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ELPAÍS/Alicante* : En apenas un lustro, la faz del término municipal de Llíber cambió para siempre. En el mandato comprendido entre 1999 y 2003 el Ayuntamiento presidido entonces por el alcalde del PP José Mas impulsó la construcción de 300 viviendas -la mayoría grandes chalets- que eran ilegales porque se autorizaron en suelo rústico y en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados.
El gabinete de Mas y la red de promotoras implicadas pudieron actuar sin ningún control ya que, a pesar de su obligación fiscalizadora, la Consejería de Territorio, gestionada entonces por el fallecido José Ramón García Antón, no intervino en Llíber. Tampoco lo hicieron los posteriores responsables del área, Rafael Blasco y Esteban González Pons, que en octubre de 2006 sí actuó en Catral y retiró la competencia urbanística al Ayuntamiento, presidido por un alcalde socialista. La fiebre urbanística de aquellos años, cuando muchos residentes europeos estaban dispuestos a pagar un alto precio por una casa en entornos rurales, y una ley que daba un poder inusitado a los agentes urbanizadores y, por tanto, a los promotores.
De aquellos polvos han venido los lodos de la corrupción urbanística. La Guardia Civil ha desmantelado una trama concebida para hacer posibles aquellas edificaciones ilegales en la que ya hay implicadas 16 personas: el ex alcalde José Mas y su ex aparejador han acabado en la cárcel, así como el cerebro de la red de las promotoras, un constructor de Xàbia. Están imputados los otros cinco ediles que formaban aquella corporación -entre ellos el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus-, cuatro constructores más, dos abogados, un notario y la ex secretaria municipal.Para los principales implicados en la trama, la titular del juzgado número tres de Dénia ha abierto diligencias por supuestos delitos de estafa a los más de 300 propietarios, la mayoría británicos, que compraron las casas sin saber que eran ilegales; de cohecho, porque la investigación sostiene que el ex alcalde y el ex aparejador habrían recibido regalos y dinero en metálico de las promotoras; de prevaricación, porque se otorgaron licencias para construir las casas a sabiendas de que no se ajustaban a la ley, ya que muchas eran permisos para restaurar ruinas o habilitar almacenes; y contra la ordenación del territorio porque el suelo rústico sufrió una plaga de urbanizaciones.
¿Cómo pudo urdirse una trama de estas características en la que participara el propio Ayuntamiento? Porque nadie lo vigilaba. El Consistorio de Llíber no sólo cayó en la tentación, compartida por otros ayuntamientos, de hacer ingresos fáciles con el urbanismo -entre 2000 y 2005 pasó de 550 habitantes a 930- sino que sus responsables habrían visto una oportunidad de lucrarse. "Fallaron todos los mecanismos de control, se aprovecharon de una ley que daba un poder casi absoluto al agente urbanizador y por si fuera poco hubo algún notario que tampoco dijo nada cuando se escrituraban viviendas en parcelas que no se ajustaban a la ley", señaló el presidente de Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent.
La presunta red delictiva actuó sin que nadie la molestara. Los promotores contactaban al cliente, lo traían desde el aeropuerto, le mostraban el idílico paisaje, le vendían el terreno, le preparaban la escritura, le convencían de que todo era legal y obtenían los permisos de edificación del ayuntamiento. También construían y vendían las casas por precios entre 200.000 euros y un millón.
"Estamos convencidos de que Llíber es sólo la punta del iceberg y de que hay otros ayuntamientos que incurrieron en las mismas prácticas", asevera el portavoz de Acció Ecologista-Agró, Joan Sala. Poblaciones como l'Atzúvia o Benitatxell también están en el punto de mira de la justicia.
El alcalde de Llíber dice que, pese a su implicación -la Guardia Civil ha apreciado que votó a favor de algunas licencias propuestas por Mas-, intentó parar aquella práctica al llegar al poder en 2003 y puso a la entrada del pueblo un cartel que en inglés y castellano advertía: "Antes de comprar una parcela, verifique su situación urbanística".
¿Qué hacer con 300 viviendas fuera de ordenación, que no pueden venderse? Expertos jurídicos creen que se avecina un largo y farragoso proceso, y que los propietarios tienen derecho a indemnizaciones, pero deberán reclamar individualmente.
La solución pasa por legalizar el mayor número posible de viviendas, como propone el equipo de gobierno. Pero eso sólo será posible en las casas construidas en suelo no urbanizable común, dado que en este tipo de terrenos "el delito ya ha prescrito, pues han pasado cuatro años desde la construcción de las viviendas". En cambio, los expertos advierten de que las casas en suelo no urbanizable de especial protección no serán legalizables, ya que el delito no prescribe, y deberán ser demolidas.
Edward K. tiene setenta años, nació en Londres y lleva unos quince años en La Marina Alta. Mira primero su casa, que es ilegal, y después el idílico paisaje de Llíber. "No comprendemos qué ha pasado: querríamos irnos lejos, vender, pero tampoco eso es posible", se lamenta. "Hemos visto a gente de ochenta o noventa años llorando en el Ayuntamiento y eso es muy duro" relata la hija de otros dos afectados.
La trama de Llíber
- Periodo. Entre 1999 y 2003, el gobierno de Llíber, del PP, impulsa la construcción de 300 viviendas, la mayoría ilegales porque se autorizaron en suelo rústico y en parcelas inferiores a 10.000 metros cuadrados.
- Investigación. Hay implicadas ya 16 personas. El ex alcalde, del PP, José Mas, y su ex aparejador están en prisión, igual que un constructor de Xàbia. Los otros cindo ediles que formaban parte de la corporación están imputados, entre ellos el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 20/12/2009
Foto: Llíber (Alicante) - enciclopedia.cat
La pasividad del Consell dejó actuar a la trama urbanística de Llíber
Canarias: El urbanismo es su única receta
FUERTEVENTURALIMPIA* : El Gobierno de Canarias defendió hoy la "necesidad de construir más viviendas sociales", pese a que hay en torno a 18.000 casas vacías en las islas, ya que en el futuro, cuando se salga de la crisis, "la demanda seguirá creciendo". La transformación de las viviendas vacías del mercado libre en viviendas de protección oficial, bien sea a través del alquiler o de la venta, forma parte de la política coyuntural del Plan de Vivienda que se está aplicando, dijo en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Inés Rojas.
Pero la aprobación de los planes generales municipales que permitan la construcción de nuevas viviendas sociales es una medida estructural para garantizar que en el futuro la oferta cubra la demanda, añadió.
Puntualizó que además es preciso mantener "vivo" al sector de la construcción en estos momentos de crisis.
Los constructores, en épocas de bonanza, no estaban interesados en las viviendas sociales porque el mercado libre era más lucrativo, declaró Rojas, pero ahora las viviendas de protección oficial "son la esperanza" del sector.
La consejera respaldó la reclamación de la patronal de los constructores de Tenerife para que los ayuntamientos aprueben rápidamente sus planes generales de ordenación y definir así los suelos aptos para la edificación de las viviendas sociales.
Advirtió de que en el caso de que los ayuntamientos no agilicen la tramitación de sus planes generales, el Gobierno está facultado por la Ley de Medidas Urgentes para aplicar un plan supletorio que garantice las infraestructuras sanitarias, educativas y las viviendas sociales.
Rojas hizo estas declaraciones tras firmar un convenio con Antonio Plasencia, presidente de la patronal de los constructores de Tenerife (Fepeco), para ubicar una oficina de información sobre el Plan de Vivienda de Canarias en la sede de la organización empresarial.
La consejera también señaló que se está elaborando un registro de demandantes de viviendas sociales para conocer con precisión las necesidades existentes y adecuar la oferta. No obstante, enfatizó que el Plan de Vivienda también incorpora "medidas coyunturales" para utilizar las viviendas vacías del mercado libre como viviendas sociales, bien a través del alquiler o de la venta.
El presidente de Fepeco, Antonio Plasencia, dijo que hay exceso de viviendas en el mercado libre, bien vacías o sin terminar, pero no las hay "para los que más las necesitan". Reclamó a los ayuntamientos que aprueben sus planes generales, porque sin plan general "no se pueden construir las miles de viviendas necesarias" y desarrollar así el "maravilloso" Plan de Viviendas de Canarias. Según Plasencia, dado que construir viviendas lleva tiempo, es ahora cuando hay que proyectar las que se van a necesitar dentro de tres o cuatro años.
El futuro registro de demandantes de vivienda permitirá a los promotores disponer de una guía para saber la demanda real en cada municipio, señaló.
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com
* Fuerteventura Limpia - 18.12.09
Viñeta: El Roto - elpais.com
Cataluña: Más de ochenta viviendas públicas están ocupadas ilegalmente
ELPAÍS/Barcelona* : "¿Cuántas viviendas públicas se encuentran en situación de ocupación ilegal? ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde la Administración para dar solución a esta problemática?". Las dos preguntas las presentó el grupo de CiU en la última comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.
La respuesta dada por el delegado municipal de Vivienda, Antoni Sorolla, fue que el número de pisos públicos ocupados en Barcelona por gente a quien no se les ha asignado uno de ellos es de 18 y en todos los casos se ha presentado la correspondiente denuncia en el juzgado y se está a la espera de lo que dictamine el juez. A las 18 viviendas ocupadas y pertenecientes al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona hay que añadir otras 21 que son de Adigsa, la empresa pública que administra los pisos de alquiler protegido de la Generalitat. Esas 39 viviendas, las 18 municipales más las 21 de la Generalitat, son las ocupadas en Barcelona, pero en el conjunto de Cataluña, el número de familias que se han instalado en pisos públicos sin que nadie les haya autorizado asciende a 87.
En el caso de Barcelona, las viviendas ocupadas llevan bastante tiempo en esta situación. Dos de ellas fueron ocupadas en la pasada primavera; siete, en verano, pero las nueve restantes tienen inquilinos no autorizados desde hace más de un año. En todos los casos el Ayuntamiento ha denunciado los hechos y ha instado al desalojo, aunque se está a la espera de lo que dictaminen los jueces. Sorolla explicó que en estos casos no se puede recurrir a la vía penal (allanamiento de morada) ya que la vivienda, salvo que hubiera sido atribuida a otra persona, no tiene un propietario que necesite perentoriamente ocuparla. El procedimiento utilizado, por tanto, en estos casos, es el civil, que resulta bastante lento. La media de lanzamientos (expulsión del inquilino ilegal) es de entre cuatro y cinco meses, pero cuando el propietario es la Administración, puede dilatarse más. Sorolla relativizó el número de ocupaciones ilegales recordando que el Patronato de la Vivienda de Barcelona administra 5.750 pisos. El Consistorio declinó dar las direcciones de los bloques donde hay viviendas ocupadas para evitar el efecto contagio, según un portavoz oficial, es decir, para evitar una ocupación mayor, vista la lentitud en el desalojo. Siete de ellas se hallan en Sant Andreu; cinco, en el distrito de Sant Martí; cuatro están en Ciutat Vella, y las otras dos, en Nou Barris.
La Generalitat tiene viviendas ocupadas en todo el territorio catalán. Si en la ciudad de Barcelona son 21 las viviendas ocupadas que pertenecen a Adigsa, en toda la provincia son 61. "La semana pasada eran 65, pero cuatro han sido desalojadas", señaló un portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Estos desalojos se deben en algún caso a sentencia judicial y en otros a que el ocupante ha decidido irse tras ser presentada la denuncia. En la provincia de Barcelona, las viviendas ocupadas son: 16, en Badalona; 9, en L'Hospitalet; 4 en Mollet del Vallès; 3, en El Prat; 2 en Terrassa, y 1 en Sant Adrià de Besòs, Sabadell, Sant Celoni, Manresa, Martorell y Vilanova i la Geltrú.
+ ELPAIS.com - FRANCESC ARROYO - Barcelona - 20/12/2009
Foto: Barcelona, Generalitat - wikiwak.com
Carreño: El urbanismo llega a los tribunales
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ELCOMERCIO/Asturias* : El Ayuntamiento de Carreño se enfrenta a dos pleitos en los que las decisiones políticas fueron contrarias a los informes técnicos. El primer caso hace referencia a la licencia de legalización de la vivienda pareada de Candás. Los informes técnicos municipales plantearon el derribo parcial contra la opinión de la mayoría de los partidos políticos.
Este misma circunstancia se repite con la autorización tramitada para la construcción de la gasolinera de Tabaza, en la que los informes municipales también fueron negativos, en contra de la opinión de algunos grupos políticos.
En cualquier caso, este tipo de decisiones supondrá para el Ayuntamiento la obligación de asumir un importante coste económico. Se da la circunstancia, además, de que las decisiones políticas adoptadas en su momento para hacer frente a las reclamaciones tampoco fueron acertadas. Así, en relación con la vivienda pareada de la carretera del Faro, en Candás, los autores de la denuncia de ilegalidad urbanística agotaron todos los medios de negociación antes de acudir a los tribunales. En este asunto, desde el punto de vista del PSOE, en todo momento se defendió el dictamen de los técnicos municipales de proceder con el derribo parcial del edificio. Y como señaló en su día la portavoz socialista, Áurea Gutiérrez, la determinación de no corregir los errores fue adoptada por mayoría de los grupos políticos UICA, IU y URAS. Sin embargo, ahora es el alcalde del PSOE quien debe «injustamente», lamenta, responsabilizarse de la ejecución de una sentencia con la que estuvieron siempre de acuerdo.
Sin embargo, en relación con la concesión de la licencia a la gasolinera situada en el polígono industrial de Tabaza II, la postura de los socialistas fue contraria a los dictámenes técnicos, que aconsejaban no autorizar la instalación.
Graves consecuencias
En este asunto, la situación municipal se encuentra a la espera de la resolución del recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia por la que se declara ilegal el surtidor, fallo que insta a su demolición. Y si en la obra de las viviendas pareadas el Ayuntamiento tendrá que desembolsar más de 30.000 euros para el derribo y el coste de la demanda, impuesto por el juez, en el caso de la gasolinera, de perder el pleito, las consecuencias económicas serán de varios millones.
Hasta el momento, el juez determinó que las dos licencias de construcción y de actividad no se ajustan a la legalidad y sólo resta que la comisión de gobierno resuelva el asunto, ajustando ahora la autorización a los términos que fija el juzgado para su legalización o, por el contrario, proceder con la demolición y asumir los costes que se deriven de esta medida.
Responsabilidades
El portavoz del PP, Celestino Gutiérrez, considera que el gobierno local de PSOE e IU es el que debe resolver con acierto la situación: «Pensamos que cada partido debe responsabilizarse de sus decisiones y nosotros siempre somos respetuosos con los informes técnicos, porque demuestran en todos los casos que son los que tienen la razón».
Por su lado, la concejala de Urbanismo de IU, Melania Álvarez, aclaró que su partido fue favorable a los informes técnicos en lo referente a la gasolinera. La edil mantiene, no obstante, que «debemos confiar en que se resuelvan todos los pleitos en marcha de la mejor manera posible para los intereses municipales».
Así las cosas, los dos frentes abiertos con la justicia en el Consistorio de Carreño están teniendo unas consecuencias de una importante gravedad. Ahora, el juez ha impuesto una multa al alcalde de 1.200 euros mensuales hasta la ejecución de la sentencia de derribo parcial de la vivienda pareada en Candás. Esta situación puede alcanzar un nivel de gravedad muy superior si no se resuelve cuanto antes la ilegalidad urbanística de la gasolinera. En ambos casos será el mismo juez quien dictamine al respecto.
* El Comercio Digital - PEPE G.-PUMARINO - 20.12.09
Foto: Candás- Carreño (Asturias) - paginasamarillas.es
'Pretoria': La Fiscalía lleva a Garzón el 'pelotazo' que benefició a primos de Víctor Ros
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ELMUNDO/Barcelona* : La Fiscalía de Cataluña ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón otro presunto "pelotazo" con el que el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Víctor Ros (PP) benefició a dos primos suyos, al considerar que podría tener relación con la operación 'Pretoria'.
El ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres figura ya como imputado por Garzón en la operación 'Pretoria', contra una trama de corrupción urbanística en la que estarían implicados ex cargos del PSC y CiU, y en otras dos causas que investiga un juzgado de Mataró (Barcelona) por operaciones municipales irregulares.
El grupo municipal SOS Llavaneres destapó las irregularidades urbanísticas que dieron pie a esas diligencias judiciales que lleva el juzgado de Mataró y el pasado mes de noviembre presentó ante la Fiscalía de Cataluña otra denuncia que acusaba a Ros de beneficiar a dos primos suyos, que podrían ganar 24 millones en plusvalías gracias a una recalificación.
Según han informado fuentes judiciales, la denuncia la recibió el fiscal responsable de delitos urbanísticos, que, tras examinarla junto al fiscal Anticorrupción de Cataluña, halló indicios que permitirían relacionar ese presunto "pelotazo" con la trama de corrupción que investiga Garzón, con ramificaciones en Sant Andreu de Llavaneres y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), entre otras poblaciones del área metropolitana.
Por ese motivo, en vez de abrir diligencias para investigar la nueva denuncia contra Víctor Ros por presunto delito urbanístico, el ministerio público ha decidido remitirla a la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona para que, a su vez, la haga llegar al juez Baltasar Garzón.
Esa nueva denuncia, además, está en manos de los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación de la red de corrupción urbanística, ya que el concejal de SOS Llavaneres Josep Ruiz se la entregó personalmente cuando acudió a declarar como testigo al cuartel para ser interrogado sobre la trama de la 'operación Pretoria' que afecta a Sant Andreu de Llavaneres.
La denuncia acusa al ex alcalde popular de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por haber beneficiado supuestamente a unos primos suyos mediante una recalificación derivada de la creación en abril de 2006 de un nuevo sector -la zona de la Riera- en el nuevo planeamiento urbanístico del municipio.
Según la denuncia, los dos primos del ex alcalde disponían de dos fincas rústicas y una parcela que vendieron en agosto de 2005 por un fijo de 3,6 millones de euros, a los que se añadía una cantidad variable, en función de múltiples cláusulas adicionales, entre ellas multiplicar por 1.081 euros cada metro cuadrado de techo edificable.
Tan sólo ocho meses después, el 10 de abril de 2006, el ayuntamiento comandado por Víctor Ros aprobó de forma inicial el nuevo planeamiento urbanístico, que preveía la creación del sector de la zona de la Riera, lo que disparaba las plusvalías para sus primos.
Según la denuncia, los dos primos de Ros podrían llegar a obtener unos 24 millones de euros en plusvalías en función de la valoración final que se haga del exceso del 20% de vivienda pública oficial que se efectúe en la aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbanístico.
La denuncia que ahora se ha enviado a Garzón es la cuarta presentada por el grupo municipal SOS Llavaneres: dos de las tres precedentes acabaron en el juzgado, donde todavía se están instruyendo, y la tercera fue archivada por la Fiscalía de Delitos Urbanísticos de Cataluña, pero remitida a Anticorrupción de Madrid por si se derivaban de ella nexos con la "Operación Pretoria".
El pasado 2 de diciembre, Víctor Ros presentó su renuncia a la militancia del PP después de que trascendiera su imputación en el caso 'Pretoria'.
* El Mundo - EFE - 19.12.09
Foto: Llavaneres (Barcelona) - infomet.am.ub.es
'Rabasa': El TSJ destaca que la defensa del medio ambiente prima sobre el ´interés desarrollista´
INFORMACIÓN/Alicante* : Al hacer la ponderación de los intereses en conflicto, sopesamos, frente al desarrollista, el de defensa y protección del medio ambiente y nos parece este último más relevante, más necesitado de protección". Así se expresa el Tribunal Superior de Justicia para justificar su decisión de suspender cautelarmente la aprobación del plan parcial de Rabasa ante el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno central contra esta actuación urbanística.
La apuesta por la sostenibilidad es la clave del auto dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo sección 1, presidida por Edilberto Narbón, que supone la paralización del plan Rabasa hasta tanto se resuelva el fondo del asunto, cosa que podría suponer alrededor de dos años, a la vista de antecedentes similares.
En el auto se hace hincapié en la ausencia de garantías para el abastecimiento de agua para un plan que incluye más de 13.000 viviendas, lo que supondrá unos 40.000 habitantes, y con unas dimensiones de más de cuatro millones de metros cuadrados. Sobre las grandes dimensiones del plan la resolución judicial afirma que "no es razonable, en principio, desde perspectivas medioambientales, una utilización del suelo que supere los umbrales que la propia Administración determina, ni es razonable la utilización del suelo que implique una alteración de las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana, ni es razonable una reclasificación del suelo no urbanizable al margen del Plan general de Ordenación Urbana".
El auto insiste en que la Generalitat aprobó el plan Rabasa en contra de las exigencias de su propia normativa sobre el uso sostenible del suelo, que se recoge en la Ley sobre ordenación del territorio, y recalca que es dicha Ley la que impone como mecanismo de utilización racional del suelo la necesidad de llevar a un Plan General "las modificaciones del planeamiento que supongan la alteración de directrices definitorias o la reclasificación de suelo no urbanizable".
* Información - MANUEL DOPAZO - 19.12.09
Foto: Alicante, maqueta Plan Rabasa - diarioinformacion.com
Santa Cruz: Denuncian edificios ´fuera de ordenación´ encubiertos
LAOPINIÓN/Tenerife* : La Plataforma contra el Plan General de Ordenación de Santa Cruz anunció ayer que teme la existencia de más casos de edificios fuera de ordenación. En este caso alude a los inmuebles catalogados bajo la tipología denominada "mantenimiento de la edificación". Estos edificios se mantienen con los parámetros urbanísticos del instrumento de ordenación vigente en el momento en que obtuvieron la licencia de edificación.
Así, según la Plataforma, si los planeamientos anteriores daban a un edificio menos alturas de las que luego se concedieron vía licencia, aunque ahora se califiquen como "mantenimiento" –algo que ocurre en diversos espacios de la ciudad– estaríamos ante un caso más de "fuera de ordenación". De ello se deduce que durante la vigencia de planeamientos anteriores, se concedieron licencias para edificios que vulneraban las alturas previstas por dicha planificación urbanística.
"Nueva caja de Pandora". "Es una nueva caja de Pandora que se abre, los mantenimientos demuestran que no ha hecho absolutamente nada, se han limitado a poner mantenimientos que encubren más viviendas fuera de ordenación y crea, inseguridad jurídica", explicó Campos.
Unos mantenimientos que impiden recalcular, siempre según el letrado, las alturas y el traspaso de aprovechamientos urbanísticos de un punto a otro. Lo que sí afirmó es que "si se recoge a todos los edificios con viviendas fuera de ordenación probablemente no se puedan levantar todas las torres que se pretenden". El abogado incidió en que se trata de una decisión meramente política, que no va a ser revisada por la Cotmac. "No es una cuestión de legalidad, que es lo que valora la Cotmac; por eso se ha hecho a escondidas y tienen tanta prisa en aprobarlo", sostuvo.
Campos animó a que los vecinos cuya vivienda quede fuera de ordenación acudan el próximo lunes al Pleno que prevé celebrar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Una cuestión que reiteró durante la tarde de ayer en el Edificio Sindical de Méndez Núñez, en la oficina donde atiende a los afectados.
Responsabilidades. En relación con la exigencia de responsabilidades, el abogado y portavoz llegó a animar a los empresarios, Cámara de Comercio y CEOE a que pidan cuentas a la Gerencia de Urbanismo, al considerar que "no querrán enriquecerse a través del robo al los vecinos de sus derechos".
La Coordinadota de Pueblos y Barrios de Tenerife estuvo presente ayer junto a la Plataforma contra el PGO. Su portavoz, Andrés Pérez, lamentó que algunas voces institucionales hayan atacado a la Plataforma aduciendo que está politizada. "Se cree el ladrón que todos son de su condición", sostuvo Pérez, que defendió a la Coordinadora de Pueblos y Barrios como un colectivo "apartidista".
El portavoz de la Coordinadora anunció además la pretensión de analizar no sólo lo que acontece con el Plan General de Santa Cruz de Tenerife, sino los documentos planificadores del resto de municipios de la Isla. "Vamos a saco a todos los Ayuntamientos, a controlar todo lo que se mueva".
Redactores del PGO de Abegondo reconocieron la depreciación
Un caso parecido al que vive Santa Cruz de Tenerife en estos momentos con su Plan General de Ordenación lo vivió hace dos años el municipio de Abegondo, en la provincia de La Coruña. Pero con varias salvedades. La primera, que en este caso fueron los redactores del PGO quienes reconocieron que dejar tal número de casas fuera de ordenación implicaba un "grave perjuicio" , toda vez que disminuye el patrimonio de sus propietarios, tal y como pusieron de manifiesto en La Opinión de La Coruña en septiembre de 2007.
En el resto de connotaciones, el caso del municipio de Abegondo no es equiparable al de Santa Cruz, por cuanto las edificaciones que quedan fuera de ordenación no son equiparables. Mientras en Santa Cruz de Tenerife hablamos de las viviendas superiores de edificios altos, en Abegondo nos encontramos con edificaciones de menores alturas y que presentan otro tipo de afección.
No en vano, el gallego es un municipio que no alcanza siquiera los seis mil habitantes. Estas viviendas, concretamente 1.172 de 3.325, quedaron excluidas del planeamiento con arreglo a unas restrictivas premisas de la Xunta de Galicia.
Fueron los propios redactores, con el apoyo del Concello, quienes solicitaron a través de un informe enviado a la Xunta la flexibilización en los criterios, al respecto de la eliminación de los suelos urbanizables y los de expansión del núcleo rural previstos.
En dicho informe, los redactores incidían en las consecuencias, en forma de pérdidas de derechos, que lleva aparejada la situación de fuera de ordenación. Por ejemplo, que sólo se pueden autorizar "obras de mera conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente".
Otra de las diferencias notables pasan porque el trámite del PGO se sitúa aún en la fase de aprobación inicial, mientras que el documento de Santa Cruz de Tenerife solo precisa de la aprobación ya definitiva del Pleno y el visto bueno final de la Cotmac, que de cualquier forma no entrará a valorar las viviendas que se encuentran fuera de ordenación.
* La Opinión Tenerife - SAMUEL GONZÁLEZ (IDEAPRESS) - 19.12.09
Foto: Torres de edificios afectadas por el nuevo PGO de Santa Cruz. José Luis González, laopinion.es
Arca denuncia que el PSIR Piélagos-Villaescusa va a ser un nuevo pelotazo urbanístico, con campo de golf y viviendas
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CANTABRIACONFIDENCIAL* : La asociación ecologista Arca ha denunciado hoy que con el PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) que el Gobierno de Cantabria está empezando a tramitar entre los municipios de Piélagos y Villaescusa se está fraguando "un nuevo pelotazo urbanístico" consistente en la construcción de un "gran campo de golf", viviendas y un complejo hotelero.
Al hilo de este asunto, el portavoz de Arca, Gonzalo Canales, criticó la "desastrosa" política de ordenación del territorio del Gobierno regional y acusó al consejero, José María Mazón, de ser una "especie de Hormaechea". Además, y en relación con las posiciones a favor de la legalización de las viviendas con sentencias de derribo, señaló que la clases política de Cantabria es "basura humana".
En cuanto al PSIR Piélagos-Villaescusa, explicó que se desarrolla dentro de lo que el Plan de Ordenación del Litoral (POL) denomina Áreas Integrales Estratégicas Productivas, que tienen el doble objetivo de conseguir suelo productivo, es decir la instalación de industrias, y la restauración ambiental. Sin embargo en este caso, "no se va a restaurar absolutamente nada", dijo.
Así, señaló que la mitad de la superficie (unos 700.000 metros cuadrados), se destinan efectivamente a usos productivos, sin embargo en el resto la restauración ambiental "no existe", sino que 347.000 metros cuadrados (unas 35 hectáreas) se van a dedicar a "uso deportivo extensivo", 65.000 a uso hotelero y 20.000 a residencial, lo que podría suponer la construcción de más de 200 viviendas de 100 metros cuadrados cada una.
Según precisó, la empresa que promueve este proyecto es Vipar Parque Empresarial S.L., participada por Sodercan y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)y que a juicio de Canales "pasará a ser una especie de sociedad pública"
De esta manera, según Canales, "se incumplen los objetivos", al introducir los usos residencial, hotelero y deportivo extensivo, y "se está fraguando un nuevo pelotazo urbanístico" que es "un paso más en la escalada de corrupción y especulación urbanística en Cantabria", recalcó.
La "conclusión" para Arca es que PSIR es "igual a corrupción" y "a pelotazo urbanístico", y que el fin de este tipo de proyectos no es la ordenación del territorio, sino que son "instrumentos descarados para defender determinados intereses particulares y para sacar determinados negocios".
Precisó además que la mitad de los suelos de este PSIR, la parte que está en Villaescusa, son rústicos de especial protección, mientras que en la ubicada en Piélagos están zonificados como de "máxima valoración agroecologíca".
Canales puso en relación este hecho con la modificación de la Ley del Suelo que está tramitando el Ejecutivo para permitir que los PSIR se desarrollen también en suelos rústicos de especial protección y opinó que la "verdadera justificación" de la misma es "legislar a la carta" para poder sacar adelante estos "pelotazos urbanísticos que son los PSIR", en concreto el de Piélagos-Villaescusa y otro que "está en espera" en San Felices de Buelna, dijo.
Por eso "no es extraño", según dijo, que esa modificación se esté tramitando de forma "totalmente oscurantista", no se ha convocado al Consejo de Ordenación del Territorio, del que Arca forma parte, y "sin ningún tipo de estudios" ni justificación técnica.
POLÍTICA "DESASTROSA"
La conclusión de todo ello, para Arca, es que el Gobierno está haciendo una política de ordenación del territorio "absolutamente desastrosa" y "oscurantista", y su máximo responsable, el consejero José María Mazón, está "amparando la cultura del pelotazo urbanístico, la corrupción y la especulación" y demuestra un "absoluto desprecio" por el Consejo de Ordenación del Territorio.
"Lo que tenemos con Mazón es una especie de Hormaechea segunda parte, una especie de resurrección de los peores años de Hormaechea" señaló Canales, quien en nombre de Arca volvió a pedir la "inmediata dimisión" del consejero, porque Cantabria "no puede aguantar más" estas políticas de "absoluta desordenación del territorio", y porque "no tiene ni capacidad técnica ni política para desarrollar una política de ordenación sostenible", subrayó.
Preguntado por el derribo de Cerrias, criticó que "todas" la declaraciones de los responsables políticos van en el sentido de "legalizar" estas viviendas, lo que produce "vergüenza ajena", dijo. para canales, "basura humana" es lo que "tenemos en la clase politica de Cantabria".
Sobre la postura de la asociación al respecto, señaló que es la que viene manteniendo de "absoluta firmeza", aunque emplazó al próximo día 22 para hacer un pronunciamiento más detallado al respecto.
En cualquier caso, reiteró que las declaraciones de los políticos de la región en este asunto generan en Arca una "tristeza profunda" y ponen de manifiesto que "toda" la clase política Cantabria "es vergonzosa". "Mazón, desde luego, va a hacer bueno a Hormaechea", apostilló.
* Cantabria Confidencial - 18.12.09
Foto: Piélagos (Cantabria), ayuntamiento - pielagos.com
Carta abierta a nuestras autoridades y a todos los ciudadanos valencianos: Políticos y especuladores en Valencia
ANTONIO MARÍN SEGOVIA* : Todavía recuerdo las campañas orquestadas por Rita Barberá (antes de que fuera alcaldesa de Valencia) para destruir el cauce del río Turia y convertirlo en una autopista, así como su apoyo a ciertos especuladores que deseaban destruir el Parque Natural del Saler y convertirlo en un nuevo Benidorm... Convertir el Cabañal es un barrio periférico sin personalidad es un disparate además de una demostración de ignorancia imperdonable... Y la fuerza de los votos y la manipulación ejercida y desarrollada, brutal y sistemáticamente, por el PP en los últimos 20 años, no significa que tenga sentido destruir un barrio de pescadores singular y único en Valencia.
Afirmar como hacen algunos indeseables que la fuerza de los votos permite la comisión de todo tipo de ilegalidades, únicamente demuestra la falta de respeto por la historia, por la cultura, por la legalidad y por el patrimonio que tiene el PP y su corte de aduladores a sueldo.
Si existe algún enemigo de Valencia y de nuestra cultura ese es el PP y la inefable Sra. Rita Barberá, experta en expolios, saqueos y en la difusión de mentiras, de grandes mentiras...
Todavía recuerdo las campañas orquestadas por Rita Barberá (antes de que fuera alcaldesa de Valencia) para destruir el cauce del río Turia y convertirlo en una autopista, así como su apoyo a ciertos especuladores que deseaban destruir el Parque Natural del Saler y convertirlo en un nuevo Benidorm... Y por favor. señores del PP (y del PSOE): dejen de justificar sus abusos urbanísticos y pelotazos con los votos. Sabemos bien que el único partido que gana es el partido de la abstención...
Estoy deseando que el Ministerio de Cultura se pronuncie favorablemente a favor de los sufridos y combativos miembros de Salvem el Cabanyal, aunque tarda demasiado el anhelado informe. Yo me espero lo peor, dada la falta de reflejos que demuestra el gobierno del Sr. Zapatero a la hora de defender la legalidad y a los ciudadanos de a pie...
Insisto: conservar nuestras señas de identidad es lo que puede salvar a Valencia de ser un vulgar pueblo y no convertir a nuestra mediterránea villa la en una ciudad sin alma y sin señas de identidad únicas.
Ya sabemos que al PP y a la Señorita Rita Barberá no le interesa salvaguardar y respetar nuestro legado patrimonial, nuestra cultura.
Día a día el PP demuestra su desdén y su desprecio por Valencia y por los valencianos. Aquí, en la capital del Turia, debemos ser masoquistas, aunque tampoco tenemos alternativas al PP, pues el PSOE ejerce una oposición débil y muy blanda, por no calificarla de cobarde. No entiendo a qué tiene miedo, pues Rita Barberá ni es inmortal ni es Dios ni es la reina de los mares... Es tan mortal como yo y sus argumentos carecen de peso y son fáciles de desmontar con un poquito de inteligencia y tenacidad.
Motivos tenemos para protestar y defender nuestro derecho a vivir en ciudades con alma, con corazón, lejos de la barbarie y de la especulación. Y somos conscientes de que ni el PP ni el PSOE saben canalizar las demandas y necesidades de los ciudadanos, por eso crece la abstención y el desprecio hacia la clase política, hacia los dos grandes partidos dinásticos y neofranquistas.
Es hora de la República Valenciana, de promover una nueva forma de hacer política desde las necesidades diarias y con el objetivo de lograr la total independencia de los valencianos, tanto territorial como emocional.
Nosotros tenemos que elegir nuestro destino y fijar nuestras normas de convivencia, lejos de cualquier yugo o imposición externa.
Ayer fue el barrio del Cabañal y el regalo de unos terrenos en Benicalap a una empresa privada llamada Valencia SAD. Hoy es el Jardín de Monforte y mañana será otro disparate que se le ocurra a algún especulador sin escrupúlos, vinculado a la clase política dinástica.
* Antonio Marín Segovia
Miembro del ‘Cercle Obert’ de Benicalap i de República Valenciana
* OtroMadrid.org - Antonio Marín Segovia - Cercle Obert de Benicalap - 16.12.09
Collado-Villalba: Los vecinos de Altagracia denuncian el abandono de su urbanización
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ELFARODELGUADARRAMA/Madrid* : Ninguno de los 39 vecinos que decidieron comprar un chalé de cerca de 600.000 euros en la urbanización Altagracia, en Collado Villalba, pudieron pensar que un año después de haber entrado a vivir en estas viviendas de lujo se iban a encontrar en una urbanización abandonada por la promotora y el Ayuntamiento.
Debido a la crisis inmobiliaria, ORAMBA -empresa promotora de estos unifamiliares- no ha finalizado la construcción de más de 60 chalés, por lo que no se han recepcionado las calles. Esta situación ha provocado que pese a pagar sus impuestos (más de 600 euros de IBI), estos vecinos no se beneficien de los servicios de limpieza y mantenimiento de Collado Villalba. De hecho, en esta urbanización no hay ni siquiera papeleras, y la gran mayoría de las farolas están deterioradas y sin funcionar porque nunca se han cambiado las bombillas. Tampoco se han puesto nombres a las calles, sino que ha sido uno de los vecinos el que ha diseñado y colocado los carteles para que “al menos el cartero nos pueda traer la correspondencia”.
Según explican, durante este tiempo se han puesto en contacto con la promotora, explicándoles además que hay un gran número de viviendas a medio construir y que no han sido debidamente cerradas, lo que ha provocado que los fines de semana muchos jóvenes las utilicen como refugio donde realizar sus botellones. También se han encontrado borrachos y drogadictos, por lo que cada semana tienen que llamar a la Policía Local para ‘desalojar’ a alguien. Además, tras el abandono de la promotora, estas casas se han convertido en un foco de infección poblado de ratas y otros animales. La gran mayoría de los vecinos tienen niños pequeños que juegan, según dicen, en un auténtico estercolero, donde también hay bidones con combustible, hierros y todo tipo de desechos.
Uno de los vecinos, que habla en nombre de todos -ya que debido al limbo en el que se encuentra esta urbanización no pueden constituirse como asociación-, afirma que la promotora les da largas y que, tras muchos meses de revindicaciones, únicamente han conseguido que se termine de adecuar una pista de pádel, un vestuario y la piscina comunitaria.
Pero todavía hay más problemas, sobre todo circulatorios. Esta urbanización también cuenta con un acceso a la calle Doctor Poveda a través de una rotonda. Esta glorieta lleva cerrada desde que se construyó y, pese a haberse realizado dos retranqueos, a día de hoy la Policía Local todavía no ha dado autorización para que se pueda abrir al tráfico, lo que provoca que, como las vallas se encuentran en el suelo, muchos visitantes se confundan y tengan que frenar bruscamente en una zona con poca visibilidad, al encontrar este acceso cerrado. Pero hay que tener en cuenta que esta calle, desde el acceso al Mirador de la Sierra hasta la entrada a la urbanización Fontenebro, no cuenta con señalización ni con limitadores de velocidad, así que las velocidades que se pueden llegar a coger en este tramo superan en muchas ocasiones los 100 kilómetros hora.
“Se está realizando un informe sobre la situación”
Respecto a estos problemas, el director de Urbanismo, Jesús García del Burgo, ha asegurado que esta semana unos técnicos municipales se han personado en la urbanización y están elaborando un informe que enviarán a ORAMBA para instarles a que cierren convenientemente las casas que están sin terminar o a medio construir. Además, pedirán que limpien la zona de escombros, entre otras cuestiones. García del Burgo señaló que este tipo de situaciones se producen como consecuencia de la crisis inmobiliaria, y que pese a la presencia de estas familias no pueden recepcionar la urbanización hasta que que esté finalizada. “Hemos visto las peticiones de los vecinos y nos hemos puesto en contacto con la promotora. Estamos por dar soluciones y alternativas a esta situación”, finalizó.
* El Faro del Guadarrama - Arancha Ortega - 18.12.09
Foto: elfarodelguadarrama.com
'Otro Castro es Posible' recuerda la obligación de convocar una consulta popular
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DIARIOMONTAÑÉS* : La asociación denuncia que hace un año, el pleno del Ayuntamiento de Castro aprobó la celebración de una consulta para que la ciudadanía decidiese sobre el futuro de su bahía. Desde entonces, no ha realizado ninguna acción en este sentido, pese a su obligación legal. Fuentes de la Dirección General de Puertos de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo han informado a la asociación ciudadana Otro Castro Es Posible de la inminente licitación y ejecución de las obras del puerto deportivo de Castro Urdiales a comienzos del 2010.
Este hecho se corrobora por la aprobación en el Consejo de Gobierno de Cantabria, celebrado ayer mismo, de la autorización para la licitación del proyecto y ejecución de obras con un presupuesto de casi 17 millones de euros. Los planes del Gobierno de Cantabria desdicen una vez más los planteamientos del propio presidente Revilla que adquirió el compromiso de no ejecutar el puerto deportivo si el Ayuntamiento y el pueblo de Castro no lo querían (sic). Ante esta situación Otro Castro es Posible pone de nuevo de manifiesto la obligación del ayuntamiento castreño de organizar una consulta popular para que la ciudadanía de este municipio decida sobre el futuro de su bahía y puerto deportivo.
La denuncia de la asociación ciudadana se basa en la aprobación hace aproximadamente un año, por parte del pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales a propuesta del concejal de Izquierda Unida, de la celebración de una consulta popular en el municipio sobre este proyecto. En este sentido, desde el consistorio no se ha tomado ninguna decisión para implementar la consulta.
Esta es la razón por la que Otro Castro Es Posible reivindica el ejercicio de este derecho democrático, reconocido ya de manera oficial por su Ayuntamiento, y recuerda a sus responsables políticos, y especialmente a su alcalde, la obligación que tienen de llevar a cabo la consulta popular. Se señala por la asociación que las condiciones por las que atraviesa el ayuntamiento, en “estado de coma” debido a las imputaciones y procesamientos que afectan directamente al equipo de gobierno, no son las más idóneas para organizar la consulta popular, razón por la que se apela al consenso entre las formaciones políticas para poner en marcha urgentemente un programa para la celebración de la consulta, y se pongan a disposición los medios para que se informe, se opine y se debata la aceptación o rechazo al puerto deportivo.
El derecho de consulta popular está reconocido en la legislación española, concretamente, en el art. 71 de la ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local en la que se señala que “los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos”.
Relleno de la bahía
El proyecto aprobado por el Gobierno de Cantabria prevé el estrechamiento de la bocana de la bahía, la construcción de un dique interior perpendicular al muelle don Luis, el relleno del ecosistema intermareal bajo el Paseo Marítimo y la privatización la tercera parte de la superficie de la bahía castreña. El anteproyecto de puerto deportivo tuvo una importante contestación social desde el año 2004, organizada en torno al Colectivo para la Defensa de la Bahía que llegó a recoger más de diez mil firmas contra el proyecto. Este colectivo fue apoyado por asociaciones ecologistas y vecinales, entre ellas Otro Castro Es Posible, si bien la propuesta de consulta popular promovida por esta asociación fue desoída por el colectivo. Unas 2.500 personas, según datos de la prensa, se manifestaron en marzo de 2004 contra el puerto deportivo. El colectivo también ofreció una propuesta de ordenación del puerto organizando los usos y amarres entorno al espacio actual de la bahía, como alternativa al tremendo impacto ambiental que supondrá la construcción del puerto deportivo. Actualmente el Colectivo para la Defensa de la Bahía está disuelto.
Trigésimo aniversario de la consulta popular sobre Castro Novo
El llamamiento de Otro Castro Es Posible coincide con el 30 aniversario de la consulta popular sobre el proyecto de Castro Novo, realizada el 16 de diciembre de 1979. Ésta fue la primera consulta popular convocada en España sobre un referente urbanístico, que vino precedida de una experiencia de participación ciudadana y de movilizaciones que terminó con la claudicación del gobierno municipal de Manuel Gutierrez Elorza “Lolín”, tras la huelga de hambre de seis días de 2 concejales y 5 militantes de Izquierda Castreña Unida. El 11 de octubre de 1979 el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la convocatoria de consulta popular para el 16 de diciembre de ese mismo año. Las urnas estuvieron abiertas en todos los colegios electorales, y el pueblo votó entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde con una participación del 73,56% del censo electoral obteniendo el Si 3.188 votos, y el NO a Castro Novo 3.732 votos.
Según se pone de manifiesto desde la asociación ciudadana, esta victoria de la democracia, que rechazó el proyecto de Castro Novo, contrasta con la frustración de buena parte de la ciudadanía castreña que ha visto que a pesar de la victoria en la aquella consulta popular, se ha implantado en nuestro municipio suelo urbano y urbanizable que equivale al proyecto de Castro Novo multiplicado por diez, con el agravante de que este crecimiento urbanístico no ha venido acompañado de los equipamientos y servicios que necesita la población actual de Castro Urdiales, y sin embargo dejan entrever indicios más que probables de corrupción urbanística.
Es por esta razón por la que la consulta popular se convierte, además de un derecho democrático para decidir sobre el futuro de la ciudad, en una necesidad, y esta no es otra que la de recuperar la dignidad de una sociedad civil prácticamente inexistente durante los últimos años.
* El Diario Montañés - Mario Cerro - 18.12.09
Foto: Vista general de Castro Urdiales. / SANE, eldiariomontanes.es
El TSJ suspende cautelarmente el plan Rabassa con 13.503 casas
ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha acordado la suspensión cautelar del plan Rabassa, el proyecto urbanístico más ambicioso y polémico de Alicante, que prevé la construcción de 13.503 casas en la periferia norte de la ciudad. El programa urbanístico, adjudicado al contratista local Enrique Ortiz, fue aprobado definitivamente por el Consell el pasado mes de mayo.
La iniciativa fue recurrida por el Grupo Socialista de las Cortes Valencianas y por la Plataforma Iniciativas Ciudadanas (PIC). Con anterioridad, el Gobierno también había planteado otro recurso, en este caso porque el programa no tenía acreditados los recursos hídricos para abastecer la futura población.
El alto tribunal, según fuentes judiciales, avala la decisión de paralizar cautelarmente el plan Rabassa en dos argumentos básicos: primero porque el macroproyecto no cuenta con el preceptivo informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de recursos hídricos; y segundo, porque el Ayuntamiento lo tramitó al margen del Plan General de Ordenacíón Urbana (PGOU) de la ciudad.
El plan Rabassa, que comenzó a tramitarse hace ocho años, ha sido la iniciativa urbanística más polémica y que mayor rechazo ha concitado entre los colectivos cívicos de la capital alicantina. Aparte de su aprobación al margen del PGOU, estos colectivos cuestionaron el negativo impacto ambiental y social de la futura macrourbanización. El rechazo social al plan cristalizó en la creación de la mencionada plataforma. El portavoz de la PIC, el profesor universitario Manuel Alcaraz, resaltó la satisfacción del colectivo por el auto del TSJ.
Desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, se defendió la tesis contraria y el equipo de gobierno resaltó el volumen de viviendas sociales que llevaba aparejado el plan: 8.047 del total de 13.503.
Nada más contar con el visto bueno final del Consell, el promotor anunció que en breve comenzarían las obras de urbanización, y que en el plazo de dos años estarían levantadas las primeras casas.
Sin embargo, desde su aprobación final el plan Rabassa no ha sido noticia por el comienzo real de las obras, sino por la iniciativa del Ayuntamiento de ubicar en PAI la futura tienda de la multinacional sueca del mueble IKEA.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 18/12/2009
Foto: Alicante, vista aérea con terrenos plan Rabasa - diarioinformacion.com
Un juzgado ordena la demolición de diez viviendas en Chiclana
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DIARIODECÁDIZ* : Un juzgado ha emitido la orden de derribo de diez viviendas en Chiclana, situadas concretamente en la zona de Majadillas Bajas, al estar construidas todas ellas en terrenos denominados como urbanizable no sectorizados. En otras palabras, casas que se levantaron en suelo rústico sin contar ninguna de ellas con licencia municipal.
El Ayuntamiento recibió días atrás ese dictamen judicial y pretende ejecutar hoy mismo la orden a partir de las ocho de la mañana. Al parecer, los inquilinos de las viviendas ya han recibido varios avisos desde el juzgado para que sean ellos los que contraten los trabajos de demolición de sus propios inmuebles. Al no ser así, el Ayuntamiento tendrá que llevar a cabo esa actuación bajo mandato judicial, trasladándoles luego las facturas de los costes de esta medida a los ocupantes de las viviendas.
Todos los inmuebles se ubican en una misma parcela y ocupa prácticamente una calle. Los vecinos se arremolinaban anoche frente a las puertas de sus casas a la espera de noticias de su abogado. Según ellos, el letrado le ha asegurado que la orden judicial de derribo ha sido paralizada. No obstante, según fuentes municipales ese extremo se desconocía y será hoy cuando se sepa con seguridad si se tiran o no la decena de edificaciones.
Entre los inquilinos había ayer nerviosismo ante la proximidad del derribo de sus casas. En la calle se reunieron casi la totalidad de las familias afectadas, niños incluidos, que discutían sobre la inminente demolición de sus hogares, aunque mantenían su confianza en que esta medida no se producirá en la mañana de hoy tras hablar con el abogado.
El proceso administrativo para proceder al derribo comenzó pocos años atrás con la orden de paralización de la construcción de esas casas, según ha podido saber este medio. Fuentes consultadas relataron que se hizo caso omiso de esos avisos hasta que llegaron a levantarse las viviendas. Mientras tanto se han interpuesto recursos, pero el proceso ha continuado hasta que el juez ha decretado la demolición.
Cabe recordar que la primera de las casas que se tiró a requerimiento del juzgado en el término de Chiclana sucedió el pasado mes de marzo en la zona conocida como El Marquesado. En este caso, el ocupante tampoco hizo caso a las notificaciones de la Justicia, por lo que fue el propio Ayuntamiento de esa localidad quien se hizo cargo de los trabajos de derribo. La segunda de las viviendas que se echó abajo tuvo lugar hace escasamente un mes, pero esta vez fueron los propietarios quienes prefirieron ejecutar la orden. En ambos casos, las viviendas se situaban en suelo rústico sin disponer de las preceptivas licencias.
* Diario de Cádiz - F.M. - 18.12.09
Foto: La máquina volverá mañana a actuar en la localidad chiclanera donde continúan con el proceso de regularización de viviendas. :: ANTONIO VÁZQUEZ, lavozdigital.es
Aguirre amplía la privatización de la concesión de licencias a toda la región
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ELPAÍS/Madrid* : Primero fue el Ayuntamiento, y ahora la Comunidad de Madrid ha decidido dar cobertura legal y ampliar a toda la región la posibilidad de poner en manos de empresas la concesión de licencias y la labor de inspección y control urbanístico. Así lo recoge una de las enmiendas presentadas por el PP en la Asamblea a la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña que se vota hoy.
Concretamente su disposición adicional segunda que se titula "Colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico".
La idea es que el Gobierno homologue una serie de empresas, como las que pasan la ITV de los vehículos, para que realicen controles e inspecciones urbanísticas. La diferencia principal con el Ayuntamiento, que diseñó este sistema a raíz del escándalo de corrupción en la concesión de licencias destapado hace dos años, es que la enmienda no deja claro si podrían emitir informes referidos a modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM).
El PSOE no tiene duda de que eso sucederá. "Se trata de privatizar todo el control de la legalidad urbanística. No es la primera vez que se intenta tal operación. En el anteproyecto de la Ley del Suelo de 2001 se contemplaba la homologación de las entidades certificadoras y de inspección técnica, a lo que finalmente renunció el Gobierno de Gallardón ante las enmiendas presentadas por el PSOE", critica el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.El PSOE pedirá que se retire la enmienda, pero si la escasa fuerza parlamentaria con la que cuenta no le se lo permite, recurrirá al Tribunal Constitucional. "Esto no tiene parangón en la legislación europea. Es inconstitucional, cualquier constructora que se precie monta un chiringuito de éstos", denuncia Gordillo.
En la Comunidad aseguran que la enmienda no afecta a ninguna de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ninguna de esas entidades privadas, dicen, interferirá en las funciones del Gobierno regional. "Simplemente se da cobertura legal a una ordenanza del Ayuntamiento. En la enmienda se fijan una serie de características que tienen que tener las entidades privadas. El objetivo es agilizar la tramitación de las licencias", asegura un portavoz de la consejería.
Lo que está claro que hace esta enmienda es abrir la veda para que los ayuntamientos puedan implantar el mismo modelo que la capital. "Nosotros creemos que no necesitábamos esta cobertura legal. Pero si se produce, bienvenida sea", explica el impulsor de la privatización en la concesión de licencias en la capital, el concejal de Hacienda, Juan Bravo. El Ayuntamiento prevé que el nuevo sistema de tramitación de licencias empiece a funcionar en abril de 2010. De hecho, ya ha preseleccionado a unas 30 empresas que pueden cumplir los requisitos para realizar esta tarea.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 17/12/2009
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Palma: Cuatro años y medio de cárcel para Vicens por una pieza separada del caso Son Oms
EUROPAPRESS* : El tribunal de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado a cuatro años y medio de cárcel y a la inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años al diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vicens por su implicación en una pieza separada del caso Son Oms.
La sentencia considera probado que Vicens, mientras ostentaba el cargo de conseller Insular de Territorio del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, institución que presidía Maria Antonia Munar, ordenó el pago de 12.000 euros públicos a su contable particular para la elaboración de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo.
El tribunal considera a Bartomeu Vicens autor criminalmente responsable de un delito de malversación de caudales públicos y de un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia condena también al ex secretario general de UM, Damià Nicolau, a una pena de dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de cuatro años al considerarle cómplice de un delito de malversación de caudales públicos y de un delito de prevaricación administrativa.
Por último, el tribunal condena al antiguo contable personal de Vicens, Tomàs Martín, a dieciocho meses de multa con una cuota diaria de ocho euros y a la inhabilitación absoluta por un tiempo de un año y tres meses, por considerarle cooperador responsable de un delito de malversación de caudales públicos.
Contra la sentencia, que no es firme, cabe presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Vicens confirmó este jueves en los pasillos de la Cámara autonómico que recurrirá la sentencia al TS y aseguró que, por el momento, no se plantea dejar su escaño en el Parlament balear. Pese a que Vicens fue suspendido de militancia de UM cuando el juez que instruye el caso Son Oms decretó prisión bajo fianza de 100.000 euros para él, éste mantiene su escaño en la Cámara.
De esta forma, el tribunal ha condenado a Vicens a la misma pena que pedía la Fiscalía, que solicitó cuatro años y seis meses de prisión para el ex conseller. En el caso de Nicolau, la pena del tribunal es inferior a lo que pedía la Fiscalía, que solicitó tres años y dos meses para él. En el caso de Martín, el tribunal también le condena a la pena que pedía el Ministerio Público, que en un inicio pidió nueve meses de privación de libertad, mientras que finalmente solicitó una pena pecuniaria de 18 meses de multa.
* Europa Press - 17.12.09
Foto: Palma, polígono Son Oms - interempresas.net
Imputan por la trama urbanística de Llíber al actual alcalde y a tres ediles
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LEVANTE/Alicante* : La trama urbanística de Llíber no deja de engordar. Entre los imputados hay promotores, constructores e intermediarios en la venta de terrenos no urbanizables y chalés ilegales. Hasta ahora el único político implicado era el ex alcalde de Llíber, José Mas Avellá, del PP, que ayer, tras declarar ante la juez, ingresó en prisión provisional sin fianza. Sin embargo, el actual primer edil, Juan Bautista Reus, del PSPV, también está desde ayer imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
La misma suerte que Reus corrieron todos los políticos que integraban la corporación de Llíber entre 1999 y 2003, que presidía como alcalde el popular José Mas. Además del actual primer edil, acudieron en la mañana de ayer al cuartel de la Guardia Civil de Calp el primer teniente de alcalde y actual responsable de Urbanismo, José Ordines, del PSPV, el ex concejal socialista José Fullana, y los dos ediles del PP José Juan Reus y Vicente Andrés Ivars. Todos ellos, tras ser interrogados en calidad de detenidos, quedaron en libertad pero imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Fuentes del caso indicaron que a estos cinco políticos, de los que cuatro siguen en la corporación actual, se les relaciona con la trama de corrupción urbanística porque, en las actas de pleno del mandato de 1999 a 2003, figura que votaron a favor de dar licencias para edificar casas en suelo no urbanizable. No obstante, según las mismas fuentes, aquellos votos no tenían valor, ya que el entonces alcalde no había delegado en el pleno la facultad de conceder permisos de obra.
En esos años fue cuando el ayuntamiento otorgó licencias a destajo para construir viviendas que eran ilegales pues estaban en suelo rústico y en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados (algunas incluso de 2.000 y 1.000 m2). En ese mandato, se edificaron entre 300 y 350 chalés ilegales que todavía hoy tienen servicios de luz y agua en precario (de obra). Fue entonces cuando el promotor Miguel M., para quien la juez decretó el lunes prisión provisional, y otros empresarios ahora imputados presuntamente estafaron a cientos de residentes extranjeros al venderles casas que están fuera de ordenación y que son difícilmente legalizables.
En la mañana de ayer, la juez del juzgado número 3 de Dénia que instruye este caso de presunto corrupción urbanística tomó declaración al ex alcalde José Mas Avellá y al arquitecto técnico Amador Signes. La magistrada ordenó para ambos el ingreso en prisión provisional sin fianza. En cambio, el otro imputado en prisión, el promotor antes citado, sí que puede salir en libertad si abona una fianza de 100.000 euros. Tanto José Mas como Amador Signes, quien fue hasta 2003 aparejador municipal de Llíber (el encargado, por tanto, de informar los permisos de obra), están acusados de cohecho, estafa, prevaricación y delito contra la ordenación del territorio.
El número de implicados en la trama no ha parado de crecer desde que el domingo la Guardia Civil detuvo al promotor Miguel M. y al constructor Trevor B. Este último y la también promotora Truder W. quedaron en libertad, pero imputados por estafa y cohecho tras declarar ante la juez el martes. Los empresarios que han estado arrestados por la trama son cinco, pero hay otros promotores, intermediarios y, posiblemente, un notario que también podrían estar relacionados con la construcción de las casas ilegales, su venta fraudulenta y la falsificación de escrituras y títulos de compra-venta.
Llíber, un pueblo del interior de la Marina Alta de mil habitantes, de los que más de la mitad son residentes extranjeros, se ha visto sacudido por un escándalo urbanístico de dimensión descomunal.
"Si José Mas tiene culpa, los otros también"
"En Llíber, toda la vida se han dado licencias para construir en parcelas de 5.000 m2". Familiares del ex alcalde José Mas Avellá, que acudieron al juzgado mientras éste declaraba, afirmaron ayer que, si en el municipio ha habido "barbaridades" urbanísticas, la responsabilidad es de más de un político. Aseguraron que la excepción de permitir construir en suelo no urbanizable en parcelas de 5.000 metros cuadrados (lo legal es en terrenos de 10.000 m2) la han aplicado tanto el PP como el PSPV. "Si José Mas tiene culpa, los otros también", sostuvieron estos familiares, que admitieron que entre 1999 y 2003 se edificaron más viviendas ilegales, "pero es que hubo más demanda". "Nosotros y también todo el pueblo estamos convencidos de su inocencia", proclamaron. También recordaron que el ex aparejador municipal, Amador Signes, estuvo durante 20 años trabajando para el ayuntamiento y para gobiernos socialistas y populares. Este arquitecto técnico, de quien prescindió el PSPV cuando en 2003 recuperó la alcaldía, hizo, según fuentes del caso, proyectos privados de chalés que luego autorizó como aparejador municipal.
* Levante-EMV - A. P. F. - 17.12.09
Foto: Llíber (Alicante), chalés ilegales - diarioinformación.com
Barcelona: Un hotel de lujo que incumple la Ley de Costas
DIAGONAL* : Hace dos meses se inauguró el Hotel Vela, una instalación de lujo que ha multiplicado el precio de los inmuebles y amenaza el tejido social histórico de la Barceloneta. Barcelona tiene un problema de modelo social, económico y urbanístico. Las autoridades municipales, denuncian desde los movimientos sociales de la ciudad, han puesto a la capital catalana, más que nunca, al servicio de los intereses de los grupos inmobiliarios y del turismo.
Un ejemplo de todo esto es el Hotel Vela, inaugurado hace poco más de dos meses, una instalación de lujo en medio de un barrio popular y de origen pescador como la Barceloneta. “El Vela orientará el comercio de la zona hacia el turismo con alto poder adquisitivo, incrementará los precios de la vivienda e intensificará el fenómeno de los apartamentos turísticos”, afirma Gala Pin de la Plataforma en Defensa de la Barceloneta.
La plataforma ha interpuesto un contencioso administrativo en el que solicita el derribo de esta edificación o bien que se someta a debate público cuál debe ser el uso de Vela. Se acusa a las autoridades de incumplir la Ley de Costas y de convertir a usos privados un espacio de titularidad pública donde no se permitían edificaciones hoteleras.
En este espacio antes del Hotel Vela había un restaurante popular donde se podía ir a pasar el día y llevar comida de casa “y ahora ese espacio se ha privatizado para los más ricos”, afirma Emilia Llorca, presidenta de l’Associació de Veïns de l’Òstia, de la Barceloneta quien añade que “el barrio no ganará nada con el Vela”. Pin señala que el rechazo de los vecinos a esta nueva operación es muy amplio, “la gente aún recuerda cuando, según la Ley de Costas, se restringieron los usos de la playa para los chiringuitos, y no se entiende que ahora se permita esta construcción”.
Falta de transparencia
Desde la Plataforma se acusa al Ayuntamiento de tener prácticas poco democráticas y nada transparentes. El Plan Especial Nova Bocana, que modificará la imagen del barrio, deja “en manos de las empresas inmobiliarias la remodelación urbanística de la Barceloneta, sin que haya un planteamiento social o garantista”, afirma Pin. También indica que el Plan “de los ascensores” (para incluir ascensores en muchos edificios antiguos del barrio) se ha realizado sin la más mínima perspectiva social y que podría acabar expulsando a muchos vecinos por no poder asumir el coste de la reforma.
Este plan, por ahora paralizado, ha despertado un amplio rechazo entre los vecinos. Para Pin, la Autoridad Portuaria de Barcelona tiene una influencia excesiva y poco transparente en las decisiones del Gobierno municipal, “los ciudadanos debemos disponer de mayores controles”, añade.
Vecinos al abordaje
Durante la inauguración de este hotel se realizaron diferentes actos de protesta como una sardinada popular o un ‘abordaje’ por tierra, mar y aire. El objetivo de estas acciones era sensibilizar a la población, aunque el hotel es ya una realidad que está afectando al barrio. A día de hoy, denuncia Llorca, se pagan alquileres por valor de mil euros por pisos de 30 metros, y ya se está vendiendo la Barceloneta como una marca para restaurantes de precios prohibitivos.
“El tejido social del barrio se está rompiendo con el Vela”, afirma Llorca. “Aún quedan pendiente la resolución del contencioso administrativo presentado. Además seguiremos con las acciones de protesta, porque nuestra crítica va más allá del Vela, es una crítica a un modelo de ciudad donde predominan los intereses privados, la falta de transparencia y donde existen claros déficits democráticos”, concluye.
* Periódico Diagonal - Viçent Canet. Barcelona - 14.12.09
Foto: HOTEL VELA. Las organizaciones de vecinos llevan años expresando su malestar por la construcción de este hotel de lujo. - diagonalperiodico.net
Lanzarote: Pelotazos y ´paquetes´
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LAPROVINCIA* : La mayor operación contra la corrupción puesta en marcha en Lanzarote deja al descubierto decenas de irregularidades. Pelotacito, el pelotazo". El empresario y vocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote, Fernando Becerra, no dudó en alardear en una de las conversaciones grabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de la posibilidad de obtener presuntas comisiones ilegales por actuar de intermediario en diferentes negocios urbanísticos tanto en los municipios de Arrecife como en el de Yaiza.
La lectura de las conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial en el marco de la operación Unión y de las declaraciones realizadas por algunos de los más de 30 imputados recogidas en el sumario ponen al descubierto una extensa mancha de corrupción que sacude a Lanzarote de norte a sur.
Una operación que se inició el 5 de junio de 2008 cuando el por entonces consejero de los Centros Turísticos del Cabildo y secretario insular de los socialistas lanzaroteños, Carlos Espino, puso en marcha la grabadora entregada por la Guardia Civil durante la reunión mantenida con Fernando Becerra en el que le iba a hacer llegar la propuesta del promotor Luis Lleó para construir el megaproyecto de las 1.000 viviendas en Costa Roja, en Playa Blanca.
A partir de ese momento y ante la gravedad de los posibles delitos que se estaban cometiendo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, la Fiscalía y los agentes de la UCO pusieron en marcha la mayor operación contra la corrupción que se ha desarrollado en Lanzarote.
Los servicios de vigilancia especiales de los agentes de la UCO a los principales implicados les llevó a realizar todo tipo de grabaciones y fotografías. Unas medidas que incluyeron también las escuchas telefónicas realizadas con el pertinente mandamiento judicial durante varios meses.
El dinero corría de un lado para otro y las presuntas comisiones ilegales a empresarios por la adjudicación de obras se convirtió en una actividad más dentro de las labores diarias de algunos concejales y miembros destacados del PIL. "Los paquetes (sobres con dinero) los preparaba Matías Curbelo", llegó a decir ante el juez el que fuera concejal de Urbanismo en Arrecife, Ubaldo Becerra, para justificar cómo se repartía en algunas ocasiones las comisiones recibidas por los empresarios.
Dinero que incluso se llegó a entregar en el baño del aeropuerto de Lanzarote, un sobre con 6.000 euros, ante el viaje a Cuba de dos de los imputados. En otras ocasiones "las bolsas" como las llamaba Alfredo Rodríguez, trabajador del Cabildo y utilizado presuntamente en ocasiones como la persona encargada de recoger las comisiones, se repartían en cafeterías o viviendas de los implicados. Cualquier sitio era válido siempre y cuando no levantara sospechas.
La lista de políticos y empresarios que salen en las conversaciones telefónicas y en las declaraciones ante el juez es inmensa. Sin embargo, muchas de las acusaciones que se realizan por los propios imputados no están del todo demostradas en las investigaciones que han salido a la luz pública después del levantamiento parcial del secreto de sumario. La trama de la corrupción sigue abierta.
* La Provincia - D. RIVERO - 16.12.09
Foto: Un furgón de la Guardia Civil ante uno de los despachos del promotor Luis Lleó el pasado mes de mayo en Arrecife.- JAVIER FUENTES, laprovincia.es
Demoliciones
CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN* : Las demoliciones de viviendas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de A Guarda, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no van a quedar como un caso aislado en nuestra comunidad autónoma. Son muchos los municipios gallegos que cuentan con alguna vivienda ilegal sobre la que pende una orden de demolición decretada por los tribunales, con casos tan relevantes como el de Vigo.
Evidentemente, la tipología de viviendas afectadas que incumplen la legalidad urbanística es muy variada: desde los casos en que es el propio particular el que construye la obra sin licencia, o sin ajustarse a los términos de la licencia concedida, hasta los casos (que son mayoritarios) de personas que adquirieron de buena fe una vivienda provista de la correspondiente licencia y que vienen habitándola desde hace años. Es en estos últimos casos donde surge el verdadero drama humano de quienes, sin tener responsabilidad alguna en lo sucedido, se ven compelidos a abandonar sus hogares. ¿Qué pueden hacer estas personas?
Ante todo, deberán acatar la sentencia que decreta la demolición y no oponerse físicamente a su ejecución, porque de lo contrario acabarán cometiendo con seguridad un delito. Sentado esto, lo que procede es exigir responsabilidad a la Administración por haber otorgado una licencia contraria a las normas urbanísticas. En algunos supuestos dicha responsabilidad podrá exigirse incluso por la vía penal, dado que en nuestro Código existe un delito de prevaricación urbanística, que castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, haya concedido una licencia contraria a las normas urbanísticas o haya informado favorablemente dicha concesión. Con todo, hay que tener en cuenta que el delito de prevaricación exige una vulneración clamorosa y grosera de la legalidad, y que nuestros tribunales suelen aplicarlo singularmente cuando existen informes contrarios del arquitecto municipal y del asesor jurídico. En cambio, la prevaricación se rechaza siempre que quepa entender que la concesión de la licencia "se encuentra dentro de las opiniones que pueden ser jurídicamente defendibles", circunstancia que concurría, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de A Guarda, puesto que, antes de la sentencia del TSXG, algunos jueces de Pontevedra habían avalado la interpretación jurídica realizada por el Ayuntamiento.
Ahora bien, el hecho de que no exista delito no implica que no quepa exigir una responsabilidad administrativa patrimonial al ayuntamiento (o, en su caso, a la Xunta de Galicia), que es una responsabilidad directa y de carácter objetivo, consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y que genera un derecho del particular a ser indemnizado por los daños materiales y morales "siempre que no exista dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado", lo cual es interpretado por la jurisprudencia dominante en el sentido de que la Administración sólo queda exonerada de responsabilidad cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido.
Por lo demás, los ciudadanos nos preguntamos cómo se ha podido llegar a situaciones como las de A Guarda, donde las demoliciones se llevan a cabo en casas habitadas desde hace años. Sin desconocer el usual modus operandi de muchos ayuntamientos de otorgar licencias de dudosa legalidad acompañadas de la promesa de que las construcciones serán legalizadas en el futuro, hay que destacar la resistencia de algunos jueces a suspender cautelarmente el otorgamiento de la licencia en el momento en que, ante la presentación de un recurso contra ella, tuvieron que decidir acerca de la adopción de posibles medidas cautelares, cuando las viviendas se hallaban en construcción o cuando ésta todavía no se había iniciado. Frente a esta posición, otros jueces adoptaron la medida cautelar de suspensión, entendiendo -a mi juicio correctamente- que en tales casos el interés general en la ordenación urbanística debe prevalecer siempre sobre el interés privado en la terminación de la obra, y que la continuación de la obra haría perder la finalidad legítima del recurso, puesto que, a la vista de la congénita lentitud de la jurisdicción contencioso-administrativa, la sentencia se dictaría cuando las viviendas estuviesen ya terminadas y ocupadas.
* ELPAIS.com - Opinión - 14/12/2009
Barcelona: Expropiados de la zona sacan su queja a la calle
ELPERIÓDICO* : Hipotecados más allá de la tumba. Así se ven las decenas de expropiados de la llamada unidad de actuación 13 del Poblenou, una pieza más del puzle que compuso el cambio radical urbanístico para dar luz a la nueva Diagonal. Tras más de ocho años de trámites, reivindicaciones y lucha judicial para lograr una compensación «justa» y con el caso ya en la recta final, en el Tribunal Supremo, un colectivo de unos 40 vecinos han sacado su grito a la calle en forma de pancartas.
Cuelgan desde los balcones de la finca de nueva construcción (Provençals, 55, con Diagonal) –semivacía– donde se han podido mudar los pocos expropiados que lograron financiación bancaria.
Su unidad la integraban 97 vecinos empadronados, aunque los no residentes no tuvieron opción a reubicarse en los pisos de protección oficial que se les ofrecieron a la venta. Otros muchos tuvieron que renunciar porque a su edad (la mayoría eran ancianos) conseguir una hipoteca era casi disparatado. No obstante, en 17 casos y con el aval familiar, lograron acceder a uno de los pisos de Provençals, a costa de endeudarse por 25 años, pese a tener, en muchos casos, más de 80.
Ramon Segura, portavoz de los que siguen reclamando lo que creen sus «derechos constitucionales», explica que la expropiación forzosa supuso para muchos vecinos obtener poco más de 60.000 euros por solares (con casa incluida) de más de cien metros cuadrados. Con esa suma solo han podido dar la entrada de los pisos de protección que les reservaron a algunos por entre 150.000 y 180.000 euros, más plazas de aparcamiento a precio de mercado normal, se quejan. La mayoría ha tenido que irse de alquiler.
LARGA ESPERA / Los afectados lucharon hasta la llegada de las excavadoras por una tasación realista, opinan. Se quejan de demoras en el procedimiento, con las que el ayuntamiento logró acogerse a una actualización del valor catastral, más conveniente para las arcas municipales que la aplicación de la tasación residual, vigente en el momento de las negociaciones, sostienen. También lamentan la larga espera que precedió a la obtención de los pisos. Y que el precio de estos quedaba por encima de sus posibilidades.
«Mis padres, de 83 y 92 años y con 66.000 euros por la expropiación, no podían pagar nada, pero para que no se vieran en la calle yo asumí la hipoteca», cuenta Joan Gisbert. Su progenitor aún pregunta a diario cuándo le van a tirar la casa, ajeno a lo que sucedió con el vecino solar, donde se levantarán más pisos en breve.
«Esta es una promoción fantasma», se queja Segura, con muchos pisos vacíos, a falta de que otros destinatarios de la vivienda de protección logren hipotecas. «Y los pisos son de mala calidad», agrega Felipe Mateo, residente en la finca, hastiado de los problemas de filtraciones del párking.
El concejal de Sant Martí, Francesc Narváez, señala que el problema radica en el criterio de valoración de la expropiación, que en este caso no puede equipararse al de los antiguos propietarios expropiados en el Poblenou. Esta unidad, apunta, obedecía a la apertura de la Diagonal y «tiene distinta consideración». La pelota está en manos de los tribunales, señala el ayuntamiento.
El colectivo se queja también de irregularidades en los procesos judiciales, tanto en el tribunal provincial de expropiaciones como, espués, con el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, con un informe pericial a su favor pero que acabó con sentencias favorables al consistorio, que adjudicó los terrenos a la promotora Espais.
Con el recurso de casación en el Supremo, esperan solución final por la vía judicial: «No queremos ganar dinero, solo que se nos dé lo que antes teníamos, una vivienda, no una deuda», sentencia Gisbert.
* El Periódico - P.C. - 16.12.09
Foto: Carteles reivindicativos contra las expropiaciones, en los balcones del número 55 de Provençals, el viernes. - danny caminal, elperiodico.com
