ELCORREO/Vitoria* : El viceconsejero de Cultura del anterior Gobierno Vasco presidido por el ex lehendakari Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga, se suma a las diez personas imputadas en el caso de corrupción urbanística que investiga un Juzgado de Vitoria. Según han desvelado fuentes jurídicas, éste es el único de los once acusados al que el titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Vitoria, Roberto Ramos, no ha podido tomar declaración ya que se encuentra fuera de España, y no tiene previsto regresar hasta principios de junio. Este juzgado ha decidido hoy levantar el secreto del sumario tras dos meses de investigación.
Hasta ahora se conocía la imputación de ocho personas vinculadas al PNV, pero con el levantamiento del secreto sobre las actuaciones se ha desvelado que también están procesados el que fuera presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco en la anterior legislatura, Julián Sánchez Alegría, así como una empleada de esta red, Miren Bilbao, además del ex viceconsejero Gurutz Larrañaga.
Larrañaga fue viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes desde julio de 2003, es decir en la última parte de la segunda legislatura de Ibarretxe, y continuó en la Viceconsejería hasta hace un año, cuando fue cesado al llegar los socialistas al Ejecutivo.
También fue concejal del PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián entre 1991 y 2003, encargado de Cultura y Promoción Económica.
Otro de los nuevos nombres acusados de pertenecer a esta presunta trama es el ex responsable de la red de parques tecnológicos durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe, Julián Sánchez Alegría, cuya relación con la trama dedicada presuntamente al cobro de comisiones ilegales podría situarse en delitos cometidos como apoderado en las contrataciones que se hicieron durante el proceso de ampliación del parque tecnológico alavés de Miñano, en el que se han centrado las pesquisas judiciales.
Además está imputada Miren Bilbao Larrauri, empleada de la red de parques tecnológicos vascos que dirigía Julián Sánchez Alegría.
Los tres se suman a las ocho personas, vinculadas al PNV, que fueron arrestadas el pasado 17 de marzo, a raíz de la investigación puesta en marcha por la Fiscalía de Vitoria, entre los que destaca el ex diputado foral de Administración Local y ex vicepresidente segundo de la Caja Vital, Alfredo de Miguel.
Otros dos acusados son el ex director del Parque Tecnológico de Álava y ex asesor del Tribunal Vasco de Cuentas, Alfonso Arriola, y el ex concejal del PNV en Vitoria y ex procurador de las Juntas Generales, Aitor Tellería.
También están imputados la mujer de Alfredo de Miguel, Ainhoa Bilbao; la esposa de Aitor Tellería, Araceli Bajo; Koldo Otxandiano, ex director gerente del instituto foral de Bienestar Social; su mujer, Iratxe Gaztelu, que fue candidata del PNV al Parlamento en las últimas elecciones autonómicas y el empresario de la construcción Iñaki Etxaburu.
Las investigaciones desarrolladas durante los dos últimos meses han ampliado también el número de delitos que se imputan a estas personas, ya que además de los de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se les acusa de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental en documentos públicos, privados o mercantiles y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
Las mismas fuentes jurídicas han precisado, no obstante, que los imputados no están acusados de la comisión de todos y cada uno de dichos delitos y que éstos podrían ampliarse tras las diligencias de investigación que se siguen practicando.
Además de la toma de declaración a diez de los once imputados, ya que Gurutz Larrañaga no está en España, han declarado como testigos once personas.
Junto a sus testimonios, la investigación se ha ampliado con el análisis de abundante documentación que el Juzgado ha solicitado y obtenido de diversas instituciones públicas y privadas.
Por parte del Gobierno Vasco se ha recibido documentación del Registro Oficial de Contratistas, los departamentos de Cultura y Hacienda, y de la Oficina de Control Económico del Departamento de Administración Pública.
También las diputaciones de Álava y Vizcaya, el Parque Tecnológico de Álava, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los registros mercantiles y de la propiedad de diversas localidades, así como distintas entidades bancarias, han enviado documentos al juzgado instructor.
El Juez sigue analizando esta documentación, así como las evidencias informáticas obtenidas por parte de peritos expertos en la materia y economistas de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza para elaborar los correspondientes informes periciales.
El ABB del PNV se felicita
El Araba Buru Batzar de EAJ-PNV, a través de su presidente Iñaki Gerenabarrena, ha manifestado hoy su satisfacción por el levantamiento del secreto de sumario del caso que así "permitirá acabar con los juicios paralelos".
El ABB recordó que durante los dos meses en los que han permanecido bajo secreto los datos contenidos en el sumario, el PNV solicitó "de manera reiterada, la salida a la luz de los hechos" que llevaron a la detención de los imputados, el pasado 17 de marzo, y su posterior puesta en libertad sin fianza.
Por último, explicó que el ABB analizará "en profundidad" los datos que pueda recabar para "ofrecer una valoración basada en el conocimiento real y no en la especulación".
* El Correo Digital - 14.05.10
Foto: Vitoria, sede gobierno vasco - euskadi.net
País Vasco: El juez imputa al ex viceconsejero, Gurutz Larrañaga, a Julián Sánchez Alegría y a Miren Bilbao
Mallorca: Las demoliciones eternas
DIARIODEMALLORCA* : La maraña de intereses opuestos formada por posturas vecinales, resoluciones administrativas y sentencias judiciales que ha puesto de manifiesto en las últimas semanas la situación del puente elevado sobre el Riuet de Porto Cristo –sobre el que pesa una orden de demolición del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB)– no es una excepción en el escenario urbanístico de la isla, salpicado de episodios de derribos que se eternizan en el tiempo.
Son casos como el de las viviendas de Llucalcari (municipio de Deià), cuyo origen se remonta a principios de la década de los ochenta y que tienen una superficie de entre 300 y 500 metros cuadrados. Su ilegalidad la ratificó el TSJB en 1999 y la selló el Tribunal Supremo en 2006. A día de hoy, el proyecto de derribo se encuentra en la fase de redacción, como explicó ayer el alcalde de Deià, Jaume Crespí (PP).
Crespí detalló que el coste calculado de la operación, que ha de salir aún a licitación, ascenderá a unos 600.000 euros, que serán sufragados a partes iguales por tres administraciones públicas, Govern, Consell de Mallorca y ayuntamiento de Deià. Precisamente, el elevado coste de este tipo de operaciones de derribo complica su ejecución final, que en ocasiones quedan a expensas de que las instituciones públicas se entiendan entre sí.
En el caso de Porto Cristo, fuentes del sector de la construcción han cifrado en más de un millón de euros el coste que supondría la demolición, una cantidad semejante a lo que costó construir el puente, por lo que se evidencia el perjuicio de estos pleitos para las arcas públicas. El dinero gastado en la infraestructura –un vial de 7,5 metros de altura y 11 de ancho inaugurado en el año 2004– es uno de los argumentos que emplean vecinos de Porto Cristo para oponerse al derribo, a diferencia de los residentes afectados por la construcción, que respaldan la medida. El problema de la financiación afectaría también, en el caso de que finalmente se llegue a materializar el derribo, a uno de los ejemplos paradigmáticos del desarrollismo mallorquín, la urbanización inacabada de Torre Marina de ses Covetes, con 68 viviendas, en el municipio de Campos.
A falta de una sentencia definitiva –la última palabra está en manos del Tribunal Supremo, que tiene pendiente pronunciarse acerca de dos recursos–, el Consell de Mallorca ya ha redactado el proyecto de derribo, pero, como reconocieron en su día desde la institución insular, una de las claves a resolver reside en el alto presupuesto económico que requeriría. Estas operaciones no sólo conllevan la eliminación física de los inmuebles, sino también la reconstrucción del paisaje a su estado original, lo que encarece el coste.
En el litoral campaner, el esqueleto de cemento de ses Covetes se yergue todavía a pocos metros de la costa, pese a ser un litigio que data de mediados de la década de los noventa. En este tiempo, ha dado lugar a una quincena de resoluciones judiciales, demostrando que las demoliciones quedan atascadas frecuentemente entre los pasillos de la administración de justicia. De hecho, en el episodio del puente elevado de Porto Cristo, puede ser que no se haya dicho la última palabra. La sala de lo Contencioso–Administrativo de Balears del TSJB confirmó que el Ayuntamiento debía encargarse de la demolición "completa" de la infraestructura. Sin embargo, el Consistorio se plantea presentar en los próximos meses un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), por lo que, tal vez, el recorrido del litigio se alargue aún más.
El TSJB insta al alcalde de Manacor, Antoni Pastor (PP), a que, antes del uno de octubre de este año, acredite el inicio de las obras de demolición. En caso contrario, el alcalde se puede exponer a una situación como la que han vivido otros responsables municipales de la isla. Como el de Santa Margalida, Martí Àngel Torres (PP), y el de Deià, Jaume Crespí. A este último, el TSJB le impuso una multa de 600 euros mensuales por no haber dado cumplimiento a la sentencia. Crespí pagó la sanción durante tres meses y ahora espera que le devuelvan lo pagado, porque argumenta que ha quedado acreditado que ha tenido diligencia en acatar la resolución judicial.
* Diario de Mallorca - 14.05.10
Foto: diariodemallorca.es
Ribas de Sil: Un monasterio abandonado
LAVOZ/Ourense* : A finales de los años ochenta del pasado siglo comenzó su restauración, que fue pionera en su procedimiento. Unos años antes, en 1982, se inició la declaración del monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil como monumento histórico-artístico, aunque hubo que esperar al año 2007 para que la Xunta iniciase la incoación del expediente para declararlo bien de interés cultural (BIC). A pesar de conseguir tres años después este reconocimiento, esta joya monástica situada en el cañón del Sil es presa del abandono.
La señalización que indica al visitante que ha llegado al monumento está emborronada. El acceso en rampa es peligroso para el público. Al llegar al claustro, una pintada en negro, con una fecha y los nombres «Gema Nico», mancha la piedra. Los paneles interpretativos del claustro tampoco están enteros, pues a uno le falta la lámina en color que daba datos sobre tan singular edificio y en su lugar se leía, hasta que lo denunció La Voz, «espírito da natureza» , escrito con bolígrafo o rotulador. Esta pequeña limpieza la hizo el alcalde.
En las pasarelas que permiten ver el claustro hay goteras, y en el suelo de las estancias inferiores, rastros de hogueras. Las maderas de las pasarelas tienen nombres de personas grabados con objetos punzantes. Varios cristales están dañados. En dos habitáculos de la planta baja quedan restos de pintura mural que se están estropeando, pues se han caído trozos de policromía y de cal. La puerta de acceso al campanario está forzada y rota, por lo que ascender por la escalera de madera puede resultar un peligro.
En la iglesia, hay tejas en mal estado y la vegetación crece en los huecos de campanas. De estos instrumentos hubo uno y fue robado. En su día fueron robadas laudas sepulcrales. Y no hace muchos meses, a este nuevo BIC le tuvieron que levantar de nuevo un muro que sostiene el terreno sobre el que se levanta en medio de una impresionante ladera.
El alcalde de Parada de Sil, Francisco Magide, quiere intervenir para atender el monumento y protegerlo del gamberrismo, pero el BIC tiene dueños. El Obispado de Ourense conserva la iglesia, cuyas puertas fueron forzadas varias veces. Y el claustro es de al menos cinco propietarios privados. Santa Cristina recibe al año unas 25.000 visitas. Magide lo dice claro: «Eu xa non podo facer máis. Temos un proxecto de mellora do entorno, queremos poñer unha persoa para limpeza e atender aos visitantes cobrando un euro a cambio dun folleto e ter audioguías». Nada se puede hacer mientras no cedan al Concello el monumento.
La profesora Yolanda Barriocanal, de la Universidade de Vigo, acercó al público la mejor guía sobre Santa Cristina. El pasado año, el joven investigador Víctor Rodríguez presentó un trabajo que permite conocer la vida del cenobio porque transcribió del latín los 129 documentos que se conservan de los años 876 al 1515. Son las luces y las sombras de un monumento que no puede seguir así.
* La Voz de Galicia - 12.03.10
Foto: El abandono al que se ve sometido el monumento provoca que la puerta de acceso al campanario esté reventada y destrozada, permitiendo el acceso a un lugar de riesgo por la altura que tiene - lavozdegalicia.es
Barcelona: La opción C de la Diagonal gana peso en centros de votación de toda la ciudad
ELPERIÓDICO* : La opción «ninguna» (ni bulevar ni rambla) se consolida como la gran favorita de los electores en la tercera jornada de votación para la reforma de la avenida Diagonal. La muestra realizada por EL PERIÓDICO ayer con otros 100 participantes otorgó 82 votos a la opción de no reformar la Diagonal (la llamada C), 14 a los defensores de la opción A (bulevar) y solo 4 para quienes reinvindican la opción B (rambla). En total, y tras tres días de recuento, ya son 228 los votos en contra del cambio, frente a 52 defensores del bulevar y 20 de la rambla.
La mayoría de quienes rechazaron la reforma de la Diagonal ayer siguen repitiendo las mismas tesis de los dos primeros días de votación: se trata de una inversión injustificada en tiempos de crisis y un dispendio de recursos necesarios para otros asuntos sociales. Otra parte de los consultados también considera que la reforma, tal como ha sido propuesta, ocasionará un gran caos viario en el resto de la ciudad y que el Eixample no podrá absorber la gran cantidad de coches que dejarán de circular por la avenida.
Ayer, tras el impacto de las medidas de ajuste anunciadas por el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, gran parte de los consultados destacaron que la reforma contradice las medidas de austeridad que comenzará a exigir el gobierno español a las administraciones autonómicas y locales. «Con la que está cayendo, el propio ayuntamiento debería ser más sensato y retirar su propuesta», comentó un votante ayer en la biblioteca Jaume Fuster de Gràcia.
Los centros de votación volvieron a mostrar una asistencia muy desigual durante la tercera jornada, afectada por algunas horas de llovizna. Mientras los puntos más céntricos como el cruce entre la Diagonal y el paseo de Gràcia y el de Portal de l’Àngel y la plaza de Catalunya tenían colas, otros como el Espai de Joves de Fontana, el Espai GG de la Esquerra del Eixample o la biblioteca de la calle de Sant Pere més Baix no tenían electores.
INSISTENCIA / Los centros de votación a pie de calle volvieron a desplegar sus recursos para que los informadores convencieran a la gente para votar. Los informadores, muy jóvenes y algunos de ellos sobre patines, no suelen dejan escapar a los transeúntes que pasan frente de los centros. «¿Ya ha votado?». «Acérquese para que decida el futuro de la Diagonal», eran las consignas. La mayoría de los abordados argumentaban que no estaban empadronados o que ya habían votado y muy pocos accedían a las peticiones de los informadores.
Los votantes también se quejaron de la ausencia explícita de una opción C, que ha sido presentada como «ninguna de las anteriores». La mayoría cree que el ayuntamiento volverá a insistir con la idea de reformar la Diagonal pese a un previsible resultado desfavorable. Aunque la opción C no figure de forma explícita, la mayoría de los informadores aclaran que existe una tercera opción.
Los contrarios a la reforma también continúan cargando contra la idea de extender el tranvía a la parte central del vial y la mayoría se inclina hacia una opción de transporte público más masivo y eficiente como el metro o Rodalies.
VOTANTES INFORMADOS / Los electores presenciales suelen estar bien informados sobre las propuestas del ayuntamiento e incluso de los problemas que arrastra el tramo central de la avenida. Aunque otros también confunden conceptos en el momento de la votación. «Elegí la opción C porque me han dicho que incluye un túnel para el metro. Por arriba no deben hacer nada, tienen que dejarla como está. Y por debajo que pongan transporte público», explicó un votante en la biblioteca de la calle de Sant Pere.
La muestra de EL PERIÓDICO refleja los resultados de las votaciones a pie de urna, pero no contempla el proceso por internet.
* El Periódico - 13.05.10
Las irregularidades en el proceso encrespan la consulta de la Diagonal
La consulta sobre la transformación de la avenida Diagonal lleva camino de convertirse, si no lo es ya, en un sainete. La acumulación de fallos (técnicos y políticos), de irregularidades (supuestas y ciertas) junto con el papelón que protagonizó el alcalde Jordi Hereu tras su presuntamente frustrado intento de voto y su posterior presunta mentira (o no) dieron al tercer día de consulta un tinte trágico-cómico que, cuando se asiente, puede derivar, como vaticinó el líder municipal de Esquerra, Jordi Portabella, «en una crisis política».
Jordi Hereu podría dar un máster de cómo complicarse la vida a partir de una tontería. Acudió el lunes a votar, en el estreno de la consulta, y se topó con un fallo técnico. En lugar de parchear la situación con humor, y tras una breve conversación con un informático, –charla desvelada ayer por La Vanguardia–, Hereu se avino a decir que sí había votado cuando, a tenor de lo que se ve en las imágenes, no fue así.
La tesis de que Hereu había votado la suscribieron, aparte de él mismo, el cuarto teniente de alcalde, Ramon García Bragado y la gerente de Sistemas del ayuntamiento, Pilar Conesa. Ayer mismo, a primera hora, García Bragado se ratificó en lo dicho. Hereu, a mediodía, fue matizando su versión hasta reconocer que tuvo que votar por la tarde, aunque negó haber mentido puesto que él salió del punto de voto «convencido de que había votado».
La reacción de la oposición fue virulenta. Portabella atribuyo el incidente al mismo «déficit democrático» que lleva a convertir la consulta en una «mera operación de imagen». Xavier Trias, de CiU, exigió a Hereu que pida disculpas.
La polémica estrella de los últimos días, la persistente ocultación de la opción C, perdió enteros ayer en la bolsa de irregularidades denunciadas por la oposición. En ella entró la existencia, según CiU, de puntos de voto no oficiales, con el mismo aspecto que los 108 con denominación de origen. De momento, siempre según los nacionalistas, han aparecido dos: en las sedes de los sindicatos CCOO y UGT que, precisamente el martes, habían promovido y firmado un manifiesto de apoyo a las tesis municipales.
VÍA INTERNET / Estos puntos no permiten el voto directo sino a través de internet. La gracia, afirman los convergentes, es que quien va a votar (y por extensión los que no lo hacen) quedan retratados.
A todo esto, el líder del grupo municipal del PP, Alberto Fernández Diaz se topó, a media mañana cuando acudió a votar a la Taxonera, con la desagradable sorpresa de que alguien había ya ejercido ese derecho en su nombre. Precisamente, el nivel de seguridad de la consulta, en especial en lo que hace referencia a la usurpación de identidad, ha sido uno de los temas recurrentes en la polémica sobre la seguridad en el proceso de voto del referendo.
Según fuentes del PP, el autor o autores de la fechoría pertenecen a un diario digital de orientación nacionalista (este diario no pudo ayer consultar dicha web) que habrían obtenido el NIF, por internet, de algún escrito oficial del ayuntamiento. Con esto y con la fecha de nacimiento de Fernández Diaz les habría bastado para descargarse la clave de presunta seguridad que se pide en el voto por internet.
El edil popular, tras revocar el voto usurpador y depositar el suyo (por la opción C, para más señas) presentó una denuncia por los delitos de usurpación de personalidad, falsedad de documento público y relevación de secreto, y permitirá trazar el rastro del teléfono móvil que dio cobertura a la emisión del voto. Los servicios jurídicos del ayuntamiento prevén presentar otra denuncia esta tarde por suplantación, falsificación documental y protección de datos personales.
Y entre el sinfín de denuncias e insinuaciones, Jordi Portabella halló un hueco, justo antes de vaticinar la crisis que viene, para dejar más que claro por que opción se decantaba. No lo dijo, pero se le entendió a la perfección, entre otras cosas porque se esforzó para que así fuera. Destacó el republicano que hay varios apoyos a la opción C. Está, por ejemplo, el que con él pide la transformación de la Diagonal –Esquerra lo incluyó en su programa electoral del 2003– y que optará por una mezcla de algunos elementos de la opción A con las de la B. Un mixto de bulevar y rambla, en definitiva. Esta C se diferenciaría, según el republicano de la C plebiscitaria que plantean tanto CiU como el PP.
SUBE LA PARTICIPACIÓN / En lo que hace referencia a la participación, la del martes, quizá porque fue una jornada de 24 horas, frente a las 14 del lunes, fue un 50% superior, más de 37.000 votos frente a los 25.00 del primer día. El total se eleva a 62.938 votantes, el 4,45% del censo. De seguir en la media, la consulta alcanzaría un 13,35% de participación, es decir, 188.814 electores.
* El Periódico - 13.05.10
Foto: El concurrido punto de votación habilitado junto al Portal de l’Àngel, ayer.- DANNY CAMINAL, elperiodico.com
Valencia: Cercle Obert cree que es la "hora de rectificar" el "atentado" del Ayuntamiento en los Jardines de Monforte
20MINUTOS* : Cercle Obert de Benicalap considera que es la "hora de rectificar" el "atentado" que el Ayuntamiento de Valencia ha cometido "de forma deliberada" en los Jardines de Monforte, tras la decisión del juzgado de Instrucción número 1 de Valencia de admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, por las "presuntas irregularidades" en la construcción de un aparcamiento junto a este monumento catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
Así lo explicó a Europa Press el portavoz de Cercle Obert de Benicalap, Antonio Marín, quien valoró la resolución del tribunal y la imputación del edil de Urbanismo, ya que el equipo municipal acometió obras en el aparcamiento sin antes haber elaborado y aprobado el Plan Especial de Protección.
En este sentido, recordó que la Fiscalía denunció a Jorge Bellver por prevaricación y delito contra el patrimonio a causa de la intervención prevista por parte del equipo municipal de gobierno que, durante el primer trimestre del año, que prevé derribar el muro de Monforte y emprender obras en el interior del jardín.
El portavoz de Cercle Obert consideró que si las autoridades municipales "fueran realmente inteligentes" se darían cuenta de que la protección del patrimonio puede ser "un motor para reactivar la economía" si se realiza "un gran plan" para impulsar las zonas BIC, que contemple su uso turístico, a la vez que lamentó que los Jardines de Monforte sean "más valorados en el exterior que por los propios nativos valencianos".
Por otro lado, Cercle Obert de Benicalap, en un comunicado, exigió al Ayuntamiento de Valencia que solicite al Valencia CF la devolución de los terrenos públicos donde se construye el Nuevo Mestalla. "La Sociedad Anónima Deportiva Valencia club de fútbol adeuda al Ayuntamiento de Valencia una enorme cantidad de millones de euros y 19 parcelas, que hace ya cinco años debería haber entregado en compensación por el terreno municipal donde hoy construye el Nuevo Mestalla", criticó.
Recuperar los terrenos del nuevo mestalla
Solicitó que se adopten "medidas urgentes" para recuperar los terrenos municipales donde se construye el Nuevo Mestalla, "dado que durante todos estos años no se ha perfeccionado la permuta entre la Sociedad Anónima Deportiva Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia". "Es básico y necesario que esos terrenos municipales,
se destinen a equipamientos y servicios públicos, tal y como se prometió a los vecinos de la zona en su día", reclamó.
En este sentido, Cercle Obert denunció "el trato de favor que lleva recibiendo una empresa privada como es hoy el Valencia SAD", algo en su opinión "incuestionable e intolerable", que además "lesiona las bases de una sociedad democrática", concluyó.
* 20 Minutos - EP: - 12.05.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte - escapadasvalencia.com
Es posible y deseable reducir el gasto en infraestructuras de transporte
Ante los recortes anunciados por el presidente del Gobierno, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* manifiesta que es deseable y posible reducir bastante más el gasto en muchas obras públicas innecesarias y contraproducentes, como la mayor parte de las autovías y líneas de alta velocidad ferroviaria, tanto por parte de la administración central como por las autonómicas y locales. Lejos de suponer un problema para el desarrollo económico, la realidad de los hechos indica todo lo contrario: permitirían una economía más sostenible y más justa en lo social. El presidente del Gobierno acaba de presentar un duro plan de recorte de gasto público. Es claramente rechazable que este recorte se cebe en las clases sociales más desfavorecidas y en el conjunto de los trabajadores públicos, sin prácticamente afectar ni poner en cintura a las entidades financieras y a los mercados especulativos que nos han llevado a la grave situación actual.
Pero más allá de este trascendente asunto, Ecologistas en Acción quiere incidir en la posibilidad –beneficiosa desde el punto de vista social, ambiental, económico y de generación de empleo– de recortar los gastos en numerosas infraestructuras de transporte que se están construyendo o planificando por todas las administraciones públicas españolas, a menudo sin estudios que justifiquen su necesidad pero con un coste económico brutal, con una escasa generación de empleo, por no hablar de sus tremendos costes de oportunidad.
Y es que, si las virtudes que le asignan el Gobierno y las mayores constructoras a las grandes infraestructuras de transporte fueran ciertas (enorme generación de empleo, dinamización económica…), la situación en España debería ser muy distinta a la que es. Efectivamente, puesto que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas –y en cuanto se inaugure la nueva línea de alta velocidad ferroviaria a Valencia seremos el que cuente con la mayor red de alta velocidad ferroviaria del mundo–, no deberíamos tener una tasa de paro tan alta y la crisis apenas debería notarse. En definitiva, no se entiende que si las infraestructuras de transporte generan tanto empleo seamos simultáneamente récord europeo en estas infraestructuras y récord de paro, además de estar en una situación económica francamente precaria.
Las realidad en el tema de las infraestructuras de transporte no funciona como nos quieren hacer creer. Multitud de estudios concluyen que a partir de un cierto umbral en la dotación de grandes infraestructuras –que en España hemos superado de largo–, cualquier inversión en nuevas obras a menudo es contraproducente para el desarrollo desde una estricta visión economicista, sin hablar de su impacto ambiental y social. [1]
Ante estos análisis, no es justificable el tremendo despilfarro que está suponiendo el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT, del Ministerio de Fomento. Este departamento ha venido invirtiendo una media de 17.000 millones de euros al año desde 2005 en grandes infraestructuras, la mayor parte en construcción de autovías –sin la intensidad mínima de tráfico que las justificara– y en alta velocidad ferroviaria, mientras se deja morir al ferrocarril convencional y a las cercanías.
Una situación parecida existe en las Comunidades Autónomas, con planes desaforados de autovías (1.614 km más previstos en Andalucía o 562 km en Castilla y León, por poner dos ejemplos) que ahora más que nunca es necesario confrontar con los recortes en otros aspectos sociales.
Para Ecologistas en Acción resulta claro que necesitamos inversiones en transporte, pero ni mucho menos las que se están planteando. Necesitamos mejores servicios de transporte, no más autovías. Nos hace falta un mejor ferrocarril, no un tren elitista que sólo tenga parada en grandes poblaciones. Necesitamos buenos servicios de cercanías ferroviarias, no más y más anillos de circunvalación. Urge poner en práctica planes de movilidad sostenible, no más listas de infraestructuras. Todas estas alternativas, además, generan más empleo y más estable que la construcción de infraestructuras.
Ecologistas en Acción considera que a pesar de nuestra sobredotación de infraestructuras de transporte, seguimos invirtiendo en ellas una cantidad de fondos brutal. Por ello, es posible y deseable reducir mucho más la inversión en grandes infraestructuras de transporte. Nuestra economía, el medio ambiente y los sectores sociales más desfavorecidos lo agradecerán.
Notas
[1] En este sentido, uno de los estudios más relevantes es el informe del grupo de asesores creado por el primer ministro John Major en los años 90 para evaluar un plan de construir 500 nuevas carreteras en Reino Unido. Este grupo, conocido por sus siglas en inglés, SACTRA, publicó en 1999 Transport and the Economy, donde analizaba la relación entre el crecimiento de la economía y las grandes infraestructuras de transporte en todos los países desarrollados. ¿El resultado? Gran parte de las tópicos sobre estas obras –que generan riqueza y empleo, por ejemplo– por los suelos. El plan de 500 carreteras se quedó en sólo 37.
* Ecologistas en Acción - Jueves 13 de mayo de 2010. Transporte
La recalificación de la iglesia lleva al alcalde de Massamagrell al juzgado
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LASPROVINCIAS/Valencia* : El alcalde de Massamagrell, el popular Miguel Bailach, comparecerá hoy a las 10 de la mañana ante el juez después de que la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias por un presunto delito de prevaricación. El juzgado nº2 de Massamagrell ha citado al alcalde al ser el máximo representante municipal del Ayuntamiento de esta población, que recalificó hace aproximadamente un año los terrenos ubicados junto a la parroquia Virgen del Rosario.
La Fiscalía Anticorrupción entendió que podían existir indicios de prevaricación porque «se estaba beneficiando a una iniciativa privada, en este caso a una parroquia», según el concejal de EU, Alfredo Albornos. Los terrenos que se recalificaron para construir una nueva parroquia iban a ser un espacio público en el barrio de la Magdalena, del que podrían disfrutar todos los vecinos. «La recalificación de los terrenos se había aprobado con los informes desfavorables de los propios técnicos municipales, ya que consideraban que era contrario al interés municipal, además de carecer de las mínimas garantías de legalidad urbanística», explicó Albornos.
La recalificación de los terrenos permite la construcción de una nueva iglesia, pero al mismo tiempo se consigue un incremento del aprovechamiento urbanístico de casi 2.000 metros cuadrados, lo que supone, según el concejal de EU, una plusvalía de más de un millón de euros.
Huelga de hambre
El fraile capuchino Pedro Enrique Rivera ha batallado durante cuatro años para conseguir la recalificación de estos terrenos. El objetivo era construir una nueva parroquia y un local social, además de vender una parte del suelo para urbanizar y así sacar un beneficio que le permitiera financiar la iglesia. En esta lucha llegó incluso a declararse en huelga de hambre durante varios días.
En la pasada campaña electoral, el Partido Popular de Massamagrell decidió incluir esta reivindicación del párroco y de los fieles de la iglesia en su programa electoral. Cuando el popular Miguel Bailach ganó por mayoría absoluta se comprometió a aprobar la recalificación, que llegó el pasado mes de junio, con los votos en contra de los grupos de la oposición.
Pedro Enrique Rivera también ha contado con el apoyo del Arzobispado, y Carlos Osoro llegó a visitar Massamagrell y a oficiar una misa en la actual parroquia, apuntalada por unas vigas de hierro debido a su avanzado deterioro. Los fieles del barrio han denunciado en varias ocasiones que el edificio tiene además goteras y que es demasiado pequeña para el número de personas que asisten a los oficios religiosos. Sin embargo, el triunfo del fraile capuchino ha llevado a quienes le apoyaron a los tribunales.
* Las Provincias - 13.05.10
Foto: Massamagrell (Valencia) - valenciaterraimar.org
Ayudas al alquiler - Forges
* Viñeta Forges, ayudas alquiler - elpais.com 20100508
Sant Feliu: El emperador del ladrillo
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ELPAÍS/Girona* : Un concejal y constructor de Sant Feliu de Guíxols, con al menos tres obras con irregularidades y una denuncia por amenazas y coacciones, tiene la llave de la gobernabilidad del municipio. El jueves, el ex alcalde de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), el socialista Pere Albó, se levantó y se encontró con un grupo de personas increpándole en la puerta de su casa. Eran los empleados del constructor y concejal del municipio, Pere Luque. Albó, ahora en la oposición, había denunciado al segundo en los medios porque estaba haciendo una obra sin permiso. Luque, a su vez, apoyó unas semanas antes una moción de censura contra Albó. Hubo gritos, amenazas, insultos y, al final, un cristal roto.
Desde entonces, la cosa ha ido a más. El edil en cuestión ha amagado con dimitir. Ahora dice que tendrán que echarle. Luque ha tenido problemas con al menos tres obras por faltas de permisos (dos, ya subsanados) y tiene una denuncia del PSC por amenazas, coacciones y daños contra la propiedad a raíz del incidente con Albó. De él depende la gobernabilidad del municipio de 22.000 habitantes, que tiene un nuevo consistorio desde hace poco más de un mes.
El último tropiezo con la legalidad ha sido en la rehabilitación de una masía en el municipio de Castell-Platja d'Aro. El lunes el Consistorio tuvo constancia de que se estaban haciendo obras sin permiso y ayer la alcaldesa, Dolors Padilla (PSC), firmó el decreto de paralización. No tenía licencia. "Lo hice sabiendo que corro el peligro de una irregularidad. Pero es una rehabilitación", defiende Luque, que ha parado las reformas. A su entender, es básico, en los tiempos que corren, seguir construyendo, incluso infringiendo la ley. "Si el permiso de obras no lo tengo la semana que viene, 20 personas se irán a la calle", amenaza.
Luque hace años que es constructor en Sant Feliu de Guíxols. El hombre tiene 170 trabajadores a su cargo y dice de sí mismo que es de los empresarios más importantes en la zona. Como líder del partido independiente Amics per Sant Feliu, consiguió un concejal en 2007. El pasado 12 de abril, Luque tuvo la llave para derrocar al gobierno local. Su apoyo a la coalición de Carlos Motas, del partido independiente Tots per Sant Feliu, con CiU, les otorgó la mayoría por un concejal en la moción de censura contra el ejecutivo de Albó.
A raíz de los disturbios con el ex alcalde, Luque ofreció su cabeza. "Dimito", asegura que les comunicó a sus socios de gobierno. "Pero ellos me dijeron que no podía ser, que era una persona imprescindible", explica por teléfono. Pero la presión mediática subió tanto de tono que Motas aceptó el lunes su dimisión, siempre según la versión de Luque. "Sería lo más oportuno de cara a las elecciones", asegura que le dijo el alcalde. Este periódico ha tratado, sin éxito, obtener la versión de Motas.
Ahora Luque ha cambiado de opinión y quiere quedarse. "Tengo que supervisar presupuestos", esgrime. ¿Por qué? "Por la sinvergonzonería de los técnicos", lanza, que están aceptando presupuestos inflados. "¿De este pastel, cuánto os lleváis?", les acusa.
"El alcalde me pide por activa y por pasiva que plegue, pero de ninguna manera. Yo he puesto el cargo a su disposición, pero tendrá que ser él quién lo decida", insiste. Si Motas al final lo expulsa del equipo de gobierno, Luque se quedará en la oposición. Y su voto es clave. La coalición de Motas con CiU suma 10 concejales. La oposición tripartita (PSC, ERC e ICV), otros 10. El voto de desempate en cualquier decisión será el de Luque, que no está dispuesto a servir su cabeza en bandeja: "No puedo irme, no hay ningún substituto. Además, quedaríamos ante la ciudadanía como perdedores".
* ELPAIS.com - 12.05.10
Foto: Sant Feliu de Guíxols (Girona) - mma.es
El interminable PGOU de Marbella
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LAOPINIÓN/Málaga* : Marbella no ha tramitado su nuevo Plan General. Lo ha parido. Y, ahora, sólo falta registrar al ´bebé´ en el Boletín Oficial. Algo que debía haber ocurrido ayer, para que todos pudieran conocerlo hoy. Pero no ha sido así. Interesados y curiosos se han quedado con las ganas. "Hay que maquetarlo en siete fascículos para incluirlo en el BOJA", argumentó ayer el delegado de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez. Esta "complejidad" ha dificultado el último paso, insignificante pero definitivo. Queda pendiente para esta semana. La administración pública no se atreve a dar fechas. Ni la local ni la autonómica. El PGOU, de nuevo, se retrasa.
No es la primera vez que pasa. El planeamiento de la ciudad juega al escondite desde hace muchos años. Aún hoy, parece no querer perder esta costumbre. Han sido 24 años previos de vacío legal y caos urbanístico. El Plan vigente, aprobado en 1986, no llegó a publicarse hasta el año 2000. Mientras tanto, la ciudad crecía sin norma ni freno.
Punto de partida
La elaboración del nuevo documento comenzó tiempo después. Hace ahora más de seis años, en virtud de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento, por entonces liderado por el tripartito de Marisol Yagüe, y la Junta de Andalucía, gobernada por Manuel Chaves.
No era un matrimonio bien avenido desde el principio. Apenas se conocieron durante siete meses, cuando la Junta no dudó en separarse y engendrar el PGOU sola, por su cuenta y riesgo.
Era el 29 de noviembre, cuando el Gobierno andaluz anunciaba la retirada de competencias urbanísticas al Consistorio marbellí. Le recriminó incumplir el pacto. No paralizaba las obras indicadas por el juez ni dejaba de otorgar licencias de obras, ocupación o apertura.
El escándalo llegó con el nuevo año. El 29 de marzo de 2006 se destapó la ´operación Malaya´. Media corporación municipal, bajo la sombra de la sospecha. La gestora tomó el relevo al frente del municipio.
El embarazo de los 100 millones de pesetas (600.000 euros), precio que se le puso inicialmente al coste de la elaboración del PGOU, seguía su curso.
Los retrasos se mantuvieron bajo el mandato de Ángeles Muñoz. Nada más coger el bastón de mando, aprobó inicialmente un Plan elaborado íntegramente bajo la batuta socialista. Las desavenencias, desde entonces, entre PSOE y PP han sido públicas y numerosas en materia urbanística. Primero con los derribos. Después con la tramitación administrativa.
"El Ayuntamiento confía en que la primera aprobación provisional estará para finales de esta semana... de este mes...de este año", afirmaban sus responsables.
Este diario publicó que se retrasaría en seis meses su primera aprobación provisional y no faltó político que lo tachara de mentira. El tiempo le quitó la razón.
Dos aprobaciones provisionales con cerca de 9.000 alegaciones en contra y una definitiva, el pasado 29 de enero, concluyen una burocracia de cuatro años. Y ahora una vez sea visible y definitivo, ¿cómo le pondrán al niño?
* La Opinión Málaga - 11.05.10
Foto: Revisión. El PGOU ha recibido cerca de 9.000 alegaciones durante cada una de las dos veces que ha sido expuesto. - laopiniondemalaga.es
La ciudad del futuro
ADN* : El mundo que viene es urbano. La vida de la mayor parte del planeta se va estructurar en entornos urbanos. Según el último informe sobre el estado de las ciudades elaborado por la ONU, en menos de cuarenta años, el 70% de la población mundial vivirá en urbes. En la actualidad, existe más cantidad de gente viviendo en ciudades que en el medio rural. La necesidad de encontrar puntos de interés común entre urbanismo, arquitectura, demografía y comunicación, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad.
La recién inaugurada exposición universal de Shanghai, bajo el lema Mejor ciudad, mejor vida, expresa el deseo de convertir los núcleos urbanos en entornos acordes con la vida de los millones de personas que los habitarán. La convivencia, la autosuficiencia, las comunicaciones, la renovación -urbanística y arquitectónica- y el comodín de la sostenibilidad, son los ejes temáticos que la organización del evento global chino trae a colación.
Las ciudades se han convertido en el lugar privilegiado donde el universo global se da la mano con las realidades autóctonas. El punto de contacto entre las similitudes y las diferencias sociales, el enclave en el que se pone de manifiesto el futuro común de los casi 7.000 millones personas del planeta.
Urbe colonizadora
Las dudas sobre cómo gestionar unas ciudades que están llamadas a crecer de forma desorbitada, en conurbaciones gigantes, son muchas. La utilización del territorio, la implementación real de la lógica de la sociedad de la información y la necesaria convivencia, plantean un gran interrogante: ¿Cómo debe será la ciudad futura? "Veremos más escenario urbanos que aparecerán en todas las ciudades por igual -asegura Francesc Muñoz, profesor de Geografía urbana de la UAB-. Hay dos a destacar: la ciudad ya existente que se transforma y la que crecerá colonizando nuevos territorios". En cada continente, según las corrientes migratorias, los objetivos medioambientales o la prosperidad económica, el modelo será cambiante, como, de hecho, lo ha sido hasta ahora.
La sostenibilidad parece ser la constante para capear esta histórica crecida. "La políticas urbanas sostenibles son ambiciones a las que no se puede renunciar", recuerda Muñoz. En opinión de Vicente Guallart, Director del Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, el concepto está "vacío", dice. "Se debe definir de forma rigurosa lo qué se entiende por autosuficiencia. Se trataría de desarrollar de una forma activa los elementos de la sociedad de la información en las ciudades, que éstas fuesen capaces de generar sus propia energía, que pudiesen producir sus propios alimentos, por ejemplo".
En opinión de Guallart, de la misma manera que Internet ha cambiado nuestra manera de pensar, también debería virar el rumbo de nuestra manera de vivir".
Transporte e información
Ambos coinciden en señalar que la movilidad, el transporte interno en las ciudades, será uno de los factores que determinará la calidad de vida de la gente. "En las ciudades de antes se separó el lugar de trabajo y el de residencia -recuerda Guallart-; en las del futuro, como se necesita menos espacio para producir, se vivirá muy cerca del trabajo".
La participación ciudadana, incluso en la megalopolis, será otro de las claves para calibrar el bienestar de las ciudades. "Conseguir que una mayoría de la población se sienta representada por las políticas urbanísticas y económicas será fundamental", insiste Muñoz. "En el urbanismo del futuro se deben pensar los problemas como oportunidades que propicien los mecanismo de participación. Las ciudades serán lugares para experimentar".
En la forma de concebir los gobiernos municipales, se reflejará las realidades de ciudades que se convertirán en una suerte de polis griega. "Hasta ahora cada ciudad ha respondido a un modelo tecnológico y cultural -expone Guallart-, en el futuro la participación y la cultura de la colaboración definirán el modelo de vida local".
ASIA
El impracticable modelo chino
Las grandes ciudades del gigante asiático, entre ellas Shanghai, se han postulado como un modelo urbanístico válido para todo un continente en crecimiento como es Asia. Con la organización de la Ex- posición Universal, el Gobierno chino pretendía vender una tipología de ciudad, pero dista mucho de ser un patrón con proyección. "El modelo chino no se puede exportar", dice Muñoz. "El nulo respeto por el medio ambiente y la falta total de democracia evidencia aún más las diferencias". Guallart coincide en señalar que así "no se tiene en cuenta el bienestar" de los habitantes.
CLAVES
1 Lo local: La presencia ubicua y continua de lo autóctono proyectará lo mejor de la ciudad.
2 Sostenibilidad: Una urbe que genere su propia energía y productos será más competitiva.
3 Colaboración: La capacidad para compartir y colaborar dibujará una política local más efectiva.
4 Medio Ambiente: El respeto por el entorno, definirá el bienestar de las megalopolis.
5 Información: La banda ancha llevará la democracia a los 'slums' superpoblados.
6 Movilidad: La red de transportes de una ciudad será el reflejo de su economía.
‘SLUMS’
Guetos: las esquinas del planeta
"El futuro de las ciudades no se podrá pensar sin los grandes cinturones suburbiales que las rodean", recuerda Francesc Muñoz. A día de hoy, mil millones de personas en todo el mundo se hacinan en los denominados 'slums', las esquinas del planeta que no han parado de ensancharse en los últimos años. En 2030, el número se habrá duplicado. Los 'slums' son los núcleos urbanos que crecen que mayor celeridad. Los movimientos migratorios han provocado la sobrepoblación de las grandes ciudades, sobre todo en el Sudeste asiático, India y Latinoamérica. El fenómeno es de fácil explicación: "Las oportunidades de supervivencia económica son siempre mayores donde hay mas densidad de personas y económica; las oportunidades de dar un giro a la vida son mayores". El problema es que en los 'slums' no se ha producido ningún tipo de planificación urbanística, sus habitantes han construido ellos mismos enormes espacios urbanos sin infraestructuras ni servicios, de forma totalmente anárquica. La cuestión del futuro de las ciudades también pasa por la organización de estos zonas. "La solución es dotarlas de equipamientos, mejorar sus condiciones".
DIFERENCIAL
Urbes creativas, urbes decisivas
En la era de la globalización sí importa donde vivimos. Es lo que afirma el escritor Richard Florida, quien teorizó hace más de un lustro acerca de cómo la creciente 'clase creativa' aceleró el nivel económico de las ciudades de Occidente. Decidir en qué ciudad decidimos vivir no sólo define nuestra personalidad, sino que también nuestro nivel económico. Suena a perogrullo, porque la mayor parte de los flujos migratorios se definen por cuestiones de dinero: por pura necesidad de supervivencia. Aunque en el libro 'Las ciudades creativas" , el autor des- grana el proceso de la toma de la decisión de instalarse en un punto u otro del globo. "Todos tomamos las decisiones en función de donde los distintos atributos y cualidades de los lugares que son importantes para nuestra vida", explica. En definitiva, el porqué lo sabemos, lo que nos cuenta es el cómo llegamos al lugar en el que vivimos.
'Las ciudades creativas'
Richard Florida
Paidós
* ADN - 13.05.10
Foto: Infografía de un huerto urbano de la exposición 'Geologics'.- ADN.es
La mitad de los pueblos de Espadà carece de depuradora tras 12 años de parque natural
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LASPROVINCIAS/Castellón* : Nueve de los 19 municipios que integran el parque natural de la Serra d'Espadà carecen de sistemas de depuración de aguas residuales. Alcudia de Veo, Fuentes de Ayódar, Higueras, Matet, Pavías, Torralba del Pinar, Villamalur, Algimia de Almonacid y Vall de Almonacid carecen de estación depuradora de aguas residuales (EDAR) doce años después de que la Generalitat Valenciana aprobase la declaración del parque natural mediante el decreto 161/1998.
Salvo en los casos de Algimia y Vall de Almonacid, donde en estos momentos está en ejecución la construcción de sendas EDAR, los otros siete municipios tienen pendientes y sin plazo la ejecución de sus sistemas de saneamiento de aguas residuales urbanas.
La Societat d'Amics de la Serra d'Espadà (SASE) ve con preocupación el retraso en la dotación a los municipios del parque natural de sistemas que permitan tratar las aguas residuales acorde a los valores ambientales que merecieron hace ya más de una década proteger más de 31.000 hectáreas de la Serra d'Espadà.
Los nueve pueblos que aún carecen de depuradoras suman una población de poco más de 1.300 habitantes y, de ellos, Villamalur, Alcudia de Veo, Fuentes de Ayódar, Higueras, Pavías y Torralba tienen todo su término municipal dentro de los límites del parque natural.
La situación ha llevado a la SASE a ponerse en contacto con la dirección del espacio protegido para conocer cuáles son las previsiones para corregir la situación. «Vemos que son muy pocos los municipios que tienen depuradora de aguas residuales», lamenta la secretaria y portavoz de la Societat d'Amics de la Serra d'Espadà, Carme Orenga.
En el escrito remitido al director del parque natural, Antonio Cases, el pasado mes de diciembre la SASE recuerda que «existe una normativa de la Unión Europea que obliga a tener depuradoras en todos los municipios y especialmente en los pueblos que están dentro de un espacio natural protegido, como es el caso de Espadà».
Además, añade la entidad medioambiental y ecologista que trabaja en la Serra d'Espadà desde los años 90, estas infraestructuras «también se contemplan en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de este parque natural».
El PRUG, aprobado el 11 de marzo de 2005 por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, establece en su artículo 63 que «se garantizará con carácter prioritario la depuración de las aguas residuales de los núcleos de población, incluyendo las urbanizaciones de segunda residencia».
El documento que regula la gestión del espacio natural advierte de que «en todo caso, no se podrá otorgar licencia para la realización de instalaciones o edificaciones fuera del núcleo urbano, residenciales o no, que no cuenten con un sistema de recogida y depuración de aguas residuales y no esté prevista su instalación por el plan director de saneamiento de la Comunitat Valenciana».
Incumplimientos normativos
Asimismo, el artículo 15 del Plan Rector de Uso y Gestión especifica en el punto 3 que «se prohíbe el vertido sin depurar, directo o indirecto, de aguas residuales urbanas al dominio público hidráulico, salvo en el caso de viviendas de tipo familiar aisladas en el campo, granjas avícolas o cunícolas de menos de 100 unidades y estabulaciones de ganado mayor con menos de 10 cabezas». Y añade: «En cualquier caso, el vertido nunca podrá realizarse en un radio inferior a 500 metros de un punto de abastecimiento, fuente o manantial de agua potable, y deberá ser autorizado por el organismo de cuenca y del órgano competente en materia de espacios naturales».
Ante esta situación, la Societat d'Amics de la Serra d'Espadà pregunta a la Conselleria de Medio Ambiente «qué perspectivas de futuro tienen estos municipios en ver instaladas sus depuradoras».
Las dos últimas depuradoras del parque natural que entraron en marcha han sido las de Azuébar y Chóvar, el año pasado. Las dos actuaciones se enmarcaron dentro del II Plan Director de Aguas Residuales de la Comunitat, cuyo desarrollo se produce a través de un convenio suscrito entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón para municipios menores de 5.000 habitantes.
* Las Provincias - 12.05.10
Foto: Vista de Algimia de Almonacid, uno de los pueblos en los que está en ejecución la contrucción de la depuradora. :: JOSÉ PLASENCIA, lasprovincias.es
La Plataforma Ciudadana Escurialense denuncia graves irregularidades en el proyecto de urbanización SAU II
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DIARIODELASIERRA/Madrid* : “San Lorenzo de El Escorial, un paraje privilegiado por su paisaje natural, su arquitectura y su historia, puede verse seriamente dañado si prospera un proyecto para construir un macrocentro comercial en el límite de su término municipal, junto a la autopista A-6, muy cerca de las localidades de Guadarrama, Alpedrete y Collado Villalba”, informan. Aseguran que “el terreno, que se encuentra a la entrada de una zona definida por la propia Comunidad de Madrid como gran reserva natural y cultural de la Región, espera luz verde para la construcción de un polígono que, aunque proyectado inicialmente para talleres e industrias ligeras, se ha desviado a un planeamiento mucho más agresivo de áreas comerciales y de ocio”.
La reciente aprobación por parte del Ayuntamiento del proyecto de Urbanización SAU II, en la franja situada entre la autopista y la nacional M-527 en dirección al Valle de Los Caídos, “marca el inicio de una operación urbanística sin precedentes en esta parte de la sierra. A pesar de que la ficha urbanística del proyecto señala claramente que el terreno mide 384.000 cuadrados, en la última fase de la tramitación la superficie del sector crece hasta los 440.000 metros, por este motivo, la Plataforma Ciudadana Escurialense denunciará ante los tribunales, mediante un recurso contencioso administrativo, las múltiples irregularidades en que el Consistorio incurrirá de llevar a cabo dicho proyecto”, indican.
Señalan que “el proyecto, que se inició hace más de diez años, llega ahora a la fase final tras superar una sucesión de informes desfavorables por parte de distintas instancias de la administración autonómica. La Dirección General de Medio Ambiente, por ejemplo, ha marcado una serie de directrices para su aprobación que no han sido respetadas. A juicio de esta Plataforma, el Ayuntamiento ha podido incluir suelo no urbanizable protegido en esta última fase de la tramitación”.
Según exponen, “la calificación de suelo especialmente protegido rodea en casi todo su perímetro al SAU II, ya que pertenece al territorio comprendido dentro de la Gran Cerca Histórica de Felipe II, declarado por la Comunidad de Madrid Bien de Interés Cultural en 2006. La ley de Patrimonio Histórico establece que cualquier planificación debe ajustarse a las directrices de esta declaración, por lo que este colectivo señala que el Plan Parcial aprobado en su día, debería haberse revisado y el Plan de Urbanización, que ahora se recurre, debía haber quedado en suspenso a la espera del resultado de la revisión”.
La Plataforma Ciudadana Escurialense tampoco ve clara “una permuta realizada para ceder suelo destinado a Viviendas de Integración Social en Colmenarejo, con un tamaño menor y un precio mayor, que el previsto en el municipio escurialense. Una permuta que la legislación prevé llevar a cabo cuando no hay espacio disponible y aquí estamos hablando de algo más de 34 hectáreas”.
Hay que señalar, indican, que “no se han llevado a cabo Planes Directores y Planes Especiales para la protección, ordenación y conservación del BIC de la Cerca Histórica y su entorno. Tampoco se han respetado las determinaciones de cara a la protección de la unidad paisajística y al mantenimiento de un modelo urbano original de ciudad concentrada alrededor del monasterio. Ni se ha tenido en cuenta que el planeamiento del territorio debe efectuarse de manera coordinada entre los distintos municipios implicados en la protección de la Cerca. Además, y aunque el Decreto del BIC lo prohíbe expresamente, con este proyecto de urbanización se eliminan partes del bien, puesto que para poder realizar el acceso al polígono, hay que destruir parte de la Cerca”.
Este territorio, que fue reconocido en 1998 por la UNESCO cuando “El Escorial, Monasterio y Sitio” fue inscrito en la Lista del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, acaba de conseguir otro nuevo nivel de protección al ser incluido finalmente en el recientemente aprobado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama.
“Un mal negocio para los escurialenses”
“La construcción de este macro proyecto a más de 14 kilómetros del actual casco urbano de San Lorenzo, no es contemplado por esta Plataforma ciudadana como beneficioso para la mayor parte de los ciudadanos escurialenses ni siquiera desde el punto de vista económico. El escaso ingreso de alrededor de un millón y medio de euros para las arcas municipales no parece suficiente, dada la envergadura de la operación. Tampoco puede esperarse que la recaudación por IBI compense el alto coste que tendrán los servicios a cubrir en esta zona tan alejada”, denuncian.
Según la Plataforma, “el proyecto no apoya el tejido industrial de la población que lleva pidiendo clamorosamente desde hace tiempo soluciones. El polígono Matacuervos, situado dentro del casco urbano, se ha quedado pequeño pero este proyecto no va a solventar la cuestión. Es más, es inimaginable pensar que la clientela de este polígono tenga que hacer 15 kilómetros para acceder a sus servicios. La promotora ha cedido unos terrenos para equipamiento público dentro del sector en una zona donde existe gran cantidad de arbolado, lo que imposibilita cualquier tipo de construcción. Mientras tanto se computa como zona verde una ridícula franja situada a lo largo de la autopista”.
La Plataforma Ciudadana Escurialense se lamenta “de que el modelo de especulación y urbanismo descontrolado e irreversible, con una clara apuesta por el crecimiento a gran escala para beneficio de unos pocos, sea el que subyace en este proyecto del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”.
* Diario de La Sierra - 12.05.10
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde monte Abantos - madridiario.es
Valencia: Bellver, imputado por el parking del Jardín de Monforte
LEVANTE* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Valencia ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, por las obras de construcción de un aparcamiento junto a los Jardines de Monforte y le ha citado a declarar como imputado el 8 de junio. Así lo han indicado a EFE fuentes municipales y de la asociación Cercle Obert, que denunció en febrero ante la Fiscalía la iniciativa municipal al considerarla un "expolio". La Fiscalía denunció a Bellver por prevaricación y delito contra el patrimonio por las presuntas irregularidades en la concesión de la licencia para construir, en 2004, el aparcamiento existente en el subsuelo de los Jardines de Monforte, declarados Bien de Interés Cultural (BIC).
En este sentido, el portavoz de Cercle Obert, Antonio Marín, ha señalado que la justicia "tiene ahora que seguir su camino" y que la asociación ha hecho "lo que tenía que hacer ante presuntas irregularidades". "Todo Bien de Interés Cultural y su entorno merecen protección", ha aseverado Marín, quien ha instado al Ayuntamiento de Valencia a "respetar la Ley y el patrimonio cultural valenciano". Por ello, ha destacado la "necesidad" de aprobar un Plan Especial de Protección, "sin el que no se puede intervenir ningún BIC" porque la actuación se convierte en "un atentado contra el patrimonio".
Por su parte, el concejal socialista Juan Soto ha mostrado su "absoluto respeto a las decisiones de la justicia" y ha destacado también que esta noticia "pone en evidencia la falta de planes especiales de protección de los BIC". Estos planes "determinan las líneas rojas que no se pueden traspasar", como "un aparcamiento contiguo a los Jardines de Monforte, que afectan de manera clara a un bien protegido".
* Levante-EMV - 12.05.10
Foto: Valencia, jardín de Monforte - flickr.com
Se ofrece empleo: 500 euros al día de peón en Dubai
PÚBLICO* : El boca a boca reunió ayer en Punta Umbría (Huelva) a una multitud, cientos de trabajadores en busca de un supuesto chollo: un contrato como albañil en Dubai, con la promesa de pago de 50 euros la hora, lo que supondría un jornal de más de 500 euros al día. Es decir, quien esté dispuesto a colocar cristales "de unos 8 ó 9 kilos de peso" a destajo, en altura, con un sol de justicia y con un control exhaustivo de su trabajo, cobraría en poco más de un mes el salario medio de un año en España: unos 21.500 euros, según la estimación de la Unión Europea para 2008.
"Tenemos conocidos en los Emiratos. Nos ofrecieron la posibilidad de poner mano de obra para terminar edificios", dijo a Público en conversación telefónica José Manuel Garrido, la persona que se está ocupando de las contrataciones. Garrido, intermediario de unos empresarios a quienes se negó a identificar en reiteradas ocasiones ("no se puede decir; ni a usted ni a nadie", aseguró), organizó ayer unas peculiares pruebas de selección en Punta Umbría.
2.000 peones
Con el objetivo declarado de contratar 2.000 peones, que partirían ya en junio en viajes pagados por "estos señores", según Garrido, el intermediario improvisó una oficina en una tienda de electrodomésticos, Electrofruit, cedida para la ocasión por un responsable, que también se apuntó. Allí recogió las solicitudes, y talló y pesó a los candidatos.
"Allí no se va a jugar ni nada. Se te pone uno pegado a la oreja y si no cumples, pues chico...", afirmó gráficamente Garrido para explicar que los salarios son altos porque la exigencia es muy alta. El requisito principal es medir más de 1,75 metros y pesar no más de 90 kilos.
Además de en Punta Umbría, se llevaron a cabo otras selecciones en Almonte (Huelva), Málaga y Sevilla. Los solicitantes se movían entre la incredulidad y la esperanza. Los elegidos trabajarían seis días a la semana. Ya en Dubai, y después de una prueba de 15 días, se firmaría el contrato por una duración de tres meses. Dubai es un emirato donde los trabajadores, asiáticos en buena parte, cobran salarios bajos, de unos 90 euros al mes.
* Plico - 12.05.10
Foto: Vista panorámica de Jumeirah Beach y Jumeirah Beach Residence (JBR) en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).EFE/ALI HAIDER
La fiscal de Valladolid investiga una posible mafia en el Seprona
ELPAÍS* : Los agentes cobraban por asesorar a empresas, según su jefe.
La Unión de Oficiales ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por los supuestos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y cohecho.
La denuncia incorpora un informe de más de 100 folios elaborado por el jefe del Seprona de Valladolid, quien al llegar a su puesto, en 2007, según relata, detectó irregularidades en una decena de agentes que se ofrecían como asesores medioambientales a las empresas que debían inspeccionar, aconsejándoles, por ejemplo, sobre cómo evitar costosas sanciones medioambientales a cambio de dinero.
"Iban a inspeccionar una empresa, le decían que habían cometido alguna irregularidad sancionable con 30.000 o 40.000 euros y, acto seguido, se ofrecían a solucionarles el problema facilitándoles la documentación que les hacía falta a cambio de dinero", aseguran fuentes de la Guardia Civil.
La práctica estaba tan instaurada, según las mismas fuentes, que los agentes recibían a las empresas a las que iban a asesorar a cambio de un sobresueldo, en la misma comandancia de la Guardia Civil de Valladolid. También utilizaban sus correos electrónicos corporativos para hacerles llegar informes medioambientales o consejos para evitar o recurrir sanciones.
Una patrulla de la Guardia Civil ajena al Seprona detectó las irregularidades al presentarse a inspeccionar una empresa que, cuando les vio, según fuentes de la Guardia Civil, les increpó que para qué estaban pagando entonces a la Guardia Civil si iban a inspeccionarles de todos modos.
Los hechos fueron denunciados a nivel interno y se abrió expediente disciplinario por falta muy grave a varios agentes aunque hasta ayer, ninguno había sido apartado de su puesto, según las mismas fuentes.
Uno de los agentes se desplaza a su lugar de trabajo en una motocicleta que está a nombre de una de las empresas que les contrataron y otro de ellos en una furgoneta con el logo de una compañía de gestión de residuos.
En total, según consta en la denuncia, los agentes de los equipos de investigación del Seprona cobraron por prestar asesoramiento medioambiental de al menos 14 empresas y siete Ayuntamientos de Valladolid y Palencia, como Tudela de Duero, Quintanilla de Arriba y Venta de Baños.
El jefe del Seprona asegura en su informe que los agentes implicados utilizaban una fundación sin ánimo de lucro, Proyecto Árbol, para canalizar sus trabajos de asesoramiento hasta el punto que dos agentes del Seprona y la mujer de uno de ellos ocupan cargos en la dirección de la fundación. El Ayuntamiento de Venta de Baños ha cedido a la entidad las instalaciones que utilizan como sede.
Según su página web, esta fundación pone "a disposición de empresas y entidades una serie de servicios, que aplicados al desarrollo de su actividad, tiendan a conseguir reducir costes, impactos en el entorno ambiental y mejora de métodos".
El jefe del Seprona que ha denunciado estas presuntas irregularidades ha sido denunciado a su vez por varios agentes, que le acusan de acoso. La baja psicológica de uno de ellos, según el jefe del Seprona, la firma un abogado vinculado a la Fundación Proyecto Árbol, médico de formación. La Unión de Oficiales vincula la denuncia con las irregularidades destapadas y describe lo ocurrido como "una infundada campaña de descrédito" inmediata a la "alerta por conducto reglamentario" que dio el jefe del Seprona de Valladolid sobre los hechos denunciados.
De momento, no existe una estimación sobre el dinero que los agentes habrían podido reunir con estos trabajos extra, pero el jefe del Seprona que denunció los hechos cree que sin duda, "estaríamos hablando de decenas de miles de euros".
La Unión de Oficiales ha instado a la Dirección General de la Guardia Civil a que intervenga en este asunto y "evite que se pretendan ocultar responsabilidades graves vilipendiando infundadamente a un oficial que se ha limitado a cumplir escrupulosamente con su deber". Hoy se reúnen con el vicepresidente de la Comisión de Interior en el Congreso, Juan Luis Rascón, del Grupo Socialista, para hablar del asunto.
* ELPAÍS.com - 12.05.10
Foto: Seprona, medio ambiente (archivo) - efe
Acusan al ex alcalde de Gondomar de firmar escritos que se vendían por 500 euros para legalizar casas
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LAVOZ/Pontevedra* : El ex alcalde de Gondomar y concejal del PP José Carlos Silva Mariño alegó ayer desconocimiento de los hechos en un juicio por un delito continuado de falsedad documental. El fiscal lo acusa de expedir tres certificados de antigüedad falsos de sendas casas del municipio en el 2005 y el 2006 para los que no tenía competencia y pide para él una pena de dos años de cárcel. Los beneficiados pagaron 500 euros por cada escrito, que usaron para legalizar sus viviendas.
El ex regidor popular, que ocupó ocho años el cargo, reconoció ayer el papel y los sellos de la alcaldía, y su rúbrica en dos de los tres escritos que le mostró la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. Sin embargo, aclaró que pudo haber firmado los papeles que le pasaron los funcionarios en su despacho pero sin leerlos. «No me puedo parar a leer todos los expedientes, me pasan incluso certificados de empadronamiento. Doy por supuesto que vienen revisados por los departamentos», alegó. Rubricaba a toda prisa, incluso de pie, declaró.
La secretaria del Concello aclaró que era difícil que alguien le diese dichos certificados a firmar al alcalde porque, por ley, carece de competencias para rubricarlos. Los empleados que le presentaban la documentación tampoco recuerdan dichos modelos. Y los papeles no iban acompañados de la carpeta con el expediente.
Por ello, el fiscal acusa a Silva de un delito de expedición de certificados falsos, no de cobrar dinero por ellos, pues sería cohecho, ni de legalizar las viviendas. «Emitió un certificado pese a no tener derecho a ello sobre algo que no era acorde con la realidad». Sospecha que la única finalidad de dichos documentos, que otorgaban entre seis y diez años de antigüedad a tres construcciones, era darles apariencia de legalidad. Los papeles eran usados para formalizar una escritura notarial de obra nueva. El objetivo final era que prescribiese una irregularidad y el Concello «legalizase lo ilegalizable».
Arreglos en un bar
La defensa quiso demostrar que las tres viviendas afectadas ya existían en las cartografías y planes urbanísticos de hace 15 años, lo que probaría que realmente eran antiguas y que no hubo delito en los certificados.
Todo empezó en abril del 2005. El propietario de una casa y su esposa tenían problemas urbanísticos con dos viviendas situadas en la zona de Prado. Este declaró ayer que compró una finca en el 2005 que el vendedor no quiso escriturar. La casa tenía un porche como elemento moderno. El vecino contactó con una persona que conoció en un bar, que le presentó a un experto que se dedicaba a arreglar herencias y que podría resolverle a buen precio el problema de su casa y la de su mujer. «Le pagué 500 euros por cada certificado», dijo.
Agentes de la Guardia Civil interrogaron al alcalde, quien reconoció su rúbrica, pero no se acordaba de los papeles. La defensa planteó que alguien pudiese haber entrado en la alcaldía y usar los sellos, guardados bajo llave, pues las puertas seguían abiertas por la limpieza. En el juicio declaró como testigo el ex concejal de Urbanismo Alejandro Gómez, quien será juzgado el día 31 por cohecho.
Por otra parte, Silva ha recurrido una condena de 18 meses de prisión por conceder decenas de licencias con un Plan Xeral anulado.
* La Voz de galicia - 12.05.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
El fiscal insiste en derribar una plaza de tientas junto a Medina Azahara
ELDÍA/Córdoba* : La Fiscalía Provincial de Córdoba insistió ayer en pedir el derribo de una plaza de tientas levantada en el entorno de Medina Azahara después de que en febrero del año pasado el Juzgado de lo Penal número 1 rechazara la acusación y absolviera in voce a los tres encartados, entre los que se encuentra el empresario taurino y ex matador Fermín Vioque. La acusación pública se reservó entonces la posibilidad de apelar y ayer se materializó el recurso por un presunto delito contra la ordenación del territorio ante la Audiencia.
Los hechos se remontan a noviembre de 2004, pocos meses después de que la Junta de Andalucía ampliara la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en las proximidades del monumento omeya. El ex matador encargó el proyecto de diversas obras a un arquitecto -F. J. V. T.- y contrató su ejecución a R. J. C. D. Las actuaciones consistieron en la cimentación de una nave de nueva planta, el allanamiento del terreno para la construcción de una plaza de tientas y un almacén y la apertura de zanjas para la instalación de riego y conducción de agua con una finalidad agrícola y ganadera.
Según la Fiscalía, el propietario encargó el proyecto al arquitecto, quien lo redactó supuestamente sin el visado del colegio profesional y sin haber iniciado ningún trámite para obtener la correspondiente licencia de obras, según pudo comprobar directamente la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento el 17 de octubre de 2005. Para el fiscal, por tanto, los acusados "conocían" la ilegalidad de la actuación.
El ganadero procesado, que ayer no acudió a su cita con el tribunal, alegó en febrero del año pasado que "obró con la mejor intención" y que le encargó al arquitecto "que todo estuviera en condiciones". El encartado aseguró que "todo estaba legalizado" y reconoció que, al no poder reformar el inmueble por su deficiente conservación, "se pensó en hacer una nueva plaza de menores dimensiones". Cuando Cultura ordenó la paralización de las obras, ya no volvieron a moverse ladrillos, aseguró el encartado.
* El Día de Córdoba - 12.05.10
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es
Los técnicos de Patrimonio se plantan ante las licencias de derribo del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : La comisión municipal de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia ha echado atrás en tres ocasiones cinco licencias de derribo tramitadas por el equipo de gobierno en el conjunto histórico del Cabanyal. A la vista de la nueva situación jurídica derivada de la orden de suspensión del plan especial del Cabanyal del Ministerio de Cultura avalada por el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, los técnicos no quieren incurrir en una ilegalidad y se resisten a dar el informa favorable a los derribos.
La comisión de Patrimonio, que está formada por técnicos municipales y una representante de la Conselleria de Cultura, dejó sobre la mesa y sin informar en las reuniones de los días 22 y 29 de abril y 6 de mayo cinco licencias de derribo en la zona Bien de Interés Cultural del Cabanyal. Los expedientes bloqueados afectan a los edificios protegios ubicados en las calles Padre Luis Navarro 221 y 193, Progreso 202 y 170 y José Benlliure 185. Los tres primeros están protegido con nivel 2.
37 edificios en el punto de mira
El ayuntamiento gobernado por el PP ha derribado ya 16 edificios (40 viviendas) protegidas en las calles San Pedro, Escalante, Los Ángeles, Progreso, Barraca, Padre Luis Navarro y José Benlliure. El ayuntamiento también ha ido adquiriendo para su posterior derribo otros 37 inmuebles (80 viviendas) a los que el PGOU otorga algún grado de protección.
Las incertidumbres que plantea a los jefes de servicio y técnicos de la delegación de Urbanismo la orden de suspensión del plan han obligado al secretario del área, Manuel Latorre, a emitir una nota aclaratoria en la que informa de que sigan adelante con la tramitación de los expedientes hasta el último trámite, la firma de la resolución, en espera de que los tribunales resuelvan.
Tres de los edificios que plantea derribar el ayuntamiento están protegidos por el PGOU con nivel dos. El concejal de Urbanismo asegura que la suspensión cautelar del plan especial que incluye la prolongación de Blasco Ibáñez no supone que rige la norma de planeamiento anterior, esto es, el PGOU de 1988 como sostiene el concejal socialista Vicente González Móstoles. El edil de la oposición critica la paralización de todas las licencias de derribo, rehabilitación e incluso obras menores adoptada por el ayuntamiento en cumplimiento de la orden ministerial. Según Móstoles, en base al PGOU "se podrían otorgar licencias" y actuar hasta que resuelvan los tribunales.
Al respecto, la Asociación de Vecinos del Cabanyal sugirió ayer al concejal de Urbanismo que incorpore al PGOU y proteja el centenar de edificios que salvaguardaba el Pepri ahora suspendido, entre los que se incluye la Casa dels Bous. De esta forma, apuntan los vecinos, se evitaría que alguien pida la licencia de derribo como apuntó el lunes Jorge Bellver.
* Levante-EMV - 12.05.10
Foto: Valencia, protesta vecinos Cabanyal (archivo) - levante-emv.com
Torrejón: La justicia anula la gestión privada de un servicio municipal
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ELPAÍS/Madrid* : La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Torrejón de Ardoz (116.455 habitantes) no puede estar en manos privadas. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En una sentencia, ratifica que el Ayuntamiento torrejonense no ha justificado la necesidad de gestión privada en esta empresa pública (adjudicada en 2007) y tampoco ha estipulado de forma clara cómo va a retribuirla. El Tribunal Contencioso Administrativo ya anuló el pasado junio la gestión privada de la EMVS. Ahora el TSJM da por buena aquella resolución con un fallo que es firme.
Pero entre una sentencia y otra, el escenario ha cambiado. Poco después del primer fallo, el Ayuntamiento hizo un nuevo pliego, con correcciones, y sacó de nuevo a concurso la EMVS. Lo ganó una empresa del mismo grupo que la ganadora anterior. La oposición socialista ha llevado a los tribunales esta segunda adjudicación. El equipo de gobierno cree que la nueva adjudicación ha resuelto el asunto.La EMVS de Torrejón empezó a funcionar a finales de 2007, poco después de que el PP llegara al poder en el municipio. El equipo de gobierno redactó los estatutos y sacó a concurso la gestión de la empresa de vivienda. El PSOE denunció el pliego de condiciones ante los tribunales, que le han dado la razón en dos ocasiones, el último caso con una sentencia firme.
Ambas sentencias, la del Contencioso y la del TSJM, consideran que no existía en esa adjudicación "ni un sólo documento" que justificara que es necesaria una gestora privada. Y añaden que el pliego de condiciones no incluye un precio "cierto ni referencial". Los honorarios marcados por los pliegos de la EMVS eran del 6% "del coste total de las actuaciones que se acometan", lo que para el alto tribunal es "ciertamente un precio indeterminado".
Tras la sentencia de junio de 2009, el equipo de gobierno volvió a sacar a concurso la gestión de la empresa municipal, adjudicándola a otra empresa "del mismo grupo que la anterior", según el concejal de Urbanismo, José Luis Navarro, que figura como vicepresidente de la EMVS que preside el alcalde, Pedro Rollán (PP).
"A raíz de la sentencia del Contencioso adaptamos los pliegos de condiciones para sacar adelante la gestión de la empresa municipal", añade el regidor. El equipo de gobierno considera que con estos cambios, el fallo del TSJM ya no les afecta.
"Con este segundo contrato intentan bordear la ley, por eso hemos vuelto a denunciarlo", según el edil Francisco Martín Rojas (PSOE). "Los socialistas tienen una pataleta porque la gestión de la EMVS está sacando muchos proyectos adelante", le acusa el edil de Urbanismo, que pide que "dejen de judicializar" un asunto "que puede crear alarmismo entre la población", aunque admite que, hasta la fecha, los vecinos de Torrejón no están alarmados.
* ELPAIS.com - 12.05.10
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com
