* YouTube - Exposición Viñetas contra la corrupción - jrmora 2007
Especula en acción, viñetas contra la especulación
El juez del Gürtel cita al alcalde de Las Rozas por el intento de soborno
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ELPAÍS/Madrid* : El juez instructor de la trama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha llamado a declarar en calidad de testigo al alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP). El regidor desveló hace un par de semanas en una entrevista con este periódico que el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, intentó sobornarle ofreciéndole 2,1 millones de euros a cambio de un contrato municipal. El próximo 10 de junio tendrá que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para explicarle al juez cómo se produjo el intento de soborno.
La citación se produce una vez que la unidad de blanqueo de capitales remitiera al juez Pedreira las declaraciones de De Santiago a EL PAÍS. El magistrado ha iniciado la investigación y por eso ha citado al alcalde.
Según relató el alcalde a este periódico, en febrero de 2003 recibió a Correa en su despacho. El capo de la trama se interesó por el contrato de recogida de basuras y limpieza urbana que el Ayuntamiento de Las Rozas iba a sacar a concurso. Según la versión del alcalde, en un momento de la conversación Correa le dijo: "Te ofrezco 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) si la que gana es la empresa Sufisa".La empresa Sufisa aparece en el sumario del caso Gürtel porque uno de sus directivos pagó supuestamente comisiones ilegales a cambio de contratos en ayuntamientos gobernados por el PP.
De Santiago ha relatado que, tras oír la oferta, echó a Correa de su despacho y ordenó a su equipo que le prohibiera el acceso a las dependencias municipales. El regidor de Las Rozas relató a este periódico: "En febrero de 2003 el señor Correa fue a mi despacho a ofrecerme dinero para adjudicar el contrato de limpiezas y recogida de residuos sólidos urbanos. Mi respuesta fue echarle de mi despacho, eso sí, amablemente, y lo puse en conocimiento de mis concejales".
La sociedad Sufisa logró contratos en algunos municipios contaminados por la trama como Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares, según el sumario de la red de corrupción que afecta a administraciones en manos del PP. Esta misma sociedad se adjudicó en 2002 un contrato de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Por entonces, el responsable de la limpieza municipal era el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. La empresa habría logrado la adjudicación, según consta en un informe policial incluido en el sumario, debido a una comisión que pagó a la red Gürtel.
El coche de Sepúlveda
El juez Pedreira también ha citado a declarar como testigos a los representantes legales de C. de Salamanca, SA, y ALD Automotive, SA. Estas sociedades están relacionadas con la compraventa de un Range Rover Sport por valor de 83.000 euros que la trama corrupta facilitó al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda.
Al que de momento no ha citado el juez ha sido el ex concejal de Urbanismo de Las Rozas Javier Espadas que también fue tentado por la red corrupta. La organización liderada por Correa se puso en contacto con Espadas para lograr la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de esa localidad. Según fuentes municipales, la red lo intentó en varias ocasiones llegando a ofrecer como contrapartida un paseo en yate y un fin de semana a todo trapo en un chalé de Marbella. El alcalde del municipio, al conocer las intenciones de la red Gürtel, le espetó a su edil: "No te puedo quitar de concejal, pero como me entere de que te vas a Marbella te quito todas las delegaciones de inmediato". El edil de la localidad madrileña rechazó la oferta.
* ELPAIS.com - 25.05.10
Foto: Las Rozas (Madrid), ayuntamiento - wikimedia.org
Valencia: La Plataforma de Velluters pide al Ayuntamiento que escuche a los vecinos
LASPROVINCIAS* : La plataforma "Recuperem el Princesa, reviscolem el barri" ha exigido hoy que el Ayuntamiento de Valencia "escuche la voz del vecindario" sobre el futuro del solar-aparcamiento, en el que se erigía el Teatro Princesa en el barrio de Velluters, para que "estos usos estén en coherencia con las necesidades del barrio". La plataforma ha reivindicado así su "derecho a decidir sobre el uso del solar" con motivo de la reunión de la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, que ha tenido lugar hoy, después de que la semana anterior se hiciese público "la intención de iniciar el proceso de expropiación del solar".
La asociación ha celebrado la decisión del consistorio que ha decidido iniciar "los trámites de la expropiación" del solar del Princesa, pero ha instado al Ayuntamiento que "se escuche la voz" de los vecinos del barrio, especialmente a la cuestión que incumbe la gestión de nuevo espacio sociocultural.
"Esta semana se ha hecho pública en la prensa la intención de iniciar el proceso de expropiación del solar, dedicando una parte del mismo a dotación sociocultural y otra a zona verde", ha apuntado la plataforma en el comunicado.
"Los medios de comunicación también recogen una probable gestión indirecta del espacio, así como la falta de dotación económica para este año", ha añadido.
En este sentido, ha incidido que el vecindario pide "la gestión directa del espacio sociocultural", contrariamente a la "posible gestión indirecta" que plantea el consistorio.
Asimismo ha instado que se lleve a término la expropiación, "en contra de las declaraciones hechas por el Ayuntamiento respecto a la falta de dotación económica" el pasado febrero, y ha recordado que "Velluters es un barrio olvidado por el ayuntamiento" cuando se tratada de "dotarlo de espacios y, por tanto, de invertir dinero".
"La construcción del futuro espacio" debe adecuarse a las "necesidades" de los vecinos, por lo que exigen un "espacio polivalente" y valoran "la opinión de las asociaciones y entidades del barrio", ha manifestado la asociación de defensa del solar.
Para ello, la plataforma, que cuenta "desde el principio con el apoyo de la Asociación de Vecinos EL Palleter de Velluters, Ca Revolta, Endavant y la Agrupación e Artquitectos Sostre, ha solicitado una reunión con la concejalía de urbanismo con el fin de transmitirle las reivindicaciones.
Asimismo, ha recordado que durante el otoño de 2009 la plataforma organizó una consulta popular entre 228 vecinos del barrio para que manifestasen su voluntad con respecto al futuro del solar.
En dicha consulta, un 97,4 por ciento de los participantes votaron a favor de la construcción de un equipamiento público, mientras que un 2,8 por ciento votaron en contra.
La misma fuente ha indicado que un 89 por ciento votó que sí a la gestión directa de la instalación por los vecinos del barrio y un 38 por ciento se inclinó por uso cultural del solar, un 23 por ciento por un centro social, mientras que el resto optó por otro tipo de instalaciones para fines educativos, deportivos o zonas verdes. EFE
* Las Provincias - 25.05.10
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org
El alcalde de Tui desafía el veto de la Xunta a un proyecto de su promotora
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ELPAÍS/Pontevedra* : Todo está aparentemente listo para que Tui cuente al fin con un Plan General de Ordenación Municipal. Todo, excepto un pequeño detalle: una urbanización de la inmobiliaria del alcalde de la localidad. La actuación, conocida como Patazumba, consiste en la construcción de más de 300 viviendas promovidas por una empresa del regidor, Antonio Fernández Rocha, del PP. A los requerimientos de la Xunta, que obliga a respetar un hórreo centenario enclavado en el corazón de los terrenos, el Ayuntamiento tudense ha replicado con un informe que asume otras observaciones de la Administración autonómica, pero no la que afecta al hórreo, y por tanto al negocio del alcalde, apoderado de la promotora Provitui, propiedad de su hijo.
Además de los problemas administrativos, derivados de la protección del hórreo de Patazumba y de una casa anexa, el proyecto inmobiliario de Rocha se enfrenta también a los judiciales, después de que la Audiencia de Pontevedra paralizara la obra en enero de 2007. Al propio alcalde se le imputan, entre otros, delitos urbanísticos y contra el patrimonio histórico, pero Antonio Fernández Rocha y Provitui insisten en defender una actuación de la que depende la salud económica del grupo empresarial. En un informe de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, de enero de 2009, se rechazaba la propuesta del Ayuntamiento tudense de trasladar el hórreo, "dada su singularidad". Se trata "de uno de los más destacados de Tui, ya que consta de siete pares de pies". Y, de acuerdo con la documentación de Patrimonio, "debe quedar vinculado a la casa y a la finca a la que pertenece", para proteger así su "valor cultural". El informe de la Xunta establece otras observaciones al Plan General, todas ellas incorporadas excepto la que afecta al hórreo, que según Fernández Rocha daría al traste con el Plan Especial Integrado 5, el de su inmobiliaria. El ayuntamiento acaba de contestar a la Xunta con otro informe en el que replica que el mantenimiento del hórreo supondría "un impacto de gran magnitud en la ordenación del Plan General". También alega que "haría inviable" un eje y una intersección viarios, pero lo sustancial viene a continuación, cuando advierte de que "se trastoca" así una ordenación en curso de ejecución -en realidad, paralizada judicialmente-, "con la obligación de abordar las indemnizaciones previstas" a los propietarios. Esto es: a la empresa de Fernández Rocha y su hijo, que anticipan así su intención de pedir una reparación económica en el caso de tener que renunciar a la urbanización en las condiciones previstas. Y las condiciones no eran precisamente leoninas. La empresa compró la finca principal del solar, de 6.000 metros cuadrados, por 1,7 millones de euros en abril de 2003, y completó así total de 14.648 metros cuadrados. Cuatro meses más tarde, en pleno agosto, el Ayuntamiento recalificó el terreno, para permitir el doble de las alturas autorizadas en las demás urbanizaciones de la zona. Una denuncia de la fiscalía a la juez permitió paralizar las obras, que habían comenzado sin licencia. Rocha lo intentó de nuevo con dos planes generales sucesivamente anulados por la Xunta, uno de ellos por el entonces conselleiro de Política Territorial Alberto Núñez Feijóo. La finca Patazumba es ahora el último obstáculo para obtener el visto bueno de la Xunta al Plan General de Ordenación Municipal, mientras el ayuntamiento tudense sigue rigiéndose por las normas subsidiarias de 1994. Fernández Rocha mantiene una relación directa o a través de su hijo con siete inmobiliarias y constructoras.
Cinco presuntos delitos
El alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, es un habitual de los juzgados. Aunque hasta ahora se ha librado de condenas relevantes, casi siempre por asuntos urbanísticos, el caso Patazumba es el de mayor relieve político y judicial de cuantos ha tenido que afrontar. Lo tramitó la titular del juzgado de instrucción número 1 de Tui, que en febrero de 2008 dictó auto de incoación y procedimiento abreviado contra el regidor municipal y otros siete implicados, a los que imputaba los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico. El caso pasó a la Audiencia Provincial, que todavía no ha resuelto una solicitud de anulación del auto de la jueza.
Según la instructora, el pleno municipal "modificó determinados aspectos de la normativa municipal, favoreciendo con ello, de forma deliberada, los proyectos de la empresa" del alcalde y su hijo. El ayuntamiento también aprobó estudios de detalle para urbanizar terrenos en los que "no cabe urbanización alguna". Rocha se benefició recientemente de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestimó un recurso de la Xunta contra planes urbanísticos de la localidad, entre ellos el de Patazumba, por presentarse fuera de plazo.
* ELPAIS.com - 24.05.10
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org
El Supremo anula un plan casi ejecutado de 3.381 viviendas en la costa por su efecto pantalla
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LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Supremo ha anulado el programa de actuación integrada (PAI) Sector Playa de Almenara, aprobado por el ayuntamiento en 2003 y ya casi ejecutado, por incumplir la Ley de Costas y construir una "pantalla arquitectónica" en la zona de reserva de dominio público marítimo terrestre. La sentencia, que sienta jurisprudencia, supone un aviso a navegantes para las murallas de edificios que aún se pretenden construir en la costa que podrían llegar a anularse, si algún afectado inicia una demanda como ha sido el caso de esta población de la Plana de Baixa de más de 5.000 habitantes y gobernada por el PSPV-PSOE.
La anulación del Sector Playa de Almenara la han impulsado una docena de propietarios de viviendas edificadas en la misma playa, en un suelo que el Plan Especial de Ordenación del Grao de Almenara, de 1973, clasificaba como urbano. En 1981, las normas subsidiarias municipales dividieron la zona litoral en diez sectores. En uno de ellos se incluyeron las casas de los demandantes. En 1999, el Ayuntamiento de Almenara aprobó un concierto previo en el que redujo a dos los diez sectores urbanizables en la playa "para proceder a un crecimiento moderado y respetuoso con la franja litoral". En 2001, la empresa Promometa SL (perteneciente al grupo Astroc del empresario Enrique Bañuelos) presentó el PAI Sector Playa, que fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Almenara el 21 de enero de 2003. La docena de propietarios que presentaron la demanda, recurrieron el PAI porque los terrenos en los que fueron incluidos sus viviendas se declararon suelo agrícola de especial protección (lo que elevaba a cifras astronómicas las cuotas de urbanización que debían pagar al ser incluidos en el nuevo PAI). De ahí que decidieran presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que inicialmente dio la razón al Ayuntamiento de Almenara. Esta sentencia del TSJ ha sido ahora anulada por el alto tribunal.
La suspensión del Supremo
El Supremo anula el PAI Sector Playa de Almenara porque incumple el artículo 30 de la Ley de Costas de 1988 que obliga a "evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo".
Los doce propietarios, representados por el abogado José Luis Ramos, alegaron ante el TSJ (que no tuvo en cuenta este argumento) y ante el Supremo (que lo ha admitido) que el artículo de la Ley de Costas se había infringido porque "los terrenos del Plan Parcial Sector Playa se encuentran en la zona de reserva de 500 metros del dominio público marítimo-terrestre y supone un considerable aumento de la edificabilidad y del número de viviendas permitido".
El Plan Parcial y PAI Sector Playa, que modificó las normas subsidiarias de Almenara a través de una homologación, "amplió la superficie de suelo urbanizable que en 1981 era de 479.700 m2 a 676.226 m2 en 2001; la edificabilidad máxima pasó en los mismos años de 191.800 m2 a 338.000 m2 y el número máximo de viviendas se elevó de 1.199 a 3.381 pisos", según detallaron los demandantes en su recurso.
Durante el contencioso tanto el TSJ como el Supremo requirieron al Ayuntamiento de Almenara para que aportara pruebas documentales de que la edificabilidad del PAI Sector Playa no era superior a la media del suelo apto para urbanizar todo el municipio. Ni a uno ni a otro tribunal dio "el Ayuntamiento de Almenara una respuesta mínimamente consistente" sino que ofreció una "incompleta y evasiva respuesta" en la que sólo informaba de las diferencias de edificabilidad en el sector Playa en 1981 y 2001.
Por tanto, el Supremo entiende que "debe considerarse acreditado que el Plan Parcial impugnado permite una densidad de edificación superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término de Almenara" y que debe imputarse al Ayuntamiento de Almenara la falta de acreditación de la diferencia exacta de edificabilidad prevista entre el sector objeto de controversia y la media del suelo urbanizable del término municipal; no sólo porque el ayuntamiento dispone de ese dato y, sin embargo, no lo puso de manifiesto en sus escritos de contestación a la demandada y de conclusiones, sino porque, además, tampoco lo proporcionó cuando expresamente fue requerido para ello en periodo de prueba".
* Levante-emv - 24.05.10
Foto: Almenara (Castelló), playa (archivo)- mma.es
Lo que faltaba
JUAN JESÚS RODERO/Zamora* : Bueno, pues es lo que faltaba, que tras el show montado por Adeiza con el Plan de Urbanismo de Zamora a cambio de la Fundación Ortega y Gasset, ahora resulte que ni siquiera a los propios órganos directivos de la Fundación les acaba de convencer el acuerdo forzado por los independientes con la Junta y el Ayuntamiento de la capital hasta el punto de que dudan de que llegue a convertirse en realidad, algo en lo que, por cierto, coinciden muchos zamoranos. Y es que ni el fin justifica los medios ni todo vale en política, ni en la vida. Importantes declaraciones las que ha efectuado al periódico el secretario de la Fundación, con sede en Madrid, que no ha tenido empacho en reconocer que ve muy difícil que la Junta y el Ayuntamiento impulsen de verdad el instituto de la Fundación pues advierte falta de voluntad para ello en el PP y más concretamente en la Administración regional.
Aseguran que ni siquiera se les ha informado por su parte del pacto entre el equipo de gobierno municipal y los dos concejales independientes que posibilita la ubicación de un instituto interuniversitario de la Fundación, la gran obsesión de Adeiza.
Hay otro punto en todo este asunto, tan surrealista por la forma en que se viene desarrollando, que parece determinante, y es la necesidad de que una universidad respalde la implantación del futuro centro, cuestión imprescindible para regularizar los cursos que puedan impartirse así como para otorgarles validez académica. En este sentido, el secretario de la Fundación ve a la Universidad de Salamanca dando largas al asunto, lo mismo que la Junta, lo que a su juicio implica que no están por la labor.
Pero todavía hay otro aspecto más, al que se puede llegar, o no, como lectura de fondo de las palabras del alto cargo de la Fundación, y es que da la impresión, de alguna manera, de no estar demasiado satisfecho de cómo se ha desarrollado todo este asunto que ha estado politizado de principio a fin y que lo sigue estando. Parece evidente un fondo de malestar en el seno de la Fundación, que tal vez no se concrete exclusivamente en la Junta y en el Ayuntamiento de la capital pese a las acusaciones hechas de que aun contando con el reconocimiento oficial del pacto se continúa, en el fondo, igual que hace tres años. Que fue cuando aparecieron los dos ediles de Adeiza con su cansino tema bajo el brazo.
Por el contrario, el portavoz de los independientes, que resta importancia a las declaraciones efectuadas por el responsable de la Fundación aunque reconoce el malestar latente en ellas, se muestra impenitentemente optimista, hasta el punto de que confía en que en octubre el instituto interuniversitario esté en marcha. Lo que no se cree ni él, claro. Bastaría con que recordase Mateos el trato que ha recibido del PP en anteriores ocasiones, bastantes años atrás. Pero ni siquiera lo de la universidad será problema para el animoso concejal de Adeiza que piensa que si Salamanca no quiere no faltarán otras universidades de la región para respaldar el proyecto. Cosa de la que cabe dudar por bastantes razones. Pero, en fin, esperemos que todo se vaya solucionando y que el culebrón tenga un final feliz.
* La Opinión de Zamora - Opinión - 22.05.10
Maniatados por corruptos
TELECINCO* : España enferma de corrupción. La cultura del pelotazo ha empapado los resortes del Estado y el país se asfixia. Un 8,99% de los 8.112 municipios españoles sufre por estas manzanas podridas de la sociedad. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, la institución tramitaba en noviembre de 2009 un total de 730 causas contra cargos públicos. La financiación ilegal y el enriquecimiento ilícito han sustraído, en el último decenio y en tan sólo 28 casos, la friolera de 4.158 millones de euros, según los cálculos de El Mundo.
Como muestra un botón: Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, podría haber acumulado más de 2.400 millones entre 1991 y 2006, tal y como indica el Informe sobre la Democracia Española 2009 de la Fundación Alternativas, una entidad ligada al PSOE.
Desde 2004 España se ha desplomado diez puestos en el Informe Global de la Corrupción elaborado por la ONG Transparencia Internacional (TI), lastrada por los delitos urbanísticos. La orgía del ladrillo, ahora en crisis, ha colocado a nuestro país en el puesto trigésimo segundo de una lista de 180 países. Lejos de EEUU, Francia, Alemania y el Reino Unido, la valoración de 6,1 puntos supera a Italia y Portugal.
Este año el Consejo de Europa alzaba su dedo para señalar a España. "En los últimos 10 años (...) parece que la corrupción sigue siendo un problema evidente, especialmente a nivel local", según los evaluadores del Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción).
El documento, elaborado en mayo de 2009 y publicado en febrero de 2010, es demoledor con el sector público: este "complejo marco legal es especialmente deficiente", afea el organismo. Los síntomas muestran con claridad cuál es el problema: España se duele de tramas locales asociadas al desarrollo urbanístico.
El mapa más negro
Aunque ningún enclave queda a salvo de los tramposos, hay autonomías más castigadas que otras. Javier García Sotoca, decano de los Juzgados de Las Palmas, confirmó en enero que su comunidad se ha colocado en segundo puesto en lo que a causas de prevaricación se refiere.
Dos centenares de imputados y casos como el Faycán de Telde también han situado a Canarias como la tercera zona con más casos de corrupción urbanística, sólo superada por Madrid y Andalucía.
Ubicua pero no generalizada
Las corruptelas tampoco distinguen de siglas. El PSOE y el PP acumulan 464 de estas causas, 264 asociadas a Ferraz y 200 a Génova. En cuanto al resto de partidos políticos, Coalición Canaria acumula 43 causas, CiU 30, el Partido Andalucista 24, Izquierda Unida 20, el Grupo Independiente Liberal 17, Unió Mallorquina siete, Esquerra Republicana de Catalunya cinco, el Bloque Nacionalista Galego tres y el PNV otras tres, según informó el fiscal general, Candido Conde-Pumpido, en una comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
A estos casos se añaden un procedimiento abierto a un cargo de ANV y otro a uno de Eusko Alkartasuna, así como 67 investigaciones seguidas contra miembros de otras asociaciones locales, 16 contra imputados independientes y 72 asuntos en los que se desconoce la afiliación de los sospechosos. En definitiva: no hay partidos más corruptos que otros.
Pese a estas actuaciones tan extendidas (594 procedimientos judiciales abiertos y 136 diligencias), los chorizos y pícaros que se tuestan bajo el sol no abundan tanto como parece: no es un fenómeno generalizado, aunque el ciudadano lo percibe así. De hecho, en diciembre de 2006, un 53,3% de los encuestados por Sigma Dos para El Mundo pensaban que en el ayuntamiento de su ciudad había corrupción.
Sin embargo, existen "más de 66.000 concejales y alcaldes, 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado" y estos casos de podredumbre institucional no llegan "al 1%", según Conde-Pumpido.
¿Percepción o realidad?
La sombra negra se cierne sobre todos por igual. Socialistas, populares y nacionalistas, ciudades y pueblos. Nadie escapa de las garras de la prevaricación, el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias, nadie burla su largo etcétera.
El fantasma del fraude cabalga de nuevo, pero sus rasgos presentan sutiles diferencias con los desfalcos de la década de los ochenta y noventa. Si Filesa, Naseiro o Casinos se urdieron para financiar al PSOE, PP y CiU, respectivamente, los nuevos corruptos pretenden llenarse los bolsillos.
Aunque España no tiene una corrupción masiva, el 'todos roban' y el 'son unos mangantes' se escucha a diario. Para el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, la paradoja española es que, mientras muy pocos españoles declaran tener una experiencia directa con la corrupción, un alto porcentaje considera que está creciendo (un 48%) y una abrumadora mayoría opina que afecta "muy significativamente" a la vida política (un 66%).
Las expertas Betty A. Dobratz y Stephanie Whitfield alegan que, "aunque algunos podrían sugerir que idealmente los escándalos por sí solos pueden derribar gobiernos", los electores tienen en mente más de una cuestión a la hora de depositar su papeleta.
En cualquier caso, las naciones latinas son más permisivas con esta plaga. Incluso "se admira al pillo y al que mejor defrauda", apostilla Jesús Lizcano, presidente de TI. Ésta puede ser la razón por la que las urnas acostumbran a perdonar a los implicados. IUL
* Informativos Telecinco - 24.05.10
Foto: La operación Malaya destapó la caja de Pandora. En la imagen, Juan Antonio Roca sale de un furgón de la Guardia Civil (archivo) - telecinco.es
Dos hoteles amenazan uno de los últimos paraísos andaluces
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PÚBLICO/Cádiz* : La empresa sevillana Chival Promociones prevé la construcción de dos hoteles de cuatro y cinco estrellas a unos 500 metros de la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz, 13.000 habitantes), una de las pocas del litoral andaluz libres de la invasión masiva del ladrillo. La Plataforma Contra el Macroproyecto Hotelero en El Palmar (PELP), articulada en torno a turistas y grupos ecologistas, suma ya más de 67.000 adhesiones.
El proyecto cuenta con el apoyo expreso del ayuntamiento y la Junta de Andalucía, pese a que supondrá la pérdida del carácter único de El Palmar, una playa casi virgen, excepcional en un litoral andaluz masificado. "Cumplimos los trámites y tenemos los avales legales. Es un proyecto de turismo de excelencia y creará 150 empleos directos", afirma el alcalde de Vejer, Antonio Verdú (PSOE).
En unas recientes declaraciones, Verdú afirmó que El Palmar no debía quedar para un turismo de "bocadillo de mortadela". Sus palabras, que el alcalde denuncia que "se sacaron de contexto", retratan su interés por alejar el perfil de turista hippie que se asocia a la zona, en la antítesis del cliente ideal de resorts destinados para las rentas medias y alta.
Los portavoces locales de PP, José Ortiz, e Izquierda Unida, José Antonio Bello, también apoyan sin fisuras el proyecto. Incluso los detractores del mismo admiten que los vejeriegos, que sufren alrededor de un 30% de paro, respaldan la iniciativa. El regidor socialista no oculta que los hoteles serán puerta de entrada a otros proyectos mayores, e incluso afirma que servirá para frenar la proliferación de pequeñas construcciones ilegales, incluyendo chiringuitos y alojamientos piratas.
"Es de risa que ahora digan que los hoteles van a solucionar un problema que es culpa suya por no controlar el territorio", protesta Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción. "Esta zona es de los pocos paraísos que quedan. No la convirtamos en un calco de lo demás", añade. Sobre el empleo, Yllescas advierte: "Al final trabajarán pocos, sólo en verano y sin cualificación".
Paisaje protegido
PELP, que se presentará hoy en Sevilla, solicita a la Junta de Andalucía que declare la zona paisaje protegido y que emita, por tanto, un informe de impacto ambiental. La sevillana Chival, que asumió el proyecto el año pasado tras abandonarlo la promotora Riera Marsá en concurso de acreedores, ya ha depositado 180.000 euros en el ayuntamiento como aval, según confirman en la empresa. Pese a que el alcalde considera que las obras podrían comenzar antes de 2011, Chival evita dar fechas.
Juan Muñoz, presidente de Chival, y su hermano Fernando, apoderado, están imputados por cohecho en un auto de 2009 del juzgado 2 de Santa Fe en el marco del caso Alhendín. El juzgado investiga las irregularidades urbanísticas en el pueblo granadino, que provocaron la dimisión de los anteriores alcalde y concejal de Urbanismo (PP).
Fuentes de la máxima representación de Chival defienden la “inocencia” de ambos, desligan lo ocurrido de El Palmar y subrayan que han pedido el archivo de la causa. El alcalde de Vejer no ve motivos de recelo: “Aquí han llegado cumpliendo con todos los trámites”.
* Público - 24.05.10
Foto: El Palmar, una de las pocas playas salvajes que quedan en el litoral andaluz. - Laura león, publico.es
San Lorenzo aprueba un centro comercial en una zona protegida
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ELPAÍS/Madrid* : Una plataforma vecinal denuncia graves irregularidades en el proyecto. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PP) ha aprobado la construcción de un polígono comercial dentro del perímetro de la Cerca Histórica de Felipe II, en el denominado Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid en junio de 2006.
El Consistorio de este municipio, de 17.889 habitantes, ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización del sector SAU-2, que según la denuncia realizada por la Plataforma Ciudadana Escurialense consta de 440.000 metros cuadrados, "pese a que la ficha urbanística señala que el terreno mide 384.000 metros, por lo que creemos que se ha incluido suelo no urbanizable", explicó una de las portavoces de la plataforma, Magoga Piñas, que indicó que este territorio también está incluido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque de la Sierra de Guadarrama.
El "desfase" de la superficie promovida y "el incumplimiento" del decreto de la Comunidad por el que se declaró Bien de Interés Cultural, según la Plataforma, les han convencido para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de permitir el inicio de las obras."La declaración de un Bien de Interés Cultural prevalecerá sobre los planes y normas urbanísticas que afecten al inmueble, debiendo ajustarse dichos planes y normas a las resoluciones o bien si estaban vigentes ajustarse también mediante las modificaciones oportunas", recuerda la portavoz de la Plataforma, consciente de que el Plan Parcial referente al polígono fue aprobado antes de la declaración del Bien de Interés Cultural, "por lo que tendría que ser modificado y el proyecto de urbanización debería quedar en suspenso".
Para los miembros de la plataforma el acceso planteado a lo que denominan "un macrocentro comercial" implica también la destrucción de 11 metros de la cerca, "en clara contradicción con lo establecido en el decreto que lo protege, que prohíbe la eliminación de partes del bien".
No obstante, reconocen que los empresarios que promueven este proyecto se han visto obligados por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid a recuperar toda la Cerca, "que es muy importante", indica Magoga Piñas.
Por su parte, el concejal de Urbanismo y Comunicación, Gonzalo Cuesta, defendió la importancia de esta iniciativa urbanística, al tiempo que negó que esta promoción sea un centro comercial, tal y como denuncia el colectivo ciudadano: "Este proyecto tiene más de 10 años. Es vital para la economía local y no es un centro comercial, sino que hay zonas industriales, de ocio y talleres". Asimismo, negó que haya un desfase de superficie con respecto a lo previsto en el plan parcial.
Finalmente, restó importancia al hecho de que la empresa encargada del proyecto de reparcelación sea Arnaiz Consultores, cuyo propietario, Leopoldo Arnaiz, fue llamado a declarar por la fiscalía en relación al tamayazo en 2003, que impidió la formación de un Gobierno de coalición entre PSOE e IU en la Comunidad de Madrid. El nombre de Arnaiz apareció en la investigación que se seguía sobre Francisco Bravo y Francisco Vázquez, los empresarios que pagaron la habitación del hotel en el que se refugió el ex diputado tránsfuga del PSOE Eduardo Tamayo, y cuya traición impidió la investidura del entonces candidato socialista Rafael Simancas.
* ELPAIS.com - 24.05.10
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde monte Abantos - madridiario.es
Argentina: En La Plata y aquí también
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PÁGINA12/Buenos Aires* : El plan tan rentable para destruir la ciudad de La Plata alzando edificios en altura en su casco histórico –que allá es el casco fundacional– está generando un verdadero escándalo político. La reunión de vecinos del fin de semana pasado reunió a 150 personas frente al Teatro Argentino, que se constituyeron en el núcleo de una futura ONG por el patrimonio. El modo en que se aprobó la ordenanza que permite demoler todo también creó su escándalo. Como fue aprobada sobre tablas, sin debate ni estudios públicos, y como revierte completamente un sistema que baja las alturas en el centro, la movida huele a negocio.
Los bloques de oposición están furibundos con uno de los ediles que entró al recinto y dio quórum para tratar el tema. Varios de sus colegas lo describen con lenguaje irreproducible como un idiota terminal, otros varios como un vivo excesivo, también en lenguaje no apto para la página.
Mientras, en Ciudad Gótica, ya se nota la parálisis de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura porteña. El cuerpo sigue votando proyectos de patrimonio que llevan la firma de Teresa de Anchorena, que dejó la asamblea ya en diciembre. Y no hay nada más que tratar, porque la comisión todavía no envió ni un proyecto en lo que va del año. Nada, zilch, niets. Lo que hace muy felices a enemigos del patrimonio como Silvina Pedreira y Alvaro Gómez, de la Comisión de Planeamiento, claramente dedicada a representar a los intereses económicos de los depredadores y no al pueblo porteño que los votó. Lo mismo que hace el Ejecutivo porteño desde la Dirección General de Interpretación Urbanística, obviamente a cargo de un gran actor. Resulta que ese ente tiene el encargo de girar a la Legislatura los expedientes que el CAAP –el Consejo Asesor en Asuntos de Patrimonio– considere a preservar. Ya son más de 600, pero la Dirección General se hace la sueca y no envió siquiera uno. El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, ya se interesó en el asunto y va a preguntarle al Ejecutivo las razones de la larga siesta de su director general cuando se trata de patrimonio.
* Página 12 - 22.05.10
Foto: La Plata (Argentina) - diariohoy.net
Lanzarote: La isla tendrá una asociación contra la corrupción
LAPROVINCIA* : El próximo martes, 25 de mayo, coincidiendo con el primer aniversario de la operación Unión, se presentará en el hotel Lancelot de Arrecife, a partir de las 20.00 horas, una nueva asociación en Lanzarote denominada Transparencia Urbanística. Después de este acto se desarrollará una mesa redonda bajo el título de Cómo afecta la corrupción al bolsillo de los ciudadanos, en la que intervendrán David Hammerstein, ex eurodiputado de Los Verdes, Jesús Lizcano, de Transparencia Internacional-España, y Enrique Climent, de Abusos Urbanísticos No.
La lucha contra la corrupción y sus estrechos vínculos con el urbanismo salvaje, así como la promoción de un modelo de desarrollo sostenible, han inspirado la creación de Transparencia Urbanística, una asociación cuyo ámbito territorial abarcará también a toda Canarias.
Según los promotores de esta asociación las personas implicadas en el proyecto llevan años de lucha en el ámbito del territorio, el urbanismo y el medio ambiente.
Según Transparencia Urbanística sus objetivos se resumen "en la prevención y lucha contra las diversas formas de corrupción en el ámbito de la ordenación y gestión territorial, urbanística y de los recursos naturales, recopilando información sobre supuestos concretos, poniéndola en conocimiento de los poderes públicos y de los ciudadanos, promoviendo la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción, y movilizando a la sociedad civil".
* La Provincia - 22.05.10
No a la requalificació del Miniestadi - Informe assemblea 22 d'abril
COORDINADORA d’AAVV* : L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat el tràmit administratiu per a requalificar el Miniestadi mitjançant una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) fet a la mida del demandant (el Sr. Laporta en nom del Barça) sense fer cas de la llei que mana la conservació dels equipaments i zones verdes de la ciutat. Hem entrat en el procés de rebatre la MPGM mitjançant arguments legals i en el tribunal de justícia que correspongui, i per això ja hem presentat les al·legacions a l’ajuntament.
La representat de l’AA VV del barri de Gràcia ens va explicar que ells van guanyar davant dels tribunals el cas de la requalificació dels terrenys de la clínica Quirón, evitant que si facin pisos i mantenint-ho com a equipaments pel barri. Com a primícia ens va explicar que han presentat l’expedient a la FISCALIA ANTICORRUPCIÓ perquè obri una investigació i que els hi han admès a tràmit, cosa gens fàcil. Els propers dies en sentirem a parlar. Aquest cas també l’està portant el nostre advocat Eduard Moreno.
Com podeu veure, RES ESTÀ FET, encara que voldrien que ens desaniméssim, cada vegada hi ha més motius per pensar que no ho aconseguiran i que ELS EQUIPAMENTS SEGUIRAN AL BARRI, perquè, tal com va dir el representant de la FAVB , aquest projecte té molts punts febles
Així les coses, i sabent que la via judicial és llarga, ens cal pensar en una organització a curt i llarg termini per assegurar mitjans informatius i econòmics corresponents a la nova etapa. De moment ens sembla important mantenir setmanalment la taula informativa, impulsar la venda de motxilles que vam iniciar a l’assemblea i la difusió de la nostra reivindicació ciutadana en tots els àmbits de la societat: entitats culturals, revistes, diaris, escoles, associacions, universitats,etc
És per això que demanem la vostra col·laboració. Ens reunim cada dilluns al local de la Travessera de les Corts 94 a les 19,30h i voldríem comptar amb la vostra presencia i els vostres suggeriments.
Si ens envieu un mail amb el text PARTICIPAR us afegirem a la llista de les persones convocades a les reunions de treball.
Moltes gràcies pel vostre interès i fins aviat.
* Coordinadora d’AA VV i Entitats de Les Corts - maig 14, 2010
Foto: Barcelona, Coordinadora d’AA VV
Juzgan al alcalde de Villanueva del Trabuco por prevaricación urbanística
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ELMUNDO/Málaga* : El alcalde de la localidad de Villanueva del Trabuco, Antonio Vegas, se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de ocho años de inhabilitación para cargo público por conceder mediante decreto licencia de obra en suelo no urbanizable sin que se hubiesen realizado informes técnicos y sin tener en cuenta el procedimiento. El juicio, que fue aplazado en diciembre de 2009, está previsto en el Juzgado de lo Penal nº1 de la capital este lunes día 24 de mayo. Según las conclusiones provisionales del fiscal, el acusado, como alcalde, acordó en abril de 1999 un decreto de concesión a un particular de un permiso para construir una nueva vivienda.
La acusación destaca en el documento que la concesión de la licencia se produjo el mismo día en el que se había solicitado por parte del particular "sin que se hubiesen realizado los preceptivos informes técnicos, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo".
Además, según el ministerio fiscal en su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, la autorización se produjo "sin exigencia del preceptivo proyecto técnico visado ni proyecto de actuación, por tratarse de terreno calificado de suelo no urbanizable".
Para la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga se trata de un delito de prevaricación urbanística por el que solicita una pena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 12 meses con cuota diaria de 15 euros, lo que supone el pago de 5.400 euros.
Asimismo, se indica que se proceda a declarar la nulidad de la licencia otorgada por "permitir contra la legislación urbanística una construcción en suelo no urbanizable fuera de los supuestos autorizados y por infringir por omisión el exigible y preceptivo procedimiento. Este alcalde también tiene otro procedimiento similar, en el que se pide la misma pena de inhabilitación, al acusarlo el fiscal de conceder una licencia para construir en suelo no urbanizable de especial protección sin informes y sin seguir el procedimiento. Este juicio está previsto para la próxima semana en Penal 10.
* El Mundo - EP. - 23.05.10
Foto: Villanueva del Trabuco (Málaga) - esp.andalucia.com
La muralla de Xàtiva se cae a trozos
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LEVANTE/Valencia* : El tramo de la muralla de Levante que conecta la Torre del Sol con el castillo menor de Xàtiva se está deshaciendo. Su precario estado de conservación es aún más evidente después de las tareas de limpieza llevadas a cabo en sus inmediaciones. La eliminación de algunos árboles y los matorrales que escondían la edificación permite observar ahora que varios tramos amenazan con desplomarse de un momento a otro.
Los expertos han advertido hace meses en sus informes la situación de "ruina inminente" de un lienzo que hunde sus raíces en la época de dominación musulmana, en concreto de la última etapa almohade, a mediados del siglo XIII, cuando la presión de las milicias cristianas obligó a reforzar los recintos amurallados.
La arquitectura militar almohade empleaba el sillarejo y la arena prensada recubierta de una costra de argamasa de mortero a base de cal y piedras. Esta cubierta es la que parece que ha desaparecido en algunos tramos de las murallas de Levante de Xàtiva. Particularmente delicado es el estado del tramo que enlaza uno de los torreones, recuperado años atrás, con el siguiente torreón, en el que se practicó un agujero para poder acceder a la otra parte de la muralla.
Los expertos consultados han resaltado que, precisamente, este torreón, que da al aparcamiento del castillo, tiene gran interés. Los especialistas lo consideran un "falso torreón" porque que su función, más que de vigilancia -que también-, era la de la resguardar la escalera que permitía salvar los desniveles. En este sentido, son un "testimonio" de cómo eran los pasos de ronda y la actividad militar en estos complejos amurallados. Todavía puede salvarse porque quedan restos de la escalera que permitía recorrer la muralla.
Desplome en octubre por la lluvia
Las lluvias de otoño causaron el desplome de una tramo de muralla del castillo que pertenece a la misma época, la almohade, que la que amenaza con desplomarse en el exterior de la fortaleza.
* Levante-emv - 20.05.10
Foto: La muralla de Xàtiva se cae a trozos - f. albero, levante-emv.com
La jueza anula la adjudicación del centro comercial de Santa Brígida
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Las Palmas, Esperanza Ramírez, ha anulado el contrato de adjudicación de la obra del centro comercial y de ocio de Santa Brígida, actualmente paralizado por otra sentencia judicial y obliga al Ayuntamiento a retrotraerse a 2003, cuando la obra fue otorgada a una UTE. Además, el inmueble está a la espera de un recurso en el Tribunal Supremo y todo el lío judicial que lo envuelve podría acabar con su demolición y con la indemnización de la empresa que la construía, dijeron fuentes municipales.
La sentencia declara "la nulidad del contrato de adjudicación en favor de la UTE y de cuanto se haya desarrollado y/o ejecutado de dicho acuerdo, como es la aprobación del proyecto de ejecución de obra y el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de concesión de la licencia de obra". El fallo señala que "la nulidad de la licencia derivaría de la propia nulidad de la Modificación de las Normas Subsidiarias" del Ayuntamiento de Santa Brígida, decretada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tras casi dos años parado, el edificio puede ser demolido y la UTE indemnizada.
La concejala de Urbanismo de Santa Brígida, Amalia Bosch, dijo ayer que "lo que hace la jueza es ordenar al Ayuntamiento que se pronuncie sobre la procedencia de revisar la licencia que dio en su día, pero no entra en el fondo". Bosch recordó que hay un recurso contra del centro en el Tribunal Supremo que puso un particular, "lo que nos ha impedido revisar y modificar las normas y tocar el planeamiento. Lo que tenemos que hacer es pedir una aclaración al Juzgado porque estamos paralizados por el Tribunal Supremo y no podemos tocar nada".
* La Provincia - 22.05.10
Foto: Santa Brígida (Gran Canaria), obras centro comercial (archivo) - laprovincia.es
El alcalde de Íscar declara por un presunto delito de prevaricación
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NORTECASTILLA/Valladolid* : El alcalde de Íscar, Alejandro García (PP), ha prestado declaración ante el Juzgado de Instrucción nº6 de Valladolid en relación con las diligencias abiertas por un presunto delito de prevaricación urbanística, consecuencia de la construcción de una nave en ese municipio, cuya licencia de obras fue anulada en el 2009. Según confirmaron fuentes judiciales, la investigación se inició tras la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso -Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, en la que ordenó la demolición de una nave industrial que había contado con la autorización del Consistorio.
A la vista del expediente, los tres magistrados del TSJ ordenaron remitir las actuaciones a la Fiscalía de Valladolid para que analizase si existía infracción penal. Tras admitir la denuncia, la jueza de Instrucción número 6 ha llamado a declarar a funcionarios y cargos políticos que intervinieron en la tramitación de esta licencia de obras.
Los hechos se remontan a febrero del 2006, cuando la Junta de Gobierno Local, presidida por Alejandro García, concedió a la entidad Alfonso y Gaspar Cabrero SA licencia para realizar trabajos de desescombro, demolición parcial y reconstrucción de una nave industrial. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 dio la razón a dos vecinos de Íscar, que con silencio administrativo municipal se opusieron a esta obra, y ordenó demoler la construcción.
Posteriormente, tras recurrir el Ayuntamiento de Íscar al TSJ, en enero del 2009, el tribunal confirmó el fallo de instancia afirmando que «se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido en la Ley de Urbanismo». El arquitecto municipal firmó un informe manuscrito el 28 de febrero del 2006, mientras que el acuerdo municipal para autorizar las obras a la empresa era de un día antes, del 27.
El TSJ aseguró en su fallo, que ahora investiga la jueza, que «no era cierto que la Junta de Gobierno Local adoptase su acuerdo vistos los informes obrantes en el expediente porque no había en esa fecha ninguno y la urgencia no está justificada».
El juez de lo Contencioso determinó además que las obras ejecutadas eran contrarias al planeamiento urbanístico, y «no se podían legalizar porque la superficie de la nave supera la permitida en las Normas Urbanísticas, no se respetan alineaciones y las obras exceden de las que pueden considerarse de reparación».
El TSJ concretó luego que la nave industrial reconstruida tenía una superficie de 4.230 metros cuadrados, lo que supera al espacio demolido. Además, dice el fallo que esta nave invade 442 metros cuadrados de la calle Cádiz y 643 más de la calle Málaga. La jueza llamará a declarar a más personas.
* El Norte de Castilla - 22.05.10
Foto: Íscar (Valladolid) - temadictos.com
El fiscal ve cohecho en la compra del piso del alcalde de La Nucia
ELPAÍS/Alicante* : El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, ha incoado un expediente gubernativo para esclarecer operaciones inmobiliarias y actuaciones urbanísticas del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP. Cabedo considera que los hechos denunciados por la asociación de vecinos de esta localidad pueden ser constitutivos de delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio y prevaricación.
Esta asociación puso en conocimiento de la fiscalía que Cano había comprado dos viviendas en Altea -una de ellas un ático dúplex de 247 metros- por 823.000 euros sin justificar el origen de 215.302 euros entregados al promotor, que además tenía intereses urbanísticos en la localidad. En el mismo edificio también compró otra vivienda la madre de Cano por importe de 303.502 euros, de los que no fueron justificados otros 87.396.
En este edificio, frente al Club Náutico de Altea, tienen en propiedad cinco pisos más Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme. Ambos desempeñan cargos de administración en las sociedades que actúan como agente urbanizador de los PAI de la Serreta y Pie de Monte, donde la trama corrupta del caso Gürtel intentó hacer negocio comprando un tercio de la mercantil urbanizadora. En la Serreta está prevista la construcción de 3.884 viviendas, mientras que Pie de Monte libera 400.000 metros cuadrados de techo en menos de un millón de metros de suelo.
Intereses urbanísticos
Las viviendas fueron compradas entre marzo de 2004 y finales de 2005, aunque no fueron escrituradas hasta el año pasado por los problemas legales del bloque de apartamentos con el Ayuntamiento de Altea. La promotora a la que Cano y su madre compraron las casas en Altea es la sociedad Rotja 2000 Promociones, SA, cuyos administradores son Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna, ambos con fuertes intereses urbanísticos en el municipio.
Los vecinos también denunciaron a fiscalía otras posibles irregularidades de la gestión de Bernabé Cano, entre ellas, la licencia para una gasolinera en suelo no apto urbanísticamente para proyectos industriales y la construcción de un edificio particular en suelo municipal de La Nucia. Cabedo ha remitido el expediente al fiscal jefe de Alicante para que continúe con el procedimiento.
* ELPAIS.com - 21.05.10
Foto: La Nucia - tagarinet
"Supersudaca": aprendiendo a conocer el urbanismo en Latinoamérica
UNIVERSIA* : Se trata de una iniciativa un grupo de arquitectos chilenos, peruanos, argentinos, uruguayos, bolivianos y un belga, que en su etapa de formación en Holanda, se dieron cuenta que había una importante falta de información entre sus pares y profesores de la urbanística de Latinoamérica. Fue entonces, cuales quijotes armados para la lucha, que decidieron formar esta agrupación.
Revisa las actividades universitarias en la Agenda Universia
Por los altoparlantes avisan que el vuelo con destino a Dubbai se ha retrasado. En este momento los pasajeros adquieren el gesto de resignación de toda persona en espera. Ajenos a esta incomodidad, un grupo de arquitectos investigadores prepara sus capas y lustra sus botines para participar de las reuniones anuales de los “Supersudacas”.
El ¿objetivo? dar a conocer a través de workshop, conferencias e investigaciones, la realidad arquitectónica y de urbanismo de los pueblos latinoamericanos. Uno de los integrantes de esta iniciativa es Juan Pablo Corvalan, con estudios en Arquitectura en la Ecole d’Ingénieurs de Genève en Suiza y master en el Berlage Institute, y académico de la Universidad Andrés Bello.
Luchar contra el anonimato
“Supersudacas”, cuenta el arquitecto, es un colectivo internacional de reflexión sobre arquitectura y urbanismo que explora las diversas posibilidades en territorios sudamericanos. Además establece una conexión entre la arquitectura latinoamericana y los proyectos de espacios recreativos y públicos e instalaciones turísticas en locaciones tan distantes como Caracas, Tokio, Lima, Pantanal, Buenos Aires, Rótterdam, Sydney, Curacao y Talca.
Una de las investigaciones realizadas por este grupo arquitectónico, por ejemplo, que está a punto de ser publicada en un libro, arroja los principales daños que el hombre ha realizado al Caribe debido a la sobrepoblación turística. Según Juan Pablo Cárdenas, el estudio determina el daño patrimonial y urbanístico que se ha dado en zonas como la Riviera Maya (México), cuyas ciudades se han gestado según las necesidades turísticas, pero no son sustentables.
De acuerdo al arquitecto, en este tipo de lugares no hay colegios, ni hospitales y menos vertederos para acopiar la basura que produce la actividad turística. Más aún, cuando pierden el foco de atención del turista, simplemente son abandonadas para dar paso al surgimiento de otros espacios dependientes a esta actividad económica generando un problema de urbanismo imposible de resolver.
Otro tema que se explora en esta investigación es la industria del crucero. Las llamadas ciudades flotantes transforman a los cascos históricos caribeños en verdaderas paradas temáticas y de shopping. Por esta razón, esta iniciativa arquitectónica apuesta a repensar el territorio Latinoamericano y el turismo de manera sustentable.
Para desarrollar estos proyectos, “Supersudaca” cuenta con el apoyo de la fundación Prince Claus Funds, a través del programa Network Partnership stimuleringsfonds de Holanda. El viaje a Dubai y Emiratos Árabes, en tanto, tuvo como principal objetivo abordar temas como investigaciones enfocadas en la urbanidad de Emiratos Árabes post crisis y elegir a los próximos miembros del panel que continuará difundiendo por el mundo parte de la cultura arquitectónica Latinoamericana.
Fuente: Universidad Andrés Bello
* Universia - RR - 18.05.10
El tribunal del 'caso Malaya' sienta en el banquillo a 95 procesados
ELPAÍS/Málaga* : La Audiencia de Málaga resolvió el pasado miércoles una de las últimas incógnitas que quedaban por despejar del famoso caso Malaya contra la corrupción marbellí: la fecha del juicio. El próximo 27 de septiembre, a las 10.00, el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y otros 94 procesados se sentarán en el banquillo por el caso de corrupción municipal más famoso del país. Junto al ex asesor de Urbanismo, acusado de amasar ilegalmente un patrimonio valorado en al menos 50 millones de euros, están citados tres ex alcaldes de Marbella, concejales de diferentes formaciones, empresarios y abogados.
La vista tendrá tres ausentes huidos de la justicia (los ex concejales marbellíes Carlos Fernández y Javier Lendínez, y el empresario Carlos Llorca). Además, en los cuatro años largos que han transcurrido desde que se desató la operación policial han fallecido tres imputados: el ex edil Victoriano Rodríguez y los empresarios Emilio Rodríguez Bugallo y Eduardo Ramírez.
En un auto, notificado ayer, la Sección Primera de la Audiencia sobresee la acusación contra el policía local marbellí Alfonso Mendoza Bellido. El agente estaba acusado, junto a un policía nacional y un guardia civil cuyas imputaciones también han sido archivadas, de comprobar las matrículas de vehículos que seguían a Roca en las bases de datos para ver si estaba siendo objeto de vigilancias policiales.
Entre los que sí irán a juicio figuran ex concejales, como Marisol Yagüe, Julián Muñoz o Isabel García Marcos, que supuestamente avalaban decisiones urbanísticas irregulares al tiempo que se llenaban los bolsillos con sobres de dinero negro que les proporcionaba Roca.
También están los testaferros -generalmente abogados y economistas como Manuel Sánchez Zubizarreta o Montserrat Corulla- que gestionaban y ocultaban los bienes de Roca en una tupida maraña societaria.
Otro grupo lo componen los promotores inmobiliarios, como José Ávila Rojas, o los directivos de Aifos, acusados de pagar sobornos para obtener licencias de obra y jugosos convenios urbanísticos. En la nómina de procesados también figuran proveedores de bienes como obras de arte, relojes de lujo, o billetes de lotería premiados que supuestamente permitían a Roca blanquear sus ganancias ilícitas.
La vista durará un año aproximadamente, según la Audiencia, y dada su magnitud tendrá prioridad sobre otras causas que se enjuician ahora en la Ciudad de la Justicia malagueña, como el caso Minutas y Ballena Blanca.
Para que celebre el juicio se han tenido que hacer algunos cambios sobre el procedimiento habitual. A partir de hoy, el fiscal y las acusaciones particulares -Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado- disponen de 30 días para presentar sus escritos de calificación. Posteriormente, las defensas de los 95 procesados contarán con un periodo similar para entregar sus escritos de defensa.
"Si los plazos fuesen sucesivos exigirían 10 años para la instrucción y 10 años para la calificación (30 días por 116 partes para instrucción y otros tantos para calificación)", explica el auto, un tiempo "disparatado e inasumible" por el tribunal. El trámite habitual es que se determine la fecha de juicio después de que las partes hayan presentado sus escritos de acusación y defensa. Sin embargo, en esta ocasión la sala adelanta este trámite al auto de apertura para que la pléyade de abogados "no tenga cubierta sus agendas con otros señalamientos".
30 causas derivadas
Los flecos se investigarán por separado. Al mismo tiempo que la Audiencia Provincial ha acordado la fecha en la que arrancará el juicio por el
caso Malaya
ha decidido hacer caso a las peticiones del Ministerio Fiscal para que se abran una treintena de nuevos procesos penales derivados del
caso Malaya,
tal y como reclamó el delegado de la Fiscalía Anticorrupción Juan Carlos López Caballero en su escrito de conclusión del sumario. Esas investigaciones abordarán la actividad de varios empresarios y marchantes de arte que tenían negocios con Juan Antonio Roca; más de una veintena de operaciones urbanísticas en las que supuestamente hubo pagos a Roca y que, sin embargo, no habían sido aún denunciadas en los tribunales; o las pesquisas sobre una "subred de blanqueo" en los que estarían implicados familiares de Jesús Gil, entre otras. López Caballero también pidió que se investigara un presunto delito de alzamiento de bienes contra Óscar Benavente, presunto testaferro de Roca, por la transmisión de una vivienda cuando ya había arrancado el caso.
Cronología del caso
- Noviembre 2005. El juez Miguel Ángel Torres abre las diligencias de investigación.
- 29 de marzo de 2006. Primera fase. Una veintena de detenidos, entre ellos, el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca; la alcaldesa, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; siete abogados y una decena de empresarios.
- 1 de abril de 2006. Juan Antonio Roca ingresa en prisión.
- 7 de abril de 2006. Disolución del Ayuntamiento de Marbella.
- 27 de junio de 2006. Segunda fase. Una treintena de detenidos, entre ellos el alcalde en funciones, el ex futbolista Tomás Reñones, una decena de ediles del GIL, promotores inmobiliarios y empresarios.
- 19 de julio de 2006. Tercera fase. Detienen al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a directivos de la promotora Aifos. La esposa de Muñoz, Mayte Zaldívar, su hermano y el director de una sucursal bancaria serán detenidos meses después.
- 14 de marzo de 2007. Cuarta fase. Detenidos familiares de Juan Antonio Roca: su esposa María Rosa Jimeno, su hija, María Roca y el cuñado Antonio Jimeno.
- 1 de mayo de 2007. Detenidos Pedro Román y su hija.
- 3 de mayo 2007. Arrestan a la tonadillera Isabel Pantoja.
- Julio de 2007. Primer auto de procesamiento, con 86 imputados.
- Marzo de 2009. 17 nuevos imputados.
- Enero de 2010. Cierre del sumario.
- Febrero de 2010. La Audiencia resuelve los recursos contra los autos de procesamiento.
- Mayo de 2010. La Audiencia abre juicio oral por el caso Malaya. El tribunal decide sentar en el banquillo a 95 procesados y fija el juicio para el 27 de septiembre.
* ELPAIS.com - 21.05.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
Cabanas: El Superior ordena al Concello derribar la primera fase de O Penso antes de 2012
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordena al Concello de Cabanas a derribar la primera fase del edificio O Penso, también conocido como Elpidio, antes del 31 de diciembre de 2011. El auto emitido el pasado treinta de abril acepta el plan de etapas para la ejecución del derribo presentado por la Administración local y le obliga a cumplir con la sentencia del año 1996, confirmada en 2001, por la que el Ejecutivo tiene que demoler la primera fase de este inmueble por incumplir la normativa urbanística del municipio.
Además, el TSXG le obliga a que informe de forma periódica sobre su evolución, "con certificación de las unidades de obra demolidas y documentación gráfica" en las primeras semanas de los meses de julio y octubre de este año; en febrero, junio y octubre de 2011, "así como en la semana siguiente a su demolición".
También advierte de que el incumplimiento de estos plazos informativos conllevará una multa de 1.200.000 euros al alcalde, Germán Castrillón Permuy, "multa que se le impondrá por igual importe si no cumple con la demolición antes del 31 de diciembre de 2011".
El auto señala que el Ayuntamiento ha adjudicado las obras de demolición a la empresa Applus Norcontrol S.I.U pero el concejal de Iniciativa Veciñal Cabanesa (IVC), Juan María Campos, asegura que por el momento los trabajos para demoler la primera fase de este edificio no han comenzado. Ya a principios del pasado mes de abril, el grupo mixto, integrado por el Partido Socialista e IVC, denunció que el Gobierno local no había previsto en los presupuestos municipales de 2010 una cantidad de dinero para realizar el derribo.
El grupo mixto de Cabanas condenó la actuación de la Alcaldía "por su implicación en el proyecto de ejecución de las sentencias, tratando de burlar a la Justicia con estudios y alternativas de reposición inasumibles por ser la sentencia firme".
* La Opinión Coruña - 22.05.10
Foto: Fachada principal del edificio Elpidio, también conocido como O Penso. / la opinión
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