LAVERDAD/Alicante* : La cuarta ampliación del Parque Industrial de Torrellano-Saladas o Parque Empresarial Eco-Parque Residencial, prevista por el Ayuntamiento como motor económico de la ciudad en los próximos años, cuenta con el rechazo «unánime» de los vecinos de Saladas y Jubalcoy. Así quedó de manifiesto en la asamblea promovida por la Asociación Santa Barbara para debatir el tema.
Cuando el pasado mes de septiembre Pimesa presentó el avance del proyecto, el concejal de Urbanismo, Alejandro Pérez, dijo que se trataba de una propuesta inicial y que se mejoraría con las aportaciones de técnicos, agentes sociales y grupos políticos.
Los vecinos no han querido esperar a que pase más tiempo sin dejar constancia de que no están de acuerdo con esta iniciativa. Entienden que no hay elementos para considerar el proyecto de interés general para los ciudadanos.
Igualmente, como explicó Vicent Estrada, miembro de la junta directiva de la asociación, «consideramos que no es necesaria una ampliación cuando todavía hay suelo industrial disponible».
Reunión
Durante la asamblea se acordó crear una comisión que solicitará una reunión con el edil de Urbanismo con el fin de que el Ayuntamiento retire el proyecto.
La asociación está dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para frenar el proyecto.
* La Verdad - 05.10.09 - J.C. ROMERO | ELCHE
Foto: comunitatvalenciana.com
Elche: Rechazo vecinal «unánime» a la ampliación del Parque Industrial
La urbanización intensiva del litoral modifica el régimen de lluvias
ELPAÍS* : ¿Llueve más o menos que antes? ¿Qué pasa con las tormentas? ¿Por qué se producen menos tormentas en verano? ¿Por qué son cada vez más fuertes las lluvias en otoño? Millán Millán, director del centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), tiene una explicación que responde a la vez a todas estas preguntas. En la cuenca mediterránea, cuyo sistema climático es "único", totalmente diferente de cualquier otro del globo, "los cambios de uso del suelo a lo largo del tiempo han alterado el régimen de tormentas de verano y producen un modo de acumulación sobre el mar que desencadena los grandes temporales del otoño".
En otras palabras, la urbanización intensiva del litoral, la reducción de la superficie vegetal y la pérdida de zonas húmedas alteran el funcionamiento del clima mediterráneo de manera que se pierden poco a poco las tormentas de verano y se hacen cada vez más virulentos los episodios de lluvias torrenciales en otoño, como el que la semana pasada dejó, en apenas cinco días, tanta agua como en todo un año (más de 300 litros por metro cuadrado).
Investigador que participa desde hace años en proyectos de la Unión Europea relacionados con el cambio climático y la contaminación atmosférica, Millán está acostumbrado a polemizar con colegas de otros países y con buena parte de los meteorólogos, reacios a asumir sus interpretaciones. Por eso, en su despacho del CEAM, cuyas instalaciones se ubican en el Parc Tecnològic, en Paterna, despliega todo un arsenal de datos, gráficos, imágenes por satélite y fórmulas de cálculo para explicar al periodista por qué dice lo que dice.
"¿De dónde viene la lluvia?", empieza por preguntarse. Tras reconocer que la cantidad anual de precipitación es más o menos homogénea, con una pérdida no demasiado significativa de 30 litros por metro cuadrado a lo largo de los últimos 50 años, explica que son tres los fenómenos que descargan lluvias sobre la vertiente mediterránea: los clásicos frentes atlánticos, las tormentas de verano y la ciclogénesis mediterránea o los temporales de levante, que a menudo se identifican tan errónea como indiscriminadamente con lo que se denomina "gota fría".Los sistemas frontales atlánticos, que aportan aproximadamente el 20% del input hidrológico anual en el litoral valenciano, han reducido en 80 litros por metro cuadrado anuales su aportación en los últimos 50 años sobre el área interior, a más de 40 kilómetros de la costa. Las tormentas de verano, que suponen entre el 11% y el 15% del agua de lluvia, han reducido en 40 litros por metro cuadrado su aportación en la misma zona. Por su parte, los temporales de levante, que representan el 65%, han aumentado en 90 litros por metro cuadrado su aportación sobre las zonas costeras en el último medio siglo, se han hecho más torrenciales y han crecido también en primavera. En conjunto, casi el 80% de la precipitación total sobre el litoral valenciano es de agua evaporada del mar Mediterráneo.
"El Mediterráneo, en verano, es como una olla que hierve de los bordes hacia adentro", asegura Millán para desarrollar su argumento. Durante el estío, las brisas de profundidad entran hacia el interior cargadas de vapor de agua, explica. En su camino, al enfriarse, el vapor de agua forma nubes y la evapotranspiración procedente de la vegetación y las zonas de marjal del litoral aporta a esas nubes una cantidad de humedad extra que funciona como mecanismo de disparo de las tormentas, momento en que se alcanzan los 21 gramos de agua por kilogramo de aire. Normalmente, las nubes descargan al alcanzar las montañas del interior y generan los clásicos episodios tormentosos de verano. El problema, según la investigación del CEAM, es que la reducción de la cubierta vegetal y de los humedales ha elevado progresivamente la altura en la que se forman las nubes para la descarga de las tormentas, hasta el extremo de que, en muchos casos, superan la altura de las montañas y no llegan a producir precipitaciones.
Millán y sus colaboradores han recurrido a las imágenes por satélite para corrobar su hipótesis de que ese vapor de agua, que no llega a precipitar en lluvia porque falla el mecanismo de disparo de la evapotranspiración, acaba acumulándose en estratos sobre el mar. "Los satélites nos han dado una visión global", comenta el director del CEAM, "porque nos han permitido detectar cómo funciona la olla del Mediterráneo, es decir, su modo de acumulación de vapor de agua. Hemos constatado también que la cuenca mediterránea occidental, dominada por la influencia del anticiclón de las Azores, y la oriental, bajo la influencia del Monzón asiático, tienen funcionamientos diferentes. En la primera, la acumulación más intensa se produce en verano y, en cambio, en la segunda, eso ocurre en primavera y otoño. En todo caso, el vapor de agua acaba sobre el Mediterráneo".
En la cuenca occidental, el mecanismo completo de circulación se produce en cuatro o cinco ciclos de unos cuatro días en julio y en tres o cuatro ciclos de hasta siete días en agosto, es decir, a lo largo de unos 20 días en julio y de 21 a 23 días en agosto se acumula el vapor de agua sobre el mar. "Los periodos recirculatorios", escribe Millán en un artículo científico titulado Cosas que los modelos climáticos globales no ven del ciclo hídrico de Europa y por qué, "terminan con un transitorio, por ejemplo el paso de una depresión en altura, después se reinician y pueden repetirse varias veces".
"Ese vapor de agua acumulado", añade Millán, "recalienta el agua del mar y genera un efecto invernadero sobre el Mediterráneo". Para apoyar esa afirmación recuerda que, de acuerdo con las mediciones, "la temperatura del mar era de 27 grados al acabar agosto en los años setenta y, en cambio, ahora, puede superar los 30 grados". Así, la capa de agua caliente del Mediterráneo ha aumentado de 50 metros de profundidad hasta más de 200 en algunas zonas. Eso es lo que alimenta los temporales, ya que cuesta más de enfriar y causa precipitaciones más intensas, con fenómenos tan poco habituales como los tornados. "Habrá más temporales y serán más torrenciales", vaticina el director del CEAM, quien apunta que los episodios de inundaciones por lluvias torrenciales en el sur de Alemania, la República Checa y otras zonas de la Europa central tienen el mismo origen mediterráneo.
Muy crítico con el enfoque que la Unión Europea ha dado a su política en este campo, Millán insiste en que se comportan de una manera muy diferente los sistema climáticos de la vertiente atlántica y de la vertiente mediterránea europea. Aventura, además, que los cambios que el CEAM ha descrito en el régimen de lluvias tienen influencia, no sólo en la pérdida de suelo y la agudización de la sequía en la cuenca mediterránea, sino incluso sobre fenómenos como las precipitaciones torrenciales de verano en las Islas Británicas. Esto último ocurriría porque la denominada válvula salina atlántico-mediterránea, a través del estrecho de Gibraltar, aportaría cada vez agua mediterránea más caliente, más salada y más densa al Atlántico, lo que puede perturbar el paso de sistemas frontales.
"A la gente le cuesta creer las advertencias de este tipo", asume Millán, "pero cuando la madre naturaleza avisa, hay que intentar averiguar por qué lo hace. No sirve de nada ignorar esos avisos". En su opinión, cualquier medida dirigida a hacer frente a la decandencia de las tormetas y a las modificaciones detectadas en el régimen de lluvias tendrá que pasar por reconstruir el "ciclo hídrico" que se ha ido perdiendo. La protección de los humedales que se conservan, las acciones de reforestación y una política de reutilización del agua que "vuelva a ponerla donde debe estar" son los criterios en que habría que basar cualquier actuación.
* ELPAIS.com - ADOLF BELTRAN - Valencia - 05/10/2009
Foto: Una tormenta sobre la comarca de La Safor captada desde la zona del puerto de Gandia.- NATXO FRANCÉS, elpais.com
Monachil: Vecinos de la Sierra exigen al juez demoler 82 apartamentos
LAOPINIÓN/Granada* : La mancomunidad de propietarios del edificio Maribel ha solicitado en su escrito de acusación el derribo de un edificio de 82 apartamentos Marisol, situado en Pradollano, que se construyó en una parcela reservada para uso socio cultural. Por este asunto, dos alcaldes de de Monachil que llegaron a gobernar en el anterior mandato municipal, Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP), compartirán banquillo el próximo 9 de octubre en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada acusados de prevaricación.
En su escrito de acusación, la mancomunidad de vecinos, que fue la que presentó en su día denuncia ante la Fiscalía, se adhiere a la petición de Fiscalía en cuanto a penas de cárcel. En concreto solicitan dos años de prisión para ex alcalde Antonio Trinidad, el entonces concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez, y el arquitecto municipal Alfonso Moreno-Cañavate, además de penas de inhabilitación de entre 10 y 20 años y una multa para cada uno de ellos de 72.000 euros. Francisco Lara, el ex alcalde socialista que estuvo tan solo un año en el poder tras ser depuesto por una moción de censura, se enfrenta a una pena de inhabilitación de diez años para ejercer empleo o cargo público.
El origen del embrollo urbanístico tiene lugar con la aprobación de un estudio de detalle, que contó con informe técnico del arquitecto municipal y con otro del asesor jurídico, y que a la larga sirve no sólo para modificar el uso de la parcela –de equipamiento sociocultural a equipamental– sino también para multiplicar por casi diez la edificabilidad. De 750 metros cuadrados pasó a 7.190 gracias al citado instrumento urbanístico que, según los vecinos, infringe la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).
La mancomunidad de vecinos desvela en su escrito detalles de cómo se fraguó la operación urbanística. El Ayuntamiento de Monachil se desprendió de dicha parcela, junto a otras dos situadas también en distintos puntos de Sierra Nevada, mediante una operación de permuta. Transfirió los tres terrenos a la promotora Serrabol a cambio de la finca de los Aragones, situada en el centro del pueblo de Monachil.
Los vecinos se refieren a un "plan preconcebido" para hacer realidad la operación y que "solamente se pudo llevar a cabo mediante una moción de censura y el acceso a la alcaldía por parte del señor Trinidad". "La finalidad perseguida, a juicio de esta parte, no es otra que cambiar el uso de la parcela, aumentar la edificabilidad y alterar las condiciones de la misma", señalan.
Hay un dato que para la mancomunidad no pasa desapercibido y es el hecho de que las parcelas se tasan finalmente por debajo del precio del mercado y por un valor (1,8 millones de euros) que no supera el 25% del presupuesto municipal al objeto de no tener que contar con la autorización de la Junta de Andalucía.
La acusación particular sostiene que todos ellos, "a sabiendas de la ilegalidad que se estaba llevando a cabo, manifiestan su consentimiento a la concesión de la licencia de obras para la construcción de un bloque de apartamento".
Para darle apariencia de legalidad, tanto en el proyecto como en la solicitud de licencia de obras aparecía la denominación de "apartamentos turísticos" en un intento de querer hacer ver que se encuadraba en los distintos usos que se pueden dar a las parcelas destinadas a equipamientos.
A lo largo de la fase de instrucción, los vecinos han solicitado al juez, en reiteradas ocasiones, la paralización de la obra pero su petición no fue nunca atendida. Ahora, que el edificio de apartamentos está totalmente levantado, la mancomunidad de propietarios exige su demolición y que "se restituya el orden urbanístico perturbado".
* La Opinión de Granada - 5.10.09
Foto: Imagen del edificio Marisol, prácticamente construido. I.M. - laopiniondegranada.es
Chiclana: Una plataforma antiordenanzas
DIARIODECÁDIZ* : Un total de 27 presidentes de asociaciones de vecinos afectados por las ordenanzas que regularizarán sus viviendas acordaron ayer la creación de una plataforma ante el rechazo por el proceso que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno en 10.500 casas sin legalizar.
Dicho acuerdo se materializó ayer en una multitudinaria reunión que mantuvieron los responsables de esas asociaciones en la Venta Florín, a la que, además, asistieron otro centenar de vecinos con responsabilidades en las entidades vecinales. El encuentro estaba fijado en un principio en la Venta Zacarías, pero la falta de espacio originó el cambio de emplazamiento.
Con el nombre de Plataforma de Vecinos de Chiclana Afectados por la Regularización, ese grupo de asociaciones pretende aunar fuerzas contra un proceso que creen que no se ajusta a las demandas vecinales ante los pagos y plazos que solicita el Ayuntamiento. La constitución de la plataforma fue apoyada de manera unánime por todos los presidentes y ahora queda pendiente nombrar a su junta directiva, la creación de los estatutos y, posteriormente, culminar con el trámite administrativo con su legalización ante las pertinentes autoridades gubernamentales. Todas estas gestiones se iniciarían en breve, según señalaron desde el colectivo.
Además, esa plataforma está abierta a la adhesión de otras asociaciones de vecinos de la localidad, por lo que podría duplicarse la representación vecinal en esa organización.
En la reunión de ayer se volvió a insistir en que será rechazada la intromisión de partidos políticos en sus demandas y que lo que se persigue es consensuar con el Ayuntamiento la aplicación de las ordenanzas en estrecha colaboración con los vecinos y sin ánimo de confrontaciones. "Sólo queremos llegar a un acuerdo", apostilló un portavoz.
Así, quedó patente que las federaciones de vecinos "no representan a las asociaciones, porque no creemos en ellas", añadió. Cabe recordar, que esas federaciones vecinales dieron su visto bueno a las ordenanzas y que la perteneciente a la Rana Verde se desmarcó convocando un encuentro vecinal para que los afectados opinaran sobre este polémico proceso de regularización, que acaba de comenzar.
Por otro lado, ayer se contabilizaron alrededor de 950 copias de alegaciones presentadas en el registro, procedentes de distintas zonas de la localidad "y creemos que podrían llegar hasta las 4.000", aseguran.
Una de las cuestiones que también se debatió en el encuentro de ayer fue la posibilidad de presentar la plataforma en la Junta Electoral, "pero esto es algo a lo que no quisiéramos llegar", indicó uno de los representantes vecinales.
Con todo ello, todo apunta a que esa plataforma saldrá adelante ante la preocupación de los vecinos por las ordenanzas de regularización, pese a que el Ayuntamiento ha recalcado que las aplicaría sólo con el consentimiento de los afectados y que los modos de pagos serán por fase.
No obstante, los vecinos desconfían abiertamente de ese proceso y ya han expresado en reiteradas ocasiones que es "imposible" enfrentarse a esos costes y más ahora en época de crisis económica.
* Diario de Cádiz - 5.10.09
Foto: Encuentro de representantes de asociaciones de vecinos, donde ayer se decidió constituir una plataforma contra el proceso para regularizar sus viviendas. - diariodecadiz.es
Pontevedra: La APLU investiga infracciones urbanísticas en 50 concellos
LAVOZ* : La Agencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que depende de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, tiene abiertas varias investigaciones en nada menos que en cincuenta municipios de la provincia de Pontevedra por supuestas infracciones urbanísticas.
Solo en doce concellos pontevedreses la APLU no ha llegado a intervenir. Es el caso, por ejemplo de Valga, Silleda, Pontecesures, A Guarda, A Lama o Campo Lameiro. Por el contrario, hay ayuntamientos, tales como el de O Grove, donde las investigaciones desarrolladas por este organismo que vela por la utilización racional del suelo conforme a lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico, han derivado en más de un derribo que ya ha sido ejecutado. La piqueta también ha entrado en Bora (Pontevedra), donde una nave industrial levantada en suelo rústico es ya solo un mal recuerdo, o en Caldas de Rei, entre otros, donde el APLU decidió devolver a la legalidad urbanística un terreno de Godos donde se había construido un polémico aeródromo.
Barro, Bueu, Cotobade, Cuntis, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Poio, Ponte Caldelas, Portas, Ribadumia, Lalín, Vilaboa o Sanxenxo, amén de Pontevedra y Vigo, son algunos de los términos municipales en los que la agencia presidida por la secretaria general del Territorio y Urbanismo, María Encarnación Rivas Díaz, tiene activo algún tipo de investigación.
Su actividad, en la que intervienes inspectores y subinspectores urbanísticos que trabajan al alimón con los respectivos ayuntamientos gallegos, derivó en la imposición de multas que superan los 1,8 millones de euros a lo largo del pasado año. De esta cantidad, el grueso corresponde a las multas impuestas por infracciones muy graves, en concreto, 1.442.665 euros.
Durante el 2008 se levantaron un total de 265 inspecciones, y se completaron 218 investigaciones de actuaciones urbanísticas ilícitas. Asimismo, se resolvieron 51 expedientes de resposición a la legalidad urbanística de los 136 abiertos. El número de multas coercitivas impuestas con el fin de ejecutar las anteriormente citadas órdenes de demolición fue de 85, cuyo importe se tradujo en 443.038 euros.
Por infracción urbanística muy grave se abrieron 57 expedientes, de los que 12 se resolvieron antes del cierre del ejercicio pasado. Asimismo, se impugnaron 23 licencias urbanísticas.
La APLU también resolvió 174 autorizaciones para usos en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Construir en suelo rústico
Las parlamentarias nacionalistas Isabel Sánchez Montenegro y Teresa Táboas Veleiro presentaron varias interpelaciones escritas sobre la actividad de la APLU en los concellos de Galicia y las actuaciones que está desarrollando el Gobierno gallego a través de esta.
Es en la respuesta a dicha iniciativa, donde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras reconoce que «as principais investigacións desenvolvidas tiveron por obxecto actuacións presuntamente constitutivas de infracción urbanística moi grave, consistentes en obras e actividades realizadas en solo rústico que están prohibidas na lei».
* La Voz de Galicia - Mercedes Escauriaza - 5/10/2009
foto: Pontevedra - wikipedia.org
Cerca de dos mil manifestantes piden "legalizar la Cañada"
MADRIDIARIO* : Cerca de 2.000 personas se manifestaron entre las 12.00 y las 13.00 horas de este domingo delante de la Asamblea de Madrid, ubicada en Entrevías, para pedir a las administraciones, y en concreto a los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid, que cuenten con ellos a la hora de elaborar el proyecto que tiene como finalidad acabar con el problema de la Cañada Real Galiana.
Con pitos y pancartas, los vecinos, "uniformados" con camisetas y lemas que rezaban 'una solución' para sus casas, estuvieron cerca de una hora reivindicando una reunión con Alberto Ruiz-Gallardón (alcalde de la capital) y con José Masa (alcalde de Rivas) después de que la Comunidad de Madrid les recibiera este verano.
'Basta ya de tanta hipocresía' y 'Legalización de la Cañada ya' eran algunos de los mensajes que los asistentes a la manifestación lanzaban, todos con un tema en común: que son conscientes de que sólo ellos "lucharán" por los derechos de los vecinos a la hora de elaborar un Plan para desafectar la zona y acabar con los asentamientos ilegales.
La presidenta de la Asociación de Vecinos de la Cañada Real Galiana, Lidia Resani, explicó que la manifestación de este domingo es la "culminación" de las que han tenido lugar esta semana -el miércoles frente al Ayuntamiento de Madrid y el viernes frente al Consistorio de Rivas- para "toda la gente que no pudo acudir porque estaba trabajando".
Un sitio "neutral"
"Hemos querido reivindicar nuestros derechos a los dos alcaldes en un sitio neutral, la Asamblea de Madrid, para pedir lo mismo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, que vamos a luchar en todo momento por quedarnos en el terreno en el que estamos viviendo", apuntó la vecina.
En este sentido, señaló que "si hace falta", cada uno de los vecinos de manera particular se seguirá "metiendo en pleitos" después de que ya hayan ganado un centenar, según la representante de los vecinos, que, por otro lado, también pidió a Gallardón que "deje de publicar en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid la demolición de las viviendas diciendo que no se han recogido las notificaciones".
"Suena a que les da miedo que los vecinos sigamos ganado pleitos y podamos ser muchos los que nos quedemos, con el derecho que adquirimos después de estar más de 30 años viviendo", añadió Resani, quien apuntó que desde la capital se les ha tratado "muy mal" y el alcalde les ha mirado "por encima del hombro".
"Gallardón, baja un escalón"
Por ello, exigieron a Gallardón que "baje un escalón" y se ponga a su altura para explicar cuestiones como por qué el Ayuntamiento llevó a cabo el derribo de Ahijones, cuyo realojo lo realizó la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) "cuando el coste lo tenía que haber asumido la misma Junta de Compensación".
También criticó que Masa diga que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, está haciendo "dejación de sus funciones", cuando según Resani, es la "única" que está colaborando, y en Rivas la situación es "peor" porque "llevan tres años con un poblado chabolista". "¿Cómo puede hablar de dejación de funciones si lleva más de tres años incapaz de eliminar 30 chabolas?", se preguntó.
Los vecinos aseguran que sólo quieren ser atendidos por ambos ayuntamientos. De momento, esta semana estarán a la espera de que les contesten -han registrado sus peticiones- y ya el domingo 18, las distintas asociaciones se reunirán para ver cómo continuar con las movilizaciones si no obtienen respuesta alguna.
* Madridiario - 04-10-2009 - MDO/EP
Foto: MDO
La justicia no llega a la playa
ELPAÍS/Murcia* : El Tribunal Constitucional está inmerso desde hace tres años en las discusiones del Estatuto de Cataluña. Esta tarea ha ocultado otros casos que están pendientes de resolución desde hace mucho más tiempo y que pueden tener consecuencias irreversibles. Uno de ellos es el de Marina de Cope, el mayor complejo urbanístico previsto en el Mediterráneo, que ocupará un parque natural en la costa virgen de Murcia gracias a una ley de 2001.
Un portavoz del Constitucional explica que el tribunal sigue sin fecha para decidir sobre el párrafo de la Ley del Suelo de Murcia que permitía la urbanización y que recurrió el PSOE. Las prioridades son las que son.
En abril de 2001, la comunidad autónoma de Murcia, del PP, desprotegió por ley miles de hectáreas de parques naturales. En el último trámite parlamentario de la Ley del Suelo de Murcia, el PP incluyó una enmienda aparentemente técnica: "Los límites de los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la disposición adicional tercera y anexo de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria a que se refiere el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000".
La portavoz socialista en Murcia, Teresa Rosique, recuerda que la enmienda se introdujo en el último momento, de forma que no hubo informe ni de Costas, ni del Consejo Consultivo de la región. Bajo el críptico texto se escondía la intención de desproteger entre 7.000 y 11.500 hectáreas -la primera cifra la reconoció el Ejecutivo regional y la segunda la dan profesores de la Universidad de Murcia como Miguel Ángel Esteve-. Con esa norma sólo era parque natural lo que hubiera protegido la UE. Al superponer el mapa de los parques naturales de Murcia con los Lugares de Importancia Comunitaria, lo que quedaba fuera perdía la protección. Y una parte de lo que sobresalía estaba en el parque natural Cabo de Cope-Puntas de Calnegre, un reducto en la costa virgen que aún queda en el sur de Murcia. La zona, con poca agua y mal comunicada, se había salvado de la depredación del Mediterráneo.
La intención era construir allí unas 9.000 viviendas, una veintena de hoteles, seis campos de golf y una marina interior con 2.000 amarres (ahora reducidos a 1.400). Sería accesible por una autovía de peaje -que ya está construida, aunque casi nadie circula por ella- y por un aeropuerto privado -cuyas obras avanzan a cámara lenta-.
La crisis económica paralizó de facto la urbanización. Los ecologistas y la oposición consideraron que el parón daría tiempo al Constitucional a resolver el recurso. Ilusos.
Ahora, la comunidad autónoma y los propietarios del suelo han anunciado que relanzan el proyecto con un nuevo diseño. Y que su intención es aprobar los planes generales de los ayuntamientos antes de 2010. Iberdrola Inmobiliaria, principal propietaria del terreno, lo define como uno de sus "proyectos estrella". La filial de la eléctrica tiene suelo porque hace décadas planeó construir allí una central nuclear.
La directora general de Infraestructuras Turísticas de la Comunidad de Murcia, Marina García, defiende que el proyecto es "de interés regional" y que "salvaguarda los valores ambientales y paisajísticos": "Es lo más sostenible que vamos a tener, un referente turístico a nivel del Mediterráneo, con 10 millones de metros cuadrados protegidos".
García explica que los dueños del terreno buscan ya inversores que aporten los 4.000 millones necesarios y que a final de año los ayuntamientos implicados aprobarán sus planes generales. Entonces el proyecto pasará a la comunidad autónoma. El anuncio ha inquietado a ecologistas como la Asociación Prolitoral, que agrupa a Greenpeace y Ecologistas en Acción, que mantienen otro contencioso con la comunidad por este asunto.
García espera también un fallo del Constitucional: "Creemos que avalará la ley y si no, los servicios jurídicos estudiarán la sentencia". La socialista Rosique lamenta la tardanza de la justica: "El texto recurrido es sólo un párrafo y la verdad es que ya debían haber dicho algo. Sería lo mejor para los inversores y los compradores. Si el Constitucional anula esa ley, Marina de Cope se cae como un castillo de naipes". La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, carga contra el tribunal: "La Constitución establece que el medioambiente es un derecho, pero a la hora de la verdad siempre queda detrás en las prioridades de los jueces".
El caso de Marina de Cope es una bandera ecologista. El profesor de Ecología de la Universidad de Murcia Miguel Ángel Esteve afirma que "el proyecto está fuera de su tiempo. Es megalómano y contrario a lo que entendemos como turismo de calidad". En Marina de Cope se podrá ver el cambio del modelo productivo.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 03/10/2009
Foto: La Marina de Cope, donde está prevista la construcción de 9.000 viviendas, una veintena de hoteles y seis campos de golf.- T. CALLEJA, elpais.com
El olvidado arte de la dimisión
RAFAEL ARGULLOL* : Tampoco. Tampoco en esta ocasión, con motivo del escándalo del Palau de la Música de Barcelona, se ha producido, al menos hasta el momento, dimisión alguna. Me refiero, claro está, a dimisión entre los responsables políticos y no de la inevitable retirada de quienes, aunque con años de retraso, han sido pillados con las manos en la masa.
Todo el mundo espera que Fèlix Millet y compañía vayan a la cárcel y, a juzgar por sus declaraciones, los primeros que lo esperan son aquellos políticos que, con sueldos pagados por el erario público, tenían como misión vigilar que el dinero de los ciudadanos no fuera robado por desaprensivos. En el asunto Millet los corresponsables del expolio pertenecen a tres administraciones -Ayuntamientto, Generalitat, Estado-, a diversos partidos, a varias legislaturas. Sin embargo, por lo que advertimos, ninguno se siente eso: co-responsable del expolio. Los que ostentan cargos en la actualidad señalan hacia el pasado; los que ostentaron en el pasado se escudan en el presente. Unos y otros aguardan el olvido que deparará el futuro.
Tienen razones sobradas para adoptar esta estrategia puesto que viven en un escenario en el que esta actitud siempre acaba por dar buenos dividendos. Si observamos la larga cadena de corrupciones que se ha enroscado en nuestra historia reciente comprobaremos que el número de divisiones entre los políticos que debían velar para que no se produjeran aquéllas ha sido ínfimo.
¿Cuántas dimisiones de ministros, de subsecretarios, de alcaldes ha provocado la especulación urbanística o financiera? ¿Alguien se ha sentido obligado a dimitir por la génesis de una Crisis, así en mayúsculas, que, ha sido considerada como un monstruo impersonal del cual nadie era individualmente responsable? No tenemos noticias de que ningún cargo público se considerase demasiado inepto, demasiado avergonzado, demasiado escrupuloso para dar un paso al frente y anunciar su dimisión.
Una democracia en la que nadie, jamás, dimite -a no ser que tenga la pistola en el cuello- es un sistema monolítico y sin porvenir. Parece, según cuentan algunos historiadores, que este problema fue ya entrevisto con claridad en la joven democracia de Pericles de manera que se exigía a los elegidos por los votantes una suerte de permanente disponibilidad a dejar el cargo si cometían irregularidades y errores antes de finalizar el plazo de su mandato, y otro tanto sucedía en los menores momentos de la república romana.
Si lográramos trasladar esta precaución a nuestra época, el responsable político, además de jurar o prometer el cargo debería comprometerse al abandono anticipado del mismo en caso de faltar a sus obligaciones. En la carte
-ra ministerial, por ejemplo, siempre se llevaría la carta de dimisión bien redactada, dejando un espacio para indicar el motivo. El arte de la dimisión, que no debería implicar necesariamente hechos vergonzosos, e incluso podría representar una protesta contra ellos, otorgaría permeabilidad a la democracia y confianza a los ciudadanos.
Pero no es el caso, al menos aquí. El anquilosamiento de las instituciones y la desconfianza ciudadana tienen mucho que ver con la sensación de enclaustramiento de la llamada clase política. Ante muchos ciudadanos los partidos aparecen como opacas estructuras en cuyo interior se ayudan mutuamente a ganar, mantener o recuperar el poder. Quedan restos ideológicos, sí, adheridos a los programas que se proclaman en las citas electorales, pero el peso del poder de las ideas es percibido como infinitamente menor al ansia de poder de los integrantes del grupo.
Puede que esta percepción sea en parte injusta pero es la que prevalece en el momento de acusar que, en la actualidad, la "carrera política" es un buen medio -de igual eficacia que el que ofrecen determinadas sectas religiosas-, para hacerse con una posición económica, un trabajo estable y hasta una profesión. Sin apenas debates internos de envergadura, los partidos políticos exigen crecientemente a sus miembros secreto y silencio. O, tal vez, esta exigencia ni siquiera es necesaria, puesto que los afiliados tienden a una sumisión voluntaria a la que, desde luego, tratarán de sacar partido.
No deja de ser elocuente a este respecto que en las últimas semanas se haya aludido en la prensa repetidamente al mutismo que rodea las reuniones de los dos grandes partidos españoles. En apariencia, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen sobradas razones como para discutir encarnizadamente acerca de las estrategias seguidas. ¿Cómo puede ser que estos partidos no tengan en su interior distintas tendencias que se expresen en libertad y luchen entre sí en relación a asuntos de tanta envergadura como la crisis económica, la corrupción o el desplome educativo? ¿Cómo puede ser que los miles de cargos públicos que suman entre ambos partidos comporten tanta unanimidad en el momento de defenderse contra tanta tentación de dimitir? Es verdad que vociferan unos y otros, pero la credibilidad de los gritos es escasa, pues los ciudadanos han oído tantas veces esas sonadas acusaciones sin apenas consecuencias que ya no creen en la sinceridad del exabrupto.
Tras perpetrarse esta actitud la escena democrática ha quedado profundamente quebrantada: a unos partidos ensimismados, transformados en aparatos de poder autosuficiente, les corresponde una ciudadanía apática y desconfiada, alejada de cualquier pasión política, que desprecia las instituciones públicas, como repetidamente se pone de relieve en las encuestas que publican los medios de comunicación. A un paisaje así lo llamamos democracia porque no se nos ocurre otra cosa o porque siempre tenemos miedo de que vuelva algo peor. Una democracia, sin embargo, con alarmante síntoma de inanición. Reinstaurar -o instaurar, porque aquí lo cierto es que poca tradición hay- el arte de la dimisión podría reanimar al enfermo.
Ahora, a raíz del caso Millet, tenemos una nueva oportunidad, una más de las muchas que hemos gozado en estos últimos años. Como se ha escrito reiteradamente en los periódicos el señor Fèlix Millet, astuto camaleón, ha sido pujolista, aznarista con Aznar y tripartidista con el tripartito. Su trayectoria supuestamente delictiva ha atravesado cuatro lustros, como mínimo, arrastrando a decenas de responsables políticos que tenían la obligación de impedir aquella trayectoria. Los hay de todos los colores y todos tienen cara, nombre y apellidos.
Es el momento de que algunos tengan la grandeza de sacrificarse por la democracia y exclamar ¡soy responsable! o ¡fui responsable! Es el momento de dimitir de los cargos actuales o de los puestos propiciados por antiguos cargos. Ya sabemos que el señor Millet es un presunto ladrón. Lo que queremos saber es quién dejó que lo fuera. Bastaría que alguien, no necesariamente presionado por los medios de comunicación, se presentara voluntario para asumir su rol en el escenario. Un acto semejante daría aire a la democracia.
Pero soy el primero que dudo que algo así pueda producirse, ni en éste ni en los demás casos. Pedir grandeza cuando se ha instalado la mediocridad es pedir peras al olmo. Y aún más cuando se trata de una mediocridad satisfecha. Escuchen, si no, esta anécdota. Este verano me encontré por la calle a un compañero de la universidad al que no había vuelto a ver en todos estos años. No se le tenía, entonces, por una lumbrera. Le pregunté cómo estaba y, sin transición y sin matices, me contestó que le había ido extraordinariamente bien en la vida. Para resumirme esta satisfacción vital me contó que era segundo en las filas de determinado partido. "Yo que, como sabes, no era ninguna lumbrera", argumentó, medio bonachón, medio malicioso. Estuve a punto de decirle que también Calígula nombró senador a su caballo. Pero me callé puesto que, al fin y al cabo, no conozco a nadie más con una opinión tan elevada acerca de lo que ha sido su vida.
*Rafael Argullol es escritor.
* ELPAIS.com - Opinión - 4.10.09
Los expertos apuestan por la rehabilitación de El Cabanyal
ELPAÍS/Valencia* : Urbanistas, geógrafos, arquitectos, juristas y vecinos han puesto en la cuerda floja el controvertido plan del Ayuntamiento de Rita Barberá sobre el barrio de El Cabanyal. Durante tres días, y dentro de las jornadas Taller Cabanyal organizadas por el grupo socialista municipal, expertos de diferentes disciplinas universitarias vertieron, desde el pasado día 1 de octubre hasta ayer sábado, todo tipo de opiniones sobre el proyecto que los populares pretenden llevar a cabo en el barrio, la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia a costa de varios centenares de edificios.
La crítica al plan de urbanismo de Barberá fue uno de los puntos sobre el que coincidieron todos los expertos que participaron en las jornadas a pesar de que las alternativas que presentaron fueron diferentes.
Juan Calduch, profesor de Composición Arquitectónica de la Universidad de Valencia, tildó ayer la actuación municipal de "ilegal", de "fraude", y de "sinrazón". Según explicó, la destrucción de una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1993, como es el caso de los poblados marítimos, iba en contra de toda lógica a pesar de que el Consistorio argumente lo contrario. "Derribar El Cabanyal supone una necrosis", sentenció Calduch.
Esta misma postura crítica fue la que siguió Antonio Font i Arellano, catedrático de Urbanística de la Universitat Politècnica de Catalunya y miembro del equipo que llevó a cabo la reforma del barrio condal de la Barceloneta. Tal y como explicó, el orden de los factores sí alteraba el producto: "lo primero es garantizar la vivienda a los vecinos y después, mejorar los equipamientos y servicios para atraer la actividad económica. De lo contrario, el resultado puede ser fatal". Además, el catedrático afirmó que el actual plan de El Cabanyal era una operación de ruptura del tejido urbano que produciría una modificación del sistema inmobiliario y un aumento de precios.
Sin dejar de rehabilitar el barrio, varios expertos fueron los que apostaron por medidas menos traumáticas para el vecindario. Según consideró el pasado viernes el profesor de Urbanística de la Universidad Politécnica de Valencia, Rafael Temes, si Valencia quiere mejorar su conexión con el mar debía hacerlo a través del Turia, y no de El Cabanyal. Como él, el resto de ponentes se declinaron por respetar la estructura del barrio y no desmembrarlo, como pretende el Ayuntamiento.
* ELPAIS.com - L. M. - Valencia - 04/10/2009
Foto: El Cabanyal - elmundo.es
Pasividad pública ante la ilegalidad urbanística
ELPAÍS/Valencia* : El urbanismo y la vivienda siguen generando un 16% de las quejas que llegaron en 2008 a manos del Síndic. Y sobresalen con diferencia las relacionadas con la falta de disciplina urbanística. Los ayuntamientos y la Administración autonómica no son ágiles cuando se trata de pararle los pies a los infractores. El Síndic de Greuges se queja no sólo de la pasividad de las corporaciones locales para obligar a los infractores a restablecer la legalidad "sino de su retraso en tramitar las demoliciones y sanciones" que procedan.
"El Síndic no se cansa de repetir lo importante que es que los ayuntamientos reaccionen a tiempo y paralicen las obras o corten la luz y el agua en la obra si los promotores se saltan el proyecto", aconseja el informe. Se han dado casos en los consistorios de Alicante, Vinaròs, Los Montesinos o Rocafort, donde o bien se sobrepasaron las alturas permitidas o no se demolió una obra ilegal.
Otro capítulo importante de quejas tiene que ver con los famosos Planes de Actuación Integrada (PAI), tramitados en muchos casos sin el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "Hemos emitido numerosas recomendaciones insistiendo en la necesidad de ese informe para acreditar si hay agua suficiente para el abastecimiento de estos proyectos", subraya el documento. Es el caso del PAI de la Marcolina II, en Alcalà de Xivert. Existen otros casos, igual de llamativos, en los que un Ayuntamiento -el de Rojales- lleva un año sin responder a la solicitud de licencia de obras de un particular. O una vecina de la urbanización Pinada del Río, en Tibi, que lleva más de dos años sin los servicios municipales obligatorios de agua potable, alumbrado y aceras por culpa del urbanizador. "El constructor vende las edificaciones a terceras personas sin haber terminado la urbanización y, por tanto, sin que el Ayuntamiento pueda recibir las obras y dar de alta los servicios", describe la Sindicatura.
En el capítulo de quejas por la vivienda, el grueso tiene que ver con la dificultad para conseguir una casa de protección pública, así como el mal estado de "algunos pisos" propiedad del Instituto de la Vivienda de la Generalitat o de los desahucios administrativos declarados por este organismo público.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ - Valencia - 02/10/2009
Madrid: El Tribunal Superior reclama al Gobierno regional que reforme la Ley del Suelo
ELPAÍS* : La legislación actual "es insuficiente para lograr una total coordinación entre el Registro de la Propiedad y la acción administrativa urbanística" y, por tanto, no garantiza "la protección de terceros". Es la conclusión de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ), que pide en una sentencia a la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia en materia de urbanismo, que modifique la Ley del Suelo.
En concreto, este tribunal sugiere al Gobierno regional que debe reformar la legislación para imponer a los ayuntamientos la obligación de anotar de manera preventiva la apertura de expedientes de disciplina urbanística en el Registro de la Propiedad para no perjudicar a quienes adquieran inmuebles de buena fe sin saber que éstos son objeto de un expediente disciplinario. "Y que el legislador estatal efectuará igualmente las reformas necesarias para que en los supuestos de ejercerse la acción pública en materia urbanística se procediera de manera obligatoria a la anotación preventiva de la demanda", añade el fallo judicial. En éste, se recuerda que la legislación de Galicia es la más "novedosa y avanzada".
La sentencia del TSJ obedece a un recurso contencioso-administrativo que se presentó contra una decisión del Ayuntamiento de Alpedrete. Por silencio administrativo, el Consistorio había rechazado la petición de daños y perjuicios del titular de un edificio, utilizado como residencia de ancianos. El propietario reclamaba porque el Consistorio le había suspendido la licencia de obras de ampliación, la tramitación de la licencia de apertura de la residencia y había decretado la paralización urgente de las obras que se estaban realizando en la parcela.
El titular "no dispuso de toda la información que hubiera deseado tener en el momento de la adquisición del edificio en cuestión, a fin de tomar la decisión que hubiera sido más conveniente para sus intereses", reconoce el Tribunal Superior de Justicia. También considera que la responsabilidad no era del Ayuntamiento, que no tenía potestad para haber inscrito en el Registro de la Propiedad la situación urbanística del inmueble. De ahí, que el tribunal reclame el cambio legislativo.
Sin embargo, el fallo de este tribunal no es vinculante para la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, podría considerar la sugerencia de la sentencia, ya que recientemente ha prometido -durante el debate del estado de la región- la futura reforma la Ley del Suelo.
* ELPAIS.com - S. A. A. - Madrid - 03/10/2009
Foto: edificio Comunidad de Madrid - wikimedia.org
Zamora: El TSJ obliga al Ayuntamiento a invertir 4 millones en ampliar y conservar el suelo municipal
ELNORTE* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) sentencia que la normativa urbanística es meridiana en este caso y que «no caben interpretaciones flexibles en una disposición tan clara: el fin último de la enajenación de suelo municipal es obtener dinero para destinarlo a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social».
Por ese motivo, los magistrados del TSJ estiman parcialmente la demanda planteada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el año 2003 y anula los pliegos de condiciones de la venta de dos parcelas de propiedad municipal en Benedictinas y Trascastillo, en las que actualmente se levantan varios bloques de pisos construidos, respectivamente, por Hergumar y Vía Tertia.
El fallo no tiene consecuencias para los propietarios de las viviendas, pues la sentencia no anula la compra-venta de los pisos a terceros sino los actos administrativos previos, aunque sí obliga al Ayuntamiento a reservar la misma cantidad de dinero que ingresó por la enajenación de esas parcelas en una caja separada, con el fin de destinarlo a los usos a los que le obliga la normativa urbanística, es decir, la ampliación y conservación del patrimonio de suelo.
El fallo no tiene consecuencias para los propietarios de las viviendas, pues la sentencia no anula la compra-venta de los pisos a terceros sino los actos administrativos previos, aunque sí obliga al Ayuntamiento a reservar la misma cantidad de dinero que ingresó por la enajenación de esas parcelas en una caja separada, con el fin de destinarlo a los usos a los que le obliga la normativa urbanística, es decir, la ampliación y conservación del patrimonio de suelo.
Esa cantidad se cifra en casi cuatro millones de euros, una cuantía que, dada la situación crítica de las arcas municipales, es inviable. No obstante, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Guarido, indica que la lectura de la sentencia es política y que las consecuencias tienen que ser «que el equipo de Gobierno del PP reconduzca la situación y contemple la sentencia tanto en el presupuesto del 2009, ya que aún no se han redactado los pliegos para la venta prevista de otras parcelas, y en el anteproyecto de los Presupuestos Municipales del 2010». De lo contrario, «pediremos la ejecución de la sentencia».
Sin embargo, desde la Alcaldía se considera que la sentencia sobre la enajenación de parcelas del 2003 ya está cumplida «porque el dinero que el Ayuntamiento ha destinado desde el año 2003 a la conservación y ampliación del patrimonio municipal supera los 3,9 millones obtenidos con la venta recurrida».
Inversiones en barrios
En concreto, argumentan las mismas fuentes municipales, el grueso de la cuantía se dedicó a partidas para expropiaciones, al parque de Puerta Nueva, a la construcción de nuevas sepulturas, al aparcamiento subterráneo de San Martín y la adquisición de inmuebles. Aseguran que tan sólo «una pequeña parte» fue para inversiones en infraestructuras básicas de los barrios, como la renovación de aceras o alumbrado público.
* El Norte de Castilla - 03.10.09 - M. J. PASCUAL | ZAMORA
Foto: Viviendas en la zona de Trascastillo. / LUIS CALLEJA, nortecastilla.es
Málaga: Urbanismo ha intentado expropiar una parcela suya
LAOPINIÓN* : La burocracia que enmaraña la tramitación en la administración pública ha estado a punto de jugar una mala pasada al Ayuntamiento de Málaga y a la Gerencia de Urbanismo, que inició los trámites para expropiar una pequeña parcela de propiedad municipal. Después de dos años de papeleos, la Gerencia de Urbanismo acordará mañana la anulación del expediente de expropiación de esa pequeña parcela que no es necesario enajenar pues ya es propiedad pública.
En marzo de 2007 se iniciaron los trámites para la expropiación de varios suelos en Churriana para la construcción de dos viales en el sector de Plaza Mayor, entre ellos una pequeña parcela de 88,9 metros que se pensaba que era de propiedad privada y que fue valorada en 588 euros.
Se pusieron anuncios en un diario local y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para dar con el "titular desconocido de la finca número 4", sin ningún resultado satisfactorio, hasta que más de dos años después de iniciado el proceso en Urbanismo advirtieron finalmente que la parcelita forma parte de un camino que "fue incluido entre los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento de Málaga", lo que en realidad significa que "la titularidad es municipal".
Dinero para expropiaciones. Solucionado el entuerto, la Gerencia de Urbanismo aprobará mañana anular el proceso de expropiación que se había puesto en marcha.
De otra parte, el consejo de Urbanismo deberá aprobar también una modificación del presupuesto para incrementar en 5,8 millones de euros la partida correspondiente al pago de expropiaciones ya que existen actualmente al menos 17 expedientes sin financiación, entre ellos varios referentes a la obra de ampliación de la calle Pinosol o de remodelación del Camino de Antequera. El más importante de ellos, con un coste de casi 2 millones de euros, afecta a los suelos que permitirán la ampliación del cine Albéniz. El dinero para hacer frente a estas expropiaciones se detraerá de la partida destinada a inversión nueva en infraestructuras de uso general.
* LaOpinión de Málaga - JAVIER GARCÍA RECIO - 1.10.09
Foto: Pinosol. La calle está lista, pero faltan expropiaciones por pagar. - g. t. -laopiniondemalaga.es
Madrid: El Parque de Valdebernardo será de gestión privada y no será el único
MADRIDIARIO* : La privatización de la gestión y explotación del Parque de Valdebernardo no tiene vuelta atrás. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Anabel Mariño, anunció este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que la concesión del tercer pulmón verde de Madrid no tiene vuelta atrás, a pesar de que al mismo tiempo una concentración recorría Valdebernardo para impedirlo.
Según Mariño, la fórmula de 'colaboración público privada' es la mejor. "Es lo que vamos a hacer en este parque y en otras actuaciones que tenemos en la Comunidad de Madrid", advirtió la responsable de Medio Ambiente respecto al futuro próximo. "Se va a hacer una gestión integral. La empresa lo explotará para darle servicios a los vecinos sin ningún perjuicio para las arcas públicas, porque no pagamos ningún canon".
En concreto, la concesión que prepara la Comunidad supone que el adjudicatario tome durante 40 años el mando del vivero del parque, los cinco kioscos, la depuradora, las instalaciones deportivas y, especialmente, de dos parcelas en las que podrá instalar negocios para aumentar la rentabilidad.
El parque hoy, como recordó la diputada de IU Reyes Montiel, está gestionado todavía por el Consorcio Urbanístico Valdebernardo PAU4. El Ayuntamiento de Madrid se ofreció a gestionarlo en 2007, pero no hubo acuerdo y el Consorcio se mantuvo. Tampoco se atendieron las peticiones de la oposición de que en las dos parcelas de la discordia se construyesen equipamientos sociales públicos para los vecinos de Vicálvaro, como un colegio, un centro cultural, una biblioteca o un centro de salud.
Según Elena Almazán, diputada del PSOE, quien se lleve la gestión lograrán un lucro de 162 millones de euros en los próximos 40 años gracias a un parque construido con 17 millones de euros de los impuestos de los ciudadanos. Eso o grandes indemnizaciones si la concesionaria no llega a un nivel de ganancias previsto en los pliegos. Reyes Montiel denunció que, además de todo eso, el Consorcio que lo construyó "no ha dado cuenta de sus actividades" a pesar de haberse mantenido una vez finalizado el parque y que es "totalmente opaco". El PSOE lo calificó de "saqueo del patrimonio a beneficio de unos pocos".
Todos privatizan
Las 300 personas que se manifestaban en Vicálvaro -entre ellas la propia Almazán, los representantes de la FRAVM, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés o la concejal municipal Raquel López- al grito de "Privatización no" o "No queremos un parque privado" no hacen cambiar de opinión a la Consejería de Medio Ambiente. Entre sus argumentos, la consejera Anabel Mariño cuenta con que la gestión privada mejore el parque.
Según Mariño, los argumentos en contra de su actuación en Valdebernardo son "elucubraciones pseudopolíticas" que usan el argumento "torticero" de la privatización para "manipular a los vecinos". "La colaboración público privada lo mejor para el beneficio general. Eso sí que es social, y no que suban los impuestos como hacen ustedes" espetó en alusión al aumento de tributos aprobado por el Gobierno de Zapatero.
"El parque es y será siendo público. La gestión será privada pero el parque seguirá siendo público. ¿O es que acaso la limpieza o los servicios de parques y jardines o de deportes de Getafe, Leganés y Parla, donde Gobiernan ustedes no están externalizados? Claro que sí, y están en pecado. Voy a tener que ir a Getafe y Rivas y decirles a sus vecinos que privatizan", zanjó la consejera.
* Madridiario - Ángel Calleja - 2.10.09
Foto: Juan Luis Jaén, madridiario.es
La CHJ cree que nadie está a salvo de riadas por el caos urbanístico
ELPAÍS/Valencia* : Nada más aterrizar ayer en Beniarbeig, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, vecinos, concejales y periodistas le hicieron la misma pregunta: "¿Cómo es posible que después de tantas gotas frías las poblaciones de la cuenca del Girona sigan sin sentirse seguras?" La respuesta de Moragues fue contundente: "Hemos de desterrar el concepto de seguridad porque entre todos hemos hecho un territorio en el que el drenaje ha sido el gran olvidado y, por mucho que ahora ejecutemos obras de encauzamiento, cuando llueve el agua no llega a los cauces y a los barrancos sino que se queda estancada en las ciudades".
Según el presidente de la CHJ, así ha sucedido durante este último episodio de lluvias, en las que se llegaron a alcanzar precipitaciones de 100 litros por metro cuadrado en periodos de una hora: "Mientras en los cauces apenas se han producido desbordamientos, veíamos ciudades anegadas como Burriana o como los núcleos urbanos de La Ribera". También en Dénia, el martes por la mañana el caos se adueñó del litoral de Les Marines, fuertemente urbanizado. En los próximos años, la situación irá a peor, vaticina Moragues: "Aunque no quiero hablar de cambio climático, la frecuencia de las lluvias torrenciales durante los otoños es ahora mucho mayor que hace 20 o 30 años".
No obstante, Moragues mostró su confianza en el plan de emergencias para las dos comarcas de La Marina que está a punto de adjudicarse y cuya redacción ha costado tres millones. El documento, que se pactará con municipios, plataformas vecinales y Generalitat, no sólo incluirá encauzamientos, reforestaciones, limpieza de las vegetaciones de los ríos o nuevas infraestructuras, sino que marcará las pautas de un crecimiento urbanístico más ordenado. Ese plan, que según Moragues "a algunos les gustará más y a otros no les gustará", también mejorará los índices de riesgo de riadas y obligará a las poblaciones a dotarse de planes de emergencia.
Ni siquiera en una cuestión tan grave como ésta se libra de la brega política entre PP y PSPV. En la visita del presidente de la CHJ a Beniarbeig faltaron los alcaldes populares de la cuenca del Girona, como es el caso de los de Ondara, El Verger o Els Poblets.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 02/10/2009
La Policía requisa archivos informáticos en Urbanismo vinculados a Mercasevilla
DIARIODESEVILLA* : El registro se llevó a cabo durante cinco horas después de que una técnico imputada informara de que le iban a retirar el ordenador donde había "correos electrónicos y comunicaciones" de interés para el caso. La Policía Judicial, siguiendo las instrucciones de la juez que investiga el caso Mercasevilla, irrumpió ayer en la sede de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y requisó archivos informáticos que están relacionados con la investigación judicial.
La intervención policial se llevó a cabo ayer después de que la técnico de Urbanismo que ha sido imputada en la causa, María Victoria Bustamante, comunicara el pasado martes a la Policía que iban a proceder a retirarle el ordenador que usa en el trabajo y que, según la funcionaria, contiene "correos electrónicos y comunicaciones" relacionadas con la investigación por la supuesta adjudicación "ilegal" a la constructora Sando del derecho de opción de compra de los terrenos de Mercasevilla, a pesar de que existía una oferta económica superior realizada por el grupo Noga. La trabajadora explicó a los agentes que la Gerencia de Urbanismo había esgrimido, para retirarle el equipo informático, el proceso de "reordenación y actualización de elementos informáticos" que se está llevando a cabo en este organismo público.
La Policía Judicial comunicó de inmediato a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, la información que le había facilitado la funcionaria de Urbanismo. La juez ordenó ese mismo día a la Policía que se incautara del ordenador de la empleada y al día siguiente, que se procediera a la apertura y examen de los archivos, al entender que "existen indicios de que mediante la intervención y examen de la CPU entregada por la citada imputada de forma voluntaria, pueden descubrirse hechos y circunstancias de interés sobre la comisión de los delitos que están siendo investigados y la identidad de las personas que han intervenido en los mismos".
Una vez analizada la torre informática y los archivos, el siguiente paso que dio ayer la magistrada fue ordenar la inspección del servidor de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, una decisión que razonó con la misma argumentación: la posibilidad de "descubrir" hechos y circunstancias de interés sobre los delitos que se investigan. Con el mandamiento de la instructora en su poder, la Policía Judicial se personó ayer en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, donde por espacio de unas cinco horas se procedió al registro del servidor informático del organismo, una diligencia que se llevó a cabo en presencia de representantes de Urbanismo.
La comisión judicial se personó sobre la una de la tarde en la Gerencia y no finalizó su labor hasta las 18:00 aproximadamente. Durante ese tiempo, los agentes procedieron a incautarse de diversos archivos del servidor, aunque no ha trascendido el volumen de información que ha podido ser recopilada y de la que ahora se dará traslado a la juez.
Fuentes municipales confirmaron ayer que desde Urbanismo se ha colaborado en todo momento con el mandato judicial e incluso se ha informado a la comisión de que pueden ofrecer la instructora los archivos que necesiten de los últimos cinco años, dado que existen copias de seguridad de este periodo a pesar de que la ley sólo exige que se guarden los archivos de los dos últimos años.
Las mismas fuentes han explicado que la decisión de retirar el ordenador de la técnico María Victoria Bustamante se enmarca dentro de un proceso de renovación de los equipos informáticos que se ejecuta desde hace un año en la Gerencia de Urbanismo. En la actualidad, sólo quedaban por cambiar unos 40 puestos informáticos, uno de ellos el de la funcionaria imputada en el caso.
* Diario de Sevilla - Jorge Muñoz - 2.10.09
Foto: La sede de la Gerencia de Urbanismo hasta la que ayer se desplazó la comisión judicial. - diariodesevilla.es
Vigo: Ruidos y urbanismo agobian a los "valedores"
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FARODEVIGO* : Son mediadores entre administraciones locales y ciudadanos, y su objetivo se centra en garantizar los derechos de los vecinos para lograr la mejor convivencia posible. Se trata de los Defensores Locales. Más de sesenta Valedores de todo el territorio español se reunieron ayer en Vigo con motivo de su segundo encuentro estatal, donde intercambiaron impresiones y casos concretos ocurridos en cada uno de los municipios donde trabajan.
El Valedor en Vigo, Luis Espada, señala que las principales quejas de los vigueses "responden a temas urbanísticos, sobre todo en lo relativo a las licencias, y también medioambientales". "El ruido generado por el ocio en la vía pública es uno de los motivos que genera un mayor número de reclamaciones", añade el Defensor en Málaga, Francisco Gutiérrez. Por su parte, el responsable en Sabadell, Josep Escartín, aconseja a los concellos españoles que "trabajen en la proximidad para crear una administración más eficaz". "La inmensa mayoría de las quejas que llegan a nuestros despachos se deben a la falta de comunicación entre los gobiernos locales y los ciudadanos", asegura.
La figura del Defensor del Ciudadano a nivel local es relativamente reciente en nuestro país, pues no llega a las dos décadas de existencia; sin embargo, en Suecia ya funciona desde 1809. Más de la mitad de los Valedores de España ejercen en Cataluña, donde incluso existe un fórum que los aglutina. En la comunidad gallega, la única ciudad que cuenta con este "árbitro" entre vecinos y gobierno local es Vigo. El Encuentro Estatal continúa hoy en el auditorio del antiguo Rectorado de Areal durante todo el día.
* Faro de Vigo - M. LÓPEZ - 2.10.09
Foto: Vigo, puente Rande - G.Rivas (La Voz)
Antonio Banderas tendrá que demoler una parte de su casa de Marbella
ELMUNDO* : El TSJA no ha aceptado la petición del Ayuntamiento de Marbella para posponer la demolición parcial de la casa de Antonio Banderas en la urbanización de Los Monteros, en Marbella, tal y como había pedido el Ayuntamiento dado que el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad legalizaba la edificación, construida en parte en una zona de equipamiento, según ha adelantado EL MUNDO de Málaga.
Fuentes del consistorio han señalado que todavía no se habían leído el auto pero que, en cualquier caso, recurrirán en casación al Supremo. El acuerdo de la sala, después de una amplia argumentación, es escueto: «La sala acuerda no haber lugar a la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que alcance aprobación definitiva del PGOU de Marbella».
El tribunal, en un auto bastante duro contra las alegaciones expresadas por el Ayuntamiento, da la razón a la abogada de Los Monteros, Inmaculada Gálvez, que ya advertía que «la demora injustificada sin fijar un plazo máximo para ejecutar la sentencia es un grave fraude al sistema». Según la sala, no se puede justificar alegar el futuro PGOU para hacer imposible la ejecución de una sentencia firme como la que pesa contra la casa del actor, comprada a la fallecida locutora de radio Encarna Sánchez. Así, el tribunal se muestra en contra de un PGOU nacido con vocación de indultar a muchas de las edificaciones ilegales.
Este auto deja en evidencia los acuerdos alcanzados por la Junta y el Ayuntamiento en materia de suspensión de demoliciones y para ello argumenta que existen perjudicados que llevan años pleiteando contras las construcciones ilegales. Cabe recordar que la Administración autonómica y el Ayuntamiento acordaron paralizar las sentencias en los casos en los que la Junta era la parte que acusaba y las licencias de urbanismo no estaban impugnadas por terceros.
Jurisprudencia
El auto aporta una amplia jurisprudencia, sobre un caso en Vigo y otro en Asturias, para justificar su postura. Es la primera vez que el TSJA se pronuncia ante las peticiones del Ayuntamiento para posponer las demoliciones acordadas por los tribunales. Pero es que incluso en las sentencias recientes, como se vio en Guadalmina, la misma sala está ordenando las demoliciones, un paso más allá al frecuente «restablecimiento de la legalidad urbanística». En el caso de Guadalmina, donde se declara ilegal un hotel en funcionamiento y unos adosados que construyó Fadesa, el Ayuntamiento también ha recurrido al Supremo. En todos estos procesos las costas, obviamente, irán subiendo.
En la jurisprudencia aportada, se habla de la posibilidad de que, al no poder ejecutar la sentencia porque la construcción haya sido legalizada a posteriori, el fallo se puede transformar en «una indemnización de daños y perjucios». De todas maneras, sigue aportando sentencias--el auto consta de 22 páginas-- en las que se dice que una legalización postfacto de la vivienda no implica que no se pueda demoler e incluso califica de «magistral» la sentencia del Supremo en la que basa buena parte del escrito.
La sala incluso se sale de lo que se tenía que pronunciar estrictamente y opina sobre las intenciones que han llevado al Ayuntamiento a redactar un PGOU que legaliza casi todas las viviendas sobre las que pesan sentencias.
Los magistrados dudan de que el PGOU obedezca a satisfacer el «interés general» o «acomodar la norma a la situación creada en esa ciudad ante la serie de sentencias que han anulado licencias urbanísticas». La abogada de Los Monteros ahora va a pedir la ejecución forzosa para que se aperciba bajo la advertencia de un delito de desobediencia a la alcaldesa de Marbella, Angeles Muñoz. Sería un caso insólito, según la abogada, que el Ayuntamiento no se hiciera cargo de la ejecución de la sentencia.
* El Mundo - Berta González de Vega - 2.10.09
Foto: Imagen aérea de la casa marbellí de Antonio Banderas. | elmundo.es
"Abusos Urbanísticos, NO"
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ECOTICIAS/Alicante* : Las intervenciones urbanísticas masivas en las zonas turísticas han sido tan corrientes en estos últimos años, que han provocado una destrucción del territorio implacable, nunca se ha podido justificar tal agresión, reñida con el mínimo concepto de sostenibilidad, de manera razonable. Es más, en este momento, cuando las viviendas desocupados superan el millón setecientos mil en España, no tiene sentido plantear intervenciones urbanísticas a gran escala.
Verdes del Mediterráneo asistimos al numeroso acto del sábado pasado en el salón de actos del Hotel Sun Palace, Alfaz del Pi, c/ Hércules 1, El Albir , invitados por nuestra compañera y eurodiputada verde danesa Margrete Auken autora del “informe Auken” aprobado por mayoría absoluta por el parlamento Europeo condenando a España por abusos urbanísticos.
Organizado el acto por "Abusos Urbanísticos, NO", la Asociación de Vecinos de L´Alfaz del Pí y la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas por los que también fuimos invitados a participar al debate “El Futuro desarrollo urbano en la Comunitat Valenciana y como nos afecta”
Para Verdes del Mediterráneo la verdad de todo el “tsunami urbanizador y destructor” no es nada complejo y si muy sencillo y esclarecedor para acabar definitivamente y de raíz con este mal cuasi endémico del urbanismo en España y sobre todo en las costas mediterráneas: los dos grandes partidos, PSOE y PP, de han creado y mantienen las leyes que favorecen la especulación urbanística, las agresiones al territorio y al medioambiente”
Las intervenciones urbanísticas masivas en las zonas turísticas han sido tan corrientes en estos últimos años, que han provocado una destrucción del territorio implacable, nunca se ha podido justificar tal agresión, reñida con el mínimo concepto de sostenibilidad, de manera razonable. Es más, en este momento, cuando las viviendas desocupados superan el millón setecientos mil en España, no tiene sentido plantear intervenciones urbanísticas a gran escala.
Por otra parte, la legislación urbanística valenciana y española tan consentidora con los movimientos especulativos e impulsora de la figura del "agente urbanizador" nace al amparo de los dos grandes partidos, PP y PSOE, como un perverso elemento, útil casi en exclusividad, para impulsar proyectos que no respetan los intereses naturales del entorno, ni de las personas que lo habitan. Verdes del Mediterráneo “exigimos un cambio inmediato de la legislación urbanística, generadora además de migajas de pan para hoy a los trabajadores y hambre para mañana, y trufas y champan para los ricos y especuladores”
Dicha legislación ha sido criticada por todos los movimientos ecologistas locales, nacionales e internacionales y también por las directivas europeas, se ha manifestado como una legislación al servicio de los intereses ajenos a la mayoría abrumadora de la sociedad española
Verdes del Mediterráneo animamos a movimientos como "Abusos Urbanísticos, NO" y la Asociación de Vecinos de L´Alfaz del Pí a continuar actuando contra las intervenciones urbanísticas masivas y, por otra parte, agradecemos a nuestra compañera Margrete Auken los esfuerzos demostrados en su trabajo parlamentario en Europa, en defensa de la naturaleza y de los intereses de sus habitantes.
* Ecoticias.com - 1.10.09
Foto: Alfaz del Pi (Alicante) - mma.es
La gota fría deja otra vez en evidencia la ubicación y diseño de las obras públicas
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LEVANTE/Valencia* : Las inundaciones que en los últimos días han afectado a la comarca han vuelto a poner en evidencia la imprevisión con la que muchas veces actúan las administraciones a la hora de construir infraestructuras públicas en una comarca tan vulnerable a las lluvias torrenciales como la Ribera.
La inundación del instituto de Carcaixent o de la nueva estación de ferrocarril l'Ènova-Manuel, obras inauguradas hace apenas unos meses, son paradigma de la muchas veces ineficaz gestión en el diseño o ubicación de las obras públicas. Esa actuación es una constante en la Ribera, bien por parte de los ayuntamientos que no alertan a otras administraciones, la autonómica o la estatal, o por obviar el peligro de construir en unas zonas que después se muestran indefensas ante la fuerza del agua. Carcaixent es un caso palmario. Es una de las ciudades que con mayor dureza ha sufrido el embate de las aguas. Sin embargo, a pesar de los antecedentes, algunos de los más graves aún muy recientes en la memoria de la ciudad, el nuevo instituto se construyó en medio de una torrentera que canaliza las aguas que bajan de la montaña de la urbanización San Blas.
Otro ejemplo clamoroso, esta vez por el retraso en dar una solución, es el de la pedanía de Cogullada, también en Carcaixent, que sufre inundaciones casi cada año sin que se haya puesto remedio. Ayer, la alcaldesa de Carcaixent, Lola Botella, preguntada por ello, aseguró ayer que el caso de Cogullada es recurrente porque se encuentra "en una zona muy baja. Lo único que nosotros hemos podido hacer es una acera de emergencia para que cuando haya necesidad de entrar alimentos a ambulancias poder hacerlo. Pero evitar que el agua vaya a las zonas más bajas de Carcaixent, eso nosotros aún no sabemos hacerlo", añadió Botella.
Tampoco ha resistido el primer temporal la estación de ferrocarril de l'Ènova-Manuel, cuyo aparcamiento y el paso subterráneo se inundaron el lunes mientras el agua entraba varios centímetros en el edificio central. Los colectores se demostraron insuficientes ante la cantidad de agua. La estación se abrió en julio. Otro caso similar es el de las obras del centro comercial Vilella. El solar ha vuelto a inundarse por completo cuando la ampliación del barranco está prácticamente culminada. En Alzira también es inunda de forma cíclica la carretera de Albalat, por la que se accede a uno de los principales polígonos, sin que llegue la solución, que pasa por encauzar definitivamente el barranco de la Murta.
El río Xúquer llegó a registrar un caudal máximo de 306 metros cúbicos por segundo en la desembocadura de Cullera. El registro máximo se produjo a las 5 de la mañana del martes. El día anterior a la misma hora el caudal era de 44 metros cúbicos y dos días antes de 10. Las lluvias de la pasada semana elevaron las aportaciones a 60 metros cúbicos, pero esta semana se han multiplicado por cinco.
El Xúquer y sus afluentes, que se desbordaron entre el lunes y el martes, recuperaron ayer la calma tras la tempestad de los últimos días. Con ello, la comarca recobró la normalidad y todos los colegios reabrieron sus puertas. Algunos caminos rurales seguían cerrados en las poblaciones más afectadas por el temporal, pero se reabrieron al tráfico las 7 vías secundarias cerradas.
* Levante-EMV - CARLOS ALÓS -1.10.09
Foto: Carcaixent (Valencia) - portaldexativa.es
