PÚBLICO* : El Gobierno ha emprendido una campaña contra los chiringuitos en las playas urbanas pero, para Greenpeace, antes tendría que derribar "chiringuitos de 21 plantas, como el hotel ilegal El Algarrobico", levantado en la periferia del parque natural almeriense de Cabo de Gata-Níjar.
La organización ecologista presentó ayer un informe en el que ha radiografiado 233 áreas protegidas en el litoral español. Su conclusión, según la responsable de la campaña de Costas de la ONG, Pilar Marcos, es que "ni siquiera los espacios naturales protegidos están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado en los últimos años".
Greenpeace denuncia que la mitad de las áreas analizadas, 120, están "acosadas" por el urbanismo, las infraestructuras o la contaminación; diez de ellas especialmente. Además, los ecologistas han detectado "una corrupción urbanística generalizada", con 478 casos registrados en 2009 y 625 imputados. Más de la mitad de ellos son cargos públicos.
El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, cargó ayer contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por "no tener ningún interés en frenar esta situación" y puso como ejemplo la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, elaborada por la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y ahora "abandonada en un cajón" por Elena Espinosa.
La ONG reclama el cumplimiento de la Ley de Costas, olvidada durante dos decenios y resucitada por Narbona, y la demolición de edificaciones ilegales para recuperar el litoral. "Hay un proceso de desmantelamiento de la legislación. ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente?", se preguntó López de Uralde.
Ladrillo en La Albufera
Casi el 21% de los 535 kilómetros de costa de la Comunidad Valenciana está protegido. Sin embargo, para Greenpeace, son “parques de papel”, y el de La Albufera es el mejor ejemplo. A juicio de la ONG, el área, clasificada como Humedal de Importancia Internacional, está “asfixiada” por el urbanismo en municipios como El Saler, El Palmar y Sueca.
El icono del urbanismo atroz
El gran símbolo de la destrucción de la costa en España sigue siendo, un año más, el hotel El Algarrobico, una mole de hormigón levantada a pocos metros de la playa en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Sobre la zona se ciernen otras amenazas, según la ONG, como un proyecto para construir un complejo de siete hoteles, 1.500 viviendas y un campo de golf.
Adiós a la huerta murciana
Entre 2005 y 2008, el cemento ha sepultado el 20% de la huerta murciana, según Greenpeace. Los espacios protegidos tampoco se han salvado. La Sierra de Almenara, Moreras y Cabo Cope, una zona de acantilados con presencia de tortuga mora y águila perdicera, está acosada por los “desmesurados” desarrollos urbanísticos del Ayuntamiento de Lorca, en opinión de la ONG.
El edén submarino de Ibiza
Uno de los mayores organismos vivos del mundo, una planta de ‘Posidonia oceanica’ de 8 kilómetros de longitud, está en peligro. Para la ONG, los lodos contaminados de la ampliación del puerto de Ibiza, las especies invasoras, la presión turística y el buque ‘Don Pedro’, que se hundió en 2007 con 150 toneladas de fuel, han dañado las salinas de Ibiza y Formentera.
Un puerto polémico en Euskadi
Euskadi sólo tiene protegido el 14,2% de su litoral, el porcentaje más bajo de España. Y ocho de estas reservas están amenazadas, a juicio de los ecologistas. En 2008, el Gobierno y el PNV pactaron asignar 9,5 millones de euros de los Presupuestos del Estado de 2009 para la construcción del puerto de Pasajes en los acantilados protegidos de Jaizquíbel.
Golf sobre dunas protegidas
La protección de la que goza el 45% del litoral cántabro es “inadecuada”, según el informe de Greenpeace. El valioso Parque Natural de las Dunas de Oyambre, por ejemplo, presenta desde hace 70 años un campo de golf sobre sus ecosistemas dunares y, a juicio de la ONG, está amenazado por la mejora de la carretera CA-131 y el vertido de las aguas residuales de Comillas.
Fuel sobre un cabo asturiano
Asturias sufre “el acoso del urbanismo al más puro estilo del Mediterráneo”. El Monumento Natural del cabo Busto-Luanco, un espacio importante para aves migratorias y cetáceos, sufre los vertidos de hidrocarburos y la contaminación por lodos con metales pesados procedentes del puerto de Avilés. En su interior, el municipio de Gozón planea construir 17.000 viviendas.
El delta de los vertidos
En Catalunya los números no cuadran, en opinión de los ecologistas. El 58% del litoral está protegido pero, a su vez, el 46,5% de la costa ya está urbanizado. El humedal más importante de la comunidad, el delta del Ebro, refugio de más de 300 especies de aves, es “un punto de alarma” según la Agencia Europea del Medio Ambiente, debido a los vertidos industriales.
Fábrica de pescado protegida
La ONG denuncia que el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha retomado un proyecto para construir una “macropiscifactoría” de 300.000 metros cuadrados, perteneciente a Pescanova, en el cabo Touriñán. La zona, en la Costa da Morte coruñesa, forma parte de la Red Natura 2000, que protege los entornos naturales más valiosos de la UE.
Miles de escándalos en Canarias
En Canarias hay 30.000 expedientes abiertos por delitos medioambientales, 12.000 de ellos relacionados con la construcción, según la ONG. Para la activista Pilar Marcos, el proyectado puerto industrial de Granadilla, parado por la Justicia, es “uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural”, el de las praderas submarinas del sur de Tenerife.
* Público - MANUEL ANSEDE - Madrid - 08/07/2009
Foto: El buque 'Don Pedro' se hundió en 2007 con 150 toneladas de fuel - publico.es
La costa asolada
en
9.7.09
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
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2 comentarios :
El derribo de los chiringuitos y el mantenimiento de hoteles y pareados en zonas residenciales construidas en las costas, simboliza la desigualdad imperante a la hora de querer paliar el mal causado. El débil paga las consecuencias, porque no puede enfrentarse a la Administración, siendo el primero en ser sometido sin peligro a una contestación jurídica que lo imposibilite como reacción legítima. Y digo sin peligro porque para ello ha de tener medios cuantificables en dinero que puedan servirle para agotar todas las vías, que no los tiene. En cambio, las grandes constructoras sí que pueden hacer frente a las disposiciones ejecutivas. Ahí, la diferencia. El mal que quiere evitarse se mantiene por falta de coraje político.
Es fácil obtener recalificaciones urbanísticas, comprando terreno rústico a bajo precio. Quien lo compra lo sabe. Y eso es lo que ha pasado. Los Planes Generales de Urbanismo y los de Ordenación Municipal, son aprobados inicialmente por el ayuntamiento respectivo, sin más miras que cualquier tipo de beneficio, luego han de ser aprobados definitivamente por las Comisiones de Urbanismo pertinentes de cada gobierno autonómico. Pero estas ponen el acento en cuestiones técnicas, que pueden ser "solventadas". Para ello requieren documentación al ayuntamiento y este la va remitiendo subsanando carencias. El resultado es el mismo. Sólo es cuestión de tiempo para que el expediente del Plan sea aprobado definitivamente, manteniendo el mal que causa cuando no es tenido en cuenta el efecto medioambiental, que sirve de obstáculo sólo formalmente, para que conste que ha sido estudiado, como requisito. El 95% de los expedientes aprobados no lo tiene en cuenta en el fondo, siendo este el problema que hace necesaria una composición de las Comisiones de Urbanismo, cuyos miembros se involucren no mirando para otro lado o haciéndolo hacia sus bolsillos. Por lo que las competencias deberían ser revisadas recayendo en Comités más éticos en el asesoramiento, cuyo fallo fuera tenido en cuenta.
(Público)
Ayuntamientos sin escrúpulos se ponen al servicio del constructor para recalificar y para descalificar terrenos. Recalifican en sus Planes terrenos rústicos comprados con precio aplazado, utilizando contratos de compraventa abusivos, con condiciones de sometimiento del vendedor al resultado recalificatorio como beneficio sólo para el comprador, para poder producirse la venta. En caso contrario, se produce el desestimiento. Sabe el comprador que el terreno que compra va a ser recalificado, ofreciendo por su compra un precio de finca de secano. En sentido contrario, terrenos que ya son solares, a pesar de no tener tal calificación catastral, son dejados como urbanizables para sólo soportar toda la cesión de dotaciones en sectores de reparto. Estos terrenos son penalizados por no haberse querido vender al precio de rústico. En cualquier caso, existen estafas encubiertas, junto con delitos de cohecho y prevaricación y obtención de información privilegiada, a cambio de dinero. Esa es la realidad que tanto daño ha hecho, y que ha entrado en invernación para resurgir de nuevo, mientras se siga haciendo tan necesaria la especulación de constructores, promotores, alcaldes, secretarios de ayuntamiento y delegados autonómicos, con arquitectos técnicos a los que el paisaje sólo es un cuadro expuesto.
Hay muchos recursos contencioso administrativos en marcha contra Planes de Urbanismo, en su periodo de aprobación inicial sin consideración de alegaciones producidas documentadas y probadas en su pretensión; también hay contenciosos contra aprobaciones definitivas que retoman calificaciones de terrenos apartadas de la realidad. Esto demuestra que el fin es el mismo, pero no sólo en la costa, también en pueblos muy pequeños del interior. Pasan de tener dos mil habitantes a tener quince mil. Ahora esos Planes estan paralizados, no es buen momento. A cambio, se ofrecen alternativas de convertir en subvencionadas la construcción de viviendas que las administraciones denominan de protección pública u oficial. Tambien PAUs residenciales se convierten en industriales para sacarlos adelante en benefifio de quien adquirió el terreno. Esta es la realidad. La Justicia debe hablar, aunque lo haga de tarde en tarde, derribando, si fuera necesario todo lo delictivamente construido. Pese a quien pese, es la esperanza del no aniquilamiento por paletos millonarios, con dinero, mucho dinero, y allegados o afines, clónes en su carácter delictivo.
(Público)
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