* YouTube - kaos7852 - Junio 2011
Música: Muse
El 19-J toma la calle contra el pacto del euro
Pontevedra.- El látigo del urbanismo en la costa
Con la Ley de Costas en una mano, pero no con el Plan de Ordenación do Litoral (POL) en la otra, combaten desde hace ocho años cualquier actuación nueva o pasada que, en su opinión, pueda infringir la legalidad vigente. Díaz rechaza el POL porque «se basa en un decreto anterior, el 158/2005, que está pendiente de un hilo», dice, refiriéndose a otro pleito emprendido por el «intento de usurpar por parte de la Xunta competencias de la Ley de Costas». Paradójicamente, sus enemigos más frecuentes a batir son las propias Administraciones públicas que, en buena ley, deberían ser las garantes de preservar el buen uso del dominio público marítimo-terrestre. Pero, por lo que dictan los tribunales, no parece que siempre esté siendo así. Al propio Ministerio de Medio Ambiente se le han sonrrojado sus mejillas al menos en dos ocasiones por «culpa» de la asociación fundada por Francisco Díaz. La última, con la reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre la situación administrativa de los terrenos que ocupa la factoría Ence en las antiguas marismas de Lourizán.
La ex conselleira de Pesca Carmen Gallego también fue objetivo de su diana a causa de los metros en los que la vivienda de su entonces marido se adentra en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, o la ex jefa provincial de Costas, Cristina Paz Curbera, por igual motivo. El ex alcalde de Sanxenxo y actual portavoz municipal del PP en Pontevedra, Telmo Martín, también inspiró más de un recurso, tanto como regidor de la localidad más turística de Galicia como por su faceta de socio de la promotora pontevedresa Construcuatro. Pleitos en los que también tuvieron algo que ver algunas resoluciones del ex conselleiro de Pesca Enrique López Veiga.
Con mayor o menor éxito, todos ellos han sido expuestos, siempre primero ante la propia Administración o en su defecto ante los tribunales, por supuestas irregularidades urbanísticas en la costa. «Espero que aprendan algo de las consecuencias del silencio administrativo», dice Díaz, que se confiesa cansado de terminar siempre ante los tribunales por la inacción de la vía administrativa.
La antigua marisma
En la ejecutiva de Salvemos Pontevedra, en la que además de Díaz Sánchez se sientan también Fabián Estévez, Jesús López, Pilar Taboada y Edelmiro Domínguez, entre otros, se han empeñado en recuperar la antigua marisma de Lourizán, al margen del propio Ayuntamiento pontevedrés, que siguiendo su propia estrategia se desmarcó del pleito con el que el colectivo quiere lograr este objetivo. Por ello, Ence no es ni mucho menos la única pieza de este puzle. También lo son la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar), el emisario submarino, la autovía de Marín, la proyectada variante, y el supernudo en tres niveles, que, probablemente, también les acabará enfrentando en los tribunales con el Ministerio de Fomento.
Los llamados núcleos de litoral, un problema urbanístico de primer orden que se concentra sobre todo en Marín, Vilaboa y A Illa de Arousa, o el plan acuícola que también impulsó Gallego, se han topado con SP.
Paradójicamente, sus enemigos más frecuentes son las propias Administraciones
«La Xunta de Galicia siempre intentan usurpar competencias de la Ley de Costas»
«Espero que aprendan algo de las consecuencias del silencio administrativo»
* La Voz de Galicia - 19.06.11
Foto: La denuncia sobre Ence pretende recuperar el espacio original, sin fábrica ni autovía ni depuradora.- lavoz
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Palma.- Anticorrupción imputa a Vicens cohechos, estafa y delitos fiscales por Son Oms
Las pesquisas sobre Son Oms empezaron en octubre del 2007 con unas diligencias informativas de la fiscalía, dirigidas contra Bartomeu Vicens, entonces diputado por UM en el Parlament balear, y Maximilià Morales, expresidente de dicha Cámara con UM. Casi cuatro años después, el caso gira sobre los mismos hechos denunciados, un supuesto entramado de corrupción en torno a la génesis y explotación del área industrial palmesana, pero con el añadido de descubrimientos relevantes realizados por los investigadores de la Policía y la Agencia Tributaria. Estas pistas giran en torno a Metalumba, la empresa tapadera de Vicens y su esposa Antònia Martorell, y Gestora de Desarrollo Son Oms, una sociedad vinculada al abogado Jaime Montis y que se dedicó a impulsar el área industrial.
El sumario, tras pasar por el Tribunal Superior de Justicia debido a la condición de diputado de Vicens, se ha reactivado hace algunas semanas, tras pasar meses paralizado. La acumulación de asuntos de corrupción que investigan los fiscales Carrau, Horrach y Subirán, unida a la elevada carga de trabajo del juez Juan Ignacio Lope Sola, que también se ocupa de los casos Maquillaje e Ibatur, ha empantanado Son Oms.
Anticorrupción propone para salir del bloqueo dividir la causa en cuatro piezas separadas, en dos de las cuales el principal imputado sería Vicens, defendido por Valdivia y Campaner.
La primera pieza ya está creada y versa sobre una presunta estafa de la que habrían sido víctimas pequeños propietarios de solares en Son Oms, entre ellos Ángel Ochando (denunciante del caso) por parte de la junta de compensación del polígono y un posible desvío de fondos de esa entidad.
La primera pieza contra Vicens sería por el cobro de sobornos a cambio de favores urbanísticos en Son Oms y los delitos fiscales cometidos al invertir ese dinero negro en naves, solares y vehículos. La segunda giraría en torno al papel de Vicens para convencer a los dueños de parcelas rústicas en Son Oms a la cesión gratuita del 15% de sus solares recalificados a Montis. La tercera enjuiciaría un presunto delito fiscal de Montis.
* Diario de Mallorca - 18.06.11
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
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Madrid.- La Cañada Real Galiana. Un barrio por construir
Naturaleza) la competencia de custodia y vigilancia sobre las cañadas. El 18 de octubre de 2007 la Cañada Real Galiana saltaba en la opinión pública a través de los telediarios por el violento desalojo y derribo de la vivienda de una familia marroquí, que culminó con nueve detenidos y decenas de heridos. Millones de personas conocieron ese día la existencia de una ciudad precaria a las afueras de Madrid de la que nunca habían oído hablar. En los treinta y tres años que separan ambos episodios, el número de habitantes de la “Cañada Real” ha pasado de apenas superar el centenar a más de veinticinco mil.
Viviendas y cobertizos han cubierto la mayor parte del camino, dejando el espacio
imprescindible para una calle central de paso de vehículos. Actividades humanas de
todo tipo, desde empresas de chatarra a cría de caballos, pasando por venta de helados,
panaderías, restaurantes, centros de culto religioso, talleres mecánicos o consumo y
venta de drogas, han tomado el relevo de la antigua trashumancia ganadera. Incluso, el
Ayuntamiento de Madrid ha asfaltado los kilómetros necesarios para el paso de sus
camiones hacia el vertedero de Valdemingómez. En la actualidad, la Cañada Real
presenta un aspecto plenamente urbano, siendo el paso de ganado el último uso que
cabría imaginar. El vial ya sólo conserva el nombre de “cañada” como vestigio de lo
que fue en épocas pasadas.
En marzo de 2011, el parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid ha aprobado
una ley por la que la Cañada Real deja de ser de dominio público y por la que se
establece un plazo de dos años para que ayuntamientos, Comunidad Autónoma y
Delegación del Gobierno negocien con las asociaciones de vecinos un plan social.
Aunque de hecho es un barrio de Madrid, la mayoría de madrileños vive de espaldas a
sus vecinos de la Cañada Real, conociendo ocasionalmente tan solo aspectos parciales o
escasamente representativos por las noticias que muestran los medios de comunicación.
El presente texto reflexiona sobre esta realidad cercana y lejana al mismo tiempo, con
la mirada puesta en la capacidad de sus propios habitantes para participar de forma
articulada y democrática en los cambios que han de venir.
En los márgenes de la capital
Es sorprendente cómo durante décadas puede consolidarse un asentamiento de decenas
de miles de personas a menos de quince kilómetros de la Puerta del Sol, pasando casi
desapercibido para el resto de la población y sin apenas intervención de las diferentes
administraciones.
La ocupación y edificación en las vías pecuarias es un fenómeno común en la península
ibérica, correlativo a la decadencia de la trashumancia, que se acelera en la segunda
mitad del siglo XX.
La Cañada Real Galiana atraviesa de norte a sur la península entre
La Rioja y Ciudad Real con una anchura aproximada de 75 metros. Es a partir de los
años sesenta cuándo se producen las primeras parcelaciones de la misma a la altura de
Coslada y Madrid. Los terrenos que se empiezan a ocupar son dedicados
mayoritariamente a pequeñas huertas, siendo escasa la presencia de viviendas
permanentes.
Hasta mediados de los años setenta la ocupación de la zona se desarrolla pausadamente,
como una fina lluvia apenas perceptible. A partir de esa etapa, en el tramo más
próximo a Coslada y coincidiendo con el crecimiento de este municipio por la
emigración del campo a la ciudad, el número de construcciones aumenta rápidamente,
ejerciendo al mismo tiempo una presión para la expansión de las parcelaciones hacia el
sur de la vía pecuaria, llegando hasta el término municipal de Getafe. En esta etapa
aparecen las primeras asociaciones de vecinos, distribuidas en seis sectores
equivalentes a seis tramos de diferentes longitudes.
Desde los años ochenta se suceden oleadas de nuevos pobladores que, en líneas
generales, atienden a la siguiente cronología: en los años ochenta población gitana
española; en los años noventa y principios de siglo población marroquí y gitana
rumana; de 2005 en adelante población fundamentalmente gitana, expulsada de diversos núcleos chabolistas desmantelados en la Comunidad de Madrid.
El uso de las construcciones para vivienda familiar se intensifica a finales de los años 90 y se
consolida en la década siguiente en un contexto de rápido aumento del precio de los
pisos en el mercado español y la llegada masiva de inmigrantes con escasa capacidad
económica. Desde el año 2004 se instala el núcleo chabolista de “El Gallinero”, a un kilómetro del trazado de la vía pecuaria y sobre terrenos privados. Lo habita población rumana gitana,
sin apenas recursos, con unas condiciones de habitabilidad infrahumanas atenuadas en
parte por la asistencia de voluntarios de la cercana Parroquia de Santo Domingo de la
Calzada, entidades como Fundación Imaginario Social, Asociación El Fanal y Cruz
Roja, además de servicios sociales municipales y autonómicos.
Tolerancia consciente
Hasta la confección y promulgación de la nueva ley de la Cañada Real, confluyen en la
zona diferentes competencias administrativas. La Comunidad de Madrid es la titular del
terreno, gozando de las mayores prerrogativas para recuperar el vial. Los municipios
por dónde discurre la zona poblada de la Cañada (Madrid, Coslada y RivasVaciamadrid) ostentan una competencia residual en materia de disciplina urbanística que, en todo caso, debe contar con la firma de un Convenio específico con la Comunidad de Madrid.
Al no contar con ese acuerdo y, de hecho, estar ejerciendo una
verdadera labor de custodia de la vía pecuaria incurren, presuntamente, en desviación
de poder. Por último, el Gobierno central detenta competencias en materia de
seguridad ciudadana.
En todo este tiempo, la Cañada Real Galiana no ha sido objeto de tratamiento
específico y decidido por ninguna administración, quedando orillada en las diferentes
actuaciones que a lo largo de tantos años se han emprendido en la región (Ley Especial
9/1985 para el Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales en la Comunidad de
Madrid, Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, Plan General de
Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid de 2003, etc.).
El proceso de transferencia de competencias al gobierno regional tampoco desembocó
en políticas concretas sobre la senda. En 1983 se aprueba el Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid, que otorga a ésta la competencia fundamental en vías
pecuarias. En 1998 se aprueba la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid
que, en su artículo 10, encomienda al gobierno de la región la “recuperación,
ampliación, conservación, mejora, administración, tutela y defensa de las vías pecuarias
cuyo itinerario discurre por su ámbito territorial”. Esta misma ley establecía la
obligación legal, nunca cumplida, de aprobar un Plan de Uso y Gestión que planificase
las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.
Algunas intervenciones públicas puntuales incluso parecían dar por sentado la
normalización de la zona. Durante años, los municipios de Madrid y de RivasVaciamadrid han girado recibos de la “contribución” (IBI) a muchos de los habitantes.
Con motivo de las obras de infraestructura que atraviesan la vía pecuaria (M-50, M-45,
ampliaciones de la A-3), los ocupantes de las parcelas situadas dentro del trazado
planeado fueron indemnizados generosamente a cambio de su desalojo. Hasta el año
2007 no se tiene constancia de ningún derribo de viviendas que estuviesen habitadas.
Más recientemente, la Confederación Hidrográfica del Tajo indemnizó a varios
ocupantes por el abandono de las parcelas afectadas por las obras de encauzamiento del
arroyo Los Migueles, afluente del Tajo.
En tanto que planes urbanísticos y remodelaciones barriales pasaban de largo sin
detenerse en la Cañada, a partir de finales de los noventa creció un mercado de compraventa informal de parcelas entre primeros ocupantes y nuevos vecinos que, a los pocos
años, vivió su particular boom inmobiliario en paralelo al que se desarrolló en el resto
del país. Este mercado de suelo al margen de registros y notarías propició - en un
tramo aproximado de un kilómetro junto a la A-3 - la instalación de varios clanes de
venta de droga que compraron grandes parcelas a los primeros habitantes a medida que
otros enclaves se iban desmantelando en la región.
En definitiva, hablamos de un prolongado proceso de consolidación de un barrio entero
con la permisividad de las administraciones públicas. Sin esa tolerancia no sería posible
que miles de familias emplearan sus ahorros, incluso con préstamos bancarios
personales, para la compra de terrenos a los antiguos propietarios y la construcción de una vivienda estable. La evidencia de que aquella compra era “normal” la tenían en las
decenas de viviendas de la década de los setenta que nunca han sido perturbadas por
autoridad alguna. Podemos afirmar que, paradójicamente, la inacción de las autoridades
a la hora de aplicar las normas legales ha aportado el grado de seguridad jurídica
necesario para la normalización del comercio de terrenos y viviendas en una franja
terreno de dominio público en la periferia de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid cambia el paso: los expedientes de demolición.
A partir del año 2005 el Ayuntamiento de Madrid comienza, en su término municipal, a
abrir expedientes de demolición de manera sistemática a muchas construcciones,
incluyendo viviendas, de la Cañada Real Galiana. Los expedientes por haber construido
sin licencia sobre una vía pecuaria no afectan a todas las construcciones, ni mucho
menos, pero sí abarca un número considerable.
La decisión significa un verdadero volantazo en la dirección seguida durante décadas, y
los motivos de ese giro, nunca explicados por el consistorio, pueden relacionarse con la
aprobación de los nuevos planes de expansión del municipio (El Cañaveral, Los
Ahijones, Valdecarros, Los Berrocales y Los Cerros) y que lindan con la Cañada Real,
así como la promoción de Madrid como candidata a albergar los Juegos Olímpicos de
2012, primero, y 2016 después.
La respuesta de los vecinos a estos expedientes se produce de forma individualizada, la
mayoría de las veces a través de defensa legal particular que recurre los
procedimientos. En otras ocasiones, sobretodo entre la población inmigrante, se ignoran
las notificaciones en parte por desconocimiento (analfabetismo, dificultades para
entender castellano, menos aún un documento administrativo), en parte por falta de
recursos, y en parte porque, tras décadas de construcción sin molestias, la posibilidad
de derribo aparecía como algo remoto. En otras ocasiones, dada la dificultad de
notificar debidamente al interesado la apertura de un expediente, el Ayuntamiento de
Madrid pone en marcha y ejecuta expedientes de demolición a través de publicaciones
en el Tablón de Anuncios del municipio, hasta el punto de que algún derribo se produce
tras varios años de tramitación sin que se entregara un solo papel a los habitantes de la
vivienda.
Derribos de viviendas habitadas
En torno a 2007 terminan su tramitación administrativa algunos expedientes de
demolición iniciados en 2005, dejando vía libre al Ayuntamiento de Madrid para
solicitar la autorización judicial de entrada en domicilio necesaria para desalojar y
derribar. Tras medio siglo de urbanización consentida de la Cañada Real, el gobierno de
Ruiz-Gallardón, aplica su maquinaria institucional para el derribo de decenas de
viviendas familiares.
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Las demoliciones no contemplan alojamiento alternativo para sus ocupantes, a pesar de
que los principales afectados suelen ser familias inmigrantes o gitanas con escasos
recursos. Los modos en que se producen, con gran despliegue de antidisturbios, actitud
agresiva de los funcionarios, toque de queda durante el derribo para las zonas
adyacentes y pérdida de objetos personales bajo los escombros, parece esconder un
ánimo ejemplarizante. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid actualiza en su página
web cada nuevo derribo, el mismo día en que se produce, conformando un completo
historial de efectividad burocrática.
Amnistía Internacional, en su reciente informe sobre España “Derechos a la
Intemperie” ha denunciado estos derribos por ser contrarios al “Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)”, ratificado por España en
1977, que reconoce el derecho a la vivienda como derecho fundamental, y a los
“Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados
por el Desarrollo” que contienen un sistema garantista de los derechos humanos para
casos de desalojo masivo como el de la Cañada.
La reacción vecinal a las constantes demoliciones de los últimos tres años ha sido hasta
ahora episódica, con movilizaciones puntuales no mantenidas en el tiempo. Las
asociaciones de vecinos existentes tampoco han favorecido la articulación de los
habitantes y los colectivos que intervienen en la zona al estar centrados en la idea de
legalizar sus viviendas, más que en paralizar los derribos. Hasta hace poco albergaban
la esperanza de que, sin hacer mucho ruido, la Comunidad de Madrid aprobaría una ley
con facilidades para la venta de terrenos a los ocupantes, al menos a los más antiguos,
que son precisamente aquellos con más influencia en las asociaciones de vecinos.
La nueva ley de la Cañada Real Galiana.
En la primavera de 2009 se alcanzó un acuerdo entre administraciones para la
elaboración de una ley para la Cañada Real. A los pocos meses, siguiendo la corriente
iniciada por Madrid, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid abrió simultáneamente
más de trescientos expedientes de demolición sobre las construcciones situadas en su
término municipal. Este municipio está gobernado por Izquierda Unida en coalición
con PSOE, lo que explica una política de amagar sin llegar a derribar, que pretende por
un lado contentar a un electorado favorable al desmantelamiento de la Cañada (en
especial electores de los barrios colindantes), y por otro lado no contradecir una
herencia histórica de izquierdas que incluye procesos de movilización vecinal en
barrios humildes de los años setenta y ochenta.
Finalmente, tras dos años de espera y un goteo constante de demoliciones, la Comunidad de Madrid ha aprobado la ley de la Cañada Real Galiana 2/2011, que establece un régimen jurídico específico para la zona. Las dos ideas fundamentales de la norma son la “desafectación” de la vía (deja de ser dominio público), y el establecimiento de un plazo de dos años para que las administraciones implicadas (ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno) suscriban un acuerdo marco que resuelva “todas las cuestiones derivadas de la ocupación,
desafectación y destino de los terrenos, …, dando en todo el proceso participación a
los afectados debidamente representados en asociaciones acreditadas.” (Disposición
Adicional 1ª de la ley). En este punto, la propuesta de los ayuntamientos de Madrid y
Rivas es derribarlo todo para convertirlo en zona verde, algo que podría contentar a una
idea ecológica indiferente ante necesidades sociales urgentes o a un electorado en
posiciones cada vez más conservadoras. Desde colectivos variados han aparecido sin
embargo propuestas más sensatas que no conlleven el desmantelamiento total.
Con esta ley, la Comunidad de Madrid ha conseguido superar el anterior marco legal
que le atribuía las mayores competencias y la colocaba como responsable última. Al
desaparecer legalmente la vía pecuaria, ya no podrá mirarse a la Comunidad para pedir
explicaciones. Además no se hace ninguna alusión a las viviendas ya derribadas ni a los
procedimientos de derribo en curso. Lo único claro en la ley es que la Cañada Real deja
de ser de dominio público (desafectación), el resto de sus contenidos, en especial el
acuerdo marco, están por definir.
Por la construcción colectiva de un barrio
La crisis económica golpea sin contemplaciones a la población de la Cañada Real. El
índice de paro, ya elevado en cualquier barrio, es especialmente alarmante en la zona.
Mucha de la población inmigrante masculina, dedicada hasta hace poco a la
construcción, sin apenas formación, y dificultades para aplicarse en otros sectores. La
imagen que proyectan los medios de comunicación relaciona inseguridad con minorías
étnicas, y reduce aún más las posibilidades de acceso al empleo de la población de la
Cañada. A medida que las prestaciones y subsidios se van agotando las situaciones
personales empiezan a ser dramáticas. Nada de esto impide al Ayuntamiento de Madrid
seguir adelante con sus procedimientos de derribo.
La situación actual llama a la movilización, en primer lugar para defenderse de los
derribos y buscar la solidaridad entre los habitantes, y en segundo lugar para participar
con fuerza propia en el proceso de negociación que, al menos en el papel de la ley, debe
producirse entre vecinos y administraciones. Al contrario de lo que a veces cabe pensar,
la organización de personas con problemas básicos (como el derecho a la vivienda), no
resulta ni mucho menos fácil. Una extendida desconfianza, tras años de penosidades en
un entorno de desinformación, la cultura a veces predominante de “sálvese quién
pueda”, y las diferencias culturales de colectivos llegados de casi todas partes son
obstáculos difíciles de superar. Si en las capas sociales medias y altas se producen
luchas por posiciones de poder, en los sectores precarizados y vulnerables, a falta de
una izquierda comprometida con su causa, los de abajo compiten entre sí o recelan en
un ambiente de gran incertidumbre vital. El resultado es el individualismo, el
crecimiento de la diferencia y la xenofobia.
Con todo, la realidad se empeña en demostrarnos que precisamente en la organización
del descontento reside un potencial liberador aún por destapar. A través de la
cooperación y la movilización sostenida por reivindicaciones justas las anteriores
dificultades son superadas al encontrarse unas personas con otras, al ver su situación
reflejada en su vecino, al reconocerse como semejantes en un proyecto compartido. Lo
que en un contexto de atomización social pueden ser marcadas diferencias de clase,
género, raza o religión, en un proceso colectivo legítimo puede transformarse en
elementos enriquecedores, integradores y movilizadores.
Desde comienzos de 2011, algunos vecinos vienen organizándose en asambleas y
reuniones varias, desarrollando una generosa y difícil labor de encuentro, que empieza
a ver algunos frutos en movilizaciones y expresiones de comunicación social
(fotografías, murales, radio, vídeo, textos, …). Multitud de personas y colectivos con
diferentes vínculos en la Cañada aportan dedicación, análisis y herramientas que sumen
a ese proceso. Tímidamente, aunque con raíces cada vez más profundas, la creatividad,
la alegría, la humanidad comienzan a aflorar y casi de forma natural se está levantando
un barrio nuevo sin necesidad de tirar el que ya había. En una pared cercana a una
vivienda derribada se lee “nosotros sólo llegamos, también aquí hay amores, también
aquí sentimos”. No se olvida el pasado ni se parte de cero, sino que anteriores episodios
y en general toda la memoria de la Cañada se incorpora al presente cargada de nuevos
significados. Poco a poco, gota a gota, el río se va llenando.
Nuevos escenarios
Al calor de las movilizaciones del 15 de mayo, algunos vecinos de la Cañada Real han
estado presentes durante las primeras semanas de protesta en la Puerta del Sol,
apoyando el movimiento y recabando apoyos para la paralización de los derribos de la
zona. La emergencia del movimiento 15-M, capaz de aglutinar muchos descontentos,
ha llenado de esperanzas a miles de personas honestas y luchadoras. Con todas las
cautelas del momento, merece la pena apuntar que una gran parte de su futuro reside en
su capacidad para incorporar múltiples conflictos abiertos en la sociedad de la que ha
surgido.
El miércoles 15 de junio se ha paralizado un desahucio en el barrio de Tetuán con la
presencia más de quinientas personas bloqueando el portal, convocadas por, entre otros,
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Democracia Real Ya, y el movimiento
15M. Algunos habitantes de Cañada Real han acudido para apoyar esa acción y
difundir su propia situación. La apertura del movimiento 15-M a otros frentes sociales,
de manera no instrumental, conduce a multiplicar el movimiento y llenarlo de
reivindicaciones tangibles, con capacidad para hacerlas realidad aquí y ahora.
* Javier Rubio, abogado. Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)
* Nodo50 - Opinión - 16.06.11
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El 15-M se juega su futuro
"El 19-J va a ser más importante que lo de Barcelona", resalta el profesor de Ciencia Política de la UNED Jaime Pastor, que sostiene que el movimiento "ha aprendido la lección del traspié" en el Parc de la Ciutadella, como se pudo ver un día después en la concentración pacífica en Les Corts Valencianes, en el debate de investidura de Francisco Camps.
La relevancia de esta jornada se debe al carácter europeo de la convocatoria y a que el movimiento se está dotando de contenidos políticos y sociales, sostiene Pastor. El lema para que la ciudadanía vuelva a tomar las calles reza: "Europa para los ciudadanos y no para los mercados". A lo que añaden su clásica coletilla: "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros".
Además, han empezado a funcionar las convocatorias a pequeña escala, desde los barrios. Sólo en Madrid, 104 asambleas de barrio han llamado a la movilización que culminará en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.
El riesgo mayor, la violencia
Uno de los riesgos para la supervivencia y el éxito del 15-M es "la violencia", subraya Manuel Jiménez, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien recuerda que algo similar ocurrió a principios de la década pasada con otros movimientos. "Las acciones de desobediencia civil pacífica son muy difíciles de gestionar", señala Jiménez. Unas veces por los medios que se emplean para mantener el orden público. Y otras por la presencia de grupos violentos que aprovechan estas convocatorias para colarse y provocar.
En este sentido, enfatiza la importancia de "no poner en riesgo la integridad física de nadie ni los bienes inmuebles" para que el movimiento preserve apoyo social. Por otro lado, el profesor recuerda que la cultura de protesta en España "ha sido muy pacífica en general". Algo que vincula a la Transición que en cierta medida desmovilizó a la sociedad y a la existencia de ETA.
Lo cierto es que el 15-M está tomando precauciones para que no se repitan incidentes violentos que empañen la jornada. No sólo reiterando una y otra vez su rechazo a la violencia, sino organizando dispositivos ciudadanos para evitar altercados en las marchas.
Los riesgos que entraña la violencia para una estrategia de desobediencia civil pueden verse amplificados, señalan los expertos, por los medios de comunicación. "A veces se llevan a cabo estrategias de criminalización de crear una imagen negativa del movimiento, que puede reducir la base de apoyo y simpatía y, por tanto, limita su capacidad de presión", apunta Jiménez.
Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense, pone de relieve "los intereses" de los medios a la hora de situarse ante el movimiento. "Si piensan que perjudican al Gobierno, le dan cobertura. Y cuando empieza a plantear cosas reales como una sanidad pública, las pensiones o que se acaben los paraísos fiscales, el sistema se asusta, y los medios viven del sistema", critica. Para él uno de los lemas más importantes dice "Mayo del 68, quedaos a un lado, nosotros vamos en serio".
Pastor cree que el éxito del movimiento dependerá, en parte, de la valoración que hacen los medios. "Si los grandes medios, sobre todo la televisión, magnifican los pequeños árboles que impiden ver el bosque, es decir, la protesta frente a la clase política y una salida de la crisis que rechaza, el movimiento saldrá perjudicado", señala. En caso contrario, podrá seguir adelante la estrategia de desobediencia civil.
Los efectos del movimiento
La continuidad del movimiento, según los expertos, está asegurada. De una parte, porque "hay una crisis que está azotando a la gente, que siente la necesidad imperiosa de que se haga algo con los abusos, la corrupción o la crisis", explica Gemma Galdón, investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
La indignación de los ciudadanos para quienes el paro, la economía y los políticos son sus tres preocupaciones más importantes, según el CIS existe. Y de ella, en buena medida, se nutre el 15-M. El eje transversal del movimiento es "seguir luchando por el futuro", remarca el profesor y codirector del máster sobre la comunicación en conflictos sociales de la UAB Xavier Giró, que advierte de que una parte de la sociedad respira por la falta de salida ante la crisis.
De hecho, remacha Giró, en Barcelona se observa un intento por ensanchar la base social del movimiento, como continuación del proceso deliberativo, con una doble dirección: "Ha partido de la plaza de Catalunya hacia los ayuntamientos y el Parlament y hacia los barrios".
Para Jiménez, los efectos del 15-M son indudables: "Algunas de las demandas de estos actores empiezan a aparecer en la agenda política". Así, este martes el Congreso debatirá la creación de una subcomisión que estudie "las medidas para profundizar en la democracia", a propuesta de ERC-IU-ICV.
A corto plazo, el profesor también destaca la relevancia del 15-M como "experiencia de socialización" para los más jóvenes, que se han incorporado a estas protestas por primera vez. En cierto modo, contribuirá a ampliar la cultura de protesta en España. De ahí, sentencia Jiménez, "lo importante que es que se controlen los conatos de violencia".
* Público - 19.06.11
Foto: Un indignado porta un cartel del 15-M - publico
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19 de junio: toma la calle contra el pacto del euro
ENRIQUE J.DÍEZ GUTIÉRREZ* : El 19 de Junio se ha convocado a la ciudadanía a tomar pacíficamente las calles, sumando su voz a la de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Bajo el lema "No al Pacto del Euro: Europa para los ciudadanos y no para los mercados", Democracia Real Ya convoca, junto con otras organizaciones y colectivos, movilizaciones para el 19 de junio en la mayoría de las ciudades del estado, ante la amenaza que suponen para el bienestar social de los pueblos los nuevos recortes en los salarios, en las pensiones, en la I+D, en la sanidad y en la educación; así como la eliminación de los servicios sociales, el mayor retraso en la edad de jubilación, la ampliación de los impuestos e injustos reajustes de los salarios a la productividad y la competitividad, previstos en la aplicación del Pacto del Euro, que se considera el mayor atentado socioeconómico e internacional contra los derechos sociales.
El llamado Pacto del Euro consiste en un paquete de medidas acordadas por los diecisiete países que forman la zona euro, que con la excusa de “combatir la crisis y la deuda”, como denuncia el movimiento ATTAC, va a establecer sistemas permanentes de revisión de las pensiones, aumentando la edad de jubilación y reduciendo el importe de las mismas (al ampliar el número de años para su computo); va a avanzar en la definitiva privatización de las Cajas de Ahorro, cuando si algo ha quedado claro en la actual crisis es la necesidad de la existencia de una banca pública capaz de canalizar financiación a empresas y familias en momentos como este, en que la banca privada está asfixiando a consumidores, pequeñas y medianas empresas del país con congelación del crédito.
Entre el 23 y el 27 de junio se ratifica en el Parlamento Europeo este Pacto del Euro, en función del cual se quiere imponer a los países miembros de la UE también la rebaja de los salarios; la individualización de la negociación de los convenios laborales para romper la fuerza de la unión de los trabajadores y trabajadoras; la reducción de los sueldos de los trabajadores públicos para que no sirvan de referencia al alza a los trabajadores del sector privado; la vinculación de los salarios a la productividad y su desvinculación a la subida del IPC.
El Pacto del Euro plantea la reducción de las cotizaciones a la seguridad social que financian las prestaciones cuando estamos de baja por enfermedad, financian las pensiones contributivas, así como el desempleo y la formación profesional. Esta reducción de las cotizaciones a la seguridad social debilita así el sistema público de pensiones y aumenta la regresividad del sistema fiscal puesto que se va a sustituir por impuestos indirectos, aumentando el IVA, que se pagan con independencia del ingreso de los individuos. De esta forma, paga lo mismo el banquero Botin que un parado de larga duración. Además esta estrategia de aumentar impuestos indirectos y reducir los directos y progresivos (IRPF) va contra los principios constitucionales: el principio de capacidad económica que establece que los impuestos deben gravar la economía de las personas según el patrimonio de cada cual, y el de progresividad que nos dice que a mayor renta debe corresponder una mayor cuota fiscal.
El Pacto del Euro supone también la precarización aún más del empleo en Europa, haciéndolo más inseguro y temporal, además de más barato, impulsando las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Parece que no ha sido bastante con la prueba de la absoluta ineficacia en materia de creación de empleo de la última reforma laboral, aprobada por decreto hace casi un año, por el gobierno actual. Además, este Pacto, obliga a reducir los déficit presupuestarios por debajo del 3%, para lo cual se exige reformar el sistema de pensiones buscando “ajustar la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida”, privatizar el sistema sanitario y reducir las prestaciones sociales. Como recuerda ATTAC, la primera economía del mundo, EE.UU. mantiene el déficit público más abultado del planeta, y al contrario que la Unión Europea, viene desarrollando en estos últimos años de crisis una política económica expansiva, con aumento del gasto y la inversión pública como la mejor manera de incentivar el empleo y el crecimiento económico.
Este Pacto del Euro exige también avanzar en los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos. Pero, eso sí, pide que la banca esté saneada y para ello los gobiernos tendrán que desviar fondos públicos para “reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado” y los detraerán del dinero del desempleo, del estado de bienestar para garantizar la “prestación de apoyo público en caso de necesidad”.
Para reafirmar estas medidas antisociales, el Pacto insta a “traducir en legislación nacional estas normas presupuestarias” con objetivo de garantizar que posean un “carácter vinculante y duradero suficientemente sólido”. De hecho, se propone que se introduzcan en leyes marco o incluso en las propias constituciones. Estas nuevas normas tienen que ser decididas por toda la ciudadanía afectada, no por unos gobiernos que se inclinan de forma servil ante la dictadura de los mercados (la banca internacional y los grandes fondos especulativos). En sintonía con esta demanda clave de Democracia Real Ya, el que haya referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de la ciudadanía y para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea, ya Izquierda Unida viene impulsando desde el mes de marzo la exigencia para que haya un referéndum de cara a que la ciudadanía se pronuncie sobre el ‘Pacto del Euro’. Decidir colectivamente sobre lo que nos afecta tanto como esto es un elemento esencial de la democracia.
Por eso, ante este Pacto del Euro, que no sólo supone el desmontaje efectivo del poco “Estado de Bienestar” que queda ya en Europa y la maximización, una vez más, de los beneficios del sistema bancario y financiero, sino que es profundamente antidemocrático y se puede calificar como un auténtico golpe de estado económico, el Movimiento 15M no quiere permanecer impasible y convoca movilizaciones en todas las ciudades para que la ciudadanía no sigamos siendo mercancía en manos de políticos y banqueros.
Como afirmaba el recientemente fallecido Ernesto Sábato: “estamos a tiempo de revertir esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso”. El 19-J nuestro compromiso está en tomar la calle.
* Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León.
* Rebelión - opinión - 18.06.11
El 19 de junio toma la calle de nuevo ¡Democracia real YA!
¿Que es y como te afecta el Pacto del Euro? http://bit.ly/mNlPX8
Después del éxito de la convocatoria del 15 de mayo y de las posteriores acampadas y concentraciones en plazas de todo el Estado, el movimiento 15M no puede parar, no podemos conformarnos siendo todavía mercancía en manos de políticos y banqueros. Nuestra lucha continúa.
Trabajadores/as, desempleados/as, estudiantes, jóvenes, jubilados/as, hipotecados/as... no queremos permanecer impasibles ante todos los ataques y recortes que seguirán aplicándose, esta vez desde Europa. La convocatoria llega a una semana de la firma del Pacto del Euro, acuerdo que supondrá el empobrecimiento de la sociedad europea en beneficio de la banca y grandes empresas, con aumentos en la edad de jubilación, privatización del sector público y recortes de derechos a trabajadores, entre otras medidas. Es necesario movilizarse y parar este acuerdo.
Mantenemos las ideas que nos llevaron a la calle el 15M, pero esta vez dando más énfasis a las reformas laborales y a las pensiones; leyes injustas como las actuales, ley electoral e hipotecaria; así como las reivindicaciones donde las marchas no hayan sido convocadas por Democracia real YA. El hartazgo de la población es más que evidente. Sabemos que nos tomará muchísimo esfuerzo esta lucha: no podremos arreglar en un año lo que se ha gestado en 15, pero no desistiremos.
La Plataforma hace un llamamiento a unirse a todas las convocatorias planeadas para ese día, algunas convocadas por la misma plataforma y otras, como en Barcelona, por la acampada de Plaza Catalunya o en Madrid por las Asambleas de trabajadorxs de pueblos y barrios de Madrid. La hora de inicio puede cambiar dependiendo de la localidad, estad atentos.
Animamos a los grupos y acampadas internacionales a reemprender las movilizaciones de la semana del 15M y organizar concentraciones o marchas en sus respectivas ciudades el 19 de junio.
Se ha encendido la llama del cambio, pero aún nada ha cambiado; seguimos siendo mercancía en manos de políticos y banqueros, por ello, ¡os convocamos de nuevo! A seguir reclamando ¡NUESTROS DERECHOS! El 19 de junio ¡VOLVEREMOS A TOMAR LAS CALLES!
Por el futuro de los jóvenes y la dignidad de los mayores.
* YouTube - amarokize - http://youtu.be/qT4ywYUJBk8
Los vídeos del 19-J toman la Red
"El día 19 de junio llamamos a la #Globalrevolution. Llamamos a la ocupación pacífica de las plazas públicas y a la creación de espacios de encuentro, debate y reflexión. Es nuestro deber recuperar el espacio público y decidir juntos el mundo que queremos", concluye el texto que incita a los ciudadanos a "tomar la plaza y las calles" el 19-J, que toma el relevo de la manifestación del 15-M.
Además, algunos internautas han comenzado a apoyar la acción con vídeos, que han colgado en Youtube y otras plataformas. Algunos recurren a la voz castiza de Javier Krahe y su "me gustas, democracia, porque estás como ausente", o a La Guerra de las Galaxias y la lucha contra el Lado Oscuro.
Otros, en plan fotonovela, intercalan textos con imágenes de las concentraciones en las plazas españolas. También se han sacado un ficticio informativo de la manga para recrear un 19-J apocalíptico, con una España intervenida y rescatada por los organismos internacionales.
Incluso se han valido de las portadas de Público para justificar las marchas "contra la crisis capitalista".
* Público - 13.06.11
Foto: Madrid, puerta-del-sol- 15m
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Banderas Negras Cádiz 2011
Bandera Negra: Impactos de mayor gravedad (vertidos contaminantes y/o agresiones urbanísticas).
Punto Negro: Impactos significativos, pero de menor gravedad.
Las analíticas de las estaciones depuradoras han sido suministradas por la Delegación Provincial de Medio Ambiente con mucha tardanza, con resultados muy dispares en cuanto a la calidad del efluente y muchos casos de mal funcionamiento de la instalación de saneamiento. Desde el 1 de enero del 2006 los municipios con más de 1.500 habitantes tienen obligación legal de depurar sus aguas residuales (desde el 1 de enero de 2001, los de más de 15.000 habitantes-equivalentes tenían la misma obligación, por una directiva europea ¡de 1991!). No obstante, 3 municipios litorales siguen vertiendo sin ningún tipo de depuración: Chipiona, Tarifa y Algeciras, y otros 3 lo hacen con resultados pésimos: Sanlucar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Barbate. Destaca Algeciras que, con más de 100.000 habitantes, sigue vertiendo todas sus aguas residuales a la Bahía.
BANDERAS NEGRAS 2011:
17 Banderas Negras
1ª.- Zona de playa comprendida entre Bonanza, Bajo de Guía y Las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda. Nueva Por el vertido continuo al estuario del Guadalquivir de las aguas mal depuradas, procedentes de la EDAR de Sanlúcar a través de un emisario submarino, así como por vertidos continuos de aguas residuales a la playa a través del arroyo del “Salto del Grillo”. Vertido de aguas fecales a través del Arroyo de San Juan y los aliviaderos (en época de lluvias) que desembocan en la playa urbana. Además, por la contaminación lumínica de la playa.
2ª.- Playas de Camarón, Cruz del Mar y Regla, en Chipiona. Por el vertido de todas las aguas residuales urbanas (de 18.000 habitantes censados, superando los 60.000 en los meses de verano) sin depurar, unos 3,5 millones de metros cúbicos, que van al mar por un emisario submarino de 2800 metros y 20 años de antigüedad, con deficiencias serias de mantenimiento. Chipiona es una de las ciudades denunciada en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra España por no cumplir la legislación de depuración de aguas residuales.
A pesar de que la depuradora está supuestamente terminada desde hace un año, sigue sin funcionar. El retraso parece deberse a que el vertido se hará a través de un arroyo que desemboca entre la Ballena y las Tres Piedras, obligando a que se realice un proceso de depuración terciaria, que no estaba previsto inicialmente.
3ª.- Playa urbana de la Costilla, en Rota. Por el vertido sin depurar durante los meses de verano de más de la mitad del volumen de las aguas residuales del municipio a través de un emisario submarino de 1500 m frente a la playa de la Costilla. Aunque la depuradora funciona correctamente, tiene que atender a la depuración de las aguas procedente de Rota, La Base Naval y Costa Ballena ( CB-Rota y CB-Chipiona) y con la población del municipio roteño (28.500 habitantes) ya funciona al límite de sus posibilidades. En los meses de verano la población se triplica y la depuradora no tiene capacidad técnica para depurar todas las aguas residuales.
4ª.- Playa de Fuentebravía, en El Puerto de Santa María. Construcciones de edificios en el acantilado y rellenos en la playa y en el acantilado, realizados con un manifiesto incumplimiento de la Ley de Costas, provocando continuas pérdidas de arena. Regeneración periódica e inadecuada, utilizando incluso calcoarenitas de cantera. La erosión debida a la mala gestión de la playa supone también un peligro para la seguridad de los usuarios que desconocen el estado ruinoso con peligro de desprendimiento en que se encuentran algunos edificios a pie de playa afectados por los temporales.
5ª.- Playas de El Ancla y La Inmaculada, en El Puerto de Santa María. Urbanización salvaje del litoral, arrasando amplios pinares y retamares, la "Arboleda Perdida", de Rafael Alberti. Destrucción de hábitats de especies protegidas (camaleón y sabina). Ejemplo de modelo insostenible de crecimiento urbanístico especulativo, con ocupación de zonas de alto interés ecológico, paisajístico e histórico en primera línea del litoral por urbanizaciones de segunda residencia. Pésimo funcionamiento de la depuradora de El Puerto, superando todos los parámetros del efluente.
6ª.- Playa de la Casería, en San Fernando. Por la construcción, a escasos metros de las aguas de la Bahía y del Parque Natural, de siete torres de 16 plantas de altura (3 de ellas ya construidas), en contra de los informes de la Junta de Andalucía. Las obras infringen la Ley de Costas, que prohíbe las pantallas arquitectónicas en las zonas próximas al litoral
7ª.- Playa de La Barrosa-Novo Sancti Petri, en Chiclana. Litoral ocupado completamente de hoteles, urbanizaciones y campos de golf, hasta el límite del término municipal de Conil. La ocupación intensa del territorio para uso residencial continúa desarrollándose hacia el interior de la Loma del Puerco. La mala gestión de su territorio, con el paseo marítimo inadecuado, hace que esta playa pierda anualmente su arena; no se puede recuperar de manera natural por la ocupación urbanística y anualmente es ruinosa para el dinero público.
8ª.- Playa y acantilado de Roche, en Conil. Construcciones en primera línea de costa, ocupando la Zona de Servidumbre del domino público marítimo-terrestre y destruyendo especies protegidas. Muy mala depuración de las aguas residuales. La EDAR municipal en el río Salado tampoco depura correctamente. La Demarcación de Costas, aunque está redactado y solicitado por la población, es incapaz de realizar un sendero peatonal por la Servidumbre de Protección del DPMT, con lo que la urbanización Roche es una zona urbana junto al mar en la que no se ve el mar hasta que accedes a la playa.
9ª.- Playa de El Palmar, en Vejer. Por el descontrol urbanístico actual (más de 700 viviendas ilegales), extensa ocupación de viviendas en un diseminado caótico, vertidos de aguas residuales sin depuración y el proyecto de dos apartoteles en Malcucaña, en un entorno completamente virgen de 27 hectáreas. La Playa de Mangueta, contigua a El Palmar, es un arenal virgen, y como ella, tiene la amenaza de la construcción de hoteles y viviendas turísticas, de prosperar lo aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio de Cádiz, sobre una superficie de 180 hectáreas.
10ª.- Playa de Caños de Meca (Mari Sucia, Los Castillejos y La Laja) y Tómbolo de Trafalgar, en Barbate. Edificaciones en el dominio público marítimo terrestre, sin depuración de las aguas fecales, sin red de abastecimiento de agua potable, sin alcantarillado, vertiendo sus aguas residuales al acuífero o al mar, con el acuífero costero contaminado y sometido a extracciones incontroladas.
11ª.- Playa de El Carmen, en Barbate. Por recibir las aguas contaminadas del río Barbate, cargado de pesticidas y por las aguas residuales de Vejer, Zahara de los Atunes y los vertidos de la depuradora de Barbate que funciona muy deficientemente. Es la única playa de Cádiz de las analizadas por la Consejería de Salud que supera los parámetros microbiológicos, por lo que no se recomienda el baño.
12ª.- Playa de Atlanterra, en Tarifa. Edificaciones desmesuradas ocupando ilegalmente suelo que no está clasificado como urbano. Destrucción de cordones dunares de alto interés ecológico. Carencia de infraestructuras básicas para el suministro de agua y la depuración de los vertidos. Amenaza de crecimiento de la urbanización, con dos proyectos de crecimiento del complejo inmobiliario y turístico. Todo ello con el respaldo de la Agencia Andaluza del Agua, cuando no hay ninguna garantía de suministro de agua.
13ª.- Playa de Los Lances, en Tarifa. Vertidos directos a la playa a la altura de la urbanización de Las Cañas. El municipio de Tarifa, con más de 20.000 habitantes, no depura sus aguas residuales. Solo posee un emisario agujereado de 1.800 metros, roto poca distancia de la costa. Una grave amenaza suponen las pretendidas exploraciones de hidrocarburos, dentro de la zona de la provincia de Cádiz sobre la cual se ha solicitado permiso para investigar existencia de hidrocarburos. Esta superficie contiene 6 Lugares de Importancia Comunitaria, además de ser Reserva de la Biosfera, por lo que la legislación ambiental, regional, nacional y comunitaria impide la realización de cualquier plan o proyecto sin una adecuada Evaluación de Impacto Ambiental.
14ª.- Isla Verde, en Algeciras. Depuradora eternamente en construcción. Las aguas residuales de Algeciras (más de ciento quince mil personas: unos 12 millones de metros cúbicos anuales ) se vierten en este punto sin la más mínima depuración.
15ª.- Zona de litoral comprendida entre los ríos Palmones y Guadarranque y sus vegas bajas inundables. Por la pérdida de arena debida a la erosión antrópica, los vertidos de aguas residuales urbanas (Los Barrios, San Roque), los vertidos industriales y los procedentes del intenso tráfico de barcos y gasolineras flotantes. Igualmente por la amenaza que supone el Plan de Ordenación del Territorio para las vegas inundables de los ríos Palmones y Guadarranque y para otras zonas de la bahía de Algeciras, así como por los rellenos ya realizados sobre las mismas. El Área Estratégica de Santa Rosa ampliará la industria hasta el casco de San Roque.
Los Barrios vierte todas sus aguas residuales, sin apenas depuración, al río Palmones (a la altura del río Las Cañas), aunque la EDAR Guadacorte funciona aceptablemente. Siguiendo el curso bajo del río a la altura del puente de la autovía A7 hay vertidos de aguas residuales de la zona baja de Algeciras. Los polígonos industriales vierten en la desembocadura (paraje natural río Palmones) aguas sin depurar. Esta zona protegida se ha visto afectada por vertidos procedentes de buques que han naufragado. Los rellenos de la Zona de Actividades Logísticas en la vega del Fresno no son denunciados en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. Al río Guadarranque van a parar las aguas residuales sin depurar de la Estación de San Roque, Taraguillas, los polígonos industriales de Los Barrios y Guadacorte. Y a través del Arroyo de la Madrevieja llegan las aguas residuales, con un tratamiento deficiente, del casco urbano de San Roque. En ocasiones y con lluvias torrenciales existen lixiviados de aguas industriales contaminadas. Sigue la construcción sobre los rellenos de la Zona de Actividades Logísticas del Guadarranque.
16ª.- “Bunkering” en el Mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar y Bahía de Algeciras. Litoral de Gibraltar. Por el Estrecho de Gibraltar pasan 100.000 buques al año “Bunkering”, gasolineras flotantes fondeadas en la Bahía. El trasiego de hidrocarburos se hace de un barco a otro para evitar el pago de impuestos. Se estima que se traspasan 5 millones de toneladas de combustible al año de esa forma. Como consecuencia se producen derrames continuos de hidrocarburos ocasionados por estos barcos.
Las “gasolineras flotantes” que suministran combustible albergan 300.000 tn en peso muerto en la Bahía de Algeciras. Este estrés a que se ha sometido la bahía de Algeciras con el trasvase de combustible, obliga a los buques (cargueros, petroleros,…) aprovechando el “paso inocente”, a navegar a medio nudo por el Mar de Alborán hasta que llega su turno de avituallamiento. Estos buques con mercancía peligrosa pululan por toda la costa Mediterránea y son una espada de Damocles para el Medio Ambiente y la economía de la Costa del Sol. La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido más control y vigilancia a los barcos que frecuentan la bahía de Algeciras para evitar que se produzcan vertidos contaminantes, con situaciones indeseables de impunidad: “una silenciosa marea negra de vertidos continuos”, según Patricia Navarro, fiscal de Medio Ambiente de Cádiz. El 31 de mayo pasado se produjo el incendio de 3 tanques de residuos oleosos en el puerto de Gibraltar, ocasionando un vertido que afectó a gran parte de la Bahía y obligando a cerrar las playas del Rinconcillo y Getares. Que todas las aguas residuales urbanas de Gibraltar se viertan sin depurar y la recurrente presencia de submarinos atómicos en su puerto, son motivos adicionales para la Bandera Negra.
17ª.-Playa de la Atunara (Levante) en la Línea de la Concepción Nueva Aunque la depuradora de La Línea funciona correctamente, se producen vertidos de aguas residuales a la Playa de La Atunara, debidos a la rotura de los colectores por los que se bombean las aguas residuales de La Línea hacia esta depuradora municipal. Decenas de bañistas ponen en riesgo su salud ante la pasividad del ayuntamiento.
La playa se está regenerando con arena procedente del dragado del puerto pesquero; la ejecución la realiza la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por imposición de la Dirección General de Puertos y Costas, del Ministerio de Obras Públicas, según figura en el expediente de adscripción del puerto de La Atunara. La arena del dragado del puerto, puede estar contaminada. Ecologistas en Acción exige un estudio fisicoquímico de la misma.
PUNTOS NEGROS 2011:
13 puntos negros
1º.- Playas de La Jara en Sanlúcar y Montijo en Chipiona. Corte de acceso a la playa y ocupación de servidumbre de tránsito. Incumplimiento generalizado de la Ley de Costas en el tramo entre Sanlúcar y Chipiona: invasión de la servidumbre de paso y de protección
2º.- Playa de La Ballena, entre Chipiona y Rota. Prosigue la ejecución de la segunda fase de la gigantesca macro urbanización de Costa Ballena, el tramo de Chipiona. En total Costa Ballena (Rota-Chipiona) ronda las 40.000 plazas residenciales, más que los cascos urbanos de Rota y Chipiona juntos. Durante esta primavera se está procediendo a realizar aportes de arena en la playa de Costa Ballena, una playa de “arena mojada” que cuando sube la marea la arena seca es mínima. Sin embargo, como la urbanización turística se realizó en torno a la playa hay que estar realizando estos aportes de áridos con frecuencia, máxime si el invierno ha sido de temporales como los del año 2010.
3º.- Playas de Aguadulce desde Punta Candor a Costa Ballena, en Rota. Extenso diseminado de construcciones ilegales. Ocupación del dominio público por escolleras. Los temporales de este año han producido un retroceso de la franja litoral. Los temporales de esta temporada y la degradación que ha sufrido este tramo de la costa roteña con gran pérdida de áridos y retroceso de la franja litoral, nos ratifican en la necesidad de un proyecto de la Dirección General de Costas para que se recupere y preserve el dominio público.
4º.- Corrales de Rota. Por carecer de un plan de uso y gestión, a los 9 años de su declaración como Monumento Natural. El exceso de contaminación orgánica ha generado un gran deterioro, casi desaparición, de las praderas de fanerógamas marinas aledañas al monumento natural Corrales de Rota.
5º.- Playa del Chorrillo (colindante con la Base Naval, zona de Rota). Construcción de una escollera como elemento de protección de instalaciones militares, provocando de manera injustificada la privatización del Dominio Público Marítimo Terrestre.
6º.- Playa del Almirante, en El Puerto de Santa María. Playa cerrada al público por las autoridades militares de la Base naval de Rota, sin ningún tipo de servicio.
7º.-Playas de Las Murallas y La Calita, en El Puerto de Santa María. Vertido de aguas residuales insuficientemente depuradas a través de un emisario submarino desde la EDAR Las Galeras.
8º.- Playa del Aculadero, en El Puerto De Santa María. Regeneraciones periódicas e inútiles de la playa afectando a zonas de arrecifes de alto valor ecológico y con un enorme despilfarro de fondos públicos. Se construyó un espigón para frenar la pérdida de la arena vertida artificialmente que se ha demostrado también inoperante.
9º.- Playa de la Victoria y Bahía de Cádiz. Contaminación lumínica y carril bici ridículo en el Campo del Sur. Casi 400.000 vatios de potencia entre La Victoria y Santa Mª del Mar en proyectores de hasta 2.000 W de potencia cada uno. El 2º puente sobre la Bahía, en construcción, aumentará la congestión de tráfico privado sobre la ciudad de Cádiz. La ampliación del puerto en 38 hectáreas de relleno. Vertidos esporádicos de fecales en aliviaderos de “pluviales” en el Campo del Sur. Contaminación por las barbacoas del trofeo Carranza. Depuración insuficiente de las aguas residuales de Cádiz y San Fernando en la EDAR conjunta.
10º.- Playas de la Fontanilla y Fuente del Gallo, en Conil. “Obras de restauración”, destruyendo gran parte de los elementos naturales.
11º.- Playa de Paloma Baja, en Tarifa. Viviendas ilegales con pozos negros en terrenos del Parque Natural del Estrecho.
12º.- Playa de los Alemanes, en Tarifa. Obras de urbanización que han destruido un valioso bosque litoral con acebuches, sabinas y enebros marítimos.
13º.- Zona Portuaria de Algeciras: Saladillo, Paseo de la Conferencia y Playa de los Ladrillos. Vertidos de aguas residuales. Presencia de metales pesados. Ampliación del puerto de Algeciras.
Los objetivos de “Banderas Negras” son:
Dar una información rigurosa a los gaditanos, y a todos los usuarios de las playas, del estado ecológico en que se encuentran éstas.
Requerir a ayuntamientos, resto de las administraciones y a empresas, para que contribuyan al saneamiento de las playas y pongan fin a la degradación ambiental del litoral.
La campaña es el resultado del trabajo voluntario de diversas personas, 8 grupos locales de Ecologistas en Acción de Cádiz (Sanlúcar, Rota, El Puerto, Cádiz, San Fernando, Chiclana , Barbate y Campo de Gibraltar) y el grupo ecologista CANS de Chipiona. Otra de las bases de la campaña es la información suministrada por la Consejería de Medio Ambiente sobre el funcionamiento y la analítica de las estaciones depuradoras de aguas residuales que vierten al litoral.
Banderas Negras pretende hacer una evaluación ambiental integral del litoral. Evaluamos los impactos producidos por la contaminación y por la urbanización. En el primer caso se tienen en cuenta la existencia de vertidos, el funcionamiento de las depuradoras y la calidad de las aguas de los ríos que desembocan en el mar. En el segundo, el respeto a la normativa legal: Ley de Costas (Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de Servidumbre) y el impacto sobre los ecosistemas naturales y sobre los recursos naturales, sobre todo agua, suelo, biodiversidad y paisaje. A veces el impacto puede ser grande, aunque se haga cumpliendo la legislación urbanística (por Ej. El Ancla y La Inmaculada: bandera nº 5). En síntesis, banderas negras pretende responder con rigor a la pregunta ¿en qué medida se está practicando un desarrollo sostenible en el litoral?
Los “galardones” concedidos por la Federación para la educación ambiental para Europa, conocidos como “Banderas Azules”, carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas. No es extraño, por tanto, que playas con banderas azules cuenten con nuestra catalogación de Bandera Negra. Algunas de las playas con banderas azules también tienen Banderas Negras
Tampoco la distinción ’Q’ de Calidad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en reconocimiento a "su esfuerzo por regenerar la oferta turística de sol y playa" poseen legitimidad medio ambiental.
El sello AENOR es un certificado ISO que acredita la gestión medioambiental de la playa. La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad privada sin fines lucrativos creada en 1986 y encargada de certificar que los ayuntamientos cumplen los requisitos establecidos en la norma ISO 14001 de gestión medioambiental. Se trata de un certificado que ignora agresiones ambientales como la urbanización rampante o la artificialización de las playas.
La Consejería de Salud realiza también en la temporada de baños unos informes sobre la calidad de este agua, con periodicidad quincenal. Ecologistas en Acción considera necesario incorporar a los análisis microbiológicos y físico-químicos que establece el control sanitario oficial de las aguas de baño (Real Decreto 734/1988), analítica para evaluar la presencia de metales pesados como arsénico, zinc, cromo, níquel y plomo, ampliando los puntos de toma de muestras y la periodicidad de éstas. Los informes del Programa de Vigilancia Sanitaria de la Calidad de Aguas de Baño de la Consejería de Salud son claramente insuficientes y arrojan pocas garantías. Esta analítica es insuficiente para ser reconocida; se limita a evaluar el contenido microbiológico y a efectuar análisis “macroscópicos”. Es decir, nos informa de la presencia o no de microorganismos y del aspecto exterior, sin testar metales pesados o hidrocarburos, por poner dos ejemplos de afección a la salud. Gracias a la gran hidrodinámica de nuestros mares, Atlántico y Mediterráneo, hay bastante garantía de que las aguas residuales no o mal depurada no generen problemas de insalubridad, pero esa confianza se puede quebrar en algún momento.
La Dirección General Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, repite año tras año la “regeneración de playas”: más movimientos de arena, más dragados, más desmontes de dunas para alimentar nuestras maltrechas playas, más inversiones inútiles… y todo para que el año que viene, previsiblemente, se vuelva al lugar de partida. Nuestras playas han sido profundamente alteradas por la construcción de paseos marítimos, espigones, rellenos, dragados, construcciones en primera línea de playas, destrucción de cordones de dunas… lo que ha motivado la pérdida progresiva de arena y la incapacidad para regenerarse de forma natural tras los temporales de invierno. Por otra parte, tampoco se considera que exista impacto ambiental en las actuaciones de extracción de arena del Placer de Meca (un yacimiento submarino), ni tampoco en el vertido de las arenas, argumentando principalmente que ninguno de estos lugares son espacios naturales protegidos. Un impacto que está ahí presente, ya que en playas como Santa María del Mar o El Aculadero se han sepultado bajo toneladas de arena los fondos rocosos, un ecosistema de gran valor ecológico donde se pueden encontrar especies endémicas del litoral gaditano, tratándose además de zonas de interés para el marisqueo.
1.-Novedades positivas para la provincia de Cádiz:
La Declaración de Impacto Ambiental negativa por el Ministerio de Medio Ambiente, que veta el proyecto de ampliación del puerto de Tarifa por su enorme agresión ambiental sobre cetáceos, invertebrados marinos y ecosistemas vulnerables.
La rehabilitación emprendida por la Dirección General de Costas del Castillo de Sancti Petri en Chiclana-San Fernando.
El anunciado proyecto ¡al fin! de depuradora para El Palmar, Zahora y Caños de Meca, que si no sufre dilaciones ya habituales pondrá fin al vertido al mar de medio millón de metros cúbicos de aguas residuales al año.
2.- Novedades negativas para la provincia de Cádiz:
La terrible presión urbanística que a pesar de la crisis del ladrillo sigue amenazando a los municipios costeros bajo el amparo fraudulento de las “áreas de oportunidad turística”: marismas de Trebujena, Mangueta y El Palmar (Vejer), San Ambrosio, Trafalgar y Bogaris (Barbate), ... La aprobación de los Planes de Ordenación del territorio de la Costa Noroeste y la Janda supone otra vuelta de tuerca en aras de fomentar un modelo de crecimiento económico fracasado en base a desarrollos urbanísticos insostenibles.
El grave deterioro ecológico del estuario del Guadalquivir, debido a:
La pérdida de aportes de agua dulce procedentes de la presa de Alcalá.
La eliminación y ocupación de los llanos mareales.
La profundización, rectificación y canalización del cauce principal.
Los vertidos de aguas residuales ( Trebujena, Sanlúcar, Chipiona).
El factor crítico es la falta de agua dulce, pero todos ellos han conducido al colapso ecológico del estuario y a una reducción drástica del potencial biológico del Golfo de Cádiz. El caudal medio de agua dulce aportado desde la presa de Alcalá: unos 60 m3/segundo, es entre 3 y 5 veces menor que el caudal ecológico mínimo estimado en el informe de los profesores Miguel Losada y Javier Ruiz.
Los altos niveles de turbiedad (20 veces mayores que en otros estuarios similares), la disminución de la producción biológica, la anoxia, las altas concentraciones de CO2, el fitoplancton tóxico,…son todos ellos factores negativos sobre la ecología y pesquerías del golfo de Cádiz.
El informe igualmente se pronuncia en contra del dragado que ensancharía y profundizaría el cauce de 6 a 8m entre Sevilla y la desembocadura para permitir el tránsito de grandes barcos, incrementando la erosión de las orillas.
El incumplimiento generalizado del decreto de Prohibición de la pesca de la angula en el Guadalquivir para los próximos 10 años. El 12 de noviembre de 2010 entró en vigor el decreto de la Junta de Andalucía de prohibición de la pesca de la angula en Andalucía durante los próximos 10 años al estar declarada en peligro crítico de extinción. La noticia sería una novedad positiva, si no fuera porque la pesca ilegal de la angula sigue realizándose a gran escala en los mismos lugares (últimos 40 kilómetros del río Guadalquivir, sobre todo desde la altura de Lebrija hasta el Caño de Martín de Ruiz). Las capitanías marítimas de Sanlúcar y Sevilla, la Autoridad Portuaria de Sevilla y la Junta de Andalucía son los que tienen competencias y obligación de impedir la presencia de embarcaciones y la pesca ilegal, no obstante mantienen una actitud de completa tolerancia.
El espaldarazo electoral recibido a partidos como el PVRE (Partido Vecinal Regionalista) en Chiclana, cuyo único objetivo es la legalización por la cara de las viviendas construidas fuera de toda ordenación. “Organizan manifestaciones para pedir que no se aplique la legalidad urbanística, exigen estar presentes en las juntas de gobierno local y acaban imponiéndose ante la pasividad de los ciudadanos”, como denuncia la fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz.
La continuidad empecinada de los gobiernos central y andaluz en el ilegal proyecto industrial (“parque tecnológico”) de Las Aletas, a pesar de haber recibido una sentencia del Tribunal Supremo, anulando el acuerdo del Consejo de Ministros de 2007, que aprobó reservar 287 hectáreas de las marismas de Puerto Real (Cádiz). El Supremo considera que esa reserva de suelo incumple la Ley de Costas y da la razón a la asociación ecologista WWF, que protagonizó la denuncia.
La transferencia desde el 1 de abril de las competencias de gestión de usos del litoral del Gobierno Central a la Junta de Andalucía, con competencias en servicios de playa y concesiones administrativas. Al igual que en el caso del urbanismo, aquí no se cumple el principio de proximidad (la cercanía al ciudadano va asociada desgraciadamente a peor gestión y mayor corrupción).
La cabezonería del Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino en continuar con la irracional política de “regeneración” de playas, una suma de despilfarro y pésimos resultados. En el caso de la provincia de Cádiz, las “actuaciones” de este año serán sobre 14 playas, aunque en 10 de ellas (entre Sanlucar y Barbate) sólo habrá un reparto de la arena ya existente.
El fracaso del proyecto de parque eólico marino en Chipiona, que suministraría 400 megavatios de energía eléctrica limpia. La infundamentada oposición de parte de la población y la carencia de arrojo por parte de las Administraciones, han dado al traste con esta esperanzadora iniciativa.
La condena por parte de la Comisión Europea contra el Reino de España por no depurar las aguas residuales de municipios entre los que se encuentran Chipiona, Vejer y Tarifa (sentencia del 28 de agosto de 2010).
De nuevo hacemos un llamamiento a los mandatarios y a los usuarios del litoral para que tengan en cuenta las amenazas que el Cambio Climático arroja sobre la franja costera. El último Informe de Evaluación del IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) nos advierte de que el nivel del mar subirá entre 18 a 59 centímetros a lo largo de este siglo, tanto por fusión de los hielos como por dilatación del agua del mar. Cada centímetro de aumento en el nivel del mar arrastra una regresión de la línea de costa de aproximadamente un metro; por tanto, nuestras costas pueden sufrir un retroceso de más de 20 metros si no reducimos las emisiones de CO2, ahorramos y usamos energías renovables.
Insistimos en que es imprescindible un plan de prevención de la contaminación del litoral, que elimine cualquier vertido contaminante, tanto desde tierra como desde el mar, con indicadores precisos y evaluables de la calidad ambiental. Hay que establecer un nuevo inventario de contaminantes marinos. La Directiva Marco de Aguas debe aplicarse con rigor, sobre todo los principios de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma. Los objetivos de recuperar y mejorar la calidad ambiental del litoral son irrenunciables y deben garantizarse aplicando la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Solicitamos un estudio epidemiológico en el campo de Gibraltar que estudie la posible relación causa-efecto entre contaminación y aumento de la mortalidad en la comarca; una moratoria Industrial de las industrias duras y contaminantes, hasta que se finalice el estudio. Una planificación racional del crecimiento portuario y de sus usos, utilizando los espacios con eficacia. Un mando coordinado y conjunto entre la autoridades marítimas de Gibraltar y Algeciras y la prohibición absoluta de las gasolineras flotantes.
Confiemos de nuevo en que estas "distinciones" de Banderas Negras y Puntos Negros se truequen en verdaderas Banderas Azules de aguas y arenas limpias y de un litoral ecológicamente saludable y libre de las agresiones urbanísticas para el año próximo.
* Ecologistas en Acción Cádiz - 15.06.11
Foto: Algeciras, bahía - europasur.es
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Condenado el promotor que intentó sobornar a un concejal de EA para el golf de Laguardia
El alto Tribunal considera que "es evidente que el ofrecimiento de dinero para conseguir un concreto posicionamiento de un elegido del consistorio, constituye un acto de corrupción político-económica, por parte de quien hace el ofrecimiento, con independencia de que su ofrecimiento como en este caso no haya prosperado", se señala.
En una resolución emitida ante los recursos del Ministerio Fiscal y por Mario Balza Vallejo, un empresario absuelto en 2010 por la Audiencia Provincial de Álava, el Tribunal Supremo confirma la absolución de este último. Los magistrados ratifican la decisión absolutoria del jurado, al no haberse probado que fuera él quien encargara a Ochoa, que intentara sobornar al concejal de EA en Laguardia (Álava), Gregorio López, para que apoyara la ampliación del número de viviendas contemplado en un proyecto de campo de golf en el municipio.
De esta forma, el alto tribunal estima el recurso de casación de Mario Balza contra la sentencia del TSJPV que ordenaba que se abriera un nuevo juicio. La Audiencia de Álava condenó en 2010 a Ochoa al pago de 180.000 euros y a una pena de suspensión de empleo o cargo público por 21 meses y un día. Además, absolvió a Mario Balza de dos delitos de cohecho, a título de inductor. El magistrado decidió excluir del veredicto del jurado la responsabilidad penal de este procesado.
* El País - AGENCIAS - 17/06/2011
Foto: Laguardia (Álava) - elciego.es
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Madrid.- Arquitectura de guerrilla en el 15-M
La acampada ha sido muchas cosas, entre ellas una acampada. Es decir, un asentamiento físico, que más allá -o mejor, más acá- de mensajes y símbolos, ha tenido sus procesos constructivos y su estética. Un experimento de improvisación, reciclaje, bricolaje, diseño colectivo y apáñate como puedas que ha llamado la atención de arquitectos y urbanistas profesionales. Para algunos fue una lección de arquitectura efímera y apropiación ciudadana, para otros un caos sin potencia estética, un poblado chabolista. Lo que queda es esta simple bóveda de palés, que también es arquitectura urgente, sin duda, pero no tan improvisada como cabría pensar.
Sentado a lo indio frente a su obra, Araico explica que estaba en Valdegrulla, un pueblo fantasma de Soria, cuando se enteró del 15-M. "Lo que estaba pasando en Sol nos pareció mazo de chulo... pero pensamos que el campamento, estéticamente, no estaba a la altura de las ideas".
Habla en plural porque pertenece a la asociación neorrural Beatus Ille (Feliz Aquel), que se dedica a revivir pueblos abandonados. Son una docena de amigos del barrio del Pilar, estudiantes de arquitectura, carpinteros, soldadores... "Queríamos mejorar la estética de la acampada siendo fieles al espíritu de las asambleas", dice Araico, que se plantó en Sol con el Proyecto Manzana bajo el brazo.
En la portada hay un dibujo de una bomba con una manzana dentro (es un juego de palabras con el Proyecto Manhattan, que desarrolló la primera bomba atómica). No es la única ironía del documento: entre las 50 páginas hay una con el lema "Nuevo chabolismo ilustrado".
El Proyecto Manzana se redactó para la Universidad Autónoma. Hace meses, sintiendo que le faltaban "horas de vuelo" en bioconstrucción (combinación de calidades constructivas tradicionales y nuevos materiales), Araico se dispuso a "hacer algo con palés" en un solar olvidado del campus. "¡Y me salió el Guggenheim!", se ríe mostrando en el móvil las fotos de aquel primer proyecto: una caseta con tejado a un agua impermeabilizado con tetrabriks (que recuerdan a las planchas de titanio del museo de Gehry).
La caseta llamó la atención de Ecocampus -un organismo del vicerrectorado que promueve el pensamiento ecologista en el campus- y le encargaron que hiciese algo parecido en el huerto y vivero universitario. "Como la caseta perdía calor por el tejado, diseñamos una bóveda con un arco de medio punto, que disgrega la carga y una cercha circular que soporta espacios diáfanos", dice Araico, que firma el proyecto con el diseñador industrial Carlos Martín Ponz y el estudiante de arquitectura José Luis Moreno Muñoz.
El Proyecto Manzana tiene planos, cálculos y un presupuesto (6.471 euros, aunque "está algo hinchado", admite el autor). La estructura se completaba con un aislamiento de tetrabriks, pilastras de neumáticos usados, unos vanos de luz de lunas de coche y una cubierta vegetal. "Comparado con el proyecto original esto es una caseta de feria", dice Araico señalando la bóveda de Sol.
Cuando los neorrurales presentaron su proyecto al 15-M les llevaron "de comisiones". "Fue un proceso largo", suspira Irene Rodríguez, arquitecta técnica de 24 años y miembro de la disuelta Comisión de Infraestructuras. La idea gustó pero había suspicacias: "La gente asociaba la bóveda al desmantelamiento de la acampada y a cierta legalización del movimiento". Es decir, para algunos reducir el campamento a un punto informativo era "venderse". También se consultó con Legal el problema de seguridad, ya que la policía había subrayado que no quería estructuras permanentes.
Mientras las comisiones discutían, "Infra" decidió ir tirando. En una sala prestada en Tabacalera, un equipo de hasta 50 personas se propuso construir en tiempo récord y con los materiales disponibles la bóveda. Unos buscaban palés tirados por la ciudad, otros comprobaban los cálculos y triangulaciones. Subiéndose encima y zarandeándola se hicieron las pruebas de carga. "Con lo que teníamos, hicimos lo que pudimos", dice Rodríguez. "Esta experiencia me ha dado la creatividad que nunca me dejaron tener en la carrera, y me ha hecho preguntarme cosas como ¿por qué se alargan siempre tanto las obras? Aun con recursos limitados, si tienes sentido común, puedes ser eficaz", añade.
La estructura se desmontó y se plegó marcando cada pieza con un código para volver a montarla en Sol como un puzle (en los palés se puede leer: G7, H6...). El día que se desmanteló el campamento, camuflada en las mismas furgonetas que sacaban material ("por si no nos dejaban meterlo"), la bóveda entró en Sol. Tras un parapeto de lonas azules para que la policía no se percatase, se volvió a montar discretamente. Se apretaron los tornillos con los palés de canto y se levantaron los arcos a pulso, "como lo hacían los romanos", según la técnica. Luego, los tirantes, "como en las bóvedas bizantinas". Todo entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche del sábado 11 de junio. Aquella primera noche, tras el concierto de inauguración, Alberto Araico hizo el primer turno de guardia en su obra.
A la bóveda le faltan algunos detalles: barniz ignífugo, aislamiento de tetrabriks, flores en la cubierta "para que quede más bonita"... Eso en el plano estético; en el otro, queda por definir para qué servirá, cómo se gestionará, quién la atenderá... Pero sobre todo, la duda es: ¿cuánto tiempo durará en la plaza? "Constructivamente esto podría aguantar 30 años, lo que aguanten los materiales", dice Araico. "Pero también te digo que se puede desmontar en una tarde".
Bulos de la bóveda
- "Refleja a los tragabolas del metro". No, el proyecto en el que se basa, pensado para el vivero de la Autónoma, preexistía a la localización en Sol.
- "Es de un arquitecto famoso". No, la idea es obra de un estudiante de segundo de Ciencias Ambientales, y el resultado, obra del trabajo colectivo de la disuelta Comisión de Infraestructuras.
Documentando la improvisación
Los arquitectos que llevan años planteando temas de reciclaje, autogestión o bioconstrucción se emocionaron al ver lo que ocurría en Sol. "Tras años sin demasiada repercusión, se estaban haciendo esas cosas a la vista de todos", dice Manuel Pascual de Zuloark. "Y la primera pregunta fue, ¿quién está detrás?, sin embargo, no había ningun colectivo arquitectónico levantando aquello... ¡y eso es lo mejor!"
"Era gente anónima, nosotros nos acercamos luego", coincide Jaime Matamoros del colectivo Autoconstrucción, que colaboró con Acampada Sol con dos arquitecturas efímeras y una lectura de Jane Jacobs (la activista que, sin formación como urbanista, fue la grán crítica del desarrollismo de los setenta). Para el gabinete de psicología de la acampada construyeron una casita de cartón con los tubos de los rollos de tela de la cercana tienda Pontejos. Zuloark se volcó por su parte en "documentar el proceso puramente constructivo" del 15-M en la web www.inteligenciascolectivas.org. ¿Por qué documentar pilares hechos de palos de escoba, cubiertas de lona o cimentaciones de bidones de agua? "Son detalles constructivos no estandarizados, como una wikipedia de soluciones eficaces y alternativas a la arquitectura oficial", dice su portavoz, "y más allá del ingenio, plantean cuestiones muy contemporáneas de filosofía constructiva". Improvisando y sin medios, Acampada Sol sacó temas que tienen en ascuas a los arquitectos más punteros como la hibridación del espacio público digital con el espacio público físico o la creación de arquitecturas vivas, capaces de evolucionar. "Desde el principio, Sol se inaugura cada día", dice el arquitecto.
Lecciones arquitectónicas de y para el 15-M
- José Antonio Granero. Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. "Un movimiento no lleva a ninguna parte si no es propositivo, y creo que aquí han faltado ideas claras, lo que se ha traducido en la estética de la acampada. Arquitectónicamente, el 15-M ha sido una oportunidad perdida por la confusión. Era una ocasión única para realizar una pieza de arquitectura efímera interesante siguiendo el ejemplo de gente como Frei Otto o Prada Poole, que experimentaron con construcciones hinchables o de malla y sistemas de autogestión y autoconstrucción. Sin embargo, en el 15-M faltó una propuesta formal, no se creó un espacio reconocible, y eso hará que, en lo que se refiere a la relación con el uso del espacio, pase sin pena ni gloria".
- José María Ezquiaga. Premio Nacional de Urbanismo 2005. "Emociona ver cómo una generación formada en la carencia de un verdadero espacio público -fuera del centro comercial, la periferia de adosados y el espacio virtual- se apropia de él. Ha sido un encuentro histórico de una generación con su ciudad. Sol fue un ágora. Dicho esto, me pregunto, ¿es necesario plantar una infraestructura para sentirnos dueños de un espacio? La plaza es del indignado y del turista, del indigente y el comerciante... ¿No evita la ocupación que sea compartida por todos? La madurez del movimiento pasa por comprender que el espacio público está en la cabeza. La bóveda de palés es un santuario. Dicen que tiene un uso funcional, pero ante todo es un monumento al 15-M. Un obelisco, un arco del triunfo".
- Andrés Perea. Profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid durante 42 años. "Hemos visto que con pocas cosas se puede hacer tantísimo. Este es un fenómeno a estudiar sobre la capacidad del ser humano para negociar el espacio. La inteligencia colectiva ha sido altamente eficaz gestionando las infraestructuras. Además, los resultados figurativos y formales sorprenden por su creatividad y su optimización de los recursos. Lo más curioso: la acampada respondía a rituales humanos y sociales más que a funciones y actividades. Las soluciones arquitec- tónicas no respondían a usos como 'dormir' o 'comer', sino a algo más primigenio: 'reunirse'. El umbral de las relaciones humanas está en esa ceremonia, es el origen de la colectividad".
* El País - PATRICIA GOSÁLVEZ - Madrid - 17/06/2011
Foto: Alberto Araico, el 'arquitecto del 15-M'- BERNARDO PÉREZ - elpais
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La rebelión ante los desahucios se extiende
PERIODISMOHUMANO* : El miércoles fue en el barrio de Tetuán de Madrid. Cientos de personas convocadas por el movimiento 15M consiguieron evitar que un secretario judicial notificara el desahucio de una familia libanesa –Anuar, su mujer y su hija de 15 años– por no poder hacerse cargo de la hipoteca. Ayer fue en la localidad madrileña de Parla. Un centenar de 'indignados' consiguieron que la secretaria judicial, el representante de la entidad bancaria y el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid acordaran paralizar temporalmente la ejecución del desahucio -de un anciano de 74 años, minusválido y sin ingresos-, evitando incidentes de ningún tipo. Sus historias son las de miles de personas por todo el Estado. El agravante es que, en la mayor parte de los casos, el desahucio no cancela la deuda contraída con el banco. Por eso la principal reclamación de la plataforma Afectados por la Hipoteca es que se aplique en España la fórmula de la “dación en pago”, o lo que es lo mismo, que entregando la casa se condone la deuda. El número de familias que ha perdido su vivienda por procedimientos de desahucio marcó un récord histórico en los tres primeros meses de este 2011. Hasta 15.491 familias han perdido su casa, un 36,3 por ciento más que en el mismo período del año anterior.
Cómo pasaron a la acción los “afectados por las hipotecas”
Durante la última semana una noticia ha rulado por las redes sociales provocando la indignación de muchos usuarios: “Un padre de familia a punto de ser desahuciado se ahorca en plena calle”. El hombre, electricista hasta que llegó la crisis y perdió su trabajo, vivía en una casa de protección oficial junto a su mujer y su hija menore de edad donde entró ‘de patada’ tras ser desahuciado de la casa del alquiler donde vivía. Muchos desconocían que la noticia no era reciente, sino de noviembre de 2010. Pero una de las consecuencias del movimiento 15M perceptible en las redes sociales ha sido el agravamiento de la crítica a las consecuencias de esta crisis financiera, su gestión y el impacto sobre la ciudadanía.
En el reportaje Solidaridarios con Sol, en el que entrevistábamos en video a personas que contribuían a la acampada madrileña con agua, comida, libros o incluso sus propios baños para que los manifestantes pudieran asearse, explicaba fuera de micro porque se acercaba con su hija pequeña cuando salía del trabajo a ese invernadero en el que los días calurosos se convertía esa pequeña ciudad de toldos. “Porque ya que tengo trabajo y casa, ya que por horarios y mi hija no puedo dormir aquí ni pasar tanto tiempo como ellos, al menos quiero contribuir trayendo lo que necesiten. Esto ya no se trata de izquierda o derecha, se trata de un sistema político que no nos protege. No se respetan las reglas. No puede ser que un hombre con cuatro hijos pierda su trabajo y le echen de su casa”.
La Plataforma que se fundó en 2009 en Barcelona para, ante el aumento disparado de los desahucios como consecuencia del aumento de las personas desempleadas, organizar a las personas que “a diferencia de los bancos, que ante el estallido de la crisis no han dudado en exigir dinero público, las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido”. Pero muchas de ellas, además de perder sus puestos de trabajo, se enfrentan a cuotas de pago que no pueden afrontar, y cuando pierden sus hogares, en muchos casos mantienen la deuda.
Conversamos con Lucía Delgado, miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Barcelona. “Todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros y que han sufrido intentos de desalojos, hasta ahora unos 12, los hemos podido paralizar. Nuestras tres exigencias básicas son: la regulación de la dación en pago, la condonación de la deuda de la persona que está hipotecada, la moratoria del propio desahucio y que esta o estas personas puedan vivir en régimen de alquiler a un precio asequible en la propia vivienda”.
Lucía nos atiende por teléfono en plena calle. Acaban de conseguir paralizar un el primer intento de desahucio en Barcelona. “En algún caso hemos conseguido daciones en pago, es decir, que el propio Ayuntamiento realoje a las familias y en otros casos que la entidad financiera le hiciera un contrato de alquiler”. Pero la actividad de esta Plataforma, conformada por personas implicadas desde hace años en movimientos sobre el derecho a la vivienda y otros preocupados “porque era evidente ya antes de 2009 que la burbuja inmobiliaria provocaría esta situación cuando explotase”, no se limita a la acción directa sino también al asesoramiento legal, yendo a las subastas de las viviendas para impedirlas… “Creamos la organización para dar respuesta a una situación que nos atañe y que es que mucha gente accedió a una vivienda con un sobreendeudamiento porque no había parque de alquiler asequible y porque las condiciones eran mejores hipotecándote que alquilando”.
Lucía no limita los éxitos a los desahucios impedidos, sino que subraya el cambio de la percepción social. “Cuando empezamos a trabajar en 2009 mucha gente se culpabilizaba de, además de no tener trabajo, de no poder hacer frente a la cuota. Hemos incidido mucho en las asesorías colectivas para borrar ese sentimiento de culpabilidad, invertirlo y responsabilizar a quien realmente tiene la culpa. Nosotros no negamos nuestra parte de responsabilidad, pero también tienen que asumirla las entidades financieras, a las que se les apremia después de haber concedido créditos a personas que no cumplían unos mínimos”.
El crecimiento ha crecido a partir del 15M y Democracia Real Ya y cada día son más las plataformas y ciudadanos de toda España que se organizan para impedir desahucios.
¿Pero cómo es ese momento? “Somos muy positivos. Siempre decimos que la dación será aprobada finalmente, y que el desahucio será parado. Pero, igualmente, lo preparamos con mucho cuidado y con antelación. Por ejemplo, hoy en el desalojo de Matías en Barcelona. Mucha de la gente que viene no conoce el caso así que contamos quién es Matías, por qué ha dejado de pagar la hipoteca, y cómo nos oponemos mediante la resistencia pacífica. Lo único que hacemos es impedir el paso de la comitiva judicial físicamente con nuestros cuerpos. Nuestros lemas y nuestras pancartas son nuestras únicas armas”.
Justo ese mismo día, el martes, el PSOE y el Partido Popular votaban en contra de la dación como forma de pago, aunque ya una sentencia en enero de este año de la audiencia provincial de Navarra obligó al BBVA a aceptar la casa como forma de saldar la deuda.
Fuente: http://periodismohumano.com/economia/la-rebelion-de-los-hipotecados-ante-los-desahucios-se-extiende.html
* Rebelión - Opinión - 17.06.11
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