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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº6 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado un plazo de cinco días al Ayuntamiento de Telde para ejecute que la orden de suspensión de la urbanización, construcción y apertura del centro comercial de Las Terrazas, en terrenos del Parque Marítimo de Jinámar, según consta en una providencia dictada este miércoles.
En la providencia se insta también al "inmediato precinto" de todas las instalaciones del nuevo y moderno equipamiento comercial y se apercibe al alcalde y concejales responsables de "deducir testimonio a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias" si incurren en un "delito de obstrucción a la Justicia y desobediencia a la autoridad judicial".
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), mediante auto dictado el pasado 17 de abril, ordenó la paralización de las obras de urbanización y de ejecución de los edificios y la apertura del centro comercial del Parque Marítimo de Jinámar, el de Las Terrazas, unas obras que no sólo están terminadas, sino recepcionadas por el Ayuntamiento, con el recinto abierto y con licencia municipal de apertura desde hace meses.
La Concejalía de Urbanismo solicitó una aclaración sobre esta medida cautelar del TSJC para que se le explique el alcance de la resolución y cómo puede actuar para ejecutarla habida cuenta de que las obras que le pide que pare ya acabaron. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6, en la providencia de este miércoles, no admite esta petición del Ayuntamiento de Telde por ser "extemporánea".
El auto de de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, dictado el 17 de abril de 2009, estimó el recurso de apelación que presentaron los denunciantes contra un primer auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria que les denegaba esa medida cautelar de freno de las obras.
Los demandantes son propietarios que alegan que sus terrenos están dentro del Plan Parcial que configuró el Parque Marítimo y que, por tanto, debió incluírseles en su desarrollo.
* La Provincia - ACN PRESS - 9.07.09
Foto: Telde (Gran Canaria), Parque Marítimo de Jinámar - turcon.blogia.com
Telde: Ultimátum para precintar el centro comercial Las Terrazas
Desaparece una parte de la histórica Cañada Real Galiana
Después de 25 años de avisos continuados por parte de Ecologistas en Acción* y otros colectivos en defensa de las Vías Pecuarias, las Administraciones públicas se aprestan a destruir una de las Cañadas Reales más importantes de la Red Nacional de Vías Pecuarias. La Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno en Madrid y los Ayuntamientos de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada, se aprestan a hacer desaparecer 14,2 km de la histórica Cañada Real Galiana.
Durante los últimos 25 años ninguna de las Administraciones aludidas ha movido un dedo por evitar la continuada ocupación ilegal de la Cañada Real Galiana. Al contrario, siempre han optado por volver la vista atrás y han ido dejando que fuese ocupada ilegalmente, permitiendo asentamientos de población con recursos económicos y población (la mayoría) carente de recursos para adquirir una vivienda, en una operación premeditada de concentrar a la población marginal (sobre todo inmigrante) en la Cañada para posteriormente justificar su desaparición.
Desde Ecologistas en Acción llevamos 25 años presionando a dichas Administraciones para solucionar el problema: mano dura contra los ladrones que han ido ocupando la Cañada sin necesitarlo (aplicación del Código Penal y la Ley de Vías Pecuarias); y actuación integral para el realojo de la población que ha ido ocupando la Cañada por falta de recursos económicos. Actuación integral que comporta el censo de ocupantes; la búsqueda de realojo en condiciones dignas de dicha población; y el acompañamiento social necesario para la integración de la población inmigrante (árabe, rumana,….) y autóctona, así como acompañamiento educativo y de apoyo a la inserción en el mercado laboral.
Ahora, de buenas a primeras se inventan una norma que desafecta (hace desaparecer) la Cañada Real y la convierte en suelo urbano, con un alto costo económico para dotarla de equipamientos e infraestructuras básicas del territorio (abastecimiento, saneamiento, suministro de energía eléctrica, recogida de basuras, etc.). ¿Quién va a pagar los equipamientos e infraestructuras a lo largo de 14,2 km, para integrar en suelo urbano a miles de viviendas ilegales? ¿El erario público?
Además, la legalización de las edificaciones, por su estructura y grado de precariedad, implicará la existencia de ciudadanos de primera, los que viven en viviendas dignas de los municipios del entorno, y ciudadanos de segunda, los que viven en la Cañada, con viviendas más precarias. Continúa la política de la Administración de segregación y separación por causas económicas y sociales de la población.
La Cañada Real Galiana constituye una de las 9 vías pecuarias más importantes de España, y discurre paralela al Parque Regional del Sureste, conformando una franja colchón de amortiguamiento de impactos de dicho Parque. Además, la Cañada, debidamente tratada configura un espacio para la mejora ambiental (reforestación) y el desarrollo de actividades de ocio y recreo para la población metropolitana: senderismo, cicloturismo, cabalgada, paseos por la naturaleza), en un ámbito necesitado de este tipo de espacios públicos.
De golpe y porrazo, y ante la falta de voluntad política por solucionar de forma eficaz y eficiente la problemática de la ocupación de la Cañada (más de 40.000 personas), todas las Administraciones al unísono tratan de quitarse el muerto de encima convirtiendo en urbano un suelo no urbanizable protegido de gran valor histórico, cultural, ambiental y social, la Cañada Real Galiana.
Atrás quedan las promesas del actual Alcalde de Madrid, en la que aseguró que iba a solucionar este problema en la presentación de la Candidatura de Madrid a las olimpiadas de 2012. Como siempre promesas incumplidas, mentiras continuadas, y lanzamiento de cortinas de humo.
La desafectación de la Cañada Real Galiana en el tramo de los municipios de Coslada, Rivas Vaciamadrid y Madrid, sienta un peligroso precedente, ya que los profesionales de la ocupación ilegal del dominio público se sentirán respaldados por dichas administraciones en la ocupación de nuevas vías pecuarias y otros espacios de dominio público (recordemos que de los 125.000 km de vías pecuarias que hemos llegado a tener en España, hoy día sólo nos quedan 80.000, por procesos similares a los desarrollados en la Cañada Real Galiana).
Desde Ecologistas en Acción se insta a dichas Administraciones a que reconsideren la insensata postura adoptada, y procedan a poner en marcha un auténtico “Programa de Actuación Integral” que posibilite recuperar la Cañada; sancionar a los ocupantes ilegales que poseen recursos económicos y que han robado parte de la Cañada; y proceder al realojo y ayudas sociales, económicas y laborales para la población carentes de recursos económicos, que por necesidad han ocupado dicha vía pecuaria.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 8.07.09
Foto: La Cañada Real Galiana. - Antonio Heredia, elmundo.es
Orihuela: Más de mil casas están sin servicios en la costa y sus dueños urgen soluciones
INFORMACIÖN/Alicante* : El periodo de bonanza de la construcción dejó en Orihuela numerosas urbanizaciones y viviendas cuyos propietarios tienen ahora serios problemas al no poder conseguir la licencia de primera ocupación (antigua cédula de habitabilidad), que tiene que concederles el Ayuntamiento para regularizar su casa.
Son, según las estimaciones del grupo municipal de Los Verdes (LV), hasta 20.000 viviendas y a saber cuántos habitantes que siguen viviendo con luz y agua de obra, que no reciben su correo "porque su domicilio se considera como "diseminado", sin calle ni número", que "tienen que hacer trampas para escolarizar a sus niños", o incluso -y según el portavoz de LV, Monserrate Guillén-, que "no pueden tener una urgencia médica porque nadie les encontraría".
Tampoco pueden votar, asegura LV, ya que no figuran en el censo, aunque "se da la paradoja de que muchos de estos propietarios no han tenido ningún inconveniente para ser incluidos en el padrón municipal y pagar religiosamente sus recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y otros".
Inventario
LV ha lanzado estos días una campaña de recogida de denuncias de las personas afectadas para reunir una especie de inventario y tratar de "buscar una salida que posibilite la regularización de la situación de sus viviendas", y evitar que se vean privados "de sus derechos fundamentales". La iniciativa ya la se llevó a cabo en el año 2003 y dio como resultado varias preguntas en los plenos municipales y denuncias públicas en la legislatura pasada, según recordó el portavoz del grupo municipal.
Los Verdes se pone así a disposición de los vecinos para vehicular sus quejas. En los últimos cuatro días los miembros del partido han detectado en Orihuela Costa, según afirman, "unas mil viviendas sin cédula de habitabilidad en diversas urbanizaciones, lo que elevaría sus previsiones para el total del municipio hasta un número de 20.000".
En Orihuela Costa vive el 32% de los empadronados del término municipal, según los datos del Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Orihuela. Se trata de una de las zonas más afectada por la falta de licencias, en urbanizaciones y residenciales de nueva construcción.
"Incompetencia"
Ante esta situación, el grupo de la oposición responsabiliza a "la incompetencia de nuestro gobierno municipal (PP)" por "consentir a los promotores "amigos" lo que a éstos les interesa". En otras palabras, explica Guillén que se ha permitido "que no se ejecutaran los avales depositados por el promotor para garantizar la ejecución de estos servicios, avales mínimos en bastantes casos". Por ello los vecinos afectados se sienten "doblemente estafados por la falta de implicación del Ayuntamiento en defensa de sus derechos como consumidores", asegura LV.
* Información - ELISA G. BROTONS - 9.07.09
Foto: Una imagen de Orihuela Costa, con decenas de buzones abiertos y sin servicio porque no llega el correo - LOINO, diarioinformacion.com
La costa asolada
PÚBLICO* : El Gobierno ha emprendido una campaña contra los chiringuitos en las playas urbanas pero, para Greenpeace, antes tendría que derribar "chiringuitos de 21 plantas, como el hotel ilegal El Algarrobico", levantado en la periferia del parque natural almeriense de Cabo de Gata-Níjar.
La organización ecologista presentó ayer un informe en el que ha radiografiado 233 áreas protegidas en el litoral español. Su conclusión, según la responsable de la campaña de Costas de la ONG, Pilar Marcos, es que "ni siquiera los espacios naturales protegidos están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado en los últimos años".
Greenpeace denuncia que la mitad de las áreas analizadas, 120, están "acosadas" por el urbanismo, las infraestructuras o la contaminación; diez de ellas especialmente. Además, los ecologistas han detectado "una corrupción urbanística generalizada", con 478 casos registrados en 2009 y 625 imputados. Más de la mitad de ellos son cargos públicos.
El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, cargó ayer contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por "no tener ningún interés en frenar esta situación" y puso como ejemplo la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, elaborada por la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y ahora "abandonada en un cajón" por Elena Espinosa.
La ONG reclama el cumplimiento de la Ley de Costas, olvidada durante dos decenios y resucitada por Narbona, y la demolición de edificaciones ilegales para recuperar el litoral. "Hay un proceso de desmantelamiento de la legislación. ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente?", se preguntó López de Uralde.
Ladrillo en La Albufera
Casi el 21% de los 535 kilómetros de costa de la Comunidad Valenciana está protegido. Sin embargo, para Greenpeace, son “parques de papel”, y el de La Albufera es el mejor ejemplo. A juicio de la ONG, el área, clasificada como Humedal de Importancia Internacional, está “asfixiada” por el urbanismo en municipios como El Saler, El Palmar y Sueca.
El icono del urbanismo atroz
El gran símbolo de la destrucción de la costa en España sigue siendo, un año más, el hotel El Algarrobico, una mole de hormigón levantada a pocos metros de la playa en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Sobre la zona se ciernen otras amenazas, según la ONG, como un proyecto para construir un complejo de siete hoteles, 1.500 viviendas y un campo de golf.
Adiós a la huerta murciana
Entre 2005 y 2008, el cemento ha sepultado el 20% de la huerta murciana, según Greenpeace. Los espacios protegidos tampoco se han salvado. La Sierra de Almenara, Moreras y Cabo Cope, una zona de acantilados con presencia de tortuga mora y águila perdicera, está acosada por los “desmesurados” desarrollos urbanísticos del Ayuntamiento de Lorca, en opinión de la ONG.
El edén submarino de Ibiza
Uno de los mayores organismos vivos del mundo, una planta de ‘Posidonia oceanica’ de 8 kilómetros de longitud, está en peligro. Para la ONG, los lodos contaminados de la ampliación del puerto de Ibiza, las especies invasoras, la presión turística y el buque ‘Don Pedro’, que se hundió en 2007 con 150 toneladas de fuel, han dañado las salinas de Ibiza y Formentera.
Un puerto polémico en Euskadi
Euskadi sólo tiene protegido el 14,2% de su litoral, el porcentaje más bajo de España. Y ocho de estas reservas están amenazadas, a juicio de los ecologistas. En 2008, el Gobierno y el PNV pactaron asignar 9,5 millones de euros de los Presupuestos del Estado de 2009 para la construcción del puerto de Pasajes en los acantilados protegidos de Jaizquíbel.
Golf sobre dunas protegidas
La protección de la que goza el 45% del litoral cántabro es “inadecuada”, según el informe de Greenpeace. El valioso Parque Natural de las Dunas de Oyambre, por ejemplo, presenta desde hace 70 años un campo de golf sobre sus ecosistemas dunares y, a juicio de la ONG, está amenazado por la mejora de la carretera CA-131 y el vertido de las aguas residuales de Comillas.
Fuel sobre un cabo asturiano
Asturias sufre “el acoso del urbanismo al más puro estilo del Mediterráneo”. El Monumento Natural del cabo Busto-Luanco, un espacio importante para aves migratorias y cetáceos, sufre los vertidos de hidrocarburos y la contaminación por lodos con metales pesados procedentes del puerto de Avilés. En su interior, el municipio de Gozón planea construir 17.000 viviendas.
El delta de los vertidos
En Catalunya los números no cuadran, en opinión de los ecologistas. El 58% del litoral está protegido pero, a su vez, el 46,5% de la costa ya está urbanizado. El humedal más importante de la comunidad, el delta del Ebro, refugio de más de 300 especies de aves, es “un punto de alarma” según la Agencia Europea del Medio Ambiente, debido a los vertidos industriales.
Fábrica de pescado protegida
La ONG denuncia que el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha retomado un proyecto para construir una “macropiscifactoría” de 300.000 metros cuadrados, perteneciente a Pescanova, en el cabo Touriñán. La zona, en la Costa da Morte coruñesa, forma parte de la Red Natura 2000, que protege los entornos naturales más valiosos de la UE.
Miles de escándalos en Canarias
En Canarias hay 30.000 expedientes abiertos por delitos medioambientales, 12.000 de ellos relacionados con la construcción, según la ONG. Para la activista Pilar Marcos, el proyectado puerto industrial de Granadilla, parado por la Justicia, es “uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural”, el de las praderas submarinas del sur de Tenerife.
* Público - MANUEL ANSEDE - Madrid - 08/07/2009
Foto: El buque 'Don Pedro' se hundió en 2007 con 150 toneladas de fuel - publico.es
El «informe Auken» destaca la «falta de confianza» en el sistema judicial
LNE* : La resolución de febrero del Parlamento europeo sobre el urbanismo español se basa en un informe realizado por la eurodiputada danesa de Los Verdes / Alianza Libre Europea Margrete Auken, dado a conocer hace varios meses, en el que destaca, entre otros puntos, «que las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente».
También se incluye en el «informe Auken» la «alarmante falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia». Asimismo, considera «necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico se garanticen desde el inicio del mismo, facilitando información medioambiental a los ciudadanos, de forma clara, sencilla y comprensible».
Considera igualmente «que no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, ni por las autoridades competentes, la definición de «interés general», amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles desde un punto de vista medioambiental».
El «informe Auken» carga, sobre todo, contra el desarrollo urbanístico en las costas de Andalucía y del Levante español, y en él su ponente asegura que independientemente de la crisis financiera, «ya antes de los acontecimientos del otoño de 2008, el sector (de la construcción) se encaminaba al desastre».
* La Nueva España - Gijón - J. M. C. - 8-07.09
Bruselas arremete contra la apertura del Segarra-Garrigues
ELPERIÓDICO/Lleida* : La Comisión recuerda que falta un estudio medioambiental y amenaza con sanción. A la Comisión Europea (CE) le ha irritado que el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, inauguraran el domingo un tramo del canal Segarra-Garrigues antes de que Bruselas diga la última palabra sobre las zonas de protección de aves (Zepas).
«Inaugurar el primer tramo tras una respuesta negativa de la CE cuando ambas partes aún no se han sentado a negociar es jugar al hecho consumado», denunció ayer Dimitri Giotakos, miembro del gabinete del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.
La infraestructura «no cuenta con un estudio de impacto medioambiental», señaló a Efe Giotakos, que tachó de «sorprendente» que la ministra Elena Espinosa enviase una carta el 16 de junio donde pedía detener el procedimiento de infracción abierto por la CE, a cambio de tomar las medidas correctoras oportunas.
PROCESO DE INFRACCIÓN /«Hemos confiado en su buena voluntad, hemos detenido el proceso, pero nos han hecho quedar en ridículo», aseguró Giotakos, disgustado porque, al final, el Gobierno español haya autorizado la puesta en marcha del canal. Por todo ello, afirmó el funcionario, es probable que la próxima semana se reabra el proceso de infracción contra España.
El siguiente paso será enviar un dictamen motivado y en caso de no recibir una respuesta en dos meses, se interpondrá un recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitará una multa por incumplimiento de la sentencia que obliga a ampliar las Zepas del Segarra-Garrigues.
EXPROPIACIONES / Horas antes de las afirmaciones de Giotakos, la Generalitat hizo pública la expropiación de nuevos terrenos afectados por las obras del canal en las comarcas del Urgell y Les Garrigues. Un anuncio que los consellers de Agricultura, Joaquim Llena, y de Trabajo, Mar Serna, aprovecharon para asegurar que ni la Generalitat ni el Gobierno habían recibido notificación oficial sobre el malestar causado por la inauguración.
El Ministerio de Medio Ambiente aseguró anoche en un comunicado que el tramo del canal ya en marcha «no tiene ninguna afección» con la zona de protección de aves.
Para quien no fue una sorpresa la irritación de la CE fue para el sindicato agrario Unió de Pagesos. Sus dirigentes ya se ausentaron el domingo del acto de inauguración. En cambio, para los regantes la amenaza comunitaria fue una gran decepción. «Éramos tan felices», dijo el presidente de la comunidad de regantes, Josep París.
* El Periódico - ROSA MATAS - 8.07.09
Foto: ROSA MATAS, elperiodico.com
La juez paraliza la obra de las torres del Canódromo
CANARIAS7/Las Palmas* : Las obras de las torres del Canódromo no podrán seguir adelante. Un auto judicial ordena la suspensión cautelar de la licencia a la que se acogía la empresa constructora para seguir con la obra de la polémica, la segunda que se revisa en sede judicial. La licencia, distinta de la primera ya anulada, fue prorrogada en noviembre.
Un auto judicial dictado el viernes por la titular del juzgado de lo Contencioso número cuatro de la capital grancanaria dispone la «suspensión» de la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de esta ciudad a Realia Business en noviembre de 2006, y prorrogada dos años después. La decisión reconoce los argumentos expresados por la representación legal de la asociación vecinal Avecalta, que mantiene desde hace varios años una auténtica batalla jurídica para impedir que se edifiquen dos torres de quince plantas en una parcela de 1.608 metros cuadrados en la esquina nororiental del parque del Canódromo.
La suspensión de la licencia deberá acarrear la paralización de las obras, una decisión que deberá adoptar el ayuntamiento tan pronto como tenga conocimiento de la resolución judicial. Aunque decidan recurrir el auto, la medida tendrá que ser ejecutada porque el texto reduce las opciones a un «recurso de apelación en un solo efecto» en el plazo de quince días.
La licencia ahora suspendida es distinta de la que ya fue anulada en octubre de 2008, una decisión que fue recurrida entonces por el ayuntamiento. La nueva medida cautelar analiza el permiso con el que la constructora pudo poner en marcha la obra, hasta levantar por completo la primera de las torres y parte de la segunda. Mientras la primera licencia se aprobó en marzo de 2006, la segunda, ahora suspendida, se tramitó como una reforma de la anterior, y entró en vigor ocho meses después, ambas aún bajo el anterior mandato del PP. El recurso de Avecalta se presentó el pasado 17 de junio.
efecto útil. La orden judicial, de hecho, es la primera del amplio expediente judicial del Canódromo que frena una decisión del actual grupo de gobierno (PSOE- Compromiso), que el 5 de noviembre de 2008 concedió la prórroga de la licencia ahora suspendida. Mientras el permiso inicial preveía 121 plazas de aparcamiento y 133 trasteros en la base del complejo, la reforma aumentó a 165 las plazas de aparcamiento a costa de construir sólo 101 trasteros.
La juez interpeta que la medida cautelar propuesta por el abogado Yeray Alvarado, del despacho Díaz de Aguilar, que defiende al colectivo vecinal, «se revela como necesaria para garantizar el efecto útil de la sentencia, pues de no accederse a la suspensión solicitada, se podría consumar la ejecución de unas obras al amparo de una licencia que pudiera resultar ilegal, con la consiguiente necesidad de demolición». El auto tiene en cuenta que la licencia, aunque reformada, ya ha sido declara nula en una sentencia anterior, y que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha decretado antes la nulidad tanto del Plan Especial del Canódromo, como de las determinaciones del Plan General que le daban cobertura.
* Canarias 7 - G.H.M. - 7.07.09
Foto: Gerardo Montesdeoca, canarias7.es
A la Cañada le quedan 48 horas de vida
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ELPAÍS/Madrid* : Dos días de reflexión. Después de más de 50 años de existencia, las construcciones ilegales de la Cañada Real Galiana, una variada serpentina de 14,2 kilómetros y más de 40.000 habitantes, ya tienen fecha de caducidad. Este martes, la mesa especial constituida por el Gobierno regional, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid, Rivas, San Fernando y Coslada se reunió por segunda y última vez. Se dieron 48 horas para presentar la ley general definitiva que regulará la vía pecuaria.
Un articulado que, en resumen, convertirá un terreno público en uno propiedad de la Comunidad, que, a su vez, dejará a cada consistorio afectado decidir lo que hace con su tramo.
La norma permite la desafección de la Cañada, lo que significa que los terrenos se podrán vender, legalizar, construir, convertir en zona verde... Lo que quieran los ayuntamientos.
El único problema, el desacuerdo que retrasa un par de jornadas el desenlace, es una disposición adicional para que quede fijado en negro sobre blanco que, antes de hacer cualquier cosa, los afectados deben presentar un plan urbanístico y social que contemple qué sucederá con los actuales habitantes. Una petición cuyo sentido último, según fuentes de los asistentes a la reunión, es el de evitar el desorden que supondría un desalojo de esa magnitud en zonas conflictivas. La Delegación del Gobierno y Coslada han sido "la parte de la mesa", según uno de los presentes, que ha solicitado ver ese anexo por escrito antes de dar su aprobación.
Los ediles de Madrid y de Rivas "se fían de la Comunidad y han aceptado los términos en los que ya está redactada la ley". Uno de ellos reconoce que "debe ser un instrumento jurídicamente vago" el que garantice los realojos u otras soluciones que se den a los moradores de la vía. Ninguno de los actores participantes quiso hacer valoraciones oficiales, pidiendo que se aguarde a la solución final para emitir su opinión, aunque ya disponen del documento casi final.
La Delegación del Gobierno no quiso hacer valoraciones. "El modelo está cerrado. Nuestras propuestas se han aceptado. El Ayuntamiento de Rivas y de Madrid y la Comunidad de Madrid estamos de acuerdo. Tenemos que felicitarnos", explicó este martes la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez. Precisamente, el Consistorio madrileño presionó para que se incluyera en la disposición segunda de la ley el previo acuerdo social y urbanístico antes de que los terrenos puedan desafectarse. Y la Comunidad ha aceptado. El Ayuntamiento de Coslada y la Delegación del Gobierno quieren verlo por escrito.
Un portavoz de la Comunidad de Madrid confirmó este martes el principio de acuerdo alcanzado y previó el desenlace final dentro de unas 48 horas o, incluso, a principios de la semana que viene.
Pero la sustancia de lo discutido, lo más relevante del texto que regulará la zona por ley y que ya está redactado, es que la norma dará a los ayuntamientos "los instrumentos urbanísticos necesarios para solventar el problema específico de cada sector". Y lo hará porqué elimina el dominio patrimonial sobre el medieval camino de rebaños, ocupado por viviendas, grandes chalés y chabolas desde finales de los años cincuenta.
Sin embargo, aunque casi todos dan por concluidos los trabajos y consideran que esta es la norma definitiva, sus resultados no se podrán ver hasta dentro de al menos seis meses. La causa es que para que se cumpla con la obligación que marcará la ley de tener un proyecto urbanístico definido antes de hacer nada, se debe concluir el censo completo de la senda. Una tarea que ya comenzó hace algunos meses en colaboración con los técnicos de los municipios, pero que está lejos de concluir.
La complejidad de la norma también se debe a las diferencias que hay entre los tramos. Desde la zona de Coslada, en la que residen familias completamente normalizadas y hay hasta hoteles y restaurantes, hasta el extremo de Valdemingómez, donde está instalado desde 2006 el mayor supermercado de drogas de España, pasando por los sectores de Vicálvaro o Rivas, principalmente habitados por inmigrantes, sobre todo marroquíes.
Todos ellos tendrán que empezar a buscar soluciones.
* ELPAIS.com - DANIEL BORASTEROS / DANIEL VERDÚ - Madrid - 07/07/2009
Foto: Madrid, chabolas de la Cañada Real Galiana - ULY MARTÍN (El País)
Ordenan la apertura de jucio contra el ex alcalde de Zurgena por delito urbanístico
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IDEAL/Almería* : El juez instructor de la causa contra el ex alcalde de Zurgena Cándido Trabalón, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), quienes fueron detenidos en abril de 2008 en el marco de la operación 'Costurero', resolvió incoar procedimiento abreviado al estimar que ambos incurrieron en la comisión de presunta prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, delitos a los que, en el caso del ex edil desde que presentase su renuncia en mayo, suma el de actividad prohibida a los funcionarios públicos.
En el auto dictado el día 19 por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, David Villagrá, al que tuvo acceso Europa Press, se atribuye al ex regidor zurgenero el permitir la obtención de licencias urbanísticas «ilegales» mediante silencio administrativo o haber dado voto favorable para la concesión de licencias de obra mayor y licencias de segregación, sin cumplir requisitos exigidos por la ley.
Señala, en esta línea, la construcción de cinco viviendas unifamiliares en un solar situado en el paraje de Los Menchones y un edificio de tres alturas en el centro urbano del municipio sobre suelo que eran propiedad de su padre por parte de empresas promotoras a las que, al parecer, «se daba trato de favor» y la existencia de «cantidades injustificadas siempre inferiores a 3.000 euros» en cuentas bancarias donde Trabalón figura como titular.
Con respecto a Manuel Tijeras, el auto por el que el juez da traslado al fiscal para que formule escrito de acusación contra un total de 25 imputados entre los que figuran constructores, funcionarios y arquitectos, le vincula a la concesión de licencias en suelo no urbanizable «a sabiendas de que contravenían el ordenamiento jurídico» y, sobre todo, a la expedición de permisos de primera ocupación en viviendas sobre las que pesaban medidas judiciales cautelares de suspensión.
Trabajo «encubierto»
El ex edil de Urbanismo, según se desprende la instrucción incoada en 2008, habría aceptado, asimismo, el uso de un vehículo adquirido por la constructora propiedad de Antonio López para la que trabajaba de forma «encubierta» y habría percibido cantidades de dinero por la concesión de licencias que justificó, al parecer, con informes técnicos preceptivos favorables pero «inexistentes» mientras que Trabalón certificaba antiguedades de viviendas que no existían antes de que él accediese a la Alcaldía. A Tijeras se le imputa junto a dos arquitectos municipales que también fueron detenidos y un técnico del Ayuntamiento un delito de negociaciones prohibidas en funcionarios públicos. En el primer caso, se le achaca el realizar actividades directamente dirigidas a favorecer la obtención de permisos para obras sobre suelo no urbanizable por parte del constructor citado anteriormente, también detenido en abril de 2008 y, por tanto, imputado por delito contra la ordenación del territorio y cohecho.
La actuación al frente de la corporación local zurgenera y el que también fuera primer teniente de alcalde ha arrastrado también a ocho ediles del PA y del PSOE, partido con el que los andalucistas gobernaron en coalición durante el mandato entre 2003 y 2007. El juez considera que todos, a excepción del único concejal con acta del PP, incurrieron en un delito de prevaricación urbanística al emitir voto favorable en pleno a «multitud de licencias en suelo no urbanizable».
Funcionarios
En las diligencias previas de las que ha derivado el auto notificado a las partes el pasado día 22 para la incoación de procedimiento abreviado contra 25 personas por cientos de viviendas irregulares en La Alfoquía, Los Llanos del Peral o Los Menchones figuran imputados hasta cuatro funcionarios del Ayuntamiento que habrían dado cobertura «a sabiendas de que se permitía la construcción en suelo no urbanizable». Además de los dos arquitectos, de los que uno simultaneaba su trabajo con colaboraciones para un estudio vinculado con una promotora investigada, el juez señala a la secretaria del Consistorio, Trinidad Lidueña y a un técnico municipal que ejercía como administrador solidario de la empresa 'New Medina Villas'.
El auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa cita a esta sociedad, encargada de levantar el inmueble de tres alturas en un solar propiedad del padre del primer edil, al desgranar otras como 'Dizu' (propiedad del empresario también arrestado Tomás Zurano) 'Solnor', 'Welcome to Spanish Home', 'Procosona' y 'Colyar', un entramado de empresas que levantaron cientos de viviendas unifamiliares en el término municipal destinadas al emergente y pujante mercado británico.
* Ideal - 08.07.09 -EUROPA PRESS
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net
Greenpeace denuncia que más de la mitad de los espacios naturales protegidos de la costa están amenazados
GREENPEACE* ha presentado hoy la novena edición del informe Destrucción a Toda Costa. Por primera vez en España, se ha analizado el estado de 233 espacios litorales protegidos, repartidos en los más de 8.000 kilómetros de litoral. El informe pone de manifiesto que ni siquiera los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la costa, supuestamente amparados por la legislación, están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años. Más de la mitad, 120, sufren algún tipo de amenaza por urbanismo, infraestructuras o contaminación.
Las cifras del informe constatan cómo el desarrollo inmobiliario ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales insustituibles, acosando al poco territorio virgen que queda en el litoral. Estado y comunidades autónomas son responsables de un desarrollo urbanístico depredador, calificado por el Banco de España como “economía suicida”. Los casos de corrupción urbanística siguen siendo una constante en la práctica totalidad de las comunidades autónomas costeras. El informe también realiza un detallado estudio de los graves problemas de contaminación presentes en el litoral.
"Puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la costa. Pero cuando, años después, descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en 'parques de papel', en papel mojado", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
Andalucía tiene 18 ENP amenazados y el peor ejemplo de destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el Mediterráneo, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y donde se ha construido el hotel ilegal de El Algarrobico.
Asturias es, después de Euskadi, la comunidad autónoma con menos espacios protegidos en la costa. Además, está prevista la creación de hasta 2.500 amarres en su litoral o la construcción de un campo de golf en Gozón, en plena Red Natura 2000.
Cantabria, con cuatro ENP muy amenazados, ocupa el segundo lugar después de la Comunidad Valenciana en el porcentaje de ocupación artificial en los primeros 100 metros costeros. Es paradigmático que siga operativo un campo de golf en el Parque Natural de las Dunas de Oyambre.
Cataluña, con ocho ENP amenazados, tiene en el Delta del Ebro el más claro ejemplo de acoso urbanístico y de infraestructuras a un espacio supuestamente protegido, donde la Agencia Europea de Medio Ambiente ha considerado al Delta como un “punto de alarma” por la contaminación de sus aguas debido a actividades industriales.
La Comunidad Valenciana tiene 21 ENP amenazados por diversos proyectos, como el acoso urbanístico al Parque Natural de La Albufera donde municipios como El Saler, El Palmar o Sueca siguen asfixiando a este humedal.
Euskadi, con ocho ENP amenazados, tiene el porcentaje más bajo de costa protegida de todo el Estado. Y ejemplos como el proyecto de construcción de un puerto exterior de Pasaia en Jaizkibel, que forma parte de la Red Natura 2000, no avalan los argumentos de desarrollo sostenible que esgrime la Diputación de Guipúzcoa.
Galicia, con 17 ENP amenazados aunque, en la teoría, la Xunta reconoce que tiene más de la mitad de su costa protegida. Pero de nada sirve proteger bajo un marco legal si, como en el caso del ENP de la Costa da Morte, se pretende construir una piscifactoría de 300.000 metros cuadrados, en pleno espacio protegido que forma parte de la Red Natura 2000 europea.
En las Islas Baleares hay 14 ENP amenazados. Unos espacios protegidos que sufren una merma diaria en sus valores naturales. Uno de los mayores puntos negros de la historia de Baleares es el proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que representa una gran amenaza al Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera.
En las Islas Canarias 14 ENP están amenazados. En esta comunidad autónoma el proyecto de puerto industrial de Granadilla es uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural.
La Región de Murcia, con siete ENP amenazados en tan sólo 300 kilómetros de litoral. La Región ostenta uno de los peores ejemplos del acoso a la costa virgen, con una reforma en la Ley del Suelo para desproteger el 64% del Parque Natural Cabo Cope-Calnegre (15.000 hectáreas) para la construcción de un complejo turístico.
En el informe también se han analizado las agresiones costeras a los ENP de Ceuta y Melilla. En la Ciudad Autónoma de Ceuta, poco a poco se va urbanizando el ENP de Monte Hacho, y en Melilla, los focos de contaminación y la ampliación del puerto amenazan el ENP de los Acantilados de Aguadú.
Estas son las cifras de amenazas directas o en el entorno de sus límites de protección que se han proyectado o están ejecutándose en los ENP que Greenpeace ha analizado:
(Ver informe original en enlace)
La paralización de muchos avances en materia de gestión costera, como el archivo y el olvido por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa o el abandono de procesos de expropiación de edificaciones ilegales, como el hotel de El Algarrobico (Almería), demuestran la nula política de gestión ante la crisis. Una actitud que intenta obviar la normativa ambiental y relegar el medio ambiente a una segunda división de los problemas estatales.
Greenpeace considera que la política ambiental debe ser prioritaria. Por ello, reclama la puesta en marcha de las siguientes medidas:
El refuerzo de la Ley de Costas ante la crisis económica. Tanto la Administración central como las autonómicas deben garantizar el cumplimiento de esta legislación como apuesta de un futuro sostenible para el litoral.
Un liderazgo claro del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la protección de la costa. El primer paso debe ser retomar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, presentada hace más de un año, en la que el Ministerio no ha trabajado.
La compra de terrenos y la demolición de edificaciones ilegales debe continuar para garantizar la integridad de la costa.
Una actuación contundente, sin arbitrariedades, contra las grandes ilegalidades acometidas en la costa, eliminando las construcciones ilegales, y poniendo freno a la altísima corrupción urbanística.
La elaboración de planes de gestión efectivos que frenen el acoso a los ENP de la costa.
El fin de los vertidos industriales y urbanos que están dañando la calidad de las aguas.
La creación de planes para luchar contra la contaminación por vertidos y accidentes marítimos.
“Greenpeace considera que la defensa de la costa tiene que ser incondicional por parte de las administraciones implicadas, sin rebajas ni excusas. No tiene ningún sentido derribar chiringuitos ilegales en playas urbanas si se sigue manteniendo un hotel ilegal de 21 plantas en la playa protegida de El Algarrobico. Y como El Algarrobico hay muchos otros ejemplos”, concluyó Marcos.
Informe Destrucción a Toda Costa 2009 disponible en www.destruccionatodacosta.com ó www.greenpeace.es
Pdf interactivo en http://www.full-interactive.com/revistas/greenpeace/Destruccion-a-toda-costa/
* Greenpeace - 7.0709
Foto: Greenpeace, informe destrucción a toda costa 2009
Jaén: La plataforma contra la presa denunciará al Ayuntamiento por «manipular informes»
IDEAL* : La Plataforma en Defensa de los Cañones, contraria a la construcción de las presa del río Eliche, llevará a la Fiscalía una denuncia contra el gobierno local, la corporación municipal en pleno, la Agencia Andaluza del Agua, las consejerías de Cultura y Medio Ambiente de la Junta, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ministerio de Medio Ambiente por supuestas irregularidades detectadas en la tramitación de la presa.
La denuncia está «prácticamente ultimada» y se presentará -salvo que todas las administraciones citadas den explicaciones- «antes de final de julio», según ha explicado Manuel Molinos, portavoz de la plataforma.
Molinos hizo ayer públicos dos informes municipales, sobre los que señaló que «están evidentemente manipulados». El primero está firmado el 4 de junio de 2008 por el ingeniero de montes municipal Juan Martín Cabrera, y fue remitido a la Confederación por el concejal de Medio Ambiente, José Luis Cano. El ingeniero afirma que la presa y las obras afectarían «irreversiblemente» a los «valores geomorfológicos de muy alto valor naturalístico». Se asegura que se verá afectada la calidad del agua de las captaciones del Mingo, que la presa dañará «irreversiblemente» un paraje de alto valor paisajístico. El ingeniero afirma también taxativamente que con la normativa en la mano, en los cañones «están prohibidas las obras de desmonte, aterrazamientos, instalaciones turístico-recreativas y toda obra de carácter infraestructural».
El mismo ingeniero firma otro informe de fecha 2 de julio de 2008, menos de un mes después del primero, en que se eliminan todos esos argumentos contrarios a la presa. Fue enviado a la Confederación por la alcaldesa, Carmen Peñalver, el 12 de agosto de 2008. Además de párrafos suprimidos, donde en junio el ingeniero afirmaba que «la presa motivará una intensa degradación ambiental» un mes después opinaba que «podrá motivar». Todo lo que en junio era taxativo, en julio el mismo técnico lo deja en condicional, denuncia Molinos. La alcaldesa le aclara a la Confederación que este informe sustituye al anterior.
La Plataforma hizo ayer público también una nota del jefe de los servicios técnicos municipales, Manuel Ruiz Navarro, en el que se dice que Juan Martín «añade que sobre este expediente ha recibido ya demasiadas presiones tanto de políticos como de funcionarios».
Por todo esto, Molinos afirma que «seguramente se ha cometido un delito», ya que recientemente Ayuntamiento, Junta y Subdelegación del Gobierno manifestaron que mantenían su intención de continuar con la presa. «La causa de la tardanza de los expedientes son estos informes contradictorios. Los técnicos no quieren firmar argumentos en falso», dijo ayer Molinos.
Según Molinos, esta documentación obra desde hace meses en poder de todas las administraciones públicas y grupos políticos sin que hayan actuado en consecuencia. Además, Molinos señala otras irregularidades en la tramitación de la presa: que aún no haya petición de informe a la Consejería de Cultura, que falte el informe del Instituto Geológico y Minero.
Respuesta municipal
El Ayuntamiento respondió a las acusaciones con un comunicado con declaraciones del concejal de Urbanismo, Manuel López, quien asegura que se está trabajando «de mano de los vecinos y las vecinas para llevar a cabo el compromiso que hemos adquirido (...) Nuestro objetivo es la ordenación del territorio que durante tantos años ningún responsable político ha abordado». Según López se están cumpliendo «escrupulosamente» acuerdos firmados en público. Muestra su extrañeza porque si Molinos descubrió irregularidades hace un año no las haya hecho públicas hasta ahora, y añade que el expediente lo forman no sólo los dos informes a los que alude Molinos, sino muchos más y otros que se añadirán próximamente. Y se asegura que el Ayuntamiento está actuando «con la máxima transparencia, en colaboración con las demás administraciones y con los vecinos y vecinas de Jaén» para resolver un problema enquistado desde hace años.
* Ideal - 07.07.09 -JUAN ESTEBAN POVEDA
Foto: La presa de laminación del río Eliche es una de las soluciones planteadas por las administraciones para evitar las riadas en Los Puentes. · Autor: Viva Jaén, andaluciainformacion.es
La censura de Gondomar reactiva la guerra urbanística
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ELPAÍS/Pontevedra* : Dos concejales procesados por cohecho, tras ser sorprendidos cobrando por una recalificación en el plan general de urbanismo que habían vendido, y otros cinco, más el entonces alcalde, Carlos Silva, condenados en otra causa a prisión e inhabilitación por prevaricación urbanística, marcan los precedentes de la moción de censura planteada por los concejales del PP, PSOE y Move Gondomar contra el alcalde Antón Araúxo, del BNG, con el planeamiento urbanístico como cuestión prioritaria que, sin embargo, los promotores de la censura aún no han decidido cómo encarar, según informaron ayer.
Martín Urgal, el candidato a alcalde (PP), Alfonso de Lis (PSOE) y Manuel Núñez Sestelo (Move Gondomar) comparecieron ayer ante los medios de comunicación para anunciar las que serán sus primeras medidas de gobierno, una vez se consume pasado mañana la moción de censura. Lo hicieron en un hotel de Nigrán. Ha sido una semana agitada en Gondomar, con cacerolada diaria contra la moción, y ayer la Guardia Civil vigilaba la entrada del hotel en previsión de altercados.
Varios centenares de vecinos volvieron ayer a recorrer las calles del centro urbano para insistir en el binomio moción =corrupción, que también es la denominación de la plataforma convocante.Lo primero que aprobará el nuevo gobierno de Gondomar será un presupuesto municipal.
El BNG no ha sido capaz de aprobar ninguno, ni siquiera un sueldo para sus concejales.
Para los promotores de la moción resulta "una perversión del juego democrático" que los cinco concejales gobernantes hayan impuesto sus criterios a los otros 12. "Los que mandan están en la oposición", afirman éstos, arrogándose una capacidad demostrada para "obligar" a los nacionalistas "a asumir cuestiones a las que abiertamente se oponen", aunque al mismo tiempo les acusan de no cumplir los acuerdos plenarios que ellos promovieron.
El gobierno nacionalista ha perdido 1,2 millones de euros en subvenciones, según aseguran, y ahora se revisará toda su gestión económica. La moción, dijo el alcaldable, Martín Urgal, es "traumática para todos, para los que salen y para los que entran", pero "Gondomar y los gondomareños" la están urgiendo: por la paralización municipal y, singularmente, del urbanismo, "con cientos de vecinos que no pueden construir su casa".
El nuevo gobierno hablará "con la gente para saber su opinión" en relación con el urbanismo y después decidirá si acometer un plan nuevo o rescatar el "de la corrupción" de 2006. La anterior corporación acordó, antes de las elecciones de 2007, suspender su tramitación "por higiene política". Abría 1,6 millones de metros cuadrados a una urbanización intensiva y José Luis Mosquera, portavoz del gobierno, y Alejandro Alonso, responsable de urbanismo, ya se lo estaban cobrando a los promotores. Ayer se aseguró que "sólo" se había suspendido su tramitación hasta las elecciones municipales, pero la moción aprobada no fija plazos, sino que llanamente "deja sin efecto la aprobación inicial" del plan.
El BNG trató de poner en marcha un nuevo planeamiento, pero la oposición apostaba por recuperar el "de la corrupción" sometiéndolo a la "limpieza" que precise. Ahora no descarta tramitar un nuevo plan, pese a la "declaración de lesividad para los intereses de Gondomar" (por cuanto ya existía el de 2006) que aprobó y que han de sustanciar los tribunales.
Este trasfondo urbanístico ha motivado las movilizaciones de esta semana de la plataforma moción=corrupción, que ayer cerró su marcha con un festival con grupos de la comarca. También se han escuchado todas las noches unas notas sincronizadas de zanfona, como tañido lúgubre, que repartió el siniestro Segundo Grandío para las protestas, en las que han participado vecinos de todos los partidos.
Nada evitará la moción de censura. Sus promotores no se han repartido aún las áreas de gestión, pero en el nuevo gobierno tendrá un papel destacado Carlos Silva, ex alcalde y cabeza de lista del PP, condenado por prevaricación urbanística y cuya candidatura a la alcaldía hizo fracasar, "por estética", la primera tentativa de censurar al BNG.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 05/07/2009
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
Los fiscales anticorrupción de Balears sólo investigan tres casos tutelados por Madrid
ÚLTIMAHORA* : El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tutela de forma directa, a través de la Fiscalía Especial de Anticorrupción, tres investigaciones, de una veintena, que desarrollan en Balears los representantes del Ministerio Público Juan Carrau y Pedro Horrach. Los casos con competencia directa de Madrid son 'Andratx', 'Operación Relámpago' y 'Son Oms', según confirmaron ayer a este diario fuentes judiciales.
El resto son investigadas bajo la dirección del fiscal superior de Baslears, Bartomeu Barceló.
El 'caso Matas', por ejemplo, cuyo eje central es el patrimonio del ex presidente del Govern, también depende de la Fiscalía General del Estado, que se ha negado a conceder una prórroga al cumplirse los seis meses establecidos desde el inicio de las pesquisas. Sobre ese asunto se pronunciará Barceló en los próximos días, aunque Carrau y Horrach pueden impugnar su decisión final.
Carrau y Horrach están adscritos a la Fiscalía de Balears, pero también forman parte de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, que dirige Antonio Salinas, y deben informar periódicamente del desarrollo de las causas en las que intervienen.
Las funciones de la Fiscalía Anticorrupción consisten fundamentalmente en la intervención en los procesos penales por delitos económicos relacionados con la corrupción y en la coordinación de actuaciones de las distintas fiscalías en orden a la prevención y represión de estos delitos. Las tres causas tuteladas por Madrid ('Andratx', 'Operación Relámpago' y 'Sons Oms') están en su recta final de instrucción. En la supuesta corrupción urbanística en el municipio 'andritxol' ya se han celebrado cuatro juicios. El 'caso Son Oms' es investigado en un Juzgado de Instrucción y por la Sala de lo Civil y Penal del TSJB (por la condición de aforado del diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vi cens), mientras que la 'operación Relámpago', abierta desde 2007, se ha subdividido en varias piezas separadas.
Numerosas causas en las que participan Juan Carrau y Pedro Horrach están controladas por Bartomeu Barceló. Entre ellas, destacan los casos 'Ordinas', 'Turisme Jove', 'Dobles ventas', 'Plan Territoral de Mallorca', 'Funeraria', 'Peaje', 'Palma Arena', 'IB3', 'Rodrigo de Santos', entre otros.
La ingente carga de trabajo que acumulan Carrau y Horrach hace prever la adopción de medidas para reforzar la unidad de Anticorrupción en Balears. Incluso, se ha barajado la posibilidad de que otros dos fiscales refuercen la labor de los fiscales anticorrupción de las Islas. El primer 'gran caso' que asumieron Juan Carrau y Pedro Horrach fue la supuesta corrupción urbanística en Andratx, que empezó en 2006 con la detención del ex alcalde Eugenio Hidalgo en la propia sede del Ajuntament.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 7.07.09
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Los juzgados tramitan demandas contra seis planes urbanísticos de Ibi
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INFORMACIÓN/Alicante* : Un juzgado de lo contencioso-administrativo ha abierto un sexto frente contra el urbanismo en Ibi, al haber admitido a trámite una demanda contra otro proyecto de edificación, en este caso de viviendas adosadas en la zona del "Pont de Picó", a la entrada de la población, según ha podido saber este diario. De esta forma, son ya seis los planes urbanísticos impulsados por particulares y avalados por el Ayuntamiento han sido denunciados ante los tribunales.
Este último caso, según las informaciones recabadas, se trata del proyecto de reparcelación del Sector PR 16-17 y 18 del PGOU, que fue aprobado por la junta de Gobierno municipal de 2007, y contra el que ahora se ha presentado un recurso. Esta medida se ha formalizado porque por silencio administrativo el consistorio ibense había rechazado el recurso que se planteó en un primer momento.
La iniciativa ha sido formulada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante por un propietario de terrenos, disconforme con los planteamientos de la reparcelación, que ha sido promovida por la empresa Restour Ilice, SL. Al parecer, según indicaron fuentes municipales, el resto de propietarios ha expresado su conformidad con el planteamiento.
Ante la admisión a trámite de la demanda, el Ayuntamiento ha decidido personarse en el caso como parte interesada, para lo cual ha acordado que un abogado que se encargue de la defensa de sus intereses, en este caso Fernando Román Pastor, según un edicto de la alcaldesa Mayte Parra, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario.
De esta forma, son ya seis los planes de desarrollo urbanístico de Ibi que están en los tribunales, por diversos motivos. El primero fue el de la zona de l'Alamí, en el que sigue existiendo conflicto con los propietarios de terrenos, según las informaciones recabadas. También se ha recurrido el proyecto para Finca Barberá, en el que se pretende construir 350 chalés; en este caso, hubo polémica al contratar el Ayuntamiento a una abogada que está imputada por la UER 13, de la fábrica Picó, a raíz de una denuncia de Toplabi, SL, la firma del plan urbanístico de La Pileta, que igualmente ha sido objeto de un proceso judicial. Por último, está el proyecto para Sant Lucía, que fue descartado por el gobierno del PP después de que se registrara una polémica ciudadana. La zona prevista fue declarada zona verde.
SITUACIÓN
De los 9 millones de Santa Lucía al caso de La Pileta
Entre los seis asuntos que actualmente tramitan los juzgados de lo contencioso de Alicante, el TSJ o las propia salas de Ibi, hay dos que destacan por encima de los demás. Por una parte, está el de Santa Lucía, cuyas repercusiones económicas podrían ser importantísimas para el Ayuntamiento. El consistorio, como se viene informando, descartó construir un edificio de siete plantas y ahora su promotora le reclama 9 millones de euros de indemnización; entre otras razones, se alega la ruptura del convenio existente con anterioridad entre las dos partes. En segundo lugar, está el de La Pileta -técnicamente, Sector NP R-3-, cuyo impacto está siendo político y también económico. El Ayuntamiento lo adjudicó a la empresa Promociones Toplabi, SL, de Ibi, pero posteriormente se desdijo en una decisión que ha sido refrendada por el TSJ. Sin embargo, la propiedad de Toplabi denunció ante los juzgados que había sido objeto de presiones, incluso por parte de técnicos municipales, para que no concurriera a otro plan, en concreto la UER 13. Un aparejador municipal y su esposa -la abogada del Ayuntamiento anteriormente citada- están imputados, junto con otros dos técnicos municipales, que declaran el próximo viernes en el juzgado de Ibi que tramita este caso.
* Información - M. CANDELA - 7.07.09
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es
Los delitos urbanísticos en Sevilla suben casi un 30% en un año
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20MINUTOS* : Alcalá de Guadaíra, Castilblanco, Gerena, El Arahal, La Rinconada... Los delitos urbanísticos son uno de los principales problemas de muchos municipios sevillanos. En sólo un año, la Fiscalía de Sevilla ha visto cómo crecían casi un 30%, pasando de los 198 que hubo en 2007 a los 255 del pasado año.
La mayoría son por «edificaciones levantadas por particulares en parcelaciones ilegales perpetradas en suelo no urbanizable que no es de especial protección». La Fiscalía culpa de esta subida a los ayuntamientos, ya que «su disciplina urbanística es ínfima».
Además, reconoce su sorpresa porque «la situación haya empeorado pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias.
Más delitos en El Arahal
En los delitos contra la ordenación del territorio, la Fiscalía destaca los numerosos procedimientos que afectan a parajes de El Arahal.
Un asunto relevante y que, según la previsión policial, producirá más de 170 atestados por acciones presuntamente delictivas en una zona no urbanizable de 294.883 m2, en la que se han creado 147 parcelas, muchas de las cuales ya tienen edificaciones sin licencia.
También se han tramitado procedimientos contra responsables municipales por prevaricación urbanística.
Los más destacados fueron los de los alcaldes de Castilblanco (por su «absoluta desidia y pasividad» para evitar las cerca de 500 edificaciones existentes en la dehesa Las Minas, de naturaleza forestal); Burguillos (por otorgar una licencia para edificación en contradicción con el planeamiento vigente).
También Morón (por dar licencias ilegales en un polígono industrial); y Lora de Estepa (por autorizar edificaciones en suelo rústico). Ninguno de ellos está en prisión provisional por estos delitos.
Respecto a los delitos que atentan directamente al medio ambiente, la Fiscalía resalta la actuación contra la empresa minera Cobre Las Cruces por la contaminación del acuífero Niebla-Posadas, del que se abastecen diversas poblaciones de la provincia de Sevilla.
También el abierto contra los alcaldes de Morón, «por la tolerancia, falta de control y constante inactividad ante los vertidos tóxicos de las industrias de aderezo de la aceituna» al río Guadaíra; y Guillena, por autorizar un vertedero incontrolado.
* 20 Minutos - JORGE GARCIA. 05.07.2009
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización ilegal - diariodesevilla.es
El palacio de Boadilla enfrenta a los vecinos con la Sociedad de Autores
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ELPAÍS/Madrid* : "No hay por dónde cogerlo". La Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte no está de acuerdo con el proyecto que la SGAE tiene para el edificio y ayer concentró a cerca de 300 vecinos para demostrarlo. Durante la concentración, exigieron la anulación del convenio por el que el palacio pasa a ser de la Sociedad de Autores y pidieron que "se restaure como bien de uso cultural y político".
El palacio del infante don Luis, obra neoclásica de Ventura Rodríguez, pasó a manos de la SGAE en noviembre de 2006 con un contrato de cesión por 75 años. La Sociedad de Autores se comprometió a rehabilitarlo, conservarlo y mantenerlo, con un proyecto de 30 millones de euros. Pero este proyecto no convence a los Amigos del Palacio, que llevan un mes recogiendo firmas en contra. Tienen más de 3.000, y han solicitado también la ayuda del Defensor del Pueblo y del Parlamento Europeo.
"Se olvidan de que el palacio y todo su entorno son un Bien de Interés Cultural", se lamenta la presidenta de la asociación, Paloma Olmedo. "Por eso no pueden segregar espacios ni añadir nuevas construcciones". Olmedo denuncia que "el proyecto añade cubos de cristal en los jardines y otras barbaridades. Hay que preservar la estética del conjunto". La asociación, creada en 2002, no descarta acudir a la vía judicial para denunciar el proyecto. Los socialistas de Boadilla se unieron también a la protesta en la explanada del palacio. "Es un convenio muy cerrado que no hace accesible el palacio para los ciudadanos", opina el portavoz socialista, Pablo Nieto.
* ELPAIS.com - B. JIMÉNEZ - Madrid - 06/07/2009
Foto: Imagen del Palacio de Boadilla. (Diego Sinova), elmundo.es
Cultura salvó una ciudad visigoda de un plan urbanístico como el del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : El Ministerio de Cultura, al que el Tribunal Supremo ha ordenado que emita informes sobre el posible expolio en el conjunto histórico protegido del barrio del Cabanyal, no suele terciar en planificación urbanística. Las competencias que la ley de Patrimonio Histórico le otorga en materia de expolio las ha llevado por el terreno de la dispersión de obras de arte y por el rescate del patrimonio documental o de los tesoros submarinos (como el caso del Odissey).
Una de las raras y recientes excepciones en materia urbanística apuntadas a este diario por el Ministerio de Cultura es el plan de la Vega Baja. Este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Toledo, preveía la construcción de 1.300 viviendas, un hotel y un complejo comercial sobre las ruinas de una ciudad visigoda amparada por la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad.
La presión de organismos internacionales como la Unesco y de las plataformas cívicas y culturales, entre ellas, la Real Fundación de Toledo liderada por Gregorio Marañón, forzaron en 2006 al Gobierno de Castilla-la Mancha a paralizarle al ayuntamiento el proyecto al que inicialmente había dado el visto bueno por su componente social -se construirían viviendas baratas- y condicionándolo a las catas arqueológicas.
El Ministerio de Cultura, aunque tarde, acudió al rescate de la ciudad visigoda y la entonces ministra Carmen Calvo -quien advirtió de que de no haber intervenido el Gobierno Regional lo hubiera hecho el Gobierno- impulsó un convenio para crear un centro de interpretación y un museo donde antes se habían proyectado torres de edificios. El proyecto a día de hoy no termina de cuajar pero las ruinas están intactas y se han declarado Bien de Interés Cultural.
Al barrio de arquitectura popular modernista del Cabanyal esa misma figura de protección le ha servido de poco ante el plan de reforma interior que incluye la polémica prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. El proyecto ha sido ratificado hasta en diez ocasiones por los tribunales. Pese a todo la plataforma Salvem el Cabanyal sigue invocando a la tutela superior del Estado para frenar el derribo de 1.600 casas. El Ministerio de Cultura, de momento, da la callada por respuesta. Sólo apunta que su potestad es "muy limitada" porque "las competencias están transferidas". Más de veinte días después de la sentencia del Supremo, el ministerio no aclara en qué punto se encuentran los informes. Mientras, los derribos en el BIC siguen. El intento del PSPV de forzar en el último pleno a Rita Barberá a parar los derribos entretanto llega el informe de Cultura fracasó.
Interés social o valor patrimonial
El plan de ordenación municipal (POM) Vega Baja se remonta al año 2000. Dos años antes se aprobó el plan especial (Pepri) de Cabanyal. Ambos afectan a entornos protegidos y se presentaron con el aval del interés social y la construcción de vivienda pública. En Toledo, los socialistas, entonces en la oposición y hoy en el gobierno, no quisieron descolgarse de un proyecto bien recibido por la población. Sólo Izquierda Unida, partido se opuso desde el principio. En Valencia, el plan del Cabanyal siempre ha tenido en contra a la oposición (PSPV e IU -ahora sin representación en el ayuntamiento-) que cuando tuvo ocasión de solucionar la conexión de Blasco Ibáñez con el mar en el PGOU de 1989 optó por dejarla "diferida".
De proyecto público a mixto
El proyecto de la Vega Baja nació público y se convirtió en mixto por la entrada de socios privados relacionados con la banca, según recoge la periodista Cristina Martínez en el libro Vega Baja de Toledo. Historia de un rescate. El Ayuntamiento de Valencia también dio entrada en la sociedad Cabanyal 2010, creada en 2005 para ejecutar el plan del Cabanyal, a los socios privados, en su mayoría promotores, que se han descolgado del proyecto por la crisis.
El debate en las urnas
Los planes urbanísticos de Vega Baja y el Cabanyal han tenido reflejo en las urnas. El bloqueo del proyecto y la degradación del barrio del Cabanyal han afianzado los votos del PP en el barrio que las últimas elecciones obtuvo mayoría. En cambio al histórico alcalde de Toledo Manuel Molina (PP) la urbanización de la Vega Baja, entre otros factores, le costó la alcaldía.
* ELPAIS.com - HORTENSIA GARCÍA - 6.07.09
Foto: Vivienda con torre-miramar en la calle Escalante del Cabanyal. - daniel tortajada, levante-emv.com
Gran Scala o gran estafa
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ELPAÍS/Zaragoza* : ¿Cabe imaginar un parecido entre Las Vegas, Orlando y Ontiñena? Ontiñena, localidad oscense de 650 habitantes, de paisaje árido y economía de subsistencia, ha sido elegida sede de Gran Scala, un proyecto de ocio diseñado para atraer a 25 millones de visitantes anuales. ¿Gran Scala o gran estafa? Es una pregunta que se hace la sociedad aragonesa.
El Gobierno aragonés patrocina el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Durante el mes de junio, Gran Scala ha dado sus primeros pasos: tiene suelo (3.000 hectáreas en Ontiñena) y una ley a la carta aprobada hace una semana en Las Cortes de Aragón. Le toca el turno al dinero: o aparece por el horizonte o el Gobierno aragonés tendrá un problema.
La polémica dura 18 meses. El 12 de diciembre de 2007 se presentó un proyecto para transformar Los Monegros en un Las Vegas europeo. Las cifras que se divulgaron (17.000 millones de inversión, 32 casinos, 70 hoteles, cinco parques temáticos, 65.000 empleos directos) eran tan extraordinarias que mucha gente pensó que el Gobierno aragonés, con su presidente a la cabeza, estaba dando carta de naturaleza a una locura sin sentido.
Los sospechosos antecedentes de algunos de los personajes relacionados con el proyecto y la falta de transparencia sobre la identidad de los inversores agravaron la incredulidad. El principal defensor de Gran Scala era José Ángel Biel, vicepresidente del Gobierno aragonés y líder del Par, socio de la coalición gobernante. Políticos socialistas comentaban en voz baja su desasosiego por defender un proyecto con tantas incertidumbres y ninguna garantía.
Durante meses, las noticias alimentaron a los escépticos. Viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y París. Actos promocionales donde se habló del proyecto sin concreción. Los canapés y los viajes los pagaba el Gobierno de Aragón. Daba la impresión de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas.
También se supo de la firma de un protocolo entre el Gobierno de Aragón y la empresa International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, mediante el cual el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, a "adecuar la normativa administrativa a los requerimientos del proyecto". Es decir, una ley a gusto del promotor en una región con la ley del juego más restrictiva de España. En Aragón sólo se autoriza un casino por provincia. Los promotores querían una ley para 32 casinos en una localidad. El Gobierno ha cumplido su parte. La Ley sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad fue aprobada la pasada semana con el apoyo del PSOE, el Par y la abstención del PP en algunos artículos.
Muchas asociaciones cívicas han mostrado su oposición y han generado una opinión en contra. Desde Cáritas hasta Ecologistas en Acción, pasando por la Fundación Ecología y Desarrollo, han sido numerosos los profesionales que han alertado al Gobierno de los riesgos de un gran engaño. Noticias divulgadas acerca de la solvencia de ILD no eran muy halagüeñas. Tampoco las referentes a socios radicados en paraísos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversión. Fue muy criticada la negativa de ILD a abrir oficina en Zaragoza. Por otra parte, el sector del juego no se caracteriza por su transparencia ni por los buenos modales de algunos empresarios. Y, a todo esto, el empresariado aragonés ha mantenido un prudente silencio. Jesús Morte, presidente de la patronal, reconoce que no han existido contactos entre los promotores y empresarios aragoneses. "No es una crítica. No se nos ha pedido nada, pero nos gustaría estar cerca de la participación de un proyecto de esta magnitud".
Otra incógnita. El suelo. Se hablaba de Los Monegros, pero ¿dónde? Gran Scala necesitaba al menos 2.000 hectáreas. El Gobierno aragonés había encargado un estudio a sus técnicos. Del estudio salieron cinco localizaciones cuyos nombres eran secretos: Villanueva de Sigena, La Almolda, Sena, Valfarta y Ontiñena. La última palabra era de los promotores, que descartaron dos: Sena (no les gustaba su ubicación) y Valfarta (por las granjas de ganado porcino en sus alrededores).
ILD encargó al despacho de abogados de Garrigues las gestiones. Los primeros pasos se dieron en Villanueva de Sirena. Fracaso: tres propietarios acumulaban buena parte del suelo y quisieron dar el pelotazo. La segunda estación fue La Almolda. Nuevo fracaso: oposición de ayuntamiento y vecinos. Quedaba así Ontiñena, la quinta opción. En febrero comenzaron las gestiones. El alcalde Ángel Torres (PP) respaldó la operación con 1.300 hectáreas de suelo municipal. Más de 50 vecinos han firmado ya a 9.000 euros la hectárea. ILD utiliza una curiosa fórmula de opciones de compra: paga el 4% de lo acordado por una opción que se renueva cada 8 meses. Así hasta tres renovaciones. "ILD apenas se ha gastado 120.000 euros", sostiene José Luis Batalla, registrador jubilado, "y se ha asegurado más de 2.000 hectáreas para decidir".
Todas estas acusaciones no parecen alterar el ánimo de Jaume Riera y Josep Carreras, abogados de Barcelona que han interpretado el papel de portavoces de Gran Scala durante este último año y medio. "ILD es un joint venture que se monta para firmar un protocolo de inversión", afirma Riera. "Lo que hay que ver es qué hay detrás y lo que hay detrás son empresas con 5.000 millones de facturación. Si sólo miran ILD verán que no tiene empleados. ¿Capital? El mínimo. ¿Ingresos? Ninguno. ¿Gastos? Los necesarios para pagar unos estudios de mercado. Hasta el momento nos hemos movido en una gran incógnita: si no había una predisposición del Gobierno, no arrancábamos".
Riera contesta a las acusaciones con una reflexión: "Reivindico el ingenio para promover cosas diferentes. Es un proyecto singular y complejo, pero aquí parece que todo va a terminar en un pelotazo. La actitud de mucha gente ha sido despectiva y destructiva. No hemos tenido ningún beneficio y llevamos largo tiempo con este proyecto". Riera anuncia que, tras la aprobación de la ley, llega "una fase más constructiva". "Tenemos que presentar un proyecto al Gobierno. En este tiempo hemos cerrado acuerdos con operadoras. Si dentro de unos meses no hay operadoras no hay proyecto: esto no funciona con dos casinos y un parque temático".
La ciudad privada
La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha sido bautizada también como la Ley Gran Scala. Su contenido es polémico y no sólo por el mero hecho de que permita la aglomeración de casinos de juego en un mismo territorio sino también porque el informe previo elaborado por los letrados de las Cortes de Aragón presentó algunas salvedades, en tres de las cuales planteaban dudas sobre la constitucionalidad de los artículos.
Según expertos en derecho, la ley presenta novedades muy discutibles. Una de las que más ha llamado la atención es la forma de gobierno que se instala en el territorio objeto de un proyecto de ocio. "La ley le quita competencias al ayuntamiento sobre los terrenos del proyecto y sustituye su autoridad por la de un consorcio, del que entra a formar parte el Gobierno de Aragón y autoridades de la comarca", explica Fernando López Román, presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo. "Siguiendo sus artículos, Gran Scala pasaría a ser una especie de ciudad privada, sin alcalde ni concejales, con sus propias normas urbanísticas y un ordenamiento jurídico especial. La decisión sobre cualquier licencia la tendría el consorcio". "¿Estaría permitida una manifestación en ese territorio?", se pregunta López Román. "Tal y como está la ley, no queda claro aspecto tan importante".
* ELPAIS.com - LUIS GÓMEZ - Zaragoza - 05/07/2009
Foto: Los Monegros (Aragón), proyecto Gran Scala - elpais.com
Lo que escondía la causa del "caso Arona"
ELDÍA/Tenerife* : La gestión que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Arona sigue en entredicho debido a la presunta trama de corrupción urbanística que se destapó desde hace ya más de dos años, con lo que se ha llamado "caso Arona".La tranquilidad que había en el ayuntamiento hasta enero de 2007 se vería alterada cuando la Fiscalía Anticorrupción presentaba una querella contra la Junta de Gobierno del pasado mandato, es decir, la del período comprendido entre 2003 y 2007 por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio.
En aquellas fechas, a raíz de un pacto de gobierno, la Alcaldía la ostentaba el nacionalista José Alberto González Reverón, que a día de hoy sigue manteniendo este mismo cargo, pero ahora con mayoría absoluta.
La adopción de unos 300 acuerdos, entre enero de 2004 y noviembre de 2006, y que consistían en la concesión de alrededor 200 licencias urbanísticas, que supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad de los servicios jurídicos y de la propia Secretaría fue el principio de la denuncia que presentaría la Fiscalía.
A estos expedientes se suman otros 80 referidos a contrataciones con informes, al parecer, contrarios del departamento de Intervención del Ayuntamiento aronero.
La Fiscalía tiene conocimiento de toda esta situación porque el portavoz del Grupo Municipal Socialista tanto en el pasado mandato como en éste, Francisco García Santamaría, comunica todos estos hechos de presunta corrupción, lo que sucedió en noviembre de 2006.
La denuncia llega al Palacio de Justicia de Arona y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7, cuyo titular es Nelson Díaz Frías, comienza su investigación y que ha derivado, después de dos más de dos años, en nuevas imputaciones a cargos del actual gobierno municipal. Además, de representantes de la Cámara de Comercio.
21 de marzo de 2007.- Efectivos de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento sureño para recabar la documentación que requería el magistrado Nelson Díaz Frías, sobre los asuntos denunciados por la Fiscalía.
7 de mayo de 2007.- Tan sólo 20 días antes de las elecciones, José Alberto González fue el primero en acudir ante el juez a declarar en calidad de imputado por los presuntos delitos de prevaricación y de prevaricación continuada contra la ordenación del territorio. Ese mismo día declaró Manuel Barrios (CAN), entonces concejal de Urbanismo. En los días sucesivos, hasta el 10 de mayo, lo hicieron los restantes integrantes de la Junta de Gobierno Local del mandato anterior: Daniel Martín (CAN), Félix Sierra (PP), Juan José Alayón (CC), Alfonso Barroso (CC), Sebastián Martín (CC) y José Luis González (CAN).
18 de octubre de 2007.- La maraña que Díaz Frías está desenredando también ha requerido la colaboración de funcionarios municipales. Hasta entonces, todo seguía sujeto a las interpretaciones políticas y de los técnicos especializados.
27 noviembre de 2007.- El juez Nelson Díaz ordenó a la Guardia Civil que le localicen a los representantes legales de diez empresas dedicadas a la construcción y otras actividades, entre las que se encuentran algunas tan conocidas como Gomasper y Marichal Inversiones del Sur, así como a algunos trabajadores municipales, entre los que se menciona a Roberto de Luis Jiménez y Eliseo de la Rosa González.
18 de diciembre de 2007.- La funcionaria Manuela Melo, adscrita al área de Urbanismo, acudió ese día ante el juez porque no pudo hacerlo en su momento. La declaración de esta testigo pasó inadvertida debido a que por la tarde del martes José Ramón Ansorena, de la empresa Proguito S.L., habló y aportó documentación y grabación a Nelson Díaz Frías. Lo que contenían esas aportaciones motivó que el magistrado considerara que había "nuevos hechos delictivos" por los que, esa misma tarde, ordenó y se produjeron las primeras dos detenciones del "caso Arona": Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal que fue acusado de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias; y Arsenio Zamora, empresario acusado de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión, considerándole como "cooperador necesario" para la presunta comisión de los dos primeros delitos que le imputan. Ese día, el juez declara el secreto del sumario y los detenidos entraron en prisión el 21 de diciembre.
20 de diciembre de 2007.- El Pleno de Arona, con los votos a favor de CC y PP, aprueba utilizar fondos públicos para pagar la defensa de los ocho concejales y ex concejales imputados en el "caso Arona", si bien quien resulte condenado tendrá que devolver el importe de tal defensa al consistorio.
14 de febrero de 2008.- Roberto de Luis, aparejador municipal, y Zenón Rodríguez, arquitecto particular, son detenidos por presunto cohecho y tráfico de influencias, aunque al primero se le añade el supuesto delito de prevaricación. De la Rosa ingresó en prisión sin fianza al día siguiente, mientras que el representante legal de Rodríguez depositó el sábado, día 16, los 80.000 euros en que fue fijada su fianza y salió de la cárcel, si bien ambos volvieron a comparecer ante el juez un día antes.
11 de abril de 2008.- El abogado Felipe campos, a título personal, presenta en el Juzgado de Guardia de Arona la ampliación de las denuncias del "caso Arona". El letrado aporta otras 52 que, a su juicio, son "presuntamente delictivas" y que fueron otorgadas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007. La peculiaridad es que 42 fueron concedidas por la Junta de Gobierno Local anterior y las restantes por la del mandato actual.
Noviembre-diciembre 2008.- El redactor del Plan General de Ordenación (PGO), Jorge Coderch, según el contenido de un documento que lo constata, afirmó a un colectivo vecinal que en el planeamiento "hay muchas cosas incluidas porque se las pidió el gobierno municipal", de lo que dijo tener constancia escrita. Además, en el mismo documento aseguraba que el "99 por ciento de la gestión urbanística es ilegal".
29 de junio de 2009.- El juez instructor del caso decide levantar el secreto del sumario y se desvela que dos altos cargos de la Cámara de Comercio figuran entre los 28 imputados, que son Pedro González Santiago y Vicente Dorta Antequera, quienes están acusados de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, igual que el abogado Carlos Enrique Morales. Asimismo, al alcalde, José Alberto González Reverón, se le añaden otros dos presuntos delitos más: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El juez Díaz Frías también decide imputar a cuatro nuevos concejales del actual gobierno nacionalista, concretamente a Antonio Sosa, Clara María Pérez, María Candelaria Padrón y Manuel Reverón. Además, mantiene imputado al edil del PP y consejero delegado del Sur del Cabildo de Tenerife, Félix Sierra. Las diligencias abiertas actualmente son muchas y su estudio darán más resultados tras las investigaciones oportunas.
* El Día - 5.07.09
Foto: arona - las_americas - hotspotz
150 casos de obra nueva prescriben en El Puerto por la inacción de IP
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DIARIODECÁDIZ* : Poco recorrido judicial les queda a la práctica totalidad de los más 160 casos de obra nueva presuntamente fraudulentos que el nuevo Gobierno del Partido Popular de El Puerto empezó a enviar a la Fiscalía de Cádiz en octubre de 2007, la mayoría de los cuales se han plasmado en denuncias interpuestas en los Juzgados de El Puerto por el fiscal coordinador de Medio Ambiente de Andalucía, Ángel Núñez.
Según ha podido comprobar este diario, la mayoría de los casos que han sido denunciados por el fiscal, al constatar que se trata de viviendas que han sido erigidas en su mayor parte en suelo no urbanizable, amparándose en certificados supuestamente falsos de antigüedad de casas inexistentes, datan de los años 2002 a 2004, cuando gobernaban en El Puerto los Independientes Portuenses de Hernán Díaz.
A la Fiscalía de Cádiz no comenzaron a llegar, de la mano del nuevo gobierno del PP surgido tras los comicios de mayo de 2007, hasta octubre de ese mismo 2007. Y Núñez, una vez realizadas las pertinentes comprobaciones, no comenzó a cursar las primeras denuncias hasta febrero de 2008, hasta terminar incoando del orden de 150.
De facto esto entraña que, dado que la Audiencia de Cádiz finalmente ha decidido adoptar el criterio de que los profesionales que suscriben dichos certificados no actúan en calidad de funcionarios públicos (en contra de la tesis que defendió el fiscal, y que había sido admitida en primera instancia), sino como particulares, por lo que el supuesto delito cometido, falsedad en documento público, prescribe a los tres años de los hechos, la inmensa mayoría de los casos van a ser archivados en los próximos meses.
Lo grave de toda esta historia es que ni uno solo de estos casos hubiera prescrito si los anteriores mandatarios de El Puerto hubieran atendido la orden expresa que formalizó el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Romero.
Este periódico ha tenido acceso a un documento interno que prueba que el gobierno de Hernán Díaz estaba al tanto de que en la ciudad comenzaban a detectarse casos fraudulentos de obra nueva y no tomaron medidas.
Fue en concreto el 18 de febrero de 2005 cuando el secretario municipal envió un correo electrónico a las personas que de modo más directo tenían encomendada la responsabilidad de atajar posibles irregularidades urbanísticas en El Puerto.
Empezando por el entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, siguiendo por el jefe de Licencias y Disciplina de dicha área, Fernando Jiménez Fornell, para terminar con el entonces gerente de la empresa municipal Serecop (que por convenio suscrito con el Ayuntamiento, tenía encomendadas tareas urbanísticas como las inspecciones ), Delfín Gómez Espinosa de los Monteros, y la por aquellas fechas responsable del Área de Hacienda, María Jesús Sánchez.
Aunque en el caso de esta última edil, hay que aclarar que era ella precisamente la que había advertido al secretario de la existencia de diversas irregularidades detectadas en antigüedades de inmuebles.
De hecho, la orden que cursó el secretario (con copia también al asesor jurídico de Urbanismo y a un responsable de Medio Ambiente) comenzaba precisamente informando a todos los destinatarios del correo que se habían recibido en la Secretaría General oficios de la teniente de alcalde delegada de Hacienda relativos a expedientes remitidos por la sección del IBI (Impuestos de Bienes Inmuebles), "en los que, con ocasión de declaración a efectos de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles por la Oficina Técnica Catastral de Serecop, se pone de manifiesto la presunta falsedad de determinados certificados relativos a la antigüedad de los inmuebles".
La comunicación del secretario continuaba explicando que "actualmente está vigente el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa municipal Serecop para la obtención de información destinada al negociado de disciplina del Área de Urbanismo".
Así las cosas, instaba Jiménez Romero, "en virtud de ello, desde Serecop debe trasladarse directamente al servicio de Licencias y Disciplina Urbanística la documentación correspondiente a los expedientes catastrales en los que se ponga de manifiesto la presunta falsedad de certificaciones relativas a la antigüedad de los inmuebles".
Y la coletilla siguiente se revela ahora más que premonitoria. Porque, de modo textual, el secretario advertía a todos los que tenían la responsabilidad de frenar las irregularidades que comenzaban a detectarse en el término municipal, que "dichas comunicaciones deben producirse con la máxima rapidez, para evitar que se produzca la prescripción de posibles infracciones urbanísticas".
La orden del secretario iba más allá y recogía de modo literal al final que "una vez recibida la información en el Servicio de Licencias y Disciplina, se deberán poner en marcha por dicho servicio las correspondientes actuaciones en materia de disciplina urbanística, y las demás que procedan por la comisión de hechos que puedan incurrir en otras responsabilidades, así como las medidas encaminadas en orden a reflejar la situación real de los inmuebles en el orden registral".
El propio devenir de los acontecimientos que se han venido sucediendo con estas prácticas ilegales registradas en El Puerto ha constatado que la orden del secretario fue ignorada.
Ninguno de estos casos llegó a la Justicia, para que se depuraran las responsabilidades penales derivadas de las construcciones ilegales con documentos públicos falsos, durante el anterior mandato de IP.
Por ello ahora 150 casos van a terminar siendo archivados por los Juzgados de El Puerto, donde hoy en día se siguen tramitando las denuncias de Ángel Núñez, a tenor del criterio que ha impuesto la Audiencia.
Un criterio que ha asumido la Fiscalía de Cádiz, que ha descartado recurrir en casación al Supremo al considerar que uno de los autos que ha ratificado el archivo de un caso que había sido recurrido por el Ministerio público está muy bien fundamentado.
Falta por ver si las iniciativas emprendidas por Izquierda Unida, que ha pedido a la Fiscalía que busque resquicios legales para evitar la prescripción en masa de casos de este tipo y ha requerido en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Vivienda, surten al final algún efecto que pueda evitar que tantos delitos queden impunes. Falta por ver también si el PP de El Puerto, en cuyo seno el cambio de criterio de la Audiencia ha causado malestar y preocupación, promueve alguna medida para evitar los carpetazos judiciales.
En caso contrario, siempre quedaría a opción esbozada por el diputado autonómico de IU Ignacio García, de proceder de oficio contra los responsables de las prescripciones por su pasividad y/o permisividad. Unos responsables que, en el caso de El Puerto, tienen nombres y apellidos.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 5.07.09
Foto: Un caso en Los Perales: en 2004 se certifica una casa en un solar vacío, en el medio; en 2007, se hacen 4 casas. - diariodecadiz.es
