ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado que no se puede suspender la ejecución de una sentencia firme de derribo por el mero hecho de que se vayan a acometer cambios en la normativa urbanística que legalizarían lo construido. El Constitucional se pronuncia así en una sentencia sobre una construcción de Siero (Asturias) que puede tener repercusión sobre la veintena de urbanizaciones que han recibido orden de derribo en los últimos años en Cantabria y también sobre el Plan del Gobierno para intentar legalizarlas.
En el caso que examina el Alto Tribunal, el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJPA) había decidido suspender la ejecución de una sentencia de derribo dictada en 2001 contra una vivienda porque el Ayuntamiento de Siero le había informado de que estaba tramitando una reforma de su PLan General de Ordenación Urbana (PGOU) que podía legalizarla. En ese caso, el TSJPA entendió que, aunque la sentencia había sido declarada firme por el Supremo, convenía otorgarse «un plazo prudencial» para examinar si la situación legal de esa vivienda podía cambiar con la futura reforma del PGOU de Siero. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sostiene que esa medida vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de quien denunció una irregularidad urbanística, obtuvo una sentencia que le dio la razón en sus planteamientos y pidió que se hiciera cumplir.
El TC admite que una modificación normativa sobrevenida puede ser causa para examinar si una sentencia se ha convertido en «inejecutable» por haber cambiado las normas por las que se rigió el litigio, pero no acepta suspender una ejecución por meras expectativas de futuro.
«Suspender la demolición acordada en sentencia firme en expectativa de una futura modificación de la normativa urbanística que, eventualmente, la legalizará, supone una vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos», razona el magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps, ponente de la decisión del Tribunal.
Esta sentencia del Constitucional puede tener repercusión sobre la situación de la veintena de urbanizaciones de Cantabria que han recibido sentencias de derribo en los últimos años. Aunque el Gobierno de Cantabria ha presentado un plan de reformas urbanísticas destinado a legalizar la mayoría de esas urbanizaciones, hasta la fecha el TSJC ha negado validez jurídica a sus propuestas en todas las ocasiones en las que ha tenido oportunidad de examinarlas.
* El Diario Montañés - 25.02.10
Foto: Argoños - eldiariomontanes.es
El TC falla que no cabe suspender derribos por futuras legalizaciones
Miranda: El TSJ ratifica la anulación del uso excepcional de suelo rústico para el crematorio
ELCORREODEBURGOS* : Después de un largo viaje por los tribunales, el recurso contencioso administrativo interpuesto por la asociación de vecinos de El Crucero contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local que en 2006 dieron vía libre a la ampliación del tanatorio y la consiguiente instalación del crematorio ha salido adelante.
Y es que, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acaba de dar la razón a los vecinos, desestimando el recurso de apelación planteado por el Ayuntamiento y Servicios Funerarios de Miranda contra la sentencia emitida al respecto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Burgos el pasado mes de septiembre y anulando los mencionados acuerdos de la Junta de Gobierno.
En aquel entonces, la sala planteaba que "no concurren los requisitos exigidos legalmente para acordar la autorización de uso excepcional del suelo rústico de especial protección agropecuaria" sobre el que en su día se levantó la ampliación del tanatorio. En este sentido, se subrayaba que la parcela en cuestión es de 9.122 metros cuadrados, cuando la normativa especifica que la superficie mínima debe ser de 20.000 metros cuadrados. Así, y a pesar de que existen ciertas excepciones a esta norma, el Juzgado señalaba que los informes técnicos correspondientes no hacen referencia alguna a la justificación que permita saltarse la normativa.
De hecho, El TSJ afirma en la última sentencia que "no puede comprender como pese a la claridad y rotunda conclusión de los referidos informes, las partes apelantes afirmen que los informes obrantes en el expediente administrativo justifican la excepción". No en vano, "dichos informes lo que remarcan es que no resulta procedente la autorización de uso excepcional solicitada respecto a la instalación de crematorio".
Sentencia firme
Con todo, este fallo es firme y contra él no cabe interponer recurso ordinario alguno. De esta forma se cierra un proceso que ha acabado en los tribunales por partida doble, fallando en ambos casos en contra del Ayuntamiento. Y es que, el TSJ estimaba el pasado mes de diciembre un recurso planteado de manera paralela por dos vecinos del barrio, quienes denunciaban el incumplimiento de la normativa medioambiental. A este respecto, el tribunal consideró que "la documentación presentada" a la hora de aprobar la licencia de ambiental "era incompleta", ya que "no se describía la actividad o instalación, ni se indicaban las fuentes de las emisiones y el tipo y magnitud de las mismas, ni se trataba la incidencia de la actividad en el medio potencialmente afectado". Es decir, en ningún caso justificaba la instalación del crematorio en los terrenos donde se ubica.
Habrá que ver cómo afectan estas dos sentencias a una instalación que, contando con el beneplácito municipal, lleva funcionando desde verano de 2008.
Varapalo por partida doble
En 2006, la Junta de Gobierno Local acordaba conceder a Servicios Funerarios de Miranda autorización de uso excepcional en suelo rústico para ampliar el tanatorio de la carretera de Orón, permitiendo así la instalación de un horno crematorio. Las protestas vecinales desembocaron en la presentación de dos recursos contencioso-administrativos paralelos en los que se denunciaba el incumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística respectivamente.
Después de 3 años de espera, la Justicia emitía el primer fallo en julio del año pasado, dando la razón al Ayuntamiento y ratificando la licencia ambiental. Ese fallo fue recurrido por los vecinos y el TSJ la estimó, quitando validez a la anterior y dando la razón a los demandantes. Paralelamente se publicaba la sentencia relativa al segundo proceso judicial. En este caso, la justicia estimó los argumentos vecinlaes y anuló el uso excepcional de suelo rústico, sentencia ratificada con el fallo emitido esta semana.
* El Correo de Burgos - 25.02.10
Foto: Crematorio - elcorreodeburgos.com
ANSE y ADECA piden que no se urbanice Calarreona
TERCERA/Alicante : La Asociación para la Defensa de Cabo Palos y la Asociación de Naturalistas del Sureste denuncian que la revisión del PGMO de Cartagena pretende rescatar el obsoleto Plan Parcial de Calarreona (Cartagena) y permitir la urbanización en primera línea del Mar Mediterráneo e inmediatamente colindante al Parque Regional de Calblanque. Ambas organizaciones se han dirigido a los responsables políticos de la Administración local, autonómica y estatal pidiéndoles la retirada de la reclasificación por su elevado impacto ambiental.
Los visitantes más respetuosos con el Parque Regional de Calblanque (aquellos que acceden a pié a través del sendero de Calarreona) pueden verse sorprendidos en los próximos años por la urbanización de la entrada oriental del Parque en caso de consumarse las propuestas de la revisión del PGMO.
ADECA y ANSE denuncian que el Ayuntamiento de Cartagena pretende reclasificar los terrenos actualmente No Urbanizables (de Protección Ambiental, de Protección Forestal y Común) a Suelo Urbanizable de baja densidad. Mediante esta reclasificación, el Ayuntamiento pretende resucitar un Plan Parcial obsoleto que no llegó a aprobarse en la década de los 80. Resulta particularmente llamativo que Suelos No Urbanizables de Protección Ambiental (máxima categoría de protección del PGMO vigente y que ostenta el Parque Regional de Calblanque) pasen a Suelo Urbanizable sin justificación técnica alguna.
A juicio de ambas organizaciones, el objetivo es urbanizar en primera línea de costa sobre unos terrenos de incalculable valor ambiental y paisajístico. Por esta razón, ANSE y ADECA han alertado del impacto ambiental que tendría esta actuación urbanística, ya que la zona alberga hábitats de interés comunitario y poblaciones de diversas plantas amenazadas y protegidas por el Decreto 50/2003 así como terrenos con pendientes superiores al 50 %. Además, la urbanización de esta zona tendría efectos sobre el propio Parque Regional de Calblanque que resulta inmediatamente colindante.
Por esta razón, ambas organizaciones se han dirigido a la Alcaldesa de Cartagena pidiendo la retirada de la reclasificación. Asimismo, han remitido sendos escritos al Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, al Director General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, al Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y al Director General de Urbanismo pidiendo que informen desfavorablemente la propuesta y que los terrenos sean incluidos en el Lugar de Importancia Comunitaria. Además, hemos pedido a la Demarcación de Costas que amplíe a 200 metros la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.
* TerceraInformación - 25.02.10
Foto: tercerainformacion.es
La Justicia investiga una supuesta trama de prevaricación con contratos de la Xunta
LAVOZDEGALICIA : En calidad de perjudicada, la Consellería de Cultura acaba de personarse como acusación particular en una causa que el Juzgado de Instrucción nº3 de Santiago abrió hace 11 meses para esclarecer posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias cometidos en el seno del mencionado departamento autonómico. Los hechos en sí, ocurridos esencialmente durante la etapa del bipartito al frente de San Caetano, salpican no solo a personal de la Administración, sino también a miembros de la Iglesia y del sector de la construcción.
Entre los imputados, 12 en principio, hay quien ha conseguido amasar un volumen de propiedades que la policía considera «desorbitado».
A raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía del área de Compostela en base a testimonios que previamente había recabado de varios funcionarios, el tribunal inició el 13 de marzo del 2009 «una investigación acerca de presuntas irregularidades en la concesión y adjudicación de obras para la restauración y rehabilitación, en la mayor parte de los casos, de piezas de arte y retablos de iglesias [...] en las provincias de Pontevedra y Ourense», describe el sumario. Entre otras acciones, se han intervenido teléfonos, efectuado interrogatorios, revisado documentos, cotejado datos tanto bancarios como registrales e incluso realizado detenciones.
La unidad de delincuencia económica y fiscal del Cuerpo Nacional de Policía cree haber destapado una trama urdida por trabajadores de la Xunta para, con la anuencia de algunos párrocos, lucrarse favoreciendo a determinadas empresas en la concesión de contratos relacionados con la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Al frente de dicha organización, siempre de acuerdo con la versión inicial de los investigadores, se situarían sendos técnicos pertenecientes a los dos citados organismos: José Manuel Pichel Pichel, arquitecto del primero actualmente apartado del servicio, y Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, supervisor de proyectos en el segundo desde 1999 hasta que el verano pasado cambió ese empleo por otro en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en Cartagena. Las imputaciones se extienden a otro integrante de Patrimonio, tres religiosos y seis cargos de cinco compañías beneficiarias de las operaciones.
Con diversas pruebas periciales aún pendientes de práctica, el procedimiento se encuentra hoy en fase de diligencias previas. O sea, se desconoce si finalmente va a terminar siendo sobreseído o bien derivará en la convocatoria de un juicio al uso. Adoptar dicha decisión corresponderá al titular de la sala encargada del expediente, Luis Aláez, el cual no resolverá nada al respecto, como poco, hasta finales de marzo, dado que apenas han transcurrido un par de semanas desde que tomó posesión del cargo y ponerse al día en este tema -ha de estudiar más de dos mil folios- le requerirá su buen tiempo.
Diez motos y 69 inmuebles
Cuando lo lea en profundidad, en el sumario hallará sorprendentes pasajes referidos a las posesiones que atesoran los supuestos cabecillas de la red. Acerca de Pichel, los expertos policiales subrayan: «Llama poderosamente la atención el desorbitado patrimonio que el mismo y su entorno familiar poseen, ya que entre los dos cónyuges tienen un total de 69 inmuebles, [...] constándoles además dos urbanos a nombre de la empresa de ambos, AAD Arquitectura y Urbanismo». «Le constan también -añaden- diez motos de gran cilindrada de precio muy elevado y un vehículo».
El dosier contiene igualmente un detalle de 39 ingresos de efectivo de entre 1.000 y 15.250 euros -suman 122.471,65- en una cuenta corriente cuya titularidad comparten Gómez-Gil y su mujer. El primero se remonta al 6 de octubre de 1998, mientras que el último se efectuó el 20 de abril del 2009, la jornada en que Roberto Varela (PP) relevó a Ánxela Bugallo (BNG) como conselleiro de Cultura. «Se sospecha que dicho dinero pueda proceder del pago de comisiones por la adjudicación de obras de restauración. Es de resaltar que no proviene del salario percibido a través de la Xunta», concluyen los agentes para luego precisar que los abonos «aumentaron de forma ostentosa en número y cuantía en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, el período que en la denuncia presentada por el ministerio público se hacía constar la existencia de anomalías».
* La Voz de Galicia - 25.02.10
Foto: EL GRAN NEGOCIO. El Obispado de Tui-Vigo accedió a vender a uno de los supuestos cabecillas de la trama, Carlos Gómez-Gil, la rectoral de Paraños (Covelo) por 60.000 euros y luego él intentó colocarla - lavozdegalicia.es
Inca: El Consell ratifica la ilegalidad del chalet del regidor de Urbanismo
DIARIODEMALLORCA* : El Consell Executiu del Consell de Mallorca ha desestimado, en base a un informe técnico fechado el pasado 17 de febrero, el recurso de alzada presentado en abril de 2006 por el regidor de Urbanismo de Inca, Bartomeu Seguí (PP), contra un acuerdo de la comisión insular de Ordenación del Territorio del 3 de marzo de ese mismo año que declaraba "fuera de ordenación" la vivienda unifamiliar que el regidor posee en una zona rústica del municipio de Alcúdia, a pesar de que la comisión urbanística consideró que la infracción urbanística que se había cometido ha prescrito.
De esta forma, la institución supramunicipal concluye que el chalet de Seguí está fuera de ordenación y avala el corte de suministro eléctrico a la vivienda irregular que el Consell había ordenado a la compañía Gesa-Endesa y que ésta hizo efectivo el día 3 de febrero.
El caso resuelto ahora por el Consell se remonta a julio de 1988, cuando el ayuntamiento de Alcúdia concedió la licencia de obras para levantar una vivienda unifamiliar en una zona rústica. Oficialmente, las obras del chalet finalizaron en noviembre de 1990, aunque tres años después se abrió un expediente de infracción urbanística por realizar obras al margen de la licencia. En 1997, Seguí reclamó el certificado municipal de finalización de las obras, pero no se le concedió porque, entre otros requisitos, el constructor no aportó el certificado de inscripción en el registro de la propiedad de la indivisibilidad de la finca, una de las condiciones establecidas en la licencia de construcción.
Posteriormente, se constató que después de haberse solicitado el final de obra se ejecutaron nuevas construcciones como una piscina, parte del sótano y algunas terrazas.
El concejal Seguí había alegado en su recurso que el Consell no podía declarar el edificio en situación de fuera de ordenación ni ordenar el corte del suministro eléctrico porque son medidas complementarias de una orden de demolición que no podía adoptarse porque la infracción había prescrito. Sin embargo, el reciente informe técnico de la institución insular considera que ambas soluciones "son consecuencia ineludible de la comisión de la infracción", tal y como está recogido en la Ley de edificios e instalaciones fuera de ordenación, por lo que las medidas "no están afectadas por la prescripción de la infracción".
Según el Consell, la infracción urbanística "está constatada", a pesar de que el acuerdo de la comisión de Ordenación del Territorio impugnada por Seguí admitía la prescripción de la ilegalidad. Sin embargo, el nuevo informe del Consell "discrepa" sobre la posible prescripción de la infracción al cuestionar la fecha de noviembre de 1990 como el punto de partida del plazo de prescripción ya que resulta "bastante evidente" que se realizaron obras con posterioridad al certificado firmado por los directores de la licencia.
Por todo ello, el Consell ha acordado desestimar el recurso de alzada de Bartomeu Seguí y ratifica la declaración de fuera de ordenación de la vivienda unifamiliar del regidor de Urbanismo de Inca.
* Diario de Mallorca - 25.02.10
Foto: Una imagen de la vivienda unifamiliar que posee Seguí en el municipio de Alcúdia. - Guillem Bosch,diariodemallorca.es
¿Qué ha hecho Aguirre con el dinero estatal para la rehabilitación de viviendas en Madrid?
NUEVATRIBUNA* : Son 107 millones sin justificar y varias denuncias de comunidades de vecinos que se han visto obligados a poner de su bolsillo el pago de las obras realizadas en sus inmuebles. Muchos de ellos son pensionistas. 248 vecinos de la Colonia Nuestra Señora del Loreto no han recibido ni un euro de la ayuda que les correspondía al declararse en rehabilitación integral sus viviendas en 2006. 720 vecinos de la plaza Nicaragua de Móstoles están en la misma situación desde que en 2005 se declarase la zona de rehabilitación integral. 2.500 viviendas de la primera fase de rehabilitación de Entrevías, que fue declarada en 2007 esperan todavía dichas ayudas.
Son algunos de los casos denunciados por el Partido Socialista de Madrid sobre las subvenciones dadas por el Estado para la rehabilitación de viviendas en la región. En todos los casos, los vecinos, muchos de ellos pensionistas, se han visto obligados a pagar al banco los recibos mensuales del crédito otorgado para las reformas, una cantidad que previamente había sido autorizada en virtud del Plan de Vivienda 2005-2008 aprobado por el ministerio. En total, el Gobierno central ha destinado para Madrid 185 millones de euros de los cuales sólo 78,24 están justificados, es decir que han llegado a sus destinatarios. Aún restan 107 millones, de los que la Comunidad no ha dado cuentas. ¿Qué ha pasado con ese dinero?
Esa es la pregunta que se hace la oposición y la propia ministra del ramo, Beatriz Corredor, que este miércoles ha participado en las Jornadas Parlamentarias de Políticas Públicas de Urbanismo y Vivienda en la Asamblea de Madrid. Y la respuesta para los socialistas está clara: “Esperanza Aguirre bloquea en las arcas regionales y retrasa el pago de las ayudas estatales” hasta tres años.
Recientemente la ministra puso en duda en el Congreso de los Diputados que la Comunidad de Madrid esté transfiriendo en el plazo acordado las ayudas estatales a los beneficiarios para la rehabilitación de viviendas. Entre las excusas dadas por la propia presidenta regional se argumentó que si las ayudas no se habían tramitado es porque los solicitantes superan el tope máximo de renta establecido por el plan, lo que es una “falsedad” según el portavoz de Vivienda del Grupo Socialista en la Asamblea, Antonio Fernández Gordillo, ya que “existen miles de viviendas que se acogieron al plan de rehabilitación que comenzó en 2005, que están a punto o ya han terminado sus obras y que aún no han percibido la ayuda que sí ha transferido el Ministerio de Vivienda a la Comunidad de Madrid”.
Además -destacó Fernández Gordillo- “en algunos casos y dado que la mayoría de las personas que solicitan una ayuda son de renta media y baja, nos encontramos con casos de solicitantes que tuvieron que pedir un crédito personal para pagar las obras y que ahora tienen verdaderas dificultades económicas para cerrar su deuda con el banco”. Este diputado recordó que la administración regional “tiene la obligación de entregar al beneficiario la mitad de la ayuda cuando se inicia la obra y la otra mitad, al concluirla. No lo está haciendo quizá para solucionar algunos problemas de liquidez de las arcas regionales a costa de los madrileños”.
Pues bien, la polémica ha vuelto a tomar actualidad en las Jornadas celebradas en el Parlamento regional donde Corredor ha vuelto a pedir al Ejecutivo del PP “lealtad institucional y colaboración con las políticas del Gobierno de España en beneficio de los madrileños”. En el acto también ha participado el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que acusó a Aguirre de “poner siempre que puede palos en las ruedas a todo lo que hace el Gobierno de España”, y no sólo en cuestiones de vivienda sino también respecto a las ayudas para que 50.000 niños dispongan de ordenador en las aulas; la dificultad que tienen los jóvenes de acceder a la Renta Básica de Emancipación; o los dependientes que no perciben los servicios y prestaciones que les corresponden por ley ”porque Aguirre ha decidido hacer oposición a Zapatero”.
“Vale ya de utilizar a los madrileños y a la Comunidad de Madrid para hacer oposición al Gobierno central. Estamos en un momento en el que hay que dejar al margen las luchas partidistas y en el que hay que buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos”, ha dicho Gómez.
El Plan estatal beneficiará a 117.500 familias madrileñas y el Gobierno de España ya ha abonado 60 millones de euros a más de 26.000 jóvenes que en Madrid han percibido la Renta Básica de Emancipación “lo que demuestra el inequívoco compromiso del Gobierno con los madrileños”, dijo Corredor. La ministra también subrayó que estas medidas pueden beneficiar especialmente a la Comunidad de Madrid, por lo que apeló al Gobierno de Esperanza Aguirre a “dirigir sus esfuerzos en esta dirección impulsando estas medidas que acabamos de ampliar”.
* Nueva Tribuna - 24.02.10
Foto: Comunidad de Madrid - fotocommunity.es
Desmantelan una red dedicada a la construcción ilegal en El Puerto con tres detenidos y 25 imputados
EUROPAPRESS/Cádiz* : La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha desmantelado una organización presuntamente dedicada a la construcción ilegal de viviendas en El Puerto de Santa María en la denominada operación 'Juncal', en cuyo marco fueron detenidas tres personas e imputadas otras 25.
Según explicó la Junta en un comunicado, en la causa están encartadas 28 personas por su presunta participación en los delitos contra ordenación del territorio, falsedad documental, estafa, desobediencia, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita y alzamiento de bienes; todo ello por la construcción y venta fraudulenta de viviendas ilegales, así como por la constitución de préstamos hipotecarios sobre estas viviendas con tasaciones fraudulentas, en el conocido como pago Los Desmontados de la localidad portuense.
El Grupo de Medio Ambiente y Urbanismo de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía desarrolló la operación desde el pasado mes de julio bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número tres de El Puerto, Juan José López Marchena, quien mantuvo las diligencias bajo secreto de sumario hasta hace pocos días.
En la operación también se contó con la colaboración del grupo Udyco III de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cádiz, a quién el Juez encargó la investigación de un supuesto blanqueo de capitales que habría cometido por esta organización desarticulada.
LA ORGANIZACIÓN
Entre las 28 personas detenidas e imputadas se encuentran el promotor-constructor, cuatro arquitectos, el director de una entidad bancaria, un jefe de obras, cuatro personas interpuestas que actuaban como testaferros para la obtención de los préstamos hipotecarios y un funcionario.
Según indicó, la organización estaba estructurada de forma piramidal constituyendo una asociación ilícita integrada principalmente por tres personas: el promotor, el jefe de obras y uno de los arquitectos, ya detenidos en reiteradas ocasiones.
Las construcciones ilegales realizadas en el pago Los Desmontados afectaban a un total de 13 chalés con parcelas de aproximadamente 350 metros cuadrados, y dos parcelas pendientes de construcción, siendo la superficie total de la zona donde se ubican las viviendas de 5.000 metros cuadrados y el valor estimado de venta podría alcanzar la cantidad de cuatro millones de euros.
INFORMES FALSOS
Las pesquisas policiales determinaron que en 2002 la empresa 'Los Viñazos' adquirió la practica totalidad de la parcela de 5.000 metros cuadrados de Los Desmontados a "muy bajo precio", ya que estaba catalogado como suelo de sistema general de equipamiento con la calificación de uso dotacional deportivo, y donde no estaba autorizada la construcción de viviendas.
La finca fue sometida a división horizontal con una certificación falsa que permitió dividirla en 14 viviendas registrales con una antigüedad de cinco años, y que no existían en la fecha de constitución de dicha escritura.
A continuación, la organización inició la construcción de distintas viviendas unifamiliares aisladas o chalés y su venta a particulares, algunas de ellas puramente ficticias para eludir los expedientes administrativos del Ayuntamiento de El Puerto.
La Junta destacó que incluso llegaron a ofrecer viviendas a familias en precario para su ocupación como vivienda habitual y así evitar el precinto de las mismas, aún en fase de terminación.
Asimismo, explicó que la empresa reseñada solicitó préstamos hipotecarios sobre cada una de las viviendas a construir, por un montante de 1,2 millones de euros. Para avalar estas operaciones crediticias presentó informes de tasación falsos, realizados en algunos de los casos sobre viviendas inexistentes, y en casi todos los supuestos falseando la antigüedad de construcción.
Actualmente, de los préstamos hipotecarios concedidos, siete de ellos dejaron de abonarse, ocasionado un perjuicio patrimonial a la entidad bancaria superior a los 800.000 euros, y dos de los prestamos fueron liquidados.
Finalmente, expuso que las diligencias policiales instruidas fueron remitidas al titular del Juzgado de Instrucción número tres de El Puerto, ante quien volvieron a declarar los detenidos e imputados, levantándose por la autoridad judicial el secreto del sumario.
* Europa Press - 24.02.10
Foto: Consejería de Gobernación
Multa histórica al Consistorio de Málaga por su red wifi
SUR* : Una de las apuestas tecnológicas del Ayuntamiento de Málaga, la de ofrecer gratuitamente a la ciudadanía la conexión sin cables a Internet en cuarenta instalaciones municipales, le puede salir muy cara. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto una multa de 300.000 euros al Consistorio por operar sin cumplir lo establecido en la normativa a este respecto.
Una sanción histórica ya que es la de mayor cuantía impuesta por este organismo -dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio- a una administración pública en España.
En el expediente sancionador, fruto de año y medio de trabajo de este organismo regulador del mercado de comunicaciones electrónicas y servicios audiovisuales, se concluye que el Ayuntamiento ha cometido una infracción «muy grave» tipificada en la Ley General de Telecomunicaciones al explotar una red pública de comunicaciones sin haberse inscrito previamente en el registro de operadores. Un requisito indispensable para no interferir en la libre competencia.
La Red Biznaga se puso en marcha en agosto de 2008 y permite a los usuarios municipales -previa solicitud de clave de usuario y contraseña- disponer de acceso ilimitado y gratuito a las páginas de la corporación local para obtener información o hacer trámites administrativos vía on-line, a navegación web (excepto páginas pornográficas y violentas) y a servicios de correo y chat.
La normativa permite a las administraciones públicas la autoprestación del wifi para «satisfacer las necesidades propias del servicio municipal» así como en las bibliotecas, centros culturales o dependencias municipales donde se imparten cursos. La CMT sostiene que en el caso de Málaga no se cumplen estos supuestos por lo que impone la sanción e insta al Consistorio a inscribirse como operador, a establecer una separación contable para evitar la transferencia de fondos públicos y a operar con arreglo a los principios de «neutralidad, transparencia y no discriminación».
Unos argumentos con los que no está de acuerdo el equipo de gobierno del PP. El concejal de Nuevas Tecnologías, Francisco José Salas, anunció que estudian interponer un recurso contencioso-administrativo contra esta sanción al entender que «no tiene razón» desde el punto de vista jurídico y parece «a todas luces carente de sentido».
Salas esgrimió que antes de la implantación del servicio se consultó a la CMT y que en virtud de la respuesta que dio se adecuó esta iniciativa a lo requerido y añadió que esta oferta encaja dentro del régimen de autoprestación. «La prestación del servicio de acceso a Internet es necesaria y complementaria para satisfacer las necesidades de los servicios prestados en cualquiera de nuestras sedes municipales», sostuvo.
Desde la oposición, PSOE e IU criticaron «la torpeza» del PP en este caso, a su juicio, un ejemplo más de como incumplen la legislación vigente. Además, indicaron que va a suponer un importante desembolso económico para la ciudad.
* SUR - 24.02.10
Foto: Malaga - guiapolis.com
Torrevieja lleva al Consell el plan que prevé 20 torres de 30 alturas en primera línea
LEVANTE/Alicante* : El cambio del perfil urbano de Torrevieja quedó ayer, tras el pleno, a expensas de una última rúbrica del conseller de Urbanismo. Y es que la sesión aprobó con los votos favorables del PP y el rechazo de PSOE, IU y LV -y sin debate- el texto refundido de la denominada "libertad tipológica" o, lo que es lo mismo, la autorización para que los promotores puedan levantar edificios de hasta 30 alturas en algunas zonas del casco urbano.
Se trata de hasta 20 torres en seis enclaves privilegiados de las principales zonas en primera línea de la playa, como el Campico San Mamés -entre la playa del Acequión y Marina Internacional-, la Playa de los Náufragos, la Curva del Palangre, junto a la playa de Los Locos o Las Lomas en La Mata.
El ayuntamiento lleva más de una década intentando sacar adelante una medida como ésta. En el año 2000 la Generalitat "tumbó" un acuerdo plenario similar. La actual tentativa municipal parece tener visos de éxito puesto que la Generalitat lo que pedía ayer del pleno es que se subsanaran algunos requisitos a la hora de establecer las condiciones para construir y que los usos no fueran exclusivamente residenciales para esta modificación puntual del Plan General.
El alcalde Pedro Hernández, se limitó ayer a leer el epígrafe del orden del día sin abordar el fondo del asunto. Cuando se aprobó la exposición pública de esta propuesta, en septiembre de 2008, Hernández fue más didáctico y echó mano de dos cajas de cartón para explicar la diferencia entre la construcción en horizontal -que ocupa más suelo y oculta las vistas al mar y por la que ha apostado el municipio durante 30 años- y la edificación en vertical, en la que el suelo se rentabiliza mucho más, y sólo se ocultan parcialmente las panorámicas al mar. Además, el alcalde dijo que esta tipología en la edificación pretendía frenar los efectos de la crisis del ladrillo, atrayendo la inversión inmobiliaria. Los informes de conselleria sobre este asunto aluden al impacto sobre el paisaje de estas edificaciones puesto que la mayoría de los edificios construidos en la ciudad desde 1987, son adosados, o inmuebles de cinco alturas y ático en el casco urbano.
* Levante-EMV - 24.02.10
Foto: Torrevieja - escapadafindesemana.net
Castro: La Fiscalía pide tres años de prisión para Díaz Helguera y seis para el ex secretario
ALERTA/Cantabria* : Cuando parecía que no se podía complicar más la situación política de Castro Urdiales, la Fiscalía solicitaba ayer tres años de cárcel para el ex alcalde, Rufino Díaz Helguera, y seis para el ex secretario municipal, César Saiz, por su implicación en el caso Urdicam, de prevaricación urbanística y administrativa.
El Fiscal denuncia que ambos imputados falsificaron documentos oficiales para justificar actuaciones urbanísticas que buscaban «dar satisfacción a los promotores», a costa de suelo destinado a equipamientos, por lo que también pide 4.500 euros de multa en el caso del ex regidor; y para Saiz, lo mismo más otros 6.000 euros.
Además, el Fiscal les acusa -junto a varios concejales del equipo de gobierno de Díaz Helguera (PSOE) de 1999 a 2003 y de la primera legislatura de Muguruza (2003-2007)- de haber aprobado modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) «con conocimiento y voluntad de transgredir la normativa», a sabiendas de la ilegalidad de dichas actuaciones. Para todos ellos, piden diferentes penas de inhabilitación para cargo público y multas. El perjuicio para las arcas castreñas lo cifra la Fiscalía en unos 2.400.000 euros, ya que supusieron la pérdida de 2.000 metros cuadrados de terrenos. Un coste que deberá sufragar el Ayuntamiento.
El escrito de acusación, presentado ayer por el Ministerio Público, recoge algunas de las descripciones que el Tribunal de Cuentas hizo de la gestión urbanística del Ayuntamiento castreño en su informe final del 26 de febrero de 2009. Así, califica la actuación municipal de «absoluta falta de control, rigor, ausencia de organización y, en definitiva, actuación al margen de la legalidad vigente». Una situación que se dio en un momento de «desarrollo urbanístico explosivo» y «no deseable», ya que, prosigue, no cumple con un «uso racional» del suelo y el medio ambiente.
La Fiscalía se hace eco también de la «falta de celo» del Consistorio en la exigencia de los aprovechamientos urbanísticos y su consecuente perjuicio patrimonial del municipio y «correlativo enriquecimiento» para los promotores.
Ni siquiera, apuntaba el Tribunal de Cuentas, había un control riguroso de las licencias concedidas. Y, para más datos, detectaba «apreciables desfases patrimoniales generalizados» en gran parte de los responsables municipales de aquella época.
El caso Urdicam engloba la investigación del desarrollo urbanístico de las zonas de ejecución 1.33 y 1.34 del PGOU de Castro Urdiales, y como el Ayuntamiento planteó actuaciones en esa zona -la apertura de un vial no previsto en el planeamiento- sin el visto bueno de la Comisión Regional de Urbanismo, ya que copaba parte del suelo destinado a equipamiento público; y como con informe desfavorable de la CRU, la vía se lleva a cabo siguiendo la «voluntad caprichosa» de los responsables municipales. Posteriormente, relata la Fiscalía, se trató de «camuflar» la actuación cambiándola de nombre y volviendo a remitirla a la CRU (Ahora como Modificación Puntual nº 11 del PGOU, en vez de nº 4), aunque se vuelve a rechazar.
Dictamen que «se oculta» y «dando apariencia de continuar el trámite legal», se aprueba la actuación como trámite administrativo. Al secretario municipal, incluso, se le acusa de falsedad documental por alterar los datos enviados al Catastro y a Díaz Helguera por la remitida al BOC. En este caso, llevado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro, están imputadas 32 personas por diferentes delitos de prevaricación, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio.
* Alerta - 24.02.10
Foto: Castro Urdiales, ayuntamiento - foro-ciudad.com
Vinarós: Imputan a Balada por prevaricación por las obras de Jovellar
LEVANTE/Castelló : El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Vinaròs ha librado un auto de Incoación de Procedimiento Abreviado en el que se imputa al primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Vinaròs, Javier Balada, la presunta comisión de un delito de prevaricación como consecuencia de una obras efectuadas en un edificio de plaza Jovellar en el año 2006, cuando Balada ocupaba la alcaldía de la ciudad.
La juez resuelve en el auto dar traslado al fiscal y a las partes acusadoras personadas en las investigaciones seguidas hasta el momento para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento del caso o la práctica de diligencias complementarias. Así se recoge en el auto dictado el pasado día 10 de febrero y firmado por la jueza Cecilia Alzaga, y que fue dado a conocer en la tarde por el Partido Popular de Vinaròs.
La denuncia que ha dado pie a este procedimiento fue presentada en su día por el entonces presidente del PP de Vinaròs, Enrique Chaler, y el secretario general y a su vez diputado autonómico y concejal del PP, Mariano Castejón.
La denuncia ya fue sobreseída en primera instancia por el juzgado de Vinaròs y recurrida por los denunciantes ante la Audiencia de Castelló, la que dispuso que la investigación se reabriera en los juzgados de Vinaròs.
Expediente sancionador
En el auto se detalla que en el año 2006, Javier Balda Ortega, "en su condición de Alcalde de la localidad de Vinaròs, a pesar de tener constancia de que se estaba realizando una construcción ilegal que contravenía las normas de edificación en las obras que se realizaban en la Plaza Jovellar nº 3 de dicha localidad, se negó a aperturar expediente sancionador y, en su caso, a paralizar cautelarmente los trabajos de construcción". El ahora teniente de alcalde ha convocado para este mediodía a los medios de comunicación. El PP ha hecho lo propio.
* Levante-EMV - 24.02.10
Foto: Vinaròs, edificio de la Plaza Jovellar nº3 - cope.es
La revolución ciudadana
JAVIER CREMADES* : El micropoder es la capacidad de los ciudadanos, organizados en redes aprovechando las nuevas tecnologías, para influir en la toma de decisiones del poder político y económico. Dicho así suena complicado, pero si repasamos distintos sucesos cuyos orígenes estuvieron en la red podremos entender mejor su influencia en el mundo actual. Cuando un blog informaba sobre la relación entre Monica Lewinsky y el presidente Clinton, pocos imaginaban que derivaría en un proceso que acabaría con el ex presidente testificando desde el Despacho Oval. Actualmente se habla ya de una Web 2.0 para referirse a fenómenos como YouTube o MySpace, donde los ciudadanos son protagonistas del proceso de la comunicación interpersonal y social.
El uso de las tecnologías de la comunicación, nacidas de la digitalización, está revolucionando las relaciones entre el poder constituyente y el poder constituido. Los políticos, los empresarios y los medios de comunicación siguen, con una mezcla de curiosidad y recelo, la evolución de los ciudadanos participativos en esta nueva sociedad de la información: los denominados "tecnoinfluyentes". Superado el crash de las empresas punto com a finales de los noventa, las nuevas tecnologías han resurgido con fuerza y ahora tenemos una idea más clara del papel que deben ocupar en la sociedad. Por eso no es de extrañar que, en 2006, la revista Time eligiese al usuario de internet como la "Persona del Año".
Hoy los ciudadanos pueden influir en las elecciones a través de sus opiniones en blogs, denunciar casos de violación de derechos humanos o asociarse para compartir experiencias y tomar decisiones conjuntas. Esta capacidad terminará cambiando la relación de los políticos con la gente. El micropoder contagia su interactividad característica al sistema político para pasar de un gobierno unidireccional (del poder político a los ciudadanos) a un gobierno bidireccional (de los ciudadanos al poder político y de éste a los ciudadanos).
La posibilidad real de que la participación de una ciudadanía activa contribuya a que el sistema democrático se regenere se está abriendo paso gracias a la revolución digital. La acción política así entendida desarrolla una red de relaciones humanas que se mantienen a través de un constante diálogo interactivo (hablar y escuchar), posibilitado por las nuevas tecnologías. En este sentido, la actividad de los lobbies se convertirá en una labor más abierta y transparente. Ya no será una función reservada a las grandes organizaciones, sino que los grupos de interés social podrán participar en el diálogo con el poder político para transmitir sus preocupaciones. El micropoder también se manifiesta en el ámbito empresarial. La creciente importancia de los accionistas minoritarios ha convencido a los consejos de administración de las empresas de que éstos son actores clave, especialmente cuando son capaces de organizarse en foros de discusión al margen de las juntas generales anuales.
El micropoder nunca reside en el individuo aislado, sino en la persona entendida en su ámbito relacional propio. Es decir, que el protagonismo de cada individuo es, en realidad, coprotagonismo; y se traduce en la conjugación de dos conceptos clave para la articulación de una política centrada en la persona: autonomía e integración. Sólo cuando la persona es consciente de la capacidad de influencia y acción que le da la integración con otras personas surge el micropoder.
Los ciudadanos, los consumidores y los accionistas son ahora más relevantes porque se han convertido en nodos de unas redes sociales cada vez más influyentes. Los poderes clásicos deberán aprender a relacionarse con estos nuevos participantes en el gran juego de la sociedad. El micropoder obligará a entrar en un nuevo tipo de juego, en el que el poder constituido necesitará buscar la alianza con el ciudadano y comprender que los tiempos del ostracismo y del despotismo han quedado relegados en favor de la transparencia.
* Javier Cremades es presidente de Cremades & Calvo Sotelo.
* ELPAIS.com - Opinión - 03/06/2007
Anticorrupción pide ocho años de prisión para el ex alcalde de Andratx
ELPAÍS/Mallorca* : El ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, del PP, que cumple una condena de cuatro años de cárcel por corrupción urbanística, se enfrenta a un nuevo juicio, el tercero de las más de 70 causas que componen el llamado caso Andratx. La Fiscalía Anticorrupción pide para él más de ocho años de cárcel, y una pena de cinco años de prisión para su presunto socio, el promotor inmobiliario Manuel Zapata. Ambos están acusados de construir viviendas de lujo en un ámbito rústico protegido de la isla Mallorca.
En 2005, Hidalgo era edil, responsable de Urbanismo y a la vez empresario inmobiliario en su municipio. Aquel año concedió en sólo 14 días una licencia express a Zapata para que éste levantara 24 apartamentos en una parcela de 7.000 metros de suelo rústico protegido en Cala Llamp. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach afirman que el empresario sabía que la licencia no era factible y que Zapata le compensó por ella.
Cala Llamp fue un espectacular anfiteatro marino de acantilados y pinares, que se ha convertido en el escenario del urbanismo salvaje. Decenas de residencias han sido incrustadas en parcelas 'inventadas' -excavadas en peñas inclinadas- con pendientes en "áreas de protección de riesgo" por desprendimiento, como en este caso. Los 12 apartamentos construidos allí por Manuel Zapata (la mitad del proyecto, de 1,3 millones de euros, no se desarrolló) tienen 80 metros cuadrados, dos habitaciones y se venden por más de 300.000 euros. La piscina posterior está dispuesta y una de las viviendas está habitada.
Según la acusación, Hidalgo obtuvo 369.000 euros en la operación, a través de la venta de unas acciones de la empresa promotora que había adquirido por 1.023 euros. La acusación cree que aquella fue una compra ficticia, una dádiva, "porque no se pagó precio alguno". Hidalgo y Zapata no escrituraron la propiedad del solar ni anotaron sus operaciones mercantiles y, además, intentaron destruir documentos, según los fiscales.
Hidalgo fue detenido en otoño de 2006, al estallar el escándalo de corrupción y urbanismo salvaje conocido como caso Andratx. Con él fueron arrestados el funcionario y socio suyo Jaime Gibert (que acabaría colaborando con la justicia y convirtiéndose en confidente protegido) y el que era director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear y ex jefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, que cumple dos condenas de más de ocho años de prisión. El empresario Manuel Zapata fue detenido durante dos días, en 2007, cuando los investigadores tiraron del hilo de las tramas de Hidalgo.
En este juicio, Hidalgo está acusado de cohecho, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos. Zapata está acusado de cohecho, negociaciones prohibidas y delito urbanístico, además de estar obligado a derribar la obra ilegal. Ambos afrontan posibles multas e indemnizaciones de centenares de miles de euros por los supuestos sobornos y beneficios que lograron. Jaime Gibert se enfrenta a una pena multa de cinco meses y el retorno de una dádiva de 60.000 euros.
La primera sentencia sobre este asunto de Cala Llamp fue emitida en 2009 por un juez de lo contencioso, que sentenció que la obra era ilegal, por licencia nula, y ordenó la demolición de los edificios y la "restauración de la ilegalidad infringida". Ahora se producirá un juicio penal por la trama supuestamente corrupta y el pelotazo denunciados por el letrado Agustí Cerveró por el Grupo de Ornitología Balear (GOB). Tres vecinos (dos residentes extranjeros y un abogado español) intentaron frenar la denuncia en el Ayuntamiento, pero sus acciones fueron ignoradas por Hidalgo.
Ex guardia civil, 'bisagra' y fichado por Matas
Eugenio Hidaldo dejó el uniforme de la Guardia Civil y se convirtió en hombre de negocios y político de Andratx. Montó un partido local bisagra y pactó con el PP -y una vez con el PSOE- con la condición de poder controlar la mina de oro, el Urbanismo. Se hizo promotor inmobiliario y tenía socios 'ocultos'. El lider del PP, en 2006, Jaume Matas lo fichó para el PP y lo designó candidato pese a sus causas judiciales. Ha sido condenado a cuatro años de cárcel por construir uno de sus chalés en terreno protegido, sentencia confirmada por el Supremo aunque el alto tribunal anuló otra condena a siete años de inhabilitación por dar licencia ilegal a un restaurante de su hermano. Por llamar xenófoba y nazi a una edil fue condenado a multa por injurias leves. Tiene dos causas más del caso Andratx: una por la obra en un falso urbano con el promotor Zapata donde le pedirán 2,3 años por vender su patrimonio sin permiso del juez instructor.
* ELPAIS.com - 23.02.10
Foto: Viviendas de lujo de Cala Llamp, construidas en una zona rústica protegida.- EL PAÍS
La crisis deja a un tercio de los solicitantes sin ayuda al alquiler
ELPAÍS/Barcelona* : Rafael Ribó, síndic de Greuges, entregó ayer su informe anual al Parlament con una seria advertencia a las instituciones: los recortes presupuestarios motivados por la crisis no deben repercutir en los servicios sociales, una pauta que se repitió en 2009, según la memoria. Uno de los ámbitos más afectados son las ayudas al alquiler, en especial las destinadas a personas con ingresos reducidos.
Según el síndic, de las 32.419 solicitudes que recibió la Generalitat, 9.482, el 29,2%, no recibieron ayudas pese a que cumplían todos los requisitos. ¿El motivo? "Faltaba presupuesto", sentenció Ribó, que agregó: "Las restricciones presupuestarias están afectando a servicios y prestaciones en ámbitos especialmente sensibles".
La Generalitat dedicó en 2009 58,7 millones de euros al programa de ayudas al alquiler, el 51,5% más que en 2008, según los datos de la Secretaría de Vivienda. El de urbanismo y vivienda fue el apartado que más quejas generó a la oficina del Síndic de Greuges, con 1.068 reclamaciones. Las ayudas para al alquiler de jóvenes también tuvieron problemas, por retraso en el pago de los subsidios.
El Síndic de Greuges resalta en su informe anual los recortes que han sufrido algunos servicios sociales por el bajón económico, algo que disgusta a Ribó: "El impacto de la crisis ha obligado a cerrar el grifo del dinero público, pero eso no debe afectar al núcleo duro de las medidas contra la exclusión social y en pro de la igualdad de oportunidades", valoró.
Ribó focalizó su queja en casos concretos: la falta de docentes en la educación, que también; la disminución de ayudas para discapacitados, donde se han eliminado partidas para ayudar con tratamientos de rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad, y la debilidad de los subsidios para las familias que acogen menores en riesgo de exclusión social, siete veces menos cuantiosos que los destinados a centros de acogida. El informe incide, además, en el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El Síndic estudió el año pasado 24.690 casos, el 5,4% más que en 2008, entre reclamaciones, consultas y expedientes de oficio. De todo, Ribó destacó una queja que lo dejó "escandalizado": el caso de una aspirante a maestra que no pudo presentarse a unas oposiciones por estar de parto el día del examen. Perdió la plaza porque la Generalitat le denegó la posibilidad de posponer la prueba.
* ELPAIS.com - 23.02.10
Foto: Alquiler - cincodias.com
Puerto de Granadilla y todo lo deshonesto que le rodea
SANBORONDÓN/Canarias* : Tras un largo periodo de tiempo en el que lo he evitado para no detraer su atención, vuelvo a remitirles un nuevo escrito por correo certificado, pues la situación en estas Islas Canarias, sobre todo en Tenerife, es globalmente insostenible. Les reitero mis anteriores solicitudes de amparo a esa Comisión Europea, ya que el Gobierno de España, no se si por pactos políticos que no proceden en temas tan graves y de tanta trascendencia, no está dando las respuestas urgentes necesarias, en evitación de que el Gobierno de Canarias, muy presionado por el sector empresarial, nos termine metiendo en un callejón sin salida, y no sólo por la deleznable corrupción que aflora día a día y que tanto nos preocupa, sino también por los ataques gravísimos y sin sentido al Medio Ambiente y a la Biodiversidad.
Se cuantifican en varias decenas, tal vez centenas, los escritos denunciatorios que les he dirigido, bien a título personal o en representación de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz, que actualmente presido. Y como yo, me consta que también lo han hecho un significativo número de Colectivos Sociales y Ecologistas, amén de la Comunidad Científica del Archipiélago. El Gobierno de Canarias, utilizando claramente al partido político que lo sostiene, Coalición Canaria, y con el apoyo del Partido Popular, está tratando de sacar adelante, mediante una proposición de ley para esquivar obstáculos, un nuevo Catálogo de Especies Protegidas para Canarias, del que ustedes ya deben estar informados por otras denuncias que con seguridad les han llegado.
Es de conocimiento general y hasta incluso admitido por algunos de los propios gobernantes, que la finalidad real de este nuevo catálogo, que deja sin protección a muchas especies sin argumentos científicos que lo avalen, es retomar las obras del puerto de Granadilla, ahora paralizadas por la suspensión cautelar ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la descatalogación irregular que hicieron de los Sebadales que ocupaba ese indeseado puerto, o sea, bordear a la Justicia con leyes a la medida. Y para ello, como no podía ser de otra manera, a la Cymodocea nodosa, popularmente conocida como Seba, la pasan a un rango de protección inferior. Y lo hacen, a pesar de los informes desfavorables de las dos Universidades Canarias, o de la UICN-Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o del Centro Superior de Investigaciones Científicas-CSIC o de la Organización Internacional OCEANA o desoyendo lo que dice la Organización de Naciones Unidas-ONU, sobre las Praderas Marinas y la importantísima función que desarrollan.
Tenerife es una pequeña isla que vive básicamente del turismo, no soporta dos puertos industriales a menos de 60 kilómetros, dos aeropuertos, autopistas norte y sur, cierre del anillo insular, por cierto extremadamente impactante, vía exterior, vía cornisa, vía litoral, trenes norte y sur y un sin fin de obras más, todas las que se les ocurran a estos irresponsables gobernantes, presionados a tope por un sector empresarial que sólo se mueve por su propio interés. A todas esas obras, muchas de ellas aún pendientes de ejecución, hay que sumarle otras dañinas actuaciones en Parques Rurales, en Espacios Naturales Protegidos o en Lugares de Interés Comunitario, muchas de las cuales les tenemos denunciadas, como en Costa de Acentejo, en el Litoral de San Juan de la Rambla o en El Riquel, con reciente petición admitida a trámite por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.
Tampoco se paran ante actuaciones peligrosísimas, que nos reportan catástrofes con hasta pérdida de vidas humanas. Por esta Isla de Tenerife, para los gobernantes es muy normal taponar barrancos, estrechar sus cauces o construir en laderas de montañas, aún siendo estas las principales causas de los destrozos que están ocasionando los cada vez más frecuentes temporales. En estos últimos días lo hemos pasado realmente mal por aquí. Pues bien, aún así hay Planes Generales de Ordenación, como el de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a punto de aprobarse definitivamente, que contemplan significativos crecimientos urbanísticos en esos peligrosos entornos. Ni siquiera les valen gravísimas experiencias anteriores para actuar con la congruencia necesaria, y es que el 31 de marzo de 2002 fallecieron ocho personas en una riada que azotó la Ciudad. No quiero ni pensar que pueda subyacer también corrupción tras estos desatinos.
Y termino, regresando de nuevo al puerto de Granadilla y al intento del Gobierno de Canarias, utilizando a su propio grupo Parlamentario, de sacar adelante esa proposición de Ley que dejaría desamparadas a bastantes Especies Animales y Vegetales, con ese claro fin al que ya aludí, bordear la Justicia para construir esa infraestructura. El Lugar de Interés Comunitario-LIC Núm. ES7020116, Sebadales del Sur de Tenerife, hoy, por su importancia, declarado Zona de Especial Conservación-ZEC, se vería decisivamente afectado si ese puerto industrial se hiciese. Locuras aparte sobre la soberbia del Gobierno de Canarias, de querer hacer realidad, como sea, un puerto innecesario y altamente devastador, que técnicamente no serviría para nada, tengan muy presente, y no les quepa la menor duda, que si ese puerto finalmente se hiciera, no sólo acabaría con los Sebadales que ocupase, sino con toda esa Zona de Especial Conservación. Sin duda, más tarde o más temprano, los negativos efectos que generaría el puerto industrial se encargarían de ello, como les sucede a todos los puertos de este tipo y como le sucedió al de Santa Cruz con los Sebadales de su entorno, hace ya muchos años. Que las aguas colindantes sufren una importante y creciente pérdida de calidad, es un hecho incuestionable, máxime las que se encuentran en el derrotero del tiempo dominante en donde se ubica la ZEC y son vitales para la pervivencia y reproducción de la Cymodocea nodosa. Construir un puerto allí, no es la fórmula más adecuada para dotar al mayor y mejor conservado Ecosistema de Tenerife de especial conservación, sino todo lo contrario, de especial destrucción.
Rogándoles de nuevo que intervengan, quedo a su disposición y les saludo atentamente,
* Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz
* Revista San Borondón - Opinión - 23.02.10
El ladrillo burla la ley en la Safor
LEVANTE/Valencia* : La comarca de la Safor no ha escapado al mal de las viviendas ilegales. En casi todos los términos municipales han proliferado edificaciones fuera de ordenación, y en los casos más graves la continuidad de esa infracción ha ocupado ya áreas enteras, a modo de urbanizaciones anárquicas que ahora piden todos los servicios. Sólo en los últimos años, y en parte a raíz de las detenciones por corrupción urbanística, los alcaldes se han puesto las pilas, pero pese a todo son escasísimas las órdenes de demolición que se acaban ejecutando.
Ante los ojos de los alcaldes, a la vista de todos y sin que la Generalitat haya puesto nunca los medios necesarios para atajar el problema. Así se han construido en los últimos años en la comarca de la Safor miles de casas fuera de ordenación, un eufemismo que equivale a decir sin licencia, burlando las leyes.
El desbarajuste urbanístico, que en muchos casos ha desembocado en problemas a la hora de ordenar el territorio y extender cascos urbanos e infraestructuras, ha afectado a casi todos los municipios, si bien en algunos casos los alcaldes, especialmente en los últimos años, se han visto obligados a actuar con contundencia y, además de abrir los procedimientos sancionadores, han remitido el expediente a la Fiscalía. Es el caso de Oliva, en donde, a partir de un acuerdo de pleno de septiembre de 2003, las construcciones ilegales en suelo protegido acaban en el juzgado.
Son pocos los que han librado de la anarquía urbanística, pero la incidencia ha sido muy diferente según la actitud de los alcaldes. Almiserà, Barx, la Font d'en Carròs, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga y Xeraco han visto cómo aparecían viviendas como champiñones repartidas por todo el término, en algunos casos en suelo clasificado como de especial protección.
En los casos más graves, como Barx, la Font, Simat y Villalonga, incluso se han llegado a formar urbanizaciones anárquicas, sin los más elementales servicios y sin que, salvo casos muy extremos, la vulneración de la ley haya acabado con el derribo de lo construido.
Más aún, los ayuntamientos han participado en las operaciones posteriores para tratar de legalizar las viviendas y equipararlas a las que sí cumplen la ley, facilitando la tramitación de infraestructuras que corren a cargo de los propietarios, especialmente el suministro eléctrico o de agua. En Villalonga el consistorio sigue muy interesado en concluir el proyecto para llevar luz a la zona de la Llacuna, en donde, entre este término municipal y el vecino de la Vall de Gallinera, se han levantado cerca de cuatrocientas viviendas.
Hacer la "vista gorda" ha sido la actitud más habitual entre los alcaldes, que, a lo sumo, se veían "obligados" a abrir expedientes de infracción urbanística y cerrarlos con simples sanciones económicas. Al ser preguntados por su actuación, los alcaldes siempre aseguran que "cumplen la ley" y que denuncian a los infractores, pero la realidad es que, en muchos casos, reconocen que lo complicado es fijar el momento a partir del cual, además de la sanción administrativa, se remite el expediente a la fiscalía para que actúe por un delito contra la ordenación del territorio. "Si mi vecino lo ha hecho, por qué no lo puedo hacer yo", es la pregunta ante la que la mayoría de las autoridades locales agachan la cabeza.
Los informes sobre infracciones solicitados por la Fiscalía de Medio Ambiente y los escándalos que han acabado en la detención de alcaldes, concejales y técnicos municipales por corrupción urbanística han supuesto una seria llamada de atención. El miedo de los responsables políticos a terminar como el alcalde de Montroy cambió su proceder y la vista gorda empieza a flaquear. Varios municipios, entre ellos los citados de la Font, Villalonga o Simat, han anunciado o tienen procedimientos abiertos para aprobar planes especiales de ordenación o clasificar como suelo urbano las zonas ya casi del todo construidas. A pesar de eso, de los anuncios de fin de la anarquía y de la política de mano dura que en su día anunció el conseller de Urbanismo, Esteban González Pons, las obras ilegales no se han detenido.
* Levante-EMV - 23.02.10
Foto: El ladrillo burla la ley en la Safor - levante-EMV.com
La Fiscalía imputa al ex alcalde de Atarfe otro delito de prevaricación
GRANADAHOY* : La Fiscalía Provincial ha interpuesto una denuncia contra Víctor Sánchez, ex alcalde socialista de Atarfe, y contra el director económico administrativo de la empresa municipal de suelo, Miguel Mesa, por las presuntas irregularidades en la venta de una finca. Sánchez abandonó la alcaldía el pasado 16 de diciembre, después de ser condenado a tres años de cárcel por un delito medioambiental.
En su decreto, dado a conocer por el PP, la Fiscalía considera que los hechos denunciados, "sin perjuicio de una posterior investigación", revisten el carácter de un delito de prevaricación por omisión de trámites esenciales de procedimiento y pueden constituir un delito de malversación de caudales públicos.
Según el decreto del fiscal, que ha actuado a raíz de una denuncia del PP, el Ayuntamiento llevó a cabo unas enajenaciones de terrenos mediante adjudicación directa, "infringiendo el procedimiento establecido por la legislación urbanística y patrimonial aplicable", entre los que se encuentran la finca que ha originado esta denuncia.
El propio Ayuntamiento enajenó terrenos públicos a través de la empresa pública de suelo Proyecto Atarfe a José Miguel Mesa, director gerente, y a su esposa por un valor de 22.163,52, que posteriormente también fueron arrendados por estos a una promotora por 60.101,21 euros. El fiscal afirmaque no consta cuál fue el destino dado finalmente a las cantidades recibidas por la Sociedad Proyecto Atarfe, por lo que concluye en que se vendió suelo "sin ninguna condición o afección a destino determinado y sin la pertinente subasta".
El PSOE replicó diciendo que es "falso y torticero" afirmar que Mesa era gerente de la empresa cuando ocurrieron los hechos, puesto que fue nombrado un año después de los mismos. Y por tanto, razona, también es falso que Proyecto Atarfe vendiera finca alguna al acusado cuando ostentaba ese cargo. "Ocultan intencionadamente esos datos", resalta la nota socialista, que añade que la "única y malsana intención" de los denunciantes "es la de confundir a la Fiscalía Provincial".
* Granada Hoy - 23.02.10
Foto: Atarfe (Granada) - foro-ciudad.com
La tragedia de Madeira saca a la luz los excesos urbanísticos en la isla
ELPAÍS/Portugal* : La catástrofe que provocaron en la isla portuguesa de Madeira las lluvias torrenciales del sábado pasado no fue sólo una fatalidad de un zarpazo climático. El desastre tiene que ver también con una mala planificación urbanística, que no respeta el lecho de las riberas, canalizadas y estranguladas por la construcción inmobiliaria.
La mano del hombre, señala un creciente coro de voces críticas, es responsable en buena parte de la avalancha de agua, piedras y barro que ha dejado de momento 42 muertos, 70 heridos, un número indeterminado de desaparecidos y 250 personas desalojadas. El debate sobre eventuales responsabilidades políticas está en la calle y en los medios de comunicación, mientras todo Portugal se moviliza para reparar los daños sufridos por la región autónoma enclavada en el Atlántico.
Hay que reconstruir Funchal (capital de Madeira) y repensar la ciudad, reclaman varios especialistas en urbanismo. "Los lechos de las riberas fueron reducidos a un tercio de su condición natural. Se construyeron edificios, casas y calles sobre el lecho y ahora vemos el resultado. Ante este estrangulamiento, cuando se produce una crecida salvaje el agua tiene que salir por algún lado", señala Hélder Spínola, dirigente nacional de la organización ecologista Quercus, que advierte desde hace tiempo de los peligros de una deficiente ordenación del territorio.
Sandra y Policarpo Capelo poco pudieron hacer cuando a las nueve de la mañana del sábado vieron alarmados cómo subía el nivel del agua junto a su casa, en el barrio de São Roque, de Funchal. Cogieron en brazos a su hija, Mónica, de dos años, y dieron un salto al piso de arriba. El agua seguía subiendo. Se encaramaron a la azotea, pero la amenaza continuaba. "Saltamos la tapia y fuimos a la casa de un vecino. En este momento, la riada irrumpió en nuestro piso y se llevó todo. Los árboles caídos protegieron en parte la casa e impidieron el derrumbe". Sandra, que trabaja como empleada doméstica, cuenta la historia en el cuartel de Nazareth, donde ha sido realojadas 120 personas, mujeres, hombres y niños, que se han quedado sin casa. "Hoy fui a ver mi casa. Quería ver. Está en ruinas y el techo está a punto de derrumbarse".
Los distintos testimonios recogidos en la guarnición de Nazareth dan cuenta de la rapidez con la que se produjo la riada, que pilló por sorpresa a muchos moradores. Vítor Camacho, desempleado y vecino del barrio de São António, estaba en la cama cuando escuchó los gritos de su hija de tres años, el sábado de buena mañana. "Tuvimos que salir por una ventana. La casa estaba inundada". El torrente que pasa cerca de la vivienda de Vítor "se había convertido en una cascada. Nos han aconsejado no ir a la casa porque amenaza ruina". ¿Y ahora? "Hablamos con el concejal de Recursos Humanos y nos ha dado una buena noticia. Tendremos una casa del Ayuntamiento".
La Baixa de Funchal, equivalente a la zona más céntrica de la ciudad, está literalmente patas arriba. Las excavadoras trabajan en el desescombro del torrente João Gomes, uno de los tres que cruzan la ciudad y que el sábado sembraron el terror entre los habitantes. Una manguera gigante conectada a varias bombas de extracción escupe desde hace 24 horas agua a la torrentera, que es sacada de los sótanos del centro comercial Anadia, donde se teme puede quedar algún cuerpo atrapado.
Un camión-grúa remolca uno a uno los vehículos que quedaron atrapados por la avalancha de barro en el estacionamiento del edificio de la compañía eléctrica de Madeira. Los coches asoman en un estado lamentable. La luz y el agua corriente han vuelto a funcionar en muchas partes de la ciudad.
El Gobierno ha decretado tres días de luto nacional y el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ha ofrecido apoyo para la reconstrucción de Madeira a través de los fondos de solidaridad de la UE.
* ELPAIS.com - 23.02.10
Foto: El aspecto de una de las calles de Funchal tras el fuerte temporal.- REUTERS
Cartagena: Tirando al monte... Sacro
JUAN MIGUEL MARGALEF* : No deja de ser una paradoja que en esta Cartagena nuestra que ha acabado por comprender que la arqueología no es tan mala para el negocio como algunos creyeron en otro tiempo, se planteen conflictos como el de los edificios del Monte Sacro. En una ciudad tan llena de solares como de riquezas arqueológicas y donde hay tantísimo sitio para construir ¿cómo es posible que sea necesario improvisar una parcela en la ladera más abrupta de una de las colinas que configuran la Cartagena antigua para construir encima mismo de la muralla de Possi o de Carlos II? ¿Tenemos falta de suelo construible acaso? ¿Carece la empresa constructora de otros solares donde poder construir? ¿Es tan atractivo el emplazamiento de las torres del Monte Sacro que está garantizada la venta de esos apartamentos? ¿Carece el ayuntamiento de Cartagena de alternativas a esa parcela para permutarla? ¿Por qué es tan necesario construir en esa parcela donde precisamente se conserva un vestigio de la Muralla de Carlos II o de Possi?
Esas son las respuestas que debería dar a los cartageneros el concejal de Urbanismo y el Ayuntamiento al que representa, que dice luchar por la conservación del patrimonio histórico.
La decisión de crear esa parcela fue un error lamentable de una corporación anterior, pero en la mano de la corporación actual ha estado y sigue estando la posibilidad de enmendar el error.
Se tuvo la ocasión de enmendarlo cuando se incumplieron las clausulas del convenio por el que se modificó el Pepri del Monte Sacro y se cedió la parcela; se tuvo la ocasión cuando se elaboró el Plan Especial del Conjunto Histórico de Cartagena que, además, se pretendía que fuera de 'protección y reforma' del Monte Sacro. La protección ya vemos en qué ha consistido: en el arrasamiento del barrio; y la reforma -ahora se ve- consistió en aumentar hasta cinco plantas la edificabilidad de las parcelas que rodean la colina; entre ellas la de la parcela de las torres que ahora se quiere construir. Y se tuvo la ocasión de rectificar, en fin, cuando se concedió la licencia de esta obra.
Todavía se está a tiempo de enmendar el error, porque las obras no han empezado y las soluciones que apuntamos son todavía posibles.
Lamento desmentir al concejal de Urbanismo cuando dice que nadie alegó contra el planeamiento del Monte Sacro antes de ahora. Debo informarle (como deberían haber hecho quizás sus técnicos y asesores) que en las alegaciones al Plan Especial del Conjunto Histórico de Cartagena presentadas por ADEPA en el año 2004, en el punto 23.5, página 20 (véase página web de ADEPA) había una alegación al plan del Monte Sacro que se ilustraba precisamente con la parte del plano en el que aparecen las torres de la muralla de Possi.
Concretamente la alegación decía: "Denunciamos que en el caso del Peri del Monte Sacro se aprovecha el Pepri para modificar el trazado urbano y para ampliar las alturas edificatorias en perjuicio de una de las referencias topográficas de la ciudad, la colina del mismo nombre, que se rodea con edificios de cinco y seis alturas. El boulevard que se propone frente a la Caridad, que no estaba en el Peri del Monte Sacro, es además demasiado contundente".
También señalábamos en esa alegación que si bien la retórica del PEOPCH es la que conviene a un conjunto histórico que se quisiera proteger, la normativa y las medidas urbanísticas de protección adoptadas son del todo inadecuadas a ese fin. Por lo general las observaciones valorativas y descriptivas son las idóneas pero quedan vacías al no traducirse en medidas de protección.
El caso de las torres de la muralla de Possi es el mejor ejemplo de la falta de criterios en materia de urbanismo histórico de la que adolece quienes gobiernan nuestro Ayuntamiento y de cómo se utiliza el patrimonio histórico para ir contra él. Ya ha pasado antes (Convento de las Siervas y Farmacia de Marina) y seguirá pasando si no se toman las medidas necesarias.
forociudadano.org
* JUAN MIGUEL MARGALEF. Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
a href="http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2010/02/20/tirando-monte-sacro/231037.html">* La Opinión de Murcia - Opinión - 20.02.10
Hallan una cuenta con 10 millones atribuidos al ex gerente de Urbanismo de Estepona
ELPERIÓDICO/Málaga* : La Policía ha localizado una cuenta bancaria en Andorra con más de 10 millones de euros atribuidos al ex gerente de Urbanismo de Estepona Pedro López en el marco del "Caso Astapa", que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. Según han informado fuentes cercanas al caso, los informes policiales recogen que el dinero estaba oculto a nombre de los familiares de López, que fue gerente de Urbanismo por el Partido Estepona durante el pacto de gobierno con el PSOE entre el periodo de gobierno 2003-2007.
El dinero localizado, según la investigación, sería fruto de las comisiones abonadas por empresarios de la construcción a cambio de la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento.
Las fuentes han señalado que el dinero ya ha sido bloqueado tras una comisión rogatoria enviada a las autoridades de Andorra y que varios familiares de López fueron arrestados e interrogados la semana pasada, y han añadido que se produjeron varios registros y se incautaron vehículos de alta gama.
A Pedro López se le imputan los presuntos delitos de malversación y cohecho.
Días atrás, el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres, que instruye la causa, prorrogó hasta mañana el secreto de sumario ante la relevancia de los informes policiales y con el fin de que no se viera afectada la investigación.
De momento se desconoce si prorrogará un mes más el secreto de las actuaciones o levantará el sumario.
El "Caso Astapa" suma ya 68 imputados, entre ellos el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, y ocho concejales de la Corporación municipal, entre los que se encuentran cinco ex integrantes del PSOE, dos del Partido Estepona y un ex integrante del PA.
* El Periódico - 22.02.10
Foto: Estepona (Málaga) - wikipedia.org
