Acusan al ex alcalde de Gondomar de firmar escritos que se vendían por 500 euros para legalizar casas

LAVOZ/Pontevedra* : El ex alcalde de Gondomar y concejal del PP José Carlos Silva Mariño alegó ayer desconocimiento de los hechos en un juicio por un delito continuado de falsedad documental. El fiscal lo acusa de expedir tres certificados de antigüedad falsos de sendas casas del municipio en el 2005 y el 2006 para los que no tenía competencia y pide para él una pena de dos años de cárcel. Los beneficiados pagaron 500 euros por cada escrito, que usaron para legalizar sus viviendas.

El ex regidor popular, que ocupó ocho años el cargo, reconoció ayer el papel y los sellos de la alcaldía, y su rúbrica en dos de los tres escritos que le mostró la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. Sin embargo, aclaró que pudo haber firmado los papeles que le pasaron los funcionarios en su despacho pero sin leerlos. «No me puedo parar a leer todos los expedientes, me pasan incluso certificados de empadronamiento. Doy por supuesto que vienen revisados por los departamentos», alegó. Rubricaba a toda prisa, incluso de pie, declaró.

La secretaria del Concello aclaró que era difícil que alguien le diese dichos certificados a firmar al alcalde porque, por ley, carece de competencias para rubricarlos. Los empleados que le presentaban la documentación tampoco recuerdan dichos modelos. Y los papeles no iban acompañados de la carpeta con el expediente.

Por ello, el fiscal acusa a Silva de un delito de expedición de certificados falsos, no de cobrar dinero por ellos, pues sería cohecho, ni de legalizar las viviendas. «Emitió un certificado pese a no tener derecho a ello sobre algo que no era acorde con la realidad». Sospecha que la única finalidad de dichos documentos, que otorgaban entre seis y diez años de antigüedad a tres construcciones, era darles apariencia de legalidad. Los papeles eran usados para formalizar una escritura notarial de obra nueva. El objetivo final era que prescribiese una irregularidad y el Concello «legalizase lo ilegalizable».

Arreglos en un bar

La defensa quiso demostrar que las tres viviendas afectadas ya existían en las cartografías y planes urbanísticos de hace 15 años, lo que probaría que realmente eran antiguas y que no hubo delito en los certificados.

Todo empezó en abril del 2005. El propietario de una casa y su esposa tenían problemas urbanísticos con dos viviendas situadas en la zona de Prado. Este declaró ayer que compró una finca en el 2005 que el vendedor no quiso escriturar. La casa tenía un porche como elemento moderno. El vecino contactó con una persona que conoció en un bar, que le presentó a un experto que se dedicaba a arreglar herencias y que podría resolverle a buen precio el problema de su casa y la de su mujer. «Le pagué 500 euros por cada certificado», dijo.

Agentes de la Guardia Civil interrogaron al alcalde, quien reconoció su rúbrica, pero no se acordaba de los papeles. La defensa planteó que alguien pudiese haber entrado en la alcaldía y usar los sellos, guardados bajo llave, pues las puertas seguían abiertas por la limpieza. En el juicio declaró como testigo el ex concejal de Urbanismo Alejandro Gómez, quien será juzgado el día 31 por cohecho.

Por otra parte, Silva ha recurrido una condena de 18 meses de prisión por conceder decenas de licencias con un Plan Xeral anulado.





* La Voz de galicia - 12.05.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org