LEVANTE* : El Ayuntamiento de Valencia aprovechará la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, que prevé la recalificará 481 hectáreas de huerta protegida, para hacer otras recalificaciones puntuales en el casco urbano y dar salida de una tacada a pequeños solares urbanizables de la ciudad que se han quedado aislados por falta de interés de los promotores. La fórmula para hacerlos más atractivos a ojos de las constructoras será recalificar y aumentar su edificabilidad residencial en detrimento normalmente de parcelas vecinas reservadas a uso dotacional, educativo y espacios verdes.
Se trata de trece unidades de ejecución ubicadas en suelo urbano consolidado de Campanar, Tendetes, Malilla, Orriols y el entorno del Camino de Moncada y San Miguel de los Reyes. Con estas modificaciones de las unidades de ejecución se podrán construir unas 2.000 viviendas más, que se añaden a las 30.000 que está previsto construir en la huerta que se recalifique en la revisión del plan. El nuevo planeamiento diseñado por el gobierno de Rita Barberá da un nuevo bocado de 481 hectáreas a la huerta.
En el antiguo Camino de Moncada, la revisión del PGOU prevé recalificar varias parcelas -ocupadas por viviendas ruinosas- que en 1988 se reservaron para un nuevo colegio y una zona verde para hacer 160 nuevas viviendas, sobre las 25 previstas inicialmente. Casi siete veces más. Las parcelas destinadas a jardines y colegios se reducen a la mínima expresión y en su lugar aparecerán torres de entre 6 y 10 alturas.
El suelo escolar previsto inicialmente (9.000 metros cuadrados) permitía hacer un colegio de dos líneas o un instituto pero a reducirse a 5.298 m2 por debajo del parámetro de 5.500 m2 que la Generalitat exige para colegios de una línea. La zona verde original queda fragmentada por las torres de viviendas que se proyectan en la revisión del PGOU.
En las fichas de las nuevas unidades de ejecución en suelo urbano no figura en qué zona de la ciudad se compensa el suelo dotacional que desaparece, tal como marca la Ley Urbanística Valenciana.
Otro de los ámbitos donde se recurre al aumento de densidad edificatoria para financiar la eliminación de tapones urbanísticos está en el entorno de San Miguel de los Reyes, una de las zonas de huerta de máxima protección previstas en la revisión del PGOU.
Se trata de una unidad de ejecución ubicada enfrente del monasterio protegido y sede de la Biblioteca Valenciana donde la edificabilidad casi se duplica. De este modo, el ayuntamiento hace más rentable una unidad con elevadas cargas porque hay que derribar un edificio moderno fuera de ordenación y realojar a los vecinos. De los 27.790 m2 (86 viviendas) previstos inicialmente frente a San Miguel de los Reyes se pasa a 40.498m2 (327 viviendas). Se podrán construir doce fincas de cinco plantas.
Las trece unidades de ejecución que se modifican forman parte de la revisión del PGOU que está en fase de exposición al público en la página web del ayuntamiento y en el edificio de la Tabacalera.
Más de 200 modificaciones
El gobierno municipal del Partido Popular ha aprobado más de 200 modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana que han hecho posibles, entre otras, la construcción de viviendas de alta gama en el entorno del edificio de la Tabacalera o la permuta del solar del nuevo campo del Valencia, en la avenida Corts Valencianes.
El incremento de edificabilidad en estas parcelas a costa de consumir suelo para equipamientos es una vuelta al concepto de urbanismo desarrollista de los años 60 con mucha densidad de edificios y pocas zonas verdes y dotacionales, advierte el grupo municipal socialista.
* Levante - 18.10.10
Foto: Tapón urbanístico entre el Camino de Moncada y la avenida Constitución.- levante
Valencia.- El PGOU recalifica suelo de colegios y parques para edificar 2.000 casas
Los alcaldes tránsfugas de Gondomar obstruyen una orden de demolición
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ELPAÍS/Pontevedra* : Los alcaldes tránsfugas de Gondomar -Alfonso de Lis por las mañanas y el titular, Martín Urgal, como regidor vespertino- están ignorando los requerimientos judiciales interesados en el derribo de una vivienda unifamiliar cuya licencia de construcción ya le costó a Carlos Silva, el alcalde del PP en el anterior mandato, su expulsión de la política. No es el único vínculo. La petición de la licencia fue tramitada, para su hija, por Jaime Fernández, auxiliar administrativo del departamento municipal de Urbanismo y, entonces, responsable del Registro y custodio o mero porteador de la carpeta con los documentos a firmar por el alcalde.
Su testimonio en otro juicio celebrado contra Silva por falsedad documental contribuyó a que el ex alcalde esquivara la cárcel que el fiscal pedía para él. Ahora, los requerimientos del juzgado sobre esa vivienda salen de Urbanismo para su tramitación en la Alcaldía, único órgano competente en el procedimiento, pero ninguno regresa a Urbanismo con la firma de Urgal o De Lis para continuarlo.
La demolición de la vivienda, construida en Cruceiro-Donas, fue ordenada en febrero de 2008 en sentencia que el Tribunal Superior de Galicia (TSXG) confirmó en julio del año pasado: la casa no cuenta con amparo normativo, ni en el plan general de urbanismo de 1997, anulado por el TSXG en 2001 y por el Tribunal Supremo (TS) en 2005, ni en la normativa autonómica sustitutoria. Es lo que sucede con centenares de construcciones en Gondomar. Pero la licencia para esa casa de Cruceiro fue otorgada por la junta de gobierno que presidía Carlos Silva el 17 de enero de 2006, fecha que pone un punto de inflexión en la gestión urbanística local.
La junta de gobierno, desentendiéndose de las sentencias judiciales, había otorgado hasta entonces licencias a mansalva. Un pequeño lote de ellas condenó a todos sus miembros en primera instancia por prevaricación continuada, aunque la Audiencia Provincial estimó que la prevaricación solo estaba suficientemente probada en la licencia tramitada por Jaime Fernández, que, según él, no fue la última: "Se concedieron licencias hasta mayo de 2006", asegura.
El Gobierno local del PP había respondido a la anulación del plan de 1997 con sucesivas maniobras de distracción que usó hasta la extenuación para no reconocer las órdenes judiciales. Primero, porque la sentencia del TSXG no fue firme hasta que la confirmó el TS y, cuando esto sucedió, en febrero de 2005, el pleno municipal amañó la continuidad del plan con una supuesta corrección de las lagunas señaladas en las sentencias para anularlo.
Hasta el 16 de enero de 2006 no hubo manera de que Silva y compañía se dieran por enterados de que estaban actuando ilegalmente. El requerimiento de la Xunta para que anularan el acuerdo plenario que mantenía la vigencia del plan fue ignorado porque llegó (por Registro) fuera de plazo, y los posteriores autos del TSXG (del 21 de noviembre de 2005 y 10 de enero de 2006) que ordenaban el cese tajante de licencias cayeron en un limbo, hasta que el último de ellos, sin saberse cómo, apareció sobre la mesa de la secretaria municipal, que ese mismo día trasladó su contenido a un informe advirtiendo a los ediles de los riesgos penales que estaban asumiendo. Pese a ello, otorgaron la licencia de Cruceiro.
La orden de demolición, aunque deriva de ese correoso caldo de cultivo, no es consecuencia directa del mismo, sino de la encarnizada hostilidad de dos hermanos que "están a despedazarse en los tribunales". Jaime Fernández es uno de ellos. Entró en el ayuntamiento como secretario particular de Ramón Sestelo, el alcalde que precedió a Carlos Silva, y continuó dos años (de 1999 a 2001) al servicio de este; después pasó a Urbanismo.
En el juicio por falsedad documental contra Silva, celebrado en mayo de este año, Fernández testificó a favor del ex alcalde. Los documentos que le inculpaban se trapichearon en bares del pueblo, a 500 euros la pieza, según sus compradores, y certificaban una falsa antigüedad de viviendas para dejar constancia de la prescripción de obras ilegales realizadas en ellas. Tampoco aquí pudo aclararse en qué momento, en qué lugar ni por qué mano se introducían en la carpeta de firmas que Fernández presentaba a Silva.
La sombra alargada de Carlos Silva
"Habiendo transcurrido con exceso el segundo plazo concedido al Concello para contestar al requerimiento de 9 de marzo de 2010", señala el 1 de septiembre la última providencia judicial en relación con la vivienda de Cruceiro, "se requiere nuevamente al Concello para que en el improrrogable plazo de 10 días indique nombre del funcionario responsable de la demora, al objeto de ser requerido personalmente para depurar responsabilidades". Todos piensan en el funcionario Jaime Fernández, aunque ya no es responsable del Registro ni de la carpeta de firmas del alcalde. Pero esas tácticas de desentendimiento trascienden su papel, formaron escuela en los dos mandatos de Carlos Silva.
Como alcalde, Silva no se enteró de que otorgaba licencias urbanísticas ilegales -hasta la de Fernández, y ni así: "Después de tanto ruido con la corrupción, se me condena por una simple falta administrativa", dijo en una entrevista-, ni de que firmaba documentos falsos que Fernández le traía en la carpeta para legalizar obras ilegales. Tampoco se enteró de que sus principales ediles -el de Urbanismo y el portavoz de su Gobierno, condenados por cohecho- vendían a cachos la edificabilidad de un plan general en marcha ni de que el Ayuntamiento perdía 750.000 euros en una permuta con un promotor. Méritos suficientes todos para que Rafael Louzán le fichara para su equipo en la Diputación Provincial.
Ahora sus seguidores entretienen a los jueces para llegar a legalizar la vivienda de Cruceiro en un nuevo plan general. De otro modo, el Ayuntamiento, que dio la licencia, tendría que indemnizar a Fernández por el derribo. Y sucesivamente, reclamar patrimonialmente a Silva y compañía, que prevaricaron al darla.
* El País - 18.10.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Cartagena.- La UE cuestiona Novo Carthago
LAVERDAD/Murcia* : La Unión Europea ha lanzado un nuevo manguerazo de agua fría al proyecto urbanístico de mayor envergadura defendido en la última década por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, junto con los de Lo Poyo y La Zerrichera, descartados por problemas judiciales. Siguiendo la metáfora, lo relevante es que en este caso las autoridades comunitarias han echado sobre la macrourbanización más agua y aún más fría, porque no sólo insisten en sus dudas sobre el grado de impacto en el entorno del Mar Menor y el saladar de Lo Poyo sino que afirman ya que el proyecto en sí no está suficientemente justificado.
«Los motivos aducidos por las autoridades españolas para justificar este plan o proyecto son 'razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica', justificados en 'los 8.000 puestos de trabajo directos que generaría la actuación con una inversión de aproximadamente 1.000 millones de euros'. Sin embargo, no se aporta ningún documento o análisis que permita confirmar esa aseveración», afirma la Comisión Europea en un informe al que ha tenido acceso en exclusiva 'La Verdad'.
Se trata de una carta remitida el pasado mes de julio pasado por el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Ladislav Miko, al Ministerio de Medio Ambiente español y la Comunidad Autónoma en la que resume las conclusiones a las que ha llegado su departamento tras analizar la documentación remitida por esta última en relación con Novo Carthago.
Desde 2005, las autoridades comunitarias se han interesado en tres ocasiones por los pormenores de la macrourbanización proyectada por la promotora Hansa Urbana, que quiere levantar 12.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en una zona protegida por sus valores naturales. En concreto, el paraje de San Ginés de la Jara está incluido en la Red Natura 2000 y destaca por la presencia del humedal o saladar de Lo Poyo y una Zona de Especial Protección de las Aves (Zepa).
En su último informe a la Comisión Europea la Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad (de la Consejería de Agricultura y Agua) explicó que había diseñado una serie de «medidas compensatorias» para reducir el impacto ambiental de la urbanización sobre la zona.
Datos de otros residenciales
Sin embargo, el Gobierno regional admitió que esas precauciones «mitigarían pero no eliminarían los riesgos de repercusiones negativas» sobre la Red Natura 2000, y en especial por las «especies y la potencialidad ecológica» de la ZEPA.
Ante esta respuesta, Bruselas pidió más papeles a las autoridades regionales para conocer con detalles si se cumplirá la llamada Directiva de Hábitats (en su artículo 6.4) y sigue insistiendo en que de momento no está acreditado «que se haya realizado una adecuada evaluación de las repercusiones del proyecto teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los lugares de la Red Natural 2000 afectados».
En concreto, se refiere al paisaje de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y cita «los impactos acumulados con otros planes o proyectos existentes en la zona». Es decir, que no basta con evaluar de forma aislada Novo Carthago sino ponerlo en relación con la presión urbanística actual de la ribera del Mar Menor y los planes de nuevas urbanizaciones en la zona.
Bruselas echa en falta medidas «específicas» para la «conservación del lugar y los hábitats y especies perjudicados, y que sean proporcionales desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo».
Más y mejores medidas
La Unión rechaza por ejemplo restaurar sólo una parte del humedal de Lo Poyo, y quita valor a construir un Centro de Interpretación y Conservación del saladar. Es más, a su juicio esto último «no proporciona ningún tipo de compensación específica de los efectos negativos del proyecto» ni asegura «la coherencia global de la Red Natura 2000».
Bruselas pide un esfuerzo en cantidad y calidad, y sugiere a las autoridades españolas que apliquen el derecho europeo según los consejos de dos documentos de la Comisión.
* La Verdad - 17.10.10
Foto: Un hombre pasea en bicicleta y otro a pie por un camino de tierra junto a la finca de Novo Carthago, donde unas banderolas anuncian la urbanización, en enero pasado - laverdad
Trescientos vecinos de Dénia claman contra las obras en una plaza centenaria
LEVANTE/Alacant* : "Por favor no nos quitéis el Panterri, no enterréis una parte importante de nuestra memoria histórica y de nuestros sentimientos". Así terminó el manifiesto que en la tarde de ayer leyó Virginia Ramírez ante trescientos vecinos de Dénia que se concentraron en la calle Cop, junto a lo que queda de la histórica plaza del Panterri (ese es su nombre popular) o de la Constitució. Esa última frase desató un aplauso encendido de todos los manifestantes, que, a continuación, corearon el lema de "salvem el Panterri".
La protesta de ayer fue más emotiva que numerosa. Los vecinos que la secundaron intentaron insuflar algo de vida en una plaza centenaria que tiene los días contados. Ya se han iniciado las obras de remodelación que eliminan un elemento arquitectónico tan singular como el del parterre. La alcaldesa, Ana Kringe, del PP, ha asegurado que estas obras no las paraliza ni el sursuncorda. De hecho, el viernes las máquinas entraron en la plaza en una demostración de que, efectivamente, el gobierno local no se plegaba a las presiones vecinales.
Ayer, ya quedaba bien poco del centenario parterre. En un extremo de la plaza, estaban apilados los sillares de piedra del Montgó que lo coronaban.
Los manifestantes interpretaron ese mensaje de que las obras no se van a parar como "tozudez". Denunciaron que con la excusa de modernizar se va a destruir "esta plaza más que centenaria en la que se han vivido tantos y tantos hechos que forman parte de nuestra historia".
Pero, más allá de la importancia histórica de una plaza en la que están la iglesia de l'Assumpció y el ayuntamiento, que es un edificio señorial del siglo XVII, los manifestantes reivindicaron la memoria sentimental del Panterri, que es, por deformación de parterre, como se conoce en Dénia a este espacio urbano. "La major parte de la gente de Dénia ha hecho su trayecto vital por el Panterri; han pasado por él desde que nacieron hasta que dejaron este mundo", indicaba el manifiesto. "Si lo hacen desaparecer, las nuevas generaciones podrán saber, pero no sentir lo que de verdad ha significado para los vecinos".
Los manifestantes argumentaron que destruir el parterre es como "si se cortaran los árboles de la calle Campo en nombre de la modernidad y la movilidad".
A la protesta, asistieron, entre otros, el historiador Vicent Balaguer, la portavoz socialista y ex alcaldesa, Paqui Viciano, el nuevo edil del Bloc, Josep Crespo, y los presidentes de las asociaciones de vecinos de Baix la Mar y Roques.
* Levante - 17.10.10
Foto: Los manifestantes se concentraron en la calle Cop, ya que no tenían permiso para hacerlo en la plaza del Panterri.- levante
Más de 12.500 pisos en Málaga valen ya menos de lo que indica su hipoteca
LAOPINIÓN* : El desplome de más del 20% de los precios de la vivienda en Málaga desde que empezó la crisis tiene un efecto pernicioso, advertido por no pocos analistas: la pérdida patrimonial de muchos de aquellos que compraron casas con valores inflados y que ahora se encuentran con que sus pisos valen menos de lo que indica la costosa hipoteca que firmaron en su día. Un estudio realizado por la prestigiosa agencia de calificación Standard & Poor´s revela que un 8% de los pisos que se compraron en España en los años 2006, 2007 y 2008 en España (en particular los de estos dos últimos ejercicios) están devaluados y, por tanto, no valen los que sus compradores pagan religiosamente por ellos mes a mes en su cuota hipotecaria.
Para Andalucía, el informe arroja un porcentaje del 8,3%, lo que para Málaga, el auténtico motor inmobiliario de esos años en la región, supone un verdadero revés. En estos tres años se firmaron en la provincia unas 148.000 hipotecas por valor de 23.800 millones de euros. Pues bien, un total de 12.500 de esos préstamos hipotecarios corresponderían a viviendas que no valen lo que sus sufridos propietarios firmaron por ellas en su día. La mayor parte de los afectados, según opina el sector, respondería al prototipo de compradores que, con sus ahorros, compraron una segunda residencia como elemento de inversión o a jóvenes que adquirieron su primera casa como trampolín con el pensamiento de, al paso de los años, venderla y poder adquirir otra mejor.
«Para ellos, la bajada de precios ha sido muy negativa, ya que contaban con revender esa casa y sacarle una ganancia que ahora no existe. Pero no afecta tanto al que compró su casa con la idea de vivir en ella indefinidamente», comenta el delegado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Alfredo Martínez. A esas personas solo les queda, a su juicio, esperar a que , a medio y largo plazo, los precios vuelvan a repuntar poco. Pero una revalorización rápida para sacar beneficio es, hoy por hoy, una utopía.
De la misma opinión es el consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía (AEA), Francisco Villalba, que cree que ahora se están pagando los «excesos» de un tiempo en el que la vivienda fue considera el mejor y más fácil vehículo de inversión. Villalba piensa que a los precios de los pisos les queda todavía un margen de bajada del 10% hasta llegar a ese 30% que AEA siempre ha considerado como el sobreprecio arrastrado desde el boom inmobiliario. Sólo entonces, en su opinión, podrán tener también salida rápida ese stock de 22.600 viviendas sin vender en Málaga que sigue paralizando al sector inmobiliario.
Riesgos de la bajada de precio
Sin embargo, algunos vienen alentando sobre el peligro de la bajada de precios. El director general del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, considera que nuevos descensos traerían más pérdida patrimonial para los que compraron entonces y abriría la puerta a que se repitan errores del pasado: «Si siguiéramos así sólo conseguiríamos dar ventaja a los especuladores con liquidez, que comprarían muy barato todo ese parque de vivendas para luego volver a venderlas a precios desorbitados», ha afirmado en varias ocasiones.
La desenfrenada espiral de precios que se vivió entre 2004 y 2008, donde un piso podía subir de precio en varios millones de las antiguas pesetas en sólo un par de meses, provocó que muchos compradores accedieran a pagar lo que se les pedía amparados por un crédito bancario que fluía de forma irresponsable, como han demostrado los posteriores problemas de liquidez de muchas entidades financieras. La burbuja inmobiliaria estalló justo cuando la crisis económica y el paro comenzaron a hacer aparición. No en vano, el informe de Standard & Poor´s también revela que un 6,3% de los créditos firmados en esa época –5,9% a nivel nacional– también presentan problemas de morosidad. Haciendo la proyección, en Málaga tendrían ese problema más de 9.250 hipotecas.
El problema para los bancos y cajas también es morrocotudo, ya que aunque haya casas que terminan siendo embargadas porque sus dueños no las puedan pagar –algo que, de hecho viene sucediendo en los últimos dos años–, no habría ganancia alguna, más bien al contrario. La subasta de esos pisos a los precios en que ahora mismo se mueve el mercado no igualaría el de las hipotecas concedidas en su día para esos inmuebles. Para el banco o caja, el verdadero negocio es que el hipotecado siga pagando.
* La Opinión de Málaga - 17.10.10
Foto: Más de 12.500 pisos en Málaga valen ya menos de lo que indica su hipoteca - laopinion
Hotel del Palau, urbanismo y delito
CARLES PAREJA LOZANO* : La imputación penal de los responsables del urbanismo barcelonés y de un reconocido arquitecto por el caso del hotel del Palau constituye la última manifestación de un fenómeno que causa asombro a los que llevamos ya bastantes años dedicados al derecho urbanístico: la criminalización de las mal llamadas recalificaciones urbanísticas, que, según parece, resultan en sí mismas sospechosas de entrañar un buen número de delitos.Las recalificaciones o, más propiamente, las modificaciones de los planes aparecen previstas expresamente en la vigente legislación y constituyen un instrumento habitual e imprescindible para el desarrollo de las políticas urbanísticas. Si alguien obtiene beneficios ilícitos de una actuación urbanística debe ser perseguido penalmente, pero por causa de la ilicitud de tales beneficios, no por la actuación urbanística en sí, que aparece con carácter general sujeta al derecho administrativo. Únicamente cuando existan indicios de que la obtención de tales beneficios ilícitos era la finalidad perseguida con la modificación del plan procederá la calificación penal de la tramitación urbanística seguida, ya que en tal supuesto estaríamos ante la denominada prevaricación urbanística prevista en el art.320 del Código Penal.
En el caso del hotel del Palau, y como evidente daño colateral de las andanzas del inefable dúo Millet-Montull, parece que la imputación de la cúpula del urbanismo barcelonés se relaciona con una supuesta ocultación de la identidad real del propietario de las fincas, dado que quien había promovido la actuación urbanística, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, ya no era propietario de los terrenos cuando se aprobó su recalificación, sin que dicha información constara en el plan. Supuestamente, el error u omisión en la identificación de los propietarios podría esconder una finalidad especulativa en la operación, en lugar de las finalidades de interés público que, también supuestamente, comportaba el hecho de que esta actuación fuera promovida por el Palau.
No obstante, esta vinculación entre propiedad de las fincas y bondad de la actuación urbanística nada tiene que ver con el criterio que debe guiar la formulación y aprobación de los planes urbanísticos. Las administraciones competentes deben decidir la procedencia de modificar o no el plan en función de la racionalidad y bondad de la ordenación urbanística, sin olvidar que es también necesario garantizar su viabilidad: que genere las suficientes plusvalías urbanísticas para afrontar las cargas de urbanización y poder llevar a cabo la actuación prevista por el plan. Y en este contexto carece de toda relevancia quién va a ser el propietario final de las fincas. Tanto es así, que la propia legislación estatal sobre el suelo prevé expresamente la participación de los particulares no propietarios en los procesos urbanísticos.
En el caso del hotel del Palau las plusvalías se generaron en gran parte a favor de la Generalitat de Catalunya, que realizó una excelente operación patrimonial mediante el cambio de calificación de la finca de su propiedad, de residencial a equipamiento, según el convenio firmado en su momento. Para que estas plusvalías fueran efectivamente apropiadas por la Generalitat, así como por el Palau, era imprescindible que un tercero asumiera su pago mediante la adquisición de las fincas recalificadas destinadas a la construcción de la instalación hotelera, tal y como además se estableció expresamente en el referido convenio. En consecuencia, la decisión urbanística de implantar un hotel en ningún caso podía aparecer supeditada a que el titular de las fincas fuera el Palau de la Música (¿o es que acaso el Palau tenía que convertirse en un empresario hotelero?), sino a la conveniencia para la ciudad de tal decisión.
No voy a entrar aquí en el legítimo debate planteado por determinadas entidades vecinales sobre la bondad urbanística de la propuesta; pero es evidente que dicho debate no debería haberse situado nunca en la órbita del derecho penal. No parece, pues, que se esté cumpliendo en este caso con el principio de última ratio propio de la intervención penal ante la eventual existencia de ilícitos administrativos, sino más bien todo lo contrario. En este contexto, es ciertamente lamentable que, partiendo de una errónea aproximación a la naturaleza de las actuaciones urbanísticas, pueda cuestionarse la honorabilidad de excelentes servidores públicos y profesionales con una trayectoria personal sin tacha alguna.
Pero más allá de esta circunstancia, los efectos de este intervencionismo de la jurisdicción penal pueden ser especialmente nocivos para el buen funcionamiento de la Administración pública, ya que pronto va a resultar algo cercano a la heroicidad participar en la gestión de la cosa pública. Y disponer de los mejores, dispuestos a ello, es fundamental para la construcción de un país.
* Profesor titular de Derecho, Administrativo de la UPF. Abogado.
* El Periódico - Opinión - 16.10.10
Alicante.- La Fiscalía ve indicios para imputar a Castedo y Alperi
INFORMACIÓN* : El ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, están en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción que considera que ambos podrían tener responsabilidades penales en presuntas irregularidades relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU). El fiscal ve indicios tanto para imputar a Alperi como a su sucesora -mano derecha del ex alcalde y ex concejala de Urbanismo antes de ser primera edil- en relación con presuntas anomalías vinculadas al PGOU, según ha podido saber este diario.
Las supuestas irregularidades urbanísticas que el fiscal pide investigar forman parte de una de las piezas separadas que el juez de Orihuela que instruye el grueso del "caso Brugal" envió a Alicante por tratarse de asuntos desvinculados de la trama principal, aunque descubiertos a raíz de ésta.
Todas las investigaciones parten de un nexo común, que son las intervenciones telefónicas efectuadas por la Policía a, entre otros, los empresarios Enrique Ortiz, Rafael Gregoy y Ángel Fenoll y hasta el propio presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll.
El procedimiento que afecta al PGOU de Alicante recayó en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, ha asumido la investigación. Este diario ha podido saber que tanto el informe policial remitido al Palacio de Justicia de Benalúa como el elaborado por la Fiscalía Anticorrupción contienen material del que se desprende que podrían existir indicios de delito hasta el punto de que el fiscal, en su argumentación para que el asunto se enviara a Alicante, plantea la posible imputación del anterior regidor y de la actual .
El asunto está bajo secreto de sumario (motivo por el que no han trascendido las supuestas anomalías) y el principal escollo con el que ahora se encuentra el magistrado Tejada radica en que no dispone de la causa completa para calibrar el alcance de los hechos avanzados por la Policía y el fiscal. El propio juzgado solicitó las diligencias el pasado mes de julio sin que hasta el momento las haya recibido. Prácticamente todos los juzgados con piezas separadas del "caso Brugal" están esperando la documentación que tiene que enviar el juez de Orihuela, Carlos San Martín. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, se encargó en su momento de repartir un avance de los procedimientos por los seis juzgados a los que les ha tocado pronunciarse sobre la competencia en estos asuntos.
Aforado
Una vez que la causa sobre las supuestas irregularidades urbanísticas llegue al juez Tejada, éste tendrá que estudiarla, realizar una instrucción previa y decidir si, como prevé el fiscal, se produce una imputación formal, o si no existe base para ello. Si el magistrado viera indicios de delito tras efectuar estas averiguaciones y estos implicaran a Alperi, el caso tendría que ser remitido al Tribunal Superior de Justicia al estar el ex alcalde aforado por su actual condición de diputado autonómico.
La situación de aforado del anterior alcalde ya ha obligado en otras ocasiones a los jueces alicantinos a remitir causas al tribunal autonómico. Tal fue el caso de los tres aparcamientos subterráneos adjudicados a Ortiz, un asunto en el que se investigaba un presunto trato de favor al empresario por parte del Ayuntamiento y que, tras la instrucción llevada a cabo por el magistrado Jesús Gómez-Angulo durante casi un año, acabó archivando el TSJ nada más recibir la causa.
Igual final para Alperi tuvo el "caso Mercalicante" abierto por un desfalco millonario en la empresa de capital mixto. El máximo órgano judicial de la Comunidad, a cuyo frente se encuentra Juan Luis de la Rúa, concluyó que el ex alcalde no podía ser considerado responsable del agujero contable de la mercantil.
El juez de Orihuela no entrega documentos desde hace 40 días
El juez del caso Brugal, que investiga, entre otros, el Plan Zonal de la Vega Baja o la adjudicación de la recogida de basuras en Orihuela, anunció el 2 de septiembre que levantaba el secreto de sumario. Cuatro días más tarde, el día 6, entregó a las defensas, en soporte digital, las escuchas policiales a políticos y empresarios imputados; entre ellos, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, o los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. En total, casi 2.000 folios de documentación y sólo una pequeña parte de lo que hay en el sumario. Cuarenta días los abogados se preguntan dónde está el resto. El magistrado ya dijo entonces que tenía graves problemas para facilitar la documentación por la falta de medios en el juzgado. No ha puesto al día de hoy otra excusa. En este tiempo sólo ha notificado recursos contra sus autos. D.P./M.A.
El mismo juzgado que investiga a Gregory
El juzgado que ha asumido la investigación por presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante es el mismo que indaga también supuestas actuaciones delictivas en relación con la compraventa de camiones de Autisa, mercantil del empresario Rafael Gregory, imputado en el grueso del "caso Brugal". Esta pieza separada, también desgajada de la investigación de las basuras, fue incorporada a la abierta la pasada primavera por la presunta estafa en el renting de camiones en la que aparecen imputados Gregory y un hermano suyo.
* Información - 16.10.10
Foto: Alperi y Castedo (archivo) - adn
A Coruña.- Los edificios que destruyó el siglo XX
LAVOZDEGALICIA* : El Ayuntamiento se marcó como objetivos para la elaboración del nuevo listado de bienes protegidos la actualización del catálogo vigente, la inclusión de nuevos elementos exteriores al ámbito del Pepri y dar coherencia al catálogo con la normativa que regula la ciudad. El concejal de Rehabilitación Urbana e Vivenda, Mario López Rico, explicó que con el paso del tiempo los poderes públicos, en concreto la administración local, se ha dado cuenta de la necesidad de promover la revisión de los planes generales y de conservar el patrimonio construido ya que se trata, según aseguró, «dun ben estratéxico, que conserva as señas de identidade do pasado dunha cidade e que conforma a aposta de futuro con elementos diferenciadores que dan calidade urbana e valor patrimonial á Coruña».
De hecho, según indica, las ciudades que logran conservar, rehabilitar y proteger sus elementos patrimoniales adquieren «un valor que cada vez se aprecia máis».
Mario López Rico explicó que los años 60 fueron «terroríficos» en la ciudad coruñesa ya que desaparecieron entonces innumerables y magníficos ejemplos de la arquitectura coruñesa. Se derribó, por ejemplo, la antigua fachada de Juana de Vega donde estaba ubicado el Hotel Francia, entre el Banco de España y la plaza de Mina, y la presión urbanística modificó completamente y de forma irremediable la fachada del Cantón Grande y del Cantón Pequeño, donde la tradicional arquitectura coruñesa de galerías fue sustituida por grandes edificios que, según comentó el concejal de Rehabilitación Urbana «coparon con contundencia o espazo máis emblemático da cidade como mostra do seu poderío económico durante os anos 70 e 80».
Otros derribos paradigmáticos a lo largo del último siglo fueron los del asilo de la calle Adelaida Muro, la Casa dos Tobías de Puerta Real o la Casa Gótica (del siglo XV) del Parrote, que fue demolida en el año 1936. En la zona del relleno portuario, donde actualmente están los jardines de Méndez Núñez, el Pabellón Lino desapareció debido a un incendio y el Teatro-Circo Emilia Pardo Bazán se demolió en 1915 para dejar espacio al actual edificio de la Autoridad Portuaria. A lo largo de toda la ciudad se produjeron casos similares: en la Gaiteira se derribó la Estación del Norte; en la calle Betanzos se demolió el antiguo colegio de los Maristas; los hoteles Atlantic y Palace, en los Cantones y el mercado Da Guarda diseñado por Pedro Mariño. También en la Ciudad Vieja se eliminaron antiguos edificios monumentales y de muy buena calidad arquitectónica para dejar libres solares «nos que despois se levantaron verdadeiros adefesios», comentó López Rico.
A pesar de que hubo momentos de la historia coruñesa en la que primó la especulación y el urbanismo voraz que hizo desaparecer significativas construcciones, el concejal y arquitecto López Rico destaca que las galerías de la Marina consiguieron sobrevivir «porque foron protexidas polo recoñecemento mundial que xa tiñan, pola magnífica calidade da construcción e porque se conservaron en óptimas condicións xa que sempre estiveron ocupadas por xente con máis ou menos posibles». Por lo tanto, aunque las galerías sufrieron «atentados» puntuales y salpicados a lo largo del tiempo estos no consiguieron hacer desaparecer toda la fachada de cristal y madera.
Según indicó el concejal nacionalista, el Ayuntamiento coruñés está realizando ahora un esfuerzo importante para que el nuevo PGOM amplíe la protección a edificios y construcciones singulares y, de esta forma, evitar que desaparezcan bien por la acción urbanística bien por la dejadez de sus propietarios. La declaración de las zonas ARI (área de rehabilitación integral), la revisión del plan Pepri y las ordenanzas que extienden a toda la ciudad las ayudas para rehabilitación son algunas de las actuaciones municipales que luchan contra el abandono de los edificios de la ciudad y los atentados urbanísticos. En este sentido, destacó que ya se ha realizado la séptima convocatoria de ayudas para rehabilitación en el casco histórico puesto que, según reconoce, «non hai conservación e rehabilitación sen a intervención pública».
* La Voz de Galicia - 17.10.10
Foto: La Casa Gótica del Parrote, que había funcionado como cárcel, fue demolida en 1936 - lavozdegalicia
El Raval: la ciudad sin puertas
JUDIT CARRERA/Barcelona* : Sostiene la antropóloga brasileña Teresa Caldeira que las periferias urbanas son simultáneamente espacios de marginalidad e innovación creativa, porque sus habitantes no son sólo consumidores o víctimas de los que las diseñan, sino agentes que participan de forma activa en su proceso de urbanización. Las periferias, según Caldeira, no serían espacios cerrados o aislados, sino procesos de formación social y urbana en constante transformación que nos obligan a repensar ese sistema de coexistencia pacífica entre diferentes al que llamamos democracia.La Rambla del Raval cumple 10 años y nuestro centro más periférico sigue viviendo al límite. Su condición de barrio frontera -recordemos que raval proviene del vocablo árabe rábad, que significa espacio marginal o exterior a las murallas- no le ha abandonado a lo largo de la historia. Su transformación ha sido colosal y globalmente positiva durante los últimos 30 años, como se han encargado de demostrar numerosos estudios. Y, sin embargo, el Raval sigue siendo -con permiso de las periferias metropolitanas- el espacio de vida más precario de Barcelona.
Su esperanza de vida media es siete años inferior a la del barrio de Les Corts. Aumenta el fenómeno de los sin techo, se intensifican las situaciones de infravivienda y vuelve a haber hambre en el Raval. Sus escuelas reciben todo tipo de presiones y asisten impotentes a la huida de los hijos de las clases medias. En el año 1996, los habitantes de origen extranjero suponían el 9,4% de la población; 14 años más tarde, esta cifra supera el 47%, mientras que en el resto de ciudad se mantiene alrededor del 17%. Las 109 hectáreas del Raval soportan la presión simultánea de inmigración, ocio nocturno, turismo y exclusión social en intensidades muy extremas.
Pero mientras algunos se empeñan en cerrar los porches de la Boqueria como solución a los problemas, la vida en el Raval sigue transcurriendo en un delicado equilibrio. En él conviven más de 70 nacionalidades que comparten pisos, calles, negocios y oratorios. Sin embargo, ninguna de las comunidades de origen extranjero supera el 10% de la población total: algunos expertos defienden que la densidad urbana ha sido el mejor antídoto contra la formación de guetos en el barrio. En el Raval se oyen diariamente decenas de lenguas, ajenas a los debates que en parlamentos y televisiones siguen anclados en la supuesta contradicción entre catalán y castellano. Si es cierto que el choque de civilizaciones se juega diariamente en nuestros barrios, entonces el Raval es un modelo de pluralismo y de democracia por venir. Porque la vida fluye en el Raval, con tensión, sin duda, pero con espacios urbanos que albergan usos mixtos, así como una vida cultural y económica intensa y variada. También esta rambla que ahora celebra su décimo aniversario se ha acabado convirtiendo en un ejemplo de buen urbanismo, aquel que, según Manuel de Solà-Morales, y más allá de cánones de belleza o de grandeza, proporciona al ciudadano la conciencia de pertenecer a una comunidad más amplia. En la Rambla del Raval, uno percibe la magnitud y los límites del barrio mientras toma conciencia de su inserción en la ciudad, con la perspectiva lejana de la torre de Collserola en el Norte y el cercano olor del puerto en el Sur. En muchos aspectos, el Raval cumple las condiciones de apertura, pluralidad y autoconciencia que la filósofa Seyla Benhabib otorga a un espacio público plenamente democrático.
Es inútil poner puertas en el Raval: la realidad se infiltrará a través de cualquier valla. La lucha por el Raval no es una batalla de restricciones o control policial, sino el deber de exigir políticas urbanas, sociales y educativas que consigan reducir las desigualdades, mejorar las miserables condiciones de vida de una parte importante de sus habitantes y preservar lo que, sorprendentemente, funciona. Porque en la pequeña superficie del Raval se concentran algunos de los principales retos de la sociedad contemporánea y, a pesar de todo, el barrio se sostiene. Y lo hace poniendo cada día a prueba nuestra democracia de manera radical. La hospitalidad es el derecho de todo extranjero a no recibir un trato hostil por el mero hecho de ser llegado al territorio de otro. Cuando Francia reivindica el derecho de expulsión, el Raval ofrece en su frágil equilibrio algunos signos de esperanza.
* Judit Carrera es politóloga.
* El País - http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Raval/ciudad/puertas/elpepuespcat/20101007elpcat_4/Tes">* El País - Opinión - 7.10.10
Canarias tiene un sistema urbanístico obsoleto que produce normas en exceso
ELDÍA* : Si Canarias quiere alcanzar un desarrollo sostenible lo primero que debe hacer es repensar sus instituciones y procesos de toma de decisiones en materia de ordenación territorial, que derivan del sistema impuesto en España en 1956. Ahora ambos constituyen un lastre al ser "obsoletos", por lo que urge su adaptación y modernización, según explicó ayer el Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad Carlos III de Madrid en la primera de las mesas de trabajo en el marco de las jornadas parlamentarias sobre "Ideas para el futuro", que en esta última edición abordó el binomio territorio y población. Además, este sistema produce normas en exceso que resultan contradictorias entre sí.
Este último aspecto fue una crítica compartida por Víctor Hernández, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y Miguel Becerra, director adjunto de Gestur Tenerife, que también intervinieron en la mesa que abordó el territorio, así como Juan José Santana, jefe de área de Coordinación de Planeamiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.
En la mesa sobre población participaron Luis Alberto García, catedrático de Psicología de la Educación de la ULL; Vicente Manuel Zapata, profesor titular de Geografía Humana de la ULL y Dirk Godenau, director científico del Observatorio de la Inmigración en Tenerife (Obiten).
Parejo explicó que uno de los problemas "prácticos" que enfrenta Canarias en materia de ordenación territorial es que la legislación canaria sigue lastrada por el corsé del conjunto institucional de 1956, por lo que hay que replantearse el proceso de toma de decisiones en esta materia para hacerlo más simple y adaptarse a la evolución de las circunstancias.
Eso sí, el nuevo modelo debe contemplar que ya no hay dinero público para ayudas, por lo que para ser sostenible debe apostar por la "compactación": combatir la dispersión de la población para lograr una mayor eficiencia energética y abaratar el coste de los servicios públicos. Una vía para conseguirlo, explicó parejo, es la apuesta por la rehabilitación urbana.
Víctor Hernández aclara que "el desarrollo tiene que ver con progreso, no con crecimiento" y explicó que con transformaciones "simples" se puede mejorar la eficiencia territorial. Aboga por una "revolución" que actualice el urbanismo vigente para hacerlo más "dinámico". Critica que España pasó de "casi no tener normas" territoriales a una "inflación" posterior que ha llegado a convertirse en una verdadera "hemorragia" que hace difícil cumplirlas porque son contradictorias y actúan en distintos niveles de aplicación.
Miguel Becerra defendió el nivel técnico de esas normas, si bien cree que lo coyuntural se impuso sobre lo estructural, por lo que ve un desarrollo normativo con "demasiado detalle" en ciertos asuntos.
* El Día - 15.10.10
Foto: Santa Cruz, mamotreto las Teresitas - google
Condenado el alcalde de Quesada
DIARIOJAÉN* : Manuel Vallejo Laso, el alcalde socialista de Quesada, ha sido condenado a seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público por no denunciar las casas ilegales levantadas en su término municipal entre los años 2003 y 2005. También han sido castigados con penas de prisión otros ocho vecinos por construir sus licencias.Se trata del primer caso en el que se condena a un alcalde en activo de la provincia por delitos relacionados con el urbanismo. En román paladino, la Justicia ha considerado que Manuel Vallejo Laso hizo “la vista gorda” con numerosas edificaciones levantadas sin licencia en el paraje de El Llano, una zona no urbanizable situada en las afueras de Quesada.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 dice textualmente: “Esas construcciones, que eran conocidas por el alcalde, no fueron deliberadamente denunciadas a la Fiscalía para proceder contra sus promotores, directores o técnicos”. Este proceso judicial comenzó por una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, concluida en junio de 2008. En principio, fueron imputadas veinticuatro personas. No obstante, sólo nueve se sentaron en el banquillo de los acusados. Se trata de seis propietarios, dos constructores y el propio Manuel Vallejo Laso. Los demás casos ya habían prescrito.
La resolución judicial asegura que los acusados levantaron en el paraje de El Llano viviendas unifamiliares de unos cien metros cuadrados, con piscina. Son construcciones destinadas a la segunda residencia y al recreo. Incluso, una de ellas cuenta con dos plantas y casi doscientos metros de superficie. Por ello, los propietarios y los constructores han sido condenados a ocho meses de prisión.
Por otro lado, el Ayuntamiento llegó a paralizar las obras de varias de estas construcciones en más de una ocasión, algunas hasta en seis veces. ¿Por qué, entonces, se ha condenado al alcalde de Quesada? Simplemente, porque conocía la situación de ilegalidad y no la denunció ante la Guardia Civil y Fiscalía “como era su obligación”, tal y como se establece en la sentencia del Penal número 1.
Sobre el espinoso asunto de las demoliciones, la juez ha decidido no derribar lo construido al margen de la normativa. Su razonamiento es el que aplica la jurisprudencia de la Audiencia Nacional. La magistrada Carmen Carpio asegura que en el paraje de El Llano existen unas 115 viviendas, de las que sólo el 40 por ciento son de reciente construcción. Es decir, judicialmente no se puede actuar contra las demás edificaciones, por lo que se quedarán en pie “por los siglos de los siglos”. Si se echan abajo las más nuevas, supondría “un agravio comparativo” para sus propietarios, “además de un elemento de distorsión”. Al respecto, la jueza aporta otros argumentos para no demoler los chales: “Se encuentran junto a otras que no han sido demolidas, no están aisladas, cuentan con acometidas de luz y agua y satisfacen los impuestos de naturaleza urbana”.
La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia en el plazo de diez días. El alcalde ya ha anunciado que presentará alegaciones, pues se considera inocente. También se da por seguro el recurso de la Fiscalía, que solicitará al máximo órgano judicial de la provincia que derribe las viviendas ilegales.
* Diario Jaén - 15.10.10
Foto: Quesada - galeon
Mucho ruido y tres nueces
MANUEL BUITRAGO/Murcia* : Aquí hay cosas que no cuadran. Doce días después del zarpazo pegado por la Fiscalía y los agentes de la UCO al núcleo del urbanismo murciano -poniendo la imagen de la ciudad y de la Región a los pies de los caballos- nos encontramos con que el juez del 'caso Umbra' ha ido tomando unas decisiones que para nada se ajustan, aparentemente, a la gravedad de los hechos que se investigan. Al menos, como han sido escenificados ante la opinión pública. Con la perspectiva de estos días, existe una desproporción inexplicable entre la operación policial que desencadenó la detención de tres personas, varios registros, la apertura de cajas de seguridad y una lista de imputados, con lo que el juez resolvió inmediatamente después: los tres arrestados quedaron en libertad al día siguiente pagando unas fianzas minúsculas si se miran bajo la lupa de la alarma social creada.
El empresario Renato de Noce se libró de la cárcel con una cantidad 30 veces inferior por la que tiene que responder Isabel Pantoja. Mientras tanto, el funcionario y ex número dos del Urbanismo en Murcia, Alberto Guerra, afrontó la menor fianza, pese a haber sido colocado en el centro de la diana y ser presentado, supuestamente, como el más salpicado por una trama de corrupción cuya arboladura se desconoce. Sólo asoma una rama que, por ahora, se ve poco poblada de pruebas graves a tenor de las medidas cautelares tomadas contra éstos. Se podían haber ahorrado las detenciones. Bastaba con haberlos citado a declarar y que luego apechugaran con lo que viniera... salvo que primara el deseo de pasearlos ante las cámaras. En el caso de Jesús Samper, choca que haya salido sin ninguna medida cautelar, con todo lo que viaja y lo que mueve, aunque le hayan colgado otro presunto delito.
Llama también la atención que el juez no haya apreciado riesgo de fuga ni de destrucción de documentos para ordenar otras medidas severas de los antes detenidos. Y hay montañas de documentos levantadas con los convenios urbanísticos de la zona norte. Que se sepa, son los papeles que se llevaron los agentes de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, junto a los que se hayan requisado en los demás registros.
Si las fianzas sirven para calibrar el nivel de la corrupción que se persigue, hay que decir que la Fiscalía tendrá que esmerarse más para darle mayor sentido a lo que está pasando. Le vale porque el tema se le desinfla ante la opinión pública. Los implicados siguen inmersos en un procedimiento por una larga lista de presuntos delitos. Cabe deducir, en teoría, que queda tela que cortar y que pueden producirse -ya veremos- otros hitos relevantes que den un giro de 180 grados a un caso que, según lo visto hasta ahora, no parece estar a la altura de las expectativas que levantó el primer día y que puso a la Región en el disparadero nacional de una forma excesiva y gratuita. Ya se ha comprobado que una imagen vale más que mil juicios. Todo muy extraño. Que el juez nos ilumine...
* La Verdad - Opinión - 16.10.10
Valencia.- Un técnico de Bellver sabía de la protección del Jardín de Monforte
ELPAÍS* : Un técnico del área de Urbanismo del ayuntamiento de Valencia, jefe de servicio, ha reconocido ante el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Valencia que sí sabía de la protección especial de los Jardines de Monforte. Eso sí, excusa no haber instado que el expediente del aparcamiento que afecta al subsuelo de los Jardines de Monforte fuera a Patrimonio, como exige la ley, porque no sabía que también estaba protegido el entorno. Precisamente por eso está imputado el concejal de urbanismo, Jorge Bellver, junto a otros siete funcionarios del consistorio, por supuestos delitos de prevaricación y contra el patrimonio. Bellver dijo en su declaración que no sabía que los Jardines de Monforte tuvieran ninguna protección.
Dijo que nadie se lo había dicho, que hizo lo que le indicaron los técnicos La protección existe desde la década de los años 40 y en los mapas del Plan General de Ordenación Urbana consta que afecta tanto a los Jardines como a su entorno. El testimonio de Bellver pierde credibilidad dado que otros expedientes que ha firmado, que afectaban a bienes protegidos, para hacer actuaciones similares, sí tienen el preceptivo informe de Patrimonio.
Otros aparcamientos
Un responsable de sección, también del equipo de Bellver, pasó esta semana igualmente por el juzgado. Dijo no saber nada de la protección de los Jardines de Monforte ni de su entorno. Sin embargo, como explicó ante el juez, participó en el expediente de la construcción de un aparcamiento que afecta a la Glorieta, en el centro de la ciudad de Valencia. En ese expediente, sí se pidió el informe a Patrimonio.
Entre la documentación que habitualmente manejan los técnicos de la concejalía de Bellver está la lista de bienes protegidos, el catálogo BIC (Bien de Interés Cultural). Por ejemplo, en el proyecto de ejecución de las obras del Nou Pont de Fusta, hecho por Aumsa, aparece un plano de la ciudad. En él, se ve claramente que los Jardines de Monforte y su entorno están protegidos. Hasta el momento, el juzgado no tiene una explicación de porqué el concejal de Urbanismo -que en la página web de su área tiene en exposición pública las exigencias para licencias de obras, en muchas de las cuales, incluso menores, exige el informe de Patrimonio- no pidió a Cultura la valoración oportuna para actuar en el entorno de los Jardines de Monforte.
* El País - 16.10.10
Foto: Jardines de Monforte - flickr
Córdoba.- Piden que se conserven los arrabales medievales
DIARIODECÓRDOBA* : La plataforma ciudadana contra la destrucción del patrimonio Salvemos los Arrabales ha comenzado a reivindicar que se declaren Bien de Interés Cultural (BIC) los restos arqueológicos que aún se conservan en el plan parcial O7 del Plan General de Ordenación Urbana, es decir, la zona entre el barrio de Poniente y la Ronda destinadas para la construcción de viviendas y en las que se han encontrado unos numerosos restos de entramado urbano de época islámica, así como otros hitos arqueológicos.
La plataforma ha iniciado su actividad reivindicativa a través de la web http://defendamoslosarrabales.org, a través de la cual ya ha recibido la adhesión de 263 firmantes a título individual y de colectivos como la Sección de Arqueología de CNT-Córdoba, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la plataforma A Desalambrar y una decena de asociaciones ciudadanas de diversos puntos de España para la protección del patrimonio arqueológico e histórico-natural.
Salvemos los Arrabales reconoce en su propia web "lo poco que queda realmente museable" en el plan parcial en desarrollo, ya que en diversas parcelas se ha comenzado a construir y las obras de urbanización han arrasado con gran parte del yacimiento, según estima, un millón de metros en total. Sin embargo, la plataforma destaca el valor de los elementos (cientos de casas y almunias, edificios monumentales, baños, palacios, mezquitas, etcétera) encontrados y se pregunta qué ha ocurrido con la promesa de las distintas administraciones competentes de construir en Córdoba parques arqueológicos.
* Diario de Córdoba - 10.10.10
Foto: Imagen de ayer de una de las zonas donde aparecieron restos.- diario de cordoba
Sector Ocho, un pufo urbanístico en Palencia
DIAGONAL* : El alcalde y los concejales que autorizaron la venta de terreno público para la construcción de viviendas libres han sido sancionados por prevaricación y desobediencia a la justicia por el alto tribunal de Castilla y León. Las irregularidades urbanísticas que en agosto de 2004 denunció el ex concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Palencia, Mariano San Martín, poco a poco han tomado cuerpo en forma de sentencias judiciales, con acusaciones de prevaricación y desobediencia a la justicia a los miembros de la corporación palentina que apoyaron con sus votos los proyectos urbanísticos irregulares.
El Ayuntamiento de esta localidad está presidido por Heliodoro Gallego, del PSOE, y el proyecto fue aprobado por los concejales del PSOE y del PP. En ninguno de los cuatro cuatrienios en que se divide el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) figuraba el desarrollo urbanístico del denominado Sector Ocho, un terreno próximo al polígono industrial de Palencia. Sin embargo, de la noche a la mañana se desarrolló el proyecto, en el que figuraba que las mejores zonas, en cuanto a aprovechamiento, fueran a manos de empresas privadas y las peores se las quedara el Ayuntamiento, sin ni siquiera negociar las cuotas de participación que las empresas constructoras deben ceder obligatoriamente a la administración local.
Con todo, la irregularidad más grave consistió en que las futuras viviendas en este sector se venderían a precio libre. Tal acuerdo es ilegal, ya que la ley prohíbe expresamente la venta de terreno público para construir viviendas de este tipo. Así lo hizo ver San Martín, quien, incluso después del acuerdo, solicitó por escrito la rectificación de la decisión, por no ajustarse a la legalidad vigente. La corporación no atendió sus alegaciones, por lo que el tema finalmente llegó a los tribunales de la mano del propio San Martín, que ha continuado con el proceso pese a no ser ya concejal.
Con el Ocho llegó el escándalo
El Sector Ocho se compone de una superficie de 20.000 m2 de terreno público, en dos parcelas diferentes, que el Ayuntamiento vendió a la empresa Vian Valdajos, que posteriormente la vendió a Arranz Encinas, la empresa que construyó las viviendas. Sobre estas maniobras, Mariano San Martín ha manifestado a DIAGONAL que “parece que existe una denuncia de Arranz Encinas contra Vian Valdajos por estafa, ya que cuando le vendieron los terrenos se le ocultó que sobre ellos había una reclamación judicial”.
Sobre el desarrollo de las obras, San Martín comenta que “la construcción se realizó con una rapidez inusitada y se entregaron las viviendas a los compradores, se les metió a vivir rápidamente, para que, en caso de que el juzgado falle en contra del Ayuntamiento, ellos puedan alegar que las viviendas ya están ocupadas y que ya no se puede hacer nada”.
Pero, a pesar de estas prácticas, las sentencias judiciales van dando la razón a las alegaciones del ex edil de IU. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Palencia ha obligado a calificar las viviendas construidas como de protección oficial, indicando que no existen problemas técnicos ni jurídicos ni económicos para la conversión de las viviendas de precio libre en protegidas. Como afirma San Martín, “hay incluso una norma estatal que dice que si existen viviendas de precio libre que no hayan podido ser vendidas puedan posteriormente venderse como protegidas, por lo que con mayor motivo puede hacerse con viviendas construidas que incumplen la legalidad en cuanto a su calificación inicial de precio libre”.
El ayuntamiento hace mutis
Sin embargo, el Ayuntamiento no está cumpliendo la sentencia alegando que es imposible su ejecución puesto que las viviendas han sido ya vendidas a precio libre. Para ello encargó un informe a la Universidad Carlos III de Madrid, por el que pagó 18.000 euros más IVA, en el que se dijera lo que el Ayuntamiento pretendía: que no se puede ejecutar la sentencia.
Esta negativa ha provocado un Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 que impone una sanción económica al alcalde y a los concejales que votaron la resolución de no ejecutar la sentencia. La no ejecución de la sentencia también ha supuesto que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ CyL) acuse de prevaricación y desobediencia a estos ediles.
Tras un recurso, el TSJ CyL ha admitido que no se ejecute la sentencia, pero exige que, a cambio, el dinero obtenido de la venta de los terrenos públicos en los que se han construido ilegalmente viviendas de precio libre se utilice para la adquisición de otros terrenos que se destinen a la construcción de, al menos, el mismo número de viviendas de protección oficial. El problema que se le plantea ahora al Ayuntamiento es cómo recuperar ese dinero, que ya ha empleado en otras inversiones.
LOS PROPIETARIOS ESTÁN A SALVO
Pese a los intentos de poner a los compradores en contra de Mariano San Martín, éste alega que “no tienen por qué salir perjudicados, ya que si no superan en cinco veces el salario mínimo interprofesional (SMI) se pueden quedar con la casa aunque sea protegida, por lo que les tendrían que bajar el precio. A quienes superen el baremo y se tuvieran que ir por no cumplir los requisitos para acceder a una Vivienda de Protección Oficial les tendrían que proporcionar una nueva vivienda de las mismas características y al mismo precio.
* Diagonal - 6.10.10
Foto: Palencia - diagonal
Ben Magec denuncia las obras ilegales en la playa de La Laja en Las Palmas de Gran Canaria
CANARIASACTUAL* : Ben Magec-Ecologistas en Acción ha denunciado este jueves el proyecto que está ejecutando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la playa de La Laja bajo el nombre de ‘Actuación en torno de Playa de La Laja, regeneración y mejora medioambiental del acceso sur a la ciudad y creación de un mirador paisajístico”, al no contar con los permisos necesarios para dicha obra. En un comunicado, la organización recuerda que desde el pasado mes de julio, la institución local desarrolla una serie de actuaciones en las inmediaciones de la citada playa y que se ejecutan “en un entorno que está dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre y que, por consiguiente, necesitan de la correspondiente autorización de la Demarcación De Costas para poder realizarse”.
El pasado 8 de octubre salió a información pública el proyecto referido anteriormente, dando un plazo de 20 días a la ciudadanía para informarse sobre el proyecto y presentar alegaciones al mismo. “Es obvio que a día de hoy, el proyecto de actuación en la playa capitalina está aún en información pública, pero el Ayuntamiento viene ejecutando la obra desde finales de julio, sin esperar a cumplir los plazos pertinentes y desde luego sin los permisos necesarios por parte de la Demarcación de Costas”, agregan los ecologistas.
PIDEN LA PARALIZACIÓN INMEDIATA
De este modo, exigen la “paralización inmediata de la obra por parte de la Demarcación de Costas, al no tener los permisos necesarios el Ayuntamiento capitalino y el inicio de un expediente sancionador al no haber respetado los plazos que marca la ley”.
Ben Magec-Ecologistas en Acción incide en “lo endeble de los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones sobre el territorio”.
“Si ya de por si la información pública es un mecanismo muy injusto e ineficaz, si las propias administraciones se lo saltan a la torera e inician las obras sin esperar por los plazos legales queda muy claro de que forma se vienen haciendo las cosas en Canarias con respecto al urbanismo”, concluye.
* Canarias Actal - 14.10.10
Foto: La Laja (Gran Canaria) - google
El temporal engulle la arena
LEVANTE/Valencia* : El fuerte temporal que azotó anteayer la costa valenciana engulló la regeneración de arena de buena parte de las playas del litoral. Éste es el repaso a las zonas más afectadas. El fuerte temporal que azotó anteayer la costa valenciana engulló la regeneración de arena de buena parte de las playas del litoral. Éste es el repaso a las zonas más afectadas. LA RIBERA: Adiós a la nueva arena de Cullera. En la Ribera, la costa de Cullera ha quedado arrasada por el avance del mar. La fuerza del temporal se ha llevado, como en años anteriores, toda la arena que la demarcación de Costas trasladó el pasado invierno desde la playa de l'Escollera a las del Marenyet y el Brosquil.
El fuerte oleaje ha provocado que el mar haya avanzado entre 15 y 30 metros y ha destrozado las papeleras, pasarelas y todo tipo de material urbano. Los caminos rurales cercanos a la costa, como en el caso del Marenyet, se han llenado de tierra, cañas y todo tipo de suciedad; además algunas tierras han quedado inundadas.
Una de las zonas más afectadas ha sido el Marenyet donde, el camino situado junto al restaurante El Cordobés permanecía ayer cortado al tráfico al quedar anegado por el agua. En esta zona el mar ha avanzado varios metros y ha llegado a sobrepasar el camino en algunos momentos.
En el Marenyet, dos palas del ayuntamiento se afanaban ayer en las tareas de limpieza y reposición de la costa. A escasos metros de la Torre del Marenyet una pala se encargaba de construir un dique de contención de arena en la costa para evitar que el agua volviera a cruzar el camino. Gil explica que desde el ayuntamiento han solicitado en diversas ocasiones a la Demarcación de Costas que refuerce este tramo de playa con rocas, pero por el momento solo la arena separa el agua del mar del camino. El concejal de Playas dice que ahora se redactará un informe con todos los daños que ha causado el temporal y detallando el avance del mar en la costa y este documento se remitirá a la Demarcación de Costas para que evalúe los daños.
Por otro lado, el temporal ha dejado prácticamente sin playa unos 200 metros de línea de costa en les Palmeres de Sueca. Además ha sacado al descubierto piedras y cascotes de las edificaciones antiguas que el mar ha ido engullendo con el paso de los años. También ha destrozado parte de la infraestructura de lavapiés así como una de las escaleras de acceso a la arena. El nuevo paseo marítimo de l'Alguer, inaugurado el 5 de julio, se mostraba ayer con arena en algunos puntos, como consecuencia de los efectos del temporal. Con su realización se ganaron cerca de 2.000 m2 de playa, ya que el nuevo vial cedió terreno a la arena. Además se vertieron 8.000 m3 de arena con la finalidad de regenerarla.
LA SAFOR
280.000 m3 de arena devorados
El arrastre de arena de las playas situadas entre Gandia y Oliva ha sido el principal problema causado en la comarca de la Safor durante los dos días del temporal que ha sacudido la costa valenciana.
El fuerte viento del noreste que sopló durante la noche de ayer, con rachas sostenidas que se se aproximaron a los 70 kilómetros por hora, generó el arrastre de decenas de miles de metros cúbicos de arena en las playas que, tan lejos como la pasada primavera, habían sido regeneradas con nuevos aportes. Este temporal ha evidenciado, una vez más, que los millones de euros que se gasta la Administración en trasvasar arena se pierden cada vez que se produce un episodio meteorológico de esta envergadura.
Ochenta mil metros cúbicos de arena fueron llevados desde la bocana del puerto de Gandia a las playas de Bellreguard y Piles en mayo pasado. Doscientos mil metros cúbicos más se trasvasaron entre los años 2007 y 2008 desde la playa Nord de Gandia. Ambos aportes han acabado ahora devorados por el mar, si bien es posible que cuando el agua vuelva a calmarse una parte de la arena vuelva a depositarse de forma natural en las playas. En Piles, Bellreguard y Daimús el fuerte oleaje incluso llegó a golpear durante horas los paseos marítimos y sobrepasó esas barreras, causando daños en propiedades. Peor paradas quedaron las infraestructuras turísticas, especialmente los lavapiés, pasarelas y algunas instalaciones deportivas, que fueron arrastradas o directamente destruidas.
LA MARINA ALTA
Playas con algas y sin arena
El temporal seguía azotando ayer con fuerza el litoral norte de la Marina Alta y mantenía cerrado, por tercer día consecutivo, el puerto de Dénia. En la costa de esta ciudad, el oleaje ha hecho estragos. De hecho, todas las playas han quedado desfiguradas por este primer temporal del otoño. Unas han desaparecido porque el mar se ha tragado la arena y otras han quedado totalmente cubiertas de algas.
El mar golpeaba todavía ayer con fuerza los muros de las casas de primera línea de la playa del Blay Beach, en les Marines. Esta playa, regenerada por la Dirección General de Costas antes del verano, ha desaparecido totalmente. Las olas anegaron, además, varios caminos de les Marines e incluso llegaron hasta la carretera. Y eso pese a que el viernes en algunos de estos caminos se levantaron diques de arena para frenar la fuerza del oleaje. El agua también entró en parcelas y casas e inundó varios garajes.
Otro playa que ha sufrido graves daños es la de la Marineta Cassiana. El temporal ha arrastrado gran cantidad de algas que ayer cubrían lo que ha quedado de playa y también parte del paseo marítimo. En la playa de la Punta del Raset, también hay gran acumulación de algas. El oleaje destrozó, además, pasarelas y papeleras que, tras el verano, todavía no se habían retirado.
Mientras, en Xàbia, el viento ha causado daños en 400 árboles del término municipal. En la noche del martes, se registraron en este municipio rachas de más de 80 km/h. Unos 40 operarios de las brigadas municipales se apresuraron ayer a retirar las ramas y árboles que habían caído sobre la vía pública. En este municipio los destrozos en el litoral también son importantes, sobre todo en la turística playa de l''renal. El temporal ha roto pasarelas, papeleras y las plataformas flotantes del canal de la Fontana, donde también se ha hundido una barca de recreo. Todavía ayer esta playa estaba casi totalmente anegada de agua del mar. El oleaje llegó hasta el muro del paseo marítimo y, en su extremo sur, incluso lo rebasó.
L'HORTA
A la espera de la ayuda de Costas
En l'Horta Nord, el temporal se ensañó especialmente con las playas de Puçol, una zona de costa regenerada y que sufre especialmente los efectos del mal tiempo en la mar. Según explicaba ayer el alcalde de la localidad, Josep Vicent Martí, el agua inundó los arenales, llegando a la zona del paseo y entrando en varios edificios. Lo peor, tal como relataba Martí, es que el fuerte oleaje se ha llevado toneladas de arena que habían sido depositadas allí en los últimos años. El agua también ha arrastrado arena, piedras y escombros hasta las "golas" que dan al litoral y las ha taponado. El primer edil señaló que los servicios municipales empezaron ayer a limpiar el paseo y a quitar escombros del arenal, pero tendrá que contactar con la Demarcación de Costas para planear la regeneración de la playa.
El mismo problema ha habido en Alboraia. Según explicaron ayer fuentes de Protección Civil, en la Patacona el agua cubrió los 150 metros de arenal que hay entre la orilla y el paseo e inundó éste último, prolongándose hasta ayer las tareas de limpieza. En Port Saplaya, el agua también cubrió el arenal.
EL CAMP DE MORVEDRE
Recogida de la arena arrastrada
Los vecinos de las Casas de Queralt de Sagunt empezaron ayer a recuperar la normalidad después del fuerte temporal que obligó al ayuntamiento a trabajar hasta altas horas de la madrugada para frenar la entrada de agua del mar hasta las viviendas situadas en segunda línea de playa. La gran cantidad de arena que había sido arrastrada hasta las calles fue trasladada con maquinaria pesada hasta hacer una enorme barrera.
* Levante - 14.10.10
Foto: El temporal engulle la arena
Urbanismo y envejecimiento
ANA JULIA VALBUENA : El urbanismo no puede reducirse meramente a aplicar normativas. Ha de partir de la comprensión de la situación vital de los ciudadanos, es especial de lo que presentan problemas para «usar y disfrutar de la ciudad». La accesibilidad debe ser para todas las personas, independientemente de su edad, sexo y condiciones físicas o mentales. Las ciudades sin accesibilidad física son ciudades no inclusivas para sus poblaciones, especialmente para los mayores. Y respecto de las ciudades, expresamos que su falta de accesibilidad se debe a la enorme existencia de barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la comunicación. Nuevas y viejas formas de envejecer coexisten simultáneamente en la ciudad. Coinciden también estados de dependencia grave con situaciones funcionales de autonomía completa. El diseño de ciudades inclusivas puede ser la clave para derribar las fronteras que separan el domicilio del anciano del espacio exterior.
El proceso de envejecimiento determina para la persona una nueva conexión con el espacio y el tiempo, y por tanto con la ciudad: una progresiva disminución de habilidades físicas, funcionales y cognitivas y con una menor posibilidad de adaptación a cambios y a situaciones estresantes. La falta de control sobre el medio provoca situaciones de disconformidad, desequilibrio e insatisfacción. Si los mayores no pueden establecer un vínculo afectivo con el espacio urbano se alejarán de él y se refugiarán en espacios privados, como el propio domicilio o el centro en el que se resida. De esta forma se pierde la dimensión básica de sociabilidad imprescindible en el desarrollo de la persona. Di Vëroli llama «Iatrogenia social urbanística» a la progresiva reclusión de las personas mayores en sus viviendas, la pérdida de vínculos sociales y la nula participación de una ciudadanía plena por motivos de diseño urbanístico.
Dos centímetros son lo que separan a las personas mayores de las personas jóvenes. Se estima que la elevación del pide con respecto a la horizontal es dos centímetros menor en personas mayores que en personas jóvenes. La gran urbe debiera compensar amablemente esta diferencia, apenas perceptible.
Al referirnos a las viviendas de los mayores, debemos destacar que el problema que ellas presentan es su falta de accesibilidad, por las características de sus diseños antiguos, y su bajísimo mantenimiento, por falta de recursos económicos.
La vivienda no es un espacio cualquiera, ya que es el ámbito más propio, íntimo y personal. Las actuales viviendas de los mayores tienen barreras arquitectónicas que son c ausa de caídas, las que constituyen un grave problema. El 70% de las caídas se producen en las viviendas y el 30% restante en el espacio público y en el transporte. Las caídas en el hogar son mortales para los adultos mayores, en un 40% para mujeres y en un 20% para hombres. Pero muchos de los que sobreviven quedan con secuelas que muchas veces por sus edades avanzadas, constituyen discapacidades severas. Todo este panorama va acompañado por el temor a nuevas caídas, lo que empieza a atentar contra la movilidad y el aseo personal: se van reduciendo las actividades de la vida diaria. Todo esto se transforma en disminución o pérdida de la autoestima y depresiones severas que pueden concluir con la muerte social o física.
Existe una tendencia a aislar los espacios residenciales destinados a las personas mayores, en las zonas periurbanas de ciudades y pueblos, que dificultan el acceso de los residentes a los servicios que ofrece la ciudad. Promover la inclusión de viviendas para personas mayores en zonas integradas de la ciudad, contribuiría a que los residentes pudieran usar la ciudad, participar en dinámicas socializadoras y sentirse integrados.
Puyuelo y Gual (2009), tras un trabajo realizado, destacan la importancia que los parques urbanos tienen para las personas mayores. En este estudio se constata la frecuencia de uso diaria y en cualquier franja horaria, así como la fidelidad al mismo parque y la presencia de emociones positivas satisfactorias al permanecer en estas zonas. Otros resultados obtenidos fueron la preferencia de las personas mayores por los trayectos lineales y rectos y el uso mayoritario de las zonas con proporciones amplias y con buena visibilidad para permanecer en ellas. Uno de los elementos de mobiliario urbano más valorados por las personas mayores son la presencia de servicios públicos, inexistentes prácticamente en nuestro país. En cuanto a los bancos, el diseño longitudinal de los asientos provoca que el banco se considere ocupado aún cuando solamente hay una persona sentada. A este inconveniente, se suma que la disposición lineal de los asientos, al reunirse cuatro o más personas obliga a que al menos uno de ellos permanezca de pie o girado si quiere participar de la conversación. Estas consideraciones han llevado a la adquisición de un nuevo mobiliario urbano que haga posible una ubicación circular en lugar de una ubicación lineal. La disposición circular de los asientos, favorece la relación social y la comunicación entre los usuarios.
Las ciudades inclusivas han de brindar un espacio que contenga, comprenda y proteja a los mayores. La amabilidad de las formas busca el fácil reconocimiento del entorno y de sus partes, imprescindible cuando disminuya la memoria y la capacidad de orientación: organizaciones espaciales claramente identificables, tiempos de movimiento y recorrido realizables (semáforos, escaleras mecánicas, ascensores, etc); y caminos y accesos reconocibles y diferenciables, son esenciales cuando llegamos a mayores.
Con un hábitat inclusivose podrá hacer realidad las palabras de Ingmar Berg man, que expresaba que «envejecer es como subir a una montaña, a cuya cima se llega con el aliento entrecortado y las piernas cansadas, pero desde la cual se divisa un magnífico panorama».
* Ana Julia Valbuena, Psicóloga
* Diario de León - Opinión - 13.10.10
El presidente del Murcia declara hoy acusado por prevaricación
LEVANTE* : El propietario del Real Murcia y a la vez presidente de este club de fútbol, Jesús Samper, declarará esta mañana ante el juez David Castillejos en calidad de imputado en el caso Umbra, que investiga un episodio de supuesta corrupción urbanística en la zona norte del municipio, donde el empresario madrileño construyó el estadio Nueva Condomina, así como un centro comercial como parte de un plan parcial que proyectó la edificación de hasta 26.000 de viviendas.
Samper viene asegurando desde que se conoció los cargos que se le imputan –prevaricación y blanqueo de capitales– que está "muy tranquilo" y antes de emprender viaje a Murcia desde Madrid, donde vive, comentó que "no soy optimista ni pesimista", y añadió que no tiene "nada que ocultar ni que esconder por mi parte, pues todo lo que se realizó en relación a los convenios urbanísticos de la zona norte se hizo con luz y taquígrafos".
Samper, quien ha sido citado a las diez de la mañana para comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, indicó que realiza "su vida con total normalidad" y aclaró que la imputación no le quita el sueño.
"Esto no es más que un cargo y dota de garantías a los órganos judiciales a la hora de tomar declaraciones", justificó Samper, abogado de profesión.
El dueño y presidente del Murcia será el noveno implicado en la operación Umbra en pasar por delante del juez. Antes lo hicieron el ya ex director de la gerencia de Urbanismo Alberto Guerra; el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero y promotor inmobiliario italiano Renato de Noce, los tres en libertad bajo fianza; y el ex jefe de Planeamiento de Urbanismo Joaquín Peñalver, el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; y los empresarios Francisco Arqués, Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres Fontes, quienes quedaron libres sin fianza.
* LEVANTE - 15.10.10
Foto: Jesús Samper, propietario y presidente del Real Murcia - La Opinión de Murcia
El juez amonesta a Gondomar por demorar un año el derribo a la hija de un funcionario
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FARODEVIGO* : El gobierno municipal de Gondomar incumple de forma reiterada los requerimientos judiciales para derribar la vivienda de la hija de un funcionario del departamento de Urbanismo, cuya licencia otorgada de forma irregular llevó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a condenar al ex alcalde popular Carlos Silva a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de Vigo, Antonio Martínez Quintanar, ordenó la demolición de la casa situada en el barrio Cruceiro de la parroquia de Donas en septiembre de 2009. Ante el retraso de un año en la ejecución del fallo, el magistrado acaba de remitir al Concello un requerimiento en el que pide explicaciones por la demora e información sobre las medidas llevadas a cabo para echar abajo la vivienda.
El escrito recuerda al gobierno municipal que ha excedido el segundo plazo concedido para contestar al requerimiento de demolición y, por ello, le pide el "nombre del funcionario responsable de la demora al objeto de ser requerido personalmente para depurar responsabilidades".
El juez se refiere concretamente a un "funcionario" ante la circunstancia de que la vivienda unifamiliar de planta baja pertenezca a Rebeca Fernández Prieto, hija de Jaime Fernández Álvarez, que trabaja en la oficina municipal de Urbanismo desde hace años. Pero la documentación que obra en el expediente podría apuntar a una supuesta responsabilidad del alcalde, Martín Urgal, en el asunto. La técnica de administración general de Urbanismo, Elena Ares Salgado, ha hecho constar en el procedimiento al menos tres diligencias el mes pasado en las que certifica que ha remitido al regidor los requerimientos a la propietaria para que solicite licencia para el derribo, así como información sobre el asunto a los juzgados. Estos documentos han sido devueltos a la oficina de Urbanismo en la carpeta de firmas del alcalde sin la debida rúbrica o incluso retirados de la misma, según recalca la funcionaria.
La licencia de la casa formaba parte de la treintena de permisos urbanísticos que sentaron en el banquillo al ex alcalde Carlos Silva y a su junta de gobierno –Ángel Gregores, José Luis Mosquera, Abelardo Meneses, Jaime Rial y José Misa– por prevaricación al concederlos con el Plan Xeral anulado por el Tribunal Supremo. Solo ésta fue tomada en consideración por el TSXG al tratarse de la única otorgada después de confirmar la secretaria municipal la llegada de un auto judicial que dejaba sin efecto un acuerdo plenario que los entonces gobernantes habían aprobado para dar por cumplida la sentencia que anulaba el Plan Xeral con unas correcciones.
* El Faro de Vigo - 14.10.10
Foto: La casa con orden de derribo desde hace un año, en el barrio de Cruceiro, en Donas.- farodevigo.es
