Sector Ocho, un pufo urbanístico en Palencia

DIAGONAL* : El alcalde y los concejales que autorizaron la venta de terreno público para la construcción de viviendas libres han sido sancionados por prevaricación y desobediencia a la justicia por el alto tribunal de Castilla y León. Las irregularidades urbanísticas que en agosto de 2004 denunció el ex concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Palencia, Mariano San Martín, poco a poco han tomado cuerpo en forma de sentencias judiciales, con acusaciones de prevaricación y desobediencia a la justicia a los miembros de la corporación palentina que apoyaron con sus votos los proyectos urbanísticos irregulares.

El Ayuntamiento de esta localidad está presidido por Heliodoro Gallego, del PSOE, y el proyecto fue aprobado por los concejales del PSOE y del PP. En ninguno de los cuatro cuatrienios en que se divide el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) figuraba el desarrollo urbanístico del denominado Sector Ocho, un terreno próximo al polígono industrial de Palencia. Sin embargo, de la noche a la mañana se desarrolló el proyecto, en el que figuraba que las mejores zonas, en cuanto a aprovechamiento, fueran a manos de empresas privadas y las peores se las quedara el Ayuntamiento, sin ni siquiera negociar las cuotas de participación que las empresas constructoras deben ceder obligatoriamente a la administración local.

Con todo, la irregularidad más grave consistió en que las futuras viviendas en este sector se venderían a precio libre. Tal acuerdo es ilegal, ya que la ley prohíbe expresamente la venta de terreno público para construir viviendas de este tipo. Así lo hizo ver San Martín, quien, incluso después del acuerdo, solicitó por escrito la rectificación de la decisión, por no ajustarse a la legalidad vigente. La corporación no atendió sus alegaciones, por lo que el tema finalmente llegó a los tribunales de la mano del propio San Martín, que ha continuado con el proceso pese a no ser ya concejal.

Con el Ocho llegó el escándalo

El Sector Ocho se compone de una superficie de 20.000 m2 de terreno público, en dos parcelas diferentes, que el Ayuntamiento vendió a la empresa Vian Valdajos, que posteriormente la vendió a Arranz Encinas, la empresa que construyó las viviendas. Sobre estas maniobras, Mariano San Martín ha manifestado a DIAGONAL que “parece que existe una denuncia de Arranz Encinas contra Vian Valdajos por estafa, ya que cuando le vendieron los terrenos se le ocultó que sobre ellos había una reclamación judicial”.

Sobre el desarrollo de las obras, San Martín comenta que “la construcción se realizó con una rapidez inusitada y se entregaron las viviendas a los compradores, se les metió a vivir rápidamente, para que, en caso de que el juzgado falle en contra del Ayuntamiento, ellos puedan alegar que las viviendas ya están ocupadas y que ya no se puede hacer nada”.

Pero, a pesar de estas prácticas, las sentencias judiciales van dando la razón a las alegaciones del ex edil de IU. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Palencia ha obligado a calificar las viviendas construidas como de protección oficial, indicando que no existen problemas técnicos ni jurídicos ni económicos para la conversión de las viviendas de precio libre en protegidas. Como afirma San Martín, “hay incluso una norma estatal que dice que si existen viviendas de precio libre que no hayan podido ser vendidas puedan posteriormente venderse como protegidas, por lo que con mayor motivo puede hacerse con viviendas construidas que incumplen la legalidad en cuanto a su calificación inicial de precio libre”.

El ayuntamiento hace mutis

Sin embargo, el Ayuntamiento no está cumpliendo la sentencia alegando que es imposible su ejecución puesto que las viviendas han sido ya vendidas a precio libre. Para ello encargó un informe a la Universidad Carlos III de Madrid, por el que pagó 18.000 euros más IVA, en el que se dijera lo que el Ayuntamiento pretendía: que no se puede ejecutar la sentencia.

Esta negativa ha provocado un Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 que impone una sanción económica al alcalde y a los concejales que votaron la resolución de no ejecutar la sentencia. La no ejecución de la sentencia también ha supuesto que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ CyL) acuse de prevaricación y desobediencia a estos ediles.

Tras un recurso, el TSJ CyL ha admitido que no se ejecute la sentencia, pero exige que, a cambio, el dinero obtenido de la venta de los terrenos públicos en los que se han construido ilegalmente viviendas de precio libre se utilice para la adquisición de otros terrenos que se destinen a la construcción de, al menos, el mismo número de viviendas de protección oficial. El problema que se le plantea ahora al Ayuntamiento es cómo recuperar ese dinero, que ya ha empleado en otras inversiones.

LOS PROPIETARIOS ESTÁN A SALVO

Pese a los intentos de poner a los compradores en contra de Mariano San Martín, éste alega que “no tienen por qué salir perjudicados, ya que si no superan en cinco veces el salario mínimo interprofesional (SMI) se pueden quedar con la casa aunque sea protegida, por lo que les tendrían que bajar el precio. A quienes superen el baremo y se tuvieran que ir por no cumplir los requisitos para acceder a una Vivienda de Protección Oficial les tendrían que proporcionar una nueva vivienda de las mismas características y al mismo precio.





* Diagonal - 6.10.10
Foto: Palencia - diagonal