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ELPAÍS/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el planeamiento urbanístico del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès, también conocido como parque del Alba, donde se ubica el sincrotrón. Dos sentencias, del 19 y 27 de enero de 2010, dictaminan que el plan no fue sometido a evaluación ambiental y que se vulneraron las leyes urbanísticas y de protección del patrimonio. La Generalitat, que insistió en que "la sentencia no es firme", ha recurrido al Tribunal Supremo y asegura que los defectos en el planeamiento fueron "de forma". Tanto el Ejecutivo catalán como el Ayuntamiento sostuvieron que las obras no pararán.
La sentencia del TSJC anula la modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito del Centro Direccional, así como la del plan parcial del Centro Direccional, aprobados en 2005. El dictamen argumenta que ninguno fue sometido a evaluación ambiental, según establece la directiva europea 2001/42/CE. Un portavoz del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas señaló ayer que la ley española que recoge esta directiva es de 2006 y que los planes se aprobaron antes. Pero el tribunal recuerda que la ley era retroactiva y que, además, existía una ley autonómica que regulaba la evaluación ambiental.
La segunda vulneración legal que recoge el tribunal hace referencia a la Ley de Urbanismo, ya que cuando se recalifican zonas verdes, se debe contar con la aprobación de la Comisión Jurídica Asesora. Antoni Morral, alcalde de Cerdanyola cuando se aprobó el plan, reconoció ayer que este paso se lo habían saltado. Por ello, la sentencia anula "el plan parcial por carencia de cobertura jurídica".
Finalmente, la sentencia señala que se vulneró la Ley del Patrimonio Cultural Catalán, en el caso de la masía de Can Xercavins, un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local. El TSJC afirma que el planeamiento urbanístico no mantiene la protección de la masía y que "inclusive se prevé que cabe lisa y llanamente su derribo".
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: El parque del Alba de Cerdanyola del Vallès en el que destaca el edificio singular del sincrotrón.- elpais.com
El Tribunal Superior anula el plan urbanístico del parque del sincrotrón de Cerdanyola
ARCA:Limitar la acción pública daría más impunidad a alcaldes y constructores
ABC/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA cree que la propuesta de limitar el plazo para ejercer la acción pública y poder impugnar en los tribunales construcciones que se consideran ilegales es "una patada" a la jurisprudencia y daría "mayor impunidad legal" a los alcaldes y a los constructores. La posibilidad de limitar el plazo de ejercicio de la acción pública a dos meses a partir del término de las obras se recoge en el borrador de reforma de la Ley del Suelo y del Plan de Ordenación del Litoral (POL) que, según publica "El Mundo Cantabria", ha propuesto el Gobierno al grupo de trabajo sobre las sentencias de derribo.
Hasta ahora, la Ley del Suelo de Cantabria permitía ejercer la acción pública dentro de los plazos generales establecidos por la legislación sobre prescripción de infracciones (cuatro años para infracciones muy graves, tres para graves y uno para leves).
Además, ese borrador de reforma de la Ley del Suelo también contiene un mecanismo que permitiría a los ayuntamientos dejar sin efecto órdenes de derribo dictadas por el impacto paisajístico de la urbanización.
En declaraciones a Efe, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, ha considerado que las posibilidades que se incluyen en ese borrador son "una patada" a la jurisprudencia y al urbanismo.
Canales ha incidido en que la acción pública, tal y como está establecida, es "una garantía" para asegurar que el urbanismo no se haga "a lo bestia".
Este portavoz de ARCA ha subrayado que rebajar los plazos para ejercer la acción pública a dos meses tras el fin de las obras supone que "si no se mira todos los días el Boletín Oficial, no se puede recurrir".
La asociación ecologista considera que, en caso de salir adelante, esa modificación en los plazos supondría "prácticamente eliminar" el derecho constitucional al acceso a la Justicia y de ejercicio de la acción pública.
A su modo de ver, se trata de una medida que tendría, como consecuencia principal, "dotar de una mayor impunidad legal a los alcaldes y a los constructores" que, para este colectivo, son "los máximos responsables" de la inseguridad jurídica en el urbanismo.
Además, ARCA critica las medidas de la propuesta para dejar sin efecto las órdenes de derribo por impacto paisajístico, puesto que, a su entender, "dejan el paisaje de Cantabria sin ningún tipo de protección".
Para esta asociación, se trata de "una decisión de gran calado" y "nada coyuntural", que va en contra de los preceptos del Convenio Europeo del Paisaje.
"Con la modificación propuesta si un paisaje de gran valor es agredido con una construcción declarada ilegal, la fórmula para legalizar es terminar de destruir el paisaje añadiendo otras construcciones colindantes", advierte.
Gonzalo Canales ha criticado también que el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) -en el que está presente ARCA- no conoce ese borrador de reforma legislativa que ha publicado la prensa.
Y ha criticado que ARCA no esté en el grupo de trabajo que está estudiando esas propuestas, pese a que es parte en los procesos que han dado lugar a sentencias de derribo. EFE
* ABC- EFE - 5.06.10
El cerco contra el urbanismo ilegal salpica otra vez a Casabermeja
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MÁLAGAHOY* : En menos de un año el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga ha destapado tres casos de presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Casabermeja. El último ya está en manos del juzgado y de la Fiscalía de Medio Ambiente y podrían estar implicadas cinco personas entre las que se encuentran el ex alcalde del municipio Andrés Lozano Pino (IU), y el actual primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Valeroso (IU).
Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación, mientras que al edil responsable en materia urbanística también se le imputa el delito de falsedad documental. El ex secretario municipal y dos funcionarios también han sido denunciados por la Guardia Civil de un presunto delito de falsedad documental, según informaron a este periódico fuentes judiciales. Las diligencias del Seprona, que fueron presentadas en el juzgado y la Fiscalía de Medio Ambiente el pasado 26 de mayo, se refieren a la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable en 2003. Fue en junio de ese año cuando la Guardia Civil levantó y presentó acta en el Ayuntamiento del municipio por la presunta irregularidad que había detectado en una inspección rutinaria.
El entonces alcalde de Casabermeja y el edil de Urbanismo tuvieron conocimiento de la existencia de esa vivienda en esa fecha, aunque según las mismas fuentes no fue hasta abril de 2005 cuando el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador contra el propietario al que también denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito urbanístico. El propietario de la casa fue incluso juzgado, aunque finalmente resultó absuelto. Sin embargo, y al parecer, los agentes del Instituto Armado descubrieron durante la investigación que el expediente sancionador que el Ayuntamiento abrió en 2005 contra él presentaba algunas irregularidades, ya que presuntamente se habían incorporado alegaciones e incluso dado la conformidad a la sanción antes de se iniciara oficialmente.
Fuentes judiciales explicaron que se cree que los responsables municipales podrían haber negociado previamente con el dueño de la vivienda el pago de una sanción económica a cambio de poder seguir con la construcción levantada de forma ilegal en suelo no urbanizable. En este caso, el promotor supuestamente habría pagado una multa de unos 25.000 euros al Ayuntamiento antes de que éste le denunciara ante la Fiscalía.
Pero no sólo se inició el expediente sancionador dos años después de la primera denuncia del Seprona, sino que la Guardia Civil constató que el Ayuntamiento no abrió ninguno para el restablecimiento de la legalidad urbanística ni de paralización de la obra. Es el motivo por el que fuera alcalde del municipio entre 1995 y 2007 podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación por omisión, mientras que al edil de Urbanismo se le imputa también el presunto delito de falsedad documental al aparecer en el expediente administrativo como juez instructor. Los dos funcionarios presuntamente involucrados eran el instructor y el secretario del mismo.
Es la tercera denuncia que pesa sobre Valeroso por hechos similares. La primera fue presentada por el Seprona a principios de julio del año pasado y había otras seis personas implicadas. La segunda se sucedió sólo tres semanas después y el caso se saldó con otros seis presuntos implicados por otro delito urbanístico.
* Málaga Hoy - 5.06.10
Foto: Vista del municipio de Casabermeja.- malagahoy.es
El jurado considera por unanimidad culpables a los dos ex ediles de Gondomar y al arquitecto acusados de cohecho
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20MINUTOS/Pontevedra* : El jurado popular declaró hoy por unanimidad culpables a José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura de Gondomar (Pontevedra), y a Alejandro Gómez, ex edil de Urbanismo, así como al arquitecto Francisco Borja Ramilo Méndez, por tres delitos de cohecho, al haber pedido hasta 540.000 euros a tres promotores a cambio de facilitar la inclusión de convenios urbanísticos en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de esta localidad.
Los miembros del jurado consideraron probado que, tanto los ex ediles como el arquitecto participaron en estos hechos, basándose en los testimonios de los testigos y de los acusados y en las grabaciones realizadas en el transcurso de la investigación. Asimismo, estiman probado que Mosquera y Ramilo colaboraron con la Justicia desde el principio del proceso.
Precisamente por ello, el fiscal rebajó su petición de pena para estos dos acusados y, en el caso de Mosquera, solicita una multa de 135.000 euros —inicialmente pedía 1,9 millones de euros—, y para el arquitecto de 70.500 —al principio solicitaba que fueran 720.000 euros—. En el caso de Alejandro Gómez, que durante todo el juicio negó su relación con las extorsiones, mantiene una multa de algo más de un millón de euros.
En el caso de los ex concejales, el ministerio público también solicita que sean suspendidos para ejercer empleo o cargo público por seis años, mientras que para Ramilo Méndez pide que no pueda ejercer como arquitecto para la Administración pública durante un período de 15 meses. Además, en caso de que no abonen las multas, pide un arresto sustitutorio de un día por cada 100 euros impagados hasta un máximo de un año.PRUEBAS
El jurado recordó en su veredicto que tanto Mosquera como Ramilo admitieron su culpabilidad y, en el caso de Alejandro, le consideran también culpable porque el propio Mosquera "le delató". También consideran como prueba de culpabilidad las grabaciones telefónicas en las que el ex edil de Cultura confirma la participación de Gómez, y las manifestaciones de los Guardias Civiles, que apuntaron que "Mosquera hablaba siempre en plural" y que había ejercido como "cabeza de turco" y "recadero" de su compañero de Corporación.
Finalmente, el jurado desestimó la posibilidad de que se pida indulto para los encausados y considera que tampoco se debe estimar la condena condicional o suspensión de pena.RECURSO
El abogado defensor del ex edil de Urbanismo ya anunció su intención de recurrir la sentencia —que deberá hacerse pública en un plazo máximo de diez días—. En todo caso, de imponerse pena, solicitó que se hiciera 'al tanto', es decir, que se multe a Alejandro Gómez con la misma cantidad de dinero que supuestamente pidió —540.000 euros—.
El letrado manifestó en declaraciones a los medios que "había material para absolverle —a su patrocinado—", y consideró "lógico" el veredicto del jurado, al tratarse de personas que "no saben como funciona la vida municipal". Además, explicó que llegará "hasta donde haga falta" con el recurso porque, según apuntó, cree en la "inocencia" de Alejandro Gómez.
Otro de los argumentos en los que basará su recurso será el hecho de que, en su opinión, "se vulneraron derechos fundamentales" en los procedimientos de la Guardia Civil para realizar las escuchas telefónicas —determinantes en la acusación y en el veredicto—.
Por su parte, el propio Gómez afirmó que seguirá intentado demostrar su inocencia "hasta el final". "Sigo sintiéndome inocente", concluyó, aunque evitó responder cuando los periodistas le preguntaron cómo, siendo edil de Urbanismo, no tenía conocimiento de que se estaba pidiendo dinero a promotores con los que había firmados convenios urbanísticos.
* 20 Minutos - EP - 5.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - revistafusion.com
"Tenemos ahí 1,5 millones"
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ELPAÍS/Barcelona* : El ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme y de la empresa pública de urbanismo de Tordera, Francesc Xavier Surinyach, aparece mencionado en varias conversaciones registradas por la Guardia Civil el año pasado. De él hablaba el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, quien tenía el contacto telefónico de Surinyach en la agenda de que se incautó la Guardia Civil.
La primera conversación que hace referencia a Surinyach fue registrada el 9 de marzo de 2009, cuando Luigi recibió una llamada de Juan Alfonso de Sanz Santos, que según el Registro Mercantil es socio del imputado. La llamada es corta y en ella De Sanz Santos solo le pregunta si "hace mucho que no ve a Surinyach, porque tiene pendiente que le pague lo de Sant Daniel", en referencia a una zona de Tordera que, según fuentes municipales, está en proceso de urbanización.
Diez días más tarde, Luigi vuelve a recibir una llamada de De Sanz Santos.
De Sanz Santos. ¿Surinyach ha dado señales de vida?
Luigi. Hablé ayer con él, me ha dicho que aún no tiene el dinero.
D. S. S. Dile que me llame, tenemos ahí 1,5 millones de euros y se pueden hacer unos pagarés, pero que me llame.
De Sanz Santos y Luigi se encontraron el día que convinieron, pero no con Surinyach, que estaba en Menorca, según otra conversación. Más tarde sí pudo quedar, de acuerdo con otra llamada:
L. Mañana he quedado con Surinyach en Barcelona.
D. S. S. El de Oca ha mandado para allá a Julio, el jefe de obra que tenían, y se han encontrado con él [Surinyach] y le han dicho que no se moverían de allí hasta que cobrasen. Al final han podido hablar con él, y dando explicaciones que en unos días les iban a pagar algo.
L. Mañana estaré con él.
D. S. S. Como cosa personal, me sienta mal que ni me contesten al teléfono, sobre todo Surinyach. Entiendo que Juan Felipe pueda estar cabreado.
L. Juan Felipe no está nada cabreado, solo dice que si no tiene nada que decirte, pues que ya te llamará. El otro sí.
D. S. S. Llevo llamándolo dos meses todos los días [a Surinyach]. Lo cogeré aparte y le diré: "Oye, Xavier...".
L. Tiene las dudas razonables dado que, como está el mercado de crédito, de que al Ayuntamiento y a la TUA [Tordera Urbanística Actúa] les den el dinero que están negociando.
* ELPAIS.com - 4.06.10
Foto: Tordera (Barcelona) - pueblosespana.es
Mar del Plata.- “Sería un escándalo nacional que el municipio premie a quien no ha cumplido con otras licitaciones"
0223/Argentina* : Lo afirmaron vecinos de la anterior y de la actual terminal de ómnibus reclamaron este jueves al intendente Pulti que “deseche” el proyecto elaborado por Emprendimientos Terminal SA para llevar a cabo la puesta en valor del edificio de Alberti y Sarmiento, al resaltar que de la iniciativa es parte el permisionario de la nueva estación, Néstor Otero, a quien acusan de “incumplimientos reiterados” en la explotación del espacio de San Juan y 9 de Julio. Exigen que se le revoque la concesión del lugar. “Somos dos barrios los que estamos sufriendo profundas modificaciones socio-culturales no queridas ni deseadas y que hasta ahora, han sido negativas para ambos por la influencia ejercida por Otero, con cuantiosas pérdidas de fuentes de trabajo y valor de las propiedades”, expresaron.
En las últimas horas, comerciantes y habitantes de la zona de la ex terminal de ómnibus, constituidos en Junta Vecinal, unieron sus reclamos con los de los vecinos de la actual estación: mientras primeros manifiestan su descontento por el estado de abandono en el que quedó el predio de Alberti y Sarmiento, los otros denuncian desde diciembre del 2009 que el barrio se convirtió en un caos. Ambas problemáticas que aquejan a los dos sectores tienen un nombre en común, Néstor Otero, concesionario del nuevo espacio e integrante del grupo empresario Emprendimientos La Terminal, conglomerado económico que junto a otros dos grupos empresariales pugna por quedarse con la remodelación del histórico Edificio Dormal.
De esta manera, Daniel Rubio, Alejandra Rubianes, Horacio Novas y Ana María del Canto, elevaron una carta al intendente Pulti expresándole su “firme oposición a que se le otorgue la remodelación de la ex terminal a la firma Emprendimientos La Terminal SA que posee a Otero como Director Suplente y financista del Arquitecto Gerónimo Mariani”.
Al fundamentar tal postura, los particulares subrayaron la gran cantidad de percances que padecen con el desempeño del empresario “como concesionario de la nueva terminal de ómnibus la cual, a 7 meses de haber sido abierta al público, continúa prestando un servicio deficiente y generando múltiples inconvenientes a los usuarios y vecinos”.
Además, pusieron en consideración el “presente el pedido en curso para que se le revoquen varias de las concesiones que posee por incumplimientos varios de los pliegos de bases y condiciones y a las ordenanzas municipales vigentes”.
En ese orden, los ciudadanos aseveraron que “el Proyecto Mariani-Otero ya era nocivo para los intereses del barrio por el impacto ambiental y socio-económico negativos que provocarán su construcción en etapas (con casi 5 años en obras - sin pagar canon), su enorme cantidad de locales (más de 200), por un local ancla (violatorio de la ley de Grandes Superficies y con destino incierto), dudosa restauración del edificio histórico y escaso o casi nulo espacio para la cultura y la recreación gratuita de nuestros vecinos”, tras lo cual calificaron de “alto riesgo patrimonial, social y cultural, que dicha empresa resulte declarada iniciadora y, peor aún, adjudicataria de la obra” por estimar que “han quedado vulnerados la calidad e idoneidad del posible oferente y también su posible solvencia económica”.
“No podemos correr el riesgo de que el lugar quede abandonado a las resultas de un trámite judicial que le es ajeno. Tampoco podemos correr el riesgo de que la obra quede paralizada por falta de financiamiento o por inhabilitación de su financista. Nuestro patrimonio histórico (declarado como tal), constituido por el Edificio Dormal, podría resultar destruido, máxime cuando esa empresa prevé su restauración recién en la segunda etapa del Proyecto (dentro de 3 años)”, argumentaron.
A su vez, enfatizaron que ambos barrios “ya se encuentran en estado terminal, generado por un traslado anticipado que beneficio solamente a ese señor y daño a cientos de miles de turistas, vecinos de las calles San Juan, 9 de julio, Chaco, Pampa, Misiones, Italia y aledañas de manera permanente”. “Merecíamos mejor suerte”, apuntaron.
En ese orden, puntualizaron que Otero “tampoco cumplió con las promesas que le hizo a los comerciantes del interior de la ex terminal” ya que “ninguno de ellos pudo reubicarse en la nueva estación, y el personal que contrató ya fue despedido al finalizar la temporada. Muchas familias quedaron sin trabajo”.
Y destacaron que “sería un escándalo de nivel nacional que el municipio premie a quien no ha cumplido con los pliegos de otras licitaciones ni con los compromisos locales o de buena vecindad. Nada permite suponer que en este caso lo hará”.
“Otero ya ha declarado que no debe rendirle cuentas a nuestro Concejo Deliberante y que no está obligado a cumplir con nuestras ordenanzas municipales, además de que tampoco ha pagado el canon por el espacio que está usufructuando. Es impensable entregarle otro espacio público. Nosotros exigimos que nuestro nuevo vecino, que tendrá en sus manos la gran transformación urbanística de esta zona, a la cual está irrescindiblemente ligado nuestro futuro, posea antecedentes intachables, compromiso social, sea promotor de la cultura y respetuoso de las leyes que nos permiten vivir en sociedad”, señalaron más adelante.
“Somos dos barrios -dos caras de una misma moneda- los que estamos sufriendo profundas modificaciones socio-culturales no queridas ni deseadas y que hasta ahora, han sido negativas para ambos por la influencia ejercida por el Sr. Otero, con cuantiosas pérdidas de fuentes de trabajo y valor de las propiedades. Por esto le pedimos al Intendente que oiga nuestros reclamos, tome las decisiones adecuadas, deseche el Proyecto Mariani-Otero y apoye el reclamo para que le sea revocada la concesión de la nueva terminal de ómnibus por incumplimientos reiterados”, concluyeron los vecinos.
* 0223.com - 3.06.10
Las condenas por corrupción urbanística se disparan
DIARIOMONTAÑÉS* : En España, ayuntamiento sigue siendo sinónimo de corrupción urbanística. Pese a que la crisis inmobiliaria ha secado la fuente de la que bebían los entes municipales, a través de la gestión del suelo urbanizable, la Justicia no ha dejado de mirar con lupa estas operaciones. De hecho, las condenas por delitos medioambientales vinculados a la ordenación del territorio se han disparado y alcanzaron su techo histórico en 2009. El aumento en un solo año fue del 28%, al pasar de 301 a 386 sanciones, la mayoría de ellas impuestas en municipios costeros, con Andalucía a la cabeza.
El incremento de las condenas por delitos urbanísticos recoge la siembra del ingente volumen de procesos judiciales que actualmente instruyen los tribunales españoles en esta materia. El año pasado había 1.737 casos en trámite y otros 1.729 en fase de diligencias previas, el paso anterior a la judicialización del asunto, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Aunque hubo sanciones a particulares, la mayor parte de las condenas escondía intereses espurios de lo que se ha venido a denominar «autoridades municipales». Se trata de alcaldes, concejales de urbanismo, técnicos municipales, promotores o arquitectos cuyo nombre aparece ligado a la especulación inmobiliaria y al incumplimiento de las normativas urbanísticas con un único fin: el enriquecimiento ilícito. Las cifras justifican por sí solas el espacio que ocupan en los medios de comunicación las condenas a cargos públicos.
Los delitos más comunes en estas tramas de corrupción son la prevaricación urbanística, la prevaricación genérica, la omisión del deber de perseguir delitos o la falsedad en documento oficial. La Fiscalía especializada destaca la complejidad de perseguir estos tipos delictivos habida cuenta de su singularidad: los órganos que deberían controlar estos excesos son los propios ayuntamientos, que tienen la obligación de hacer las veces de «policía urbanística», como ente que gestiona la recalificación de su propio suelo urbano.
Moratoria
Algunas fiscalías provinciales ya usan como documento marco para sus investigaciones el denominado 'Informe Auken', elaborado por una europarlamentaria danesa en 2009 con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. El informe no vinculante pedía a las autoridades locales la moratoria de los planes de ordenación urbana que hayan sido reformados sin respetar los criterios medioambientales y criticaba la «excesiva influencia» de los promotores inmobiliarios en las decisiones de las corporaciones.
Precisamente, la Fiscalía de Medio Ambiente denuncia la falta de colaboración de los ayuntamientos y menciona que en lugares como Valencia, Sevilla, Las Palmas o Murcia los principales denunciantes son las gerencias municipales de Urbanismo, los grupos ecologistas, las fuerzas del orden y ciudadanos particulares, lo que genera un mensaje de «impunidad», admite el Ministerio Público.
Otra preocupación creciente es la «inseguridad jurídica y la incertidumbre» que generan algunas decisiones de tribunales en un mismo territorio y ante un delito similar. Ocurre sobre todo en sentencias condenatorias que determinan la demolición de una vivienda que ha sido construida de forma ilegal o el levantamiento de casas prefabricadas en lugares no urbanizables, según denuncia el órgano acusador.
* El Diario Montañés - 4.06.10
Foto: corrupción urbanística, viñeta ayuntamiento
La fiscalía pide 2 años de cárcel para el alcalde de Ceclavín y 10 de inhabilitación
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ELPERIÓDICO/Extremadura* : Dos años de prisión y 10 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público son las penas que solicita el Ministerio Fiscal para el alcalde de Ceclavín, el socialista Pedro Martín González, al que acusa de un delito continuado de prevaricación urbanística. Para responder de esta imputación, Pedro Martín se sentará el próximo 27 de julio en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal nº1 de Cáceres, donde será juzgado por unos hechos ocurridos entre mayo del 2006 y abril del 2007.
Fue a lo largo de dicho periodo cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el alcalde de Ceclavín habría concedido licencias municipales de obras para la construcción de seis viviendas unifamiliares "a sabiendas de que eran contrarias a las normas urbanísticas, pues expresamente se lo había advertido el técnico municipal en sus informes". Sabía que no podía dar dichas licencias "porque las parcelas de los solicitantes carecían de la condición de solar edificable".
La fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente detalla en su escrito de acusación las licencias de obras que Pedro Martín concedió, todas ellas mediante resoluciones de la Alcaldía, y "a sabiendas de su injusticia".
Se trata de las licencias concedidas, por resoluciones de la Alcaldía de fechas 5 de mayo del 2006, y 12 de marzo, 19 de marzo y 7 de abril del 2007 para la construcción, respectivamente, de dos viviendas unifamiliares en la calle Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra (antigua calle Molino), de otra vivienda unifamiliar aislada en la avenida de los Emigrantes, de dos viviendas unifamiliares adosadas en la calle Madrid y de una vivienda unifamiliar con locales en Presidente Rodríguez Ibarra.
Todas ella, se hace constar en el escrito fiscal, las concedió el alcalde de la localidad de Ceclavín "a pesar de que no se había aprobado ni desarrollado la Unidad de Actuación a la que pertenecía el suelo" y, además, "sin contemplar las obligatorias cesiones de suelo", ni "la excepcional obligación de urbanizar simultáneamente" y "sin exigir fianza de ningún tipo" a los solicitantes.
Todas estas resoluciones, se añade, "se dictaron con pleno conocimiento de su contrariedad con el ordenamiento urbanístico", y ocasionaron al ayuntamiento, se estima, un perjuicio patrimonial de algo más de 1,1 millones "como consecuencia de la falta de cesiones obligatorias y gratuitas que debieron asegurarse antes de la concesión de licencias por el acusado".
Este diario intentó ayer contactar con Pedro Martín para conocer su versión de los hechos, pero fue imposible, "pues se encuentra de vacaciones y no estará localizable hasta el próximo día 14", indicaron en el ayuntamiento.
* El Periódico Extremadura - 3.06.10
Foto: Ceclavín (Cáceres), plaza - todopueblos.com
Gondomar.- El fiscal ve al ex edil de Urbanismo como cerebro de la trama y recompensa a los culpables confesos
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FARODEVIGO* : La Fiscalía señala al ex edil de Urbanismo de Gondomar Alejandro Gómez como el cerebro de la supuesta trama para extorsionar a empresarios a cambio de favores urbanísticos. "Intuimos que es la persona más sólida y la cabeza mejor organizada de la trama", aseguró en su alegato final el fiscal, quien también dijo que en el ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, Gómez tenía a "un sujeto útil que le resuelve la papeleta de las peticiones".
El ex edil de Urbanismo, que fue expulsado del PP en cuanto se destapó el escándalo, insiste en su inocencia, a diferencia de Mosquera y el arquitecto, Borja Ramilo, que se confiesan culpables de los delitos de cohecho cometidos en el Ayuntamiento de Gondomar entre 2006 y 2007, durante el anterior mandato con gobierno del PP.
Tras quedar visto para sentencia el juicio y a la espera de que el jurado popular emita un veredicto, el fiscal rebajó significativamente su petición de sanciones para el ex concejal de Cultura y el arquitecto vigués. La razón, colaboraron con la justicia al confesar y aportar datos importantes para las diligencias.
Las multas que el representante del ministerio fiscal pide para Alejandro Gómez, también registran una reducción importante, aunque por otros motivos. Los testimonios recogidos durante la vista oral demuestran que los sobornos requeridos por los ediles sumaban 540.000 euros y no 960.000 como apuntaba el escrito de acusación.
La novia de Mosquera, Belén Fernández, es la mejor parada, pues el fiscal le retira la acusación por falta de pruebas de su participación en el asunto. Su pareja, José Luis Mosquera, en cambio se enfrenta a multas que suman 135.000 euros, una cantidad muy inferior a los 1,9 millones que la Fiscalía solicitaba en un principio. La petición para Borja Ramilo se queda en un total de 70.500 euros frente a los 585.000 de la inicial.
En el caso de Gómez, las sanciones que reclama el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, alcanzan los 1,08 millones de euros, casi menos de la mitad que la primera, de 1,9 millones. A todos ellos, les mantiene la misma solicitud de inhabilitación para ostentar cargo público: de dos años para los ex concejales y de cinco meses para el arquitecto, que no podrá trabajar en obra pública durante ese período. Además, los tres cumplirían un máximo de un año de arresto domiciliario en caso de no afrontar los pagos.
Este significativo descuento en la punición responde a un acuerdo entre los abogados de Mosquera y Ramilo y el fiscal. Pero el pacto alcanzado entre las partes no impide que el representante del ministerio público mantenga el contenido de sus acusaciones. Su conclusión final se sustenta en las pruebas, las confesiones y las grabaciones de imagen y de voz, además de los testimonios de promotores extorsionados, del empresario que actuó como cebo y de los guardias civiles de la investigación.
Los defensores de los acusados también expusieron sus conclusiones tras cuatro días de vista oral. Pese a aceptar la calificación fiscal, Fernando Rubianes, el abogado del ex concejal de Cultura, apuntó a un reparto claro de papeles en la trama. "Alejandro llevaba la parte técnica y Mosquera, la parte del dinero, de la discusión con los promotores", recalcó.
También se mostró de acuerdo con la Fiscalía el letrado del urbanista que actuó como intermediario entre concejales y promotores, Alberto Muñoz. No obstante, el abogado insistió en que su defendido cometió el error de "ser un torpe utilizado. No tuvo la hombría de decir que no. Es el cándido, utilizado por todos", manifestó en un discurso en que echaba en falta más acusados. "Aquí no son todos los que están, ni están todos los que son", sugirió en posible referencia a los promotores que, al igual que Borja Ramilo, no denunciaron la trama corrupta en cuanto la conocieron.
El alegato más extenso fue el de Lorenzo Cuervo, defensor del antiguo edil de Urbanismo. Aseguró que su cliente es inocente y que no existen pruebas contra él porque apenas aparece en las grabaciones. Además, trató de demostrar que la investigación se puso en marcha para desbancar al PP del gobierno de Gondomar, dado que se acercaban las elecciones municipales. En este sentido, recordó que el denunciante que se prestó a colaborar como cebo en la operación policial perteneció a Esquerda Galega. El letrado intentó desacreditar la investigación policial y volvió a calificar las escuchas de ilegales. La clave, en su última frase: "Como un albañil que sabe de la obra, no tiene por qué saber que un compañero roba ladrillos aunque esté allí".
Los últimos en dirigirse al jurado fueron el propio Borja Ramilo y Alejandro Gómez . El arquitecto, que tuvo que abandonar los juzgados casi en volandas preso del nerviosismo, aseguró que en el transcurso de su trabajo apareció una situación (propuesta de extorsión) que tuvo que transmitir a sus clientes, "y en ellos descansé la responsabilidad". "Os juro por mi mujer –garantizó– que creí que Manuel Rodríguez [el "gancho"] iba a decir que no pagaba. Pero cuando este caballero me dice que todo estaba arreglado... Yo hice la táctica del avestruz. Me quise desentender y les dije que en mi despacho no". El ex concejal de Urbanismo fue más breve: "Soy inocente. Lo único que hice en esos años fue trabajar para que todos los vecinos de Gondomar pudiesen vivir en mejores condiciones".
"Si alguien mete la mano en la caja no tiene futuro en el PP", avisa su líder
El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que tomará medidas en el PP de Pontevedra si se demuestra la relación de alguno de sus miembros con la supuesta trama de corrupción urbanística en Gondomar (Pontevedra), aunque manifestó su "absoluta tranquilidad" al respecto.
"Por supuesto", sentenció, al ser preguntado por si actuará contra miembros de su partido en Pontevedra si hay pruebas de su vinculación con el caso, e insistió en que "nadie puede enriquecerse en nombre el PP". "Queremos que se aclare el caso a fondo y si alguien metió la mano en la caja no tendrá futuro en el PP", garantizó.
En todo caso, el líder popular subrayó que el presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán, ha sido "claro" en sus declaraciones sobre los datos que se han hecho públicos en el transcurso del juicio.
En este escenario, recordó que uno de los ex ediles implicados en la supuesta trama era independiente y que el otro, que sí militaba en las filas populares, fue expulsado del partido, que se personó en la causa.
* Faro de Vigo - 4.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
El ex gerente del consejo del Maresme se lucró con un pelotazo de Pretoria
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ELPAÍS/Barcelona* : El caso Pretoria sigue salpicando a políticos y cargos de confianza. Xavier Surinyach, ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme, nombrado por CiU, y hasta enero gerente de la empresa de urbanismo de Tordera (Maresme), se embolsó 380.686,15 euros a raíz de un pelotazo en Sant Andreu de Llavaneres, una de las tres grandes operaciones que investiga la Audiencia Nacional. Para ello, Surinyach se asoció con el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi.
Según el sumario, la operación urbanística proporcionó a Niesma Corporación, administrada por Luigi, unas plusvalías de 3,44 millones de euros en solo 22 meses con la compraventa de unos terrenos del municipio. El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Luigi recurrió a la sociedad holandesa Ard-Choille y al ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme Francesc Xavier Surinyach, que participó en la operación a través de su hijo Jaume Surinyach, que en esa época estaba cobrando un subsidio de paro. Jaume Surinyach fue imputado en 2006 por blanqueo de capitales y fraude fiscal.
El pelotazo se produjo, en tiempo casi récord, gracias a la supuesta intervención del socialista Antonio Jiménez, entonces concejal de Sant Andreu de Llavaneres e imputado en la causa. El edil, según la instrucción, modificó el plan de urbanismo para aumentar el número de viviendas que podían construirse en esos terrenos con el fin de que se revalorizaran enseguida.
Surinyach, a través de su hijo, acudió primero a una ampliación de capital por 35.000 euros en Niesma. Posteriormente, aportó 555.000 euros, que le reportaron, una vez concluida la operación, 380.686,15 euros de beneficio.Tras la ampliación de capital, las aportaciones significativas se realizaron a través de préstamos participativos, es decir, créditos que dan derecho a parte de los beneficios de la empresa. Según el sumario, tres empresas de Luigi -City Actividades Inmobiliarias, Sanur Construcciones y Construcciones Edisan- sumaban el 50% de las participaciones de la sociedad, Ard Choille tenía el 33,3%, y el hijo de Xavier Surinyach el 16,7%.
En la compraventa del inmueble intervinieron, además, dos ex altos cargos de Jordi Pujol, ambos imputados: el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el urbanista Genís Carbó. Prenafeta, a través de su sociedad Poliafers, SA, cobró una comisión de 389.456 euros más IVA por intermediar entre Luigi y la sociedad que adquirió los terrenos, Proyecto Inmobiliario Valiant. Sin embargo, la Agencia Tributaria pone en duda que Prenafeta intermediara pese a ese cobro, puesto que la persona que contactó con la empresa compradora y gestionó la operación fue el propio Luigi.
Los investigadores que seguían el rastro de la operación se sorprendieron cuando descubrieron quién era la persona que había ganado tanto dinero en tan poco tiempo: un joven de 24 años que estaba cobrando el paro. "Resulta evidente que, con los recursos económicos con los que cuenta, no podía asumir los importes correspondientes a su inversión en Niesma", detalla un informe de la Agencia Tributaria.
Con las investigaciones más adelantadas, la respuesta se hizo evidente: "Si bien es Jaime [por Jaume] quien suscribe la ampliación de capital de Niesma por un importe de 35.000 euros", quien otorga los "créditos participativos subsiguientes no es él, sino su padre". Xavier Surinyach incluyó luego los beneficios obtenidos en la declaración de la renta de 2005.
Ayer este diario intentó contactar, sin éxito, con Xavier Surinyach, que aparece mencionado en varias conversaciones registradas por la Guardia Civil a Luigi. Un portavoz del Ayuntamiento de Tordera, gobernado por CiU y ERC, explicó que Surinyach se jubiló el pasado mes de enero, tras dejar su cargo de gerente de la empresa de urbanismo. En esa sociedad recaló cuando CiU perdió el consejo comarcal, que fue a manos del PSC, ERC e ICV-EUiA. Surinyach pasó entonces a desempeñar un cargo de confianza en el Consistorio de Tordera, gobernado por CiU.
La federación nacionalista ayer no pudo concretar si Surinyach es militante del partido. Fuentes del PSC de Tordera, en la oposición, afirmaron que la sociedad pública está en disolución.
La operación
- Niesma Corporación compró las fincas de Sant Andreu de Llavaneres por 6,28 millones de euros en 2004.
- Luigi consiguió, según el sumario, que el concejal de Urbanismo, Antonio Jiménez, elevara el número de viviendas que se podían construir en la zona.
- Niesma Corporación vendió en octubre de 2005 las fincas a Proyecto Inmobiliario Valiant por 9,73 millones de euros.
- Surinyach acudió a una ampliación de capital por 35.000 euros y posteriormente aportó 550.000 euros a través de préstamos participativos, con lo que se hizo con un 16,7% de Niesma Corporación.
- El ex gerente de urbanismo de Tordera obtuvo unos beneficios de 380.686,15 euros tras la venta de las parcelas de Llavaneres.
* ELPAIS.com - 4.06.10
Foto: Promoción inmobiliaria en los terrenos de la Operación Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres.- elpais.com
A Coruña.- La Unesco advirtió al Concello sobre las humedades cuando concedió el galardón
LAOPINIÓN* : Cuando la Unesco decidió el año pasado distinguir a la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad le hizo cuatro advertencias al Ejecutivo municipal si en un futuro quería ahorrarse el mal trago de ver peligrar el título. Una de ellas hacía referencia a las humedades y filtraciones de agua observadas por los técnicos de Icomos cuando evaluaron la candidatura, y que han sido denunciadas recientemente de nuevo por los empleados de la empresa que se encarga de las tareas de portería y recepción en el monumento.
La Unesco recomendó al Gobierno local que se esforzara en solucionar los problemas derivados de las humedades en las paredes del faro, bien mediante la instalación de pantallas protectoras o en su defecto mejorando las condiciones de ventilación en el interior del monumento. Hasta el momento, ni el Concello ni la Autoridad Portuaria, como propietaria de la Torre, han tomado las medidas encaminadas a resolver este problema, como lo demuestra el hecho de que actualmente pueden observarse humedades dentro del faro.
El Ayuntamiento, sin embargo, sí ha tratado de solucionar otras de las debilidades apuntadas por la Unesco, como la carencia de un plan director para el monumento, que según la Concejalía de Promoción Económica y Turismo estará listo en breve. La amenaza de la presión urbanística continúa en el horizonte hasta que el Ayuntamiento decida qué hacer con la urbanización de seis edificios en el Agra de San Amaro, a quinientos metros de la Torre.
* La Opinión A Coruña - 3.06.10
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules - laopinioncoruna.es
Un total de 178 viviendas en Santa Cruz de Tenerife quedan fuera de ordenación
20MINUTOS* : El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado a conocer que de las 498 solicitudes presentadas por los ciudadanos en las oficinas de Distrito (Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle y Centro), un total de 320 se encuentran dentro de los parámetros urbanísticos conforme a lo establecido por el documento de revisión del Plan General de Ordenación (PGO) y otras 178 se encuentran fuera de ordenación por razón de altura, según ha adelantado en un comunicado la corporación local.
De las 103 consultas realizadas en el Distrito Salud-La Salle, un 88,35 por ciento de las mismas se encuentran dentro de ordenación, mientras que sólo el 11,65 por ciento excede del número máximo de plantas permitidas por el PGO.
Por otro lado, de las 97 peticiones de información tramitadas en el Distrito Ofra-Costa Sur, un 85,5 por ciento se corresponden a viviendas dentro de ordenación, mientras que el 14,43 por ciento estarían fuera de ordenación.
En el Distrito Centro se realizaron un total de 298 consultas, de las que un 48,66 por ciento presentan parámetros urbanísticos conformes a lo establecido en la normativa y el 51,34 por ciento excede en el número de alturas permitidas y están fuera de ordenación.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de un servicio coordinado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), en colaboración con estos tres distritos del municipio, comenzó el pasado 27 de enero a atender a los vecinos sobre el estado de sus viviendas en relación con el PGO.
Un equipo de especialistas, formado por seis arquitectos, respondió desde esa fecha y hasta el pasado 25 de abril a todas las peticiones de información requeridas en los mencionados distritos. Del mismo modo, los vecinos pudieron solicitar un informe sobre la situación de su vivienda de forma gratuita.
* 20 Minutos - EP - 3.06.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
Tres promotores aseguran que la trama de Gondomar les exigía dinero
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LAVOZ/Pontevedra* : Socios de tres promociones inmobiliarias proyectadas en Gondomar fueron ayer claros al asegurar en la tercera jornada del juicio que se sigue por corrupción urbanística en dicha villa que desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP, se les reclamó dinero para propiciar el desarrollo de sus urbanizaciones. «El arquitecto me comentó que pedían dinero», dijo desde Valencia por videoconferencia un buscador de terrenos para grandes superficies comerciales, que en una de las llamadas intervenidas por la Guardia Civil llegó a admitir que «vamos a colaborar, pero no ahora, que no hay nada, podemos hacer una promesa de palabra de honor, nada más».
Una situación similar fue expuesta ante el tribunal por un propietario de terrenos de Gondomar que planificaba un área de viviendas. «Borja -en alusión al arquitecto imputado que iba a desarrollar los tres proyectos objeto de extorsión- me dijo que había que pagar», exigencia que aseguró también le expresó después en persona el concejal de Cultura, José Luis Mosquera. «Él quiere 30 [millones de pesetas] y ya está», se pudo oír decir al arquitecto en una de las conversaciones grabadas entre el arquitecto y el promotor, que no negó en ella la posibilidad de pagar.
Pero todavía más concluyente para evidenciar la existencia de la trama resultó la intervención de Manuel Rodríguez, un promotor vigués que se prestó a denunciar la extorsión que sufría la empresa de unos amigos que iba a hacer una urbanización en Gondomar. Rodríguez contó sus conversaciones con el arquitecto, en las que el profesional le transmitía las peticiones de fondos, y los encuentros que tuvo con Mosquera. Este fue incluso grabado por el mismo con una cámara botón instalada en su chaqueta por la Guardia Civil. El vídeo, mostrado a la sala, da cuenta del regateo que empezó en 270.000 euros y acabó en 210.000.
Rodríguez fue claro al recalcar que Mosquera y el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez «funcionaban como una piña, como una pareja de hecho», pero la apreciación no pudo pasar ayer del terreno de las intuiciones. Gómez fue inculpado por su compañero, señalado incluso como cerebro de la operación por él. Pero nadie, ni el arquitecto, pudo afirmar que el edil de Urbanismo pidiera dinero. Solo aparece en dos de las más de 50 grabaciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil. Una sin un fin ilícito claro y la otra como una voz de fondo, que él mantuvo en la vista no reconocer como propia. La investigación policial no tiene dudas, sin embargo, de que Gómez era parte del equipo, pero el jurado puede tener difícil apoyarse en pruebas para lograr su condena.
* La Voz de Galicia - 3.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Castellón.- El juez propone sentar a Fabra ante un jurado por cohecho y fraude fiscal
ELPAÍS* : Tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. El actual titular del Juzgado nº1 de Nules (Castellón), Jacobo Pin, considera que ya existen indicios suficientes de que el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ha cometido estos presuntos delitos. Por ello, ha optado por dar por concluida la fase de instrucción y transformar las diligencias en un procedimiento que podría concluir en un juicio con jurado. De esta manera, el juez confirma la tesis expuesta por los letrados de la acusación popular, José Luis Vera y Virgilio Latorre, que en representación de la Unión de Consumidores (UCE) ya plantearon en su querella de personación que el procesamiento debería realizarse con jurado.
El auto dictado por el juez apenas hace hincapié en los presuntos delitos cometidos por Fabra, que hace dos meses delegó sus funciones para ser sometido a un transplante de hígado. El auto indica que los hechos "serían constitutivos, en principio, y sin perjuicio de ulterior calificación, de delitos de cohecho y tráfico de influencias". Por ellos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez imputa a 13 personas, entre las que se encuentran Carlos Fabra, su esposa (María Amparo Fernández), el empresario que les denunció (Vicente Vilar) y la ex esposa de este (Monserrat Vives). Si la imputación se limitara a estos delitos, no habría ninguna duda de que la competencia del procesamiento sería de un jurado. Sin embargo, el juez estima que en el caso de Fabra y Fernández se han de sumar otros delitos "contra la Hacienda Pública". No en vano, el informe pericial realizado por inspectores de Hacienda sostiene que entre ambos cometieron nueve presuntos delitos fiscales y que la cantidad que dejaron de ingresar en las arcas públicas fue de 1,7 millones de euros. En cualquier caso, el juez deja la puerta abierta sobre esta imputación, ya que entre los delitos contra la Hacienda pública no solo se encuentra el fraude fiscal sino también el blanqueo de dinero.
El próximo día 25 se celebrará la vista para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación.
Tanto este auto como el que determine si Carlos Fabra se sienta en el banquillo, en el caso de que así lo decida el juez, podrán ser recurridos. Aún así, y dada la diligencia que ha mostrado el noveno juez que participa en la instrucción del caso, el presidente de la Diputación de Castellón podría sentarse en el banquillo antes de que acabe el año. Ayer la dirección nacional del PP no quiso valorar la decisión judicial.
* ELPAIS.com - 2.06.10
Foto: Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra - elpais.com
El TSXG anula el PERI para construir 350 pisos en Cangas por falta de suelo para vivienda protegida
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FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da un duro varapalo a la Unidad de Actuación nº5 de Cangas, al estimar el recurso contencioso interpuesto por cuatro vecinos propietarios de terrenos en el denominado polígono contra el acuerdo de 26 de enero de 2007 por el pleno del Concello de Cangas, por el que se otorgó licencia definitiva al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la mencionada zona. El TSXG anula el acto administrativo por ser contrario a derecho. La actuación urbanística pretendía construir en la zona de Altamira la urbanización más grande de O Morrazo, con la construcción de 350 viviendas y abarca una superficie de 35.000 metros cuadrados, con una inversión de 19 millones de euros.
El tribunal fundamenta la anulación del acuerdo municipal en que se incumple la obligación legal de reserva de suelo para viviendas de protección pública, que tenía que alcanzar el 20% de la edificabilidad residencial de cada sector. El Concello de Cangas, a través de un informe elaborado por el jefe de Urbanismo, Alfonso Marnotes, en la época en la que gobernaba en el Concello el Partido Popular, entendía que "compre sinalar que o mandato do artigo 55.3 da LOUGA para que os plans xerais efectúen unha reserva de vivenda protexida só ten efecto para aqueles que se tramiten a partires da súa entrada en vigor, e o certo é que Cangas non dispón de planeamento xeral adaptado á LOUGA".
Sin embargo, el TSXG rechaza los demás argumentos de los demandantes, que consideraban que el proyecto no había sido sometido al trámite de impacto ambiental, que no cuenta con el informe exigido por la Ley General de Telecomunicaciones y su delimitación de polígonos incumple lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 9/2002, entre otras. "Ni la clasificación, naturaleza y ubicación del suelo, ni la extensión del ámbito afectado por el PERI, revelan como inadecuado o insuficiente el estudio de sostenibilidad ambiental que contiene. Y lo mismo hay que decir sobre lo que alega la codemandada respecto de la denunciada infracción de la ley 9/2002, pues no consta en el PERI que el suelo con destino residencial supere la relación: 0,825 metros cuadrado/metro cuadrado. y sí se respeta el límite de sostenibilidad que impone el artículo 46 de la citada ley para un municipio con la población que tiene Cangas".
También señala que la existencia de un único proyecto de urbanización no constituye la infracción de una norma imperativa ni es un obstáculo insalvable para la ejecución de los polígonos, "ya que evidentemente la relación entre ambos tiene que estar siempre contemplada, al igual que lo que ocurre con la que ha de establecerse con los terrenos exteriores al ámbito. En cuanto a los otros incumplimientos que la parte actora denuncia, la previsión de que estudios de detalle puedan completar o redefinir la red viaria interior de acceso, a los edificios, no puede decidirse que vaya contra lo establecido en el artículo 73.1 de la Ley 9/2002, ya que no es clara la equivalencia entre vías de uso público y acceso a entradas a los garajes.. En todo caso será al redactar los estudios de detalle cuando se podrán comprobar si sus determinaciones infringen dicho precepto". La sentencia no es firme, ya que cabe recurso de casación.
La Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Número 5 podría solicitar ahora una indemnización al Concello de Cangas, como consecuencia de la aprobación del PERI, que permitió seguir el proceso de esta urbanización.
* Faro de Vigo - 2.06.10
Foto: Cangas (Pontevedra) - farodevigo.es
Valencia.- Aumentan las quejas al Síndic por el urbanismo y el medio ambiente
ELPAÍS* : Las quejas de los ciudadanos por los problemas en la aplicación de la ley de Dependencia, bien por la demora en la tramitación de solicitudes, bien por la denegación de las ayudas, volvieron a ser en 2009, con diferencia, las más frecuentes, según el informe que el Síndic de Greuges, José Cholbi, entregó ayer a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Sin embargo, estas quejas se han reducido prácticamente a la mitad en relación con el año anterior, al pasar de 1.864 en 2008 a 948 en 2009. En cambio, frente a ese "importante descenso", se ha producido "un relevante incremento" de las quejas formuladas en otras materias, como medio ambiente, sanidad, hacienda pública y urbanismo, de manera que apenas se ha producido una reducción en el cómputo global, que pasa de 3.927 en 2008 a 3.647 en 2009.
En lo que afecta al urbanismo, el informe señala que "a pesar de que ya no se aprueban y desarrollan tantos proyectos urbanísticos como en años anteriores, el número de quejas no ha disminuido". Además, "la crisis económica sí que ha incrementado el número de quejas presentadas por personas que no tienen vivienda", que han pasado de 83 a 119. La Sindicatura advierte, por ello, del "desajuste" entre la oferta de viviendas de promoción pública y la demanda social, en un momento en que aumenta el número de personas que no pueden acceder a un piso o han sido desahuciadas del que ocupaban.
"A pesar de la crisis inmobiliaria, el urbanismo que pide la sociedad valenciana ha de responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, ha de minimizar el impacto del crecimiento irracional y ha de fomentar la regeneración de la ciudad existente", recomienda el Síndic en su informe, que, por otra parte, plantea que los ayuntamientos eviten la "consolidación de construcciones ilegales". Para ello, incluso propone medidas como el corte del suministro de agua y luz a este tipo de construcciones. La falta de información urbanística o el retraso en conseguirla y "el complicado y conflictivo tema de la ejecución y desarrollo de los planes urbanísticos" han suscitado también numerosas quejas.
La contaminación acústica, las licencias de actividad de industrias contaminantes o la ubicación de parques eólicos son otros aspectos de los que se quejaron los ciudadanos en 2009 en relación con el medio ambiente.
En el apartado de sanidad, las listas de espera, las infraestructuras sanitarias y la falta de respuesta a las reclamaciones fueron las quejas más habituales, mientras que la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles, los impuestos sobre vehículos y las tasas municipales constituyeron el grueso de las quejas relacionadas con la hacienda pública.
Si el total de quejas recibidas por la Sindicatura de Greuges fue de 3.647, de las cuales 20 se incoaron de oficio, la Oficina de Atención Ciudadana de la institución atendió 6.662 consultas frente a las 6.172 del año 2008. Ese incremento, según el Síndic, no hay que interpretarlo como un "empeoramiento del funcionamiento de las administraciones públicas valencianas" sino como una demostración de la confianza creciente en la institución que recoge sus problemas. Cholbi señala, finalmente, que "por primera vez, y sin cambiar los criterios de valoración establecidos" no se destaca ninguna Administración hostil.
* ELPAIS.com - 2.06.10
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
Un promotor, acusado de destruir el patrimonio histórico de Vélez Málaga
LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Málaga pide, en su escrito de conclusiones provisionales, dos años de cárcel y una multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 15 euros para un promotor que destruyó supuestamente restos arqueológicos en una parcela de Vélez Málaga. En este suelo se había previsto la construcción de cinco viviendas. La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía aprobó dos resoluciones los días 19 de marzo y 12 de junio de 2007 por las que se concedieron sendas autorizaciones, provisional y definitiva, «para la actividad arqueológica urgente de excavación» en un inmueble ubicado en la calle San Francisco de Vélez Málaga.
El representante legal de la promotora que debía construir en este solar fue el encargado de solicitar los permisos. La empresa trabajaba con dos compañías aseguradoras, explica la Fiscalía.
«El solar se encuentra ubicado en el barrio del Arroyo de San Sebastián, dentro del Centro Histórico de Vélez Málaga, y se proyectaba la construcción de cinco viviendas», añade el acusador público.
Conclusiones arqueológicas
La arqueóloga de una empresa privada dirigió las excavaciones. Ésta presentó, el 2 de enero de 2008, una memoria preliminar de la actividad arqueológica en la parcela. Se habían encontrado «restos prehistóricos y de las épocas medieval, moderna y contemporánea». La mercantil propuso una serie de medidas, entre las que destacaba la necesidad de controlar «el movimiento de tierras» durante la fase de ejecución de las obras proyectadas.
El 2 de julio de 2008, los servicios técnicos de arqueología, pertenecientes a la Delegación de Cultura de la Junta, «giraron una inspección en la que comprobaron que se había producido el vaciado integral del solar». Asimismo, siempre según la acusación pública, se construyó «la cimentación del inmueble sin control arqueológico alguno».
Como consecuencia de todo ello, se eliminaron totalmente los restos, lo que provocó «la imposibilidad de localizar otros nuevos correspondientes a niveles prehistóricos de ocupación».
Los daños se produjeron «al haber realizado voluntariamente el acusado, conocedor de las circunstancias expuestas y asumiendo las consecuencias que su conducta generaría, un movimiento o remoción de tierras en la parcela». Ello propició la eliminación «irreversible» del patrimonio arqueológico existente en ese suelo, «causando la pérdida de información histórica y de su interés científico». El fiscal califica de «irreparable» la destrucción de este material.
Calificación
«La conducta deliberada efectuada por el acusado ocasionó unos daños al patrimonio histórico no inferiores a 10.000 euros», recalca el ministerio fiscal.
Los hechos han sido calificados como un presunto delito sobre el patrimonio histórico. Además de los dos años de cárcel y la multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 15 euros, la acusación reclama que el encausado indemnice, por vía de responsabilidad civil, a la Consejería de Cultura en la cantidad de 10.000 euros.
* La Opinión Málaga - 2.06.10
Foto: Imagen del Casco Histórico de Vélez Málaga.- laopiniondemalaga.es
Gürtel en lucha - Forges
Viñeta: Forges, Gürtel en lucha - 2.06.10, elpais.com
Barberá recalificará el estadio del Levante para que salde sus deudas
ELPAÍS/Valencia* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y el presidente del Levante, Francisco Catalán, han firmado hoy un protocolo de intenciones con el propósito de recalificar el estadio, de modo que el club pueda hacer frente a sus deudas con la venta del solar como suelo residencial. El Levante declaró el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el año pasado y arrastra una deuda de 90 millones de euros, según ha confirmado el presidente del club.
Esta es la segunda ocasión en que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, acuerda una operación urbanística pensada para superar las dificultades financieras de un club de fútbol. Ya lo hizo con el Valencia CF, al reclasificar la parcela del viejo Mestalla para edificar viviendas y otro terreno en la avenida de las Cortes Valencianas para construir el nuevo estadio. La gestión de Juan Soler y la crisis echaron por tierra las expectativas millonarias del doble pelotazo: el suelo de Mestalla está por vender y el nuevo estadio a medias. Ahora es el Levante el que avanza en una solución similar.
La parcela que ocupa el estadio Ciudad de Valencia y su aledaños es de 24.749 metros cuadrados y se recalificará para uso residencial y equipamientos públicos, a través de un convenio urbanístico que "siempre estará dentro de los parámetros urbanísticos de la zona, ya que hay que dar un trato similar al de otros clubes de la ciudad", según ha recalcado la alcaldesa. Este documento permitirá al club presentar un plan de viabilidad y de pagos con garantías ante sus acreedores a finales de julio. "Hay que saldar la deuda y cuando se llegue a ese momento ya se hablará de otros grandes retos, como será recuperar la casa que perderemos. Ese día hay que estar con el contador a cero y con números azules en lugar de rojos", ha apuntado Catalán. El presidente del Levante ha recordado que la deuda de la entidad es de "90 millones de euros y hay cinco años por delante para hacerle frente". "Hay que llegar con una posición de club más estable y fuerte", como primer reto, ha añadido.
Los dirigentes del Levante no descartan jugar en el campo del Valencia mientras construyen su nuevo estadio, según han confirmado durante la firma del protocolo. "Lo que no se puede es empezar construir el estadio sin tener los recursos necesarios para hacerlo", ha advertido Catalán.
La nueva casa granota tendrá un aforo de entre 12.000 y 15.000 espectadores. "No sabemos dónde irá el nuevo estadio, ahora mismo no es una necesidad saberlo, cuando se tengan los recursos se vendrá al Ayuntamiento para decir lo que se quiere hacer. Ahora hay que trabajar para presentar una propuesta interesante", ha explicado. El Levante, al que el Ayuntamiento ha dado largas durante meses para cerrar una operación que se produce cuando el club tiene muchas posibilidades de regresar a Primera, presentará todos los documentos urbanísticos necesarios para su posterior aprobación. El club todavía no ha sondeado el mercado para vender el solar. "Hay que ir paso a paso, la venta del solar será la salvación del Levante y permitirá hacer frente a las obligaciones. Esa etapa se iniciará en octubre y será uno de los grandes retos del consejo de administración", ha subrayado el dirigente granota.
Barberá, por su parte, ha dejado claro que el nuevo estadio "lo financiará el club y lo podrá utilizar el Ayuntamiento de Valencia dentro de sus necesidades generales". "Queremos que siga teniendo una vida fructífera y feliz otros cien años más. Espero que suban a Primera División", ha deseado.
* ELPAIS.com - 31.05.10
Foto: Valencia, estadio del Levante - elmundo.es
Monforte del Cid.- El TSJ anula el polígono de Walaig con más de la mitad del proyecto urbanizado
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INFORMACIÓN/Alicante* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha dado la razón a Sepes -Entidad Estatal de Suelo dependiente del Ministerio de Vivienda- al anular el Programa de Actuación Integrada (PAI) del polígono industrial de Walaig aprobado por el Ayuntamiento de Monforte así como la adjudicación de las obras de urbanización a la firma Intersa Levante por 24,3 millones de euros. La vulneración de los principios de publicidad y concurrencia dispuestos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas es la razón en la que ha fundamentado su decisión el TSJ.
Una medida que afecta al centenar de empresas que ya han reservado suelo en Walaig y especialmente a la firma Azkar, que en febrero anunció su intención de instalar su centro logístico provincial en una manzana de 51.000 metros dentro de esta nueva zona industrial pegada a la autovía de Madrid y de 1,5 millones de metros cuadrados.
Esta sentencia es la tercera decisión judicial sobre este asunto que da la razón a Sepes. Ya en 2007, el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Alicante declaró nulo el PAI aprobado en 2006 por el pleno del Ayuntamiento, -en el que el PP goza de mayoría absoluta-, condenando al Consistorio por no respetar los acuerdos previos.
El Ayuntamiento recurrió el fallo pero con idéntico resultado. Ahora, por tercera vez y de forma inapelable dado que contra esta sentencia no cabe recurso, la Justicia da la razón a Sepes y declara nulos tanto la aprobación del PAI como la adjudicación de las obras.
El director general de Sepes, Félix Arias, ha subrayado la importancia de este fallo judicial que anula la decisión municipal de desistir unilateralmente de los convenios previos firmados con Sepes.
Stop a la venta de parcelas
Las obras de urbanización comenzaron hace dos años y ahora que están a un 60% de ejecución podrían paralizarse ya que Sepes tiene previsto solicitar la ejecución inmediata de la sentencia. También ha recurrido el Proyecto de Reparcelación del PAI y estudia ahora pedir cautelarmente la anotación preventiva de la sentencia en dicho proceso, lo que supondría de facto la paralización de cualquier proceso de venta de parcelas. A pesar de ello, Arias quiere abrir un proceso negociador con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo que garantice el desarrollo del polígono y no retrase su puesta en funcionamiento en exceso con el objetivo de facilitar la creación de empleo y crecimiento económico en el Vinalopó. En 2001, fue Sepes la que, de acuerdo con el Ayuntamiento, propuso el desarrollo de la actuación (casi en su totalidad, terrenos que eran propiedad del Estado) en un proceso que terminó en 2003 con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo. Pero en 2004, el Ayuntamiento ignoró los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de la obra, iniciando unilateralmente un proceso urbanístico que, como han venido señalando la Justicia, no se ajustó a derecho.
* Información - 2.06.10
Foto: Las obras en el polígono Walaig de Monforte se encontraban paradas en la tarde de ayer.- diarioinformacion.com
