* YouTube - locodelpelorojo - http://youtu.be/_axHSxMQ6Js
Los vecinos de Lavapiés echan a la policía del barrio
El alcalde de Salt propone que ciudades "sin saturar" asuman inmigración
Una ciudad sin inmigración no es real, pero tampoco los porcentajes de Salt, sostiene. "Una de las consecuencias es que las parejas jóvenes autóctonas no intentan empadronar al hijo en otra población para acceder a otro tipo de escuela. Se van de Salt". El 80% de la población autóctona, subraya, tiene más de 58 años. Para Torramadé la actual situación es injusta tanto para la población autóctona como para la inmigrante, que no encuentra "el modelo de sociedad que ha venido a buscar".
Para Torramadé, la solución no pasa solo por incrementar la partida de los planes de acogida porque "la presión demográfica los supera". Se trataría, por ejemplo, de obligar a las poblaciones cercanas que abren polígonos industriales a levantar vivienda social. "Ahora nos encontramos que este colectivo inmigrante vive en Salt y trabaja en otros lugares" y el coste de la política social recae donde residen.
Una de las medidas que propone y que levantará más polémica es la de que en la concesión de vivienda pública municipal del centro de Salt se prime a ciudadanos autóctonos para reequilibrar la procedencia demográfica de la población. "No puedo querer promover carnicerías occidentales si no van a tener clientela", comenta. Para Torramadé, el problema es que esta acumulación de población recién llegada hace que se pierdan los referentes culturales propios y el modelo de una sociedad catalana del siglo XXI. "Hay un modelo y debemos preservarlo con matices. Salt es de la gente que vive aquí, pero no puede ser diferente del resto de municipios de Girona". Torramadé asegura que defiende que los inmigrantes preserven su cultura, pero la calle ha de ser de todos y con la crisis económica la integración de los recién llegados se hace más difícil. Ayer en Twitter, se le atribuía que había defendido fijar cuotas máximas de inmigrantes. Torramadé lo negó: "Lo que propongo son políticas que favorezcan el reequilibrio".
* El País - 11.07.11
Foto: Salt (Girona), ajuntament - turismo
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Burriana.- Gecen presenta alegaciones al PRUG del Paisaje Protegido del Millares
La asociación ha criticado en un comunicado que no se destine "ni un euro" para el derribo de las viviendas ilegales, ni para eliminar el campo de tiro deportivo, ni para recuperar los espacios naturales ocupados por transformaciones agrícolas ilegales, ni para establecer de forma eficaz un caudal ecológico, ni para evitar la contaminación de las aguas, ni para enterrar las líneas eléctricas existentes en la actualidad. Así mismo, ha apuntado que no se regulan actividades como la ganadería o lúdico deportivas como el tiro con arco, haciéndolas compatibles con el espacio natural protegido.
Además, ha criticado que se trata de un PRUG "que permite la circulación masiva de vehículos a motor por el Camí de la Cossa, que pretende que sea el dinero público el que pague —15.000 euros— la 'Redacción de un proyecto de restauración de las zonas afectadas por actividades extractivas y mineras', sin exigir un céntimo a quienes realizaron dichas actividades; que no dedica partida presupuestaria específica alguna para exigir responsabilidades a quienes abren pozos ilegales o quienes están contaminando el río, y que destina partidas ridículas para temas importantes como la restauración de hábitats (24.300 euros)".
Para Gecen, es un PRUG "decepcionante" que ha visto la luz "con años de retraso", que "no atiende ni pretende actuar eficazmente ante los problemas que siempre han afectado al espacio natural protegido y que, en lugar de actuar, se dedica a estudiar".
Los ecologistas han destacado el "interés" demostrado por la Conselleria en avalar el "urbanismo salvaje" propuesto por el Ayuntamiento de Burriana (Castellón). Así pues, según Gecen, "ahora el PRUG clasifica el suelo más cercano a dicho PAI como Área de Usos Compatibles (AUC), figura que permite actividades, pese a su nombre, incompatibles con la preservación de los valores naturales".
"Un espacio que en los 90 acogía vegetación natural y era un dormidero de ardeidas, y que proponemos se clasifique como Área de Protección Ecológica (APE), una figura mucho más garantista a nivel medioambiental", ha concluido el colectivo ecologista.
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 12.07.2011
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
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Unas 6.500 personas repartidas en 1.700 construcciones viven en la Cañada Real en el tramo que discurre por la capital
Dicho censo, iniciado el 1 de junio y elaborado por trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), se encuentra al 85 por ciento y las previsiones que maneja el Ayuntamiento pasan porque esté concluido en la primera quincena del mes de septiembre, es decir, dentro del plazo fijado de seis meses.
Martínez ha detallado que con el 85 por ciento del censo ya elaborado se puede establecer que el número de parcelas totales en el tramo correspondiente a Madrid es de mil, donde se levantan unas 1.700 construcciones a las que se les da un uso residencial. A ellas habría que sumar medio centenar más de construcciones destinadas a usos terciarios, ya sean comerciales o industriales.
* Qué - EP - 13.07.11
Foto: Cañada real - EP
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Marbella legaliza la situación del hotel Senator, emblema de los abusos urbanísticos
Los técnicos municipales constataron en la Junta de Gobierno Local que los propietarios del hotel habían cumplido los requisitos fijados para regularizar el área. Las compensaciones incluyen el pago del diez por ciento del aprovechamiento medio, lo que supone cerca de tres millones de euros, así como la cesión al Consistorio de una parcela ubicada entre el hotel y el espacio congresual, según explicó la regidora. Los terrenos que se inscribirán en el inventario de bienes municipales tienen una superficie aproximada de 3.600 metros cuadrados, 2.700 de los cuales serán destinados a la ampliación del palacio, una obra que tendrá un coste aproximado de siete millones de euros y que la propietaria del Senator deberá financiar en un 50%.
No son las únicas cargas vinculadas al proceso de regularización. La mercantil deberá además acometer los trabajos de urbanización de todo el perímetro que rodea al complejo inmobiliario, en el que se dan cita el hotel y un bloque de 99 apartamentos levantado junto al establecimiento. La inversión de esta obra rondará los 550.000 euros, según apuntó Muñoz, que destacó que la apertura del cuatro estrellas constituye una «buena noticia» para Marbella, dado que servirá como elemento de reactivación económica y supondrá la creación de un buen número de nuevos puestos de trabajo.
La alcaldesa señaló que los propietarios tienen interés en poner en marcha el hotel antes de que finalice el mes de julio. De hecho, la empresa trabaja desde hace semanas en la puesta a punto del establecimiento cara a su próxima inauguración. «La idea por nuestra parte es que se pueda abrir en el menor plazo posible», aseguró la regidora, aunque para ello, según precisó, deben cumplirse antes todos los trámites oportunos relativos a la concesión de la licencia que permita al hotel desarrollar su actividad económica.
Compra millonaria
Muñoz resaltó también la relevancia de los equipamientos obtenidos por la ciudad en el proceso de normalización del complejo inmobiliario, levantado en los terrenos que en su día cedió al Ayuntamiento la urbanización Alhambra del Mar para su aprovechamiento como zona pública y cultural. En 1998, el Gobierno municipal presidido por Jesús Gil vendió el suelo por 2,6 millones de euros a la empresa Proinsa, que hizo lo propio dos años después en una operación en la que Hoteles Playa desembolsó 15 millones de euros para adquirir la parcela.
La cadena hotelera invirtió 30 millones de euros en la construcción del hotel, que dispone de 240 habitaciones, y del edificio de viviendas contiguo. Ambos se realizaron en virtud de una licencia otorgada por el exregidor Julián Muñoz, actuación por la que fue condenado a un año de prisión por un delito urbanístico. El complejo fue el primer inmueble precintado por la comisión gestora, que cumplió en mayo de 2006 con la suspensión cautelar de las obras dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La orden se remitía al inicio de la construcción, pero no fue cumplida por los gobiernos del GIL y tanto el hotel como el bloque de apartamentos estaban ya prácticamente concluidos.
Críticas socialistas
Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Bernal, las compensaciones que debe asumir la propietaria del Senator «no cumplen con las expectativas», por lo que exigió que la cargas incluyan la obligación de la empresa de entregar la mitad de los apartamentos para la creación de una residencia de mayores. La respuesta del equipo de gobierno fue inmediata. El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, instó al PSOE a que exija las explicaciones oportunas a la Junta de Andalucía, que dio el visto bueno al sistema de compensaciones del PGOU, y a los ediles de su formación que lo aprobaron en pleno.
* SUR - 13.07.11 - HUGO SIMÓN
Foto: La empresa del hotel Senator trabaja en la puesta a punto del establecimiento - sur
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Entre guiñar los ojos y cerrarlos
CARLOS SEVILLA PERIS/DIAGONAL* : Nueve semanas después de la primera acampada, la actualidad política está atravesada por las reivindicaciones consensuadas en las plazas de todo el Estado. A pesar de ello, ni PP, ni PSOE han abanderado ninguna de sus grandes propuestas. Una muestra de esto son dos temas que han ocupado las portadas de los diarios: en el Debate del Estado de la Nación se han tomado medidas para paliar el impacto sobre las familias de la hipoteca, insuficientes según los movimientos por una vivienda digna; y la falta de transparencia en la gestión de un impuesto como el canon digital ha permitido que el Ministerio de Cultura no ‘controlara’ sus usos.
“Lo que hemos visto en las últimas semanas son manifestaciones, protestas y demandas realizadas al amparo de derechos democráticos. Forman parte de la fisiología y no de la patología de nuestro modelo de convivencia. Y reivindican el valor de la política”. Esta fue la primera referencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al movimiento 15 de Mayo en el Debate sobre el Estado de la Nación. Sin embargo, el intento del ejecutivo por simpatizar con los “indignados” no es nuevo.
La aparición del 15M en plena campaña electoral llevó al Gobierno a cuidar su discurso y evitar una mala imagen que le perjudicara en las urnas. “Creo que deben ser los partidos de la izquierda los que tenemos que dar contenido a nuestra agenda para que esos sentimientos de injusticia que se traslucen en esas protestas se vayan amortiguando”, aseguró Ramón Jáuregui dos días antes de los comicios.
El ministro de la Presidencia, uno de los más activos del Gobierno en el reconocimiento del 15M, añadió después en el Senado: “El Gobierno es consciente de que hay un transfondo de protesta y de queja que tenemos que entender, que tenemos que atender, bien sea una protesta por el paro, por la crisis económica, por la manera en la que estamos teniendo que constreñir nuestro gasto público a las dudas de los mercados sobre las deudas soberanas, por las formas de participación en la política, o por el comportamiento de algunos políticos”.
Sin embargo, a pesar de esta supuesta predisposición, el Gobierno no ha asumido ninguna de las propuestas del 15M. Aunque en el Debate sobre el Estado de la Nación se mostró partidario de reflexionar sobre ello, Zapatero pasó una vez más por encima de la reforma de la ley electoral, sobre la que Jáuregui había afirmado que “no es la panacea de la democracia” porque soluciona unos problemas pero crea otros. En esta misma intervención, y sobre la idea de reforzar el control financiero, Jáuregui afirmó: “Lo que se expresa en ese movimiento, y yo comparto esa reivindicación, es que la política ordene los mercados. No dejemos que el mercado o los sistemas financieros desregulados y globalizados nos impongan un modelo de sociedad”.
Bloqueo legislativo a la ILP
Si, como han repetido los medios, el Gobierno le ha guiñado los ojos al 15M en sus declaraciones públicas, parece que ha preferido cerrarlos a la hora de atender sus reivindicaciones de forma concreta. El máximo acercamiento a las propuestas del 15M se ha producido en materia de vivienda. Zapatero anunció en el debate celebrado entre el 28 y el 30 de junio un incremento de la parte del sueldo que no puede ser embargada por los bancos en los casos de impago de la hipoteca, que pasará de 641 euros a 961.
Una respuesta a la campaña de paralización de desahucios emprendida por el movimiento 15M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Sin embargo, la medida, aprobada con los votos de PSOE, PP y CiU, se queda corta al lado de la propuesta de los simpatizantes del 15M y la PAH, que plantean que la entrega de la vivienda hipotecada salde la deuda con el banco, la conocida “dación en pago”, propuesta sin éxito por ERC, IU-ICV y BNG. A raíz de la relación de los bancos con los hogares hipotecados el candidato socialista a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo su particular guiño al movimiento de los indignados: “Ahora todos nos hacemos de cruces porque hay hipotecas que se dieron y la pregunta es ¿y los bancos que las dieron? ¿Ahí no hay ninguna responsabilidad, es que ellos no tienen nada que decir?”, se preguntó Rubalcaba.
No obstante, unas horas después de estas declaraciones Público anunciaba que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación en pago estaba bloqueada después de que una plataforma minoritaria de Valencia se adelantase a las Plataformas de Afectados por las Hipotecas a la hora de registrar en el congreso la ILP, lo que impedirá de facto que se recojan las 500.000 firmas necesarias para que se tome en consideración un cambio en la ley hipotecaria al menos hasta marzo de 2012.
* Diagonal - Opinión - 11.07.11
La Fiscalía endurece la petición de multas por construcciones ilegales
La fiscal delegada de la sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, Consuelo Fidalgo, explica que esta decisión de elevar la petición de pena de multa, acordada en la junta de fiscales, pretende "ponerlas en relación con el valor de las obras" y equipararlas a las multas administrativas, "de forma que no sea más beneficioso ser castigado en el ámbito penal que en el administrativo".
ESCASAS DEMOLICIONES La Fiscalía de Córdoba ha observado, según se recoge en la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía que, "en muy escasos supuestos" se acuerda en las sentencias condenatorias la demolición de las construcciones ilegales. En esos casos, añade, la pena prevista es la de prisión y multa, pero como quiera que los infractores, en su mayoría, no cuentan con antecedentes penales computables, "se les conceden casi automáticamente los beneficios de la suspensión de la condena", que siempre es inferior a la solicitada de entre uno y dos años. Así, señala la Memoria, "sin incurrir en exageración alguna podemos considerar que, en ocasiones, los infractores terminan consiguiendo su propósito con el pago de una escasísima multa", que ronda generalmente en las sentencias entre 1.500 y 3.000 euros. Tanto es así que la Fiscalía asegura en la Memoria que "somos conocedores" de que los propios infractores "interesan que su expediente administrativo se lleve por la vía penal" porque saben que la multa que se les va imponer por el delito "es muy inferior a la que le correspondería imponer en vía administrativa" con la aplicación de la ley de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA).
Así, la Fiscalía incorpora ahora, para valorar la situación, un expediente administrativo que se remite por la Gerencia de Urbanismo en el que se hace una valoración de lo construido según los criterios del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental y sobre la misma, conforme a la LOUA, se establece la sanción a imponer en vía administrativa. Como ejemplo, a una edificación valorada en 52.400 euros le correspondería una multa según la LOUA que oscilaría entre 39.300 y 78.600 euros, con lo cual "se aprecia con claridad que el importe de las multas que se imponen en la actualidad en la jurisdicción penal está muy por debajo de estas cantidades".
* Diario Córdoba - 12.07.11
Foto: Cordoba, viviendas ilegales - abc.es
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La Plataforma por una Vivienda Digna pide una tasadora pública
"Pedimos una tasadora pública porque se trata de valorar un bien de interés general, que está reconocido en la Constitución", dice la asociación, que se define como apartidista y cuenta con grupos de trabajo territoriales en nueve comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Catalunya, Euskadi, La Rioja, Asturias y Castilla y León.
En pro de la transparencia y para evitar la especulación que se hace con el suelo cuando se trata de compraventas de vivienda protegida, la plataforma también pide que se obligue a las tasadoras a reflejar por separado en sus valoraciones el valor del suelo y el del inmueble. Cuando las viviendas de protección oficial van cambiando de manos, va subiendo el precio, aunque legalmente sólo se pueden transmitir por el valor al que fueron adjudicadas a personas que cumplen con los baremos para recibir una VPO. "Al final, gente que lo necesita está pagando por una vivienda un precio casi de mercado".
* Público - 11.07.11
Foto: Protesta contra los precios de la vivienda - publico
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Los ecologistas denuncian un "frenazo" en política ambiental
Juan Carlos Del Olmo, de WWF, considera que en esta última etapa "se ha producido un frenazo" en política ambiental como consecuencia de la crisis económica. La partida presupuestaria destinada a este fin es la que más recortes ha sufrido en los últimos años, según apuntaron esta mañana en una rueda de prensa en la que presentaron un balance general de la gestión ambiental. Los ecologistas acusan al Ministerio de Fomento de llevar una política de transportes basada en "el despilfarro y la destrucción". Como alternativa, proponen la implantación de la famosa Euroviñeta y la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible.
Una medida de la que ya ha hablado el Ejecutivo, pero que ha sido continuamente aplazada, según los activistas.
Los activistas reconocen que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se ha abierto más al diálogo pero consideran que no ha cumplido con sus promesas.
A 300 días del fin de la legislatura, los ecologistas interpretan, en un informe presentado esta mañana en una rueda de prensa, que "las políticas ambientales han pasado a un segundo plano y se ha producido una pérdida de liderazgo evidente en materia de sostenibilidad". Uno de los datos más llamativos que se han apuntado es que el Gobierno ha invertido 325 millones de euros en políticas que pretenden reducir la contaminación mientras ha gastado cuarenta veces más, 13.600 millones, en infraestructuras de transporte que los verdes consideran contaminantes. "España es el país de la Unión Europea que más kilómetros de carreteras y de vías ferroviarias tiene", subrayó Del Olmo.
El regreso a los 120 kilómetros por hora también es cuestionado en un momento en el que, según los ecologistas, "el precio de barril de petróleo es superior al precio que justificó la medida de los 110".
El estilo de la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha sido elogiado por su apertura al diálogo. "Cuando llegó, la comunicación con el ministerio estaba totalmente interrumpida. Con ella hay reuniones de trabajo habitualmente, lo que está permitiendo, en algunos casos, que la agenda vaya más deprisa y, en otros, que podamos hacer llegar nuestras propuestas", destacó Asunción Ruiz, directora de SEO/Bird Life.
El medio ambiente, área por área
En materia de agua, el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis González, critica que el Gobierno siga instalado en la "vieja cultura del agua" en la que no se sienten los costes ambientales, donde ningún plan de cuenca ha sido todavía aprobado y "los que están en trámite presentan graves carencias", y porque todavía existen medio millón de pozos ilegales.
"El 80% de los españoles respira aire contaminado", advierte González. La culpa, según interpreta, es del MARM por la "dejación de sus responsabilidades" en materia de calidad del aire y porque no ha exigido lo suficiente a comunidades autónomas y ayuntamientos.
La directora ambiental de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, denuncia la "contradicción del discurso con la práctica" en materia de cambio climático y ha pedido un compromiso de reducción de emisiones del 40 por ciento. "Es absolutamente imprescindible que el Gobierno siga haciendo esfuerzos", ha subrayado.
Respecto a residuos, Spendeler ha dicho que la nueva Ley "introduce avances" o la consideración del sistema de devolución y retorno pero los tilda de "insuficientes" y lamenta que el Gobierno ha dejado pasar una oportunidad, ya que "ni siquiera ha prohibido el uso de las bolsas de un solo uso".
La directora ejecutiva de Greenpeace, Miren Gutiérrez, acusa al Gobierno de "estancamiento y abandono" de las políticas contra la contaminación química. Los españoles, apunta Gutiérrez, "tienen 300 sustancias químicas en su cuerpo que nuestros abuelos no tenían" y pide una actualización del Protocolo de Estocolmo -que regula el tema- con un "criterio unificado".
Las políticas energéticas también están estancadas, según los ecologistas, por la falta de apoyo a las energías renovables lo que queda demostrado por la falta de un calendario de cierre de las centrales nucleares como prometió el Ejecutivo en su programa, porque no se abandona el proyecto del almacén temporal centralizado de residuos (ATC) nucleares y porque tampoco hay salida para el carbón.
En materia de costas, los activistas creen que hay una oportunidad si se defiende la Ley "sin arbitrariedades" y se suspende la concesión para una refinería en Vizcaya o la refinería Balboa, prevista en Extremadura.
La situación de la pesca también se puede mejorar. Del Olmo reconoce al Ministerio de Medio Ambiente "avances" como la propuesta de protección de ecosistemas vulnerables, en protección de tiburones o medidas para evitar la muerte accidental de aves o la "buena" noticia de la recuperación de la anchoa. "Ahora España es un actor importantísimo en la discusión de la política pesquera común que se está estudiando en Bruselas", destaca.
Del Olmo ha criticado que el Gobierno está "fuertemente influido por los sectores más industriales" en el área agrícola, hasta el punto de que el 80% del agua de España se destina a utilidades rurales. "Rosa Aguilar ha dicho que se quiere una Política Agrícola Común mucho más verde, pero queremos ver políticas concretas. Las propuestas verdes del MARM en la PAC son palabras vacías", sentencia.
Algunos de los proyectos denunciados por los ambientalistas, por sus impactos ambientales y sociales, son: la Refinería del Grupo Balboa (en Extremadura), el Dragado del Guadalquivir (en Andalucía), el embalse de Biscarrués (en Aragón), el hotel Algarrobico (en Andalucía), la estación de esquí de San Glorio (en Castilla León), el puerto de Granadilla (en Canarias) o el polígono industrial de Las Aletas (en Andalucía).
Tras la rueda de prensa, el ministerio ha anunciado que ha dado luz verde a Biscarrués, en el Río Gállego, uno de los embalses más polémicos. El ministerio destaca que ha incluido salvaguardas ambientales, como la garantía de que habrá un caudal de 90 metros cúbicos por segundo aguas abajo de la presa. Aún así, la noticia ha recibido el rechazo de los ecologistas.
La conclusión para Ruiz, es que "la política medioambiental del Gobierno se ha reverdecido" y que "la conservación en este país está en tramitación".
Los ecologistas consideran que el Gobierno tiene, de momento, "un insuficiente" aunque con más voluntad política, podría lograr un aprobado antes del fin de la legislatura.
El objetivo del informe es dar un toque de atención al Ejecutivo y ofrecerle "propuestas realistas" para que cambie su gestión en estos últimos meses.
* El País - M.VICTORIA ENNIS - Madrid - 11/07/2011
Foto: AVE no, Tren sí - ecologistasenaccion.org
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Santa Cruz.- El peón que pidió el crédito para Las Teresitas fue contable 'B' del CCN
Según se desprende de la investigación llevada a cabo en la presunta trama de financiación ilegal del CCN, caso por el que se imputa a la cúpula del partido delito electoral, falsedad documental y tráfico de influencias, Felipe Manuel de Armas Jerónimo "es la persona encargada de ´maquillar´ la contabilidad no sólo de las empresas de los González-Santiago sino también, probablemente, del propio partido".
Los investigadores llegaron a esa conclusión por tres motivos diferentes: la documentación hallada en un piso franco cuando se ordenó un registro del caso Las Teresitas, las conversaciones telefónicas interceptadas en la Operación Hubara y la intervención del correo electrónico del propio De Armas, realizada también en el marco de la investigación al partido político tinerfeño
Maquinación contable
La Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife explica en un informe de la causa que "toda esta maquinación contable de distribución entre las empresas del grupo empresarial de los pagos por los servicios prestados para el CCN ha sido realizada por Felipe Manuel de Armas Jerónimo, experto contable del grupo empresarial, pues es la única persona que conoce en profundidad el funcionamiento de todo el entramado de los González Santiago". Se le considera una persona de máxima confianza del empresario y padre del líder del CCN, de ahí que fuera utilizado como la cabeza visible en la sociedad Inversiones Las Teresitas a la hora de pedir, deprisa y corriendo, un crédito de 33 millones de euros para comprar los terrenos de la playa antes de que se conociera una sentencia del Tribunal Supremo que aumentaba los derechos de edificación.
La policía entiende que la colaboración de De Armas en la presunta trama de financiación ilegal del CCN "se torna necesaria e imprescindible, pues no basta un contable cualquiera para, en breve tiempo, acometer estas maquinaciones contables inter-empresas, sino que se precisa de un profundo y exhaustivo conocimiento de la realidad contable de las empresas para poder distribuir las cargas y beneficios. Y dicho exhaustivo y profundo conocimiento tan sólo lo posee quien habitualmente ejerce estas funciones, no sólo la función contable legal (y aparente), sino la función contable real, la que recoge aquellos movimientos contables que efectivamente se producen y que deben sufrir alteraciones tendentes a obtener beneficios fiscales".
Como se reveló en su día en el marco de la investigación del caso Las Teresitas, Ignacio González Martín (el padre del líder del CCN) decidió no aparecer como apoderado de Inversiones Las Teresitas a la hora de solicitar un crédito de 33 millones de euros para comprar los terrenos debido a su condición de consejero de la entidad prestataria, CajaCanarias. Para evitar cualquier reprobación, en Inversiones Las Teresitas aparecieron como apoderados Felipe Manuel de Armas Jerónimo y Antonio Plasencia, el otro empresario imputado en la causa relacionada con el pelotazo de los 120 millones de euros. La entidad bancaria concedió el crédito, calificado de alto riesgo por el Banco de España y. tiempo después, Ignacio González Martín recuperó el control de la sociedad inversora.
Con el crédito de 33 millones de euros, Inversiones Las Teresitas compró el suelo 24 horas antes de que se conociera una sentencia que multiplicaba el valor del suelo y posteriormente vendió el frente de playa al Ayuntamiento de Santa Cruz por 52 millones. Finalmente vendió otro porcentaje a una inmobiliaria por 90 millones.
* La Opinión Tenerife - 10.07.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
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Marbella.- Roca, una garantía de éxito
Y todo ello pese a que el terreno en cuestión tenía una calificación de suelo no urbanizable de protección forestal que, tras la revisión del planeamiento, fue catalogado como suelo urbanizable. En la sala explicaron que la entidad Golf & Raquet Planet firmó un convenio de concesión urbanística en diciembre de 2002 con el consistorio marbellí por el que se pactó un período de explotación de 75 años y un canon de 144.862 euros. Según uno de los agentes tributarios los cambios urbanísticos se desarrollaban de manera formal, a través de convenios, o a veces sin formalismos cuando «Roca cambiaba los parámetros del Plan General de Ordenación Urbana» (PGOU).
En la sesión de ayer los expertos, que comparecen como testigos desde la semana pasada, repasaron las operaciones mercantiles vinculadas al entramado socitario del exasesor que definieron como «una estructuta criminal». Los funcionarios ratificaron sus conclusiones sobre las operaciones inmobiliarias analizadas en esta segunda fase del juicio y en las que observan «operaciones de blanqueo» de capitales.
Los peritos también analizaron minuciosamente con el fiscal los pasos dados para desarrollar las distintas operaciones en las que aperecen sociedades vinculadas a Roca y a los acusados de blanqueo de este bloque del juicio. También abordaron cómo entraban los nuevos socios a los negocios, la relación de los imputados de esta parte con el principal acusado de la causa, así como la organización exterior, fuera de España, de la trama.
Domicilio social
Los expertos de Hacienda también hicieron una mención especial de los domicilios sociales de las empresas relacionadas con Roca. A su juicio éstas son también «fórmulas de ocultación». Ambos explicaron que la organización intentaba que cada sociedad tuviera su propio domilicio social a modo de garantía «por si se intervenía a alguna de ellas». En ese caso actuaban como «cortafuegos». Si las sociedades compartían sede, como ocurría en ocasiones, se exponían a un mayor«riesgo». Por ello, la finalidad de algunas de estas empresas no era más que la de «proporcionar a la estructura u organización criminal un nuevo domicilio social», puntualizó uno de los declarantes.
El juicio se reanudará hoy martes a partir de las 10.00 horas. Tomarán la palabra los abogados defensores que podrán preguntar a los dos funcionarios de la Agencia Tributaria.
* SUR - 12.07.11 - ROSSEL APARICIO
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo (archivo) - sur
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Tropezar dos veces con el mismo ladrillo
GERARDO ROGER FERNÁNDEZ* : Que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra es un aforismo español que parece que puede volver a repetirse en el sector inmobiliario, tal como viene planteándose en los últimos tiempos por algunos sectores sociales y partidos políticos en demanda de la restauración del viejo modelo de liberalización del suelo en aras de incrementar la oferta de suelo urbanizable. Contraviniendo de nuevo la maternidad de la ciencia, vuelve a vislumbrarse que la experiencia no siempre sirve para validar el método científico de prueba y error.
De hecho, en la actualidad, el sector inmobiliario se encuentra totalmente desplomado por causa, precisamente, de una hipertrofia de oferta de producto que trae causa de la aplicación de medidas sedicentemente liberalizadoras del mercado de suelo contempladas en la legislación estatal del 1998-2000 y traspuestas a diversas legislaciones autonómicas, que vinieron a desregular la implantación de actuaciones urbanizadoras en el territorio al considerar todo el suelo patrio susceptible de ser urbanizado salvo el especialmente protegido, disposiciones que conformaron la base espacial y normativa de aplicación de la desregulación financiera que comportaba el excedente crediticio existente entonces, dirigido al sector inmobiliario.
Convendría recordar que en los años de la burbuja 1997-2006, las desregulaciones normativa y financiera señaladas posibilitaron la construcción del doble de viviendas que requería la demanda residencial normalizada, es decir, la demanda endógena de formación de hogares, que alcanza las 300-350.000 viviendas/año en España. De hecho, en los últimos años de la burbuja se alcanzaron las 650-700.000 viviendas/año, el doble de la demanda endógena, llegándose al triplo en las regiones mediterráneas y áreas centrales españolas.
Pues bien, la gravísima crisis financiera global originada por las hipotecas basura norteamericanas en el verano del 2007, vino a alcanzar a las hipotecas forzadas y a los inflacionados créditos inmobiliarios españoles, lo que comportó el desplome del sector, pasando a construirse un máximo de 100.000 viviendas/año, pasando del duplo al tercio en el intervalo de la burbuja, con el añadido de la generación de un enorme stock de producto de vivienda y suelo altamente sobrevalorados y de muy difícil digestión por el mercado que viene a lastrar, aún más, la recuperación de la actividad.
Por tanto, si en el periodo desarrollista anterior se han producido el doble de viviendas que la demanda endógena requería, debe reconocerse, cínicamente si se quiere, el éxito aplicativo de las denominadas medidas liberalizadoras, tanto de suelo como financieras, puestas en servicio en la segunda mitad de los noventa y primera de los años 2000, desmintiéndose, en consecuencia, la afirmación de que las citadas medidas no pudieron ser aplicadas por causa de una sentencia del Tribunal Constitucional, pues en ningún caso la resolución del alto tribunal afectó a las diversas legislaciones autonómicas que ya habían incorporado la concepción del todo urbanizable a su propio marco normativo.
Adicionalmente, también resulta sorprendente el desconocimiento que manifiestan los defensores del modelo liberalizador sobre las consecuencias que ha venido a producir el mismo. En primer lugar, a pesar de haberse construido el doble de viviendas, el precio de las mismas en dicho periodo entró en una espiral especulativa que llegó a incrementarse en un 150% y el del suelo en un 500%, con lo que el problema generado por la presunta liberalización es triple: ocupación indiscriminada e insostenible de suelo, sobreoferta de producto con generación de un stock de pesadísima digestión y una hipervaloración del mismo, sobre todo de nuestro activo tóxico, el suelo, que viene a imposibilitar, en la práctica, la refinanciación, al menos, de los créditos existentes.
En resumen, volver a reclamar las fracasadas medidas liberalizadoras que resultan ser una de las causas básicas del desplome del sector inmobiliario solo puede responder a un inaudito desconocimiento del comportamiento del mercado inmobiliario o a una sorprendente contumacia en el error. Ojalá se reconsidere y pueda evitarse el volver a tropezar dos veces en el mismo ladrillo, tal como se señala en el título de este artículo.
* Gerardo Roger Fernández. Arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III
* Cinco Días - Opinión - 11.07.11
La Iglesia inscribe como propios miles de inmuebles
Desde aquel año, también pueden inscribir las propiedades a su nombre. A eso se llama, en la jerga administrativa, inmatricular. Y lo están haciendo a destajo. Puede decirse que en Navarra las jerárquicas sotanas han arrasado el territorio. A nombre de la diócesis figuran ya cientos de templos parroquiales, ermitas, basílicas, con todo lo que tienen dentro; también tienen a su nombre casas, almacenes y hasta cementerios, garajes o frontones.
¿Solo en Navarra? No. Por toda España se repite el mismo procedimiento, que es tan barato y sencillo para ellos como complejo para un ciudadano particular. Muchos alcaldes y particulares han descubierto el caso con sorpresa y luchan ahora por devolver al pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario que consideran arrebatado. "Robo" y "expolio", repiten cuando se les pregunta por el caso.
"Inconstitucional", dicen los expertos jurídicos. "No siendo funcionarios públicos, pueden actuar como si lo fueran. Si el artículo 16 de la Constitución no otorga carácter estatal a ninguna confesión, ellos no pueden equipararse a un funcionario público", empieza Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra.
Torres cita una sentencia de 1993 que declaró inconstitucional el artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hasta entonces, un cura podía desalojar a un inquilino de una casa sin tener que probar la necesidad de ocupación. Un padre no podía hacerlo sin demostrar, por ejemplo, que su hijo necesitaba la casa. La Iglesia sí. Pero aquella sentencia venía a decir que "no se pueden confundir fines estatales con fines religiosos, ni fines públicos con fines religiosos. Ni a la Iglesia con una corporación de derecho público", recuerda Alejandro Torres. "Esa filosofía es trasladable al pie de la letra en el caso de las inmatriculaciones que se están produciendo", asegura.
Puede ser, pero para que uno de estos casos llegue al Constitucional se necesita que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, o un recurso de amparo. O bien que un particular agote las instancias jurídicas hasta llegar a este tribunal.
"Ellos tienen tiempo y dinero, nosotros no", dice el alcalde de Garisoain, Javier Ilzarbe, que solo ha podido salvar una ermita. "Se han quedado con la iglesia de la Asunción, con el atrio, con la casa parroquial, con un solar de esa casa y los restos de otra ermita. Nos dimos cuenta hace un par de años, pero no pensamos recurrir, no tenemos posibilidades. Ganas ya tenemos, ya...".
A los alcaldes de los pueblos pequeños, como este de Navarra, apenas les queda el derecho a la pataleta. "Les cortamos la luz, que siempre la habíamos pagado nosotros; ahora la pagan ellos, y aunque nos siguen pidiendo que les arreglemos cosas ya no les hacemos las obras. En los ochenta les reparamos el tejado", dice Ilzarbe.
"Para esto se necesita voluntad política, que los grandes partidos frenen esto o que alguien lo pare en los tribunales. Esto está ocurriendo en toda España, es un escándalo monumental", dice Josemari Esparza, de la Plataforma navarra Ekimena, creada en 2007 para la defensa del patrimonio en esa comunidad.
Pero a los tribunales van los obispos, como hicieron con la ermita del Pilar, en Garisoain, que el Ayuntamiento se apresuró a registrar antes que ellos. Ganó el pueblo. "Les propusimos que la propiedad fuera del pueblo y ellos siguieran con el culto. Nanay, que ellos quieren la propiedad y punto. Encima no pagan ni el impuesto de bienes inmuebles", critica Ilzarbe.
En Huarte, también en Navarra, el alcalde pidió reunirse con el obispo. "Se negó y nos recibió el ecónomo. Nos mandó a los tribunales, y ahí estamos. Suerte que tenemos un documento de 1820 en donde la Iglesia da por buena la propiedad del pueblo sobre el templo", dice.
La Conferencia Episcopal Española deja el asunto en manos de cada diócesis. La de Navarra contesta: "La Iglesia no inscribe los edificios para apropiárselos, sino que los inscribe porque le son propios". Otra cosa, responden en un correo electrónico, "es que los Ayuntamientos quieran apropiárselos", por lo que tienen que "defenderse", aseguran.
"Si los edificios pasan a otras manos no hay garantías de que se sigan destinando al uso para el que fueron creados, como ya ha ocurrido", afirman. Y niegan que pasen a ser suyos solo porque los inscriban. "Cumplimos la ley de 1998: la Iglesia registra lo que es suyo", dicen en el mensaje. Explican también que su gasto en conservación del patrimonio es muy alto: "No es la Iglesia quien se está enriqueciendo con las aportaciones del Estado, sino que es el Estado el que se está ahorrando dinero con las aportaciones de la Iglesia".
Volvamos a Navarra. Y a su catedral. Con dinero público se pagaron millonarias reparaciones meses antes de que la diócesis la inmatriculara: 15 millones de euros. En 2006, el obispado la hizo suya y pusieron precio a las visitas y a las actividades que allí se desarrollaban, explican en la plataforma. "La Iglesia quiere la propiedad para tres cosas, vender, alquilar o hipotecar. Sabemos que ya se está vendiendo y alquilando, y desconocemos si se usa para hipotecas", dice Josemari Esparza.
Esparza cita un caso singular recogido en el libro que han publicado, el de San Miguel de Lizoain, un templo del siglo XIII "quemado y desacralizado donde el Ayuntamiento iba a montar un centro cívico. En 2003 la Iglesia la inmatriculó, el mismo día que el resto de los templos del valle, y ahora el Ayuntamiento ha tenido que comprarlo para hacer el centro que planeaba. Un negocio redondo", se indigna Esparza. Recuerda que antiguamente las iglesias eran el centro municipal, la escuela, el lugar de reuniones. Todo. "Finalmente, quedó casi en exclusiva como lugar de culto, pero nunca fue de ellos. Ahora en Tafalla cobran 300 euros por los conciertos de las bandas que se celebraban tradicionalmente allí. El negocio del futuro de la Iglesia es el inmobiliario", sigue Esparza.
En el libro de la plataforma se analiza también el caso de la capilla de San Fermín, emblemática en Pamplona. "En los archivos se recogen los inmensos esfuerzos que hubo de hacer la ciudad para construirla; tanto que tuvieron que suspender las corridas de toros durante seis años. No puede estar más acreditado que era de propiedad pública. Pues la diócesis la inmatriculó en 2003. Y hace bien de dinero con ella, por las bodas y otros ritos", explica Esparza.
En Navarra, la plataforma está pidiendo a los alcaldes que saquen normas que impidan especular con los terrenos aledaños a las iglesias, esos que se están inmatriculando.
¿De quién son las iglesias? Hay que bucear en los archivos para saberlo, y no siempre se tiene constancia. Para la Iglesia, "la posesión pacífica de bienes inmuebles durante más de 100 años es, jurídicamente, título de propiedad suficiente para inscribirlos legítimamente en el Registro de la Propiedad". Temen que los templos se usen para otros fines. Pero ese temor no puede extenderse a los frontones, los olivares, las casas rectorales, los cementerios. ¿O sí?
* El País - CARMEN MORÁN - 11/07/2011
Foto: La reparación de la Catedral de Navarra se pagó con dinero público antes de que la Iglesia se la apropiara.- elpais
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Sevilla.- Protesta para reclamar la urbanización de sus viviendas
El abogado del colectivo de afectados informó en un comunicado de que EPSA tenía la obligación de hacerse cargo de la urbanización de las fincas, pues estas "se vendieron como urbanizadas y así se pagaron, ya que hasta en el pliego de condiciones del concurso estaban descritas como urbanizadas". Sin embargo, la realidad con las que se han encontrado, según explicó el letrado del colectivo, es que las obras de urbanización "ni siquiera habían empezado a la fecha de la compraventa".
A tal efecto, el colectivo de cooperativistas advierte de que, mientras en mayo de 2011 finalizó la construcción de las viviendas en cuestión, "la entrega de las mismas no es posible, puesto que la Gerencia de Urbanismo, cumpliendo con la legalidad, no concede la licencia de primera ocupación hasta que no estén terminadas las obras de urbanización" del solar en el que está ubicada la promoción. Es decir, la Gerencia no permitirá la ocupación del inmueble si no están las calles y las acometidas de agua y luz terminadas.
"Tenemos las viviendas terminadas y no podemos acceder a ellas porque EPSA, desde 2007, no ha sido capaz de concluir la urbanización. Mientras, nosotros hemos ejecutado en su totalidad la construcción de 117 y 104 viviendas respectivamente, debiendo asumir los gastos financieros y demás sobrecostes derivados de dicho retraso, cosa inadmisible en los tiempos en los que estamos". A tal efecto, los cooperativistas celebrarán a partir de mañana una movilización a las 9 horas ante el Palacio de San Telmo, que se repetirá todos los martes. "Nos parece lamentable que se llegue a dar esta situación, generada por quien debe velar por los derechos de los ciudadanos y que desde sus despachos no ven nuestras necesidades", añade el comunicado.
* El Correo de Andalucía - 11.07.11
Foto: Sevilla, palacio-san-telmo - urbesevilla
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El TSJ ordena demoler el edificio Bernat de Orpesa
Derribo inminente
Desde el momento en que la resolución del TSJ es firme el derribo debe producirse sin dilación, entiende el citado letrado, Miguel Carceller, porque entiende que al haber sido orden ejecutiva el consistorio debe cumplirla y, de no poder, tiene la opción de recurrir a la policía judicial. El derribo deberá producirse en el plazo de un mes, de acuerdo con la memoria y proyecto de demolición aprobado por el ayuntamiento en 2010 y encargado a la constructora Piaf. El derribo afecta a la totalidad del inmueble, cuya licencia de obras decretó nula el Tribunal Supremo. Así, se derribarán las 127 fincas catastrales del inmueble, incluidos los garajes y trasteros.
El auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ratifica la sentencia emitida por él el 4 de febrero, instando a la ejecución de la sentencia que ordena el derribo del Bernat.
En ella tan sólo salva "la cimentación de pilotaje, la superficie de soleras". Fija en 24.000 los metros cúbicos a derribar. Indica que ninguna parte se puede salvar, puesto que el Tribunal Supremo, anuló en sentencia todas las licencias otorgadas, por lo que "la ilegalidad debe de ser proclamada de la totalidad de lo construido en base a las citadas licencias anuladas".
Mientras tanto, los propietarios de los apartamentos ocupan sus viviendas para pasar el verano y se muestran perplejos ante la posibilidad de que el desalojo y derribo se produzca en plenas vacaciones. Como último recurso han enviado al Tribunal Europeo una petición de amparo para intentar evitar la demolición de sus viviendas.
* Levante - 10.07.11
Foto: Orpesa (Castelló), edificio Bernat a demoler - levante
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Caso Brugal.- Un año que cambió Alicante
El escándalo que ha aflorado tras levantarse el secreto del voluminoso sumario (40.000 folios) ha tambaleado los cimientos del partido hegemónico en Alicante en los tres últimos lustros, el PP, y ha dejado al descubierto las ilícitas prácticas de sus dos empresarios de cabecera: el promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. Ambos controlan decenas de contratas adjudicadas por instituciones gobernadas por el PP.
La investigación sostiene que Ortiz y Fenoll han coronado sus imperios económicos a base de sobornar a los cargos del PP, bien en especies (las diligencias incluyen un torrente de regalos, desde lujosos relojes hasta viajes en jet privados) o en metálico. Ortiz optaba por los regalos; y Fenoll, por la entrega de sobres repletos de billetes.
El sumario ha puesto al descubierto la connivencia entre los empresarios y la clase política.
"Tú mandas", comenta en una de las escuchas de la causa la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al promotor Ortiz; O, "¿Qué pisos quieres?", pregunta el intermediario clave de la trama, Rafael Gregori, a Ripoll.
El 6 de julio de 2010, la policía arrestó a 11 personas, incluidos Ripoll, Ortiz y Fenoll. Éste y su clan empresarial (seis personas más), ya habían sido detenidos en mayo de 2007 en la primera fase policial de Brugal.
La génesis de este escándalo está en una insólita iniciativa de Fenoll. En marzo de 2006, el industrial puso en manos del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, un DVD que contenía un supuesto soborno por la basura de Orihuela. La grabación fue el hilo del que tiró Briones para desentrañar la que, cuatro años más tarde, se reveló como una gran madeja corrupta.
Con motivo del primer arresto de Fenoll, la policía se incautó en su empresa de centenares de grabaciones que delataban las prácticas del empresario. Fenoll, con ayuda de un detective, grababa todos los encuentros con políticos e intermediarios en los que amañaba contratas.
La investigación, dirigida por el Juzgado número 3 de Orihuela, completó las pruebas a base de escuchas telefónicas, entre marzo de 2007 y junio de 2010. El objetivo inicial de las intervenciones era el soborno de la basura de Orihuela. Pero las escuchas ofrecieron una montaña de réditos a la fiscalía y al juzgado. La trama no sólo pugnaba por ese contrato, sino también por el de la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja, y otra decena de contratas en diversos municipios alicantinos.
Las escuchas destaparon que no sólo era la basura el objeto de deseo de los supuestos corruptos. El urbanismo estaba también en su punto de mira. En este apartado, destaca el supuesto trato de favor por parte de la alcaldesa de Alicante y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Tras los arrestos de julio de 2010, el instructor general en la recta final de la investigación, Carlos San Martín, imputó a 18 personas por dos de las piezas centrales de la investigación (la basura de Orihuela y el Plan Zonal), entre ellos, Ripoll, Ortiz y Fenoll. Al primero, el juez le atribuye cinco delitos. El más destacado es un supuesto soborno de dos pisos o su equivalente en metálico -un millón de euros- por el plan zonal. La policía sostiene que Ripoll generó 1,3 millones de euros sin justificar tras adjudicar la contrata. San Martín se inhibió del resto de las piezas. La causa del PGOU de Alicante recayó en el juzgado número 5 de la capital. Su titular ha imputado a siete de los 21 acusados por el fiscal.
En este primer año desde que trascendió el contenido del sumario de caso Brugal la instrucción ha estado mediatizada por el aluvión de recursos de las defensas, con el objetivo de tumbar las escuchas. El instructor les ha abierto la puerta al anular parte de las intervenciones. El futuro del caso está ahora en manos de la Audiencia de Alicante que tendrá que validar o revocar el sorpresivo auto del juez.
Síntesis del 'caso Brugal'
- ¿Qué es el caso Brugal? Una investigación judicial sobre una supuesta trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en la provincia de Alicante.
- Origen de la Investigación. La investigación comenzó en marzo de 2006 a raíz de la denuncia de supuesto soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela por parte de Fenoll. Este entregó, en persona, un DVD que recogía el supuesto soborno (de la firma Urbaser a concejales de Orihuela, unos 200 millones de las antiguas pesetas) al fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. La investigación judicial la ha dirigido el juzgado número 3 de Orihuela.
- ¿Qué hechos delictivos investiga? La causa general se abrió por cohecho, tráfico de influencias y fraude. El sumario tiene tres piezas centrales y una veintena de ramificaciones. La primera indaga un supuesto cohecho por la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja, adjudicada por la Diputación de Alicante, que preside José Joaquin Ripoll. El juez sostiene que Ripoll adjudicó la contrata a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) por parte del promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. La segunda, indaga otro soborno a ediles del PP de Orihuela por la basura de Orihuela. Y la tercera, cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información en el trámite del Plan General de Alicante
- Imputados. Entre imputados, acusados e implicados el caso Brugal afecta a más de dos centenares de personas. Por el plan zonal hay 18 imputados. El de mayor calado es el líder de PP de Alicante a quien el magistrado atribuye cinco delitos, entre ellos, los de cohecho y tráfico de influencias. Junto a Ripoll, el juez también ha imputado a los tres ediles del PP Oriolano. También están imputados Ortiz y Fenoll y otro tercer empresario del sector de la automoción de Alicante, Rafael Gregori. Por el Plan General de Alicante hay ya siete imputados, entre ellos, el redactor del PGOU, Ortiz y su mujer. El fiscal acusa a otras 14 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, del PP, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi. En otra pieza separada que investiga un soborno por la basura de Calp hay 11 imputados.
- Muñidores. La policía y el fiscal sostienen que en la trama de la basura (contrata de Orihuela y plan zonal) los cabecillas son Ripoll, Fenoll y Ortiz. Y en el caso del PGOU de Alicante, el exalcalde Alperi, Ortiz y Castedo.
- Dádivas. El modo de operar de los dos empresarios de la trama para ganarse los favores de los políticos era a base de entregas de dinero en metálico o colmándolos de lujosos regalos. La lista en este segundo apartado es kilométrica, y destaca el viaje a Creta de Alperi y una concejal del PP de Alicante en un jet de la familia del exconsejero Cotino, por 40.000 euros.
* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 10/07/2011
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
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Cazalla.- La Fiscalía pide inhabilitar al ex alcalde una década después de ser denunciado
La acusación del Ministerio Público llega con un grave retraso debido a las paralizaciones que sufrió la causa en el juzgado al que correspondió la investigación, lo que podría incluso incidir en la posible prescripción del delito, ya que la petición de apertura de juicio oral se produce más de una década después de que se iniciara la investigación judicial en el año 2001.
El relato de hechos del Ministerio Público señala que siendo alcalde Ángel Rodríguez de la Borbolla se inició la construcción de la urbanización Olivar de la Vega, en la que el Ayuntamiento propuso la creación de un acceso que atravesaba una finca rústica privada de la que el regidor era copropietario. El alcalde cedió 693 metros cuadrados, valorados en 1.455,30 euros, y a cambio se le eximió del pago de los costes de urbanización que le correspondieran y que ascendieron a 17.578,69 euros.
Como compensación por la cesión, se acordó también "recalificar un trozo de terreno" propiedad del imputado y su familia, un terreno de 3.000 metros cuadrados que tenía como suelo rústico un valor de 6.300 euros, pero que pasarían a valer como urbano 187.920,99 euros.
Los acuerdos, que "recibieron la firma y visto bueno del alcalde, que era el propio beneficiario de los mismos", fueron certificados por el entonces secretario municipal, Jaime F. F., a quien la Fiscalía también imputa un delito de falsedad documental y reclama una condena de dos años de suspensión para empleo o cargo público.
* Diario de Sevilla - 9.07.11
Foto: Cazalla de la Sierra (Sevilla), ayuntamiento - turismorural
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El 15-M vuelve al lugar donde empezó todo
La iniciativa surgió en Barcelona, pero fue en Valencia donde se lanzaron primero a la carretera el pasado 20 de junio. Después le siguieron muchas más ciudades que habían albergado acampadas del 15-M en sus plazas. La marcha se divide en seis rutas: sureña, suroriental, nororiental, norteña, este y la noroeste [ver gráfico]. La ruta extremeña comenzó su camino pero se volvió pronto a casa.
La rutina del caminante
La jornada comienza para la mayoría de los viajeros a las cinco de la mañana. Tras levantar el campamento y desayunar algo se preparan para realizar el itinerario marcado: 20 ó 22 kilómetros cada día.
"Es una paliza, pero ya hemos acostumbrado el cuerpo a ese ritmo", dice Aldo, que participa en la marcha que salió de Barcelona. En total caminan cada día aproximadamente seis horas por la mañana y dedican la mayor parte de la tarde a hablar con la gente de las localidades por donde pasan.
"Salimos con una mentalidad y hemos tenido que cambiar el chip. Al principio íbamos con el megáfono, gritando consignas. Pero conforme nos adentrábamos en los pueblos, aplicamos un trato más cercano, más familiar y, al final, más productivo", explica Guzmán desde la marcha que partió de Valencia.
Los que iniciaron la caminata saben que no es fácil animar a la gente a unirse a la marcha. Jorge, de Murcia, explica: "Llevamos 16 días de viaje y más de 200 kilómetros a nuestras espaldas. Cada pueblo nos motiva a seguir. Saben lo que estamos haciendo y nos apoyan".
Uno de los aspectos que más les está llamando la atención es el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Hace tres días, la Guardia Civil nos escoltó porque caminábamos por la autovía, nos acompañaron hasta un camino de servicio y no multaron a nadie", relata David, de Bilbao.
La nota peculiar llega desde la marcha que viene del noroeste. Pablo Novoa, caminante gallego, comenta que durante cuatro horas tuvo unos singulares compañeros de viaje. "La televisión pública de Corea del Sur nos acompañó para entrevistarnos. Estaban interesados en el movimiento de los indignados porque en su país hay manifestaciones de universitarios".
Una experiencia irrepetible
"Lo más impresionante es que desde distintos puntos de España la gente ha decidido echar a andar hacia Madrid, rechazando la corrupción, con el deseo de mayor transparencia y pidiendo una democracia más participativa", expone Pablo. Para Daniel, de la marcha asturiana, participar supone un desafío: "Es una experiencia increíble y para mí, con mis muletas, es un reto. A nivel colectivo está siendo muy gratificante, nos complementamos y hacemos que esto funcione".
El movimiento cuenta con diversas plataformas de difusión en redes sociales que se actualizan con frecuencia. Tienen un blog donde comparten la aventura a través de un Diario de ruta, en el que relatan su experiencia, el lugar en que se encuentran, las incidencias surgidas y exponen sus necesidades.
Todas las marchas tienen necesidades similares: comida, agua, material sanitario, coches de apoyo, pero, por encima de todo, la solidaridad. Buscan personas dispuestas a colaborar ofreciendo un lugar de descanso o ayudando a montar las tiendas y, por supuesto, participando con sus ideas. Como cuenta Enrique, de la marcha riojana, los objetivos de la marcha son fundamentalmente dos. Se trata de "extender e informar sobre las ideas del movimiento a la gente que no puede acercarse a las capitales de provincia, y recoger propuestas, ideas y quejas para ponerlas en común y seguir trabajando."
Aunque quedan menos de 100 días para la manifestación del 15 de octubre, los planes de futuro van más allá y comprenden la creación de un foro social con todos los participantes del movimiento español y otro foro a nivel europeo. El proyecto de la marcha incluye la elaboración de un libro que recogerá las inquietudes, reivindicaciones, experiencias y luchas que se hayan reunido a lo largo del camino.
"Decimos a los pueblos que no están solos"
Carlos Pinto. Caminante de la ruta suroriental
1 - ¿Desde cuándo forma parte del Movimiento 15-M?
Desde el primer día. Estuve acampado dos semanas en Málaga, pero tuve que volver a casa por temas de estudios. Me identifico plenamente con los ocho puntos que reclama Democracia Real Ya.
2 - ¿Qué motivos le llevaron a unirte a la marcha?
Siempre me había hecho ilusión la idea de recorrer España con la mochila. Ya en la acampada habíamos hablado, medio en broma, de ir a Madrid. Cuando realmente se planteó la posibilidad de ir me hizo doble ilusión.
3 - ¿Cuál es su aportación a este proyecto?
Organizar la ruta de Málaga, después Granada se unió a la marcha y hubo que adaptarla variando un poco el itinerario.
4- ¿Cómo es el día a día?
Somos un grupo completamente dispar. Casos significativos de esa diversidad pueden ser la chica de 17 años que venía con nosotros, que ya abandonó la marcha, y un hombre de 71 años que aún continúa, y somos amigos. Es un movimiento apartidista, nos une una causa común. Aunque también es muy duro, el calor es a veces excesivo y el agua escasea, pero la hospitalidad de los pueblos es enorme.
5 - ¿Qué objetivos persiguen los indignados?
Buscamos explicar el modelo participativo del movimiento y recoger propuestas y demandas. Se trata, en definitiva, de demostrarle a los pueblos que no están solos.
* Público - MAITE INIESTA - 10/07/2011
Foto: Mapa rutas - publico
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Estepona.- El director comercial de Aifos también está imputado en el caso Astapa
La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación en Malaya que García Lebrón, junto al presidente de la promotora, Jesús Ruiz, y los directivos Jenaro Briales y José Andrés León presumiblemente pagaron sobornos al ex asesor de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca por importe de 4,8 millones de euros.
Las supuestas comisiones ilegales, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, se aportaron entre el 22 de enero de 2004 y marzo de 2006. Para el fiscal los posibles sobornos están relacionados con "ciertos convenios" suscritos entre la promotora y el Ayuntamiento de Marbella, entre los que figura el referido al hotel Guadalpín Banús para "legalizar" un aumento de edificabilidad de 2.000 metros y el relativo al proyecto Guadalpín Village, que también preveía incrementar el volumen edificable en 4.000 metros. "Como contrapartida" a ambos acuerdos, según Anticorrupción, Aifos debía abonar 4,5 millones de euros, de ellos dos millones al Ayuntamiento y los 2,5 restantes "directamente al señor Roca".
La investigación de los excesos urbanísticos en el Guadalpín fue, precisamente, lo que detonó el caso Malaya al hablar el director de los servicios jurídicos de urbanismo, Jorge González, ante el juez del poder que Juan Antonio Roca ejercía sobre los concejales y de sus manejos en el urbanismo. La Fiscalía pide para García Lebrón en el caso Malaya cinco años de prisión y ocho millones de multa por presunto delito de cohecho, mientras que para Eusebio Sierra reclama otros dos años de prisión y 120.000 euros de multa, porque supuestamente pagó un soborno de 60.000 euros a Juan Antonio Roca. La dádiva, de acuerdo con la documentación hallada por la Policía en las oficinas de Maras Asesores, vinculadas a Roca, se produjo el 4 de diciembre de 2002.
* Málaga Hoy - 10.07.11
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
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El Rosario.- El Supremo ratifica la sentencia de 2007 que anuló el Plan de El Varadero
Ello es así porque el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia dictada el pasado 27 de junio, rechaza la causa de inadmisibilidad que planteaba la promotora Amador Díaz Ramos SL y, por lo tanto, ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 17 de julio de 2007 que declaró nulo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Rosario de 29 de julio de 2004 por el que se declaró aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan Parcial de El Varadero.
El Supremo sí estima el recurso de casación del promotor de la urbanización, presentado el 8 de octubre de 2007, al considerar que la sentencia del TSJC no se pronunciaba sobre la posible inadmisibilidad del recurso interpuesto por IR-Verdes que conllevó la anulación del Plan (incurriendo así en lo que se denomina "incongruencia omisiva" al no dar respuesta a alguno de los planteamientos que aducen las partes litigantes). Sin embargo, el alto tribunal, después de admitir el recurso de casación, pasa a analizar la pretendida inadmisibilidad del recurso, rechazándola y, por lo tanto, ratificando la cuestión de fondo que establece la sentencia del TSJC.
Dicha sentencia consideraba estimado el recurso interpuesto por IR-Verdes contra la aprobación del Plan de El Varadero, anulando al mismo tiempo el acuerdo plenario impugnado por el citado grupo político de la oposición del Ayuntamiento de El Rosario, liderado por Escolástico Gil.
Con el pronunciamiento del Tribunal Supremo son ya seis las sentencias favorables a la anulación del Plan Parcial tramitado favorablemente por el Ayuntamiento de El Rosario y la propia Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), después de otras cinco resoluciones del TSJC recaídas en 2005 (1), 2006 (1), 2007 (2) y 2009 (1), que señalan lo mismo: la urbanización prevista no sería legal porque la zona es una ladera con máxima protección ambiental en el PIOT.
Aún queda por dirimirse la parte penal del proceso después de la denuncia formulada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra el anterior Grupo de Gobierno de El Rosario por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por la tramitación, en 2002, y la aprobación por silencio administrativo en 2004 del Plan Parcial de El Varadero.
La investigación judicial la lleva a cabo el magistrado Juan Carlos González Ramos y en ella se ha declarado imputados a los miembros del anterior gobierno en una causa en la que también se ha personado IR-Verdes ejerciendo la acción popular. El alcalde, Macario Benítez, acudió al juzgado a declarar el pasado 19 de febrero de 2009 y el 7 de mayo de ese mismo año lo hizo la primera teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Ana Lupe Mora.
* El Día - 10.07.11
Foto: El Rosario (Tenerife) - adelur.org
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