KAOSENLARED* : Felisa, Camila, Dulia y Albina son cuatro amigas que superaron ya hace tiempo los 80 años. Todas las mañanas y todas las tardes se juntan en el Parque Mendicouague en Santander. Allí hablan, se cuentan sus cosas, se ríen y disfrutan con ello cada día que pasa. Ahora están temerosas de que todo se pueda acabar porque el ayuntamiento de Santander tiene pensado construir un aparcamiento subterráneo en los terrenos donde se encuentran los bancos en los que ellas se sientan desde hace muchos años.
Este Parque público, logro de antiguas reivindicaciones vecinales, se encuentra amenazado por la posible construcción de un aparcamiento subterraneo con varias plantas en su interior..
Este vídeo es un pequeño reflejo de la inquietud y el malestar, de unas personas octogenarias, que ven peligrar su entorno y su merecida tranquilidad, en definitiva su calidad de vida.
Un faraónico y caciquíl proyecto de carácter mercantilista, encabezado por un alcalde y su equipo de gobierno, que no tiene otro fín que la especulación de un suelo público.
Para ver el vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=MM38qROpW1s
* Gabriel Escribano - Asociación Cívico Vecinal Parque Mendicouague
* Kaos en la Red - Gabriel Escribano | Asociación Cívico Vecinal Parque Mendicouague - 7.07.09
Foto: Santander, parque Mendicouague - kaosenlared.net
Parque de Mendicouague, Santander - Una llamada a la coherencia
Almuñécar: Benavides tiene pendientes 65 contenciosos
LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, acaba de ser condenado a 28 meses de cárcel y a otros 28 de inhabilitación especial por un delito de coacciones cometido contra la empresa adjudicataria de la televisión municipal en 2004. No deja de resultar curioso que esta última sentencia judicial, que el regidor ha recurrido, se centre en un asunto que nada tiene que ver con el urbanismo, cuando es precisamente la ordenación urbanística la que lo ha llevado más veces a los tribunales.
En la actualidad, Benavides tiene pendientes más de 65 contenciosos administrativos interpuestos por la Junta contra acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sexitano, lo que convierte a Almuñécar en el municipio granadino con mayor número de expedientes en materia de disciplina urbanística. Según fuentes judiciales, la mayoría de los casos (alrededor de medio centenar) se refiere a acuerdos municipales relativos a órdenes de ejecución, proyectos de urbanización o declaraciones de innecesariedad de licencia que infringen el ordenamiento territorial.
Durante la tramitación de estos procedimientos judiciales se ha dictado una quincena de medidas de suspensión cautelar, con la intención de obligar al Ayuntamiento a paralizar sus actuaciones para garantizar la finalidad del proceso legal y el interés general. Desde el año 2004, además, se han solicitado al gobierno municipal unas 35 revisiones de oficio de acuerdos municipales que la Junta consideraba contrarios a derecho.
Más enemigos. De todos es conocido el enfrentamiento abierto que Benavides mantiene con la Junta de Andalucía, a la que ha acusado en más de una ocasión de impulsar un "complot" contra su persona. Pero el alcalde sexitano tiene otros muchos frentes abiertos. De hecho, según fuentes cercanas al Ayuntamiento, desde el año 2004 se han presentado más de 220 denuncias contra acuerdos urbanísticos del gobierno local de Almuñécar, y la mayoría tenía detrás a colectivos o particulares, no a la Junta. Lo que sí ha hecho en este tiempo la Consejería de Obras Públicas es realizar más de cien visitas de inspección en el municipio para comprobar la veracidad de esas denuncias interpuestas por terceros, una comprobación que, en algunos casos, ha dado lugar a nuevos trámites judiciales abiertos de oficio por los técnicos de la propia Consejería.
Durante su ´aventura´ como alcalde, la gestión de Benavides también ha sido seguida de cerca por otras administraciones o autoridades, que se han interesado por actuaciones urbanísticas concretas realizadas por el gobierno local sexitano. De hecho, según ha podido saber La Opinión, en los últimos cinco años la Junta ha tenido que emitir más de 15 informes a petición del ministerio fiscal, de los órganos jurisdiccionales o de la Guardia Civil.
A pesar del rosario de contenciosos que arrastra, Benavides continúa en su línea de defender su inocencia y recurrir, unas tras otra, todas las sentencias que se le imponen. Almuñécar, mientras tanto, sigue teniendo el ´honor´ de ser el pueblo granadino con más juicios abiertos por presuntos delitos urbanísticos.
* La Opinión de Granada - M.A.R. - 12-07.09
Foto: almuñecar - motrildigital
Edificaciones rurales en peligro de muerte
LEVANTE/Valencia* : La ciudad tiene más de 300 edificaciones rurales en condiciones deficientes que están abandonadas por sus propietarios y desde la administración no se arbitran planes para recuperarlas y dotarlas de uso público ni tampoco se obliga a los dueños a mantenerlas en debidas condiciones.
Más de 300 edificaciones características de la arquitectura rural, como alquerías, barracas y casas rurales, existentes en el termino municipal de Valencia en suelo urbanizable se encuentran en unas condiciones deficientes.
Los motivos han sido la ausencia de interés de las administraciones para exigir a sus propietarios a mantenerlas en condiciones y en el caso de las destinadas a equipamiento público pocas son donde se han acometido obras desde las instituciones para mantenerlas. La mayoría de los inmuebles se encuentran en un estado de abandono y en riesgo de desaparición si no se interviene.
Las consecuencias directas de esa situación han sido el expolio de materiales en los edificios abandonados; los incendios se han sucedido y las alteraciones en su estructura se han hecho sin control patrimonial alguno. En los últimos meses han tenido lugar incendios en varios edificios históricos sitos en Benicalap y en Sant Isidre sin que desde el ayuntamiento se haya anunciado medida alguna para impedirlos.
El concejal socialista Juan Soto ha sido el último que ha dado la voz de alarma sobre la situación de las edificaciones rurales. Su planteamiento ha caído en saco roto debido a que la respuesta del equipo de gobierno ha sido que "mientras ellos piden planes nosotros rehabilitamos".
La realidad es bien diferente porque los altos costes de las obras han dado lugar a aparcar esos proyectos a la espera de que los privados lo ejecuten o que los dueños lo hagan, como ha sucedido con una en la zona del Camí de Montcada. De las actuaciones directas del consistorio sólo hay una en marcha en unas edificaciones en la calle Santa Rosa rehabilitadas por escuelas taller y sin un obrero en meses y meses hasta hace unos días.
El concejal de Urbanismo, Jorque Bellver, explicaba que "en los últimos años hemos recuperado 20 y otras se declararan Bien de Relevancia Local en la revisión del PGOU con lo cual se darán mayores garantías para su conservación e incrementar el nivel de protección".
Y lo último que se aprobó fue en noviembre de 2008 cuando se encargo a Aumsa la elaboración de un estudio de paisaje que incluya el catálogo rural del término municipal.
La revisión del plan al que hace referencia Bellver incluye las siguientes alquerías como Bien de Relevancia Local (BRL). Estas son la del Rey, en el Parque de Cabecera; la de Fonda, en Poble Nou; la del PI, en Casas de Bárcena; la de San José y el Pino Hermoso, en el Camino Viejo de Godella, la de La Torre, en la ampliación el Parque de Benicalap; la de Ferrer, en el Camino Molino de Campaneta y la de Rocatí en el camino del mismo nombre.
El Consell Valencià de Cultura ha urgido al ayuntamiento a poner en marcha un plan para recuperar el patrimonio que desde la oposición han reclamado y denunciado en diversas ocasiones. Así han puesto sobre la mesa las malas condiciones de más de 60 edificios. Entre ellos figuran la Alquería del Moro y la de Julià, el conjunto de edificaciones de Benicalap Norte o la de Falcó de Torrefiel.
Un ejemplo de la falta de control sobre las edificaciones es la Alquería de Volante de propiedad municipal situada junto al bulevar sur. A principios de 2000 ocurrió un incendio y quedó abandonada pero el equipo de gobierno del consistorio la incluyó como edificio relevante en una oposición.
De las ocho camino de BRL cinco están abandonadas
Ocupadas, incendiadas, puertas destrozadas y tejados en malas condiciones con peligro de hundimiento. Ese es el panorama con el que el ciudadano se encuentra cuando se acerca a cinco de las alquerías camino de la más alta protección. La del Rei, que se encuentra junto al Bioparc, esta abandonada y ha sido ocupada en distintas ocasiones; la de La Torre está junto al parque de Benicalap y está ocupada por familias rumanas y forma parte de la permuta que el Valencia C.F. debe formalizar desde hace años con el ayuntamiento. La tercera edificación es la de Ferrer sita en el Camino de la Campaneta y completamente abandonada. La cuarta es la de Rocatí, en Faitanar, que ya ha tenido varios incendios y la del Pi, en Casas de Bárcena que se ha apuntalado para evitar que se derrumbe. Hasta el momento no existe un plan de recuperación ni tampoco intenciones a corto plazo para rehabilitarlas.
* Levante-EMV - PACO VAREA - 12.07.09
Foto: Edificaciones rurales en peligro de muerte - levante-emv.com
La tensión urbanística en Val Miñor ha provocado asaltos y palizas a concejales
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ELPAÍS/Pontevedra* : Las tensiones urbanísticas, singularmente en Nigrán y Gondomar, han provocado palizas a concejales, quema de coches, la toma por asalto del Ayuntamiento de Nigrán para impedir la aprobación de un planeamiento... ¿Es el Val Miñor sitio distinto?
El clima más soleado, que anima a tomar la calle, y la tradición "guerrera" de Vigo, que germina en el tardofranquismo como un rasgo de talante y se difunde por su área de influencia, convergen para estimular las movilizaciones vecinales de protesta frente a decisiones urbanísticas, en el Val Miñor como en O Morrazo, y podría admitirse como un rasgo sociológico diferenciador. Pero que en ningún caso agota las explicaciones de la realidad.
El Val Miñor, apunta la urbanista Ana Fuentes, se integra en el área desarrollada de Galicia que agrupa al 80% de la población y de la economía autonómicas, vertebrada por la autopista AP-9, que ha introducido cambios muy rápidos en los procesos económicos y sociales. Todas las Rías Baixas están bajo esa impronta, con Sanxenxo como referente alternativo de conflictividad urbanística. "Clasificar esos municipios como rurales marca una disociación con la realidad social y económica que viven y protagonizan. No reconocer el desfase implica que no le vamos a dar solución", afirma Fuentes.
En ese marco general ha incidido en las últimas décadas la especulación salvaje del suelo, que ha movido cantidades ingentes de dinero a la vista de todo el mundo, también de los propietarios del suelo, estimulados así a pedir siempre más, y, cómo no, para pagar la corrupción intachable que menudea, de manera comprobada, entre políticos, funcionarios, asesores y técnicos de la comarca.
El frecuente choque del interés general con los particulares ha levantado chispas y crispaciones como las que se citan, expresiones puntuales que son de una realidad más pesarosa y permanente: las ronchas de feísmo y caos en un territorio de natural bello y armonioso.
* ELPAIS.com - P. C. - Vigo - 12/07/2009
Foto: Val Miñor (Pontevedra) - flickr.com
Proyecto urbanístico del “Nou Mil.leni”, bajo la huerta está el negocio
REBELIÓN* : El urbanismo postmoderno llega a la localidad valenciana de Catarroja, en plena comarca de l’Horta, con el proyecto denominado “Nou Mil.leni”, que prevé la construcción de una ciudad nueva, de 13.446 habitantes, sobre la única zona de huerta que queda en el municipio. Con la ejecución de este proyecto urbanístico, ejemplo de ocupación del territorio en el País Valenciano durante los últimos años, Catarroja pasaría de los 28.000 habitantes con que cuenta actualmente, a cerca de 50.000. La polémica ha acompañado a este plan urbanístico desde su alumbramiento. Y no sólo por estar plagado de “irregularidades urbanísticas”, según denuncia el colectivo Salvem Catarroja, sino por la trayectoria de sus protagonistas: el alcalde de Catarroja, Francisco Chirivella, la constructora Llanera y el Instituto Valenciano de la Vivienda de la Generalitat valenciana (IVVSA).
El “Nou Mil.leni” es el proyecto con el que el municipio de Catarroja identificará a quien ha sido su alcalde durante una década, Francisco Chirivella, del Partido Popular. El primer edil ha llegado hasta el punto de convocar un pleno extraordinario, en el que se votaban dos recursos de particulares contra el “Nou Mil.leni”, a las ocho y media de la mañana; o hacer coincidir el mes de exposición pública para presentar alegaciones, con el periodo vacacional.
A pesar de estas casualidades, el hecho más grave, según las denuncias de Salvem Catarroja, es la utilización “arbitraria” de la policía local contra todo aquél que se oponga al alcalde. De hecho, una orden directa de Chirivella obligó a desmontar una falla que satirizaba su proyecto. El máximo responsable del Ayuntamiento, que ha utilizado las televisiones locales para denigrar a sus críticos, controla con mano de hierro esta institución. Un control que se pone de manifiesto con los listados de personas que la policía local tenía para “cachear” antes de la entrada a los plenos.
La otra pata del negocio es la empresa Llanera, que en octubre del año pasado reconocía ante el juez una deuda de más de 700 millones de euros. La compañía tenía en proyecto 24 urbanizaciones con campo de golf en el litoral mediterráneo, con un sistema bien definido: adquisición de grandes bolsas de suelo rústico –a precio muy barato- para una posterior reclasificación a “residencial”, con el visto bueno de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos). El objetivo final, un modelo de vivienda turística asequible, pensada en buena medida para el mercado británico.
Llanera no era una empresa desconocida para el gran público. Sus campañas de marketing agresivo se reflejaban en el patrocinio (por sumas exorbitantes) del Valencia Club de Fútbol, el Charlton (equipo de la liga de fútbol inglés), la orquesta sinfónica de Xàtiva o los grandes anuncios “monoposte”. Funcionaba como una fábrica del “boom” inmobiliario (a finales de 2006, 736 trabajadores estaban empleados en Llanera sin que existiera en la compañía comité de empresa).
Según fuentes consultadas, el crecimiento de la empresa se acelera vertiginosamente a partir de 1995, cuando Eduardo Zaplana accede a la presidencia de la Generalitat valenciana. El declive de Llanera coincide, asimismo, con el ocaso del político de Cartagena. Las aspiraciones frustradas a la construcción del nuevo estadio de Mestalla, que finalmente Juan Bausita Soler, a la sazón presidente del Valencia; el presidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps; y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, adjudicaron a las Koplowitz y a Construcciones Bertolín, marcaron el final del imperio Llanera.
El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) es una empresa pública de la Generalitat, que tiene como objetivo teórico “facilitar el acceso a una vivienda digna, de calidad y en un entorno habitable a los ciudadanos”. A pesar de esta declaración de principios, el que fuera consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, impulsó en 2005 ocho “empresas mixtas” (en la que el IVVSA participa con empresas privadas) para fomentar, según la declaración de principios, la construcción de VPO. Uno de estos consorcios es IMPROVA, formado por el IVVSA y Llanera con el fin de desarrollar Nou Mil.leni.
La excusa es la vivienda social. Pero, en la práctica, el instituto público se aleja de su finalidad y se embarca en todo tipo de proyectos descabellados. Con el constructor alicantino Enrique Ortiz, el IVVSA forma otra “empresa mixta” para ejecutar el proyecto “Gran Manises”, que consiste en la reclasificación de 1,4 millones de metros cuadrados y la construcción de 9.400 viviendas. O se lanza a la aventura del Plan de la Vega de Cullera (conocido como el Maniatan), que prevé 33 torres de hasta 25 alturas y cinco mil nuevas viviendas.
Otras veces el IVVSA colabora con empresas públicas, como AUMSA (propiedad del Ayuntamiento de Valencia). Las dos entidades controlan el 55% de Cabanyal 2010 SA, encargada de ejecutar la “prolongación” de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar.
Todas estas actuaciones han estado envueltas por una gran polémica. Además de la oposición de colectivos ciudadanos y movimientos sociales, la Comisión Europea impugnó el año pasado las “empresas mixtas” y pidió su disolución por no respetar las directivas en materia de contratación pública. Lo mismo hizo el Síndic de Comptes, al determinar que había quedado “sin contenido” el objeto social de las empresas.
Dos personajes –principal y subalterno- sobresalen en este panorama de desmanes urbanísticos. El consejero Rafael Blasco, que pasó del FRAP en tiempos de la dictadura franquista, a responsable de las políticas urbanísticas con el PSOE y, más tarde, con el PP; y su mano derecha, el ex gerente del IVVSA, José Fermín Doménech, premiado por su gestión al frente del instituto público con el cargo de director general de la Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente, y después como responsable de la empresa municipal Nuevos Espacios de Torrent.
Un programa urbanístico bajo sospecha
En mayo de 2009 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana suspendió de manera cautelar el programa “Nou Mil.leni”, al considerar que no se acreditaba la suficiencia de agua para las nuevas edificaciones. Un mes después, otro auto del (TSJ) confirmó la paralización, esta vez, por incompatibilidad entre ocupación de suelo prevista y criterios de sostenibilidad ambiental.
Pero los autos judiciales son sólo algunos de los elementos que hacen del “Nou Mil.leni” un programa urbanístico bajo sospecha. En diciembre del año pasado, el alcalde de Catarroja convocó -en día y hora que no invitaban demasiado a la participación- un pleno extraordinario en el que se aprobó un aumento de las cesiones por parte de los propietarios de terrenos a las empresas promotoras, Llanera y el IVVSA. Desde algunos sectores se ha interpretado esta medida como un intento de dar respiración asistida a una empresa como Llanera, actualmente en suspensión de pagos.
Si de algo no cabe duda es que este proyecto implica una ciudad nueva y un nuevo modelo urbanístico para Catarroja. Por esta razón resulta inexplicable la aprobación del “Nou Mil.leni” por parte del Ayuntamiento y la Consejeria de Medio Ambiente sin que antes se revisara el Plan General del municipio, como han denunciado Salvem Catarroja y la oposición municipal.
* L'Accent
* Rebelión - L'Accent - 7.07.09
Benalmádena: La Audiencia ratifica los ocho años de inhabilitación para Bolín por delito urbanístico
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SUR/Málaga* : Si, tal y como ha anunciado en varias ocasiones, Enrique Bolín tiene intención de volver a la política e incluso presentarse a las municipales de 2011, de momento va a tener que ir aparcando esta idea. La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el recurso presentado por el ex alcalde de Benalmádena contra la condena de ocho años de inhabilitación como cargo público y una multa diaria de 20 euros durante un año por un delito contra la ordenación del territorio en la concesión de una licencia en una parcela de La Leala Norte en diciembre de 2004.
De esta forma, la sentencia dictada en noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga es firme, si bien Bolín ha vuelto a recurrir, esta vez ante el Tribunal Constitucional, alegando que se han vulnerado sus derechos.
El motivo de la denuncia contra el ex regidor independiente por parte de la Junta de Andalucía tiene su origen en la autorización de dos licencias de obras a una entidad mercantil para la construcción de 46 viviendas y aparcamientos en esta zona de Arroyo de la Miel. El proyecto contemplaba la creación de un edificio en una parcela anexa al colegio La Leala donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo permite viviendas unifamiliares. Todo ello, pese a los informes desfavorables del arquitecto y del aparejador municipales, que recogían la necesidad de aportar al expediente la modificación del PGOU para el aumento de la edificabilidad y el estudio de detalle para estar dentro de la legalidad.
Las obras, finalizadas
Sin embargo, no fue hasta febrero de 2006 cuando el Ejecutivo autonómico denunció los hechos ante la Fiscalía, después de haberlo puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Para entonces, el edificio ya estaba construido.
Este periódico contactó ayer con Bolín -se encontraba fuera del país-, quien se limitó a reconocer la desestimación del recurso. Pese a ello, insiste en defender su inocencia.
Durante el juicio celebrado en octubre de 2008, el Ministerio Fiscal acusó al ex alcalde por un delito contra la ordenación del territorio al autorizar la licencia «a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística». Además, recalcó que la modificación de elementos necesaria se hizo tras conceder la licencia, descartando «la buena fe» del acusado. Por su parte, la defensa ha mantenido que la operación fue «amparada por el Pleno y los informes técnicos», por lo que aseguraron que, en todo caso, pudo haber «un desfase procedimental administrativo», pero no un delito.
* SUR - 11.07.09 -
FRANCISCO JIMÉNEZ
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
Callosa: El TSJ anula la adjudicación de un PAI para construir 2.000 viviendas y un campo de golf
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal de Justicia de la C.Valenciana ha anulado el acuerdo plenario del 24 de enero de 2006, en el cual se adjudicaba a la empresa "Miragolf" el PAI Anibits-Margequivir, que contempla la urbanización de dos millones de metros cuadrados en el linde con el término municipal de Altea, en la Sierra de Bernia. El fallo del TSJ considera que el PAI fue adjudicado antes de estar aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, instrumento en el que debe basarse el desarrollo urbanístico.
La demanda fue interpuesta por Juan Bautista Sellés contra el acuerdo del pleno al considerar que el Ayuntamiento incurrió en una irregularidad ya que, considera, "no se puede condicionar el acuerdo para adjudicar el PAI, a la futura aprobación del PGOU", así como que con este acuerdo plenario se pretendía "huir de la aplicación de la Ley Urbanística Valenciana", normativa que fue aprobada a los pocos días de la adjudicación, según indica la sentencia.
Por su parte, el alcalde del municipio, Bautista Saval, señaló que está preparando una propuesta para el pleno municipal sobre la aceptación de la sentencia que anuló el acuerdo plenario, y una vez hecho este trámite volverá a pasar por el pleno la aprobación y adjudicación del citado plan urbanístico.
Este PAI es el más importante de los que se contemplan en el PGOU de Callosa, ya que prevé la urbanización de dos millones de metros cuadrados de suelo en la zona de la Sierra de Bernia, en la partida de Margequivir, con una inversión superior a los mil millones de euros. Esta inversión obedece a que el plan urbanístico contempla la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de gran lujo y unas dos mil viviendas, según precisó el primer edil.
Saval destacó que el plan urbanístico cuenta con todos los informes favorables y está a la expensa únicamente de que el pleno proceda a su aprobación y vuelva a adjudicarlo.
* Información - V. ZARAGOZA - 10.07.09
Foto: Callosa d'En Sarrià (Alicante), ayuntamiento - turiscam.gva.es
Los 31 alcaldes de La Axarquía exigen cambiar la ley urbanística
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ELPAÍS/Málaga* : La solución a las más de 10.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en La Axarquía puede resultar tan sencilla como cambiar la ley. Es decir, en lugar de sancionar o modificar lo que es ilegal, variar la norma para que deje de serlo. Así lo piensan los 31 alcaldes de la comarca, sin distinción de color político, que el pasado miércoles aprobaron por unanimidad una moción en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental en la que se insta a la Junta a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Los alcaldes quieren un reglamento que contemple la particularidad de la zona y permita en ciertos casos viviendas diseminadas en el suelo no urbanizable y modificar también el Plan de Ordenación del Territorio.
Es la misma batalla que los alcaldes de la zona ya plantearon durante la elaboración de la LOUA, que entró en vigor en enero de 2003. Los alcaldes justifican su petición ahora en dar "garantía jurídica a los ciudadanos propietarios de las viviendas ahora fuera de ordenación y para establecer un marco jurídico unitario de aplicación por parte de los responsables municipales".
Y es que los alcaldes axárquicos se quejan de que ha habido un marco normativo "disperso y cambiante", que reprochan a la Junta, y que ha obstaculizado la planificación urbanística del los municipios, cuando no ha habido directrices contradictorias.
El portavoz del PSOE en la Mancomunidad, Francisco Muñoz, explica que con la propuesta "no se trata de querer eludir ninguna responsabilidad", sino de paliar una situación de "desconcierto social" por la incertidumbre de muchos ciudadanos sobre el futuro de sus viviendas y la parálisis total de la actividad de la construcción en la comarca. Para propiciar el reimpulso, la mancomunidad ha instado a instituciones públicas y agentes sociales a firmar un pacto social por el urbanismo en la Axarquía.Los alcaldes de La Axarquía buscan casi a la desesperada soluciones al embrollo jurídico por la proliferación de viviendas en el suelo rústico no urbanizable. Una de sus pretensiones es que la cuestión de la legalidad de las licencias de obras para este tipo de construcciones se sustancien exclusivamente en el ámbito de lo contencioso-administrativo, y no en la vía penal, es decir, que se anulen en todo caso las licencias pero que no se consideren una prevaricación, como tipifica el Código Penal.
Al menos 19 munícipes de la comarca están implicados en procedimientos penales por concesión de permisos para construir en suelo no urbanizable o por no haber actuado para impedirlo. Otra cosa son los casos de corrupción en los que un responsable municipal haya podido incurrir en cohecho. En el escrito que los alcaldes del PSOE entregaron hace dos meses al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, con esta petición de no aplicar la acción penal se excluía explícitamente el caso de Alcaucín, donde la Guardia Civil ha destapado una trama de cobro de comisiones y favores urbanísticos presuntamente tejida por José Manuel Martín Alba, que dimitió como alcalde tras ser detenido el 27 de febrero y fue expulsado del PSOE.
En el acuerdo adoptado por la Mancomunidad de la Costa del Sol Oriental se propone la creación de una mesa de diálogo entre ayuntamientos, Junta y Diputación para "buscar soluciones factibles y aplicables con el objeto de solucionar esta situación de desajuste urbanístico, normativo y legal". Lo curioso del asunto es que esta mesa ya se creó en junio de 2008, justamente pocos días después de que los alcaldes firmaran otro acuerdo rechazando la actuación penal y pidiendo el mismo diálogo.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se ha reunido dos veces con los alcaldes, en junio y noviembre de 2008 para abordar el asunto y en ambas dejó claro que no habrá una legalización masiva ni una amnistía. La Junta ha ofrecido a los ayuntamientos un plan de inspección y normalización para identificar caso a caso cada una de las viviendas en suelo no urbanizable y su situación jurídica y urbanística; y abordar las que sean posibles de normalizar y en qué condiciones dentro de los planes de ordenación urbanística que se han de elaborar -ningún municipio del interior tiene plan general-. En principio sólo quedarían fuera de ordenación las que ocupen suelo especialmente protegido. Apenas una decena de municipios ha pedido pedido acogerse a este plan.
Acuerdo unánime
- "Para garantía jurídica de los ciudadanos propietarios de las viviendas ahora fuera de ordenación y para establecer un marco jurídico unitario de aplicación por parte de los responsables municipales, solicitamos a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la adopción de las medidas oportunas que permitan la modificación de la LOUA y su correspondiente desarrollo reglamentario tal y como prevé la propia norma andaluza aprobada hace siete años. Así como acometer las modificaciones pertinentes que se establezcan en la mesa de trabajo propuesta del Plan de Ordenación Territorial de La Axarquía".
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 11/07/2009
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
El Consell impulsó el PAI de Ulibarri en Xilxes con 4 informes en contra
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LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana impulsó la aprobación condicionada del PAI Xilxes Golf, promovido por un empresario imputado en la trama Gürtel junto al presidente del Consell, Francisco Camps, a pesar de que existían 4 informes desfavorables de distintas Administraciones y decenas de objeciones motivadas por el impacto ambiental y patrimonial del proyecto, según los expedientes de la Conselleria de Medio Ambiente.
Xilxes Golf emergió como una inversión millonaria presentada al Consell por la firma UFC que preside de José Luis Ulibarri, hombre de negocios imputado por el juez Garzón en la presunta trama de corrupción que implica a varios empresarios y altos cargos del PP entre los que sobresalen el presidente Camps, el diputado Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell y antigua mano derecha de Carlos Fabra, Víctor Campos.
Los trámites para proponer la aprobación definitiva "condicionada" de este PAI de 1,8 millones de m2 en zona de marjal habían sido aprobados por el ayuntamiento en 2005 y fueron respaldados en mayo de 2008 por la Comisión Territorial de Urbanismo, que ofreció un apoyo a medida con decenas de requisitos previos y escenificó incluso una discrepancia con el vocal del Ministerio de Medio Ambiente.
El organismo de la Generalitat utilizó la mayoría del PP para dar luz verde al proyecto con más de 30 condiciones pese a la existencia de informes negativos del Servicio de Carreteras de la Diputación de Castelló, la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras , la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Júcar. En este último caso, el organismo de Cuenca rechazaba el proyecto urbanístico porque no quedaban garantizados los recursos hídricos que exige la legislación ambiental. Las cuatro resoluciones mencionadas se completan con un informe de la Dirección del Paisaje que advierte sobre "un impacto visual y paisajístico sobre el ámbito de la marjal" y "un efecto barrera", la presión urbanística sobre el humedal y las conexiones del ecosistema con el municipio.
Condicionantes a medida
Las trabas técnicas y ambientales al proyecto eran tales que el Consell tuvo que imponer un listado de 18 condicionantes ambientales para salvar el trámite preceptivo de la Declaración de Impacto Ambiental, aprobada por la conselleria el 20 de mayo de 2008.
Sólo 4 días antes, la Diputación de Castelló que lidera Carlos Fabra había facilitado la tramitación del PAI al rectificar el informe desfavorable de los técnicos alegando la falta de competencias para informar sobre el proyecto "dado que ya no afecta a ninguna propiedad o derecho de esta diputación".
A fecha de hoy, el PAI Xilxes Golf no se ha materializado y duerme sumido en un limbo marcado por el escándalo de la trama Gürtel y un procedimiento judicial que ha tocado el corazón del PP.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 10.07.09
Foto: Xilxes (Castellón), playa - mma.es
La falta de espacio público alienta el vandalismo
PÚBLICO* : Un estudio atribuye la violencia contra los bienes públicos a la exclusión de los jóvenes de las ciudades. Señala que muchos de sus puntos de encuentro se destinan al sector turístico. Turistas agotados en busca de un descanso. Usuarios del Bicing. Pakistaníes vendiendo latas de cerveza. Camareros ahuyentando a los sin techo que piden limosna en las dos terrazas del lugar.
Y agentes de la Guardia Urbana pendientes de que los skaters no rueden por la plaza dels Àngels de Barcelona, donde solían hacerlo hasta que el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) se convirtió en punto de interés turístico. Situaciones similares se viven en el resto de capitales, donde los bares tienen preferencia a las canchas de baloncesto.
La ciudad como mero escenario de intercambio mercantil, progresivamente privada de sus espacios públicos, sometida a una imparable especulación urbanística y cargada de símbolos de poder, constituye el escenario propicio para el vandalismo. Así lo pone de relieve el estudio El vandalismo como fenómeno emergente en las grandes ciudades andaluzas, editado por el Centro de Estudios del Gobierno regional, que detecta un incremento de la violencia juvenil contra bienes públicos y privados.
"Ciudad mercado"
Dicha subida, según el estudio, supone un "claro indicador de exclusión social" derivada de la falta de expectativas que impone a la juventud la llamada "ciudad mercado", cada vez más orientada al turismo en detrimento de la comodidad del ciudadano. En resumen: una juventud sin alternativas de ocio y poco espacio disponible muestra una mayor predisposición a percibir la ciudad como un espacio ajeno contra el que es lícito cometer actos de violencia.
Las conclusiones del estudio del Gobierno andaluz pueden extrapolarse a todas las ciudades neoliberales, según sus responsables. "La ciudad cara, inhóspita y difícil de disfrutar para quien no opta al consumo genera vandalismo", opina Francisco Aix, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla y coautor del estudio, realizado a partir del número de alertas por actos vandálicos comunicadas al 112 y reforzado con entrevistas a policías, bomberos, servicios de emergencias y jóvenes de hasta 30 años realizadas entre 2005 y 2008. En toda Andalucía, se pasó de 574 llamadas al 112 en 2005 a 3.303 en 2008.
Francisco Aix, no obstante, puntualiza que el interés del estudio es fundamentalmente sociológico, ya que la definición cuantitativa del fenómeno es difícil, más aún por la integración en el 112 de llamadas que antes se realizaban a otros números de emergencias, como el 061 y el 062. "Pero sí es evidente", explica, "que los disturbios de 2005 en la periferia de París y su enorme proyección mediática generaron un efecto llamada en todas las ciudades analizadas".
Una voz reputada en el debate sobre la crisis del modelo de ciudad, el urbanista Jordi Borja, señalaba ya en 2001 que el fenómeno actual "no se trata de una crisis de la juventud [...]. Se trata de una crisis de sociedad, que excluye a una parte de los que representan su futuro", señala Borja en el texto La ciudad como desafío, realizado dentro de un proyecto educativo en Gijón.
Contra el poder
Aix y Mario Jordi, investigador y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, sitúan su perspectiva en el contrapunto de la forma de tratar el fenómeno por la mayoría de los medios, que lo presentan como mera violencia ilógica. El estudio señala que "son aquellos elementos del mobiliario urbano que contienen publicidad institucional y simbolizan el poder los que sufren más incidencias", por ejemplo, las marquesinas.
Los colectivos que reivindican mayores espacios públicos aportan múltiples ejemplos de cómo la asfixia urbanística y normativa provoca tensión en el comportamiento de la juventud. La plaza dels Àngels de Barcelona constituye un caso paradigmático. La construcción del MACBA en 1995 convulsionó esta céntrica y popular plaza del Raval. Lugar de reunión de los vecinos y de juego para niños y skaters, se convirtió en una de las rutas más frecuentadas por los turistas.
En 2006, con la aprobación de la Ordenanza Cívica de la ciudad, se prohibió patinar en el lugar. Desde entonces, se suceden a diario las visitas de la Guàrdia Urbana para advertir, multar e incluso requisar los monopatines.
Por ello, no fue casual que en 2006 una manifestación antisistema contra la especulación urbanística acabara en esta plaza. Se produjeron enfrentamientos con los Mossos dEsquadra y la noche dejó la imagen de un manifestante encapuchado arrojando bengalas contra la fachada del museo con un bazoca casero. Tres años después, el Ayuntamiento ha anunciado que, además, colocará mobiliario urbano en este espacio para acabar con los skaters.
Ley antibotellón
En las ciudades andaluzas han sido comunes las movilizaciones contra la ley antibotellón al entender que "restringe la utilización del espacio público", en palabras de Marta Solanas, miembro de la asamblea de la plataforma ciudadana La Calle es de Todos.
El principal punto de rechazo a la ley antibotellón guarda relación con los hechos recogidos en el estudio presentado ayer: la falta de confianza en los jóvenes por parte de los poderes públicos. "¿Cómo es posible que una ley limite, genéricamente, que debe preservarse la pacífica convivencia ciudadana, dejando su definición a la interpretación de las policías locales?", pregunta Marta Solanas. El margen de discrecionalidad que deja la norma ha dado lugar a episodios ridículos, como la multa de 100 euros que la Policía de Sevilla impuso a dos jóvenes por beber refrescos en la calle, según la propia denuncia.
En Madrid, el Ayuntamiento multiplicó por 20 (de 300 a 6.000 euros) las multas por los grafitis el pasado febrero. La edil de Medio Ambiente, Ana Botella, no distingue entre lo que para unos es una forma de ganarse la vida y lo que para otros es suciedad. A su juicio, todo es vandalismo. La razón: el Consistorio gasta anualmente 6 millones en limpiarlos.
Francisco Aix, responsable del estudio andaluz, advierte que la discusión debe tener en cuenta la terminología. "Vandalismo es un término de este lado de la cuerda. Para alguien que hace grafitis, cuando pinta no está haciendo nada malo", señala.
La generación de los padres con miedo
La sobreprotección de algunos padres y las calles llenas de coches y sin espacios públicos han creado una generación de niños que algunos sociólogos y medios de comunicación británicos han tildado de “street stupids”. Es decir, chavales que no saben lo que es caerse de un columpio, perderse o pelearse por un balón. Su ocio lo reparten entre la televisión y las videoconsolas, confinados en las habitaciones de sus casas. “Un poco de peligro y de incertidumbre es bueno para los niños. Además, con el incremento de la obesidad infantil, los beneficios de jugar en la calle son obvios”, señala uno de los varios artículos que el diario ‘The Independent’ ha dedicado a este asunto. Desde las páginas de este periódico proponen un juego al lector: “Toma unos cuantos segundos para recordar cuál era tu lugar favorito de juegos cuando eras un niño. ¿Dónde estaba este lugar especial? ¿Cómo era? ¿Cómo olía? Seguro que estaba en la calle. Al margen de los adultos. Y era un lugar salvaje, sucio, con bastantes posibilidades de ser un poquito peligroso...”. “Un recuerdo que, de no cambiar las cosas, no tendrán ya las próximas generaciones de adultos”, concluye.artículo.
* Público - P.F. / Á.M. / A.M.V. / P.R. - SEVILLA / BARCELONA / MA - 10/07/2009
Foto: Un joven corre sobre una de las fuentes de la Alameda de Hércules, convertida en símbolo de la lucha por la democratización del espacio público en Sevilla. - LAURA LEÓN, publico.es
Los vecinos de la Cañada dispuestos a formar un municipio independiente
ELMUNDO/Madrid* : El portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de La Cañada Real, Miguel Martín Nombela, ha asegurado que estos vecinos están "dispuestos todo" para legalizar su situación, incluso a "independizarse y crear el municipio de La Cañada". "Estamos dispuestos a todo, a pagar al Ayuntamiento por la propiedad y que se pueda legalizar la situación.
Queremos que se pongan sobre la mesa todas las opciones, incluso estamos dispuestos a independizarnos y crear el municipio de La Cañada o, si se nos trata correctamente, no nos importa tampoco ser un barrio e Rivas", ha explicado Martín Nombela en el programa "El Círculo a primera hora" de Telemadrid.
Los vecinos -unos 50.000- piden la "regularización, no sólo de los que llevan más años, sino de todas las personas honradas que hay ahí", ha señalado el portavoz vecinal, tras quejarse de que "nadie" les haya pedido "opinión" en el proceso abierto por las administraciones implicadas para desafectar y reformar la Cañada.
Martín Nombela ha dicho que los vecinos están "desilusionados" porque están viendo el "talante de los ayuntamientos" hacia ellos, sobre todo los de Rivas y Madrid.
"Gallardón dice que son terrenos públicos y que no tenemos ningún derecho. Sin embargo, tenemos la solicitud de agua y luz desde hace más de 20 años y, aunque ningún vecino tiene título de propiedad, se nos ha cobrado algún tiempo el IBI. Además, es un juez quien tiene que decir si tenemos derechos o no, no Gallardón, que calla lo que quiere, como que ha hecho desarrollos que el Tribunal Supremo paralizó. Si no cumple la ley, que no nos venga a dar lecciones a nosotros", ha criticado.
Tras subrayar que "el alcalde de Coslada se está comportando de otra manera", el portavoz ha insistido en que este proyecto lo "tiene que liderar la Comunidad de Madrid" y ha hecho un "llamamiento" a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "para que no nos deje, porque si no, no nos van a dejar ni un metro de terreno y va a haber conflictos", ha advertido.
"Si no lo tutela la Comunidad, este plan está condenado al fracaso", ha aseverado, y ha hecho hincapié en que "sólo una mínima parte de la Cañada son chabolas y drogas" y en que "la mayoría son viviendas unifamiliares y dignas".
Martín Nombela ha negado además que en La Cañada haya un "foco de islamistas radicales".
"Pongo la mano en el fuego. Además, La Cañada está muy vigilada por la Guardia Civil y la Policía, que es lo que queremos porque nos sentimos protegidos de los más marginales de otros sectores", ha manifestado.
* El Mundo - EFE - 10.07.09
Foto: Madrid, derribos la Cañada Real - EFE
Varapalo de la UE a las obras de Puertomayor
LAVERDAD/Murcia* : Las autoridades europeas ha entrado de lleno en el proyecto de Puertomayor, en La Manga del Mar Menor, y considera que las obras de construcción del puerto deportivo y el dragado del canal se han hecho incumpliendo varias directivas y el artículo 126 del Tratado, relativos a la preservación del hábitat y del medio ambiente de este paraje tan singular.
La Comisión de las Comunidades Europeas ha enviado una resolución al ministro español de Asuntos Exteriores para que en un plazo de dos meses el Gobierno de la nación conteste a todas las observaciones detectadas por Bruselas sobre el proyecto, según ha sabido La Verdad.
Al parecer, las evaluaciones de impacto realizadas para autorizar las obras del puerto deportivo no han sido adecuadas, y tampoco se han tomado las medidas necesarias para preservar los valores ambientales de la zona. Puertomayor está paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia a raíz de la denuncia que presentó el Ministerio de Medio Ambiente contra la decisión del Gobierno murciano que autorizó la continuación de las obras.
* La Verdad -
M. BUITRAGO - 9.07.09
Foto: Obras para la construcción de Puertomayor en una foto de archivo | JM. RODRÍGUEZ, laverdad.es
Greenpeace denuncia los 'parques naturales de papel' del Consell
ELPAÍS/Valencia* : Una cosa es la teoría y otra la realidad. O, aplicado a los parques naturales, una cosa son las normas de protección y otra el ladrillo, el hormigón y el cemento, que amenazan la conservación de los entornos más valiosos del territorio valenciano. La Comunidad Valenciana es, para Greenpeace, el lugar de España donde "adquiere pleno significado" esta actitud, que la organización ecologista califica de "parques de papel".
"Las figuras de protección utilizadas no son más que declaraciones formales por parte de la Generalitat", apunta esta entidad en su informe Destrucción a toda costa.
No es que no existan medidas de protección, es que no son efectivas. La Administración valenciana "ha firmado una serie de documentos con unos mapas con sus polígonos de protección del área" y los argumentos que justifican estas elecciones. Además, el Consell presume de haber declarado numerosos parques naturales. De esta forma, de las 2.330.500 hectáreas de superficie, un 9,4% cuenta con algún tipo de salvaguarda medioambiental. La defensa formal del litoral es aún superior. De los 538,4 kilómetros de franja costera, hay 111 que se encuentran bajo alguna figura de preservación del entorno, ya sea autonómica o medioambiental, lo que representa "un aceptable 20,8%".
Pero Greenpeace pide algo más: un compromiso real con el medioambiente. Declarar un parque natural debe llevar aparejado asumir la protección de ese entorno a través de instrumentos eficaces. Y, para la entidad ecologista, esto no sucede, por lo que sobre los parques "pesan numerosas afecciones que amenazan la conservación de estos espacios".Greenpeace no sólo destaca a la Comunidad Valenciana entre las autonomías que sólo protegen formalmente sus espacios naturales. El territorio valenciano también encabeza la lista en el número de casos de corrupción urbanística registrados a lo largo de este año, con un total de 196 y 32 imputados. Por detrás está Andalucía (114 casos y 332 imputados) y Baleares (79 y 25). En toda España, de las 625 personas imputadas, 289 son cargos públicos, desde alcaldes hasta arquitectos municipales.
El informe Destrucción a toda costa, tampoco deja muy bien parada a la Comunidad Valenciana en lo que respecta a la protección de los humedales. La Generalitat tiene catalogadas 48 zonas húmedas que abarcan 45.000 hectáreas y que se encuentran en la zona litoral en el 90% de los casos. A pesar de que "forman un sistema denso y el mejor distribuido de toda Europa", también son "los más amenazados por el urbanismo y la contaminación". Greenpeace destaca el caso de Alicante, donde "se concentran grandes urbes junto a parajes acuáticos protegidos, lo que provoca problemas ambientales como la eutrofización [aporte excesivo de nutrientes al medio acuático que provoca el descenso del nivel de aves]".
El repaso a la salud costera del litoral valenciano por parte de la organización ecologista se detiene en otra cuestión que la ciudad de Valencia conoce bien y que el informe relaciona con un remedio contra la crisis desarrollista y con tintes provincianos. Se trata de la potenciación de los puertos industriales.
"Es sorprendente cómo todos los puertos industriales que plantean una ampliación esgrimen los mismos argumentos de convertirse en el mayor puerto de mercancías de España", apunta el documento, que vincula el tráfico marítimo con "una fuente muy importante de contaminación ambiental". Otra cuestión es la relativa a los puertos deportivos. A pesar de que la Comunidad Valenciana es, después de Murcia, la autonomía donde más ha caído el número de matriculaciones de barcos de recreo (un 26,8%) respecto a 2007, "el Consell impulsa macropuertos convencido de que el sector no se verá afectado por la crisis y de que la construcción de zonas comerciales en las nuevas dársenas creará importantes beneficios económicos". Greenpeace alude a los casos de Dénia y Xàbia, cuya ampliación "ya se tramita", y los de Altea y El Campello, donde se estudia "la creación de nuevas instalaciones".
En Dénia, "hay un proyecto de ampliación para construir 1.000 nuevos atraques y una nueva bocana" y en Altea "se mantiene viva la posibilidad de destinar más de seis millones de euros a 1.214 amarres". Y todo ello, "sin aprobar aún la Ley de Puertos que debe establecer las necesidades reales de nuevos pantalanes".
El colofón del trabajo es el cuestionamiento europeo al modelo urbanístico valenciano. Greenpeace recuerda las denuncias presentadas por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento de la ley urbanística valenciana de dos directivas (sobre adjudicación de contratos públicos de obras, y obras y servicios). No sólo por la antigua Ley de Regulación de la Actividad Urbanística, sino también por su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana, "que permite todo tipo de arbitrariedades, impide la competencia y abre la puerta a la corrupción al otorgar a ayuntamiento y al urbanizador poderes exagerados que no están sometidos a ningún tipo de control".
* ELPAIS.com - JAIME PRATS - Valencia - 09/07/2009
Foto: altea puerto- EA.
Telde: Ultimátum para precintar el centro comercial Las Terrazas
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº6 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado un plazo de cinco días al Ayuntamiento de Telde para ejecute que la orden de suspensión de la urbanización, construcción y apertura del centro comercial de Las Terrazas, en terrenos del Parque Marítimo de Jinámar, según consta en una providencia dictada este miércoles.
En la providencia se insta también al "inmediato precinto" de todas las instalaciones del nuevo y moderno equipamiento comercial y se apercibe al alcalde y concejales responsables de "deducir testimonio a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias" si incurren en un "delito de obstrucción a la Justicia y desobediencia a la autoridad judicial".
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), mediante auto dictado el pasado 17 de abril, ordenó la paralización de las obras de urbanización y de ejecución de los edificios y la apertura del centro comercial del Parque Marítimo de Jinámar, el de Las Terrazas, unas obras que no sólo están terminadas, sino recepcionadas por el Ayuntamiento, con el recinto abierto y con licencia municipal de apertura desde hace meses.
La Concejalía de Urbanismo solicitó una aclaración sobre esta medida cautelar del TSJC para que se le explique el alcance de la resolución y cómo puede actuar para ejecutarla habida cuenta de que las obras que le pide que pare ya acabaron. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6, en la providencia de este miércoles, no admite esta petición del Ayuntamiento de Telde por ser "extemporánea".
El auto de de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, dictado el 17 de abril de 2009, estimó el recurso de apelación que presentaron los denunciantes contra un primer auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria que les denegaba esa medida cautelar de freno de las obras.
Los demandantes son propietarios que alegan que sus terrenos están dentro del Plan Parcial que configuró el Parque Marítimo y que, por tanto, debió incluírseles en su desarrollo.
* La Provincia - ACN PRESS - 9.07.09
Foto: Telde (Gran Canaria), Parque Marítimo de Jinámar - turcon.blogia.com
Desaparece una parte de la histórica Cañada Real Galiana
Después de 25 años de avisos continuados por parte de Ecologistas en Acción* y otros colectivos en defensa de las Vías Pecuarias, las Administraciones públicas se aprestan a destruir una de las Cañadas Reales más importantes de la Red Nacional de Vías Pecuarias. La Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno en Madrid y los Ayuntamientos de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada, se aprestan a hacer desaparecer 14,2 km de la histórica Cañada Real Galiana.
Durante los últimos 25 años ninguna de las Administraciones aludidas ha movido un dedo por evitar la continuada ocupación ilegal de la Cañada Real Galiana. Al contrario, siempre han optado por volver la vista atrás y han ido dejando que fuese ocupada ilegalmente, permitiendo asentamientos de población con recursos económicos y población (la mayoría) carente de recursos para adquirir una vivienda, en una operación premeditada de concentrar a la población marginal (sobre todo inmigrante) en la Cañada para posteriormente justificar su desaparición.
Desde Ecologistas en Acción llevamos 25 años presionando a dichas Administraciones para solucionar el problema: mano dura contra los ladrones que han ido ocupando la Cañada sin necesitarlo (aplicación del Código Penal y la Ley de Vías Pecuarias); y actuación integral para el realojo de la población que ha ido ocupando la Cañada por falta de recursos económicos. Actuación integral que comporta el censo de ocupantes; la búsqueda de realojo en condiciones dignas de dicha población; y el acompañamiento social necesario para la integración de la población inmigrante (árabe, rumana,….) y autóctona, así como acompañamiento educativo y de apoyo a la inserción en el mercado laboral.
Ahora, de buenas a primeras se inventan una norma que desafecta (hace desaparecer) la Cañada Real y la convierte en suelo urbano, con un alto costo económico para dotarla de equipamientos e infraestructuras básicas del territorio (abastecimiento, saneamiento, suministro de energía eléctrica, recogida de basuras, etc.). ¿Quién va a pagar los equipamientos e infraestructuras a lo largo de 14,2 km, para integrar en suelo urbano a miles de viviendas ilegales? ¿El erario público?
Además, la legalización de las edificaciones, por su estructura y grado de precariedad, implicará la existencia de ciudadanos de primera, los que viven en viviendas dignas de los municipios del entorno, y ciudadanos de segunda, los que viven en la Cañada, con viviendas más precarias. Continúa la política de la Administración de segregación y separación por causas económicas y sociales de la población.
La Cañada Real Galiana constituye una de las 9 vías pecuarias más importantes de España, y discurre paralela al Parque Regional del Sureste, conformando una franja colchón de amortiguamiento de impactos de dicho Parque. Además, la Cañada, debidamente tratada configura un espacio para la mejora ambiental (reforestación) y el desarrollo de actividades de ocio y recreo para la población metropolitana: senderismo, cicloturismo, cabalgada, paseos por la naturaleza), en un ámbito necesitado de este tipo de espacios públicos.
De golpe y porrazo, y ante la falta de voluntad política por solucionar de forma eficaz y eficiente la problemática de la ocupación de la Cañada (más de 40.000 personas), todas las Administraciones al unísono tratan de quitarse el muerto de encima convirtiendo en urbano un suelo no urbanizable protegido de gran valor histórico, cultural, ambiental y social, la Cañada Real Galiana.
Atrás quedan las promesas del actual Alcalde de Madrid, en la que aseguró que iba a solucionar este problema en la presentación de la Candidatura de Madrid a las olimpiadas de 2012. Como siempre promesas incumplidas, mentiras continuadas, y lanzamiento de cortinas de humo.
La desafectación de la Cañada Real Galiana en el tramo de los municipios de Coslada, Rivas Vaciamadrid y Madrid, sienta un peligroso precedente, ya que los profesionales de la ocupación ilegal del dominio público se sentirán respaldados por dichas administraciones en la ocupación de nuevas vías pecuarias y otros espacios de dominio público (recordemos que de los 125.000 km de vías pecuarias que hemos llegado a tener en España, hoy día sólo nos quedan 80.000, por procesos similares a los desarrollados en la Cañada Real Galiana).
Desde Ecologistas en Acción se insta a dichas Administraciones a que reconsideren la insensata postura adoptada, y procedan a poner en marcha un auténtico “Programa de Actuación Integral” que posibilite recuperar la Cañada; sancionar a los ocupantes ilegales que poseen recursos económicos y que han robado parte de la Cañada; y proceder al realojo y ayudas sociales, económicas y laborales para la población carentes de recursos económicos, que por necesidad han ocupado dicha vía pecuaria.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 8.07.09
Foto: La Cañada Real Galiana. - Antonio Heredia, elmundo.es
Orihuela: Más de mil casas están sin servicios en la costa y sus dueños urgen soluciones
INFORMACIÖN/Alicante* : El periodo de bonanza de la construcción dejó en Orihuela numerosas urbanizaciones y viviendas cuyos propietarios tienen ahora serios problemas al no poder conseguir la licencia de primera ocupación (antigua cédula de habitabilidad), que tiene que concederles el Ayuntamiento para regularizar su casa.
Son, según las estimaciones del grupo municipal de Los Verdes (LV), hasta 20.000 viviendas y a saber cuántos habitantes que siguen viviendo con luz y agua de obra, que no reciben su correo "porque su domicilio se considera como "diseminado", sin calle ni número", que "tienen que hacer trampas para escolarizar a sus niños", o incluso -y según el portavoz de LV, Monserrate Guillén-, que "no pueden tener una urgencia médica porque nadie les encontraría".
Tampoco pueden votar, asegura LV, ya que no figuran en el censo, aunque "se da la paradoja de que muchos de estos propietarios no han tenido ningún inconveniente para ser incluidos en el padrón municipal y pagar religiosamente sus recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y otros".
Inventario
LV ha lanzado estos días una campaña de recogida de denuncias de las personas afectadas para reunir una especie de inventario y tratar de "buscar una salida que posibilite la regularización de la situación de sus viviendas", y evitar que se vean privados "de sus derechos fundamentales". La iniciativa ya la se llevó a cabo en el año 2003 y dio como resultado varias preguntas en los plenos municipales y denuncias públicas en la legislatura pasada, según recordó el portavoz del grupo municipal.
Los Verdes se pone así a disposición de los vecinos para vehicular sus quejas. En los últimos cuatro días los miembros del partido han detectado en Orihuela Costa, según afirman, "unas mil viviendas sin cédula de habitabilidad en diversas urbanizaciones, lo que elevaría sus previsiones para el total del municipio hasta un número de 20.000".
En Orihuela Costa vive el 32% de los empadronados del término municipal, según los datos del Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Orihuela. Se trata de una de las zonas más afectada por la falta de licencias, en urbanizaciones y residenciales de nueva construcción.
"Incompetencia"
Ante esta situación, el grupo de la oposición responsabiliza a "la incompetencia de nuestro gobierno municipal (PP)" por "consentir a los promotores "amigos" lo que a éstos les interesa". En otras palabras, explica Guillén que se ha permitido "que no se ejecutaran los avales depositados por el promotor para garantizar la ejecución de estos servicios, avales mínimos en bastantes casos". Por ello los vecinos afectados se sienten "doblemente estafados por la falta de implicación del Ayuntamiento en defensa de sus derechos como consumidores", asegura LV.
* Información - ELISA G. BROTONS - 9.07.09
Foto: Una imagen de Orihuela Costa, con decenas de buzones abiertos y sin servicio porque no llega el correo - LOINO, diarioinformacion.com
La costa asolada
PÚBLICO* : El Gobierno ha emprendido una campaña contra los chiringuitos en las playas urbanas pero, para Greenpeace, antes tendría que derribar "chiringuitos de 21 plantas, como el hotel ilegal El Algarrobico", levantado en la periferia del parque natural almeriense de Cabo de Gata-Níjar.
La organización ecologista presentó ayer un informe en el que ha radiografiado 233 áreas protegidas en el litoral español. Su conclusión, según la responsable de la campaña de Costas de la ONG, Pilar Marcos, es que "ni siquiera los espacios naturales protegidos están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado en los últimos años".
Greenpeace denuncia que la mitad de las áreas analizadas, 120, están "acosadas" por el urbanismo, las infraestructuras o la contaminación; diez de ellas especialmente. Además, los ecologistas han detectado "una corrupción urbanística generalizada", con 478 casos registrados en 2009 y 625 imputados. Más de la mitad de ellos son cargos públicos.
El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, cargó ayer contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por "no tener ningún interés en frenar esta situación" y puso como ejemplo la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, elaborada por la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y ahora "abandonada en un cajón" por Elena Espinosa.
La ONG reclama el cumplimiento de la Ley de Costas, olvidada durante dos decenios y resucitada por Narbona, y la demolición de edificaciones ilegales para recuperar el litoral. "Hay un proceso de desmantelamiento de la legislación. ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente?", se preguntó López de Uralde.
Ladrillo en La Albufera
Casi el 21% de los 535 kilómetros de costa de la Comunidad Valenciana está protegido. Sin embargo, para Greenpeace, son “parques de papel”, y el de La Albufera es el mejor ejemplo. A juicio de la ONG, el área, clasificada como Humedal de Importancia Internacional, está “asfixiada” por el urbanismo en municipios como El Saler, El Palmar y Sueca.
El icono del urbanismo atroz
El gran símbolo de la destrucción de la costa en España sigue siendo, un año más, el hotel El Algarrobico, una mole de hormigón levantada a pocos metros de la playa en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Sobre la zona se ciernen otras amenazas, según la ONG, como un proyecto para construir un complejo de siete hoteles, 1.500 viviendas y un campo de golf.
Adiós a la huerta murciana
Entre 2005 y 2008, el cemento ha sepultado el 20% de la huerta murciana, según Greenpeace. Los espacios protegidos tampoco se han salvado. La Sierra de Almenara, Moreras y Cabo Cope, una zona de acantilados con presencia de tortuga mora y águila perdicera, está acosada por los “desmesurados” desarrollos urbanísticos del Ayuntamiento de Lorca, en opinión de la ONG.
El edén submarino de Ibiza
Uno de los mayores organismos vivos del mundo, una planta de ‘Posidonia oceanica’ de 8 kilómetros de longitud, está en peligro. Para la ONG, los lodos contaminados de la ampliación del puerto de Ibiza, las especies invasoras, la presión turística y el buque ‘Don Pedro’, que se hundió en 2007 con 150 toneladas de fuel, han dañado las salinas de Ibiza y Formentera.
Un puerto polémico en Euskadi
Euskadi sólo tiene protegido el 14,2% de su litoral, el porcentaje más bajo de España. Y ocho de estas reservas están amenazadas, a juicio de los ecologistas. En 2008, el Gobierno y el PNV pactaron asignar 9,5 millones de euros de los Presupuestos del Estado de 2009 para la construcción del puerto de Pasajes en los acantilados protegidos de Jaizquíbel.
Golf sobre dunas protegidas
La protección de la que goza el 45% del litoral cántabro es “inadecuada”, según el informe de Greenpeace. El valioso Parque Natural de las Dunas de Oyambre, por ejemplo, presenta desde hace 70 años un campo de golf sobre sus ecosistemas dunares y, a juicio de la ONG, está amenazado por la mejora de la carretera CA-131 y el vertido de las aguas residuales de Comillas.
Fuel sobre un cabo asturiano
Asturias sufre “el acoso del urbanismo al más puro estilo del Mediterráneo”. El Monumento Natural del cabo Busto-Luanco, un espacio importante para aves migratorias y cetáceos, sufre los vertidos de hidrocarburos y la contaminación por lodos con metales pesados procedentes del puerto de Avilés. En su interior, el municipio de Gozón planea construir 17.000 viviendas.
El delta de los vertidos
En Catalunya los números no cuadran, en opinión de los ecologistas. El 58% del litoral está protegido pero, a su vez, el 46,5% de la costa ya está urbanizado. El humedal más importante de la comunidad, el delta del Ebro, refugio de más de 300 especies de aves, es “un punto de alarma” según la Agencia Europea del Medio Ambiente, debido a los vertidos industriales.
Fábrica de pescado protegida
La ONG denuncia que el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha retomado un proyecto para construir una “macropiscifactoría” de 300.000 metros cuadrados, perteneciente a Pescanova, en el cabo Touriñán. La zona, en la Costa da Morte coruñesa, forma parte de la Red Natura 2000, que protege los entornos naturales más valiosos de la UE.
Miles de escándalos en Canarias
En Canarias hay 30.000 expedientes abiertos por delitos medioambientales, 12.000 de ellos relacionados con la construcción, según la ONG. Para la activista Pilar Marcos, el proyectado puerto industrial de Granadilla, parado por la Justicia, es “uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural”, el de las praderas submarinas del sur de Tenerife.
* Público - MANUEL ANSEDE - Madrid - 08/07/2009
Foto: El buque 'Don Pedro' se hundió en 2007 con 150 toneladas de fuel - publico.es
El «informe Auken» destaca la «falta de confianza» en el sistema judicial
LNE* : La resolución de febrero del Parlamento europeo sobre el urbanismo español se basa en un informe realizado por la eurodiputada danesa de Los Verdes / Alianza Libre Europea Margrete Auken, dado a conocer hace varios meses, en el que destaca, entre otros puntos, «que las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente».
También se incluye en el «informe Auken» la «alarmante falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia». Asimismo, considera «necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico se garanticen desde el inicio del mismo, facilitando información medioambiental a los ciudadanos, de forma clara, sencilla y comprensible».
Considera igualmente «que no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, ni por las autoridades competentes, la definición de «interés general», amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles desde un punto de vista medioambiental».
El «informe Auken» carga, sobre todo, contra el desarrollo urbanístico en las costas de Andalucía y del Levante español, y en él su ponente asegura que independientemente de la crisis financiera, «ya antes de los acontecimientos del otoño de 2008, el sector (de la construcción) se encaminaba al desastre».
* La Nueva España - Gijón - J. M. C. - 8-07.09
Bruselas arremete contra la apertura del Segarra-Garrigues
ELPERIÓDICO/Lleida* : La Comisión recuerda que falta un estudio medioambiental y amenaza con sanción. A la Comisión Europea (CE) le ha irritado que el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, inauguraran el domingo un tramo del canal Segarra-Garrigues antes de que Bruselas diga la última palabra sobre las zonas de protección de aves (Zepas).
«Inaugurar el primer tramo tras una respuesta negativa de la CE cuando ambas partes aún no se han sentado a negociar es jugar al hecho consumado», denunció ayer Dimitri Giotakos, miembro del gabinete del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.
La infraestructura «no cuenta con un estudio de impacto medioambiental», señaló a Efe Giotakos, que tachó de «sorprendente» que la ministra Elena Espinosa enviase una carta el 16 de junio donde pedía detener el procedimiento de infracción abierto por la CE, a cambio de tomar las medidas correctoras oportunas.
PROCESO DE INFRACCIÓN /«Hemos confiado en su buena voluntad, hemos detenido el proceso, pero nos han hecho quedar en ridículo», aseguró Giotakos, disgustado porque, al final, el Gobierno español haya autorizado la puesta en marcha del canal. Por todo ello, afirmó el funcionario, es probable que la próxima semana se reabra el proceso de infracción contra España.
El siguiente paso será enviar un dictamen motivado y en caso de no recibir una respuesta en dos meses, se interpondrá un recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitará una multa por incumplimiento de la sentencia que obliga a ampliar las Zepas del Segarra-Garrigues.
EXPROPIACIONES / Horas antes de las afirmaciones de Giotakos, la Generalitat hizo pública la expropiación de nuevos terrenos afectados por las obras del canal en las comarcas del Urgell y Les Garrigues. Un anuncio que los consellers de Agricultura, Joaquim Llena, y de Trabajo, Mar Serna, aprovecharon para asegurar que ni la Generalitat ni el Gobierno habían recibido notificación oficial sobre el malestar causado por la inauguración.
El Ministerio de Medio Ambiente aseguró anoche en un comunicado que el tramo del canal ya en marcha «no tiene ninguna afección» con la zona de protección de aves.
Para quien no fue una sorpresa la irritación de la CE fue para el sindicato agrario Unió de Pagesos. Sus dirigentes ya se ausentaron el domingo del acto de inauguración. En cambio, para los regantes la amenaza comunitaria fue una gran decepción. «Éramos tan felices», dijo el presidente de la comunidad de regantes, Josep París.
* El Periódico - ROSA MATAS - 8.07.09
Foto: ROSA MATAS, elperiodico.com
La juez paraliza la obra de las torres del Canódromo
CANARIAS7/Las Palmas* : Las obras de las torres del Canódromo no podrán seguir adelante. Un auto judicial ordena la suspensión cautelar de la licencia a la que se acogía la empresa constructora para seguir con la obra de la polémica, la segunda que se revisa en sede judicial. La licencia, distinta de la primera ya anulada, fue prorrogada en noviembre.
Un auto judicial dictado el viernes por la titular del juzgado de lo Contencioso número cuatro de la capital grancanaria dispone la «suspensión» de la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de esta ciudad a Realia Business en noviembre de 2006, y prorrogada dos años después. La decisión reconoce los argumentos expresados por la representación legal de la asociación vecinal Avecalta, que mantiene desde hace varios años una auténtica batalla jurídica para impedir que se edifiquen dos torres de quince plantas en una parcela de 1.608 metros cuadrados en la esquina nororiental del parque del Canódromo.
La suspensión de la licencia deberá acarrear la paralización de las obras, una decisión que deberá adoptar el ayuntamiento tan pronto como tenga conocimiento de la resolución judicial. Aunque decidan recurrir el auto, la medida tendrá que ser ejecutada porque el texto reduce las opciones a un «recurso de apelación en un solo efecto» en el plazo de quince días.
La licencia ahora suspendida es distinta de la que ya fue anulada en octubre de 2008, una decisión que fue recurrida entonces por el ayuntamiento. La nueva medida cautelar analiza el permiso con el que la constructora pudo poner en marcha la obra, hasta levantar por completo la primera de las torres y parte de la segunda. Mientras la primera licencia se aprobó en marzo de 2006, la segunda, ahora suspendida, se tramitó como una reforma de la anterior, y entró en vigor ocho meses después, ambas aún bajo el anterior mandato del PP. El recurso de Avecalta se presentó el pasado 17 de junio.
efecto útil. La orden judicial, de hecho, es la primera del amplio expediente judicial del Canódromo que frena una decisión del actual grupo de gobierno (PSOE- Compromiso), que el 5 de noviembre de 2008 concedió la prórroga de la licencia ahora suspendida. Mientras el permiso inicial preveía 121 plazas de aparcamiento y 133 trasteros en la base del complejo, la reforma aumentó a 165 las plazas de aparcamiento a costa de construir sólo 101 trasteros.
La juez interpeta que la medida cautelar propuesta por el abogado Yeray Alvarado, del despacho Díaz de Aguilar, que defiende al colectivo vecinal, «se revela como necesaria para garantizar el efecto útil de la sentencia, pues de no accederse a la suspensión solicitada, se podría consumar la ejecución de unas obras al amparo de una licencia que pudiera resultar ilegal, con la consiguiente necesidad de demolición». El auto tiene en cuenta que la licencia, aunque reformada, ya ha sido declara nula en una sentencia anterior, y que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha decretado antes la nulidad tanto del Plan Especial del Canódromo, como de las determinaciones del Plan General que le daban cobertura.
* Canarias 7 - G.H.M. - 7.07.09
Foto: Gerardo Montesdeoca, canarias7.es
