El chollo en Pozuelo del Real Madrid, el ex de Ana Mato y el tenista López-Maeso

ELCONFIDENCIAL/Madrid* : En Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de la Comunidad de Madrid, también se pueden encontrar auténticos chollos. ¿Qué les parecería disponer de un polideportivo de 23 millones por solo mil euros al mes y realquilárselo por una buena cifra al Real Madrid? Esta fue la maniobra del ex tenista José López-Maeso con el beneplácito del popular Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato e imputado en el caso Gürtel, y el actual alcalde de la localidad, Gonzalo Aguado, imputado por otra operación urbanística.
El Ayuntamiento de Pozuelo construyó un polideportivo (Valle de las Cañas) de 23 millones cuando Sepúlveda ocupaba la alcaldía y decidió dejarlo en manos privadas. Corría julio de 2008 y solo una empresa, recién creada y sin apenas capital social, se presentó al concurso: Grand Slam 5 S.L., propiedad de López-Maeso. Un año después, cuando Gürtel ya se había llevado por delante a Sepúlveda, se adjudicó a cambio de un canon de mil euros mensuales. El contrato lo firmó el nuevo alcalde, Gonzalo Aguado, quien había ejercido de mano derecha y concejal de Urbanismo del ex de Mato.

La gran sorpresa saltó cuando, solo seis días después de la adjudicación, el flamante concesionario del polideportivo anunciaba que dedicaría sus instalaciones al Real Madrid de Baloncesto a cambio de una desconocida cantidad. Una jugada propia de un grand slam, ya que, no solo explota un negocio de 17.000 metros cuadrados (con gimnasio, pabellón de baloncesto, spa, piscina, club de tenis, pádel, restaurante…) en unas ventajosas condiciones; sino que cuenta con un cliente fijo como el equipo de Florentino Pérez.

En declaraciones a este diario, el concejal de Deportes, Ignacio de Costa, precisó que la empresa de López-Maeso compensa al consistorio con 100.000 euros al año por la presencia del Real Madrid, que acapara el pabellón pensado para los vecinos. Asimismo, destacó que la empresa se hace cargo del mantenimiento, los suministros y las nóminas del negocio. No obstante, para el candidato del PSOE a la alcaldía de Pozuelo, David Cierco, el ayuntamiento confunde deseos con la realidad, ya que, a su juicio, todavía no se ha publicado oficialmente la compensación que Grand Slam debe aportar a las arcas públicas.

Quejas de los vecinos

“Los vecinos se quejan de que no pueden disfrutar de una instalaciones que se hicieron con su dinero. Se habían generado expectativas en el municipio y ahora muchos prefieren utilizar otros gimnasios privados”, señaló Cierco. “No se han respetado los intereses de los vecinos. La concesión es de 40 años por 12.000 euros cada uno. Nunca se van a recuperar los 23 millones despilfarrados”, insistió.

Eso sí, el consistorio se reserva la utilización de dos calles de la piscina cubierta, entre semana y en horario de tarde; dos pistas de baloncesto, también entre semana y de noche, así como el pabellón los sábados. Desde el Ayuntamiento se valoran también los acuerdos de colaboración suscritos entre el Real Madrid y el Club Baloncesto Pozuelo. Lo dicho, en este rico municipio también hay mileuristas.


* El Confidencial - 11.05.11
Foto: Pozuelo (Madrid), ayuntamiento - elpais.com

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Hacienda resalta que Roca era insolvente al llegar a Marbella

MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca llegó al Ayuntamiento de Marbella sin un duro y con sus empresas en quiebra. Los técnicos de la Agencia Tributaria que se incorporaron al equipo de investigación del caso Malaya echaron ayer por tierra los argumentos esgrimidos por el principal acusado en esta causa, quien afirmó durante su declaración ante el tribunal que poseía más de 6 millones de euros el día que fue contratado por Jesús Gil para gestionar la revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU) del municipio. Roca aseguró durante su declaración a comienzos de marzo que durante los 80 y primeros años de la década de los 90 había desplegado una importante actividad empresarial tanto en Murcia como en Marbella que le habían hecho titular de un patrimonio superior a los 6 millones de euros. Y que fue ese capital el que utilizó para crear la trama societaria que le llevó a amasar 200 millones de euros. Sin embargo, los expertos de la Agencia Tributaria se encargaron ayer, con precisión y frialdad de presentarlo como un insolvente que sólo consiguió enriquecerse al calor de los apaños organizados gracias a su poder en el Ayuntamiento.

Explicaron que en 1987 los ingresos anuales del presunto cerebro del caso Malaya ascendían a 7.000 euros, dos años después figuraba en el registro de impagados (RAI) por la devolución de unas letras y que entre 1991 y 1992 percibía el subsidio por desempleo. En mayo de 1992 Gil lo contrató como gerente de la sociedad Planeamiento 2000 y en su declaración de la renta de dos años después ya figuraban un salario de 44.000 euros de sueldo que en 2001 se había elevado a 153.000 euros. Al tiempo, las empresas de Juan Antonio Roca, de acuerdo con la versión aportada por los técnicos de Hacienda, eran una pura ruina. La constructora Comarsa era objeto de un procedimiento judicial por quiebra fraudulenta, finalmente archivado tras un acuerdo con los denunciantes, y Marbella Inversiones estaba "en quiebra técnica" y "con fondos propios negativos".

La Agencia Tributaria apenas si le conoce tres negocios inmobiliarios a esta última sociedad, los tres poco provechosos desde el punto de vista económico. En uno de ellos ejercía de mera intermediaria en una operación de compra y venta de Jesús Gil. El exasesor de urbanismo se aferra esencialmente a Marbella Inversiones para argumentar que tenía una importante actividad empresarial que, a consecuencia de la investigación por insolvencia punible y su inhabilitación provisional como administrador, se vio obligado a difuminar tras una serie de empresas creadas por el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, que ejercía de fiduciario de sus intereses. A estas alturas del procedimiento acusaciones y acusados coinciden en ese punto: detrás de las empresas se ocultaba Juan Antonio Roca. En lo que no están de acuerdo es en cómo se gestó y alimentó ese entramado.

Roca mantiene que la estructura societaria se puso en pie gracias a sus negocios previos y que creció gracias a préstamos internos, proporcionados entre otras por Gracia y Noguera, firma de la que también era dueño. Los técnicos de la Agencia Tributaria, en cambio, afirman que estaba "totalmente en crisis" antes de llegar al Ayuntamiento de Marbella y que creó un entramado de sociedades a nombre de terceras personas supuestamente para esconder los fondos que obtenía con el manejo irregular del urbanismo de Marbella.

También cuestionaron estos testigos la capacidad de Gracia y Noguera para prestar dinero a otras empresas del grupo. Esa situación no se pudo dar "en ningún caso". Formalmente figura que esta entidad prestó 2,1 millones de euros a otras compañías del grupo, pero los técnicos de Hacienda dicen que hacer constar reconocimientos de deuda era una simple fórmula para simular el origen real del dinero. Uno de los testigos explicó cómo llegaron a una sociedad de Juan Antonio Roca 270 millones de pesetas coincidiendo con un convenio por el que el Ayuntamiento se comprometía a entregar a Emasa, empresa del promotor Tomás Olivo, una finca rústica para uso comercial.


* Málaga Hoy - 12.05.11
Foto: Juan Antonio Roca conversa con el también procesado Salvador Gardoqui, acusado de gestionar su contabilidad B.- malagahoy

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Arcos.- Ecologistas en Acción propone cambios en la política ambiental

ANDALUCÍAINFORMACIÓN/Cádiz* : La organización Ecologistas en Acción en Arcos ha hecho llegar a los partidos políticos una serie de propuestas ante las elecciones municipales. Esta propuesta incluye la construcción de un nuevo Punto Limpio, una Red de Espacios Protegidos Municipales, una Agencia Municipal de la Energía, Unidades de Información Ambiental y Urbanística, así como la declaración del municipio como Zona Libre de Transgénicos, la construcción de más depuradoras con una depuración terciaria, la creación de huertos familiares o medidas contra la contaminación. Según esta organización, el cambio climático, la pérdida progresiva de biodiversidad, la desarticulación de la vida social y comunitaria o el aumento de las enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, son problemas que necesitan propuestas viables. Así, piensan que la administración local debe predicar con el ejemplo, introduciendo y asumiendo criterios ecológicos en su funcionamiento.
Para los ecologistas, la financiación de los municipios se ha centrado “excesivamente” en la recalificación de suelo, causada por la especulación urbanística. “Esta circunstancia favorece la nueva construcción frente a la rehabilitación y el modelo de ciudad dispersa frente al de ciudad compacta. La vivienda debe ser un bien social de primera necesidad. Por todo ello, Hay que ajustar el crecimiento urbanístico a las necesidades de la población”. Así, proponen que los nuevos crecimientos sean entorno a los cascos urbanos, “renunciando a la construcción de urbanizaciones aisladas y separadas del casco, que se apueste por un incremento de las zonas verdes, la renuncia a los convenios como sistema de desarrollo de la actividad urbanística y cumplir la normativa vigente en materia de disciplina urbanística”, que observan muy vulnerada.

En medio ambiente, proponen elaborar un reglamento municipal que proteja a los árboles, dar prioridad a las políticas de prevención, reducción y reutilización de residuos de origen domiciliario, comercial e industrial, el control de los vertederos o la creación de un nuevo Punto Limpio.
Por otro lado, explicaron que “hay que priorizar la conservación de la naturaleza en la gestión de los terrenos de titularidad municipal, como los caminos públicos, creando una Red de Espacios Naturales Protegidos Municipales.

Asimismo, piden que en el próximo pleno, se declare el Municipio como Zona Libre de Transgénicos, uniéndose a la Red Europea de Zonas Libres de Transgénicos y desarrollar planes de información y sensibilización a los agricultores y ganaderos, y ciudadanía, para que conozcan los riesgos e incertidumbres que supone la utilización de los organismos manipulados genéticamente.

Además, pretenden la construcción de más depuradoras e ir hacia una depuración terciaria y, “en unos años, el establecimiento de una doble red de distribución para la reutilización de las aguas depuradas para el riego”.
En energía, indican que habría que reducir el consumo, al menos en infraestructuras municipales, fomentar la eficiencia y las energías renovables, creando una Agencia Municipal de la Energía.

En el área de transportes inciden en la necesidad de una nueva política de movilidad urbana, poniendo en práctica el plan del actual ayuntamiento.

Por otra parte, proponen reducir y controlar la contaminación acústica, lumínica y los impactos visuales y paisajísticos. También señalan propuestas contra el maltrato de animales o que los gastos municipales en festejos taurinos sean sufragados por los que se benefician económicamente de ellos, poniendo de ejemplo el Toro del Aleluya. Incluso hacen propuestas sobre la contratación pública en la que hay que establecer criterios ecológicos en su política de compra y contratación, y centralizar la contratación con personal formado en su gestión.

Una de las carencias que han observado en Arcos en la escasa política informativa, para lo que proponen una Unidades de Información Ambiental y Urbanística Ciudadana. Además de una línea verde de la Policía Local en urbanismo y medio ambiente.

Todo esto unido a políticas para el desarrollo del turismo ambiental, la agricultura y ganadería ecológicas, la eliminación total de las bolsas de plástico, el consumo responsable y políticas contra la exclusión social y la precariedad laboral.


* Andalucía Información - 10.05.11
Foto: Ecologistas en Acción (archivo)

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El Palau de les Arts de Valencia se alquila para bodas

ELPAÍS* : El Palau de les Arts, la obra cumbre del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia diseñado por Santiago Calatrava, que tuvo un coste final de 382,5 millones de euros, alojará bodas desde el mes que viene para hacer caja.
El primer enlace será el de Raúl Albiol, futbolista del Real Madrid, que celebrará el banquete en el palacio de la ópera el 17 de junio con 400 invitados, después de contraer matrimonio en la catedral de Valencia. No será el único. Fuentes del palacio de la ópera han confirmado que ya hay otras cuatro bodas cerradas, y que la idea es mantener el servicio salvo en aquellas jornadas en que se representen óperas o se interpreten conciertos. En junio, de hecho, están programadas Tosca, de Puccini, y Fidelio, de Beethoven.

Alquilar el coliseo de Calatrava para este tipo de celebraciones no es barato. Ocupar el vestíbulo principal cuesta unos 10.000 euros, aunque las fuentes matizan que puede variar si, por ejemplo, se quiere preparar el montaje el día anterior.

Los espacios del palacio se vienen alquilando desde hace tiempo para congresos y reuniones empresariales. Las fuentes consultadas señalan que el plan de albergar bodas no es nuevo, pero que hasta ahora no había sido autorizado. Y que puede suponer una vía de ingresos significativa, sumada a la de la taquilla y los abonos, en un periodo de necesidad.


* El País - 11.05.11
Foto: Vista del Palau de les Arts de Valencia desde el pretil del Jardín del Turia - elpais

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La Audiencia alerta del desánimo de los jueces que juzgan la corrupción

DIARIODEMALLORCA* : Un informe elaborado por el presidente de la Audiencia de Palma, Carlos Gómez, advierte de la "desmoralización" reinante en las dos salas de lo Penal de esa instancia, unos órganos sobrecargados de trabajo y encargados de enjuiciar complejos casos de corrupción política, delitos económicos y potentes redes de narcotráfico. El estudio, que ha sido remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), constata que los tribunales de lo penal de Palma no son destinos atractivos: los jueces se marchan a otros juzgados y nadie quiere sustituirles.
El documento redactado por Carlos Gómez ha sido aprobado por la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJB), que también ha decidido elevarlo al CGPJ, de cara a la adopción de medidas para paliar un problema arrastrado desde hace años.
La plasmación en un documento oficial de la desmoralización reinante entre los ocho magistrados de las secciones primera y segunda coincide con el cambio de la toga de juez por la de abogado de Miguel Arbona.

Este prestigioso magistrado, destinado en la sección primera de la Audiencia, ha decidido, para antes del verano, fichar por uno de los bufetes más activos de Palma. Arbona, al igual que muchos compañeros, era un juez vocacional y llegó hace unos años a la Audiencia con gran ilusión.
El negro panorama de la sección primera, a la que el informe de Gómez describe como aquejada "de una situación de mal funcionamiento crónico", ha forzado a Arbona a cambiar de trabajo. Antes que él, ya se fueron de las salas penales los jueces Catany, Mulet e Izquierdo. Otros compañeros barajan marcharse en cuanto salga un buen destino o, incluso, adelantando su jubilación.
Entre las medidas que reclama el TSJB para remediar la fuga de magistrados se hallan la adopción de estímulos económicos y el permitir que los jueces puedan conciliar la vida laboral y familiar.
Hoy un magistrado de las dos secciones penales tiene que dedicar tardes, fines de semana y vacaciones a resolver apelaciones, dictar autos y sentencias, si no quiere que le "pille el toro" de la sobrecarga de trabajo.
Otra de las desventajas de esos tribunales radica en los periódicos desplazamientos a Maó e Eivissa para juzgar "in situ" casos de Menorca y las Pitiüses. "Estos viajes nos cortan el ritmo de trabajo, suponen estancias lejos de la familia de varios días y podrían evitarse mediante sistemas de vídeo conferencia u otras fórmulas", comenta un juez.

Plan de choque
El CGPJ, por boca de tres de sus vocales, prometió el 19 de abril en Palma tomar cartas en el asunto. Se habló de aplicar "un plan de choque" para taponar la herida sangrante en dos tribunales básicos para la Justicia insular.
El informe de Gómez, bendecido por la sala de Gobierno del TSJB, habla de tres fases. La primera sería a corto plazo y consistiría en mantener la actual sala de refuerzo, un tercer tribunal de lo penal integrado por magistrados de ese orden y de lo civil y que se dedica a tratar de reducir la carga pendiente. También habría que nombrar dos funcionarios de refuerzo. A medio plazo se tendría que crear la sección tercera de lo penal (la sexta de la Audiencia). Y a largo plazo mejorar la calidad de vida de los magistrados.


* Diario de Mallorca - 11.05.11
Foto: Un juicio en la Audiencia contra una numerosa banda de narcotraficantes, todos los que se ven en primer plano.- diariodemallorca

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"Los edificios de Lorca no deberían haberse caído"

PÚBLICO/Murcia* : El presidente del Colegio de Geólogos de España, Luis Eugenio Suárez, ha declarado a Público.es que los edificios de la ciudad de Lorca "no deberían haberse caído". En su opinión, un terremoto de magnitud 5,2 "no es suficiente para que se derrumben".
Suárez ha señalado que "seguramente los edificios que se cayeron son históricos, de más de 50 años y no son tan resistentes". "Existe una normativa que tiene que aplicarse a todos los edificios por la que deben reforzarse las vigas, la cimentación, los pilares...", ha apuntado el presidente de los Geólogos de España, para después añadir que "es una norma de hace pocas décadas", por lo que no todas las edificaciones la cumplen. El presidente del Colegio de Geólogos ha afirmado además que el sur de España -"Murcia, Andalucía y la zona del levante"- son zonas de "riesgo sísmico". "No ha aumentado el riesgo, lo que sucede es que con la globalización de la información gracias, por ejemplo, a Twitter, ahora todos nos enteramos antes de cosas como esta", ha asegurado.

Suárez ha hecho hincapié en el hecho de que "no deberían haberse producido víctimas" ya que esas zonas "tendrían que estar preparadas" para terremotos de esta magnitud. Ha recordado además el terremoto que se produjo el 29 de enero de 2005, de magnitud 4,8 que tan sólo produjo daños materiales.

En cuanto a las réplicas, Suárez ha dicho que "suelen ser menores que el primer temblor". "La energía se irá disipando", ha concluido.


* Publico - 11.05.11
Foto: Lorca (Murcia), terremoto - 20minutos

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'Malaya'.- La Policía ratifica que se detectaron operaciones "ficticias"

MÁLAGAHOY* : El que fuera a partir de septiembre de 2007 jefe del grupo de la Udyco que participó en la investigación del caso 'Malaya' ha ratificado este martes varios informes con los que se cuantificó el blanqueo de capitales y ha señalado que se detectaron operaciones "que entendemos ficticias, que sirven a otros intereses y no tienen sentido comercial". Este investigador, que seguirá declarando este miércoles, ha contestado como testigo a preguntas sobre los informes de cuantificación del blanqueo, pedidos por el segundo instructor de la causa y con los que se pretendía concretar la posición de los imputados. Ha dicho que para elaborarlos usaron, sobre todo, informes incluidos en el procedimiento y realizados por otros investigadores.
A preguntas del fiscal, ha repasado los documentos y ha señalado que se vieron préstamos y operaciones "ficticios", ya que en algunos casos "el aval del banco se conseguía con fincas que eran propiedad del Ayuntamiento y que de manera ilegal había obtenido la sociedad del grupo --vinculado al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca-- o con otros fondos en otras entidades".

Ha señalado que según el criterio policial el pago del crédito hipotecario puede ser demostrativo de operaciones de blanqueo y que hay créditos que "son ficticios y no tienen una relación mercantil verdadera", afirmaciones que han intentado ser rebatidas por las defensas, desmenuzando los informes. El testigo ha admitido que una operación "puede ser lícita, pero no el trasfondo que hay".

El investigador ha explicado que el presunto cerebro de la trama empieza a gestar su fortuna en 1992, señalando que el dinero "entra de una manera ilícita a través de un montón de artificio y entendemos que si ese patrimonio lo vuelve a mezclar para otras operaciones, sigue siendo ilícito".

Las defensas han cuestionado estos informes y han preguntado al testigo sobre si se ha hecho la trazabilidad de los fondos, el por qué no se utilizaron los libros de contabilidad de las sociedades para realizar esta cuantificación y por qué no se han comprobado que las empresas tenían "ingresos de lícita procedencia", como créditos bancarios o devoluciones de Hacienda.

En este sentido, el testigo ha dicho que se emplearon datos de las cuentas bancarias, del procedimiento, incluyendo la documentación intervenida; estudios de Hacienda y archivos informáticos y que no se utilizaron esos libros porque demuestran "la realidad que plasma el administrador", insistiendo en que "muchas de las operaciones son ficticias, aunque estén en los libros de cuentas".

Respecto a Hacienda, ha apuntado que "las sociedades de Roca debían ocho millones a Hacienda", según la administración judicial. "Hacienda está ciega por el velo que ustedes ponen", ha contestado al abogado, que también está acusado, el cual ha respondido que "ninguna de las sociedades tiene velo que la oculte, que han depositado los libros de contabilidad y balances y que Hacienda devuelve más de un millón de euros".

Asimismo, a preguntas del fiscal Anticorrupción, ha asegurado que con los informes previos, analizando determinada documentación y con la información obtenida de los archivos de la sociedad Maras Asesores se determina que había "unidad de caja" en cuanto a las empresas vinculadas a Roca, ya que, ha precisado, "las sociedades todas eran una, se distribuía el dinero según las necesidades del momento".


* Málaga Hoy - ep. - 10.05.11
Foto: Marbella (Málaga), policía Ayuntamiento - laopiniondemalaga.es


Foto:

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El Tribunal Supremo ratifica con una nueva sentencia la anulación del Plan de Llanes

ELCOMERCIO/Asturias* : El Tribunal Supremo hacía ayer pública una nueva sentencia sobre el Plan General de Llanes, y lo hacía confirmando la anulación del ya más que polémico documento urbanístico, y además en plena campaña electoral. El ponente, el magistrado Mariano de Oro-Pulido (presidente de la sala), rechaza entrar a estudiar los recursos de casación interpuestos por Principado de Asturias, Ayuntamiento de Llanes y la Junta de Compensación de La Talá sobre la anulación del PGOU y su texto refundido en base a una demanda interpuesta por Avall. Considera el alto tribunal que al haber ya una sentencia firme que anula el planeamiento urbanístico del concejo -la del 14 de febrero de este mismo año, que desestimaba los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaraba nulo el acuerdo de la CUOTA en el que se aprobaba el mencionado documento urbanístico- «estos recursos de casación carecen de objeto». Y es que el Supremo da por sentado que «siendo firme la sentencia de la Sala de Asturias, esta circunstancia comporta la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma cuya nulidad ha sido así declarada y carece de sentido que nos pronunciemos sobre la legalidad o no de una norma que ya ha sido declarada nula».

Eso sí, el propio Tribunal Supremo reconoce que «no resulta necesario resolver sobre el fondo del asunto», por lo que la sentencia simplemente falla «la pérdida sobrevenida de objeto de los recursos de casación interpuestos» contra la sentencia del 30 de mayo de 2008. Una sentencia esperada y que en principio no parece que vaya alterar en nada el proceso iniciado por Ayuntamiento y Principado para retomar la actividad urbanística en el concejo mientras se continúa con el proceso de redacción del nuevo PGO, en fase inicial. Y es que la sentencia no aporta nada nuevo, sólo viene a confirmar lo que ya se sabía, quel el Plan General de Llanes está anulado desde la última sentencia en contra.
La sentencia se falló el pasado 29 de abril, aunque no fue hecha pública hasta ayer por la mañana. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, conformada por el mencionado presidente y otros cinco magistrados, resolvió con caracter previo la causa de inadmisibilidad esgrimida por Avall en el escrito de oposición sobre la falta de legitimación de la Junta de Compensación del Plan Parcial de La Talá para interponer recurso de casación. Consideró el Supremo que sí estaban habilitados para presentarlo, aunque después, como ya hemos mencionado, fallase que el objeto sobre el que recurrían tanto ellos como Principado y Consistorio ya ni existía siquiera.
Para razonar su decisión el tribunal recuerda la sentencia del TSJA del 11 de abril de 2007, en la que se estimaba el recurso interpuesto por Andecha Astur contra el acuerdo de julio de 2002 adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo del Principado relativo a la aprobación definitiva del Plan General de Llanes y del acuerdo de abril de 2003 relativo el Texto Refundido del mencionado plan, que declaraba «anulados por no ser ajustados al ordenamiento jurídico», sentencia que el Supremo da por firme en el fallo de ayer. Esto es, confirmando la anulación del PGOU y del texto refundido, que incluye los diferentes planes parciales.
Así, con el Plan General Anulado, y mientras sigue el proceso de redacción de uno nuevo, el Ayuntamiento y el Principado acordaron una fórmula para seguir dando licencias en base a la normativa de aplicación general y las leyes relativas al suelo, pero fuera de un planeamiento urbanístico propio. La medida, con caracter excepcional, permite mantener la actividad urbanística en el concejo, aunque de forma limitada, siendo la CUOTA la que debe decidir sobre la legalidad de las licencias, sobre todo en el entorno rural.
Tras la anulación también por los tribunales de la adjudicación a la empresa Malt S. L. de la redacción del nuevo planeamiento -que en principio era una revisión del plan ahora anulado-, es el equipo técnico del Ayuntamiento el que sigue adelante con los trabajos, tras la liquidación del mencionado contrato. Así, mientras la mayoría de las fuerzas políticas en la oposición creen necesario iniciar desde cero el proceso, el equipo de gobierno socialista sigue adelante en solitario con la elaboración del futuro planeamiento del concejo. Su previsión es la de sacar después de las elecciones el documento inicial a información pública y aprobarlo definitivamente a finales de año.


* El Comercio - 10.05.11
Foto: Llanes (Asturias), macrourbanización La Talá - S.Cirilo, elpais.com

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Una de cada tres empresas en concurso de acreedores es del sector de la vivienda

LAVANGUARDIA* : El número de familias y empresas que no puede hacer frente a sus deudas sigue aumentando y con ello, los procedimientos concursales en nuestro país. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran como los procedimientos concursales han aumentado casi un 6% en el primer trimestre del año, cerrando así el tercer trimestre consecutivo al alza. Lo peor se calcula en términos trimestrales cuando el aumento se eleva hasta el 21,1%. El sector de la vivienda sigue sumido en una cadena de impagos, ya que una de cada tres empresas (32,1%) concursadas tiene como actividad principal la construcción o la promoción inmobiliaria, mientras que el 19,6% de las sociedades en concurso pertenecía al sector de la industria y energía y el 15,7% al comercio.
Las comunidades autónomas de Catalunya, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid concentraron el 52,1% del total de deudores concursados en el primer trimestre de 2011. Catalunya sumó 411 concursos; Comunidad Valenciana, 267 y Madrid, 261. En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos durante el primer trimestre del año fueron Ceuta y Melilla, con uno y dos procedimientos, respectivamente; La Rioja, con diez y Cantabria, con once.

Dentro de las empresas que se declararon en concurso durante el primer trimestre, 291 eran sociedades anónimas, un 10,2% más en tasa interanual y un 19,3% superior al cuarto trimestre del año anterior, en tanto que 1.155 eran sociedades limitadas, con un aumento del 6,9% respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior y del 23,3% en tasa intertrimestral.

En cuanto al número de asalariados, el 74,9% del total de las empresas concursadas se concentró en el primer trimestre del año en los tramos de uno a 49 asalariados.

El 60,8% de las empresas concursadas se concentraron en el tramo más bajo de volumen de negocio (menos de dos millones de euros) y son primordialmente sociedades de responsabilidad limitada. Asimismo, el 85,2% de las empresas en concurso en el primer trimestre del año no pertenece a ningún grupo empresarial. Del resto, el 14% pertenece a un grupo español y el 0,8% a un grupo bajo control extranjero.

Máximo histórico desde 2005

Cifra récord de concursos de acreedores en el primer trimestre del año. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las sociedades o familias que han optado por este recurso, conocido antiguamente como suspensión de pagos, han alcanzado las 1.803, un máximo desconocido desde que empezó a elaborarse esta estadística en 2005 y un 5,9% más que en el mismo período de 2010.

Según la Estadística del Procedimiento Concursal publicada hoy las familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 251 durante el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 7% respecto a igual periodo de 2010 y un aumento del 12,1% en tasa intertrimestral.

Por su parte, las empresas concursadas ascendieron a 1.552 en el primer trimestre, con un aumento del 8,3% en tasa interanual y del 22,7% respecto al trimestre anterior, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este lunes. Así, en total, el número de familias y empresas en concurso fue de 1.803 en el primer trimestre, un 5,9% más que en igual trimestre de 2010 y un 21,1% más que en el trimestre precedente.

Según el tipo de concurso, 1.712 fueron voluntarios, un 5,2% más que en el primer trimestre de 2010 y un 20,3% superior a los registrados en el cuarto trimestre del año pasado, frente a 91 concursos que fueron necesarios, cifra que supone un incremento del 19,7% en tasa interanual y del 37,9% en valores intertrimestrales.

Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios bajaron un 29% en tasa interanual, hasta sumar 120, mientras que los abreviados subieron un 9,7% respecto al primer trimestre de 2010 y sumaron 1.683 procesos.

Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.


* La Vanguaria - YaEncontre - 9.05.11
Foto: Viviendas, obras bloques - europapress.es

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Tirana se triplica, Albania se vacía

ELPAÍS* : Basri Jashani y su esposa, Fatbardha, engrosaron el tumultuoso río de la emigración albanesa hace 16 años, cuando abandonaron el empobrecido norte del país para instalarse en Gërdec, en la periferia noroeste de Tirana. "Cuando llegamos, aquí había 10 casas", relatan, tras haber ofrecido al visitante café, raki (un licor) y chocolate en su humilde vivienda. Con el tiempo, brotarían en la zona muchas otras. Pero, como un trágico símbolo del caótico proceso migratorio albanés, todas resultarían destrozadas por una tremenda explosión ocurrida en 2008. Basri y sus vecinos se habían afincado a pocos cientos de metros de un polvorín cargado de armamento de la época de la dictadura. El suceso tuvo lugar mientras se desmantelaban misiles y proyectiles, cuya pólvora y componentes se revendían después. Una veintena de personas murieron. Al primer estallido, Fatbardha agarró a cuatro hijos y se salvaron huyendo detrás de una colina. La casa en la que lo cuenta es nueva y aún no acabada: la anterior quedó destruida y Basri, que tiene 50 años y es obrero de la construcción, no gana suficiente dinero para terminar la actual.
El episodio es una de las vertientes dramáticas de un movimiento de excepcional intensidad.

Cuando cayó la dictadura, hace 20 años, Albania era probablemente el país más rural de Europa. Más del 70% de sus tres millones de habitantes vivían en el campo. El régimen establecía dónde tenía que vivir cada ciudadano. Hoy, esa cuota ha bajado al 50%, y Tirana ha triplicado su población, de 300.000 personas a alrededor de 900.000. Junto a la más conocida migración internacional, este potente oleaje migratorio interno es la fuerza que más ha perfilado la sociedad albanesa democrática, impulsando, por ejemplo, la emancipación de la mujer.

La periferia de la capital sufre para metabolizar el impacto de la avalancha. Gran cantidad de feos bloques de seis u ocho plantas se suceden uno tras otro, separados por calles todavía sin asfaltar, muchas de ellas sin ni siquiera nombre. Drita, que regenta una tiendecita de productos alimentarios en uno de esos bloques, lamenta la ausencia de servicios públicos en la zona. "Los niños tienen que ir muy lejos al cole", dice. Buena parte de las viviendas albanesas todavía no tienen agua corriente las 24 horas del día, explica la profesora universitaria de urbanismo Dorina Pojani.

"Esto ha sido, y en cierta medida sigue siendo, como el salvaje oeste", dice Pojani. La familia de Drita, por ejemplo, compró una pequeña parcela de suelo en esta zona de pioneros. "El último plan general de Tirana se aprobó en 1989. Por tanto, todo avanza a base de planes parciales, que dejan mucho margen a la corrupción", explica la profesora.

En un atardecer de sábado, los obreros siguen trabajando con ahínco en nuevos bloques cerca de la tienda de Drita, al oeste del centro. Aunque ahora se está ralentizando, la construcción representa un 10% del PIB albanés, financiada en gran parte con las remesas de los emigrados al extranjero.

En las calles hay ajetreo. Sin embargo, a pesar de la animación de la tarde de sábado, el centro comercial más aseado de la zona languidece medio vacío. Incluso el supermercado se presenta desoladoramente desierto: pese al crecimiento medio del 5,5% anual en la última década, el PIB por habitante albanés queda en 3.600 dólares. El más bajo de Europa, según el FMI (que no dispone del dato de Kosovo). Quizá por eso en Tirana no han desembarcado todavía muchas cadenas comerciales europeas.

Más allá de su impacto social, el flujo migratorio tiene en Albania un especial valor político: "La principal división en este país no es la ideológica entre izquierda y derecha, no es religiosa, ni territorial: es la social entre urbe y campo. Esta se traslada claramente a la política", comenta el analista político Remzi Lani. La izquierda domina en las ciudades; la derecha recoge el voto rural.

Así fue, según los primeros recuentos, también en las elecciones municipales celebradas el domingo, a las que este y otros diarios europeos fueron invitados a asistir por el Centre for Liberal Strategies, para que la presencia de periodistas internacionales facilitara un desarrollo más pacífico y transparente.

El gran hastío político que crispa el país tiene consecuencias tangibles en las nuevas periferias. Basri cuenta que en su zona, dominada por los conservadores, y que está conformada por casuchas familiares, le impidieron enchufarse a la red hidráulica por ser él declaradamente socialista. Sus hijas, dice entre orgullo y frustración, nunca recibieron becas pese a tener las mejores notas de la clase. La mayor estudia en la universidad, y Basri y Fatbardha hablan de ella con una conmovedora admiración.

La nueva generación busca abrirse paso hacia Europa con el conocimiento. Pero para llegar simplemente al centro de Tirana hay que conducir por un destartalado callejón polvoriento y cruzar un inseguro paso de ferrocarril.


* El País - Andrea Rizzi - 10.05.11
Foto: Atasco en la periferia de Tirana causado por las obras de construcción de una vía de circunvalación.- (AFP)

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Aljarafe.- El campo de golf se topa con el rechazo de los conservacionistas

ELCORREOWEB/Sevilla* : Denuncian que la iniciativa, con 800 viviendas, oculta un proyecto eminentemente inmobiliario. La Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) ha formulado alegaciones al expediente promovido para declarar como “campo de golf de interés turístico” el proyecto bautizado como Juliana Golf, que ocuparía 163 hectáreas de Bollullos de la Mitación asociadas a un área declarada como “Espacio Agrario de Interés” sin garantías sobre la concesión de suministro de agua para riegos. El colectivo entiende injustificada la declaración de interés perseguida por este expediente al tratarse de una iniciativa eminentemente “inmobiliaria” que, no obstante, no se atiene a las “necesidades reales de crecimiento” de este municipio gobernado por Francisco Godoy (PP).
El pasado 7 de febrero el director general de Planificación y Ordenación Turística de la Junta de Andalucía, Antonio Muñoz, emitía una resolución al objeto de someter a información pública este expediente, con lo que finalmente el pasado 3 de abril quedó abierto el periodo de alegaciones una vez publicada la resolución en el BOJA.

Las alegaciones de la ADTA, recogidas por Europa Press, detallan que este proyecto contempla la ocupación de aproximadamente 163 hectáreas en Bollullos de la Mitación, advirtiendo a tal efecto de que, según el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aprobado de forma inicial en 2006 por este municipio, tal extremo elevaría un 36% la ocupación de suelos a cuenta de la tasa de ocupación de terrenos recogida en dicho documento. Pero además, la organización conservacionista advierte de que el expediente relativo a Juliana Golf propone la creación de un campo de golf asociado a un total de 800 viviendas, 200 de ellas “acogidas a la figura del apartamento turístico”, además de un hotel de cien habitaciones y espacios de usos terciarios y deportivos.

Todo ello cuando, según ADTA, los suelos en cuestión pertenecientes a la finca Monasterejo están en el ámbito de una “zona protegida” que el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) declara como Espacio Agrario de Interés. “Estamos ante un proyecto inmobiliario, con negocios turísticos y deportivos que son complementarios y subordinados”, asegura este colectivo.


* El Correo de Andalucía - 9.05.11
Foto: Bollullos de la Imitación (Sevilla), ayuntamiento - hispanismo

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Viaje a la Gürtel en Bassibus

SHANGAY LILY* : Estar en la flamante Ciudad Financiera del Banco Santander y no pensar en el poder que Emilio Botín ha conseguido en medio de esta crisis, no es posible. Este emporio levantado en Boadilla del Monte, no es casualidad como veríamos con el Bassibus en nuestra visita guiada por Leo Bassi, resume mejor que ningún otro dato la tramposa repartición de penurias en el sistema neoliberal. El contribuyente ha sufrido un brutal recorte de derechos, libertades y medidas sociales, mientras los especuladores, banqueros, oligarcas, han sido recompensados por su temeridad y se han convertido en la prioridad de todos los estados capitalistas.
La especulación de Botín llega a tal extremo que en realidad esta suntuosa sede no le pertenece ya. La vendió en una extraña maniobra que habría que saber qué esconde. En efecto, como nos informaba esta noticia de 2008, El Banco Santander firmó un acuerdo para la venta de su ciudad financiera en Boadilla del Monte (Madrid) por 1.900 millones de euros. El comprador de la sede operativa de la entidad cántabra es un consorcio liderado por la firma inmobiliaria británica Propinvest. Para el banco, que ha firmado seguir como inquilino tras la venta por 40 años y tendrá una opción de recompra, la operación genera unas plusvalías de 605 millones de euros. Curiosa la venta y la opción de recompra. Aunque, si lo pensamos un poco, esa es la esencia de la especulación: mover dinero para ejecutar el maravilloso birlibirloque. Y curioso que construyan esta mole y la vendan a una empresa británica que, ¿qué interés puede tener?

En fin, tras este paseo por el corazón de la especulación española, esa que ha estado buscando “el rescate” a toda costa, ponemos rumbo al centro neurálgico de la “Gürtel”, en pleno Boadilla. Bajamos del autobús y Leo nos desvela el nombre de la calle en la que Correa tuvo en su día una oficina alquilada al Ayuntamiento: ¡Calle Generalísimo esquina con José Antonio! Aunque luego un simpático lugareño nos aclaró, tras dar las gracias a Leo por desenmascarar la corrupción que vive la zona, que la calle José Antonio no se refería al fundador falangista Primo de Rivera sino al hijo de una señora conocida en la localidad, es espeluznante que buscasen este enclave para sus cuarteles generales. Por no mencionar el hecho de que, tras la necesaria aunque insuficiente Ley de Memoria Histórica, siga habiendo una calle en Madrid, en el feudo del PP, que se llame Generalísimo. Nos recuerda que el fascismo, el franquismo, siguen dominando el imaginario español y el poder.

Sin habernos recuperado de la reivindicación franquista subyacente, esa luna de miel que implica a las personas y partidos relacionados con la Trama Gürtel, nos dirigimos a una nueva evidencia de la corrupción que estos espabilados han plantado en Boadilla: La Ciudad del Deporte y La Salud de Boadilla. Veamos lo que nos explica este artículo:

El Ayuntamiento de Boadilla adjudicó el 10 de mayo de 2007 el contrato para la construcción del “parque del deporte y la salud de Boadilla del Monte” a la empresa Construcciones Hispánica. La inversión, de 29,6 millones de euros, era la más cuantiosa realizada por el Consistorio de Boadilla. Tan sólo 15 días después de adjudicar el contrato, Tomás Martín Morales, ex asesor de confianza del ex alcalde, recibió 660.000 euros en tres ingresos (150.000, 210.000 y 300.000 euros) en una cuenta de dinero negro hallada por la policía en una de las empresas de la trama. En la referencia de la primera entrega figura un nombre (Santo) y una referencia (“Albondiguilla, América, Albondiguilla”), según el auto.

El diputado regional Alfonso Bosch, que compatibiliza el cargo con la gerencia de la EMSV, y Tomás Martín Morales intermediaron “para obtener la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva a la empresa Hispánica”, según consta en el auto que el juez Baltasar Garzón dictó el pasado jueves.

Los grupos de la oposición (Alternativa por Boadilla y PSOE) denunciaron el proceso de adjudicación por considerarlo irregular. El Ayuntamiento de Boadilla encargó dos informes para valorar las ofertas que presentaron las empresas aspirantes a llevarse el jugoso contrato. Pero el resultado de ambos exámenes fue contradictorio. El realizado por técnicos municipales para Urbanismo concluyó que la mejor propuesta era la de la constructora Sacyr. Sin embargo, otro informe elaborado por un cargo de confianza del ex alcalde Arturo González Panero (imputado en la trama) para el área de Deportes decidió que la mejor oferta era la de Hispánica.

El portavoz del grupo Alternativa por Boadilla, Angel Galindo, reclamó ayer al nuevo alcalde, Juan Siguero, “que revise la adjudicación urgentemente en un pleno extraordinario y adopte las medidas necesarias para defender el patrimonio municipal”. Por su parte, el portavoz del grupo socialista local, Pablo Nieto, insistió en que era “una práctica habitual que un cargo de confianza del ex alcalde firmara un informe relevante para la adjudicación definitiva y a las dos semanas otro cobrara la comisión”. Nieto denunció que se hicieran “dos valoraciones diferentes de las empresas que concurrieron, pero al final ganó la tasación elaborada por una persona de confianza del ex regidor”.

A pesar de esa tasación, la Ciudad del Deporte jamás cumplió los plazos pero eso no supuso ningún problema, ya que como explica este artículo de 2010:

El pasado mes de noviembre la obra debería haber estado acabada y la Junta de Gobierno Local aprobaba una ampliación de la ejecución de la obra de 13 meses sin contar con un informe del retraso.

En caso de demora, el pliego establece que «Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 20 por cada 100.000 pesetas (0,12 por 601,01 euros) del precio del contrato». Por lo tanto la indemnización serían 2,2 millones de euros.

«Esta renuncia a la indemnización no es solo un nuevo despilfarro que lleva a cabo el alcalde y su equipo de concejales sino una muestra más de que, pese a todo lo sucedido, el equipo de gobierno sigue beneficiando a las empresas relacionadas con el caso Gürtel» afirmaba el portavoz socialista Pablo Nieto.

Una maravilla cómo un Ayuntamiento regala 2,2 millones de euros que pertenecen a los contribuyentes de Boadilla a sus amigotes. El espíritu privatizador que tanto gusta al PP.

Unos pasos más allá Leo nos subraya una nueva evidencia de esta alegre distribución del erario público a familiares y amigos del PP. La concesión del Festival de Música Indie Summercase a Elena Sánchez Álvarez, entonces esposa del ex ministro Juan Costa, hermano de Ricardo Costa. Como podemos leer aquí:

Durante su tres años de existencia, el Summercase congregó a 244.000 espectadores, que dejaron en las arcas de la organización 23 millones de euros (tomando como referencia el precio medio de la entrada).

La cesión gratuita se realizó a través de un convenio suscrito concedido al parecer a dedo a Sinnamon gracias a la intermediación de Free Handicap, una empresa cuya directora general era esos años Elena Sánchez Álvarez, entonces esposa del ex ministro Juan Costa, amigo de Arturo González Panero (alias “El Albondiguilla”), ex alcalde de Boadilla e imputado en la trama Gürtel.

La cesión gratuita del terreno a una empresa privada a través de un convenio supone la concesión de una subvención encubierta en fragante contradicción con los principios de concurrencia e igualdad que rigen en la Ley de Subvenciones.

Además, el Ayuntamiento tampoco ha cobrado nada en concepto de tasa por instalación de infraestructuras en terrenos públicos, que a 5,25 euros por m2, ascenderían a 1,1 millones de euros.

Pero para los especuladores amigos del PP todo es superable. Unos metros más allá visitamos el complejo de viviendas de lujo Boadilla Park. La que iba a haber sido la joya del imperio de Ulibarri, un empresario leonés que estaba predestinado a convertirse en uno de los principales magnates de la comunicación en España, hasta que se destapó el caso Gürtel y se conocieron sus relaciones con Francisco Correa y el resto de componentes de la trama corrupta vinculada al Partido Popular. Desde entonces, Ulibarri ha visto como su imperio se desmorona a marchas forzadas, como bien nos explica la necesaria losgenoveses (imprescindible si se quiere una enterar de la verdad sin los filtros del poder). Ulibarri vió cómo una entidad financiera se quedaba con la promoción de lujo levantada en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Según Cotizalia, el empresario leonés tenía una deuda contraída con el Banco Santander que ascendía a 50 millones de euros. El Santander se negó a ofrecer nuevas condiciones financieras a Begar y optó por quedarse con las garantías. Los bienes ejecutados no son otros que la promoción y terrenos que UFC (filial de la constructora) desarrolló para levantar las 140 residencias que forman parte del exclusivo Boadilla Park. Cabe destacar que según el sumario del caso Gürtel, el Ayuntamiento de Boadilla adjudicó esta promoción de viviendas de lujo a la empresa de Ulibarri porque ésta pagó tres millones en comisiones ilegales a la trama corrupta.

Desgraciadamente, la otra cara de esta moneda es que, a causa de esta intervención del aparato cristofascista, se inhabilitó al Juez Garzón por haberse atrevido a hacer escuchas telefónicas para destapar esta trama corrupta que empapa al PP por todas partes.

De aquí, procedimos a entrar en varias urbanizaciones de lujo en las que viven gran parte de los imputados, especialmente Tomás Martín Morales. Sobre este individuo hay que destacar que el abogado de la acusación popular en el caso Gürtel, ejercida por el PSM-PSOE, envió un escrito al juez destacando que en un archivo interceptado a la trama se explica que el 22 de mayo, 11 días después de la adjudicación, se produce en la contabilidad del Grupo Correa un ingreso de 900.000 euros, que posteriormente será repartido entre los imputados Tomás Martín Morales, que ocupó los cargos de gerente, vicepresidente y consejero de la empresa municipal del suelo (EMSV) de Boadilla; el exalcalde Arturo González Panero; Alfonso Bosch Tejedor (gerente de la EMSV) y Pablo Crespo, número dos de Correa, y exsecretario de Organización del PP gallego.

Bien empachados de corruptos ligados al PP, nos dirigimos a una de las radiales que Esperanza Aguirre se ha empeñado en construir a cargo del contribuyente, para beneficiar a no se sabe quién. La R-2 es un desierto que nadie utiliza ya que es de pago. Hasta tal punto está desierta de coches que Leo Bassi preparó un partido de futbol en medio de la autopista que podría haberse prolongado horas sin que pasase un solo coche.

Esta trama de radiales, empeño personal de Esperanza Aguirre, repito, ha sido tal desastre que ahora piden a Fomento que la adquiera a coste del contribuyente. Como bien explicó Bassi: extraña teoría de estos liberales que piden que el Estado no intervenga hasta que arruinan a todos y entonces piden que el Estado pague sus desastres a cargo del contribuyente. ¿Lo privado sólo funciona cuando ellos ganan?

A nuestra derecha dejamos ese colosal desastre inmobiliario de Florentino Pérez que es la ciudad deportiva de Valdebebas, un desierto batido por el viento, habitable solo para roedores y perdices. Este colosal bluf inmobiliario es una perfecta muestra de cómo han sido los excesos de la derecha los que han causado la crisis y han llevado a España al borde del “rescate”. Bassi explica cómo la banca ha adelantado muchísimo dinero en España a este tipo de proyectos calamitosos y ahora los empresarios de la derecha no pueden devolverlo, así que las agencias de rating evalúan estas gestiones desastrosas como índice del rating de la economía española y a causa de estos desastres de la derecha la confianza en la deuda española ha bajado. No por la izquierda y las inversiones sociales, como quiere hacer creer la derecha, sino por estos desastres inmobiliario de la derecha y afines.

Terminamos el viaje en la finca del Duque de Alburquerque, casado con la modelo y aristócrata Blanca Suelves. Por sus tierras se ha hecho uno de esos lucrativos negocios de recalificación-venta-especulación de tierras que ha convertido una bellísima zona de encinares en un desierto que dará cabida a… ¡5 campos de golf!

Llama la atención que el camino que lleva a su casa sea el que recorre los campos de golf. Estábamos a punto de verlos cuando apareció el indignado duque para exigir que abandonásemos el camino (en el que no había ninguna indicación de que fuese propiedad privada) inmediatamente. Nos colocó a unos matones búlgaros que, con muy malas maneras, nos obligaron a recular marcha atrás. Parece ser que al duque no le interesa que se le vincule con estos dudosos negocios inmobiliarios.

Cuando ya habíamos salido de aquél erial lleno de tuberías para el campo de golf, nos encontramos con Esperanza Martínez Calvo que encabeza la candidatura en estas elecciones por Izquierda Unida Algete. Esperanza nos explicó cómo desde que el Partido Popular se ha hecho con la alcaldía de la localidad se han saltado todos los acuerdos previos para utilizar agua de una depuradora para regar los campos de golf y se va a malgastar una necesaria agua potable, ya que los campos de golf van muchísimo más avanzados que la depuradora que posiblemente jamás se construya. El PP ama los desastres ecológicos.

En este punto estábamos tan cansados que los omnipresentes carteles de Esperanza Aguirre “alienígena” (nena, se nos ha ido la mano con el photoshop), nos parecían hasta simpáticos. Pero bastó encender la televisión esa noche para confirmar el descaro con el que mentía la lideresa en el debate que organizaron en Telemadrid para las elecciones. Entonces me di cuenta de cuanta falta hacen iniciativas como el Bassibus.

Gracias Leo. Seguiremos luchando por desentrañar la verdad. Por mucho que le moleste al PP y afines.

Si queréis vivir esta aventura nutritiva, el próximo domingo 15 de mayo vuelve a salir el Bassibus. Para reservar entrada escribe a bassibus@leobassi.com.


* Público - Blogs - Palabra de artivista - 10.05.11


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Lanzarote.- La Fiscalía mantiene las penas contra el expresidente del Cabildo D.Martín, Fiestas y Machín

CANARIAS7* : Ayer quedó visto para sentencia el juicio por la obra de los aseos de Los Dolores, donde el fiscal incorporó un delito más en su acusación contra Dimas Martín y Fiestas Coll, a los que acusa de obra ilegal, además de daños al patrimonio y prevaricación. A Sergio Machín le imputa prevaricación, las defensas pide absolución. Tras más de veinte horas de plenario en los dos últimos días, ayer quedó visto para sentencia el juicio contra el ex presidente del Cabildo, Dimas Martín, el ex consejero de Obras Públicas, Sergio Machín, y el ex jefe de la Oficina Técnica, José Manuel Fiestas Coll, como responsables de las famosas obras de construcción de los aseos públicos de Los Dolores, en Tinajo.
El fiscal, en sus conclusiones amplió un delito más a su acusación para Dimas Martín y el técnico Fiestas Coll, a los que acusa de obra ilegal, además de los dos iniciales de prevaricación administrativa y daños contra el patrimonio. Mientras que a Sergio Machín, sólo le acusa de cooperador necesario en la prevaricación administrativa. En sus conclusiones el Ministerio Público cree que los tres atentaron contra el patrimonio histórico de forma flagrante, al permitir que se rompiera la colada volcánica, como según éste quedó demostrado en el juicio por los testimonios de los técnicos.

Al mismo tiempo destacó la prevaricación de libro que a su juicio cometieron los tres acusados, al camuflar una obra injusta, y sin los permisos habilitantes como calificación territorial, licencia o permisos de patrimonio y de la Comisión Iglesia Estado. Que además se adjudicó de forma irregular al constructor, sin oferta de otras empresas, y cuya obra estaba casi terminada tres días antes de que se firmara la resolución que la autorizaba por el propio Dimas Martín. Por ello según el fiscal incurrieron en una prevaricación de libro, una nueva modalidad consistente en disfrazar de legal un procedimiento de adjudicación cuya obra estaba ya terminada y adjudicada antes de autorizarse».


Por todo ello, mantiene la petición de penas de un año y nueve meses de cárcel, por un delito de daños contra el patriomonio, y de 10 años de inhabilitación para ejercer cargo público, por prevaricación administrativa para Dimas Martín, mientras que para Fiestas Coll y Machín pide una pena de un año y nueve meses de cárcel y siete de inhabilitación.

Por su parte las defensas pidieron la libre absolución de los tres acusados, además de que se tenga en cuenta la circunstancia de dilaciones indebidas, en un juicio que ha tardado ocho años en celebrarse y que se ha aplazado en dos ocasiones, la última casi dos años, por razones ajenas a la investigación o a los acusados.

Para las defensas, no existieron daños al patrimonio, porque el Bien de Interés Cultural se mantiene inalterado, íntegro, y además se restauró una zona deteriorada por que antiguamente estaba ocupada por unos corrales y la acumulación de escombros, además de que los trabajos no afectaron al BIC; sino a su zona de influencia.

Además, alegan que contó con informe, no vinculante, de los técnicos de Patrimonio, que la obra no necesitaba calificación territorial porque al estar aprobado el Plan General de Tinajo, el suelo es urbanizable y la licencia, no era necesaria por la denominada colaboración interadministrativa. Y en cuanto a la adjudicación se hizo por procedimiento negociado invitando a tres empresas, por ser obra de menor cuantía. Por todo lo cual, según la defensa, la denuncia en todo caso debió ir por un contencioso, no por vía criminal, como hizo el PSOE.


* Canarias 7 - 10.05.11
Foto: Tinajo (Lanzarote) - sobrecanarias

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Marbella.- La alargada sombra del juez Torres

SUR/Málaga* : Nueva sesión del juicio por el 'caso Malaya'. Ayer se retomó la vista oral del macroproceso que enjuicia su segundo bloque, el de blanqueo de capitales vinculado a varias operaciones y sociedades de Juan Antonio Roca, el principal imputado en la presunta trama de corrupción. Se retomaba uno de los juicios más mediáticos con la sombra siempre presente del juez instructor del proceso, Miguel Ángel Torres. En cada jornada hay continuas referencias (y críticas) al magistrado pero ayer uno de los abogados fue más allá e incluso llegó a plantearse la posibilidad de pedir que el juez comparezca como testigo para aclarar algunas cuestiones de la investigación. La propuesta la dejaba en el aire José Antonio Choclán abogado defensor de Óscar Benavente, presunto testaferro de Roca, durante el interrogatorio a uno de los principales investigadores de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco). El letrado preguntaba por los indicios que llevaron a la policía a intervenir el teléfono de su defendido. El agente explicó que tenían indicios policiales como para pensar que su patrocinado «podía estar colaborando con el señor Roca en sus actividades».

En un momento de la comparecencia el policía aseguró que, la única forma de responder a las cuestiones planteadas por el abogado era «preguntando al señor magistrado instructor» a lo que el abogado respondió: «Entonces lo tengo que citar como testigo. Quizás nos reservamos -ante este nuevo hecho de nueva aparición ya lo estaba reflexionando- la posible proposición de la prueba testifical del señor magistrado instructor; en la medida en que se están refiriendo a determinados conocimientos privados e informaciones que no constan en la causa», trasladó a la sala. Justo después el presidente del Tribunal, José Godino, daba por finalizada la sesión que continúa hoy con el interrogatorio al mismo policía.
Por su parte, el resto de las defensas preguntaron a este testigo y a su compañero (también de la Udyco) sobre los indicios de las diligencias, las fechas de las escuchas telefónicas y los registros cuestionando en todo momento la investigación que, a su parecer, comenzó antes de que existiera autorización judicial. Ambos funcionarios aseguraron que siempre actuaron bajo «requerimiento judicial». La abogada de Roca, Rocío Amigo, intentó poner contra las cuerdas al segundo funcionario en declarar al señalar discordancia de fechas entre las intervenciones telefónicas y la autorización pertinente. El agente dijo tajante que siempre se hacían «con amparo judicial».


* Sur - 10.05.11
Foto: Marbella, jueces Torres y Urquía (archivo) - J.Lanza (SUR)

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Valladolid.- El Ayuntamiento pierde 11,6 millones de los 16,7 que adelantó por Panibérica

NORTECASTILLA* : Era una posibilidad y desde ayer, una realidad. El Ayuntamiento perderá los 11,6 millones de euros que se acordaron como penalización, tras no ejercer la opción de compra a la que se había comprometido con Panibérica para la adquisición de los terrenos de la vieja fábrica en el Callejón de la Alcoholera. Hace unos días el Ayuntamiento dio a conocer un nuevo informe de tasación en el que el valor de ese suelo bajaba de 52,5 a 20 millones de euros, re- ducción que no ha debido de gustar a la empresa, que ayer comunicó a la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, su rechazo a aceptar la nueva oferta.
El Consistorio ha intentado con la nueva tasación negociar una compra mucho más barata de esas parcelas y no perder los 11,6 millones de penalización -7,2 de ellos en especie por el valor de los terrenos que le vendió en Nicas- pero Panibérica, perteneciente al Grupo Lesaffre, ha dicho 'no' a esa rebaja de 32,5 millones de euros.

Así, el Ayuntamiento solo recuperará el 30% de los 16,7 millones de euros que la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda entregó para poder ejecutar su opción de compra. 5,1 millones de euros regresarán a las arcas municipales y los terrenos del Callejón de la Alcoholera se quedarán en manos de la empresa líder mundial en soluciones de panificación, que se supone intentará encontrar un mejor postor. Fuentes de la compañía precisaron que la empresa ha realizado una importante inversión, cercana a los 58 millones de euros, en la nueva fábrica y que la nueva propuesta obligaría a redefinir los créditos que se solicitaron con los bancos para la nueva planta, lo que supondría un importante trastorno.
Hasta el 15 de mayo
El acuerdo alcanzado en julio de 2008 entre Panibérica y el Ayuntamiento para la reubicación de esta empresa junto a Nicas contemplaba una opción de compra por parte del Consistorio del suelo resultante del derribo, que le obligaba al Consistorio a pagar antes del próximo 15 de mayo 35,8 millones de euros más el IVA -teniendo en cuenta la primera tasación de 52.530.293 euros- a Panibérica para quedarse con un terreno en el que caben medio millar de viviendas. De no ejecutar esa opción de compra, que es lo que ha ocurrido finalmente, la compañía tendrá derecho a hacer suya, en concepto de penalización, la cantidad ya entregada po-r la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (Viva) como precio de la opción, aunque reducida el 30%. Como así será.
El Ayuntamiento, en una nota de prensa, asegura que mantiene relaciones cordiales con la empresa, con la que se ha alcanzado un acuerdo amistoso. Desde la institución se insiste en que «ante la crisis económica actual», VIVA encargó una nueva tasación a TINSA para conocer el valor de los terrenos que ocupaba la fábrica, cuyo resultado «confirma que el valor del suelo ha sufrido una rebaja considerable, al pasar de los 52 millones de euros iniciales a poco más de 20 millones». A la vista de este dato, la Sociedad Municipal trasladó a la dirección de la fábrica la reducción del precio, «ya que no estaría justificada el pago a la empresa privada muy por encima del valor real».
Como consecuencia de esta decisión, Panibérica de Levaduras deberá reintegrar a VIVA el 30% del importe del contrato, que asciende a 5.011.968 euros más IVA, suma que se destinará a rehabilitación y edificación de VPO. Hasta la fecha, VIVA había desembolsado 9,5 millones y había entregado la parcela del polígono de Nicas.
Con el nuevo precio de tasación, la Sociedad Municipal había encontrado dos compradores para dos parcelas y poder iniciar la edificación de VPO a tres bandas. La intención era «compartir los riesgos de la operación en la situación económica actual», según el Ayuntamiento.


* El Norte de Castilla - 10.05.11
Foto: Terrenos en el Callejón de la Alcoholera durante la demolición de la planta - nortecastilla

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Alicante.- Cambios, crisis y escándalos

INFORMACIÓN* : La marcha de Luis Díaz Alperi en septiembre de 2008 y su relevo al frente del Ayuntamiento por parte de la entonces concejal de Urbanismo Sonia Castedo supuso un antes y un después en este último mandato municipal, liderado con mayoría absoluta por el PP (15 concejales) y con la única oposición del PSOE (14 ediles), y marcado por la crisis y las sospechas de corrupción que han salpicado la vida política.
Cuatro años que parecen no haber pasado por los grandes proyectos de la ciudad como el Centro de Congresos, en pleno debate sobre si es o no necesario tras la reciente apertura del Auditorio Provincial. También sigue enquistada la aprobación definitiva del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sometido a investigación judicial en el marco del llamado caso Brugal, que ha extendido las sospechas de corrupción sobre varios políticos municipales. Entre ellos, la propia alcaldesa, investigada por presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz.

El escándalo de corrupción del caso Brugal se saldó con la dimisión, en octubre de 2010, del entonces líder del grupo municipal socialista, Roque Moreno, quien al igual que lo hiciera Castedo, admitió haber pedido trabajo a Ortiz para conocidos. Su abandono supuso el segundo cambio al frente del PSOE tras la marcha de Etelvina Andreu meses después de las últimas elecciones. La socialista Carmen Sánchez Brufal tomó las riendas de un grupo que ha ido dividiéndose hasta romperse en pedazos. Hasta tres portavoces en cuatro años. Y en esta elecciones, una nueva cara: la de Elena Martín.
El archivo del caso de los aparcamientos y la exculpación de los políticos en el caso Mercalicante aliviaron el peso judicial sobre el equipo de gobierno, pero otros casos han ido abriéndose y continúan hoy sin resolverse definitivamente. Un cúmulo de causas por las que han llegado a coincidir en el tiempo hasta tres concejales imputados por diferentes asuntos.
El mandato comenzó prácticamente paralelo a la crisis económica, lo que ha obligado a ir ajustando los presupuestos por la reducción de ingresos ante la caída de la recaudación de impuestos derivados de la construcción. La situación se agudizó en el último año, cuando el Ayuntamiento aprobó un plan de ahorro y la congelación de la plantilla para equilibrar sus cuentas. Se ha pasado de la época de las vacas gordas a la de los recortes, de los que no se han librado ninguna de las concejalías, ni tampoco las fiestas de Hogueras.
No todo han sido sombras. Entre las luces destacan algunos proyectos que se han hecho realidad en la ciudad en los últimos cuatro años pese a las dificultades de financiación. Entre ellos, la remodelación de la avenida de Dénia, la prolongación de la Vía Parque y su acondicionamiento con parques y zonas deportivas, la ampliación del tranvía para conectar Alicante y San Vicente, la construcción de una nueva estación de autobuses, el desbloqueo del soterramiento y las obras para la llegada del AVE en 2012 y la mejora del acceso sur a la ciudad. Esta última actuación, inaugurada recientemente, se ha convertido en una de las grandes bazas electorales de la alcaldesa que se enfrenta por primera vez a las urnas como cabeza de lista.
Desde que Alperi le dio el relevo, Castedo apostó por poner "guapa" la ciudad y prometió una política de mano tendida, que tradujo no en una mejor relación con la oposición, sino en una mayor cercanía hacia los vecinos y en el diálogo con los colectivos sociales más activos. Su primera decisión de calado político se centró en los cambios en Seguridad y la destitución del edil Pablo Suárez, pero las más polémicas se concentraron durante el último año. Castedo se vio obligada a asumir que para gobernar no se puede contentar a todos y, ante la avalancha de críticas, no tuvo más remedio que dar marcha atrás en su propuesta de crear un botellódromo para los jóvenes o de abrir al tráfico un tramo de la Explanada para complacer a los comerciantes del centro.
En marzo de 2010 Castedo decidió desprenderse de sus competencias en Urbanismo y delegó en un abogado del equipo redactor del PGOU, Alfonso Mendoza. En el terreno urbanístico, el polémico plan Rabasa continúa a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre su legalidad, si bien se ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre el planeamiento. Ahora se tramita una modificación de este plan para poder instalar allí una tienda Ikea, de la que el PSOE cuestiona su ubicación, y un macrocentro comercial anexo que los comerciantes de la ciudad rechazan firmemente.


* Información - 7.05.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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Barreiros, más casas que vecinos

ELPAÍS/Lugo* : Aplacada la euforia constructiva, Barreiros se enfrenta a los próximos comicios a la sombra de urbanizaciones y chalés ya edificados o a medio construir desperdigados por la línea de costa y centenares de apartamentos a la venta. Cuatro años de parálisis urbanística, crisis y paro han hecho mella en el municipio lucense donde se apilan materiales de obra y casetas de promociones inmobiliarias junto a grandes prados de vacas a un paso de la playa de Altar. El alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, acusado por la fiscalía de prevaricación, aprobó con nota el último examen electoral del 2007 tres meses después de que la Xunta del bipartito le retirase por decreto las competencias urbanísticas por un chorreo descontrolado de licencias para edificar 4.000 viviendas en terrenos sin redes ni servicios. El desmadre de ladrillos no les pasó factura a los populares que contaron 34 votos menos que en 2003 y repitieron con mayoría absoluta. Fuente se examina el 22 de mayo por segunda vez después de muchos atolladeros jurídicos para tratar de desbloquear las 44 licencias para 3.174 pisos que impugnó el bipartito y que ya le han costado a las arcas locales más de 200.000 euros en los últimos dos años, el equivalente al 7% del presupuesto anual que ronda los tres millones de euros.

Lejos de sonrojarse, el regidor popular presume del "potencial residencial" de su localidad y achaca lo ocurrido a una persecución política. "Se dieron las licencias que permitían las normas", se justifica Fuente, que vivió "dos años negros" hasta que el PP retornó a la presidencia de la Xunta en 2009. Los vecinos, en general, no parecen rebelarse contra la invasión cementera de sus costas que únicamente fue cuestionada por una oposición muy minotaria y los ecologistas. En Barreiros casi dan por hecho que Fuente seguirá en la alcaldía.

"La gente se fue acostumbrando", resume una dependienta, resignada ante el paisaje de bloques de cemento entre casas de piedra y labradíos. No todos aplauden el trabajo de la actual corporación y opinan que ha crecido el descontento por un modelo de urbanismo que llenó la costa de pisos vacíos sobre terruños sin saneamiento ni luz levantados por mano de obra foránea.

El candidato nacionalista, Antonio Veiga, se queja amargamente de que las urbanizaciones alteraron la dinámica de un pueblo "que no avanzó nada" y el socialista, Manuel Lens, opina que la parálisis urbanística también se contagió al plano institucional. Ambos lamentan que el alcalde solo atienda "a sus intereses" y descuide los servicios mientras crece el déficit.

"Aquí hubo mucho caciquismo y mucho peto", se despacha un vecino que prefiere el anonimato. Cuenta que algunos empezaron a recriminarle al alcalde que edificase tanto en la parroquia de San Miguel de Reinante, con 777 vecinos, y este contrató a más gente. Lo compara con "la Diputación de Baltar en pequeñito". "El 30% del personal municipal es de allí", apuntan desde la oposición. En pleno verano, entre socorristas y limpieza de playas, la plantilla supera el centenar, admite Fuente.

Xesús Seivane, presidente de la Asociación de Comerciantes de Barreiros (ACIAM) denuncia que las constructoras hicieron "auténticas salvajadas" y arrasaron con hórreos centenarios para edificar "gallineros", como llama a las urbanizaciones que aparecen entre "corredoiras". "Fuimos los primeros en protestar que había que poner orden (luz y agua) antes que las casas, y nos pusieron de malos", cuenta Seivane. "Parecía que todas las leiras eran solares y todos querían jubilarse así: vendiendo las tierras", explica el hostelero.

Ocho kilómetros de costa salpicada de ocho largas playas de arena blanca enlazadas por un paseo marítimo fueron el mejor reclamo turístico para este municipio de 3.203 habitantes y 77 kilómetros cuadrados encallados en A Mariña Oriental, entre Foz y Ribadeo. Barreiros despegó momentáneamente como paraíso urbanístico para los que buscaban una segunda vivienda a orillas del Cantábrico y amagó con ser la pequeña Marbella del norte gallego. En 2007, el municipio recaudó 1,9 millones por licencias de obras, según el portavoz del BNG, y en el centro de Barreiros se contaban "seis o siete" inmobiliarias, de las que solo queda una.

A lo largo de la N-634 a su paso por Barreiros, varias promotoras anuncian sus "últimos pisos" con "acabados de lujo" y abundan los carteles de particulares que anuncian sus fincas y terrenos en venta. De aquella fiebre urbanística quedan ahora por solucionar decenas de conflictos entre vecinos que vendieron o apalabraron sus fincas y promotores que no les pagaron todo. Seivane asegura que son varios los que cobraron una primera señal por los solares donde ahora se levantan centenares de pisos inacabados en calles de tierra sin tuberías, luz o alcantarillas.

Barreiros explotó urbanísticamente en 2006. En un año, el Ayuntamiento dio 71 licencias para 1.826 viviendas de nueva planta. Se amparó en unas normas subsidiarias de 1994 pasando por alto la Lei do Solo. La Xunta suspendió el planeamiento de Barreiros en 2007 e impuso duras restricciones al ladrillo. El Tribunal Superior de Xustiza ha avalado al bipartito frenando el recurso del Ayuntamiento y los promotores, pero la batalla jurídica sigue adelante. El alcalde anuncia que en los "próximos días" se firmará el convenio entre la Xunta, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento que destina 14 millones a legalizar las viviendas y costear las redes y tuberías que tenían que haber hecho los promotores.


* El País - 9.05.11
Foto: Barreiros (Lugo), playa - mma.es

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Huelva.- El mañana nunca muere

HUELVAINFORMACIÓN* : Ligado al reto de la supervivencia económica, el resurgir del (macro)urbanismo será en estos próximos cuatro años uno de los mayores desafíos para los gestores municipales, en la defensa común de grandes proyectos que impriman en Huelva la definitiva fachada de capitalidad y, entre otros objetivos estratégicos, el acercamiento del casco urbano a la Ría del Odiel con la expansión meridional de la ciudad.
Los primeros mandatos del alcalde Pedro Rodríguez, con la Operación Relanzamiento del Plan General de 1999, supusieron en la época de bonanza un vértigo de obras en áreas consolidadas y descampados (todavía colea la proclama del PP de que "la ciudad ha cambiado más en una década que en un siglo"); pero el pinchazo inmobiliario instaló, como en todos los municipios, un escenario ralentizado, en algunos casos, una frenada en seco, mitigada en el último bienio con los fondos anticrisis del Gobierno central y la Junta de Andalucía, que han servido a actuaciones como la remodelación de la Gran Vía, la de la antigua avenida de Tráfico Pesado o los planes de mejora de espacios públicos e infraestructuras en las barriadas.

Sin embargo, las revoluciones anunciadas durante todos estos años, como el Ensanche sur o el proyecto de Isla Chica en los terrenos del viejo estadio -ambos, banderas electorales del regidor- han sido promesas eternizadas, primero en un lustro de bloqueo judicial y administrativo (en ambos casos a instancias del Gobierno andaluz, en la guerra obstruccionista entre los mandatarios del PP y el PSOE). Cuando los jueces y la propia Administración dieron vía libre a estos planes urbanísticos se vieron enormemente lastrados por la sequía de la crisis.

Por un lado, la operación del Ensanche Sur (los candidatos defienden modelos diferentes del planeamiento) conlleva, según la concibieron los mandatarios del PP, la urbanización de 120 hectáreas entre el actual Recinto Colombino, Marismas del Titán y el paraje de Las Metas, donde Adif acometió la primera fase de trabajos geotécnicos para la construcción de la futura estación del AVE (otra de las incógnitas que se abren en el nuevo mandato es el rumbo que tomará el asunto de Las Metas, una vez se desalojen todos los suelos municipales y se derriben las edificaciones para que Adif pueda disponer de la totalidad de los terrenos del Plan Especial de Infraestructuras Ferroviarias). En el ámbito del futuro Ensanche -que afecta a una quincena de entidades propietarias, encabezadas por el Grupo Trusam, que actuará como agente urbanizador, a través de Natural Links- se proyecta la Ciudad de la Justicia, un palacio de congresos, un nuevo club de tenis, un centro deportivo, un centro de salud, 3.400 viviendas (la mitad, VPO), colegios, institutos, guarderías, una catedral, parques y un nuevo recinto ferial. El balcón del Ensanche será el paseo marítimo que está construyendo la Autoridad Portuaria, arrancando en el Muelle de Riotinto.

En lo que respecta a Isla Chica, el que se considera segundo centro de la ciudad sigue aguardando el regreso al futuro después de diez años de muchos ruido y pocas nueces, aunque semanas atrás el Ayuntamiento visualizó el reinicio de la operación con la limpieza del solar del antiguo Colombino, preparando las obras de remodelación de la Plaza del Estadio para proseguir con los trabajos que ya comenzaron este mandato con la reforma de la Plaza Houston. Una de las cuestiones pendientes para encarrilar la situación en el nuevo mandato es el desbloqueo del proyecto del centro comercial y de ocio previsto en la zona, enquistado en la falta de financiación que impidió a una sociedad de 104 empresarios del barrio adquirir la parcela terciaria, a pesar de las oportunidades y aplazamientos brindados desde el Consistorio. Además, en este plan urbanístico de cinco hectáreas, se construirá un hotel, 36 viviendas, un centro de salud, un edifico de uso social y un gran parque, el Jardín Marisma, que incorporará un estanque y un auditorio al aire libre, y será la columna vertebral del conjunto de edificaciones.

Otra de las asignaturas pendientes es la ejecución del Plan Especial de Reforma Interior del Manuel Lois -después de que se empezara a demoler el antiguo hospital en 2007-, suspendido también en el limbo de la crisis.

En el Casco Histórico estaban previstas algunas intervenciones de calado que esta misma coyuntura ha congelado en el tiempo, como el proyecto de un parque-mirador en el cabezo de San Pedro (incluso se llegó a plantear la recreación del Castillo de los Guzmanes como reclamo turístico); la rehabilitación del viejo cuartel del Paseo Santa Fe; o la operación de la plaza mayor porticada en el solar del antiguo Mercado del Carmen, una vez que éste se demolió el año pasado tras la odisea del traslado de los comerciantes a las nuevas instalaciones de Pescadería.

Con estos cabos sueltos en la ejecución del PGOU, se abortó la ejecución del planeamiento que el Consistorio abortó en 2006 para poner en carga más suelo para el horizonte de 2023 y, entre otras expectativas, emprender la expansión urbana hacia el Norte, por el territorio de Montija, como ya esbozaba el vigente plan general.

Los aspirantes al Gobierno local se enfrentan, pues, al cometido nada desdeñable de romper este círculo vicioso, en el que la limitación de recursos (tanto públicos como privados) tiene varadas tantas maquetas y futuribles, esperando los brotes verdes.


* Huelva Información - 8.05.11
Foto: Huelva, aérea - cacela-hispania

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C.Valenciana.- La explosión de la burbuja

ELPAÍS: El jueves 18 de abril de 2007, Astroc, la inmobiliaria que convirtió a Enrique Bañuelos en uno de los 100 hombres más ricos del mundo, perdió un 43% de su valor en Bolsa. El lunes 23, las acciones perdieron otro 37%. La firma estrella de la era del ladrillo había crecido de forma sostenida y había multiplicado su valor por 10 en menos de un año. Hasta que se desplomó. Muchos ahorradores perdieron mucho dinero. Pero Francisco Camps todavía se permitía prometer el pleno empleo durante la campaña electoral que le llevaría a su segundo mandato como presidente de la Generalitat. Los promotores inmobiliarios ya alertaban sobre ciertos excesos en la producción. Los precios de la vivienda se habían disparado y los inversores internacionales empezaban a mirar hacia otros mercados.
Ya había algunos nubarrones, pero eran tiempos felices en los que fluía el crédito a bajo interés. La construcción y el negocio inmobiliario se tragaban las dos terceras partes del dinero fresco que ponían en circulación las entidades financieras. Y la Comunidad Valenciana, la California de Europa, concentraba su iniciativa en la promoción y los servicios personales.

El naufragio de Astroc fue todo un síntoma. Bañuelos encarnaba el modelo de empresario que surgió al calor de la falta de control público sobre el negocio inmobiliario. Un promotor recuerda la consigna de un consejero del ramo: "¡Cread riqueza, cread riqueza!". Y empleo. Mucho empleo. Pero de poca calidad.

Gerardo Camps, consejero de Economía y Hacienda, reiteraba que la Comunidad Valenciana estaba llamada a ser una comunidad de servicios. El impulso de grandes eventos como la Copa del América o el Gran Premio de Fórmula 1 acentuaban la apuesta del Consell por el turismo y la inversión residencial. Un modelo que se quebró definitivamente en septiembre de 2007 cuando varios bancos estadounidenses que habían concedido generosas hipotecas a demasiados clientes sin recursos se arruinaron.

En septiembre de 2008 quebró Lehmann Brothers, modelo de un agresivo banco estadounidense de inversión. Y vino la cascada. El crédito se frenó en seco. Lo mismo que la construcción, el motor que debía producir el pleno empleo.

La debacle económica barrió la Comunidad Valenciana en todas direcciones e hizo temblar a todos los sectores. Una parte de la industria manufacturera que competía porque producía a costes más bajos que los fabricantes italianos había sido barrida por la liberalización comercial y el acceso global a mercados con costes laborales irrisorios.

Las actividades que arrastraba la construcción sufrieron el mayor golpe. Desde el textil para el hogar hasta el mueble pasando por el azulejo, tres industrias con gran implantación en territorio valenciano.

A lo largo de la legislatura, la destrucción de tejido empresarial ha sido elevada. Entre 2007 y 2010 la cifra de empresas activas cayó un 4,4%, porcentaje muy superior al 1,36% que arrojó en el periodo la media española, según el INE. A finales de este año había 352.366 empresas en la Comunidad Valenciana.

El desglose por sectores indica cómo en la industria el número de empresas activas ha caído un 8,27%. El segundo descenso más abrupto lo sufrió el comercio, un 6,6%. Los servicios, con un 3,57%, y la construcción, con un 1,17% menos de empresas activas, tampoco han vivido buenos tiempos.

Pero el impacto más dramático tiene rostro humano. El boyante mercado laboral registraba en 2007 una tasa de paro del 8,55%, ligeramente por encima del 8,47% que era la media española. Pero en Castellón bajaba hasta el 6,41%, muy cerca del pleno empleo técnico que los expertos cifran en un paro del 5%.

La Comunidad Valenciana tiene ahora menos ocupados que en 2007 pese a que la cifra de trabajadores en activo no ha dejado de crecer. Y el paro se ha triplicado en estos años.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2007 mostraba que en la Comunidad había 2,18 millones de ocupados, cifra que ha caído y no llega a 1,9 millones en el primer trimestre de 2011. Por el contrario, el número de parados ha pasado de 200.000 a rozar los 600.000. Y la tasa de paro se ha disparado hasta el 24,12%.

Especialmente dramático ha sido el aumento del desempleo entre los inmigrantes. Entre los extranjeros que acudieron a trabajar a la Comunidad Valenciana cuando la burbuja todavía se hinchaba, el número de parados se ha multiplicado por cuatro desde 2007. En abril de 2007 había 20.008 inmigrantes parados, según datos del Ministerio de Trabajo. En el mismo mes de 2011 eran casi 90.000.

La Generalitat asistió al huracán sin capacidad de reacción. Durante los años de bonanza se sumó a la fiesta del crédito fácil y la deuda pública nunca dejó de crecer. Francisco Camps cerró su primer ejercicio como presidente de la Generalitat con una deuda cercana a los 8.000 millones. A finales de 2010, la deuda alcanzó los 17.600 millones de euros.

La hipoteca de las empresas públicas creció en paralelo desde 1.500 millones de euros a finales de 2003 hasta 3.000 millones de euros a finales de 2010.

Los presupuestos de la Generalitat no permiten alegrías. La nómina de los empleados públicos y los gastos fijos asociados a los servicios de Sanidad, Educación y Bienestar Social consumen la inmensa mayoría del dinero formalmente disponible. Y cuando los ingresos quedan por debajo de lo previsto, no se puede pagar. Así de simple.

Gerardo Camps, actual vicepresidente económico del Consell, anunció en enero de 2009 el denominado Plan Confianza encaminado a paliar la virulenta destrucción de empleo en la Comunidad Valenciana que se financiaría con un crédito específico.

Francisco Camps ha reiterado que la Generalitat supo reaccionar a tiempo, siempre a diferencia de José Luis Rodríguez Zapatero, al inyectar 1.700 millones de euros para mover la economía. Pero la Sindicatura de Cuentas cifró en 343 millones el gasto asociado al Plan Confianza en 2009. Y el propio Gerardo Camps asumía en febrero pasado que apenas había pagado 138 millones de euros de una partida de 1.020 millones destinada a financiar inversiones productivas en los municipios valencianos.

La crisis financiera internacional no ha hecho sino complicar la situación de la Generalitat. A lo largo de casi todo el año 2010, el Instituto Valenciano de Finanzas no ha podido vender deuda en los mercados institucionales. En octubre pasado forzó a Bancaja y a la CAM a comprar una emisión de 1.000 millones de euros. En diciembre recurrió a una emisión de bonos patrióticos dirigidos a particulares que debía cubrir las deudas acumuladas con diversos proveedores de la Administración autonómica. Pero esas deudas nunca llegaron a saldarse, como prueba la proliferación de asociaciones y federaciones patronales que reclaman el pago de facturas pendientes desde hace años.

La impotencia, sin embargo, ha sido maquillada con victimismo. Y con un chivo expiatorio: José Luis Rodríguez Zapatero es el origen de todos los males que afectan a los valencianos.

Escenario 2011
- La riqueza por habitante a finales de 2010 era de 20.465 euros. La renta media en toda España ha subido hasta los 23.063.

- La deuda de la Generalitat a finales de 2010 ascendía a 17.600 millones de euros y representaba el 17,2% de la riqueza regional

- En el primer trimestre de 2011 el número de ocupados fue de 1.887.400

- El número de parados alcanzó los 599.900, cifra que arroja una tasa del 24,12%.

- El censo de empresas activas en 2010 sumaba 352.366 sociedades.

- 181.081 estaban vinculadas al sector servicios.

- El sector del comercio redujo su censo hasta 90.005 empresas.

- El sector de la construcción mantenía 53.544 sociedades.

- El tejido industrial redujo su peso sobre el conjunto a 27.764 sociedades.

Escenario 2007
- La riqueza regional por habitante era de 19.057 euros a finales de 2005. La media española era entonces de 20.838 euros por habitante.

- La deuda de la Generalitat a finales de 2006 rozaba los 11.000 millones de euros y representaba el 11,3% de la riqueza regional.

- En el primer trimestre de 2007 había 2.188.500 ocupados.

- El número de parados ascendía a 204.500, cifra que arroja una tasa del 8,55%.

- El censo de empresas activas en 2007 superaba las 368.000.

- 187.771 empresas estaban vinculadas al sector servicios.

- El sector del comercio acumulaba un censo de 96.356 empresas.

- El sector de la construcción sumaba 54.180 sociedades.

- El tejido industrial estaba representado por 30.269 sociedades.


* El País - 9.05.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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