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ELPAÍS/Alicante* : El juzgado de lo contencioso administrativo nº3 de Alicante anula el acuerdo plenario de La Vila Joiosa de 16 de marzo de 2006 por el que se aprobó la cesión de la condición de Agente Urbanizador de los planes parciales conocidos como Xarco 1 y Xarco 2, a L'Illa de Naxos, SL. En estos dos sectores, en primera línea de playa, el PGOU de 1999 prevé la construcción de 1.200 viviendas unifamiliares.
La adjudicataria de estos dos sectores era en un primer momento Edificaciones Calpe, SA, del Grupo Ballester, mientras que la sociedad que obtuvo la cesión, L'Illa de Naxos, está participada por otras tres empresas.
El juez da la razón al concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, que pedía la impugnación del acuerdo por no ajustarse a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que exige que para la cesión esté ejecutado al menos el 20% del importe del contrato, así como la falta de clasificación para contratar con la Administración por parte de la cesionaria. Pedro Lloret mostró su satisfacción: "Hasta ahora a los aspirantes no se les requería acreditación de solvencia de los contratistas y control administrativo". Durante los anteriores gobiernos locales del PP "varios sectores del PGOU fueron adjudicados a mercantiles de nueva creación, con socios que no habían tenido antes nada que ver con la construcción".
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - 18.12.2008
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es
Un juez anula dos proyectos urbanísticos en La Vila
Un juez paraliza el nuevo 'cerco' a Numancia
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ELMUNDO* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Soria ha acordado la suspensión cautelar de la expropiación -aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Soria el pasado uno de agosto- de las 117 hectáreas de terreno en el entorno de los yacimientos de Numancia para la construcción del polígono Soria II, que promueve la empresa pública Gesturcal.
Un error en la notificación del Ayuntamiento de Soria a uno de los miembros de la familia Marichalar, propietaria de parte de los terrenos a expropiar, ha sido la causa de la suspensión.
Aunque el proyecto cuenta con el beneplácito de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Soria, numerosos colectivos han protestado contra la actuación, argumentando que afectaría no ya a los propios restos arqueológicos, sino al paisaje en el que se enmarcan.
Así, desde las inmediaciones del yacimiento se pueden divisar siete columnas que marcan los siete campamentos romanos que, al mando de Escipión el Africano, asediaron a la población celtíbera hasta que sus habitantes prendieron fuego a la ciudad. La panorámica quedaría truncada con la incorporación de las naves industriales, como se puede ver en la recreación de arriba.
Los afectados por las expropiaciones argumentan que nunca se ha justificado económicamente la construcción de un nuevo polígono industrial de semejante tamaño en una ciudad que demanda 1,5 hectáreas de suelo industrial al año y que tiene aún sin aprovechar tres kilómetros cuadrados de este suelo. También denuncian las irregularidades en la tramitación del proyecto, especialmente la ausencia de una memoria económica y un informe de sostenibilidad ambiental y estratégica.
El responsable del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO (ICOMOS, en sus siglas en inglés) visitó recientemente las ruinas para mostrar su rechazo a la construcción del proyecto. También la Real Academia de la Historia emitió un informe negativo: "Una intervención urbanística en este sentido en el paraje en cuestión entrañaría (...) un considerable impacto paisajístico y rompería la armonía del borde de la paramera. Ese detrimento vendría incrementado por el hecho de tratarse en una zona de tan gran interés cultural con toda la secuencia de puntos de interés histórico y arqueológico como son los que jalonan el Duero en este entorno".
Tras destacar el "gran valor paisajístico y cultural del entorno de la ciudad de Soria", la Real Academia de Historia afirmó a través de su informe que "puede llamar la atención el estrecho criterio paisajístico que se ha manejado, ajeno a toda la normativa reciente, tanto europea como española: en efecto, el paisaje no se circunscribe ni mucho menos a los elementos en sí, a un hito, a un paraje. Incorpora el sistema de vistas, panorámicas, cuencas visuales, posibilidad de impactos visuales, mayor o menor fragilidad".
Y, a continuación incluye la definición del Convenio Europeo del Paisaje, en vigor desde 2003: "Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/ o humanos".
Del mismo modo, la Academia de Bellas Artes de San Fernando también se manifestó en contra del polígono, en un dictamen de noviembre de 2007: "Esta Real Academia de Bellas Artes, sumándose a lo ya informado por la Academia de Historia, denunciará, ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Soria y ante la Junta de Castilla y León, la gravedad del impacto que el polígono industrial proyectado en El Cabezo supondrá para este paisaje histórico y cultural de singular belleza e interés, cuya protección debería mantenerse dentro del carácter rústico que contempla el plan general de ordenación urbana vigente para esta ciudad".
El auto del juez, hecho público el miércoles, atiende la medida cautelar solicitada por uno de los miembros de la familia, Ana Marichalar, al entender que "se ha vulnerado el derecho de la recurrente a ser notificado personalmente de los trámites esenciales de este procedimiento expropiatorio por tasación conjunta, y por tanto, el acuerdo municipal adolece de vicios invalidantes por no haberse observado el procedimiento, lo que conduce a la nulidad radical de dicho acuerdo definitivo de expropiación".
* El Mundo - VÍCTOR F. MORENO | DARÍO PRIETO - 18.12.2008
Foto: Numancia (Soria) - elimparcial.es
El Algarrobico era zona de especial protección antes de construirse el hotel
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ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : La Audiencia Nacional (AN) ha ratificado por tercera vez la "conformidad a derecho" de la orden ministerial de 8 de noviembre de 2005 que amplió hasta los 100 metros la zona de servidumbre en el paraje de El Algarrobico (Almería) en un fallo que señala, además, que los terrenos "en litigio" donde se asienta el hotel de Azata del Sol estaban clasificados como C1 -Áreas Naturales de Interés General- y contaban con figuras de protección LIC y ZEPA en la fecha en que fue aprobado el Plan Parcial frente a lo sostenido por Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, desestima el recurso interpuesto por la promotora del hotel en los mismos términos en los que se fundamentaron fallos precedentes de la AN contra las demandas del Ayuntamiento de Carboneras y un particular, que perdieron sus procesos febrero y julio de 2008, respectivamente.
La magistrada ponente, Elisa Veiga, considera probado que Plan Parcial del sector R-5 se aprobó en mayo de 1988 y, por tanto, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas por lo que, en este caso, sería de aplicación la Disposición Transitoria Tercera del la citada normativa que obliga a revisar y aplicar la servidumbre de 100 metros frente a los 20 metros inicialmente aprobados para la construcción del inmueble.
Rechaza, en esta línea, que el caso del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico concurran los requisitos recogidos en la Disposición Transitoria Novena y va más allá de las sentencias precedentes que no consideran el paraje suelo urbano hasta el año 2003 al asegurar que, en realidad, cuando se implantó el deslinde en 2006 "los terrenos objeto de pleito aún no habían alcanzado tal clasificación".
Tras desgranar las pruebas documentales en las que sustenta y por las que deduce que el Plan Parcial del sector R-5 se ajustaba a la Ley de Costas y que las determinaciones en él incluidas permitían respetar los 100 metros de servidumbre de protección, la sentencia detalla un informe presentado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en que se sitúa el hotel en zona C1, según los planos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar publicados en BOJA en 1994.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la AN hace esta aseveración frente a la tesis sostenida por la Consejería de Medio Ambiente, que situaba la zona en litigio en área D2 -urbanizable- antes de aprobar un nuevo PORN en febrero de 2008, ahora suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en lo que se refiere al Algarrobico al considerar que la nueva protección podría suponer "un uso efectivo" del establecimiento hotelero.
El juez de Almería que ordenó en febrero de 2006 la paralización cautelar de las obras del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico (Carboneras) y declaró en septiembre nula la licencia municipal atribuyó a la Junta de Andalucía en su sentencia "una burda maniobra" para sustituir la planimetría del PORN publicada oficialmente en BOJA en 1994 por otra para "orillar la limitación que imponía" y "permitir de esta guisa" la obra del hotel en terrenos de especial protección.
Sin embargo, el nuevo PORN del parque natural Cabo de Gata-Níjar, según sostiene la Consejería de Medio Ambiente, desclasifica la totalidad del paraje de El Algarrobico (Carboneras), donde se levanta el hotel de Azata del Sol, como suelo urbanizable y lo sitúa bajo el grado de protección C3 como "núcleo habitado existente o zona transformada", que afecta a 269 hectáreas, un 0,5 por ciento del total de la superficie del espacio.
* Andalucía Información - Europa Press - 17.12.2008
Foto: Algarrobico (Almería), aérea - greenpeace.org
Vecinos dicen que el Ayuntamiento ‘adelanta el periodo de rebajas’ con la Operación Calderón
MADRIDDIGITAL* : Desde que el 30 de julio de 2007 el Ayuntamiento firmara con el club Atlético de Madrid y la empresa Mahou un protocolo de intenciones para el desarrollo urbanístico del ámbito “Mahou Vicente Calderón” y la cesión del Estadio de La Peineta, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Coordinadora Vecinal de San Blas se han mostrado contrarias a un plan negociado sin consultar ni tener en cuenta el parecer de los grupos políticos de la oposición municipal y de las asociaciones vecinales del ámbito afectado.
A juicio de la FRAVM, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid parece “haber adelantado el período de rebajas”, impulsando una operación urbanística que beneficia, principalmente a tres empresas privadas: la cesión de una instalación pública -La Peineta- que centenares de vecinos utilizaban desde hace años al club Atlético de Madrid; la recalificación de los terrenos de la Mahou, una empresa que abandonó Madrid en 1996 trasladando a Guadalajara a sus 1.000 empleados y cuyos terrenos Gallardón había prometido no recalificar siendo presidente del Gobierno regional, y la explotación de los derechos urbanísticos de la operación a FCC.
Según el Ayuntamiento, el Estadio de Madrid “pretende ser uno de los más modernos equipamientos deportivos de la ciudad (...) por sus condiciones de acceso”. Sin embargo, una de las cuestiones que, amén de la cesión del patrimonio público, más preocupan a las asociaciones vecinales del ámbito es, precisamente, los problemas de movilidad que el traslado del Atlético provocará en la zona.
Citan desde la sobresaturación de la M-40 hasta el desbordamiento de la capacidad de los accesos al distrito, como la avenida de Arcentales, la carretera de Vicálvaro y la calle de Hermanos García Noblejas; sin olvidar los problemas relativos al aparcamiento de vehículos o a la limitada capacidad de la oferta pública de transportes.
La FRAVM denuncia que el convenio firmado por el alcalde de Madrid con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo Torres, para el traslado del club al Estadio de Madrid, ha sido redactado “sin considerar el parecer de los grupos políticos de la oposición municipal y de las asociaciones radicadas en el ámbito afectado, lo que pone de manifiesto el interés del Ayuntamiento por privilegiar el proyecto olímpico sobre las necesidades y el bienestar de los vecinos”.
* Madrid Digital - 17.12.2008
Foto: madriddigital.info
El PGOU y Rabasa
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO* : Basta leer las diferentes opiniones que sobre el PGOU de Alicante se vierten en este diario, para comprender, aunque uno se mueva casi en el terreno de la ignorancia urbanística, que el mismo no se ha hecho atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, a dar cobertura a una visión de ciudad habitable, sino respondiendo a los intereses de los constructores y los beneficios inmediatos que supone esta actividad para las arcas municipales, al desarrollo cuantitativo de la ciudad en metros urbanizables y a proyectos beneficiosos económicamente para unos cuantos -no se sabe cuántos ni quiénes-.
Trasluce todo el entramado proyectado un marcado carácter especulativo que se oculta tras frases majestuosas y humanitarias, sobre los beneficios que lo establecido en el plan va a producir en la creación de puestos de trabajo, en acceso a viviendas que ya no son de protección oficial, sino pública, mucho más caras, por cuanto su precio se ha elevado considerablemente hasta alcanzar los de mercado y a las que pueden acceder los estratos no tan necesitados y ese arrebato protector aparece ahora como una revelación cuando antes no ha sido objeto de las más mínima atención, precisamente por el incremento de su precio.
Todo lo relativo a servicios públicos hospitalarios, educativos, asistenciales, culturales, espacios verdes, es decir, lo que realmente merece el calificativo de general, por afectar a todos, se señala, pero no se concreta con el mismo grado de especificación. Es accesorio frente a la especulación, al crecimiento no sostenible, a la desigualdad que se ha instalado en la ciudad cuyos barrios más clásicos están viéndose degradados a favor de nuevos enclaves sin alma.
Los parques naturales, que se destacan, dependen del real desarrollo de las grandes actuaciones urbanísticas y luego han de ser abonados por el Ayuntamiento, lo que, al menos, cabe poner en duda por los antecedentes.
Entiendo que es una opción, una opción de principios de los ochenta que consistía en que las clases medias pudieran acceder a viviendas y espacios abiertos que les reportaran mayor calidad de vida, pero opción que a la postre se ha mostrado errónea, pues, entre otras cosas, lo que había se ha dejado morir de inanición y lo construido no es otra cosa que un conjunto de viviendas sin conexión con la ciudad y sin servicios suficientes a su alrededor.
Rabasa, es un plan problemático al que muchos nos hemos opuesto con criterios nunca discutidos por quienes nos gobiernan, que sabrán en realidad las razones para ello. Y ese plan apoyado por el PSOE bajo la portavocía de Blas Bernal con excusas de un pretendido beneficio social que se entiende poco en ese sentido social y que necesitaría de explicaciones más concretas y exactas, se ha aprobado casi al fin por el Ayuntamiento contra todos los inconvenientes y reparos que se han suscitado y ante el riesgo de que los tribunales puedan paralizarlo. Y todas las viviendas sociales se concentran en ese lugar y bajo el control de unos pocos.
Y se ha aprobado fuera del PGOU; se ha indultado de someterse a una planificación general. Constituye un cuerpo único, una realidad individual que sólo por el hecho de mantenerse así, fuera del conjunto, plantea más dudas que seguridades. Porque no se trata de una simple actuación, sino de la más importante que nunca se ha llevado a efecto en Alicante. Y, porque, no es sólo Rabasa, sino lo que después viene conectado a Rabasa, muy cerca de ahí y previsto en el PGOU que, aunque lo ha mantenido fuera, lo contempla y se supedita a él. Porque Rabasa se ha aprobado fuera del PGOU por el solo hecho de que, incluirlo, aunque lógico y coherente con una planificación superior, hubiera ocasionado ciertos retrasos y perjuicios en la persona de su promotor.
Pero, a cualquier observador no se le oculta, que el PGOU contempla actuaciones íntimamente vinculadas a Rabasa, supeditadas en realidad a dicho proyecto, especialmente en el entorno cercano y conectado en su día, pues así será la zona del Rico Pérez, los centros comerciales previstos y, sin duda, la desaparición como tal de una zona deportiva importante que será engullida por negocios ajenos.
Y, lo más preocupante es que Rabasa se construya ahora y, necesariamente, como siempre sucede, me imagino que con préstamos elevados. Ante el riesgo de que las viviendas no se vendan, cabe preguntarse si las entidades que lo apoyan verán mermada su liquidez y si nuestros ahorros pueden verse en una situación al menos comprometida. En definitiva han sido este tipo de operaciones culpables en buena parte de la crisis económica global y, especialmente, de la gravedad de la española.
Esta forma de comprender el urbanismo ha causado muchos males en la economía española, pues el crecimiento basado en el "ladrillo" es, por su propia naturaleza, especulativo, al coincidir en él múltiples intereses y no ser, por supuesto, un modelo de crecimiento sostenible. Se sale de una crisis que ha acreditado que la economía debe crecer alrededor de otro tipo de actividad, pero se insiste en el PGOU en volver, una y otra vez, a lo mismo, aún cuando es apreciable que cada vez será menor la capacidad de construir y menor, también, la adquisitiva y que una ciudad que crezca en los términos diseñados en ese plan, debe contar con servicios paralelos a sus nuevas necesidades. Y eso se olvida, se relega o, simplemente, se apunta, pero sin prestar la debida atención o dotarlo de apoyo cierto. El desinterés de los gobernantes valencianos ante el urbanismo más allá del día a día es total. Como ejemplo valga la condena de Europa, que ya habla claramente de corrupción urbanística -lo que todos sabemos y acreditan los tribunales-, y los retrasos en el colegio de Benalúa, ejemplo claro del futuro de este tipo de dotaciones que molestan, aunque vengan obligadas, pues suponen gastos donde sólo se quiere hallar ingresos.
Mi rechazo al PGOU y a Rabasa se fundamenta, pues, más allá de los aspectos concretos, en la filosofía misma que inspira ambos, en las bases en que se asienta, en el pan para hoy y hambre para mañana. Un PGOU no es sólo un modelo de planeamiento del crecimiento, sino que debe reflejar una forma de entender la ciudad y sus habitantes, de respeto al entorno, de facilidad de la movilidad interior y periférica. Es un absurdo que el PGOU de Alicante, por ejemplo, no haya atendido a los planes de las ciudades cercanas, al menos para conectarlas mediante el transporte público.
Se ha pensado en pocos y se ha regulado para ellos. Esta es una ciudad poco habitable y el PGOU no lo va a remediar, sino que profundizará en los mismos errores, pues no ha cambiado nada en la forma de entenderla y de comprender la responsabilidad ante la ciudadanía.
* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.
* Información - Opinión - 16.12.2008
Gobierno y propietarios de suelo llevan al juez la aprobación de Nou Mil.lenni
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LEVANTE/Valencia* : Dos grupos de vecinos de Catarroja y Massanassa, propietarios de terrenos en el sector de Nou Mil.lenni, han comenzado los preparativos para interponer un recurso contencioso -administrativo contra el PAI. Además de recurrir la macrourbanización que se proyecta en Catarroja, llevarán ante el juez el acuerdo del último pleno, celebrado este lunes, por el que se modificó la proposición económica, que quedó aumentada en más de 22 millones de euros.
A petición del agente urbanizador, la empresa mixta que constituyen Llanera -en suspensión de pagos- y el Instituto Valenciano de la Vivienda, se ha aumentado el coste de urbanización porque la Generalitat Valenciana ha impuesto que se incluyan dos grandes infraestructuras, la llegada del tranvía a Catarroja y el enlace con la Pista de Silla.
De forma paralela, el PSPV de Catarroja también va a incluir este último acuerdo plenario en el recurso que prepara contra la aprobación de Nou Mil.lenni. Los mismos pasos ha seguido el grupo socialista de las Corts Valencianes.
Por su parte, la abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-adminsitrativo contra la macrourbanización que aprobó definitivamente el Consell en febrero de 2008. El recurso contencioso-administrativo se interpuso en abril de 2008, según han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno, aunque no había trascendido hasta hace unos días. La principal causa que se alega en el recurso es que "no se aprecia en absoluto la disponibilidad acreditada de recursos hídricos suficientes para el desarrollo urbanístico".
* Levante-EMV - Laura Sena, Catarroja - 17.12.2008
Foto: Catarroja (Valencia), urbanización Nou Mileni - levante-emv.com
El Tribunal Supremo revisará si es legal el Plan de Urbanismo de Valladolid
20MINUTOS* : El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de Ecologistas en Acción contra el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU) de Valladolid. De esta forma, el tribual desestima las peticiones del Ayuntamiento, la Junta e Iberdrola Inmobiliaria y revisará la sentencia del TSJ de Castilla y León que había desestimado el recurso de Ecologistas.
"En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo enjuiciará de nuevo la legalidad del PGOU de Valladolid de 2003", aseveraron desde Ecologistas en Acción.
Ecologistas en Acción fundamenta su demanda en que el procedimiento de aprobación del Plan fue "incorrecto" pues debió procederse a su revisión y los "numerosos cambios de última hora" debieron ser aprobados por el Pleno del Ayuntamiento tras la preceptiva información pública.
Reclasificación de suelo
En referencia a la "masiva reclasificación de suelo rústico como urbanizable", los ecologistas entienden que la jurisprudencia del Supremo rechaza la discrecionalidad de la misma y destaca que el expediente administrativo del PGOU carece de informes que justifique la reclasificación como urbanizables de 2.600 hectáreas de suelos que antes estaban clasificados como suelo no urbanizable protegido.
Estos terrenos se reparten actualmente entre cinco sectores de suelo urbanizable y nueve áreas homogéneas, cuatro de las cuales (Páramo de San Isidro, Fuente Amarga, Las Riberas y Valdechivillas) se encuentran actualmente en proceso de aprobación de unas propuestas urbanísticas, que suman 12 millones de metros cuadrados y 37.000 viviendas "más allá de las rondas de circunvalación".
Por último, Ecologistas en Acción mostró su confianza ante el hecho de que la sentencia del Tribunal Supremo "llegue a tiempo" para "abortar este despropósito urbanístico y ambiental" y obligue a redactar un nuevo PGOU "ambiental y socialmente responsable".
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 17.12.2008
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Empiezan a construir chalés en Gibralfaro en una parcela que el PGOU prevé como zona verde
SUR/Málaga* : La burocracia urbanística se ha sucedido en los últimos años a favor de los intereses de los propietarios de unos terrenos situados en la zona de la Cañada de los Ingleses, por lo que ayer empezaron a talar árboles para construir viviendas ante el estupor de los vecinos y de los responsables de la plataforma para la defensa del monte de Gibralfaro, al que pertenece la parcela.
El presidente de este colectivo, Antonio Morillas, dio la voz de alarma y la Policía Local se personó en la zona, pero se encontró con la sorpresa de que los privados están amparados por el permiso del Ayuntamiento.
Y es que la promotora (Aifos) pidió la licencia para hacer chalés en el lugar en 1999, amparándose en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 97, que todavía está vigente y lo permite. No ha sido hasta la última aprobación del nuevo plan, el pasado mes de agosto, cuando el Consistorio ha calificado los terrenos como zona verde a obtener por expropiación para el proyecto de conversión de Gibralfaro en un parque urbano. Entre tanto, la empresa ha culminado el expediente y ha obtenido la licencia por silencio administrativo, según reconoció ayer la Gerencia de Urbanismo en un comunicado.
Eucaliptos
De ahí que la tala de árboles, eucaliptos y cipreses en su mayor parte, haya comenzado sin remedio. «Se puede acusar al Ayuntamiento de una falta de responsabilidad por haber dejado pasar el tiempo», afirmó Antonio Morillas. Urbanismo anunció que acudirá a la expropiación forzosa para parar la obra, pero legalmente aún no puede hacerlo. «Para entonces ya habrán talado todos los árboles y el daño será irreversible», denunció Morillas.
* SUR - 17.12.08 -JESÚS HINOJOSA
Foto: La empresa empezó a talar árboles ayer. / SALVADOR SALAS, diariosur.es
La Fiscalía insta a la alcaldesa de Ontinyent a reabrir los 53 expedientes urbanísticos
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LEVANTE/Valencia* : El fiscal ha archivado las diligencias de investigación por la caducidad de 53 expedientes urbanísticos por construcciones ilegales en Ontinyent, pero advierte a la alcaldesa, Lina Insa (PP) de que tiene que volver a reabrirlos porque la ilegalidad no ha prescrito y comunicar a la Fiscalía de Valencia los que fueran constitutivos de delito.
En caso contrario, podría incurrir en un delito de prevaricación por omisión, según informaba el fiscal delegado de medio ambiente, Joaquín Baños, tras la iniciativa de requerir a todos los ayuntamientos los expedientes por infracciones urbanísticas.
Así, el fiscal instructor, Vicente Torres, insta a la alcaldesa a "reabrir todos los expedientes, los 53, y dar cuenta de los que puedan ser delito, independientemente de que vengan de la legislatura pasada", en la que no gobernaba el PP, y cuyo gobierno inició los expedientes. Además, explicó Torres, "la Fiscalía comprobará que se ha cumplido con la apertura cuando llegue la información requerida por la sección de medio ambiente de todos los ayuntamientos valencianos".
El pasado 1 de noviembre, Levante-EMV anunciaba que la alcaldesa de Ontinyent daba por caducados los expedientes de 61 infracciones urbanísticas en un controvertido pleno. Tres días después, este periódico insistía en el caso con un informe de la oficina técnica municipal en la que se proponía reabrir los expedientes urbanísticos caducados por Insa porque -en contra de lo sugerido por el equipo de gobierno- "las ilegalidades persisten", según el informe de la oficina técnica.
Ese mismo día, 4 de noviembre, la Fiscalía de Valencia abría diligencias de investigación sobre los 53 expedientes caducados y pedía información al consistorio sobre las infracciones urbanísticas y el acta del pleno en el que el PP votó cerrar los expedientes y comunicarlo al Registro de la Propiedad para que levantara la afección de las cargas.
El gobierno tripartito de PSOE, Bloc y EU abrió los expedientes entre 2004 y 2007 y en el pleno del 30 de octubre Insa (PP) caducó los expedientes para cumplir su "promesa electoral", como reconoció su concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, y "pasar página". El presidente de Adecca, (asociación de las casas del diseminado), Víctor Márquez, le dio las gracias en el mismo pleno. Estas casas unifamiliares se construyeron sin licencia y en terreno no urbanizable, incluida una promoción de nueve adosados en terreno protegido que fue paralizada por el Seprona. El fiscal Torres explicaba ayer el archivo de las diligencias -de fecha 16 de diciembre- en que "el procedimiento de caducidad es correcto, ya que llevaban abiertos más de seis meses y la Ley de Urbanismo Valenciana (LUV) dice que ese es el plazo de caducidad del expediente físico".
No obstante, añadía el fiscal Torres, "la infracción no ha prescrito porque no se ha resuelto la legalidad". Ello se debe a que "la LUV da un plazo de prescripción de 4 años para legalizar, pero si hay un expediente abierto, se interrumpe el plazo de prescripción". El fiscal advierte en el archivo de que deben reabrir los expedientes y comunicarlo al Registro porque la infracción persiste. Y les recuerda que "el ayuntamiento dijo en el pleno: ýVamos a caducar para reabrir las que sigan siendo infraccióný", que serán todas.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 17.12.2008
Foto: Ontinyent (Valencia) - elpais.com
Según vecinos de Butarque, el pacto contra las políticas especulativas de Gallardón es ‘cínico’
MADRIDDIGITAL* : El alcalde Alberto Ruíz-Gallardón ha propuesto recientemente un “pacto estatal” para que todo el suelo público no tenga otro destino que la construcción de viviendas y equipamientos públicos, pronosticando que “se acabarían las políticas especulativas de suelo”, propuesta que la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque valora como “la máxima expresión del cinismo político”.
“El municipio de Madrid, con la redacción del PGOUM de 1997, ha agotado, casi en toda su totalidad, el suelo no urbanizable existente hasta la fecha y con él, el suelo público que, en un futuro, pudiera destinarse a viviendas y equipamientos públicos, por lo que las declaraciones del señor alcalde y el pacto propuesto tendrían nula repercusión en la ciudad de Madrid”, aseguran los vecinos.
En una nota de prensa, recuerdan que el municipio de Madrid, desde la redacción del PGOUM de 1997, “está inmerso en un proceso de urbanismo salvaje que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, al desclasificar irregularmente suelo no urbanizable protegido en un total de 22 ámbitos, que supondrían la construcción de 150.000 viviendas para 500.000 habitantes, sin que Alberto Ruíz-Gallardón haya, de momento, hecho cumplir las sentencias”.
Para los vecinos pues, las declaraciones y propuestas de Gallardón sólo pueden ser valoradas “como la máxima expresión del cinismo político, viniendo del Alcalde de un municipio que carecería de suelo público sujeto al pacto propuesto, y que está inmerso en la que quizá es la mayor operación especulativa de desclasificación ilegal de suelo, incumpliendo sentencias judiciales en la urbanización de 100 millones de metros cuadrados”.
Pacto “insuficiente”
Por otro lado, la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque entiende que dado que la Constitución Española exige que los poderes públicos establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, “resulta del todo insuficiente la firma de un pacto institucional, que dejaría de lado a la especulación de particulares, siendo exigible a las administraciones la aprobación de leyes que garanticen el derecho constitucional y aumenten las penas y condenas por especulación y, en su caso, la planificación económica de la actividad inmobiliaria y urbanística., tal y como establece la Carta Magna”.
Por todo ello, y debido a que en el desarrollo de Valdecarros, cuyo proyecto de urbanización ha sido aprobado inicialmente, “se destruirían ilegalmente 5 millones de metros cuadrados de suelo protegido por su valor ecológico y medio ambiental en el entorno del Parque Lineal del Manzanares”, los vecinos reiteran su petición para que éste sea declarado nulo, en base a las sentencias judiciales, “y en caso de ser necesaria, su urbanización, se realice respetando la justicia, el medio ambiente y el interés general, evitando la especulación del suelo a la que es sometido desde las administraciones y las entidades privadas”.
* Madrid Digital - 16.12.2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
El partido de los imputados
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Si todos los alcaldes, concejales y cargos públicos imputados en España se reagruparan en un único partido político tendrían representación en localidades de todas las comunidades autónomas, un discurso similar -todos se declaran inocentes- y sería una formación política transversal, ya que hay gente de derechas, de izquierdas, nacionalistas, no nacionalistas, centristas e independientes. Se desconocen los resultados electorales que podrían obtener bajo unas mismas siglas, pero si es verdad que la unión hace la fuerza está acreditado que muchos de ellos actuando por separado lograron en las pasadas elecciones municipales mejores resultados de los que tuvieron antes de llevar la sospecha de ser imputado detrás del nombre y de los dos apellidos.
Hubo un tiempo en que la mayoría de los imputados cuando alcanzaban esta categoría se iban a su casa o directamente a la cárcel. Tanto en uno como en otro sitio se declaraban inocentes -en eso apenas ha cambiado nada con respecto a la situación actual-, pero decían que abandonaban el cargo para defenderse mejor y no manchar la imagen de su partido, que a esa altura de la película apenas conservaba una mínima pulcritud. Esas declaraciones las solía hacer el imputado un minuto antes de que su respectivo partido se quisiera quitar los churretes expulsándolo de sus filas. Eran los tiempos en los que la presunción de inocencia estaba a la misma altura que la presunción de decencia, y los dirigentes políticos se despechaban estos incómodos compañeros acordándose de la mujer que tuvo una vez un césar.
Sin embargo, desde la entrada en vigor de la moneda única en el urbanismo, los billetes de 500 euros, las cosas cambiaron una barbaridad. La mujer del César quedó sepultada por el cemento y con ella el histórico equilibrio que existía entre el serlo y el parecerlo. De ahí que en la actualidad haya concejales, alcaldes y algún presidente de diputación que siguen en sus cargos a pesar de parecerlo, mientras su partido confía en que el lento proceder de la justicia sea un poco más lento que ayer, pero algo menos que mañana.
Un ejemplo concreto de que las cosas pueden ser verdad aunque parezcan mentira se da en Estepona. En esta localidad, si los imputados que mantienen su acta de concejal se uniesen pasarían directamente a convertirse en el grupo municipal mayoritario en el consistorio, con ocho concejales. El hipotético grupo de los imputados tendría un edil menos que todo el equipo de gobierno, que está formado por concejales del PSOE, IU, PA y Estepona 2007. Quizás ayude a hacerse una idea el hecho de que de los 25 concejales que salieron elegidos por sus respectivos partidos en las municipales, diez están imputados en el caso Astapa y sólo dos han renunciado a su acta. No es que uno crea que ésta puede ser la solución para el bipartidismo en España, pero podría ser Estepona la punta de lanza para un futuro proyecto político: el partido de los que ni tan siquiera creen que el César estuviera casado.
Cuando uno va a Sevilla pierde la silla. Sin embargo, cuando uno va a la cárcel no pierde el sillón. José Ignacio Crespo y Manuel Reina, que el pasado miércoles salieron de la prisión de Alhaurín de la Torre, tras abonar una fianza de 150.000 euros por los cinco meses y medio de estancia, volverán a su asiento en el pleno del ayuntamiento de Estepona. Como hará el jefe de gabinete del ex alcalde Antonio Barrientos, José Flores, que es funcionario en plaza. Pensaran lo mismo que dijo Barrientos al salir de prisión: "Mi patrimonio es tener la conciencia tranquila". No es precisamente ese el patrimonio que le preocupa a la ciudadanía, sino el que le han esquilmado y cuyo paradero se investiga. Al César lo que es del César. A los ciudadanos lo que es suyo. Y a los partidos recordarle que es cierto que el César tuvo una vez una mujer.
* ELPAIS.com - Andalucía - Opinión - 16.12.2008
Seis detenidos en una operación contra la corrupción en San Javier
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ELPAÍS/Murcia* : La Guardia Civil ha detenido esta mañana a seis personas en las localidades de Los Alamos y San Javier, Murcia. Entre los detenidos, se encuentra el arquitecto municipal de San Javier, Miguel Botella. Seis agentes de la Benemérita lo han arrestado esta mañana, según han informado testigos presenciales.
Una hora después han entrado en el ayuntamiento dos agentes en compañía del edil y del arquitecto municipal detenido para registrar las dependencias de Urbanismo del ayuntamiento, ubicadas en la primera planta.
Esta operación la lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que, por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier, realiza desde las once de la mañana registros en dependencias de los ayuntamientos de San Javier y Fuente Alamo, así como en varios domicilios. Estas acciones se inscriben en una operación contra posibles delitos fiscales y negociaciones prohibidas a funacionarios públicos.
La alcaldesa de San Javier, Josefa García, del PSOE, está de camino a la población puesto que asistía en la sede regional de su partido, en Murcia, a una reunión de alcaldes socialistas. Esta operación la ordenó un Juzgado de Instrucción de San Javier para la entrada y registro, además de dependencias municipales, de varios domicilios y empresas privadas.
El alcalde del PP de San Javier en 2006, José Hernández, constructor de profesión, fue investigado a finales de ese año por presuntos tratos de favor en la cesióln de terrenos para su edificación.
* ELPAIS.com - EFE - Madrid / San Javier - 16/12/2008
Foto: San Javier (Murcia), ayuntamiento - regmurcia.com
Avalancha de alegaciones contra el macroproyecto hotelero finca Carrasco en Ronda
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NUEVACULTURATERRITORIO/Málaga* : Numerosos grupos, asociaciones y plataformas sociales (1), así como muchos ciudadanos preocupados por el deterioro del territorio han presentando alegaciones al plan especial de actuación urbanística sobre la Finca Carrasco, impulsado por el gobierno del Ayuntamiento de Ronda, para la construcción de 15 hoteles de 250 plazas cada uno.
Una vez más, los políticos que gobiernan en Ronda muestran el más absoluto desprecio por su patrimonio natural y por el bienestar de los ciudadanos, promoviendo mega-proyectos urbanísticos en la mejor dehesa de encinas de la provincia de Málaga.
La mayoría de las alegaciones contra el edicto publicado en el B.O.P. de Málaga, destacan que el proyecto no prevé el abastecimiento de agua, no hace referencia al futuro del encinar, ni justifica la necesidad de triplicar las plazas hoteleras a 11 kilómetros de Ronda.
Este proyecto de 3750 plazas hoteleras, lo que supone triplicar las plazas hoteleras actuales ubicando dos tercios de las mismas en la dehesa, es una iniciativa que fomenta el despilfarro y la insostenibilidad, actúa contra los valores constitucionales de solidaridad colectiva, eficacia y eficiencia de las Administraciones públicas, y contraviene el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente de calidad.
Asimismo, se destaca la perplejidad que produce la actuación directa de los funcionarios y autoridades intervinientes que, dolosa o culposamente, no tienen en cuenta en el proyecto -como es su obligación- las deficiencias y finalidades desviadas de este plan especial, por lo que en el caso de que avance en éstas primeras fases, podría generar graves (incluso irreversibles) daños medioambientales, y gastos que pudieran ser luego invocados por los promotores para exigir responsabilidad e indemnizaciones a las Administraciones públicas. De éste modo, los vecinos sufrirían los daños causados, y el dinero -como siempre - acabaría saliendo de las economías de todos los ciudadanos.
La Finca Carrasco está próxima a la zona de Merinos-Parchite donde el consistorio de Ronda promueve y trata de consolidar otros complejos urbanísticos, especialmente Merinos Norte que, además de generar una larga e intensa contestación social, tiene denegado por parte de la Consejería de Medio Ambiente el abastecimiento de agua.
Las razones para la oposición al proyecto de la Finca Carrasco pueden ilustrarse con las palabras del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el cierre del VI Congreso de la Fundación Nueva Cultura del Agua celebrado en Vitoria la pasada semana, que manifestó que no se pueden hacer más concesiones de agua porque ya no hay más agua. Solo se puede obtener mediante medidas de ahorro, mejora de la eficiencia o del cambio de usos. Por tanto, es la falta de agua la que limitará los nuevos proyectos urbanísticos...
Coordinadora Ciudadana de Málaga, Nueva Cultura del Territorio (NCT)
(1) Algunos colectivos que han presentado alegaciones al Proyecto de la finca Carrasco:
Silvema Ecologistas en Acción Comarca de Ronda; Grupo de Trabajo del Valle del Genal; A.R.A.C.A. Asociación Rondeña de Amigos de los Caminos Andaluces Ronda; S.E.O. Sociedad Española de Ornitología de Málaga; Plataforma Cueveña Defensa del Agua Cuevas del Becerro; Ecologistas en Acción El Burgo; Plataforma Arriateña en Defensa del Agua Arriate; Foro Ciudadano RdV; Taha de Bezmiliana Asociación de A del Patrimonio y la Arqueología; Asociación Cultural y Deportiva Jábega Rincón de la Victoria, Plataforma Salvemos Gibralfaro Málaga; Guiris contra los campos de golf Ronda, Ecologistas en Acción Comarca de Antequera; Ecologistas en Acción Mijas; Plataforma Ciudadana en Defensa del Territorio Alhaurino; Asamblea Ciudadana por la Supervivencia de los Baños del Carmen Málaga; Federación Provincial de Ecologistas en Acción Málaga, C.O.A.G. Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Málaga y Coordinadora Ciudadana de Málaga Nueva Cultura del Territorio.
* Coordinadora Ciudadana de Málaga, Nueva Cultura del Territorio (NCT) - 11.12.2008
Foto: Ronda (Málaga), ayuntamiento - andaluciaimagen.com
Puente Castro se echa otra vez a la calle para pedir más servicios
LACRÓNICA/León* : Unos 250 vecinos de Puente Castro tomaron ayer de nuevo las calles del centro de León provocando cortes de tráfico intermitentes para mostrar su disconformidad con el cambio que el Ayuntamiento pretende llevar a cabo en el uso de una parcela dotacional de la zona, que supondría la supresión de numerosos espacios de servicios y daría paso a la construcción de 150 viviendas sociales para jóvenes.
Fue la cuarta protesta impulsada por el colectivo vecinal Aljama con el objetivo de que el equipo de gobierno se comprometa a respetar el destino inicial de los 7.541 metros cuadrados que tiene la parcela donde inicialmente estaban previstos un polideportivo y un centro de salud que podría dar servicio a Villaturiel, Valdefresno y la Lastra.
En este sentido, la presidenta de Aljama, Flory Fernández, anunció la presentación de dos recursos de reposición contra el acuerdo plenario del 31 de octubre que daba luz verde a las 150 viviendas sociales.
Ante lo que los vecinos consideran “excusas” del equipo de gobierno, anuncian medidas legales contra el citado acuerdo. Para ello, han lanzado la campaña ‘Salvemos Puente Castro’ y han abierto una cuenta bancaria para que los vecinos contribuyan a esta batalla legal con sus aportaciones voluntarias.
El manifiesto leído ayer tras concluir la manifestación hasta las puertas del Consistorio respondió además al alcalde, quien afirmó que “si a Puente Castro le molestan los pisos para jóvenes, los hacemos en otros barrios que seguro que están encantados de recibirles”. En este sentido, los vecinos se preguntaron: “¿Es que aún no se ha enterado de que no las queremos?”.
El manifiesto denuncia además que el cambio de uso de la parcela “incurre en la ilegalidad”, ya que el polígono aún no está entregado y la Junta sólo permite que se destinen a uso privado las parcelas dotacionales cuando hayan pasado ocho años desde la recepción y no se hayan construido los equipamientos.
* La Crónica - Alfonso Martínez León - 12.12.2008
Foto: Los vecinos de Puente Castro se manifestaron para exigir al Ayuntamiento que respete las parcelas para equipamientos del barrio. m. marcos, la-cronica.net
El PP lleva al pleno un plan de Ribalta que omite el trolebús e incumple las exigencias de Cultura
LEVANTE/Castelló* : El Gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP) llevará al pleno de diciembre después de 3 años de retraso el dictamen técnico del plan especial de protección del parque Ribalta y remitirá a la Conselleria de Cultura un documento que finalmente no autoriza el paso del trolebús y que tampoco refleja las condiciones de mejora y peatonalización del entorno del jardín histórico.
Los informes técnicos del Plan Especial de Protección Ribalta-Tetuán evidencian que las alegaciones ya estaban resueltas en febrero de 2008 y que desde entonces se ha bloqueado un documento que prohibe cualquier alteración urbanística como la que significaría el paso de un transporte masivo.
Durante este periodo de paralización, el PP ha aprovechado para comenzar los primeros trabajos del proyecto del trolebús (Tram) por dentro de un parque protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).
El ayuntamiento y la Conselleria de Infraestructuras comenzaron en agosto las excavaciones arqueológicas en el parque con el aval de una autorización de la Conselleria de Cultura que permite el paso del trolebús con una serie de condiciones que tanto el ayuntamiento como Infraestructuras siguen sin cumplir.
La resolución exige que el paso del Tram se refleje previamente en un plan especial conjuntamente con diez medidas entre las que destacan la peatonalización de los viales adyacentes, la reconstrucción de la antigua pérgola y la reforestación del parque.
Ahora, el ayuntamiento aprobará en el pleno del próximo lunes el plan especial que será remitido a Cultura con la salvedad de que el documento ni contempla el paso del trolebús ni el resto de medidas exigidas por los técnicos de la Dirección General de Patrimonio.
En el caso de que Cultura lo ratifique, Ribalta quedará protegido por un plan especial que prohibe el trolebús con la paradoja de que los primeros trabajos de la obra ya han comenzado y el ayuntamiento no ha cumplido ni una sola de las condiciones ineludibles exigidas por Patrimonio, ni siquiera la de incluir la actuación del Tram dentro del plan especial.
De hecho, este documento no puede contemplar el trolebús porque fue expuesto al público en el año 2005 y la propuesta final se ha mantenido sin incluir la obra del trolebús, dado que ello implicaría una nueva exposición pública y el correspondiente periodo de alegaciones.
El Bloc pide que Patrimonio sea firme
El portavoz municipal del Bloc, Enric Nomdedéu, cuestionó ayer que el PP "no ha incluido en el Plan Especial de Protección Ribalta-Tetuán ninguna de las condiciones de Cultura, y ello representará, como la propia directora general nos transmitió, que la conselleria no dará el visto bueno al proyecto. Esperamos que la directora cumpla su palabra".
* Levante-EMV - Nacho Martín - 16.12.2008
Foto: clamor social. 1.500 personas salieron a la calle en octubre para pedir que el trolebús no atraviese Ribalta. - vicent gamir, levante-emv.com
El futuro plan de Móstoles ignora un informe ambiental y desprotege suelo
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ELPAÍS/Madrid* : "El plan general de ordenación urbana de Móstoles quedará visto para ver la luz antes de que termine 2008". Fue el anuncio que hizo ayer el director general de Urbanismo y Estrategia Ambiental, Raimundo Herraiz, en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, donde avanzó que hoy dará su visto bueno al planeamiento en la Comisión de Urbanismo de la consejería.
El siguiente paso será que lo apruebe el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre.
Pero el plan de Móstoles (206.000 habitantes, gobernado por el PP) nace ya con una tara importante, que le afeó ayer el diputado socialista Antonio Fernández-Gordillo al director general en la comisión: no cumple con las medidas correctoras que impuso el informe definitivo de análisis ambiental, preceptivo y vinculante, que emitió la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad el 23 de enero.
"Considerando los previsibles efectos ambientales sinérgicos y acumulativos del plan general derivados de la urbanización de la mayor parte del término municipal, deben preverse pasillos ecológicos y zonas sin ocupar conforme al informe previo de análisis ambiental", afirma dicho dictamen.
Los pasillos corresponden a cinco áreas, de las que el plan ha desprotegido tres, calificándolas como suelo urbanizable no sectorizado. Para urbanizarlas haría falta un futuro plan especial, pero abre la posibilidad de que se construya en estos terrenos. Se engloban en dos amplias superficies, que suman cuatro millones de metros cuadrados (400 hectáreas, equivalentes a 400 campos de fútbol), situadas una al sur del arroyo de la Reguera hasta el límite con el término de Fuenlabrada (y que incluye otra área entre la R-5 y la frontera del municipio) y otra desde el arroyo de la Peñaca hasta el límite con Villaviciosa.
Para cumplir con la tramitación del planeamiento, era necesario que la Dirección General de Evaluación Ambiental emitiera un "informe favorable" que verificara el cumplimiento de las medidas correctoras. Así lo estipulaba el dictamen de deficiencias que la consejería elaboró el 24 de noviembre. Nueve días después, el 2 de diciembre, la misma consejería emitió otro informe idéntico al anterior, salvo que ya no incluía el requisito de que Evaluación Ambiental verificara las condiciones ambientales.
Lo que ocurrió entremedias lo expuso el diputado socialista Fernández-Gordillo en la comisión. "El 28 de noviembre se produce una reunión entre el Ayuntamiento y la consejería en la que me imagino que se modifica el contenido del informe para hacer el del 2 de diciembre", explicó. Esta tesis viene avalada por la documentación presentada en el pleno municipal del 9 de diciembre, en la que los técnicos municipales reconocen que se ha mantenido el encuentro y que en ella la Consejería se comprometió a dar el visto bueno al plan.
Sin embargo, no existe en la tramitación justificación alguna del cambio de criterio. Tampoco la ofreció ayer Herraiz en la comisión, donde dijo que el plan ha contado con "un amplio número de informes sectoriales y todos acaban favorablemente".
"¿Dónde está el informe favorable verificando el análisis ambiental?", le reprochaba el diputado socialista. "¿Piensa aprobar así el plan general?".
Y el director general se sorprendía de que considerara el suelo no sectorizado como desprotegido. "¿Por qué no se puede meter ahí un parque urbano?", preguntaba. "No se podrá hacer ni una vivienda sin un plan de sectorización".
Gordillo exigió la retirada del plan de Móstoles. El director general insistió en que se había "limitado a cumplir escrupulosamente con los informes de evaluación ambiental". No hubo acuerdo. Una vez más.
Tramitación acelerada
- 23 de enero. El informe de Análisis Ambiental (Comunidad de Madrid) definitivo obliga a establecer corredores ecológicos en cinco áreas.
- 28 abril. Un pleno del Ayuntamiento de Móstoles reduce de cinco millones de metros cuadrados a un millón el área desprotegida.
- 17 de julio. Tras la exposición pública, el pleno estima dos alegaciones y desprotege cuatro millones de metros cuadrados.
- 11 de septiembre. Aprobación provisional del plan por el pleno del Ayuntamiento, que lo envía a la consejería.
- 24 de noviembre. Informe de incidencias en el que se requiere verificación de las medidas ambientales.
- 2 de diciembre. Informe de incidencias que omite la misma verificación.
- 8 de diciembre. El pleno del Ayuntamiento aprueba la revisión del plan.
* ELPAIS.com - SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 16/12/2008
Foto: El municipio de Móstoles tramita el nuevo plan urbanístico- SAMUEL SÁNCHEZ, elpais.com
Demolición
FERNANDO SANTIAGO* : Resulta insólito que personas que se hicieron sus casas de manera ilegal a sabiendas exijan ahora su legalización. Si ocurriera así sería una bofetada para quienes construyeron con todos los permisos y los papeles en regla. Un desaire a quienes cumplen la ley: es más barato y mejor hacer las cosas mal porque a la larga te lo arreglan. Si se generaliza esta salida es posible que nadie quiera pagar impuestos porque luego alguien lo va a perdonar. Nadie pida licencia de apertura si luego las van a conceder con carácter retroactivo.
Conculcar la ley es fácil, barato y no tiene consecuencias. Cumplirla es de idiotas. Por si fuera poco, los infractores se ponen estupendos con las exigencias: que si han pasado cuatro años, que si no se pueden consentir los derribos, que los ayuntamientos tienen la obligación de arreglar calles, alcantarillado, recoger la basura, dar luz y agua. El infractor es osado porque sabe que al final gana.
La cuenta es más o menos así: una vivienda ilegal es un problema administrativo, 100 viviendas ilegales son un problema urbanístico, 1.000 viviendas ilegales son un problema político. Así que se da solución política, se mira para otro lado por la cantidad de funcionarios, notarios, arquitectos, aparejadores y constructores que colaboraron en el fraude y se busca el apoyo político de quienes han infringido la ley. Los que cumplen con la norma no crean plataformas, no se manifiestan, no cortan calles, no van a los plenos y no exigen. Simplemente cumplen con su deber. Lo que no hacen los alcaldes y concejales que legalizan o quieren legalizar las tropelías. Y si un alcalde quiere tirar alguna casa, son capaces de perseguirlo: habrase visto semejante desfachatez, querer que se cumpla la ley, como si fuera un servidor público. Es lo que se ha venido en llamar pragmatismo, que en el fondo no es más que calderilla política. El infractor es como el defraudador, como el delincuente: nunca tendrá suficiente y nunca apoyará gobiernos honrados. Por si fuera poco, la infracción urbanística es el caldo de cultivo de cualquier delito. Un fraude lleva a otro fraude. Y, además, desmoraliza a quien pide permisos, hace proyectos en regla, paga impuestos, cumple con las cargas urbanísticas que establece la normativa.
Como dijo Ángel Núñez, coordinador de los fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, es necesario demoler lo ilegal para restituir el orden e impedir el efecto llamada. Si hoy legalizamos, mañana vendrán nuevas viviendas ilegales sean en pinares, en el dominio público marítimo terrestre, en cañadas o en zonas verdes. La gente ya sabe que en 10 o 15 años vendrá un político pragmático, de un partido o de otro, y lo resolverá todo. Los ciudadanos pagarán con sus impuestos lo que tenían que haber pagado los infractores. Los ilegales y los "terceros en su buena fe" tendrán papeles, calles asfaltadas, infraestructuras y se cruzarán como buenos vecinos con quienes han obrado bien desde el principio. Y no se notará la diferencia. Quizás una sonrisa de suficiencia en el listo de la clase, el que sabía que para qué cumplir la ley si al final todo se arregla. Y si alguien se permite el lujo de quejarse, saldrá el españolito indignado, el que pide que nadie se meta en sus asuntos. Es el español que no paga impuestos, el que se escaquea, el absentista, el que tiene invalidez pero trabaja en la economía sumergida. La España del chapú, de lo quiere sin IVA o con IVA, la del engaño y la picaresca, la del dinero negro, la del todo vale, la de la impunidad. De nada sirve tirar Montenmedio si en la provincia de Cádiz puede haber 50.000 viviendas ilegales. Por si fuera poco hay toda una economía sumergida dedicada a la construcción ilegal, empresas que saben hacer las cosas rápido y que saben que todo es un negocio. Esa España avanza a pasos agigantados. Los españoles decentes sólo tienen a sus conciencias porque sus gobiernos los han abandonado y los tribunales son indolentes.
* ELPAIS.com - Opinión - 15.12.2008
Varias decenas de personas exigen en Lanzarote una vivienda digna 'agitando la Constitución'
DIARIODELANZAROTE* : Varias decenas de personas se concentraron este sábado por la mañana en la Calle Real de Arrecife, frente al Cabildo viejo, para reivindicar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El portavoz de Vecinos Unidos y de la Plataforma Por Una Vivienda Digna Lanzarote, José Díaz, denunció la “dejadez” de nuestras autoridades para hacer efectivo este derecho.
Entre ruidos de pitos y golpes de cacerolas, el portavoz de Vecinos Unidos y de la Plataforma Por Una Vivienda Digna Lanzarote, organizaciones que convocaban la concentración, recordó que el artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y que será obligación de los poderes públicos, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
De hecho, José Díaz denunció la “dejadez” de nuestras autoridades que tampoco regulan la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. “En Lanzarote necesitamos 2.500 viviendas sociales y hace más de 16 años que no se construye ninguna”, lamentó el líder vecinal.
‘Stop a la especulación. Juntos podemos', era otra de las consignas que esgrimía la pancarta y es que, según denuncian las organizaciones Vecinos Unidos y Plataforma Por Una Vivienda Digna Lanzarote, “la ciudadanía de la Isla no se beneficia de las plusvalías que genera la acción urbanística de los ayuntamientos”.
* Diario de Lanzarote - 15.12.2008
Foto: diariodelanzarote.com
La Fiscalía investiga si Arrigorriaga prevaricó en un plan urbanístico
ELPAÍS* : La Fiscalía de Bilbao ha abierto una investigación por presunta prevaricación y vulneración de la ley de Medio Ambiente por parte del Ayuntamiento de Arrigorriaga en un plan urbanístico que intenta ejecutar desde 1990. El fiscal estudiará si se ha favorecido a una empresa en la recalificación de terrenos y si el Ayuntamiento le compró terrenos por un valor superior para liquidar una deuda anterior de seis millones de euros.
Además, el área donde se proyecta la urbanización (26 hectáreas) tiene más de 10 hectáreas calificadas como de protección especial. En el proyecto, con una inversión prevista de 50 millones de euros, se incluye la edificación de una plataforma logística de Eroski.
El caso se abrió tras un escrito presentado ante la Fiscalía el pasado 1 de octubre por una plataforma que integra a 23 grupos de Miraballes y Arrigorriaga. A finales de noviembre, el fiscal tomó declaración a varios miembros del colectivo y, según la información facilitada por éste, les aseguró que había indicios de delito en la actuación municipal.
Los intentos de recalificar esta zona de monte, ubicada en el límite de los municipios de Arrigorriaga y Miraballes, se remontan a 1990. Entonces el pleno municipal aprobó un convenio para recalificar el paraje denominado Bentako-Erreka con la empresa Desarrollo y Gestión con el fin de desarrollar un proyecto industrial. En dicha firma figuraba como socio un hermano de la anterior alcaldesa de Arrigorriaga, María José Albizua (PNV), según el escrito de la plataforma vecinal. Pero la Diputación de Vizcaya rechazó la recalificación de los terrenos por tres veces (en 1990, 1993 y 1996), ante lo cual la compañía Desarrollo y Gestión denunció en los tribunales al Ayuntamiento, que fue condenado a pagar más de seis millones de euros por incumplir el convenio.
El fiscal investiga si esa valoración económica fue proporcionada -la sentencia sólo dio la razón a la empresa a la hora de recuperar unos terrenos suyos que cedió al consistorio-, ya que se basó únicamente en la petición hecha por la compañía, ya que el Ayuntamientono ejercíó su derecho de tasación. En octubre de 2007, el consistorio planteó de nuevo la recalificación urbanística, con la diferencia ahora de que, con la nueva Ley de Suelo, y al tratarse de un municipio de más de 7.000 habitantes, no requiere el permiso de la Diputación.
En la denuncia presentada a raíz de esta iniciativa se señala que antes de esa fecha se empezaron a comprar terrenos "sin informar del objetivo final de los mismos", y que en algunos casos se dijo que era para uso agropecuario. Los vecinos afirman que la zona no presenta ventajas para la instalación de una planta logística, debido a su calificación como no urbanizable, las fuertes pendientes o los atascos permanentes en la BI-625 que discurre en las cercanías. "Sólo se explica por el bajo precio pagado en adquirir los terrenos", indican.
La investigación también se centra en un acuerdo municipal, de diciembre de 2007, por el que se compra a Desarrollo y Gestión por 2,7 millones terrenos que los denunciantes consideran "sin valor apreciable ni edificabilidad urbanística". Los vecinos estiman que la operación encubre un "intento de liquidar la deuda" de los seis millones.
Con la nueva Ley de Suelo, el Ayuntamiento tiene que contar con la opinión del Departamento de Medio Ambiente, que se ha mostrado crítico con el proyecto. En un informe de marzo pasado, calificó el impacto de la urbanización de "severo" y censuró que no se hayan priorizado suelos ya urbanizados en vez de recalificar terrenos agrarios y naturales. Además, el informe de Medio Ambiente reprocha que no haya ningún estudio sobre el ruido, la fauna protegida y las zonas de servidumbre de los arroyos.
La Fiscalía comentó a los vecinos que la investigación no se extenderá a los intentos de recalificación de la zona en los años 90, en el que se implicaba a familiares de la ex alcaldesa, al haber prescrito.
El alcalde de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua, también del PNV, anunció hace mes y medio, al presentarse el escrito en la Fiscalía, que estudiaba querellarse contra la plataforma por "injurias, calumnias y falsedad documental", pero no quiso valorar los hechos concretos que se aportaban. El consistorio ha iniciado ahora una campaña de información sobre el plan, en la que defiende "el respeto exhaustivo de la legalidad" y que, a diferencia de lo que sostiene Medio Ambiente, "no producirá ningún impacto crítico den la zona". Incluso asegura que se preservarán los valores ambientales de esta área.
El proyecto tiene la aprobación provisional
El Ayuntamiento de Arrigorriaga, en el pleno celebrado el pasado miércoles, aprobó provisionalmente el cambio en el planeamiento urbanístico municipal para acometer el proyecto en Bentako-Erreka. La autorización, a la que únicamente le queda la ratificación definitiva, tuvo el apoyo de los tres grupos del equipo de gobierno (PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua) y el rechazo de la oposición, conformada por el PSE y el PP.
El quipo de gobierno valoró, tras la sesión, que el proyecto es una oportunidad para el desarrollo del municipio "en el único terreno utilizable a nivel empresarial". Además, destacó el visto bueno del Consejo Asesor Urbanístico del municipio, una figura creada por la nueva Ley de Suelo y que debe emitir su opinión, aunque no es vinculante.
El Consejo Asesor, formado por partidos políticos y asociaciones sociales, aprobó el pasado día 3 la recalificación, pero gracias al voto de calidad del alcalde, el peneuvista Alberto Ruiz de Azua, ya que se registró un empate a ocho sufragios. Sólo dos asociaciones no políticas (los grupos deportivos y el representante de los empresarios) sumaron su voto al de los miembros de PNV, EA y Ezker Batua, mientras que el rechazo provino de los delgados de centros escolares, asociaciones de vecinos, ecologistas, sindicatos, el grupo de mujeres y los partidos PSOE y PP.
La plataforma vecinal Bentaakorreka Bizirik, que presentó la denuncia en la Fiscalía, comunicó después que el representante de los grupos deportivos se equivocó en la votación y que "aclarará su postura en la siguiente reunión del Consejo Asesor".
La plataforma censuró la actitud del alcalde en la reunión, ya que, según aseguraron, calificó de "ignorante" al representante del grupo ecologista y "arremetió en varias ocasiones" contra otros delegados de los centros educativos. "Su comportamiento fue sencillamente bochornoso", señaló.
La asociación vecinal consideró "sintomático" que los representantes de los colectivos sociales, "excepto los empresarios y el representante de los grupos deportivos", hayan votado en contra del proyecto urbanístico, "lo que a nuestro entender da idea del rechazo que genera".
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 15/12/2008
Foto: Una vista de parte de los terrenos donde se proyecta el plan urbanístico en Arrigorriaga- SANTOS CIRILO, elpais.com
La corrupción urbanística produce más dinero que la droga y está menos penada
ABC* : Municipio más bien pequeño que va a tener un desarrollo urbanístico muy importante y, por tanto, va a a aumentar su suelo construido de forma exponencial hasta quintuplicar su población en muchos casos. Ese es el caldo de cultivo en España para que surja una corruptela vinculada a las recalificaciones y al ladrillo en la que los protagonistas son, de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad y, de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con técnicos o abogados asesorando a unos y otros y sacando tajada.
Si a esos elementos les sumamos zonas concretas como la costa mediterránea de norte a sur, ciertas áreas de Galicia y Asturias, y en general toda la costa, el trinomio está servido, según fuentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Con estos mimbres, no es extraña la afirmación de los investigadores: «El urbanismo da ya más dinero que la droga y las penas son menores. Un terreno se revaloriza de forma exponencial».
Sólo con la intención de recalificar un terreno rústico en urbano comienza a moverse mucho dinero. De ahí, que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) estén ojo avizor: en este momento mantienen abiertas seis operaciones que de aquí a unos meses darán resultados, similares a los que se han producido en Librilla y Totana (Murcia). Otra media docena de asuntos se están siguiendo con detenimiento, pero aún se encuentran en fase preliminar.
Investigaciones vivas
Una de las peculiaridades de este tipo de operaciones es que las detenciones de imputados y los registros son sólo una fase más; son investigaciones «vivas» en las que los documentos intervenidos pueden dar más fruto que todo lo que se haya trabajado hasta ese momento. Hasta ahora los ayuntamientos en los que la Guardia Civil ha detectado corrupción pertenecen al PP -la Policía ha llevado a cabo golpes en consistorios también del PSOE y de otros partidos-, pero los agentes están convencidos de que el color político de los consistorios «no es ni mucho menos determinante y el paso del tiempo equiparará a los distintos partidos».
La razón tiene que ver con la consideración social: «Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad», resumen fuentes del Grupo de Delitos Urbamísticos. «Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan, se supone) a que se beneficien los contrarios o que te sueltan que lo han hecho todos los que han pasado por ahí antes». Por el momento no se ha encontrado que esa corrupción esté ligada a la financiación de los partidos políticos, «pero eso no quiere decir que no suceda».
Al margen de la crisis
No hay un patrón. La iniciativa de actuaciones corruptas, del pago de comisiones y sobornos, del blanqueo de dinero puede ser tanto de la autoridad pública como del empresario; el elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado. «Aunque persista la crisis y se paralice toda la construcción, tendríamos para investigar varios años», explican gráficamente las fuentes consultadas.
El Grupo de Delitos Urbanísticos es el más joven de la Guardia Civil. Tiene apenas año y medio. Lo forman 25 agentes, bajo el mando de un comandante y se han creado tres puestos en cada Comandancia, en total 162 agentes formados en investigación financiera, blanqueo de capitales y urbanismo. Los iniciales estuvieron en Málaga, Madrid y Murcia, donde más casos de corrupción urbanística se habían detectado. Los juzgados vieron el cielo abierto con la puesta de largo de estas unidades. Casi todos los que tenían causas pendientes relacionadas con el urbanismo en jurisdicción de la Benemérita se las enviaron al nuevo grupo.
Antes de crearse, la Guardia Civil pidió a todas las unidades del Seprona información de las infracciones urbanísticas penales y administrativas detectadas, así como de las edificaciones ilegales levantadas en los últimos tres años. El Grupo recibe denuncias anónimas y otras con nombre y apellidos: una parte nada desdeñable proceden de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Muchos «afectados» acuden a la Guardia Civil tras fracasar en procesos contenciosos y creer que tienen razón.
* ABC - CRUZ MORCILLO/PABLO MUÑOZ | MADRID - 15.12.2008
