónica en Extremadura, un sistema con el que los ciudadanos que van al médico reciben una tarjeta que contiene sus datos. El farmacéutico puede trabajar con ellos. "Para quienes más avance ha significado es para los enfermos crónicos, que ya no tienen que ir cada pocas semanas para una receta, ya que en su tarjeta se indica que en la farmacia le deben dispensar sus medicamentos periódicamente", explica Gil.

Todas las acciones que mejoren la vida de las personas suman a la hora de valorar la inteligencia de una ciudad. Cada nuevo servicio más eficiente es como una inyección de coeficiente intelectual. El municipio que podría ser considerado como el Albert Einstein de España es Málaga. Esta ciudad fue considerada por la consultora IDC como la más inteligente del país. "Málaga es el proyecto español pionero destinado a crear una ciudad ecoeficiente. Su objetivo es conseguir una integración óptima de las fuentes renovables de energía en la red eléctrica", explica la consultora, que recuerda que el proyecto fue posible gracias a la colaboración de Endesa y la cofinanciación de fondos comunitarios. "Es cierto que este proyecto fue la base, pero Málaga ha ido más allá en cuestión de smart city", apunta David Bueno Vallejo, gerente del Centro Municipal de Informática (CEMI) del Ayuntamiento de la ciudad. El proyecto de electricidad fue clave. En resumen, cuenta Bueno Vallejo, se trataba de lograr el autoabastecimiento a través de varios sistemas, que van de los aerogeneradores a las placas solares. Además, toda la ciudad está iluminada a base de leds (que consumen mucho menos que las bombillas tradicionales), se trabaja en un centro de control de averías... "Pero ahora ya no es solo la electricidad", insiste. Han ido aplicando muchos más proyectos inteligentes. "Los semáforos están programados para distribuir el tráfico. En la zona del centro se han instalado pilones que solo permiten el paso a los residentes. La empresa malagueña de transportes ofrece una aplicación para móviles y ordenadores que permite a los ciudadanos saber dónde está en tiempo real cualquier autobús...", desgrana. Decenas de proyectos. Y los que están por llegar: tienen preparadas ideas para la gestión de recogida de basuras más eficiente, para edificios inteligentes, administración electrónica... "La idea pilar es que la tecnología mejore la vida de las personas", resume.

Pero la tecnología cuesta dinero. ¿Cómo pueden los municipios hacer frente a proyectos innovadores con las arcas medio vacías? "La crisis afecta. Eso es indudable. Pero la idea es conseguir más con menos. Hay mejoras para las que se puede buscar la colaboración de empresas o fondos de innovación. Y no hay que olvidar que muchos proyectos cuestan muy poco en comparación con lo que permiten ahorrar", justifica el Ayuntamiento de Málaga.

Coincide en esta apreciación Alejandro Fábregas, director de la División de Distribución de Endesa en Cataluña. Su empresa fue la impulsora del proyecto de electricidad inteligente en Málaga. Ahora trabajan en varias iniciativas para Barcelona, que ya han implantado en algunas zonas de la ciudad. Por ejemplo, los contadores inteligentes. Ya hay 14.000 en la zona de la Villa Olímpica. Se trata de contadores que dicen a la empresa y al usuario cuánto y cómo consume la energía a tiempo real. "Saber lo que se gasta permite una gestión dinámica", dice Fábregas. Además, siguen desarrollando la movilidad eléctrica (Endesa ha instalado ya 56 puntos de recarga para coches y motos). "El primer punto para lograr una ciudad inteligente es lograr que sea eficiente", recuerda. -

Debut en Barcelona
Fira de Barcelona celebrará este año por primera vez un gran evento sobre las ciudades inteligentes. El SmartCity Expo & World Congress, que tendrá lugar entre el 29 de noviembre y 2 de diciembre en el recinto de Gran Vía, será el punto de encuentro entre responsables de administraciones públicas, expertos, profesionales de diferentes ámbitos y empresas que discutirán el desarrollo y funcionamiento de las smart cities. Además de explicar ideas y proyectos, todos tratarán de hacer frente a una pregunta clave en un momento como el actual: ¿de dónde saldrán los recursos para financiar la puesta en marcha de iniciativas de este tipo en un momento de restricciones presupuestarias? Cada día el congreso girará en torno a un bloque: TIC, urbanismo, medio ambiente, movilidad, energía... Además de conferencias y mesas de debate, diferentes municipios y empresas acudirán a explicar sus experiencias y proyectos ya en funcionamiento. Acudirán representantes de urbes como Bangalore, Birmingham, Bolonia, Buenos Aires, Málaga, París, Portland, Río de Janeiro, San Francisco... Además, las grandes compañías del sector adelantarán algunos de sus programas y futuros proyectos.



* El País - C. DELGADO 20/11/2011
Foto: parque tecnológico Málaga

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'Malaya'.- Roca confiesa por primera vez que Sandokán le pagó 300.000 euros

MÁLAGAHOY* : El exgerente de Urbanismo de Marbella y principal acusado en el macrosumario contra la corrupción conocido como Malaya, Juan Antonio Roca, reconoció ayer por primera vez desde que comenzó el caso Malaya que tras la abreviatura R.Gmz, que aparece en su contabilidad secreta junto a un pago de 300.000 euros, se oculta el promotor y ahora concejal por Unión Cordobesa -el partido con más ediles de la oposición en Córdoba- Rafael Gómez.
El acrónimo R.Gmz apareció en 2006 en los archivos intervenidos en Maras Asesores, la oficina considerada el cuartel general del exasesor de urbanismo, en la que supuestamente se llevaban las cuentas de las comisiones ilegales que cobraba a los promotores y de los sobres que entregaba a los concejales. Hasta ahora ni el promotor cordobés ni Roca habían admitido que esa anotación identificara al empresario cordobés.

La carta de naturaleza que el exasesor de Urbanismo de Marbella proporciona a la principal prueba de la Fiscalía Anticorrupción no significa que admita haber cobrado sobornos de Rafael Gómez. Muy al contrario. Ayer dio todo tipo de explicaciones sobre determinadas tareas de corretaje que había realizado para el constructor y por las que había cobrado esos 300.000 euros. Eso sí, todo negro y sin factura. Juan Antonio Roca precisó que era socio en Marbella Airways de Francisco Pozuelo, conocido como Pacurri, un intermediario cordobés que compraba y vendía suelos en Marbella entre otros para Arenal 2000 y que él le puso al tanto de un terreno en Haza del Marqués. Esta finca fue comprada por la promotora de Rafael Gómez, y él recibió en noviembre de 2004 su comisión por su trabajo como corredor: 300.000 euros que el cordobés nunca tocó, porque se los entregó Francisco Pozuelo.

En los archivos de Maras hay una segunda anotación que la Fiscalía Anticorrupción también considera que alude a Rafael Gómez. En este caso el acrónimo utilizado es S.K.M. en un apunte y S.K.N. en otro, en los que se da cuenta de la entrada y salida de 300.500 euros. El procesado, sin embargo, negó ayer durante la quinta sesión consecutiva de interrogatorio del fiscal a la que se somete, que en este caso no se refiere al fundador de la Unión Cordobesa, sino a una inmobiliaria de Benalmádena con la que también intermedió en la venta de unos terrenos en Mijas, labor por la que cobró honorarios, aunque no quedara rastro en facturas.

El exasesor de Urbanismo de Marbella mantiene, por tanto, la estrategia que inauguró el 7 de noviembre cuando dio por buenos los archivos de Maras y comenzó dar nuevas explicaciones sobre los motivos que le llevaron a cobrar entre 2001 y 2006 más de 33 millones de euros a los promotores. Los argumentos principales son que él tenía negocios con los empresarios, que realizaba informes para ellos que le pagaban a precio de oro y que también ejercía de corredor ocasional. Por más que insista el fiscal , jamás ha afirmado que esos negocios con los promotores tengan ningún tipo de contrapartida en convenios o licencias de obra. Por eso Roca rechazó ayer cualquier relación entre los 300.000 euros cobrados en noviembre de 2004 y la licencia y el convenio que logró Rafael Gómez en junio de 2004 para acondicionar unos semisótanos como locales comerciales y abrirles un acceso directo al paseo marítimo de Marbella.

Para sacudirse de encima cualquier sospecha, el acusado recordó que cuando la empresa propiedad de Rafael Gómez pidió la licencia, el Ayuntamiento la denegó y cuando realizó las obras, en noviembre del año 2004, la Corporación marbellí abrió un expediente de disciplina urbanística (que nunca llegó a concluirse). Anticorrupción sostiene, por el contrario, que el promotor perseguía con el supuesto soborno asegurarse la inactividad del Ayuntamiento, de modo que por esa vía logró instalar sus oficinas de Arenal 2000 en Marbella en un edificio con acceso directo al paseo marítimo.


* Málaga Hoy - 22.11.11
Foto: Marbella, caso 'Malaya', Sandokán entrando como imputado (archivo) - diariodesevilla

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Aranda.- Ecologistas llevará al Juzgado la ampliación de La Aguilera

ELCORREODEBURGOS* : Tras presentar la alegación correspondiente contra la declaración de uso excepcional de suelo rústico que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aranda aprobó de forma provisional para los nuevos edificios y la ampliación del monasterio de San Pedro Regalado el pasado 31 de octubre y cuya tramitación se encuentra en estos momentos en periodo de exposición pública, la confederación de organizaciones en defensa del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción proyecta llevar el asunto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos.
«Consideramos que ni el obrador ni la ampliación pueden vincularse a un interés general sino a uno particular por lo que el uso excepcional no tiene cabida», explica el abogado Luis Oviedo quien asegura que el proceso se puede prolongar durante un año y medio.

Argumentación

Así, en su argumentación, desde Ecologistas en Acción alegan que la declaración de interés público no está justificada. Además consideran que la comisión de Obras, Urbanismo, Vivienda, Parques y Jardines, Barrios y Servicios no puede dar el visto bueno cuando en un mismo expediente coexisten dos informes técnicos contradictorios, uno favorable a la autorización del uso excepcional (fechado el 31 de agosto de 2011) y otro desfavorable (emitido el pasado 22 junio).
Aunque Ecologistas en Acción ha sido el primero en presentar recurso – como ya lo ha hecho con anterioridad contra la ejecución de obras sin licencia-, no será el último en tomar medidas ya que, el grupo socialista de Aranda tiene previsto poner también un recurso.
«Estamos preparándolo y lo presentaremos dentro del plazo que termina el día 3», advierte el portavoz Luis Briones.
Izquierda Unida, por su parte también se lo está planteando y tomará una decisión en las próximas semanas ya que consideran que se ha hecho un «daño irreparable en el patrimonio» al modificar la imagen tradicional del santuario.

Alcaldesa

Tranquila y segura de las acciones emprendidas, la concejala de Urbanismo y también alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González justifica la aprobación provisional asegurando que la decisión cuenta con el respaldo de todos los técnicos asignados al caso, tanto en el apartado técnico como en el jurídico. «La resolución se ha tomado siguiendo el Artículo 57 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León que permite este tipo de declaraciones en obras de rehabilitación o ampliaciones siempre que no estén declaradas fuera de ordenación». «El convento no está declarado Bien de Interés Cultural», recuerda mientras añade que además es una decisión política.


* El Correo de Burgos - 18.11.11
Foto: diariodeburgos

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Las paradojas del urbanismo

CRISTINA ABELLEIRA/Galicia* : No debe ser plato de buen gusto tener que ordenar la demolición de una vivienda, sobre todo cuando eso significa dejar en la calle a una familia que, como parece que sucede en el caso de Anllóns, tiene muchos otros problemas a los que hacer frente. Ya se sabe que a perro flaco todo se vuelve pulgas. Pero tampoco debe ser nada fácil denunciar al vecino, y menos todavía cuando un tribunal popular probablemente declararía inocente a quien hace una obra sin licencia, pero condenaría a quien lo puso en conocimiento de la justicia, porque lo primero está socialmente aceptado, pero lo segundo, no. Eso sí, siempre que no le toque a uno de cerca.
Esto me recuerda el caso de un vecino de Carballo que años atrás criticó airadamente el cierre de una parcela en primera línea de playa, pero olvidó mencionar que él es propietario de uno de los numerosos fines de semana ilegales que convierten casi en poblados chabolistas determinados puntos de la costa. La doble moral es demasiado frecuente en materia urbanística.
Pero lo peor es que los primeros en practicarla son los encargados de velar por el cumplimiento de la ley. A nivel personal son públicos los casos de concejales, alcaldes y diputados que se han visto envueltos en expedientes de reposición de la legalidad por diversas infracciones urbanísticas.

Y a nivel institucional conocida es la frase «ti vai facendo», que durante años ha propiciado el crecimiento desordenado, la desaparición de auténticas joyas de la arquitectura, la pavimentación de amplios espacios verdes y la imposición de una tipología constructiva con un valor estético más que dudoso.

Los ayuntamientos no solo han permitido que todo eso sucediera, sino que lo han fomentado y lo siguen justificando. Ahora, cuando las leyes parecen destinadas a poner un poco de orden en el urbanismo gallego, intentan solventar la papeleta de los que construyeron en suelo protegido, no pidieron licencia, no realizaron las cesiones obligatorias, no cumplieron las normas mínimas de habitabilidad, siguen utilizando luz de obra y, por lo tanto, nos están robando a todos, regularizando su situación en los planes generales, o, lo que es lo mismo, amparando de nuevo los excesos cometidos.

En materia urbanística, las paradojas se suceden. Tal vez lo único bueno de la crisis es que frenó a tiempo la masificación de una costa en la que servicios tan básicos como el suministro de agua o el saneamiento no están garantizados ni de lejos.

* La Voz de Galicia - Opinión - 18..11.11

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Teruel.- El Justicia insta al Ayuntamiento a actuar en dos solares del Centro Histórico

DIARIODETERUEL* : El Justicia de Aragón ha instado al Ayuntamiento de Teruel a resolver la situación de dos solares particulares de la calle Santiago, uno de ellos con una edificación que no se ajusta a la licencia de obras obtenida y que fue paralizada por este motivo y el segundo sin edificar. La resolución del Justicia responde a la queja planteada por un vecino que se considera perjudicado por el estado de insalubridad del solar vacío y por la situación de la obra paralizada, que obliga a mantener un andamiaje metálico apoyado sobre las viviendas del lado opuesto de la calle.
Con respecto al solar donde se realizó la obra, la Gerencia de Urbanismo abrió un expediente de restauración de la legalidad, cuya resolución está pediente a la espera de un informe que determine si la edificación es o no legalizable.

Aunque el dictamen técnico fue encargado el pasado mes de mayo, todavía no ha sido redactado. El Justicia reclama al consistorio que concluya el expediente, dicte las medidas necesarias para adecuar a la legalidad lo construido o bien proceder a su demolición e incoe el expediente sancionador que corresponda.

En el caso del solar sin edificar, a cuyo propietario se dió el pasado mes de agosto un plazo de un mes para iniciar los trámites de construcción, el Justicia insta a concluir el expediente y, en su caso, incoar también expediente sancionador.

Jesús Fuertes (PP), primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, señaló que la situación de estos solares se arrastra desde hace años. “La Gerencia de Urbanismo está trabajando en ello y se tomarán las decisiones que marque la ley”, dijo.

Fuertes añadió que el equipo de gobierno ha mantenido en los últimos meses reuniones con los propietarios para intentar desbloquear este conflicto.

El Justicia, por otro lado, ha sugerido al Ayuntamiento que aborde un estudio de los solares que existen en la ciudad y de la medidas que proceda adoptar para cada uno de ellos con el objetivo de garantizar que reúnen condiciones adecuadas de salubridad y ornato.

En su recomendación referida a la queja con respecto a dos fincas ubicadas en la calle Santiago, pone como posible ejemplo a seguir la iniciativa Esto no es un solar que puso en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza, recientemente premiada, o la implantación de zonas ajardinadas, de juego o incluso huertos familiares mientras no se solicite la licencia para edificar.


* Diario de Teruel - 19.11.11
Foto: Teruel, ayuntamiento - terueltirwal

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A Coruña.- El puerto de los mil millones de euros

ELPAÍS* : Olvídense por un momento de las grandes infraestructuras descritas en esta serie. Ninguna de ella resiste la comparación con el puerto exterior de A Coruña, que empezó a construirse en 2005 a unos 10 kilómetros del que ya existe en el centro de la ciudad. Primero, porque con los 755 millones de euros (el doble de lo presupuestado) que está costando construirlo en el mar bravío de Punta Langosteira más los 200 millones que exige Repsol por el traslado de sus instalaciones petroleras, se podrían edificar nueve campos como el mal llamado Estadio Olímpico de Sevilla (120 millones de euros), al menos dos Ciudades de la Cultura como la de Santiago (más de 400), dos aeropuertos como el de Ciudad Real (500) y al menos seis como el de Castellón con sus halcones incluidos (150). Y segundo, porque muy pocos proyectos en este país han contando con tantos apoyos institucionales: el del antiguo alcalde socialista de A Coruña y gran impulsor de la obra, Francisco Vázquez; el del Gobierno central de José María Aznar; el autónomo de Manuel Fraga (PP) y más tarde el del bipartito de socialistas y nacionalistas.

A través de Fraga se logró el apoyo de la entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio; y con su ayuda, el compromiso de la Unión Europea de aportar unos 265 millones de euros. Además, ha contado con el respaldo del actual ministro de Fomento, José Blanco, quien lo considera “una oportunidad única” para el desarrollo de A Coruña y Galicia. Entonces ¿cómo se le puede llamar despilfarro a algo que presenta tan heterogéneos e importantes avalistas?

Una de las posibles respuestas hay que buscarla en el entorno de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez (2004-2009), que fue el único alto cargo de la Administración que opuso resistencia. Sus colaboradores veían un dislate aquella operación. “Sufrimos unas presiones tremendas para aprobar las obras. Porque nosotros vimos desde un primer momento que aquello era un capricho de rico, era disparar con pólvora del Estado, como si el Estado fuera un ente abstracto que vive en el más allá y que fabrica el dinero con una máquina de hacer billetes. Hay tráficos, como le pasa al puerto de Barcelona, que son molestos para el entorno. Y en A Coruña es evidente que eso pasa. La mayor parte de los puertos tienen descargas de productos petrolíferos y la mayor parte de los puertos de España son urbanos. El traslado hacia otras zonas hay que hacerlo de forma gradual y cuando se tiene dinero para hacerlo. Pero la solución en A Coruña ha sido muy de ricachón, de decir: yo cojo, construyo jardines y me llevo el puerto al otro lado. ¿A qué precio? Pues me da igual, cueste lo que cueste. En España no hemos aprendido que cualquier obra de estas dimensiones las pagamos todos”, indica un experto próximo al caso.

El socialista Francisco Vázquez estima que a Magdalena Álvarez le influyó mucho su entonces secretario general de Transportes y antiguo director general de Puertos, Fernando Palao. “Este señor, que había sido director del puerto de Gijón en 2003, decía que este puerto no era viable, que se lo iba a llevar el mar… Y encima intervenía en Bruselas para que los fondos fueran a Gijón, en vez de a A Coruña”, señala Vázquez.

Fernando Palao, gallego nacido en Ourense hace 65 años, niega rotundamente tal extremo: “Mi cariño por Gijón, donde solo estuve nueve meses trabajando, no es tan acendrado como para hacer ese tipo de disparate. Mis argumentos contra el puerto exterior eran y son económicos (porque no genera ninguna inversión adicional, ni más tráfico del que ya existe en el puerto interior), financieros (porque no había dinero para financiarlo y hubo que acudir a una operación urbanística, que está parada por la crisis) y oceanográficos (porque Langosteira es el peor sitio de la costa española donde se puede construir un dique)”.

Víctor Naya, vecino del puerto exterior, cree que la obra es un despilfarro porque el nuevo dique se encuentra a unos 20 kilómetros del flamante puerto exterior de Ferrol, incluso se puede ver desde Langosteira. Sin embargo, los técnicos que se opusieron al desarrollo del proyecto creen que esa no es una razón consistente, ya que si se decidiera descargar en Ferrol el petróleo que llega a A Coruña, habría que construir unos oleoductos subterráneos desde Ferrol hacia la refinería de Repsol en A Coruña que harían inviable el proyecto. El argumento principal que opuso el equipo de Magdalena Álvarez es que el puerto interior de A Coruña era más seguro que el de Langosteira y encima cumplía con todos los requisitos de normativa medioambiental y de seguridad. Algunos técnicos, además, indicaron que debido a la agitación de las aguas, Langosteira debería permanecer inoperativo un número indeterminando de dias al año. La Autoridad Portuaria de A Coruña, dependiente de la Xunta de Galicia y de Fomento, asegura, sin embargo, que todos los ensayos efectuados hasta el momento acreditan la operatividad durante todo el año. En unas respuestas remitidas por correo a este periódico, la Autoridad Portuaria indicó, además, que entre las razones que pesaron para promover la obra tuvieron gran peso las del medio ambiente, porque con el nuevo puerto se alejarían de la ciudad “mercancías más sensibles".

“Es cierto que hubo algún problema cuando en los barrios próximos al puerto se encontraba polvo de carbón en la ropa tendida, pero se resolvió obligando al concesionario a construir un almacenamiento cerrado”, indica el citado experto anónimo.

Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, cree que el daño del tráfico de “mercancías sensibles” es mínimo comparado con el “destrozo” que supuso construir un nuevo puerto en una zona virgen. “Justificar un destrozo ambiental porque eres incapaz de corregir las molestias y los problemas de contaminación ambiental me parece increíble. Lo que había en realidad era una gran operación especulativa con la que se pretendía financiar un tercio de las obras. Pero la burbuja ha roto esos planes”, señala Marcos.

Las obras, en las que han muerto ya cinco personas, continúan su marcha, aunque con el gran inconveniente de que el dinero que se esperaba recaudar con la venta del terreno del puerto céntrico no termina de llegar. Lo que sí llegó el pasado julio fue el crédito por valor de 250 millones de euros concedido por el ministro de Fomento, José Blanco.

Los enemigos del proyecto

Francisco Vázquez está convencido de que el Puerto Exterior ha sido su gran legado como alcalde invicto durante 24 años con seis mayorías absolutas en A Coruña. Cuando se le pregunta si conoce en cuánto se ha desviado el presupuesto, responde que ya lleva cinco años apartado de la alcaldía y que no está al tanto. La obra está costando más del doble de lo presupuestado, pero el exalcalde prefiere contar cómo nació la idea en su cabeza en los años noventa.
“Empecé con la idea en la década de los noventa, pero siempre me decían en Fomento que era una obra muy cara”, recuerda. Hasta que tal día como hoy, 19 de noviembre de hace nueve años, se hundió el Prestige frente a las costas de A Coruña. En medio de la tormenta que se le vino encima a José María Aznar, Vázquez le ofreció el refugio del Ayuntamiento de A Coruña para que celebrara un Consejo de Ministros. El socialista fue muy criticado por eso, pero a cambio consiguió que aprobaran un estudio de viabilidad para su sueño. La operación parecía muy sencilla: el espacio del puerto actual, en el centro de la ciudad, se liberaría, se vendería el terreno a las inmobiliarias y con ese dinero y otros muchos millones se construiría un nuevo puerto, unos 10 kilómetros más allá. “El 40% lo financiaba Europa, el 30% Fomento y el 30% el propio puerto”, indica Vázquez. Con lo que no contaba nadie era con el pinchazo inmobiliario.
A lo largo de una década Vázquez se encontró pocos enemigos del proyecto. “Uno de los más críticos fue Faro de Vigo, porque Vigo tiene también intereses portuarios. También, El Correo Gallego, porque tenía miedo a que pusiera en peligro la Ciudad de la Cultura. La delegación EL PAÍS en Galicia también fue muy crítica. Y un poco los nacionalistas, porque esta era una obra que había iniciado Paco Vázquez”. El resto, todos aliados.


* El País - FRANCISCO PEREGIL A Coruña 18 NOV 2011
Foto: Obras del puerto exterior de A Coruña, en Punta Langosteira - elpais

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Marbella.- Piden cárcel para García Marcos y once exediles por un delito urbanístico

LAOPINIÓN/Málaga* : Es un juicio más por el enésimo delito urbanístico en el que están implicados los exconcejales marbellíes, aunque en este caso la noticia es que hay cuatro de los doce exediles encausados que no se han acogido aún al pacto con la Fiscalía que les permite, tras asumir su culpabilidad, cumplir el triple de la pena mayor prevista en la ley. Estos cuatro exediles son Isabel García Marcos, José Jaén, Carmen Revilla y Pedro Pérez. Entre los ocho que sí se han acogido a ese acuerdo se encuentran los exalcaldes Julián Muñoz y Tomás Reñones.
Según el escrito de acusación fiscal, al que tuvo acceso este periódico, los ediles, como concejales integrantes de la comisión de gobierno de Marbella de 17 de abril de 2002, «acordaron por unanimidad otorgar licencia de obras al proyecto básico» presentado por una constructora para levantar veinte viviendas adosadas en una parcela del municipio. Isabel García Marcos, Carmen Revilla, José Jaén y Pedro Pérez, supuestamente, dieron el visto bueno al proyecto de ejecución el 4 de marzo de 2004.

Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, publicado por la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 28 de noviembre de 2000, los terrenos están calificados como suelo urbanizable, aunque antes de construir en ellos había que tramitar un estudio de detalle que fue aprobado inicialmente el 16 de febrero de 2002, «pero sin desarrollar en sus determinaciones, presentando el citado proyecto un exceso de 1.600 metros cuadrados de edificabilidad, ya que se proyectan 2.447,57, siendo la edificabilidad máxima de 841,61 metros», añade la acusación pública en su escrito de conclusiones provisionales, elaborado por la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Málaga.

Por tanto, se proyectaron veinte viviendas, cuando el número máximo era de 5, «por lo que hay un exceso de 15 unidades», siempre según la acusación pública.

Los hechos constituirían un delito de prevaricación urbanística del artículo 320 en relación al 404 del Código Penal. El fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para Julián Muñoz, Rafael González, Marisa Alcalá, Isabel García Marcos, José Jaén, María del Carmen Revilla y Pedro Pérez.

Asimismo, solicita nueve meses de prisión y diez de inhabilitación especial para empleo o cargo público para José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones y Francisco Javier Lendínez, edil este último huido de la justicia desde 2008, justo cuando se estaba gestando el pacto entre algunos de los exconcejales y la Fiscalía de Medio Ambiente.

En cualquier caso, el juicio oral se celebrará en el juzgado de lo Penal número 10 de Málaga el próximo 1 de diciembre, y el foco de atención se centra en saber si García Marcos y los otros tres exconcejales que aún no se han acogido al pacto con la Fiscalía, que castiga con el triple de la pena mayor a los que hayan cometido ilícitos urbanísticos. Si así lo hicieran, asumiendo por tanto su culpabilidad, podrían entrar en la cárcel o, como mínimo, contar con antecedentes penales, aunque la primera posibilidad es la más probable precisamente porque sobre todos ellos pesan numerosas causas del mismo cariz que ésta.


* La Opinión - JOSÉ ANTONIO SAU - 19.11.11
Foto: Marbella, ayuntamiento - google

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El juez imputa al alcalde de Tui y a su antecesor por el 'caso Patazumba'

ELPAÍS/Pontevedra* : Ocho años después, sigue dando coletazos el caso Patazumba, por el que el exacalde de Tui Feliciano Fernández Rocha y su sucesor, Moisés Rodríguez, llegaron a ser imputados de hasta cinco delitos: contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Tras la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que archivó el caso, consistente en el presunto trato de favor del Ayuntamiento a la inmobiliaria del entonces alcalde, el juzgado de instrucción nº1 de Tui lo ha reabierto, aunque parcialmente. El juez encuentra indicios de delito contra el patrimonio histórico, derivado de dos talas de castaños centenarios en un perímetro de Bien de Interés Cultural. Pese al archivo del resto de acusaciones, Fernández Rocha y Rodríguez, ambos del PP, no salen bien parados del auto, que constata el "favorecimiento económico" de los imputados, producto de sucesivas decisiones municipales.

El juez del caso Patazumba investigó durante años las gestiones para favorecer la urbanización con la máxima edificabilidad de una finca así denominada por parte de la inmobiliaria Promociones Tuivi, propiedad del entonces alcalde y de su hijo, en la Fernández Rocha es además apoderado. Ambos fueron imputados, como también el ahora regidor, Moisés Rodríguez, en su condición de concejal del equipo de gobierno cuando se produjeron los hechos. Rodríguez es yerno de Fernández Rocha.

El 14 de julio de 2010, la Audiencia de Pontevedra resolvió el sobreseimiento de la causa, por considerar que no aparecía debidamente justificada la perpetración de delito alguno. El juez de Tui enmienda ahora esta decisión, al asumir que "resulta difícil comprender" cómo un caso en el que aparecieron indicios racionales de criminalidad de hasta cinco tipos penales, "todos esos indicios desaparecen hasta el punto de abocar todo lo instruido al fracaso".

La asociación social y cultural Arcebispo Lago, que ejerce la acusación particular contra Rocha, su hijo, Moisés Rodríguez y tres técnicos municipales que también fueron imputados, presentará un recurso contra el nuevo auto, para solicitar que también se investiguen los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y no solo el contrario al patrimonio histórico. El argumento del juez de Tui para no reabrir el caso por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio es una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en octubre de 2008 desestimó un recurso presentado por la Xunta contra las actuaciones del Ayuntamiento de Tui. Pero lo hizo por presentarse fuera de plazo, sin declarar en ningún momento conforme a derecho la actuación urbanística encabezada por Rocha, como precisa la asociación tudense.

La empresa familiar del exalcalde compró la finca Patazumba el 4 de abril de 2003, cuando estaba en vigor una suspensión de licencias con motivo de la redacción de un nuevo Plan General. Cuatro meses más tarde, en pleno agosto, el Ayuntamiento aprobó con precipitación incrementar en tres las alturas máximas permitidas.

Fernández Rocha dictó en los meses siguientes hasta cuatro resoluciones de la alcaldía para cambiar el sistema de compensación a concierto, aprobar el proyecto de concierto, dar luz verde al de urbanización y aprobar los estatutos y bases promovidos por la empresa de la que él era apoderado. La edificabilidad de Tuivi en Patazumba pasó de esta manera de 12.450,20 metros cuadrados a 20.507,48.

En lo que se refiere al delito contra el patrimonio histórico, el juzgado de Tui constata que se produjeron dos talas de árboles centenarios "sin autorización alguna", y que tuvieron por objeto "el aprovechamiento urbanístico" de la inmobiliaria Promociones Tuivi.


* El País - PABLO LÓPEZ - 18/11/2011
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org

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Del urbanismo inculto, una ciudad fea

JORGE BENAVIDES SOLÍS* : En la Casa de la Provincia, con numeroso público joven, se está hablando sobre Arte y estética desde 1960: (Sevilla) la ciudad y su sombra. Los periódicos publican crónicas sobre las jornadas gastronómicas o similares pero sobre la reflexión acerca de la ciudad y sus problemas, no siempre. Ni siquiera cuando se habla acerca del Planeamiento, es decir, de cómo y por qué se elaboran los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) a partir de los cuales construimos la casa de todos (la ciudad) que según se observa, en la práctica es absolutamente privada o es de nadie y, en todo caso, cuando es planificada también resulta fea, desangelada.
Antes se decía que los PGOU eran una "guía para la especulación urbanística" (La Rinconada). ¿Ahora se han convertido además en una "guía para la legalización de los delitos urbanísticos" (Marbella)? La ciudad es fea debido al empobrecimiento del espacio público respondió el ponente sin dar mayores explicaciones sobre el significado y el alcance de lo público. Seguramente no hacía referencia al definido a partir de la propiedad; de las plazas concesionadas (de la setas) ni al que es parte de los grandes o pequeños centros comerciales; tampoco al que según la Ley conforma el "sistema de espacios libres", porque éstos solamente están vinculados a la dimensión material, física de la ciudad que exclusivamente se toma en cuenta de hecho y de derecho al sintetizar en planos, la propuesta de ordenación urbanística.

Dicho de otra manera, el espacio coloreado como público en los planos, es apenas una parte del espacio público entendido en términos que, hace décadas lo han definido: la Filosofía, la Antropología, la Ecología Urbana, la política, la policía y, últimamente Microsoft-MIT (está poniendo de moda el espacio inteligente) y aquel que las redes del 15M lo han puesto en evidencia. El espacio público ya no es solamente aquel donde se forma la opinión pública, tampoco sólo el escenario físico, calles y plazas donde la sociedad se hace visible, pasea, festeja, celebra, conmemora o se rebela. A la dimensión social, física, cultural, acaba de integrarse la dimensión virtual en la que se hace patente la red.

El espacio público en esta situación es a la vez, contenedor y contenido, el espacio del ser (cultura) y del estar (lugar), una entidad con entorno que se ha hecho un híbrido: sociofísicovirtual conformado por cuerpos, escenarios físicos y redes; sin límites. En este espacio público híbrido, el protagonista ya no es el pueblo (siglo XIX) ni la masa (siglo XX); es similar a la multitud en cuanto ésta no es representable (Tony Negri), pero a la vez, es más: una expresión de la inteligencia colectiva que se hace ostensible en las acciones e iniciativas que son producto de la comunicación en red.

Al haber desaparecido el campo por el abandono poblacional debido a la introducción de las TIC (Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones) en la producción y, hasta en los últimos resquicios de la vida cotidiana, todo tiene un matiz urbano. La ciudad ya no es como se definía hasta mediados del siglo XX, lo contrario al campo. Es más, tanto por extensión física (ciudad dispersa de baja densidad), por población (más de la mitad ya vive en el campo y dentro de pocos años, serán tres de cada cuatro) como por organización (la ciudad controlada con vallas y con cámaras). La ciudad además en cualquiera de sus tipologías, se ha hecho un bien paradójico: en aquella del dinero brillan y destacan los objetos (edificios, vitrinas y coches), en las pobres y en los slums, destacan los cuerpos precisamente por ausencia de los objetos. Los centros urbanos sobreviven saturados, las periferias desoladas.

Los Ángeles, paradigma posmoderno usamericano, es una periferia en búsqueda de un centro en la que una tercera parte del suelo está dedicada a los aparcamientos, la otra a las vías y la restante a los objetos construidos en el que se refugian los sujetos. La ciudad ya no es el lugar donde encontrar la felicidad, como decían los clásicos. A veces solamente es un sitio ocupado con baja o alta densidad que sólo produce "malestar urbano".

Poco se habló acerca del encorsetamiento legal para diseñar la ciudad ni de las presiones políticas e inmobiliarias. Mucho menos del anémico soporte teórico de la LOUA cuyo soporte operativo en cambio, se fortalece cada vez más y se apoya en cuestiones meramente instrumentales. El buen albañil (oficio) no tiene por qué pensar en Platón cuando utiliza el palaustre (instrumento); en cambio, los profesionales que elaboran los planos de una ciudad (PGOU) deberían poseer un amplio dominio teórico transdisciplinar, operativo, capaz de trasladar con sensibilidad y habilidad lo abstracto a lo práctico y, tener conocimiento de los instrumentos acordes con la realidad en la que intervienen (índices). Un pueblo de la sierra requiere de referencias distintas a los de la Costa del Sol.

El Urbanismo inculto e insensible, aunque cumpla escrupulosamente con la Ley, sólo garantiza una ciudad fea y des-acogedora.

* Jorge Benavides es arquitecto

* Diario de Sevilla - Opinión - 15.11.11

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