LAPROVINCIA* : La oposición al aumento de edificaciones en los barrios y la defensa de los espacios verdes centran la mayoría de las alegaciones que han presentado contra el Plan General de Ordenación (PGO) las diferentes asociaciones y colectivos de Las Palmas de Gran Canaria. Sólo durante el día de ayer -el plazo de presentación de alegaciones termina hoy a las 18.00 horas- San Juan y Guanarteme registraron más de un millar.
"Exigimos que nuestro barrio no crezca en altura, sino en calidad de vida", decía ayer Lidia Cruz, de la Asociación de Vecinos La Barriada de Guanarteme, mientras cargaba con varios centenares de reclamaciones. Piden que las nuevas edificaciones no superen las cinco plantas en proporción a la estructura e infraestructuras del barrio.
Además, aseguran que la población ha aumentado considerablemente durante los últimos años sin que haya llevado aparejado la equipamientos y dotaciones sociales. "Necesitamos locales para la tercera edad y para los jóvenes, guarderías, bibliotecas y canchas deportivas. Construir estos edificios es poner murallas alrededor de Guanarteme", añade Cruz.
Otros barrios como La Isleta, Siete Palmas, Schamann o el Barrio del Atlántico también han protestado e incluso recogido firmas entre los vecinos en contra de una propuesta urbanística que, según los dirigentes vecinales, "sólo trae consigo más ladrillo".
Por su parte, la Plataforma por el Barranco de Tamaraceite, integrada por más de 40 colectivos, defendió ayer a las puertas del Ayuntamiento la necesidad de un gran corredor verde, desde su inicio en el pueblo hasta su desembocadura en El Rincón. El objetivo es que sirva de "zona de esparcimiento", así como de "conexión entre la Ciudad Alta y Ciudad Baja". Este grupo de ciudadanos pide que se ordene la actuación en todo el barranco a través de un proyecto integral y que no se realicen acciones parciales, como la construcción de un hotel y un palacio de congresos y de un centro de menores en el solar del antiguo cuartel de Manuel Lois, o que se traslade el Recinto Ferial al Rincón.
* La Provincia - ELISA ARDOY -19.08.09
Foto: Miembros de la Plataforma por el Barranco de Tamaraceite, en la puerta del Ayuntamiento, ayer. ACFI PRESS
Las Palmas: Los barrios no quieren más cemento
El Supremo ratifica la ilegalidad del paseo marítimo de Torrevieja
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Torrevieja, en manos del PP, sigue engordando su ya abultada lista de infracciones urbanísticas. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal la reforma del paseo marítimo Juan Aparicio porque las obras invadían la zona de dominio público marítimo-terrestre y se ejecutaron sin autorización del Ministerio de Medio Ambiente. El alto tribunal condena al Consistorio a una multa de 833.000 euros.
El Estado ya ha cobrado la sanción mediante la vía de la compensación en las transferencias de fondos al municipio.
El paseo marítimo fue una apuesta personal del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP en su afán de ganar metros de playa para uso público. El paseo, de un kilómetro de longitud entre la playa del Cura y el dique del puerto de Torrevieja, fue inaugurado en 1999. Las obras incluyeron el ajardinamiento, pavimentación, aplacado del muro perimetral, instalación de farolas, mobiliario urbano y la construcción de espigones con regulación del fondo marino, de una escollera y de muelle. "Todo ello en zona de dominio público", puntualiza la resolución del Supremo
El fallo del Tribunal se produce a raíz de un recurso de casación del Ayuntamiento a una sentencia de la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictada el 8 de octubre de 2003. La Audiencia consideró legal una resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 21 de marzo de 2000 que imponía una multa de 138.162.067 pesetas (833.000 euros) al Ayuntamiento por obras sin permiso en el dominio público marítimo-terrestre.
En su recurso de casación, el Ayuntamiento esgrimió que las obras contaban con la autorización de la Generalitat Valenciana y que la administración sancionadora, es decir, el Gobierno, no resolvió en tiempo la solicitud municipal de concesión de permiso, ni -por otra parte- paralizó las obras que a su vista se realizaban por parte del Consistorio. El Supremo rechaza cada uno de los argumentos al aplicar la primacía del "principio de la seguridad jurídica". "Lo que se pretende por parte del Ayuntamiento recurrente es que el supuesto, por no acreditado, retraso del Ministerio de Medio Ambiente en la autorización solicitada permita la realización de obras, quedando exenta la administración local de responsabilidad alguna por tal actuación", precisa la sentencia.La sentencia del Tribunal del Supremo, que rechaza el recurso de casación del Ayuntamiento de Torrevieja al expediente sancionador del Gobierno por obras ilegales en el paseo marítimo Juan Aparicio, concluye que el Consistorio comenzó los trabajos a sabiendas de que eran ilegales. "De los antecedentes obrantes en el expediente es reconocido por el propio Ayuntamiento que desde el mismo inicio de las obras se tiene conciencia de la antijuricidad de la conducta, se conoce y se acepta que no se pueden iniciar las obras sin el permiso estatal", razona el tribunal. "No estamos, pues, ante una simple negligencia", añade, "si no ante una conducta intencionada, sin que las circunstancias expuestas puedan actuar de elemento excluyente de la culpabilidad o de la conducta antijurídica".
El proyecto del Ayuntamiento de Torrevieja para la remodelación del paseo marítimo Juan Aparicio estuvo envuelto desde su origen la polémica. El grupo municipal de Los Verdes denunció que las obras comenzaron sin el preceptivo informe de impacto ambiental. Este extremo fue corroborado por el Gobierno en 2005 en una respuesta al parlamentario socialista Diego Garrido. El portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón, calificó el proyecto como "un atropello medioambiental", al erigirse en una de las zonas más ricas de posidonia del litoral.
Entonces, se elevaron las primeras voces en demanda la demolición de las obras y la restitución de la legalidad urbanística. No obstante, la sentencia del Supremo no hace referencia a este extremo al no ser objeto del recurso de casación.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno evitaron ayer pronunciarse sobre este extremo a la espera de conocer más en detalle el expediente de la Dirección General de Costas.
La reforma del paseo marítimo Juan Aparicio se amplió más tarde con la creación de dos playas artificiales en una zona rocosa. Esta área fue escenario de numerosos y graves accidentes que costaron la vida a dos personas y causaron lesiones irreversibles a una chica de 16 años que quedó tetrapléjica. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó al Ayuntamiento a indemnizar a la víctima con 609.266,65 euros. El Tribunal entendió que el Ayuntamiento era el responsable de la seguridad de la zona.
El paseo lo ocupan ahora decenas de terrazas de bares y restaurantes que los vecinos han denunciando ante la Dirección General de Costas.
Las infracciones urbanísticas, bien de particulares o de la propia administración local, están a la orden del día en el municipio de Torrevieja, donde centenares ilegales en casas quedan impunes. Esta realidad motivó a principios de 2008 un informe del Defensor del Pueblo en el que advertía que Consistorio "olvida" la ejecución del 90% de los derribos incluidos en los expedientes sancionadores. Entre esas obras ilegales están las de un ático propiedad de la familia de un ex edil del PP, que investiga un juzgado de la localidad.
Infracciones urbanísticas en Torrevieja
- Obras ilegales en casas. El Ayuntamiento de Torrevieja acumula centenares de derribos por infracciones urbanísticas, la mayoría ampliaciones ilegales en viviendas particulares.
- Defensor del Pueblo. La acumulación de expedientes y las quejas de los vecinos ante la "arbitrariedad" de los derribos motivó un informe del Defensor del Pueblo, según el cual el Consistorio "olvida" el 90% de las demoliciones.
- Obras municipales. Las irregularidades afectan también a obras del Ayuntamiento. Además, del paseo marítimo Juan Aparicio, está el caso del escenario para el festival de Las Habaneras que se levantó sin licencia.
- Denuncia de los vecinos. Los vecinos han denunciado ante Costas las terrazas del paseo marítimo por ocupación ilegal del espacio del dominio público.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 19/08/2009
Foto: Terrazas en el paseo marítimo de Torrevieja, cuyas obras de reforma invadieron la zona de dominio público marítimo-terrestre.- DAVID RODRÍGUEZ, elpais.com
La Guardia Civil vuelve a imputar al ex alcalde de Alcaucín por el 'caso Arcos'
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SUR/Málaga* : Los investigadores del 'caso Alcaucín' han encontrado un nuevo hilo del que tirar para desentrañar la supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio axárquico. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan una operación sospechosa en la compraventa de una parcela, en la que se ha detectado un posible desfase de unos 200.000 euros, según ha podido saber SUR.
Por este nuevo fleco de la trama han sido citadas ocho personas -entre ellas el ex alcalde José Manuel Martín Alba y sus dos hijas- a las que se interrogó como imputadas a primeros de agosto en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. La mitad de estas personas ya aparecían encartadas inicialmente en la instrucción del 'caso Alcaucín', mientras que las demás se han incorporado ahora al caso, con lo que la presunta trama de corrupción urbanística alcanza ya a treinta imputados. En esta ocasión, también se ha tomado declaración a varios testigos.
Esta nueva línea de investigación ha surgido a raíz de la documentación incautada en los registros del pasado 27 de febrero, cuando se desató la redada en la que fue detenido el entonces regidor y otras doce personas. En esa actuación se localizaron una serie de escrituras y contratos que, al ser analizados por los agentes, han dado lugar a nuevas imputaciones.
Las pesquisas se centran en la compraventa de una parcela situada en la calle Carrión, en el camino de Alcazaba, que se fraguó en el año 2004. Así, en los documentos intervenidos se ha detectado un posible desfase entre la suma que habrían percibido los vendedores -según las escrituras, algo más de 100.000 euros- y el importe que habrían pagado los compradores, que superaría los 300.000 euros. Los agentes tratan ahora de averiguar dónde han ido a parar los 200.000 euros de diferencia entre ambas cifras.
Doble papel
La investigación atribuye al alcalde un supuesto doble papel en este nuevo frente de la trama. Por un lado, en la concesión de la licencia a los promotores, lo que permitió levantar 36 viviendas -más garaje y piscina- sobre un suelo que supuestamente no era urbanizable. Y, por otro, una posible intervención en la compraventa previa de la parcela, a tenor de los documentos encontrados en los registros, según explicaron fuentes cercanas al caso.
A raíz de estas sospechas, el ex alcalde fue citado ante la Guardia Civil el pasado 5 de agosto para tomarle declaración como imputado en relación a los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. En declaraciones a este periódico, Martín Alba reconoció que fue interrogado durante aproximadamente una hora en la que los investigadores le mostraron una serie de documentos sobre los que él dio su versión.
Intentó comprar la parcela
El ex regidor axárquico explicó que tanto él como sus hijas aparecen en un contrato porque se plantearon la posibilidad de comprar esa parcela para que ellas se hicieran sus casas, pero finalmente lo descartaron porque el precio les pareció caro. Martín Alba insistió una vez más en que tiene la «conciencia tranquila». Junto a él fueron citadas sus dos hijas, quienes, según dijo el ex alcalde, sólo estuvieron declarando cinco minutos.
La Guardia Civil, que ha llevado esta investigación de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, interrogó hace unos días a un gestor inmobiliario, que ya fue detenido cuando se desató la 'operación Arcos', y a otras cuatro personas que acaban de entrar en el caso. La imputación policial que ahora pesa sobre ellas está a expensas de lo que decida la jueza que dirige el caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón.
Entre los nuevos imputados figuran los representantes de la Ute de empresas que promovió las 36 viviendas, así como otras dos personas que habrían participado en la compraventa, según la documentación intervenida.
* SUR - 19.08.09 -
JUAN CANO
Foto: La unión temporal de empresas que adquirió los terrenos bajo investigación ha edificiado dos bloques de pisos. / EVA GUZMÁN, diariosur.es
Madrid: Ninguno de los nuevos barrios dispone de biblioteca pública
ELPAÍS* : Unos seis kilómetros. Es la distancia a la que un vecino de Montecarmelo -pongamos que vive en la avenida del Monasterio de Silos- tiene una biblioteca municipal (en avenida de Monforte de Lemos, barrio del Pilar). No la hay en su barrio, como ocurre en los otros nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad. Ni Montecarmelo, ni Sanchinarro, ni Las Tablas, Ensanche de Vallecas, Valderribas o el PAU de Carabanchel tienen una biblioteca municipal.
Ya el verano pasado, la asociación de vecinos de Montecarmelo se quejaba de la falta de equipamientos básicos. Su presidente Alberto Navazo pedía, entre otros servicios, instalaciones culturales. Las mismas reivindicaciones se repetían en los ensanches de Carabanchel o de Vallecas. Ayer el PSOE resaltaba también "la ausencia total" de servicios culturales en los nuevos desarrollos urbanísticos. "Primero se instalan las personas y luego, tras años de reclamaciones, se les dota de equipamientos", se queja el portavoz socialista de cultura en el Ayuntamiento, Daniel Viondi.
En el Consistorio aseguran que las futuras bibliotecas de Las Tablas y Montecarmelo (ambos en el distrito de Fuencarral-El Pardo), contempladas en el programa electoral de Alberto Ruiz-Gallardón para esta legislatura, "están en la fase de estudios preliminares y todavía quedan dos años". Y, frente a la ratio de una biblioteca municipal por cada 119.000 madrileños, muy por debajo de la de otras ciudades españolas y europeas, destacan la relación entre superficie bibliotecaria por habitante. "En Madrid hay 64.000 metros cuadrados de bibliotecas públicas, muy por encima de Barcelona, París o Roma", destaca un portavoz municipal.
El PSOE considera que sería necesaria la construcción de ocho bibliotecas y 10 centros culturales para satisfacer la demanda vecinal en estos nuevos barrios, donde se prevé alcanzar los 225.000 habitantes. "Los centros culturales son competencia de las Juntas Municipales", se limitan a responder desde el Ayuntamiento.
* ELPAIS.com - B. J. - Madrid - 18/08/2009
Foto: Madrid, viviendas Sanchinarro (archivo) - EFE
La Plataforma Ciudadana insiste en reclamar la anulación del Plan Parcial de Cabueñes
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ELCOMERCIO/Gijón* : La amenaza sigue en pie: si el Ayuntamiento no anula por propia iniciativa el Plan Parcial de Cabueñes, la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes está dispuesta a abrirle un nuevo frente judicial. La advertencia de los vecinos surge ante el temor de que la administración esté practicando una política de 'tierra quemada', al avanzar en las actuaciones vinculadas al plan parcial sin aguardar a que los tribunales tengan la ocasión de decidir si debe anularse, como desea la plataforma.
El detonante de esta nueva amenaza parece estar, según unas declaraciones recogidas por Europa Press, en los últimos anuncios realizados por el edil de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. El concejal avanzó detalles sobre el enlace de la avenida de la Pecuaria para con la conexión de Deva a la autovía del Cantábrico. Con ellas «da a entender que el Plan continúa como si nada», lamentan los vecinos.
La protesta llega después de que el pasado 29 de julio la plataforma solicitara al Ayuntamiento una revisión de oficio del Plan que permita su anulación. Se trata de un trámite imprescindible antes de acudir a los tribunales. Sólo tres meses después de la reclamación, los vecinos podrían hacer firme su advertencia y reclamar la actuación de la Justicia.
Posesión insuficiente
La reclamación interpuesta en el Ayuntamiento reclama la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que, el 18 de marzo de 2008, aprobó inicialmente el Plan Parcial. El argumento que esgrime la Plataforma Ciudadana es que los promotores vinculados al proyecto lo impulsaron sin contar con todos los terrenos que aseguraban poseer.
Así, el 28 de abril de 2007, las empresas Lomas Barajas, Reyal Urbis y Promo S. A., solicitaron la tramitación del Plan Parcial, asegurando contar con el 54% del terreno sobre el que se pretendía actuar. Además agregan que, de conseguir las fincas de titularidad municipal, podrían elevar ese porcentaje hasta el 64%. Los empresarios aseguran tener «expectativas fundadas de poder contar en la Junta de Compensación que deberá constituirse en su momento, con no menos del 94% de la superficie de titularidad privada del ámbito».
El primer dato que escamó a los vecinos es que los promotores dicen poseer 32 parcelas, pero luego en la relación de fincas, sólo figuraban 23 como efectivamente adscritas a promotores privados.
Según los cálculos de la Plataforma, en realidad los empresarios sólo tenían en sus manos un 49,2% del suelo sobre el que demandan actuar. Según la normativa vigente, es necesario atesorar un 50% de la superficie para iniciar la tramitación del sistema de compensación. El propio Ayuntamiento solicitará a los promotores en julio de 2007 que demuestren poseer más de la mitad de las fincas si quieren la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación. A la Plataforma no le consta que esta ausencia de concreción se hubiera subsanado, pese a ser fundamental para dar validez a la tramitación del Plan.
* El Comercio Digital - 17.08.09 -
E. C.
Foto: Cabueñes (Asturias), vecinos contra Plan (archivo) - lne.es
El 90% de los pueblos de Jaén están bloqueados al no tener el PGOU adaptado
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IDEAL* : Las ayudas de los llamados fondos 'anticrisis' del Estado y la Junta de Andalucía están siendo un balón de oxígeno para los desempleados de la construcción. Todos los pueblos tienen a día de hoy levantadas calles y edificios con la intención de avanzar en proyectos de futuro y dar empleo a vecinos del municipio. Será así hasta finales de este año, fecha límite para que concluyan las obras.
Pero, ¿después qué? Son muchos los pueblos de la provincia que se encuentran bloqueados en lo que a crecimiento urbanístico se refiere por no haber adaptado a tiempo sus PGOU. En enero del año que viene se cumplirán dos años de la fecha límite para adaptar los planteamientos urbanísticos a la Ley del Suelo de Andalucía (LOUA) y aún así, en estos momentos y según los datos que maneja la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía, sólo nueve pueblos de la provincia tienen ya adaptados sus planes generales de ordenación urbanística.
Los 'adelantados' son Alcalá la Real, Alcaudete, Arjona, Chilluévar, Jamilena, Larva, Torreperogil, Torres y Villacarrillo. Respecto al resto de los pueblos de la provincia, la inmensa mayoría está en ello, pero elaborar un PGOU no es cosa fácil y lleva su tiempo y eso se traduce en meses sin obra pública y por tanto sin crecimiento ni empleos.
Aunque es cierto que la Ley contempla un atajo que los ayuntamientos pueden llevar a cabo para adaptarse a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y poder llevar a cabo modificaciones estructurales, aunque sólo para viviendas de protección industrial, suelo industrial y dotacional.
Más allá de estos nueve pueblos que están adaptados a la LOUA, hay otros 78 municipios, según la Delegación, que han solicitado ayudas para esta cuestión. Hasta el momento la Consejería de Vivienda ha aprobado ayudas por valor de 4,2 millones de euros. De este grupo 58 municipios se encuentran en fase de avance y 20 en fase de conclusión.
Promoción
Además, de los pueblos que están con el nuevo PGOU en marcha, nueve han solicitado ayudas para promover la participación y difusión del plan entre los ciudadanos. Sólo uno de ellos, hasta este momento, ha recibido resolución por parte de Vivienda. Se trata de Espeluy, al que se le ha entregado una subvención de 2.400 euros para este fin.
Los ayuntamientos informan a los ciudadanos y la Junta asesora a los propios consistorios. Para contribuir al proceso de adaptación a las normas urbanísticas, la provincia de Jaén se ha dotado con siete oficinas de asesoramiento urbanístico (OTAU) que dan servicio a la comarca de la Sierra de Cazorla (Quesada), a la comarca de la Sierra de Segura (Cortijos Nuevos), a Jaén y su área metropolitana, cuya oficina se encuentra situada en la capital; a la comarca de la Sierra Sur (Alcalá la Real); a la comarca de la campiña (Andújar); a la comarca de La Loma (Baeza) y a la comarca de El Condado (Linares).
* Ideal - LORENA CÁDIZ - 18.08.09
Foto: Vista general del municipio de Alcalá la Real, que ya tiene su PGOU adaptado. / IDEAL
Lepe: Cinco años para abrir un albergue
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ELPAÍS/Huelva* : Cinco años para abrir un albergue de inmigrantes en Lepe (Huelva). Esta localidad de 25.000 habitantes cuenta con diez asentamientos ilegales en los que malviven unos 1.000 extranjeros que vinieron como recolectores a las campañas de la fresa o la naranja. Ahora viven en chabolas de plástico y cartón mientras sueñan con un trabajo y un lugar donde dormir.
En 2006 la Junta entregó 350.000 euros para la construcción del centro. El alcalde, Manuel Andrés González (PP), asegura que la obra sigue "su curso normal" y da una nueva fecha de inauguración: enero de 2010. La oposición acusa al primer edil de "haber empleado el dinero en gastos superfluos".
El secretario general del PSOE de Lepe, David Taboas, alega que es "una verdadera vergüenza" que el Consistorio haya recibido de la Junta una suma tan alta, "la mayor en este tipo de subvenciones", y lleve con el proyecto desde 2005. Los inmigrantes no dicen nada. "No podemos pedir. Vivimos donde se puede", declaraba el pasado viernes J. H., de 27 años y procedente de Gambia (África). Caminaba con la cabeza agachada y una mochila. El termómetro marcaba 42 grados. "Que hagan el albergue está bien, porque aquí no tenemos qué comer ni dónde dormir. Todos vivimos en plásticos o en las cuadras que nos prestan", explica el inmigrante, que se dirige a uno de los asentamientos ubicado a 50 metros del futuro albergue. "Yo prefiero un piso independiente, pero no puedo pagarlo", añade.
Éste ha sido el primer año, de los cuatro que lleva en Lepe, que J. H., como otros cientos de inmigrantes, no ha conseguido trabajo en la campaña de recolección. La crisis económica del país llevó a los gobiernos locales a favorecer la mano de obra nacional. Ahora, reunidos en la plaza de la Fuente Vieja, donde las camionetas recogen a los jornaleros, esperan que, en septiembre, para la nueva siembra, cuenten con ellos.
"Esto va lentito", explica el trabajador de una fábrica de aluminio cercana al albergue. El encargado de las obras, Francisco Cienfuegos, reconoce el problema: "El albergue no lleva el ritmo que desearíamos todos". Cienfuegos no quiere apuntar a los posibles culpables del retraso y se limita a señalar que "el tema de los pagos" por parte del Ayuntamiento, "está complicado".
Taboas acusa al alcalde lepero de emplear todo el dinero que llega al Consistorio "en gastos superfluos como fiestas y agentes electorales que le llevan las campañas políticas". Según el socialista, el 75% de los ingresos del Ayuntamiento van a parar a las nóminas de los empleados, que él califica de "personal innecesario". También acusa al alcalde del PP de "despilfarro" e indiferencia con los problemas sociales.
El alcalde insiste en que "la obra civil está prácticamente terminada" y que el próximo año estará funcionando. Sobre la subvención de la Junta, alega que los 350.000 euros "apenas suponen un 10% de la inversión total del albergue cuando lo deberían haber pagado íntegramente".
El ex teniente de alcalde de Bienestar Social, Manuel Jesús González (PA), que se encargó del asunto en 2006, explicó entonces que el centro contaría con unas 300 camas y una zona exterior para 500 personas en acampada. Pero cuando el centro se inaugure, según Cienfuegos, contará sólo con 75 plazas y un "enorme terreno" para montar "más módulos de vivienda". El presupuesto es de 1.750.000 euros.
* ELPAIS.com - LIDIA JIMÉNEZ - Huelva - 17/08/2009
Foto: Lepe (Huelva) - geocities.com
Con casa, pero sin luz ni agua
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LAVERDAD/Alicante* : Ocurre en Almoradí, Rafal, Algorfa, Benijófar, costa de Orihuela, Torrevieja y, en general, en todos los municipios de la Vega Baja. Centenares de vecinos de la comarca denuncian que las viviendas de nueva construcción son entregadas por el promotor a su propietario sin la correspondiente cédula de habitabilidad. Durante meses o incluso años, los dueños viven con luz y agua de obra debido a que han escriturado sin que el edificio cuente con todas las instalaciones y servicios básicos.
Así ha ocurrido, por ejemplo, con las viviendas de la urbanización Blue Lagoon. Después de siete años, el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas ha comunicado a los vecinos que sus pisos carecen de cédula de habitabilidad porque el promotor no ha presentado los certificados correspondientes. En esta situación están otras urbanizaciones o edificios de la Vega Baja, como Vegamar I (Almoradí), Fontana (Algorfa), Benisol (Benejúzar), Vegamar II (Rafal) o Corona e Icaria (Torrevieja).
La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU), con sede en Torrevieja y especializada en asuntos urbanísticos, calcula que entre un 15 y un 20% de las viviendas de la Vega carecen de licencia de primera actividad. Y es que los ayuntamientos no pueden conceder la cédula de habitabilidad hasta que no están todas las obras acabadas (asfaltado, conexión de la luz de baja tensión, etc.) y hasta que no disponen de los obligatorios certificados de luz, agua, ahorro energético o telecomunicaciones.
La mecánica del engaño es sencilla. Cuando el promotor escritura las viviendas asegura al propietario que todo está en regla. Éste suele fiarse y ni siquiera pregunta si está la cédula de habitabilidad. Una vez que entran a vivir en el inmueble comprueban que aún tienen luz y agua de obra e, incluso, empiezan a llegar facturas por estos servicios a nombre de la comunidad de vecinos. Según denuncia el presidente de AECU, Honorio Fernández, "los administradores de fincas, normalmente contratados ya por el promotor, cargan a los nuevos propietarios facturas de luz y agua de las obras, en una práctica abusiva y absolutamente ilegal".
Hay muchos casos. Los propietarios del edificio Vegamar I, en Almoradí, han recibido facturas de cantidades atrasadas adeudas por el promotor. En Algorfa ha ocurrido algo similar en tres bloques de pisos de 130 viviendas.
* La Verdad- 17.08.09 -
J. MARTÍNEZ
Foto: Edificio de Torrevieja, entregado sin cédula de habitabilidad. J. M. , laverdad.es
Las aguas fecales de 200.000 valencianos desembocan en el mar sin depurar
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LASPROVINCIAS* : Naciones Unidas identifica el entorno de Valencia como punto negro prioritario de contaminación en el Mediterráneo por los vertidos industriales y las aguas residuales urbanas. Los vertidos fecales llegan hasta el litoral valenciano, en algunos casos, tal y como salen de las viviendas. Y muchos vecinos ni siquiera lo saben. En total, los residuos urbanos de más de 200.000 valencianos de al menos 15 municipios llegan hasta el litoral sin haberse depurado de forma correcta, contaminando las playas en la que nos bañamos.
La presión urbanística y la falta de suficientes plantas depuradoras o de insuficiente tratamiento en algunos puntos de la costa valenciana han sido incluso motivo de denuncia por parte de la Unión Europea, cuya normativa establece que es delito verter al mar las aguas residuales sin depurar. Pese a que hace ya varios años que entró en vigor esta normativa europea, al menos en 15 grandes localidades de la Comunitat Valenciana no se depura de forma correcta. En muchas más, incluso en Valencia, las plantas no dan abasto y parte de las aguas residuales no se tratan correctamente. Las últimas tecnologías permiten incluso depurar los vertidos hasta su reutilización para otros usos.
Tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace han alertado, principalmente, de la situación en Castellón, donde el tratamiento de las aguas residuales de unas 150.000 personas de Vinaròs, Peñíscola, Alcalà de Xivert, Alcossebre y Benicarló, además de Moncofa y Oropesa, es insuficiente. En el norte de la provincia, los residuos urbanos tan sólo reciben un pretratamiento y llegan directamente al mar a través de un emisario submarino.
Julio Varea, de Greenpeace, explica además que los vertidos industriales en Castellón son «muy graves. Principalmente en el polígono del Serrallo, donde está ubicada una refinería. El río Mijares vierte al mar muy contaminado», explica.
En la provincia de Valencia hay problemas muy graves de depuración. Por ejemplo, los residuos de 12.000 habitantes de Meliana van a parar a las acequias de la huerta y desde allí, directamente, al mar. Es más, en los dos kilómetros de playa de esta localidad, situada junto a Alboraya, no está permitido el baño. Algo similar ocurre en Massalfassar, con 2.000 habitantes.
Jesús lleva mucho tiempo acudiendo a la playa de Meliana y admite que en «los últimos tres o cuatro años ha habido una mejora, porque antes yo me encontraba hasta gatos, perros y ovejas muertos». Jesús añade, sin embargo, que todavía «deja bastante que desear. Las acequias de los huertos que desembocan aquí arrastran tomates y pimientos». Mati, vecina de Alboraya, afirma que es «una pena» que la playa de Meliana «esté tan sucia, pues es muy tranquila para pasear».
En Massamagrell todavía hay una acequia que vierte al mar aguas residuales, aunque en este caso la competencia pertenece a La Pobla de Farnals. «Ya les hemos pedido en varias ocasiones que solucionen el problema de los vertidos», dice Jorge Ferrer, concejal de Medio Ambiente de Massamagrell.
En Puçol, pese a que las acequias ya no vierten aguas residuales sin tratar, la calidad de las aguas no ha sido lo deseable y no se ha conseguido este año la bandera azul. En realidad, ninguna playa de l'Horta Nord cuenta con este distintivo.En Alboraya, antes de celebrarse la Copa América, se instalaron unas redes para que no se vertieran sólidos al mar. Y es que, por ejemplo, a la acequia de Vera todavía llegan aguas residuales de unos 10.000 vecinos del norte de Valencia con tan sólo un pretratamiento, que no una depuración. Y llega a las playas con más usuarios de Valencia, la de la Patacona.
Desde Acció Ecologista Agró explican sin embargo que se desconoce realmente la situación de depuración en l'Horta. «La mayoría de alquerías de la huerta no están conectadas a ninguna depuradora, así como algunos barrios o calles de cada población», explica un representante de la organización, que no quiere echar la culpa a los agricultores.
Escasa capacidad
En las zonas más turísticas, el problema principal es que llegado el verano, las depuradoras no pueden asumir todas las aguas fecales que llegan para ser tratadas por el aumento de población. Ocurre en Arenals del Sol, en Elx, en Torrevieja, en urbanizaciones de Orihuela o incluso en la playa del Postiguet, junto al puerto de la ciudad de Alicante. En total, más de 50.000 personas.
Los vecinos de la playa de San Gabriel, una pequeña cala alicantina, luchan porque se recupere una zona que puede que desaparezca con la ampliación del puerto de Alicante. Mientras, se bañan entre aguas sin una buena depuración por el vertido del emisario submarino.
* Las Provincias - M. J. CARCHANO - 16.08.09
Foto: PROHIBICIÓN. Un cartel del Ayuntamiento de Meliana, en l'Horta Nord, prohíbe el baño en la playa donde llegan las aguas residuales de la población. /M. J. C. , lasprovincias.es
¿Quién nos defiende de nuestros defensores?
LOS VECINOS DE COSTA BALLENA* (Rota) nos hemos movilizado en defensa de nuestros derechos, incluso con manifestaciones y cortes de carretera, como han informado profusamente los medios de comunicación, pero también por otras vías, como los proyectos de reorganizarnos que hemos puesto en marcha. ¿Qué ha empujado a echarse a la calle a apacibles madres y padres de familia, venidos desde todos los rincones de España para disfrutar de unos días de descanso? Que nadie defiende nuestros derechos. La privación de un servicio público esencial como el suministro de agua potable no es la única causa de insatisfacción.
Con ser gravísima, lo que además ha soliviantado a los vecinos ha sido la falta de respuestas de quienes tienen la obligación de darlas y la responsabilidad de velar por nuestros derechos y el modo en que se nos trata desde esas instancias.
El primero en fallar ha sido el Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), el órgano administrativo encargado de financiar, administrar y gestionar el conjunto turístico; en otras palabras, nosotros mismos, puesto que el Consejo Rector se elige entre las comunidades de propietarios y nos habíamos desentendido, en la confianza de que, como suele ocurrir, alguien daría la cara en nuestro nombre. Ese Consejo Rector no ha dado prácticamente señales de vida a lo largo de esta crisis. Pasadas las tres de la tarde del viernes día 14, siete días después de que nos cortaran el agua, el Consejo Rector ha emitido un comunicado para informar de que en todo este tiempo ha asistido a tres o cuatro reuniones. ¡Gran actuación! Nosotros entonamos el correspondiente 'mea culpa', pero el Consejo Rector debe dimitir y ceder su lugar a personas dispuestas más a preocuparse por el bienestar de sus convecinos que a justificar su inacción.
En una instancia superior, y con mayor responsabilidad por tanto, tampoco nos hemos sentido defendidos por el ayuntamiento de Rota, gobernado por la mayoría minoritaria de un grupo local con el apoyo del Partido Popular. El ayuntamiento de Rota sí ha dado señales de vida, incluso insistentes, pero siempre a remolque de los vecinos y para escudarse en excusas técnicas y echar la culpa a otros, empezando por los roteños de hecho que somos nosotros: que éramos muchos en Costa Ballena fue la primera exculpación, a pesar de que las evidencias lo desmienten (secundada, por cierto, por la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que adujo, según Europa Press, que había "un exceso de consumo (...), más población consumiendo agua de lo inicialmente previsto").
Todo eso es falso. Las previsiones eran las correctas. Lo que ocurre es que durante años nadie se ha preocupado de completar las obras necesarias para satisfacerlas. El ayuntamiento anuncia ahora que demandará a Medio Ambiente "por los problemas de abastecimiento de agua de la urbanización Costa Ballena". Bienvenido al coro, pero llega tarde y desafinando. Es el ayuntamiento el que ordena abrir o cerrar el grifo de Costa Ballena. La orden que ha dado es cerrarlo.
Necesitamos pues alguien que nos defienda. Apelamos primero al pueblo de Rota, del que formamos parte, que ha sido objeto de una campaña intensiva en contra del forastero. Queremos que sepan que sólo hay roteños de derecho y roteños de hecho, cuya única diferencia es que unos votan aquí y otros no. Los que vivimos en Costa Ballena, y un número cada vez mayor de forma permanente, pagamos aquí nuestros impuestos, nuestro recibo del agua --la que nos cortan-- y más de un millón y medio de euros adicionales al año para que Costa Ballena no les cueste nada a los roteños de derecho. Dentro del pueblo de Rota, apelamos especialmente a sus empresarios y comerciantes; generamos empleo y una fortuna en comercios e industrias y contribuimos a la prosperidad de Rota. Estamos comprometidos con Rota y hemos elegido y queremos vivir aquí, aun cuando el ayuntamiento siga hablando en sus comunicados de "Rota y Costa Ballena"; el lenguaje desnuda el pensamiento.
Apelamos en segundo lugar a los partidos políticos y, con mención especial, al Partido Popular. Nos gustaría haber recibido algún indicio de que su organización local, sospechosamente silenciosa en todo este tiempo, defiende a los roteños de hecho, sin perjuicio de que participe en el gobierno municipal. Formulamos la misma pregunta a su organización provincial. ¿Están dispuestos a defendernos o también creen que somos aves de paso que no se sienten emocional y materialmente unidos a Rota, Cádiz y Andalucía, donde hemos decidido invertir y vivir, algunos de nosotros, cada vez en mayor número, para el resto de nuestra vida?
Nos gustaría también que nos hubiera defendido la Junta de Andalucía. A fin de cuentas, es su proyecto, aunque no lo recuerde. Fue la Junta la que promovió Costa Ballena, proyectada en los años 90 como "modelo de turismo y ocio avanzado". Es difícil de entender cómo ahora, una vez transferidas desde la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) las competencias a los ayuntamientos en cuyos términos municipales se ubica (por cierto, el proyecto no está todavía concluido en su totalidad), la Junta no tutela los derechos de los roteños de hecho y se lava también las manos.
Con el agua que nos racionan a nosotros.
* Juan José Alcázar, Javier Barroso, Miguel Morer, Francisco Romero, Eusebio Sánchez y Concepción Zapata (Comisión Gestora de la Asociación de Comunidades de Propietarios de Costa Ballena y de la Asociación de Centros Comerciales de Costa Ballena)
* Diario de Cádiz - Opinión - 17.08.09
De la Selva urbanística
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LEVANTE/Teruel* : El municipio turolense de Alcalá de la Selva pretende limitar el desarrollo urbanístico haciendo frente a las presiones de los grandes promotores valencianos. En invierno apenas superan los 500 habitantes. En verano y en los fines de semana de la temporada de esquí son más de 6.000. Todos valencianos.
En Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, se oye el valenciano por todos los rincones y paisanos y turistas conviven en perfecta armonía desde hace cien años. El flujo de los intercambios ha circulado siempre en ambas direcciones y a plena satisfacción hasta que apareció la fiebre urbanística, explica el alcalde Jesús Edo Gargallo, que intenta frenar como puede un desarrollo "loco" como el que ha visto en el litoral valenciano.
El detonante ha sido el anunció de que está dispuesto a revisar el Plan General, en realidad solo Normas Subsidiarias homologadas, imponiendo "un poco de racionalidad" y reduciendo, en lo posible, la edificabilidad prevista en la planificación actual.
Enfrente tiene a algunos de los principales promotores urbanísticos de Valencia y Castelló cuya fama para movilizar recursos y cambiar la faz de comarcas enteras les precede. "Dígame un nombre-de promotor- y acierta, seguro. Están aquí casi todos y algunos incluso deben dinero al ayuntamiento. Más de un millón de euros. Dicen que no pueden pagar por la crisis pero después financian a los clubes de fútbol", añade.
Fue el propio municipio quien de algún modo facilitó el desembarco de las promotoras valencianas. "Antes de 1987 ya había tres sectores privados: el plano de la Vega, las Majadas y el Mas Blanco que se fueron desarrollando sin apenas intervención municipal y con más pena que gloria", apunta el alcalde.
En 1987 se aprueban las Normas Subsidiarias y se incluyen "estas y otras superficies" hasta sumar suelo urbanizable de de más de dos millones y medio de metros cuadrados, lo cual no está nada mal para una población con 500 habitantes que podría albergar 20.000 si se desarrollan todas las actuaciones previstas. Los promotores valencianos, con familia y contactos en Alcalá, vieron la oportunidad y tomaron posiciones hasta copar los 2,5 millones de metros.
En Alcalá, como no, se lee la prensa valenciana y el alcalde sabe que, por increíble que parezca, "estas cosas- que un pueblo multiplique por 30 o 40 su población en un plan general- pasan". Y no quiere que ocurra. Además, este año se amplían las pistas de esquí, que este año recibieron 120.ooo visitantes, casi todos valencianos. A más pistas, más construcción.
"Todavía no nos hemos sentado a hablar y no queremos que haya una imposición, pero hablar hay que hablar. Nuestro proyecto es reducir casi a la mitad la edificabilidad, excluyendo las zonas de mayor pendiente o próximas a las cimas y a los pinares y, sobre todo, concentrando la edificación para evitar una dispersión que arruina el paisaje", afirma. Cree, además, que no tendrá que pagar indemnizaciones.
Desde que volcó sus intenciones en la página web del ayuntamiento, cada paso que da genera un recurso y un contencioso por parte de las grandes promotoras, a quien enfrenta poco más que un alguacil, un auxiliar y un secretario. El conflicto está servido.
* Levante-EMV - JOSÉ SIERRA - 16.08.09
Foto: Alcalá de la Selva (Teruel) - naturayeducacion.com
La especulación amenaza el último paraíso hippie de la costa andaluza
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PÚBLICO/Almería* : La Cala de San Pedro, una remota playa del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, tiene los días contados como refugio paradisíaco de la veintena de okupas que residen allí de forma permanente. El inversor Daniel Navarro es el dueño de los terrenos desde hace diez años, ya que la Junta dejó escapar la opción de hacerse con la cala por 90.000 euros. Navarro quiere hacer un resort turístico que exige el desalojo de la zona.
Los ecologistas denuncian que la sombra de la especulación planea sobre el proyecto, asentado en la compra a precio ventajoso de terrenos de gran valía.
Navarro ya ha presentado 23 denuncias ante la Guardia Civil para forzar a las administraciones a desalojar a los residentes y evitar las acampadas ilegales, que tienen lugar durante los veranos. La Junta y el Ayuntamiento de Níjar han empezado a buscar una "solución definitiva" a estas cuestiones, según fuentes de la Delegación de Medio Ambiente en Almería. En cuanto al futuro de la cala, estas fuentes no conocen oficialmente los planes de Navarro, pero garantizan que "no se construirá nada nuevo". "A lo sumo, se rehabilitaría lo que hay", dicen.
Los residentes, todos en situación irregular, viven la espera con indignación. A lo largo de 20 años han conformado una comunidad hippie que, al margen de su inviabilidad legal, se ha responsabilizado de la limpieza y el mantenimiento de la cala. Pero también hay sombras. Además de la ocupación de fincas, varios chiringuitos abren en verano sin permiso ni control. Los turistas son los principales responsables de otro problema sanitario: la acumulación de excrementos en el interior de la cala. "Ahora, tras olvidarse de esto durante años, las administraciones nos presentan como unos sucios cuando les conviene [para facilitar el resort]", lamenta Pura Cañero, que llegó hace 15 años y a la que el resto señala como voz más autorizada de la comunidad.
Navarro compró los terrenos en 1999 a los herederos de un inversor con socios ingleses al que las trabas legales disuadieron de llevar a cabo un proyecto urbanístico. Las 200 hectáreas que adquirió estaban escrituradas en 15 millones de pesetas (90.000 euros), un precio llamativamente bajo. El propio Navarro admite que pagó más, sin precisar cuánto.
Ahora maneja dos opciones para sacar beneficios de su inversión. "Una, un pequeño resort; dos, venderlo a algún comprador [privado] o a la Junta". Y añade: "Estoy dispuesto a vender, no a regalar".
Espacio protegido
Pese a que Navarro comunicó por escrito la compra a la Agencia Andaluza de Medio Ambiente en enero de 1999, dicho organismo no ejerció sobre los espacios protegidos su derecho de retracto, que hubiera dejado los terrenos en propiedad pública por 90.000 euros. La Junta inició después un largo litigio que se cerró en enero de 2007, cuando el Tribunal Superior andaluz dio la razón a Navarro y le reconoció la propiedad de 48 fincas.
Ahora toda la cala hasta el poblado de Las Negras es de Navarro salvo la playa dominio marítimo terrestre, competencia de Costas, una finca privada y un antiguo cuartel de la Guardia Civil, comprado por la Junta y hoy okupado.
La Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se pregunta en el último número de su publicación El Eco del Parque si tras toda la operación hay "algún asunto sucio", sobre un supuesto trato de favor a Navarro. María del Mar Ruiz, vicepresidenta de la entidad, denuncia además que la calificación medioambiental de la cala "le pone las cosas muy fáciles al dueño, al ser compatible con una rehabilitación turística".
Navarro dice que la Junta, lejos de ayudarle, le dificulta las cosas al no forzar el desalojo y al haberlo llevado a juicio. "Fue una operación que si salía bien podía ser rentable, pero también podía perder mucho. Si la Junta me hubiera ganado el juicio, sólo habría recibido los 15 millones. Yo me he limitado a cumplir la ley. Que ellos la hagan cumplir", afirma.
* Público - ÁNGEL MUNÁRRIZ - 15.08.09
Foto: publico.es
Telde: De barrio estrella a vertedero
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Los propietarios de las parcelas de la urbanización de Arauz muestran su malestar ante el retraso de las obras de construcción del barrio y su deterioro. La urbanización de Arauz, uno de los proyectos estrella del casco, sigue sin ver su fecha de final. Lo que iba a ser la prolongación del núcleo de población de Telde continúa, después de diez años, sin terminar.
El 10 de junio de 1999, el Ayuntamiento, como promotor de las obras, adjudicó a una constructora los trabajos de la urbanización, que estaban previstos que concluyeran en un plazo de siete meses y contaron con un presupuesto inicial de 2,4 millones.
Sin embargo, 10 años después, los propietarios de la zona siguen indignados con la situación. La familia de José Luis Pérez era propietaria de unos 5.000 metros cuadrados. Tras negociar con el Ayuntamiento de Telde se quedaron con unos 700 metros que serían urbanizables cuando finalizaran las obras. Según la ley, parte de los terrenos tenían que ser derivados al consistorio para que éste pudiese habilitar la zona. Pérez considera que lo que se ha hecho es "un derroche de dinero. Ahora hay que volver a habilitar y equipar todo".
Actualmente los terrenos se encuentran en un estado de abandono. Bidones, alcantarillas oxidadas, escombros, restos de tuberías, botellas, e incluso, una caseta de obra decoran el lugar. La razón es que las obras se paralizaron en 2003 tras varios episodios de desavenencias entre la constructora y el Ayuntamiento por la urbanización de los terrenos, sobre todo por las críticas por la lentitud con la que se acometía y el resultado final de algunas infraestructuras. Finalmente, tras nuevos desacuerdos entre ambas partes, los trabajos se pararon, y hasta la fecha.
En el parque urbano asoman dos edificios que fueron construidos hace años. Uno por error municipal y el otro por silencio administrativo. Ambos están sin finalizar. En uno de ellos puede apreciarse la instalación de los termos de agua que esperan, algún día, poder ser encendidos.
El edil de Contratación, Agustín Arencibia, alega que el proyecto se actualizó y se espera que éste salga en septiembre.
* La Provincia - FÁTIMA MARTEL - 15.08.09
Foto: De barrio estrella a vertedero - laprovincia.es
La Xunta planea borrar la reserva de vivienda pública de la ley del suelo
ELPAÍS/Galicia* : El Gobierno gallego baraja eliminar de la ley del suelo de Galicia la obligación de ceder para viviendas de protección oficial el 2,5% del terreno que se pueda edificar en suelo urbanizable, según señalaron ayer el portavoz nacionalista en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Allariz, Francisco García, y el concejal de Obras de Pontevedra, César Mosquera.
Esta condición necesaria, introducida por el Gobierno bipartito, desaparece con las modificaciones legales que plantea la Xunta, que alivian los requisitos para la construcción en suelo urbano y rústico y vuelven, según el BNG, a un modelo "liberalizador y permisivo". Los dirigentes nacionalistas conocen el texto por el borrador que la Xunta ha enviado a la Fegamp.
"Nos preocupa que se estén dando bandazos en relación con la legalidad urbanística y no se propicie un pacto de país", manifestó Mosquera. Los cambios previstos en la ley, conocida oficialmente como Lei de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural en Galicia (Louga), no recogen, según García, las reclamaciones de la Fegamp, a la que la Xunta utilizaría "como pretexto para hacer una revisión en profundidad" de la normativa urbanística, para favorecer "una política de dispersión poblacional".
El BNG señala además que este proyecto preliminar modifica la definición del concepto de suelo urbano, que se aleja de la establecida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y lo hace más vago, lo que provocará, según Mosquera, que "proliferen como hongos las urbanizaciones sin dotaciones de ningún tipo y sin cargas". "De Pontevedra a Porriño todo sería urbano", explicó. Para el concejal pontevedrés, el plan de la Xunta sigue el espíritu del decreto estatal aprobado en 1996 durante el Gobierno de José María Aznar, en el que "todo lo que no estaba especialmente protegido era urbanizable".
Los nacionalistas consideran, además, que una reforma en profundidad de la ley no se justifica "ni conceptualmente ni en la práctica" antes de que se aprueben definitivamente las Directrices de Ordenación de Territorio, pendientes desde la primera modificación de la ley, efectuada en 2004 cuando Manuel Fraga era presidente y Alberto Núñez Feijóo conselleiro de Política Territorial, y que llegó tan solo dos años después de la aprobación inicial de la norma.
Para el BNG, la actual propuesta de modificación "ni siquiera se corresponde con los planteamientos" de Feijóo cuando estaba al frente de la consellería. García admitió que los ajustes propuestos favorecen la autonomía municipal respecto a las concesiones de licencias urbanísticas en suelo rústico, pero no así "en aspectos sustanciales como la aprobación definitiva de planeamientos municipales".
El proyecto prevé también alterar los criterios de interpretación de las dudas en el planeamiento urbanístico, que antes favorecían la dotación de espacios públicos y la protección ambiental y que ahora se regirán por las normas genéricas del Código Civil. Con esto "se abrirá la mano a soluciones aberrantes", adujo Mosquera. Este documento, que todavía es preliminar, provocará también, según los nacionalistas, un excesivo desajuste entre las cargas para la edificación en suelo urbano respecto al rústico, lo que incentivará "un éxodo de población de las ciudades y villas hacia urbanizaciones dispersas y esparcidas por el territorio sin ninguna adaptación al entorno rural".
En este sentido, los representantes del BNG también critican, en un documento en el que detallan los cambios de la ley que consideran negativos, la eliminación de la parroquia como "núcleo vertebrador de la convivencia y la prestación de servicios comunes". "Ahora cualquier agrupación de casas puede ser un núcleo rural", señala Mosquera. El BNG se queja también de que la consellería no haya explicado los motivos por los que promueve el cambio legal. "La modificación propuesta no cuenta con ninguna exposición de motivos", arguyen los nacionalistas, que entienden que, de aprobarse la ley, la reordenación del territorio retrocederá 10 años.
* ELPAIS.com - VÍCTOR HONORATO - Santiago - 15/08/2009
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Bilbao: «Queremos soluciones ya», piden los vecinos
ELCORREO* : «Es una mala noticia, desde luego». Los vecinos de Castrejana y Zorroza mostraron su pesar por la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula el plan urbanístico aprobado para suprimir un paso a nivel en las inmediaciones de la fábrica de Profusa. «Necesitamos soluciones ya», advirtieron los residentes, que llevan «años» reclamando el soterramiento de la línea de Feve.
Un proyecto que continúa sin cobrar forma pese a que se han hecho algunos avances.
El último fallo ha caldeado el ambiente. «No entendemos lo que está sucediendo. Necesitamos una salida integral que permita eliminar el paso de Castrejana y también el resto de los que existen en la zona», explicó Luis Muñoz, portavoz de la Asociación de Vecinos de Zorroza y miembro de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Bilbao.
Muñoz expresó su malestar con contundencia: «Ya es hora de acabar con esta situación, porque las personas que vivimos en estos dos barrios llevamos toda la vida soportando este problema; los ruidos, los problemas de comunicación, los muertos que ha habido...». «Tenemos -continuó con su queja- que atravesar las vías para llevar a nuestros hijos al colegio y, en los tiempos en los que estamos y con los medios técnicos que existen, ya no hay excusas para no soterrar la línea y crear una estación subterránea en Zorroza».
A su juicio, las instituciones y la compañía de transporte «están mareando la perdiz». «Han presentado varios engendros, parecidos al que ahora ha sido anulado por los jueces, para acabar con el problema. Pero se trata de parches, que encima suponen un desfilparro absurdo de dinero, y nosotros lo que necesitamos es una salida que sea, de verdad, justa y efectiva para la gente del barrio», insistió Muñoz.
«Más implicación»
En este sentido, el representante vecinal reclamó un papel más activo por parte de las autoridades locales: «El Ayuntamiento suele echar balones fuera diciendo que no es su competencia, pero el Consistorio, como institución más cercano a los ciudadanos de Bilbao, tiene la obligación de mojarse y hacer todo lo posible para implicar a aquellos que tienen la llave de este asunto». La última manifestación de los vecinos de Zorroza y Castrejana para exigir el cubrimiento de las vías tuvo lugar a mediados de diciembre de 2007.
CRONOLOGÍA
25 de mayo de 2006: Fomento se compromete a eliminar tres pasos a nivel. Además del situado en el casco urbano de Zorroza, asegura que eliminará el situado en las inmediaciones de Profusa y el que está junto a las instalaciones de Flex.
5 de marzo de 2007: Mientras avanzan los planes del ministerio para dotar de mayor seguridad al barrio, un hombre fallece arrollado por el tren.
12 de marzo de 2007: Los protestas de los residentes se recrudecen. Se ocupa el paso a nivel para exigir su supresión inmediata.
Diciembre de 2007: Los vecinos retoman las movilizaciones en demanda de una mayor seguridad y una mejora urbanística de la zona.
Marzo de 2009: Un camión ligero se estropea en mitad del paso a nivel, con las barreras bajadas, poco antes de que llegara el tren. Sólo la decidida y rápida intervención de un grupo de viandantes, que comenzó a empujar el vehículo para sacarlo de la zona de peligro, evitó un accidente de graves consecuencias.
* El Correo Digital - 5.08.09 -J. G. | BILBAO
Foto: Los vecinos han exigido el soterramiento de la vía de forma reiterada. / MAITE BARTOLOMÉ, elcorreodigital.com
Foz: La Guardia Civil investiga el uso ilegal de restos de un castro en San Cibrao
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ELPAÍS/Lugo* : La Guardia Civil está investigando la presunta utilización ilegal de patrimonio arqueológico en la construcción del polígono industrial de Foz. Según una denuncia presentada ante el Seprona y la Dirección Xeral de Patrimonio por la asociación Mariñapatrimonio, restos arqueológicos del castro da Atalaia de San Cibrao, entremezclados con arena, estarían siendo trasladados hasta Foz para usar en la construcción de un polígono industrial en esta localidad.
La asociación denunciante aseguró ayer que el Seprona ya ha confirmado la utilización ilegal de esos restos.
La Guardia Civil se dirigió ayer al conductor de uno de los camiones que están trasladando los restos para advertirle de la "presunta irregularidad" de la operación, según aseguraron fuentes del instituto armado. Ante el aviso, el camionero optó por abandonar el transporte. El Seprona ha comunicado también los hechos a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta. "El traslado podría no reunir todos los requisitos administrativos", admitieron estas fuentes, que están a la espera de recibir una respuesta de Patrimonio antes de actuar contra el traslado.
Parte del entorno del castro da Atalaia fue invadido hace dos años por las obras de una promoción urbanística en San Cibrao, que afectaron a parte del conjunto arqueológico. El portavoz de Mariñapatrimonio, Manuel Miranda, asegura que entre los escombros presuntamente trasladados a Foz hay restos de dos molinos y de cerámica. La ley estipula que esa clase de vestigios no se puede transportar sin la supevisión de un arqueólogo. Mariñapatrimonio afirma que todo el proceso ha estado repleto de ilegalidades. Según Miranda, los escombros fueron sacados del castro mientras pesaba una orden de paralización de las obras y depositados en una finca junto a la gasolinera de Cervo sin disponer de ninguna clase de autorización.
La asociación en defensa del patrimonio afirma que los restos del castro fueron cubiertos con una capa de tierra, con el fin de taparlos antes de su traslado a Foz. Miranda señala que un agente del Seprona le explicó que ya se han identificado los escombros depositados en el futuro polígono industrial como originarios del castro. "Ahora será muy difícil rescatar los restos y separar las arenas que contienen patrimonio arqueológico. No saben el daño que han hecho", se lamenta.
El alcalde de Cervo, municipio al que pertenece San Cibrao, Alfonso Villares (PP) manifestó sus dudas sobre la ilegalidad del traslado. "Decir que son ilegales es mucho decir", afirmó. En cambio, el regidor de Foz, la otra localidad implicada, el socialista José María García Rivera, exigió que "se aclare exactamente si se metieron esos restos en el polígono" sin conocimiento de la institución municipal. García Rivera solicitó a la policía local que investigue los hechos.
* ELPAIS.com - PABLO VÁZQUEZ - Lugo - 14/08/2009
Foto: Foz (Lugo), castro S. Cibrao - celtiberia.net
Indignación contra el Palau
ELPAÍS/Barcelona* : Los vecinos del Casc Antic no piensan ceder en su lucha en contra del hotel del Palau de la Música. Los documentos certifican que el Orfeó Català cedió la titularidad de tres fincas de la calle de Sant Pere Més Alt, en Barcelona, a Olivia Hotels meses después de pactar con el Ayuntamiento y la Generalitat el cambio de usos de las mismas.
El nombre de Olivia Hotels no figura en la voluminosa documentación municipal y el Consistorio lo achaca a un "error". "Pues es un escándalo. Es una operación especulativa", resumió Jorge Sánchez, de la Asociación de Vecinos del Casc Antic.
La entidad celebrará en septiembre una asamblea para estudiar nuevas protestas tras sentirse "engañada" por el Ayuntamiento. "Sabían desde el primer momento que el Palau ya no era el dueño de las fincas y han estado beneficiando a una empresa privada", afirmó Sánchez. La asociación ya reunió 3.500 firmas contra un proyecto por saturar una zona ya llena de hoteles. El discutido hotel ya le resulta incómodo al mismo Consistorio, que el otoño pasado organizó un proceso participativo pagado por el Palau. Del debate vecinal surgió que el hotel no tuviera aparcamiento. La Generalitat ya obligó al arquitecto Òscar Tusquets a reformar el primer boceto por querer derribar dos fincas modernistas.
A finales de julio, Fèlix Millet, presidente del Palau, fue obligado a dimitir al estar investigado por la Fiscalía por un presunto desvío de 2,29 millones de euros. En octubre de 2006, Millet, el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, y el entonces regidor de Urbanismo, Xavier Casas, firmaron un convenio para modificar el Plan General Metropolitano (PGM) que diera vía libre al hotel. El Palau promovió el trámite urbanístico y lo presentó en el plazo de cuatro meses. En julio de 2007 se deshizo de las fincas.
Daniel Jiménez Schlegl, abogado de los vecinos y de Barcelona Vella, ha preparado una batería de medidas judiciales contra el proyecto: un contencioso contra Patrimonio -ya presentado- y otro contra la modificación del PGM. Posiblemente impugnará el convenio. "Está claro que no había ningún interés público y que toda la operación es especulativa. Con los indicios que hay, nos gustaría que un juez tirara el proyecto atrás", dijo Jiménez.
* ELPAIS.com - À. PIÑOL / L. MORGADES - Barcelona - 14/08/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Vecinos de Getafe se oponen a la ubicación de una gasolinera en El Bercial
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EUROPAPRESS/Madrid* : La asociación vecinal 'Nuevo Bercial-Nuber' se ha opuesto hoy "de manera categórica" a la puesta en marcha de una gasolinera y a un túnel de lavado de coches en medio del barrio, aledaña a un parque y a pocos metros futuro edificio de viviendas, tras serle concedida este verano la licencia de instalación.
Según informó la asociación vecinal, se ha concedido la licencia de la gasolinera a Cepsa en una parcela que se encuentra en medio de nuestro barrio, pegada al parque de las Trece Rosas y a unos 20 metros de un solar que, en el futuro, albergará un edificio de viviendas.
Los vecinos se oponen "frontalmente" a la instalación por la contaminación atmosférica que supuestamente sufrirá la zona, "al emitir al ambiente compuestos orgánicos peligrosos para el ser humano, como el benceno, el tolueno (altamente cancerígeno), el xileno o el plomo".
Además, creen que aumentaría la contaminación acústica de la zona, al tener un túnel de lavado, el aumento del tráfico rodado --incluso de camiones--, y los riesgos de explosión o fuego y contaminación a los numerosos pozos de agua del subsuelo con los que cuenta la zona y que, inclusive, dan servicio de uso doméstico.
"Existen estudios que han concluido que los niños que viven cerca de gasolineras, tienen cuatro veces mayores posibilidades de desarrollar leucemia aguda que aquellos que vivían lejos de estos establecimientos. Y el riesgo fue incluso mayor en niños con leucemia aguda no linfobástica, que presentaron siete veces mayores posibilidades de sufrir la patología", señaló la asociación 'Nuevo Bercial-Nuber'.
Los vecinos entienden que la puesta en marcha de esta gasolinera es "una grave irresponsabilidad política" y critican que la Junta de Compensación del Bercial y el Ayuntamiento de Getafe "prioricen los intereses económicos por encima de los intereses sociales". Así se lo han hecho saber mediante escritos y de forma verbal en varias ocasiones al alcalde de Getafe, Pedro Castro y al concejal de Urbanismo, "haciendo caso omiso a la petición".
Además, aseguran que la instalación de la gasolinera "choca frontalmente" con las declaraciones del presidente de la Junta de Compensación del Bercial, "que afirmaba en un periódico local que se había diseñado un barrio 'ecológico'". "La ecología está opuesta a las gasolineras", apostillaron los residentes en la zona.
La asociación vecinal afirma que no es necesaria la instalación de la gasolinera porque en dos kilómetros a la redonda se sitúan otras cinco estaciones de servicio. "Por lo tanto, no existe un interés social, sino económico, por encima de la salud de los vecinos del barrio", indicaron.
Además, criticaron que de manera "casual" los periodos de alegaciones o de informaciones públicas siempre se han hecho en los periodos vacacionales (julio y diciembre de 2007, julio de 2009) "por lo que da la sensación de haber querido hacer pasar inadvertida la instalación de esta gasolinera a los vecinos".
SUPERACIÓN DE LOS LÍMITES DE RUIDO
Por otro lado, la asociación 'Nuevo Bercial-Nuber' apunta que el las mediciones de ruido que se han hecho en la parcela destinada a la gasolinera, en horario nocturno y sin tener aún instalada la gasolinera, han superado los límites permitidos por la ordenanza de ruidos del Ayuntamiento de Getafe. "También podemos comprobar que existe un severo riesgo de contaminar los numerosos puntos de agua que discurren bajo la parcela y que dan servicio de riego, industrial e incluso doméstico", añadió.
"El Estudio de Impacto Ambiental afirma que la gasolinera en funcionamiento tendrá impactos severos por la generación de ruidos y residuos, circulación de vehículos, carga y descarga de combustible, riesgo de incendio y explosión, riesgo de contaminación del suelo y las aguas subterráneas y superficiales y, sobre todo, el impacto sobre la calidad atmosférica, al estar situada la futura gasolinera a 20 metros de una parcela que albergará un edificio de viviendas y un parque público donde juegan niños y pasean los vecinos del barrio y frente al solar que, en el futuro, puede albergar la sede de la UNED", argumentó la asociación vecinal.
El Ayuntamiento de Getafe ha concedido un plazo de 30 días --que acaba los últimos días de agosto-- para ejercer el derecho ciudadano a realizar un Recurso de Reposición contra la licencia de instalación de la gasolinera.
Por todas estas razones, la Asociación vecinal redactará un recurso e iniciará movilizaciones encaminadas a paralizar la construcción de la gasolinera por considerarla "un atentado contra la calidad de vida de los vecinos del barrio".
* Europa Press - 13.08.09
Foto: Getafe (Madrid), ayuntamiento - wikipedia.org
Medio centenar de colectivos denuncia la urbanización de la Vega de Antequera
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LAOPINIÓN/Málaga* : Un total de cincuenta organizaciones, entre ellas agrícolas, ecologistas y comerciantes, han denunciado hoy la pretensión por parte del Ayuntamiento de Antequera de urbanizar más de trece millones de metros cuadrados de la zona de la Vega situada en este municipio malagueño.
El presidente de la plataforma ciudadana "Antequera habitable", José Galán, ha señalado hoy en rueda de prensa que se trata de un modelo "irracional y antieconómico, que deteriora suelos fértiles de primera calidad, por lo que no se puede seguir destruyendo territorios".
Ha añadido que este plan urbanístico es un "escándalo que nos ha conducido a la crisis en la que estamos inmersos actualmente", por lo que pide a la Junta de Andalucía que impida las recalificaciones masivas en la Vega de Antequera, "el mayor espacio agrario de calidad que hasta ahora ha podido salvarse de la urbanización".
Asimismo, Galán ha criticado que proyectos como el AVE atraviesen esta zona agrícola fértil, ya que resulta "mucho menos agresiva" la línea de alta velocidad por el corredor ferroviario actual.
El presidente de la plataforma ha defendido que en el municipio existen zonas "idóneas" para el desarrollo de polígonos industriales como Bovadilla, área de secano en profunda recesión económica, Huerta del Romeral, que dispone de 500.000 metros edificables, y el Cerro de San Cristóbal con más de dos millones de metros cuadrados.
Por su parte, el secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Málaga (COAG),Juan Antonio García Villalba, ha destacado la necesidad de impulsar un nuevo modelo basado en "la diversidad de actividades económica" para potenciar los recursos propios en los espacios de calidad.
"Se ha urbanizado toda la costa de Málaga y ahora también se pretende edificar en tierras fértiles del interior, lo que "influirá negativamente de cara a futuras generaciones", ha aseverado García.
* La Opinión de Málaga - EFE - 13.08.09
Foto: Antequera (Málaga), vega - picasaweb.google.com
Urbanova se rebela contra el olvido
INFORMACIÓN/Alicante* : Socavones en el suelo de la carretera de acceso, agujeros en el paseo de la playa y muros rotos es la estampa que cualquier vecino o usuario de la playa de Urbanova debe ver cada día. La asociación de vecinos de la zona ha convocado una manifestación mañana viernes frente a la Subdelegación del Gobierno para protestar contra la situación en la que viven y se quejan de que se les hayan prohibido otras tres manifestaciones.
Llevamos aquí 24 años y aún no hemos conseguido que arreglen nada", aseguraba ayer indignada una vecina de Urbanova que no faltará a la manifestación de este viernes frente a la Subdelegación del Gobierno para conseguir que arreglen el paseo marítimo y la carretera que va hasta Santa Pola.
Tras la prohibición por parte de la subdelegada, Encarna Llinares, para llevar a cabo las protestas que estaban convocadas para los sábados 15, 22 y 29 de agosto en la carretera de Urbanova y en la rotonda de acceso, los vecinos de este barrio alicantino se manifestarán mañana viernes día 14, de 11.00 a 12.00 horas, en la plaza de la Montañeta frente a la Subdelegación del Gobierno.
Los vecinos y usuarios de la playa piden un nuevo paseo y el arreglo de la carretera de acceso a Urbanova con carril bici, peatonal e iluminación. "La carretera está llena de baches y de agujeros, a veces me da miedo perder el control del coche", señala un vecino mientras su mujer asegura que "nos están tomando el pelo". Según un escrito del presidente de la Asociación de Vecinos de Urbanova, Jesús Gómez, se han enviado cartas a Costas, a la entonces cabeza de partido del PSOE en Alicante Etelvina Andreu, a la subdelegada del gobierno Encarna Llinares, a las dos últimas ministras de Medio Ambiente y a otras tantas entidades oficiales, pero siempre han obtenido el mismo resultado: promesas incumplidas.
Mientras que los escritos enviados a Costas no surtieron ningún efecto, puesto que la asociación de vecinos no obtuvo ninguna respuesta, la cabeza de partido en Alicante del PSOE, Etelvina Andreu, les recibió en una reunión el día seis de julio de 2006. Andreu les pidió una serie de documentos para poder estudiar el caso de Urbanova y la asociación se los envió el día 27 de ese mismo mes. Sin embargo, a partir de ese momento tampoco tuvieron más noticias, ni de ella, que abandonó Alicante por Madrid, ni de sus correligionarios.
Con respecto al Ministerio de Medio Ambiente, tanto la antigua ministra, Cristina Narbona, como la actual, Elena Espinosa, recibieron cartas de la asociación de vecinos de Urbanova explicando la situación en la que se encontraban. Narbona contestó su escrito con otro prometiendo cosas que, según la asociación, jamás cumplió mientras ostentó el cargo de ministra y Espinosa ni siquiera les ha contestado.
Los vecinos están viviendo una situación de impotencia "increíble", asegura otra vecina, "porque vemos que todo lo que hacemos no sirve para nada. Nos toman por el pito del sereno".
Isabel Asensio, que lleva veraneando allí más de 23 años, dice que "esto es de vergüenza, nosotros pagamos impuestos como cualquier barrio de Alicante pero no obtenemos nada a cambio. Estamos abandonados para todo" y a su lado, Charo, otra vecina, afirma que "están listos para cobrar pero no para arreglar nada" y asegura que irán a la manifestación de mañana "a ver si esta vez nos dejan hacerla o nos la vuelven a prohibir".
Pero no son sólo los vecinos los que se quejan por la situación, sino que los turistas también lo hacen. Una pareja de veraneantes madrileños que ve los socavones en el suelo de la carretera no alzanza a entender "cómo pueden tener una zona tan turística como Urbanova de una manera tan descuidada".
Y es que más de la mitad de los transeúntes que caminaban por el paseo y a los que les preguntó este diario, eran turistas que estaban pasando algunos días en esta zona.
Durante la protesta de este próximo viernes, todos aquellos que asistan están convocados a ir con botes, cacerolas y todo lo que haga ruido con el fin, según el cartel informativo de los vecinos de Urbanova, de hacerse oír.
* Información - IRENE G. TEROL - 13.08.09
Foto: Urbanova - diarioinformacion.com
