Viñeta: El Roto, los peligrosos - elpais 20110402
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Cientos de personas se manifiestan en Pamplona contra el TAV
Al término de la marcha, que ha concluido en la Plaza del Castillo de Pamplona, se ha dado lectura a un comunicado en el que se criticaba que este proyecto es "sólo para las clases dirigentes económicas y políticas", ya que, en su opinión, "sólo alimenta los beneficios de constructoras, cajas de ahorros y bancos".
Desde 'AHT Gelditu! Elkarlana', han criticado que el TAV "ni quitará camiones de las carreteras ni reducirá el tráfico", y han asegurado que este tren "está diseñado para una minoría de la población que viajan diariamente entre capitales y que pueden pagar el alto precio del billete".
Así, la plataforma opositora al TAV ha rechazado que tanto UPN como PSN "están intentando ocultar por todos los medios que la construcción de esta línea de alta velocidad supone un enorme impacto medioambiental", además de "una nueva agresión al medio rural y a los pueblos".
"Mover este avión terrestre a 300 kilómetros por hora implica más gasto de energía, por lo tanto, necesita de las centrales térmicas como las de Castejón, declaradas ilegales", han censurado desde la plataforma, al tiempo que han criticado que "mientras se paga esta obra de más de 3.000 millones de euros, se recortan servicios sociales y derechos laborales".
Por todo esto, desde 'AHT Gelditu!' han animado a todos los navarros a "continuar y extender las luchas desobedientes" contra "la imposición del TAV", al considerar que "aún estamos a tiempo de detener esta obra destructora y elitista". "Pararlo es una necesidad que requiere el compromiso de todos", ha concluido el manifiesto.
* Europa Press - 2.04.11
Foto: Pamplona, manifa contra TAV - EP
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Córdoba.- El Estadio más grande del mundo
Fue el gran fiasco del primer mandato de IU-PSOE, que sólo vio acercar el césped al graderio y planificar las demoliciones posteriores —la primera, la de preferencia—.
IU no aprendió del error. Rosa Aguilar, en su mandato liberada de los socialistas, se topaba con la falta de propuestas empresariales para acometer el dos por uno de Mellado: Ciudad del Ocio y estadio con hotel de lujo. Entonces, tiró de fondos públicos para iniciar la preferencia y se trajo en la maqueta a la Ciudad del Ocio a la vera del mismo estadio, pensando que sería más interesante como toalla para enfriar los calentones del botellón y planificando la carambola de trasladar al otro lado de la auotvía el recinto ferial de mayo. Nada de nada.
En el programa electoral con el que viene gobernando ahora IU en coalición con el PSOE, el error alcanza la categoría de utopía. En el capítulo denominado «Urbanismo con rostro humano» (que da para varias interpretaciones por lo del rostro) se prometía: «Desarrollo del proyecto de la Ciudad del Ocio en el Arenal y conclusión de las obras de remodelación del estadio municipal del Arcángel». Eso en 2007.
Probablemente, estemos ante el estadio más grande del mundo, pues nunca termina. Mellado empezó a tirar cemento en 2002 y nueve años después, así seguimos. El Ayuntamiento se ha gastado más de 40 millones de euros en levantar una preferencia, un fondo norte y el futuro fondo sur (más pequeño que el anterior de aforo). No se tocará la tribuna. Nunca apareció una empresa para acometer un recinto deportivo ligado a la Ciudad del Ocio. El hotel murió. El césped desapareció de las cubiertas. La preferencia es un edificio semifantasma en el exterior (con grietas internas) con el 60% de sus entrañas sin concluirse y el 40% restante con oficinas municipales costeadas con fondos anticrisis.
* ABC - 6.04.10
Foto: Córdoba, maqueta nuevo estadio - abc
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La Fiscalía intervino bienes por 3.000 millones de euros en cinco años de corrupción
El Corruptódromo confirma que ninguna comunidad es ajena a esta plaga, aunque destacan especialmente el litoral levantino y la Comunidad de Madrid. Por partidos políticos, el color azul del PP se impone, seguido muy de cerca del rojo de los socialistas. Curioso es el cambio de Cataluña: el partido con más denuncias resulta ser CiU, seguido del PSC y finalmente del PPC.
Los últimos datos que maneja la Fiscalía General del Estado hablan de 730 causas abiertas y señala a Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares como las provincias que más investigaciones policiales han concentrado: 560. Desde 2004, se han detenido a más de mil personas e intervenido numerosos bienes valorados en más de 3.000 millones de euros. En todos los escándalos hay un punto en común: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de la población.
En noviembre de 2009, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, revelaba que las causas afectaban a militantes de todos los partidos. En ese momento, se tramitaban 264 causas judiciales que concernían a los socialistas frente a las 200 que afectaban al PP. El resto de partidos, aunque menos, tampoco se libraban. Desde 2004, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han realizado 232 operaciones contra la corrupción. Casos que se han centrado en delitos como cohecho (131 casos), malversación (6 casos), prevaricación (48 casos), tráfico de influencias (32 casos), blanqueo de capitales (31 casos), falsedades o abuso en el ejercicio de la Función Pública, entre otros. Según fuentes policiales, la corrupción urbanística produce más dinero que el tráfico de drogas y tiene la ventaja de que las penas son menores. “¿No han visto dónde está Julián Muñoz, condenado por la operación Malaya con un buen número de causas pendientes?”. En la calle.
No siempre se mueven por dinero
Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en corrupción, asegura en el Informe sobre Democracia en España que la Fiscalía Anticorrupción únicamente intervino en 2004 en 104 procedimientos, habiéndose más que duplicado el trabajo en los cinco años posteriores. “Cuando se piensa en los motivos que llevan a alguien a realizar actos corruptos se piensa en el dinero como motivador esencial. Sin embargo, hay otros motivos también importantes que a menudo no se consideran, como la amistad, el amor, o incluso la venganza por una situación que se considera injusta”.
La corrupción se cuela por el sistema de financiación de los ayuntamientos, que trabajan a través de convenios urbanísticos, “una vía de penetración perfecta”, explican fuentes sindicales. La trama casi siempre es igual: un alcalde, o un concejal de urbanismo, necesita a promotores que compren terrenos al precio más bajo posible, para volver a vender el solar con un coste mucho más elevado. “El dinero que se ahorra en la compra-venta lo dedican a pagar los favores tanto a los que han conseguido el terreno como a los corruptos del ayuntamiento implicado”, aseguran las mismas fuentes. En la corrupción política de alto nivel, tipo Gürtel, aparecen elementos causales. “Entre otros, la necesidad de financiación de los partidos. La cual, a su vez, tiene su origen e cambios en la cultura política”, asegura Villoria.
Sin embargo, al estudiar cada caso salen sus propias peculiaridades de delinquir. En el caso Gürtel, una de las claves del proceso “estará vinculada a la acreditación o no en el juicio de que la trama surge y se consolida como un instrumento de financiación del Partido Popular”, añade el catedrático. Lo curioso de la “operación Pretoria”, en Barcelona, es la presencia de personas vinculadas a diferentes partidos: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. “Este caso es otro ejemplo de la consolidación de un cluster poco transparente, con altas barreras de acceso y de salida. La trama está dirigida de forma centralizada, con una dirección única y con distintas zonas de actuación. La clave de acceso son las conexiones personales”. En Malaya había implicados concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE. El caso balear afecta a decenas de ex cargos públicos y empresarios. “En algún momento miembros de dos partidos diversos de la anterior coalición de gobierno pudieron ponerse de acuerdo, pero aquí se trata de personas que nunca han gobernado juntos”, añade.
Las extorsiones dificulta las salidas
Los motivos que llevan a la trama no son solo económicos. “Existen lazos de obediencia y disciplina partidista que podrían explicar la actuación de algún actor, como Ricardo Costa”, asegura el catedrático. La amistad también está presente a lo largo del proceso y, en otros casos, son lazos familiares los que explican la llegada de determinadas personas al marco de la trama. “Empieza con pequeños pasos, y poco a poco se sitúa en una dinámica de la que es muy difícil salir”. Las extorsiones y amenazas, llegado el momento, dificulta la salida. “El mecanismo del regalo, cada vez de mayor valor, va dejando paso al soborno, y de ahí a la consolidación del intercambio”. Las relaciones corruptas son “estables y duraderas, años de amistad, vida privada compartida, incluso amistad con miembros de la familia”. En ese marco, los intercambios son abiertos y no existe una conexión inmediata entre acto corrupto y pago, sino que el corruptor hace favores y sabe que de alguna forma le serán devueltos.
En España todos los gobiernos pierden legitimidad desde 2005, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International. Jordi Rodríguez Virgili, subdirector del Máster de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, asegura que la corrupción es uno de los principales motivos por la que los españoles han dejado de creer en la política. “Los ciudadanos no distinguen entre los matices ni distinguen quién es el bueno y quién el malo. Por eso el rechazo es en general hacia todos los políticos. Fallan en lo más básico: en la honradez. Ellos no están para servirse a sí mismos, sino para servir al pueblo. Y estos escándalos la ciudadanía lo ve como una traición”. El efecto electoral que provoca es la reducción de la participación de la ciudadanía, “que no tiene entusiasmo por mantener el Gobierno que tiene ni porque llegue otro nuevo, que puede ser peor”. Villoria asegura que la democracia española tiene mucho que mejorar en cultura de la transparencia y rendición de cuentas, “y esas mejoras probablemente reducirían de forma sustancial la corrupción”.
* El Confidencial - 6.04.11
Foto: Corruptódromo, mapa España de Google - google
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El puerto de Vigo autoriza un desguace a 20 metros de las casas
La autorización a Astilleros y Varaderos Montenegro fue aprobada el pasado 26 de enero con un informe favorable del director del Puerto, Luis Lara, y avalado por la presidenta, Corina Porro. En ese documento, se desestiman todas las alegaciones presentadas en contra del proyecto y se atienden los únicos razonamientos a favor del departamento de Explotación Pesquera y Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria y de la propia empresa. El expediente no cuenta con la preceptiva autorización de gestor de residuos que debe conceder la Consellería de Medio Ambiente, como tampoco con estudio ambiental alguno.
Astilleros y Varaderos Montenegro es una empresa que se encuentra en concurso de acreedores. Precisamente los motivos económicos justifican la ampliación de la Autoridad Portuaria, que, tras el análisis de las alegaciones y de las explicaciones de la empresa, concluye que la actividad autorizada es "de gran interés para el sector pesquero". Las conclusiones del Puerto, que ocupan ocho líneas del informe, se completan con la consideración del desguace como simple "actividad complementaria" de los servicios que ya prestaba como astillero-varadero. "Deberá prevalecer el interés general frente al particular", zanja Luis Lara, para justificar el informe favorable a la solicitud de la empresa.
En su respuesta a las alegaciones presentadas, la empresa justificó la solicitud como "consecuencia de la actual situación financiera" que atraviesa Astilleros y Varaderos Montenegro, y sostiene que la nueva actividad es "en esencia igual" que la que ya prestaba. y que incluso reducirá los riesgos. Argumenta igualmente que "no existe informe en contra del Ayuntamiento de Vigo". Esta observación se basa en un documento municipal que, lejos de autorizar el desguace, repasa las exigencias legales que requieren unas instalaciones de este tipo.
Todos estos argumentos son muy distintos de los que manejan vecinos y ecologistas. La asociación de Teis Voces polo Litoral, que ha presentado un recurso de reposición contra el permiso, denuncia que el proyecto carece de evaluación de incidencia ambiental y de licencia municipal, que la recogida y el almacenamiento de materiales peligrosos comparten el mismo espacio y que la actividad conlleva un alto riesgo de incendio y explosiones. También lamenta el uso de vehículos pesados por el angosto camino sin salida que da acceso a las instalaciones y la emisión de humos, olores y ruidos molestos para las casas anexas, además de su incompatibilidad con el uso de las playas.
Otra empresa de la zona, Varadero Pérez Méndez, ya denunció en julio de 2010 que el desguace de buques se venía realizando sin autorización y que la actividad infringe la legislación, pues se realiza sin el previo y necesario informe sobre el impacto medioambiental y sin estudios sobre la dinámica del litoral. Advierte además que los trabajos de Montenegro pueden perjudicar los derechos de Pérez Méndez como concesionario, ya que entorpecen e incluso imposibilitan las operaciones que realiza en su varadero.
Un incendio en verano
Factores económicos, laborales y ambientales han hecho que el desguace de buques no resulte una actividad apetecible en los países desarrollados. Así, desde 1990, la actividad se ha desplazado a empresas de India, Pakistan y Bangladesh, con costes laborales ínfimos y sin asumir prácticamente gastos en seguridad e higiene, como se puso de manifiesto en el IX Congreso de Medio Ambiente, que se celebró en Madrid en diciembre de 2008.
El Puerto de Vigo y la empresa argumentan, en cambio, que el desguace no es molesto ni peligroso. Todas las alegaciones a la autorización discrepan. "La diversidad de sustancias, componentes y materiales que van a bordo de los buques (pinturas, combustibes, aceites, baterías, amianto), muchos de ellos peligrosos, de conformidad con la normativa de residuos, exige un proceso de desmontaje controlado en centros debidamente autorizados", razona una de las alegaciones.
La normativa de riesgos laborales exige a estas instalaciones una estructura mínima de trabajadores con una capacitación adecuada y, por ejemplo, un sistema de respuesta ante incendios o emergencias. "Ninguna de estas circunstancias ha sido acreditada", alertan los opositores al cementerio de barcos. Un incendio registrado el pasado verano en el desguace corrobora esta denuncia, advierten los vecinos.
* El País - 05/04/2011
Foto: Vigo, muelle puerto - galiciadigital.com
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Navarra.- Al TAV lo vamos a parar
NOTICIASDENAVARRA* : Desde la Plataforma Ribera por el Tren Social. No al TAV, vemos con preocupación la apuesta del Gobierno de Navarra por esta macro infraestructura, con el comienzo del proceso de expropiación, sondeos,… en el tramo Castejón-Villafranca, del tramo Castejón- Comarca de Pamplona que quiere ejecutar el Gobierno de Navarra adelantando el dinero, obras que quiere empezar a realizar para obligar, con la política de hechos consumados típica de nuestros gobernantes: térmicas, pantano de Itoiz…, al Gobierno central a realizar el resto del trazado que una esta línea-isla de 80 kilómetros que va a realizar Navarra a la línea del TAV hacia Zaragoza-Madrid y a la llamada Y vasca, conexiones que todavía están en el aire por la situación de crisis que todos conocemos, y que si se llegan a realizar será con un desfase en el tiempo que provocará más gastos para el mantenimiento de la isla foral del TAV. La construcción de esta macro infraestructura supondrá para los bolsillos de cada navarro más de 4.790 euros sin desvío presupuestario, lo que sería un milagro porque no se conoce todavía ningún caso de honradez financiera de las grandes constructoras, en una obra inútil social y medioambientalmente que solo beneficiaría a una minoría, a la que de la noche a la mañana le ha entrado la imperiosa necesidad para el desarrollo de Navarra de llegar 20 minutos antes a la ciudad del progreso que debe ser Madrid.
Todo para una obra que va a unir lo lejano Pamplona-Madrid y separar lo cercano, Tafalla sin estación, Tudela con una paradita por ahora… ¿y Castejón y el resto de los pueblos de la Ribera que tienen estación en servicio? Si hacen la estación como quieren en las afueras de Tudela, ¿quién va a ir a Tudela en tren para luego coger un autobús al centro? Nadie, iremos en coche, en autobús o, lo que es más seguro, pondrán un centro comercial en la estación y nos quedaremos ahí, ése será el beneficio del comercio de Tudela.
¿Cuánto tiempo vamos a ganar cogiendo un tren a Madrid que antes paraba en Tafalla, en Castejón y que ahora hay que ir a coger a Pamplona o a Tudela? ¿Cuánto nos va a costar un billete? Todo por ganar un tiempo que se puede ahorrar con un gasto mínimo, realizando el vallado del trazado que permitiría velocidades de hasta 200 kms/h. sin tener que dar el salto energético y derroche que supone la alta velocidad, mejorando el intercambiador, o si el ancho es el problema se podía ir planteando la incorporación del tercer carril que ya está siendo utilizado en la línea de Barcelona-Estado francés, y que puede servir para una sustitución progresiva del ancho ibérico en ancho europeo, todo es proponérselo y estudiar alternativas menos agresivas con el medio ambiente.
Mientras tanto en Castejón, con las actuales obras que se van a realizar en la estación, nos van a suprimir vías mientras se plantea la nueva estación de Tudela como nodo de mercancías, quitando a Castejón su futuro ferroviario, la razón de su nacimiento, su alma, y por si a algún lumbreras algún día se le ocurre que tenemos una vía que une Castejón con Madrid a través de Soria que todavía se puede recuperar, con una pizca de lo que cuesta el AVE, nos la cargamos rápido y montamos una vía verde, porque somos muy ecologistas, pero verde que ya se ha convertido en gris de asfalto en algún PGM y en algún pequeño califato que ya ha trasformado la vía en aparcamiento y en feria en fiestas.
Pero aún estamos a tiempo de parar este atropello a nuestro medio ambiente y a nuestra hacienda, para conseguir un tren para todas y todos, que una lo cercano, no solo las ciudades, que transporte las mercancías que sean necesarias, que sea ecológicamente sostenible, para conseguirlo el primer paso es acudir a Pamplona-Iruñea mañana sábado 2 de abril.
* por Joseba Amenedo, Jesúsmari Tomás y Pablo Lorente, Miembros de la Plataforma Ribera por el Tren Social. No al TAV.
* Noticias de Navarra - Opinión - 1.04.04
El Ayuntamiento compra 50 casas en El Cabanyal para derribarlas
Vicente González Móstoles, concejal socialista de Valencia, quien hizo públicos estos datos, reclamó al Consistorio que rehabilite las casas, "en lugar de proseguir con el empeño de abrir avenidas absurdas e innecesarias e impropias de un urbanismo de este siglo".
La actividad de la sociedad propiedad del Ayuntamiento y del Instituto de Vivienda "ha supuesto una transgresión de la declaración de expolio de finales de 2009 por parte del Ministerio de Cultura". El Consistorio actúa "precisamente en las unidades que causan expolio por la apertura de la avenida y el bulevar de San Pedro", denunció González Móstoles.
"Gastarse ocho millones de fondos públicos para comprar viviendas con el único objetivo de derribarlas, y hacerlo además en un año de austeridad donde se han reducido drásticamente las inversiones, es un despropósito", lamentó el edil de la oposición.
Los socialistas invitan a la alcaldesa a que rehabilite en lugar de derribar y con ello aproveche los 10 millones de euros de ayudas consignadas por el Gobierno español para restaurar las viviendas del barrio. Ayuntamiento y Generalitat trabajan únicamente en dos viviendas situadas en las calles del Progreso y del Arzobispo Company. "Solo dos rehabilitaciones en marcha frente a 50 adquisiciones para derribo", criticó.
Y para el futuro de El Cabanyal trabaja también la Universitat de València. La comisión creada en su día por acuerdo del consejo de gobierno universitario arrancó el pasado viernes con una visita al barrio. Este grupo de trabajo elaborará un documento final cuyo objetivo es identificar las necesidades del barrio y cómo la Universitat puede contribuir a su mejora. La comisión la componen los decanos de las facultades de Geografía e Historia, Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias de la Actividad Física.
* El País - 5.04.11
Foto: Valencia, barrio Cabanyal - publico.es
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Marbella.- Un policía declara que Juan A.Roca se enriqueció con 'pelotazos' urbanísticos
Además, ha relatado la existencia de "contratos y facturas en las que se asocian determinadas ganancias con determinadas intermediaciones", en referencia a diversa documentación incautada a Roca.
De hecho, se ha referido especialmente a la operación inmobiliaria conocido como ‘Dama de noche’, llevada a cabo por el promotor Fidel San Román -también acusado- y el Ayuntamiento de Marbella. En ella, la sociedad EKA 620, vinculada a Roca, «recibió un 19% sobre la superficie que se iba a construir».
Según el inspector, el mencionado empresario reconoció que «pagó a Roca por la licencia de primera ocupación, incluso en fechas próximas a su detención».
Paralelamente, el investigador de la Udef ha aludido a "determinadas operaciones con base a malversaciones de caudales públicos y actos ilícitos, que han ido engrandeciendo su patrimonio", en alusión al ex gerente de Urbanismo. En este punto, ha recordado el llamado 'caso Saqueo 1', desvelado por EL MUNDO en octubre de 1999: "El señor Roca fue condenado a indemnizar con 24 millones de euros al Consistorio de Marbella", ha destacado.
Origen ilícito
Sin embargo, el perito ha reconocido que no podía concretar qué proporción tiene el origen ilícito, dentro del patrimonio global de Roca, tras preguntarle la letrada del acusado, Rocío Amigo.
Para el inspector de la Udef los archivos de la empresa Maras Asesores, incautados al contable de Roca, Salvador Gardoqui, y en los que se guardaba toda la contabilidad interna de sus empresas, además de la caja B, "complementan el proceso de información de su patrimonio".
Precisamente, ha puntualizado el policía, "a través de Maras Asesores vimos que se pagaban grandes cantidades de dinero en B y se adquirían bienes suntuarios, coches y cuadros; eso también es patrimonio".
"Si no hubiéramos levantado el velo de la estructura societaria no hubiera sido posible determinar el patrimonio de Roca". Esta ha sido otra de las conclusiones del inspector, durante el interrogatorio de la defensa.
Dicho perito ha reconocido que ya en 2001 él personalmente investigaba a Roca. Cuando Rocío Amigo le ha preguntado qué motivos le movían a ello el presidente del tribunal, José Godino, le ha dicho que no tenía por qué contestar.
Fue precisamente en febrero de 2001 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó ante la Audiencia Nacional la querella por el ‘caso Saqueo 1’, con las pruebas aportadas por este diario. El entonces juez en funciones de guardia Guillermo Ruiz Polanco acudió el 8 de febrero de ese año a Marbella para practicar registros en distintas dependencias municipales, así como en el Club Financiero Inmobiliario, la residencia y oficina privada de Jesús Gil. Las actuaciones judiciales recayeron después en el Juzgado Central 6, cuyo instructor era Juan del Olmo.
* El Mundo - 4.04.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya (archivo) - malagahoy
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S.Bartolomé de Tirajana lleva diez años sin plan general
Delgado acude en primera instancia a lo obvio: "Ningún político de San Bartolomé de Tirajana puede negar una evidencia, y es que el Plan General de Ordenación Urbana lleva atascado una década y hasta ahora ha sido imposible sacarlo adelante". Para justificar la inacción municipal, se apoya en "lo que me cuentan los técnicos municipales", que se remontan a 2007 cuando se aprobó "un avance que estaba adaptado a la Ley de 2000 [el llamado texto refundido], pero hubo que adaptarlo nuevamente a las Directrices, que exigían un estudio de impacto ambiental en el avance. En la Cotmac nos dijeron que no valía la pena seguir, había que retrotraerlo al origen".
Delgado se escuda en que la "normativa autonómica, es la que ha enmarañado la aprobación del texto; y en el parlamentarismo canario, que se tenía que poner del lado de los municipios porque la inseguridad jurídica no solo se la crea al ayuntamiento, se crean filtros que aburren al inversor".
Tres concejales
En este mandato, ninguno de los tres concejales que ha pasado por Urbanismo ha movido ficha, "con la salida de Agrupación de Vecinos, que no fue capaz de dárselo a un equipo redactor nuevo, dejaron agotada la partida presupuestaria para tal fin y en este momento, en lo que queda de legislatura, no podemos ni tenemos capacidad ni margen ninguno para darle a un equipo nuevo la elaboración del plan", algo que ahora se plantea como "un reto para después de mayo".
Marco Aurelio Pérez, líder de Agrupación de Vecinos, explica la gestión de su partido en este tema: "Lo único que conseguimos fue archivar el expediente anterior y sacar a concurso la redacción del avance, por dos veces, pero el departamento de Contratación no hizo la adjudicación". Pérez recuerda que durante su etapa como alcalde "en el 2005, se iba a llevar a pleno la aprobación provisional, pero hubo una moción de censura y desde ese momento hasta ahora lo único que pasó es que cuando nosotros volvimos al pacto habían cambiado tanto las normas que el texto quedó inútil, desde el punto de vista de la vida administrativa, y hubo que empezar a tramitarlo desde cero".
Mogán está en la misma situación que San Bartolomé de Tirajana. Su alcalde, Francisco González, recordaba ayer que "tras su aprobación provisional, tuvo que volver a hacerse otra vez desde cero al no tener informe ambiental. La Cotmac nos recomendó que volviéramos al punto de partida, y en eso estamos, en la redacción del avance". González se queja de la complejidad normativa "que en municipios turísticos se multiplica, ya que además de las normas insulares o regionales, nos debemos someter a otras administraciones como Costas, de ámbito nacional". El alcalde moganero recuerda que "en ochos años de alcalde, no he dado ni una sola licencia".
* La Provincia - 5.04.11
Foto: San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), playa del Inglés - viajes
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Madrid.- Miles de cooperativistas exigen que les dejen construir sus viviendas
Doblemente estafados
Montero ha explicado que se trata de afectados "doblemente estafados", ya que primero fueron engañados por las gestoras de sus cooperativas, bancos y aseguradoras, por lo que ya interpusieron la correspondiente denuncia, y ahora lo están siendo por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que no autorizan la construcción de sus pisos.
A estas dos instituciones les exigen que se comprometan por escrito antes de las elecciones del 22 de mayo "a que todo el mundo tenga su dinero y su casa".
Ha advertido de que las cooperativas están a estas alturas "ante un peligro real de quiebra".
* El Mundo - EFE - 4.04.11
Foto: Cabecera de la manifestación de cooperativistas en Mdrid. | Efe
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Castellón.- La Junta Electoral suspende las visitas al aeropuerto sin aviones de Fabra
Esta resolución estima la denuncia presentada por el representante electoral del PSPV-PSOE ante la Junta Electoral Provincial, Juli Domingo, que consideraba que estas visitas, que habían comenzado esta misma mañana, "vulneran" el artículo 50 de la citada ley. La Junta también prohíbe que se reparta cualquier folleto informativo sobre el aeropuerto y acuerda que se notifique la resolución al presidente de la Diputación de Castellón y la sociedad AEROCAS, Carlos Fabra.
Fabra no entiende
Antes de conocer la resolución, Fabra aseguraba este mismo lunes no saber por qué los socialistas valencianos habían denunciado las visitas ante la Junta Electoral "si tanta guasa le causó la inauguración del aeropuerto".
El escrito socialista recordaba que desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración, "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos" que contenga alusiones a las realizaciones o logros obtenidos.
Para los socialistas, la organización de esas visitas, anunciadas por el presidente de la Diputación de Castellón y presidente de AEROCAS, Carlos Fabra, y que comenzaron este lunes por la mañana, "vulnera" la prohibición recogida en el artículo 50 de la ley orgánica de régimen electoral general (LOREG), reformada el pasado mes de enero.
El aeropuerto de Castellón, que incluye una terminal de 10.000 metros cuadrados y una pista de 2,7 kilómetros, fue inaugurado el pasado 25 de marzo, aunque no estaba previsto que estuviera operativo hasta dentro de dos meses, por lo que desde AEROCAS se había planteado abrirlo al público para que pudiera visitar sus instalaciones.
* Público - 4.04.11
Foto: Castellón, vista edificio aeropuerto - google
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Límite a la responsabilidad hipotecaria
JOSÉ MANUEL CABELLO GONZÁLEZ* : En una tertulia, un grupo de amigos discutíamos sobre la resolución judicial de Navarra por la que se establece que la entrega de la vivienda hipotecada es suficiente para cancelar la deuda que el prestatario tenía con el banco por el préstamo hipotecario. Dicha resolución no hace otra cosa que asumir como propio el sistema hipotecario americano. Tras la aparición de esta resolución se han sucedido las manifestaciones de políticos, sindicatos, ejecutivos y demás agentes socioeconómicos, a favor de que se adopte este sistema de garantía hipotecaria. En nuestra tertulia ocurrió lo mismo, la mayoría de los tertulianos opinaban a favor de la sentencia apelando a la justicia del asunto y, sin embargo, yo adopté una postura contraria, analizando el problema desde un punto de vista estrictamente económico. Y creo, finalmente, que todos llevábamos razón. Veamos las dos posturas. Desde el punto de vista de un economista, si limitamos la garantía a la entrega de la vivienda hipotecada, lo que estamos haciendo es reducir la garantía de las entidades financieras, y éstas, por tanto, aumentarán el precio de sus servicios, es decir, el interés.
¿Quién se beneficia de esta medida? Aquellos prestatarios que son más proclives al impago de sus deudas, ya que sólo tendrán que entregar la vivienda. A cambio, todos los deudores de bancos y cajas tendrán que soportar un tipo de interés mayor. Es decir, se realiza un trasvase de riesgos de los prestatarios a los prestamistas y éstos a cambio nos cobran a todos un interés mayor. Además, también se establece un trasvase de rentas de los clientes perjudicados que serán aquellos clientes bancarios con pocas probabilidades de impagar el préstamo hacia aquellos que tienen más probabilidades de hacerlo. Dicho de otra manera, pagarán justos por pecadores.
Pero qué ocurre si analizamos lo que está pasando en la realidad desde un punto de vista legal, utilizando un ejemplo. Supongamos un comprador que adquiere una vivienda por 240.000 euros a principios de 2008 y que el banco le concede una hipoteca por el total de dicha cantidad, pues por aquel entonces los bancos no tenían problemas en tasar las viviendas por el precio que determinaba el mercado en plena burbuja inmobiliaria y, además, conceder el 100% del valor tasado. En 2009 y tras perder el empleo, no atiende a los pagos y es desahuciado, debiéndole al banco los 240.000 euros de la hipoteca, pues, aunque había pagado durante más de un año y su capital pendiente era de 235.000, los intereses de demora (un 3% por encima del interés de nuestra hipoteca) y las comisiones por impago (30 euros por cada cuota y mes impagado) han elevado la deuda de nuevo.
Pero esto no queda aquí, el banco ha vuelto a tasar la vivienda y donde hace un par de años decía que la vivienda de la Costa del Sol valía 240.000 euros, ahora dice que el mercado ha bajado, y más aún el de segunda vivienda, y que la tasa en 168.000 (un 30% de descuento). Como no ha acudido nadie a la subasta, el banco se la ha adjudicado por el 50% de la nueva tasación, esto es, 84.000 euros. El resultado final puede ser que el banco vende la casa a un tercero por 150.000 y el cliente le debe aún 156.000, más lo que siga aumentando la deuda. De manera que si consigue que el prestatario abone su deuda, habrá obtenido un beneficio de 66.000 euros en un año y medio.
Consideremos la regulación legal de la actividad económica, ¿es justo el desenlace de nuestro ejemplo? ¿Debe el banco (o su tasadora) tasar la vivienda dos veces? ¿Puede adjudicarse el banco la vivienda por el 50% del valor tasado a posteriori? ¿Puede hacer negocio el banco con la vivienda adjudicada y no compensar al prestatario? ¿Deben los intereses de demora y sus comisiones ser tan desorbitados?
Si, además de todo esto, el Estado ayuda a la banca a realizar la travesía del desierto, concediéndole la liquidez necesaria, bien a través del BCE o bien a través del FROB, para que sea capaz de sortear la crisis sin desinvertir, la jugada es perfecta, pues podrá vender las viviendas a precios de la primera tasación, cuando su precio de adquisición habrá sido de un 50-60% inferior. Y mientras los ciudadanos, como siempre, estaremos asumiendo el coste de la crisis, no nos habrán bajado los precios de las viviendas y estaremos aún más endeudados. Pero este tema merece un artículo aparte.
Como conclusión, dejemos que funcione el mercado, que los agentes económicos pacten el límite de la garantía de las hipotecas de forma que ambos se favorezcan, pero regulemos adecuadamente las condiciones inherentes a las hipotecas que hacen, en determinadas ocasiones, del contrato hipotecario un contrato leonino.
* Málaga Hoy - Opinión - 4.04.11
Madrid.- Vecinos y trabajadores juntos por una ciudad habitable y solidaria
Imágenes de la primera manifestación conjunta de asociaciones de vecinos, trabajadores municipales, organizaciones sociales, plataformas sociales y movimientos ciudadanos contra la política de Gallardón.
YouTube - vecinodelegazpi - 31.03.11
Bruselas propone una norma para frenar los préstamos hipotecarios "irresponsables"
Para impedir que se repitan estos excesos, el Ejecutivo comunitario quiere que en el futuro las hipotecas se concedan "basándose en la capacidad del beneficiario de devolverlas y no en la posible subida futura de los precios de la vivienda", ha dicho la portavoz.
De hecho, la norma obliga al banco a evaluar la evaluar la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito, atendiendo a las circunstancias personales de éste y basándose en información suficiente. Asimismo, introduce la obligación de que el prestamista deniegue la concesión del crédito cuando los resultados de la evaluación de la solvencia sean negativos.
El objetivo es acabar con prácticas como las del mercado británico, donde el 45% de las hipotecas en 2006/2007 se concedían sin siquiera verificar los ingresos de los clientes. Además, las entidades deberán dar al consumidor toda la información sobre la hipoteca y advertirle de los riesgos si incumple el contrato de crédito.
Los bancos deberán avisar claramente de los peligros de contratar una hipoteca en una divisa extranjera si cae el valor de la moneda nacional. En la actualidad, más del 90% de las hipotecas en Letonia, Rumanía y Estonia se conceden en divisas extranjeras, y en Austria un 38% de los créditos pendientes están denominados también en otra moneda distinta del euro.
La directiva reconoce también en toda la UE por primera vez el derecho de los usuarios a reembolsar su hipoteca antes de la fecha de vencimiento del contrato en condiciones "no excesivamente onerosas". No obstante, se deja en manos de los Estados miembros fijar el nivel de penalización. Asimismo, los bancos deberán utilizar la definición prevista en la legislación de la UE sobre la tasa anual equivalente (TAE), para que resulte más fácil a los clientes comparar hipotecas.
Mercado único hipotecario
Además de acabar con los préstamos hipotecarios irresponsables, la nueva norma pretende crear un mercado único hipotecario que sea más eficaz y competitivo. Para ello, se creará un pasaporte europeo que permita a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro ofrecer sus servicios en toda la UE, como ya ocurre por ejemplo con los fondos de inversión.
Los intermediarios tendrán derecho además a acceder de forma no discriminatoria a las bases de datos sobre historial de crédito de sus clientes.
La norma debe ser negociada ahora por los Gobiernos de los Veintisiete y la Eurocámara.
* La Vanguardia - YaEncontré - EP. - 1.04.11
Foto: Bruselas, edificio Comisión europea - elcorreo
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El ladrillo y la política ahogan a la CAM
Es fácil criticar a toro pasado, pero estas declaraciones dejan pocas dudas sobre el problema de la maltrecha a la CAM: el ladrillo y su peor deriva, el suelo. Si a esta droga se añade la enorme injerencia política de Francisco Camps y de su antecesor en la presidencia de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que se valieron de gestores dóciles, el naufragio de la caja estaba servido. La CAM, al igual que Bancaja, financió la faraónica Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Ciudad de la Luz, de Alicante, que iba a ser un plató cinematográfico más grande que los de la Paramount, y el ruinoso parque temático de Terra Mítica. Además, prestó 780 millones a la Generalitat y está en los charcos de Polaris Word de Murcia, Martinsa y es uno de los principales financiadores de viviendas vacías de la ciudad fantasma de El Pocero en el erial de Seseña (Toledo).
Pero lo peor es que está entre los que más crédito promotor acumulan: admitió tener 11.000 millones, pero algunos estiman que estará cerca de los 16.000 millones, casi el 30% del total del crédito. Además, participa en 66 sociedades con promotores y constructores que son una caja de sorpresas porque pueden tener suelo a un precio imposible de recuperar. Estas sociedades, creadas por muchas más cajas y bancos, son uno de los agujeros negros del sector. En 2010 la CAM renegoció 2.100 millones en ladrillo para evitar que entraran en morosidad, cuya ratio oficial es del 8,7%. Las apuestas en el mercado son que se doblará en pocos meses.
En resumen, la entidad creció sin seguir el manual del buen gestor financiero: en poco más de tres años, entre 2003 y 2005, en lo mejor de la burbuja, duplicó el balance. En el caso de su eterno rival, Bancaja, tardó cuatro años. Como récord, no está mal.
Estas losas pesaron mucho en la frustrada formación del Banco Base, la alianza en la que estaba la CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura hasta el miércoles pasado. Los problemas de solvencia de los alicantinos, según sus exsocios, y su falta de agilidad para aceptar una salida pactada, propiciaron el fracaso. Tras perder el escudo del grupo, las vergüenzas de la CAM han quedado al descubierto cuando se ha visto obligada a pedir 2.800 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para alcanzar el 10% de capital mínimo exigido por el Gobierno.
Los expertos creen que esta enorme inyección de dinero provocará que el Estado controle la caja al hacerse con la mayoría (entre el 55% y el 75% de las acciones) del banco al que la CAM trasladará su negocio financiero. "La clave es saber en cuánto valoran los competidores a la entidad. Eso determinará su posible colocación", señala Joaquín Maudos, catedrático del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El sector no se cree que se pueda adjudicar sin que el FROB (es decir, todos los españoles) entregue un cheque a fondo perdido por más de 2.500 millones. El Santander es el mejor colocado, pero el BBVA y La Caixa también lo estudiarán.
Llegan momentos difíciles para López Abad, economista y máster por el IESE, que alcanzó su puesto después de que Zaplana fulminara a su antecesor, Juan Antonio Gisbert, considerado cercano a los socialistas, por oponerse a la fusión de Bancaja con la CAM. También son tiempos amargos para el presidente Modesto Crespo (Elche, 1943), empresario que inició su carrera con un concesionario de coches y llegó al puesto en 2009, bajo la tutela de Camps. Su antecesor, Vicente Sala, dejó el sillón tras cumplir 70 años. Previsiblemente en próximas semanas, el fondo de rescate sustituirá a los gestores por otros directivos bancarios prejubilados.
Ejecutivos de otras cajas, que piden el anonimato, explican que "todo esto no ha ocurrido por mala suerte. El problema de jugar a la política y a las finanzas es que cuando explota la entidad resulta muy cara de reconstruir y los pagamos entre todos".
Tampoco es casualidad que las tres entidades financieras valencianas atraviesen momentos difíciles. Además de los problemas de la CAM, calificada como bono basura por la agencia Fitch, Bancaja, incorporada a Bankia, fue la que reconoció tener más inmuebles adjudicados. Ahora Bankia, capitaneado por Caja Madrid, ha admitido ser el dueño de más suelo de toda España, incluidas las inmobiliarias. Por último, el Banco de Valencia, filial de Bancaja, ha sido considerado bono basura por Moody?s.
Pese a este panorama, la CAM rompió con los asturianos. Desde el Banco Base afirman que se frustró porque a última hora presentó unas cuentas que triplicaban el agujero, que llegaba a los 5.000 millones. Esa ruptura no fue una novedad para los alicantinos. Ya lo hicieron antes con Bancaja, Caja Murcia, BBK, y Caja Madrid. Los competidores comentan que la CAM no es consciente de su dura realidad cuando negocia. La mejor prueba es que el miércoles pasado, poco antes de pedir ayudas públicas, aprobó dar dividendos a sus cuotas participativas, que no se han hundido en Bolsa porque las sostiene su gestora "El acuerdo más completo era el de la BBK. Aportaba capital y equipo de gestión, mejor que el que tiene Cajastur. Quién sabe si ahora no lo volverá a intentar con las cajas vascas... Aquel acuerdo lo rompió Camps porque no quiso ceder la sede en Alicante ni bajar del 50% el capital del banco", dice un ejecutivo conocedor de la operación. El sarcasmo mayor lo protagonizó el presidente Camps, el miércoles pasado cuando declaró que "toda la culpa de lo que le ha ocurrido a la CAM la tiene el Banco de España". El supervisor se pasó un año avisando, pero sin forzar un acuerdo, por lo que será criticado en esta crisis. Pero sin duda Camps podrá ayudar al supervisor a detectar los agujeros de la entidad alicantina.
* El País - 3.04.11
Foto: Alicante, oficina bancaja - google
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Un paréntesis en la Costa de la Luz
Hay un ejemplo del cambio de ciclo en la decisión adoptada esta semana por la Junta de Andalucía sobre la playa de Mangueta, en Vejer. En un ejercicio de malabarismo administrativo, el Gobierno andaluz ha declarado "espacio protegido de interés territorial" el mismo tramo de costa que hace nueve meses declaró "área de oportunidad para el desarrollo turístico". Merece la pena conocer este caso.
Un grupo de empresas compró en 2004 la mayor parte de Mangueta, un tramo de alrededor de un kilómetro de costa, junto a El Palmar, "virgen" en el sentido amplio del concepto: sin construcciones -ni hoteles para pasar las vacaciones ni casas ilegales para lo mismo-, de difícil acceso a través de angostos carriles, poco visitada e incluso poco conocida frente a otros destinos de la Costa de la Luz. Una playa de las que quedan pocas.
El único inversor del que se tuvo constancia en la operación fue Caixa Catalunya. Pagó algo menos de 30 millones de euros por el terreno y anunció que construiría un complejo turístico llamado Mangueta Golf, con 2.600 viviendas. Tal era su nivel de certeza de que aquel suelo rústico, suelo para sembrar en la fértil laguna de La Janda, sería urbanizable algún día.
En 2007, quedó constancia de que la gran caja catalana había acertado. El Ayuntamiento de Vejer, dirigido por Antonio Verdú (PSOE), incluyó el desarrollo urbanístico de Mangueta en el avance de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU): tres hoteles de 200 o 300 habitaciones, varias urbanizaciones y un campo de golf. Verdú abanderaba el consenso social para afrontar este proyecto. Vejer había quedado rezagado en la carrera turística de litoral y quería para su costa lo mismo que los vecinos: empleo y riqueza, o, al menos, la expectativa de ambos.
Así lo defendió ante la Junta. La Administración, en primera instancia, desoyó la petición y declaró la playa área protegida en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda. Consideraba que Mangueta debía aliviar la carga urbanística de este tramo del litoral. Tras las alegaciones de Vejer, cambió de opinión y admitió que el uso turístico de este espacio era de interés para la comarca, aunque blindando los primeros 500 metros de costa y eliminando el golf proyectado. Éste fue el documento aprobado por las comisiones responsables de la ordenación del territorio en Cádiz y en Andalucía.
Pero el giro, que incluía otros dos proyectos turísticos en Barbate (junto a La Breña y en el río Barbate), ha sido censurado en última instancia por el equipo de la consejera de Ordenación del Territorio, Josefina Cruz, que ha obligado a sus compañeros en Cádiz a rectificar los cambios introducidos en el planeamiento, excluir los tres proyectos y blindar Mangueta.
Ecologistas en Acción ha jugado un papel importante en este proceso, al igual que la cada vez más dura oposición social, sin matices ni consideraciones, a que se urbanice el litoral. La Junta ha justificado su decisión en el interés por dar "solidez jurídica" al POT, pero también ha esgrimido que La Janda no necesita ahora nuevos desarrollos cuando hay proyectos hoteleros de envergadura aprobados y pendientes de ejecución en El Palmar, en La Fontanilla -Conil-, y junto al faro de Trafalgar, en Barbate.
"A apenas dos kilómetros de Mangueta, en El Palmar, sin salir de Vejer, tenemos uno", han recordado esta semana fuentes de la Administración regional. Es el proyecto de Malcucaña, bautizado por los promotores como El Palmar Beach Eco-Resort: un apartahotel de lujo de 650 habitaciones junto a una playa excepcional, y en un paraje en el que existen más de un millar de casas ilegales. Así es El Palmar.
La iniciativa se gestó a principios de la última década de la mano de Riera Marsá. En 2007, la empresa mallorquina se retiró de Vejer sin financiación para hacer frente a 50 millones que requería el proyecto. Uno de sus principales acreedores, el grupo GTM, presidido por el sevillano Juan Muñoz Tamara, se hizo cargo del proyecto, y, desde entonces, busca socios hoteleros.
No hay prisas para construir el hotel de Malcucaña. En enero, Muñoz Tamara declaró que "las fechas de ejecución del plan son las mismas que las de la recuperación del país". En el paréntesis, la plataforma opositora Salvemos El Palmar ha aglutinado 55.000 seguidores en internet y ha consolidado una estructura organizativa mínima para presionar a la Administración, que reitera que este proyecto cuenta ya con todos los parabienes legales, que no hay vuelta atrás, salvo la que pueda dar el promotor.
La playa de La Fontanilla, en Conil, el primer gran hallazgo de los viajeros alemanes en la Costa de la Luz a mediados de los sesenta, también tiene planificado su futuro hotelero. Justo al norte del pueblo marinero es donde Hipotels inaugurará el 1 de junio su séptimo negocio en Cádiz. Hasta la Fuente del Gallo, aún quedan dos kilómetros de costa en los que el Plan General del pueblo (2003) habilita espacio para cuatro grandes hoteles más. Un pequeño Novo Sancti Petri, a expensas de inversores. Planes a largo plazo.
Más incierto es el futuro del plan para construir varios hoteles con hasta 600 habitaciones en la ensenada de Trafalgar, otro proyecto cuya génesis se remonta a principios de la última década. El Ayuntamiento de Barbate culminó en noviembre del año pasado la reclasificación de 300.000 metros cuadrados de terreno junto al faro, pero con una peculiaridad: el suelo es urbanizable pero no hay inversores dispuestos a construir los hoteles.
Las cadenas Hipotels y Robinson Club (Grupo TUI) salieron escaldadas por la sucesión de acontecimientos en los últimos años: la reducción de las posibilidades de edificación impuesta por la Junta; un enconado conflicto con la familia propietaria del suelo; y el cambio sustancial del mercado del ladrillo y en turismo. Esto no tiene nada que ver con lo que era.
* Diario de Cádiz - 3.04.11
Foto: Una muchacha observa la playa de Trafalgar desde las inmediaciones del faro, en una imagen de archivo. A la derecha, suelos hoteleros.- diariodecadiz
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Palma.- La batalla por el transporte público
Pero también hay otras voces que plantean peros: las infraestructuras se han desarrollado sin una adecuada planificación y en algunos casos a costa de un desembolso económico absolutamente desproporcionado para los beneficios sociales que se han obtenido. No hay que olvidar que el presupuesto de la Dirección General de Movilidad asciende a unos 120 millones de euros anuales, de los que 100 millones corresponden a SFM –en una etapa fuertemente inversora, se matiza–, mientras que los costes de la EMT suben hasta los 47 millones de euros, de los que 23 millones deben ser aportados por el Ayuntamiento para cubrir su déficit.
La lucha por una mayor implantación del transporte público en Mallorca no era fácil. Tanto el decano del Colegio de Arquitectos de Balears, Luis Corral, como la portavoz del grupo ecologista GOB, Margalida Ramis, recuerdan que el crecimiento urbanístico de las islas ha sido "extensivo y no intensivo", con una clara apuesta por las urbanizaciones dispersas y por limitar las alturas de los edificios a costa de una mayor ocupación de territorio.
Eso ha provocado que en lugar de enlazar grandes núcleos, las líneas de transporte interurbano tengan la compleja finalidad de conectar la gran urbe, como es Palma, con otras muchas de tamaño mucho más limitado y que generan una masa de usuarios potenciales relativamente reducida. Es decir, se tienen que dar muchas más vueltas para recoger a una cifra más baja de pasajeros, lo que eleva considerablemente los costes económicos.
¿Eso significa que hay que dejar de lado el transporte público para centrarse en el desarrollo de la red viaria y de favorecer el empleo del vehículo privado? La respuesta es un no unánime, al que además de Verger, Hila, Corral, y Ramis se suman el decano del colegio de Ingenieros de Caminos, Carlos Garau; la portavoz del PP y exconsellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer; el gerente de la Federación Empresarial de Transporte, Salvador Servera; y el vicerrector de Estudiantes y Campus, Cels García.
Pero sí se apunta que quizás las cosas no se han hecho tan bien como se debía. Por ejemplo, Mabel Cabrer se queda sola a la hora de defender las bondades de un metro de Palma de cuya ejecución ella fue la máxima responsable. La portavoz popular subraya que el potencial de crecimiento del transporte público es más alto en una zona urbana de elevada concentración de población, como es Palma, de ahí la apuesta por un sistema ágil y cómodo de desplazamiento, en una línea que en su opinión tiene amplias posibilidades en el futuro.
Pero Antoni Verger o José Hila cuestionan estas consideraciones para un suburbano que ha costado finalmente 350 millones de euros y que transporta 1,5 millones de pasajeros al año. En cualquier caso, Cabrer recuerda que su partido ha demostrado su apuesta en favor del transporte público en otros proyectos como la prolongación del ferrocarril hasta sa Pobla
Porque el primer reproche que hace el decano de los ingenieros de caminos es que se han puesto en marcha infraestructuras sin tener en cuenta una cierta proporción entre el coste económico y el beneficio social, pese a admitir que el transporte público siempre es deficitario. Y aunque destaca la rentabilidad social de la línea de tren Palma-Inca, no oculta sus dudas respecto a que el tramo Inca-Manacor alcance este mismo nivel. Algo similar plantéa con el futuro tranvía: el enlace entre la capital isleña y la Platja de Palma tiene buenas perspectivas, pero pone interrogantes respecto al ramal entre esta última zona y el aeropuerto. Porque recuerda que el transporte en autocar también es transporte público, solo que con un coste mucho más reducido, lo que lo convierte en una alternativa perfectamente válida. Y al mismo tiempo destaca su respaldo a iniciativas como la apuesta por la bicicleta promovida desde el Consistorio palmesano.
Para Luis Corral, la ventaja de la carretera es que "ya está ahí" y puede ser utilizada tanto para el transporte público como para el privado, frente a un ferrocarril con un coste muy superior aunque menos impactante para el medio ambiente. Y pese a reconocer que el público siempre será muy costoso por la estructura urbanística de Mallorca, no duda en apostar por él, sea del tipo que sea, y defiende el que se le dé preponderancia frente al vehículo privado. Con una apuesta añadida: la de favorecer sobre todo a los peatones en los núcleos urbanos, haciendo que sea más cómodo ir a pie que en coche.
Los empresarios del sector respaldan el desarrollo del transporte público, desde el momento que ayuda a descolapsar la red viaria y da una mayor agilidad a los servicios que prestan sus empresas, según apunta el gerente de la patronal isleña, Salvador Servera. Pero con una condición: evitar el exceso de oferta. Y se pone como ejemplo el caso de Palma, con un metro, más autobuses y un futuro tranvía, que se suman a una flota de taxis muy numerosa.
¿El incremento en el uso del transporte público es insuficiente? Para la portavoz del GOB, si éste no está creciendo más es porque las inversiones que se realizan para potenciarlo van acompañadas de otras para seguir aumentando la capacidad de la red viaria, y cita como caso el proyecto de Vía Conectora que quiere desarrollar el Consell de Mallorca. Y mientras no se "penalice" al coche particular –como en el caso del estacionamiento tarifado–, las inercias y las comodidades harán que los isleños se decanten mayoritariamente por éste, añade.
La propuesta de "penalizar" el vehículo privado no es bien acogida por el resto de personas consultadas. La opinión mayoritaria es que ambas fórmulas pueden convivir y complementarse. Pero tras años de fuerte crecimiento del asfalto, ahora la prioridad es otra.
Porque tanto Antoni Verger como José Hila subrayan el cambio de modelo que se ha puesto en marcha durante la actual legislatura. Y en su opinión, con resultados evidentes. El primero destaca muy especialmente los crecimientos que se han dado en las cifras de pasajeros de algunas rutas desde que se unificaron y rebajaron las tarifas, y desde que se aumentaron las frecuencias, como el 40% en la ruta Palma-Puigpunyent o el 38% del Palma-Llucmajor-Campos-Santanyí-Ses Salines. En conjunto, los usuarios del tren, metro y autobús interurbano han pasado de los 13,5 millones de 2007 a los 15,7 millones de 2010. Y en el caso de la EMT palmesana, la evolución ha ido de los 40,1 millones a los 43,1 millones en ese mismo periodo. Con un punto de referencia: en las demás empresas municipales españolas, la evolución ha sido a la baja de la mano de la crisis económica.
Según Hila, la EMT tiene potencial de crecimiento, solo que "de otra manera". Así, se señala que por primera vez se ha puesto en marcha una línea para comunicar el nuevo hospital de Son Espases que únicamente circula por la corona exterior de la vía de cintura.
Y si el transporte público es tan importante ¿por qué los partidos políticos no consiguen consensuar los proyectos a desarrollar? Según Mabel Cabrer, por la "demagogia de la izquierda" que ha "satanizado" una infraestructura como el metro.
* Diario de Mallorca - 3.04.11
Foto: Palma, atasco - ultimahora
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Sevilla se ve...nde
Sacyr ha iniciado la venta de locales y espacios expositivos de la “catedral urbana de Sevilla” (Monteseirín dixit). La web creada al efecto es http://www.espacio-metropol.com/html/contacto.html. Como buen vendedor, ponen a disposición del público un folleto comercial; y a falta de un actor o famoso artista, se han servido del actual alcalde para enseñarnos las características del producto. Viendo la frase “últimos días” en la oferta, cualquiera puede percatarse del falso término de Plaza Mayor dado al espacio situado sobre el mercado. Plaza Mayor es lo que pisamos en Madrid, un lugar de y para los madrileños y visitantes. Esto de Sevilla es un simple centro comercial para Sacyr. O menos, porque no nos podremos resguardar los días de lluvia y viento. Y a cinco metros de altura corre un fresco que no veas.
* Giralda Información - Opinión - 31.03.11
Foto: Sevilla, setas Plaza Encarnación, Metropol Parasol - elcorreoweb.es
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Anticorrupción pide imputar a la plana mayor del Govern valenciano
En su escrito al TSJCV, Anticorrupción apunta a Camps al conectar los contratos multimillonarios (14 millones) que recibieron las empresas ligadas a la red con los trajes que sus responsables regalaron al president. Y al subrayar que alguno de los contratos otorgados a Orange Market requirió la "preceptiva autorización por el Gabinete del presidente".
A Camps, Anticorrupción no le cita por su nombre. Sí lo hace con los otros nueve cargos conservadores cuya imputación reclama. Entre ellos se cuenta el vicepresidente Vicente Rambla, a quien atribuye dos delitos electorales por falsear las cuentas del PP valenciano. Y la actual presidenta de Les Corts valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez. A esta última, el Ministerio Público la considera presunta autora de un delito de prevaricación por los supuestos contratos amañados en favor de Orange Market para los stands de Fitur en 2005 y 2006.
La lista de cargos del PP implicados por la Fiscalía se completa con varios aforados ante el TSJCV y otros cargos: David Serra, vicesecretario general del PP valenciano; Yolanda García, tesorera del partido; Ricardo Costa, ex secretario general y hoy coordinador de Economía del PP en Les Corts; Cristina Ibáñez, administradora de las autonómicas de 2007; Pedro García Gimeno, ex director general de Canal 9; Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo; y Luis Bárcenas, extesorero estatal del PP y administrador de la campaña de las municipales en 2007. Ese año, y según informes policiales y de Hacienda, el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros.
Soborno y prevaricación
En total, Anticorrupción enumera seis delitos: dos electorales, en 2007 y 2008; contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación y cohecho. Los electorales, la prevaricación y el cohecho se atribuyen a los dirigentes políticos. El delito fiscal, a los seis miembros de la trama cuya imputación pide la Fiscalía, encabezados por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Y los delitos de falsedad en documento mercantil (falsificación de facturas) se atribuyen a la red y a los empresarios que supuestamente pagaron a Orange Market deudas del PP. Fuentes cercanas a la Fiscalía precisaron no obstante que el escrito no es "exhaustivo" ni en cuanto a la relación de actos ilegales ni en la de presuntos autores. Un ejemplo: la Fiscalía solicita que se incorpore a la causa un anónimo recibido por el Tribunal Superior de Madrid y que implica a otro vicepresidente valenciano, Juan Cotino.
Hechos inseparables
Las alegaciones de la Fiscalía ante el TSJCV se cierran con dos párrafos que, de forma explícita, vinculan los regalos hechos por la trama con los contratos otorgados por la Generalitat. Anticorrupción reclama al tribunal valenciano que una en un solo sumario el caso de los trajes, por el que Camps está ya con un pie en el banquillo, con el de la financiación del PP y la adjudicación de contratos amañados a Orange Market. Si el TSJCV aceptase las tesis de la Fiscalía, el juicio de los trajes se demoraría, pero la acusación contra Camps y los otros tres destinatarios de ropa (Ricardo Costa, Rafael Betoret y el exvicepresidente Víctor Campos) subiría de grado. Y pasaría a ser de cohecho sin adjetivos. O sea, de soborno en toda regla.
"Unos y otros hechos -remarca el escrito en referencia a trajes y contratos- han de ser objeto de valoración conjunta para la correcta calificación de uno de los delitos contra la Administración Pública (cohecho)". En otras palabras, Anticorrupción remacha la idea, rechazada con uñas y dientes por el TSJCV, de que los trajes sólo fueron una pieza más en el engranaje corrupto y no un acto de generosidad espontánea por parte de Álvaro Pérez, gestor de Orange Market y "amiguito del alma" de Camps.
Que a Camps le amenazan delitos de mayor gravedad que el de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno y sólo castigado con multa, lo prueba lo ocurrido ayer tras difundirse el escrito de Anticorrupción. La agencia Europa Press lanzó a media mañana un despacho titulado así: "La Fiscalía excluye a Camps de delitos en sus alegaciones a la inhibición de la causa de financiación". El PP se aferró de inmediato al titular. Y Anticorrupción tuvo que pedir a la agencia que corrigiese la noticia, que pasó a tener el titular inverso: "Anticorrupción no excluye a Camps como inculpado en la causa de financiación ilegal".
La Fiscalía añade otro dato sobre la conexión entre los trajes y las adjudicaciones fraudulentas: el relativo a cómo el contrato que Canal 9 adjudicó a Teconsa para la cobertura de la visita papal a Valencia en 2006 se produjo cuando el canal autonómico tenía por director a Pedro García. Y "de acuerdo con la documentación intervenida, además, a Pedro García Gimeno le fueron regaladas distintas prendas de vestir adquiridas por los imputados en los mismos establecimientos en los que se compraron los entregados a los cuatro imputados" en el caso de los trajes. El contrato de Teconsa reportó a la red tres millones. Y, según la Policía, Pedro García se embolsó medio millón.
De Sedesa a Enrique Ortiz
La Fiscalía, que hace suyas las tesis esgrimidas en mayo de 2010 por el juez Antonio Pedreira cuando se inhibió en favor del tribunal valenciano, solicita la imputación de los responsables de las ocho empresas que abonaron facturas supuestamente falsas a Orange Market para camuflar gastos electorales del PP.
En esa lista de empresarios figuran los responsables de las siguientes sociedades: Sedesa, empresa entonces ligada a la familia del vicepresidente Juan Cotino; Enrique Ortiz e Hijos, Enrique Gimeno (Facsa), Lubasa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf.
* Público - 2.04.11
Foto: El Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el viernes en un acto. EFE
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La banca y el ladrillo andaluz fuerzan una nueva recalificación de un millón de metros cuadrados en la vega antequerana
En el Consejo de Administración de MCapital, accesible en su página web, encontramos a presidentes y altos directivos de grandes entidades financieras, del sector de la construcción y de otros ámbitos con destacada presencia en Andalucía: Unicaja (Federico Terrón), Cajamar (Luis de la Maza), Cajasur (Ángel María Cañadilla), FCC (Blas Campos), Alei-Grupo Vera (Juan Maldonado Taifeller), Vallehermoso (Fernando Ruiz-Cabello), Famadesa (Manuel Gómez), Acciona (Roberto Cabrera) y Hotel Antequera Golf (Ramón Jiménez). Wikipedia define a las empresas de capital riesgo como “entidades financieras cuyo objeto principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no cotizadas. El objetivo es que con la ayuda del capital de riesgo, la empresa aumente su valor y una vez madurada la inversión, el capitalista se retire obteniendo un beneficio”.
EN el último pleno municipal de Antequera, los grupos de PSOE y PP dieron su apoyo a la solicitud planteada por la entidad de capital riesgo MCapital para realizar una modificación al PGOU del municipio, aprobado el pasado mes de noviembre. Se trata de recalificar un millón de metros cuadrados de la vega agrícola para construir un nuevo un polígono industrial presentado bajo el nombre de la Ciudad de Innovación Tecnológica Agroalimentaria (CITA). Izquierda Unida votó en contra de esta propuesta y el grupo independiente local PABA se abstuvo.
LA aprobación del inicio de este proceso de recalificación de suelos se produce después de que el Gobierno andaluz detuviese un proyecto similar que pretendía urbanizar cinco millones de metros cuadrados. En este caso la Junta solicitó a los promotores que demostrasen la compatibilidad de esta iniciativa con el Plan Especial de Protección Medio Físico, que cataloga la vega antequerana como paisaje agrario singular.
LA plataforma Antequera Habitable ha emitido un comunicado criticando lo sucedido. “Cuando tenemos una sobreoferta de suelo industrial, no solo en Antequera sino en casi todos los pueblos de la comarca, nuestro Ayuntamiento nos sigue proponiendo más de lo mismo. Nuestro municipio está viviendo una grave situación económica con miles de parados y cientos de familias sin ingresos que supone un enorme drama humano, nuestros responsables públicos reaccionan a este problema con mas recalificaciones de suelo para los de siempre”, denuncia.
POR eso, este colectivo ciudadano se hace las siguientes preguntas: “¿Necesita más suelo industrial Antequera cuando el Parque Logístico de Vera y el PEAN están vacíos? ¿A quién benefician estas recalificaciones del uso del suelo en la Vega, a MCapital o al interés general? Cuando en plena crisis la agricultura es el único sector que no despide empleados ni cierra empresas, ¿es acertado urbanizar las mejores tierras de regadío de la provincia de Málaga? ¿A quiénes sirven los partidos que votan las recalificaciones de suelo en la Vega de Antequera? Esta situación es indignante y los concejales votantes de esta recalificación, siguen poniendo los intereses especulativos por encima de los intereses de Antequera, tienen poca conciencia de la situación actual, y poco conocimiento de un recurso como la Vega con enormes posibilidades de actividad económica y empleo”.
* El Observador - Opinión - 1.04.11
Foto: Antequera (Málaga), tierras cultivo Vega para recalificar - antequerahabitable
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