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CANARIAS7* : Las actuaciones del PIO y del corredor del Norte que el TSJC considera ilegales suman un presupuesto estimado de 758,69 millones de euros, sin contar la anulación de los suelos Bb3 ni la inversión asociada al aprovechamiento del banco submarino de arena de Pasito Blanco.
Sólo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha anulado las determinaciones del Plan Insular (PIO) sobre las carreteras entre La Aldea y Agaete, la tangencial de Telde y el nuevo corredor interior del Sureste, así como sobre la ampliación del puerto de Arinaga y la creación del puerto deportivo de Bahía Feliz, entre otras actuaciones afectadas, deja en el aire una inversión de 539 millones de euros según las estimaciones del propio PIO.
El presupuesto más elevado recogido en la memoria final del PIO es el de la nueva autovía entre Jinámar y el Aeropuerto, con un coste estimado de 222 millones de euros. Le sigue la nueva carretera entre La Aldea y Agaete previsto en el proyecto de trazado, que es de 196 millones sin contar las expropiaciones, aunque la cifra se quedará corta a la vista del gasto autorizado para el primer tramo, que es de 128,5 millones para hacer diez de los 18 kilómetros de la nueva vía. El nuevo corredor interior entre Carrizal, Ingenio y Agüimes costaría 40 millones de euros (39,67) según el PIO, la ampliación del puerto de Arinaga 52,5 millones y la creación del puerto deportivo de Bahía Feliz otros 29, en este caso de inversión totalmente privada.
Los fallos que anulan parte del plan viario del Norte y el corredor entre Arucas y Guía previsto en el PIO cuestionan una inversión de 220 millones de euros, los 91,1 en que ha sido adjudicada la cuarta fase de la circunvalación, los 75 reservados para la variante de Bañaderos en el convenio de carreteras entre los gobierno central y canario y los 53,6 recogidos en el contrato de la duplicación entre El Pagador y Guía que está en ejecución.
Y los Bb3, el gas y...
A la inversión que está prevista para las infraestructuras afectadas por la anulación parcial del Plan Insular y del plan viario del Norte hay que sumar el coste de no poder convertir en terrenos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales los suelos B.b.3, una determinación del PIO anulada por otra sentencia del TSJC de 2008. Tampoco están sumadas las decenas de millones de euros que costaría la planta regasificadora que Gobierno regional y Gascan quieren poner en Arinaga, para lo que es preciso que se amplíe el puerto. Además, Ben Magec pedirá al TSJC que aclare si su última sentencia afecta también a los puertos deportivos de Meloneras y Tauro.
El Norte exige recurrir con "todos los medios".
La Mancomunidad del Norte mostró ayer todo su apoyo al Cabildo ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula parcialmente el Plan Insular de Ordenación (PIO) y acordó por unanimidad solicitar a esta corporación que recurra la sentencia y «que destine todos los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar los proyectos que afectan al desarrollo de esta comarca y al interés general de la Isla», entre ellos la carretera de La Aldea a Agaete.
Los alcaldes del Norte acordaron «solicitar al Cabildo que subsane los defectos de forma que menciona la sentencia» –principalmente la falta de declaración de impacto ambiental- como argumento de base para declarar la nulidad del PIO, «garantizando con ello que los proyectos que se contemplan en este documento de ordenación puedan seguir su curso y no hipotecar el desarrollo de la comarca».
Además, coinciden en que todos los proyectos afectados disponen de sus propios estudios de impacto exigidos por las administraciones locales, estatales y europeas, lo que viene a demostrar que han pasado por los trámites exigidos y necesarios.
La Mancomunidad confía en que este fallo judicial, que estima un recurso de Ben Magec, no suponga retrasar mucho más en el tiempo el desarrollo de las actuaciones que demandan desde hace tiempo los vecinos de esta comarca basándose en aspectos puramente formales y no de fondo, como parece que recoge la sentencia.
* Canarias 7 - Jesús Quesada - 18.10,2008
Foto: La ampliación del puerto de Arinaga amparada por el Plan Insular ha sido anulada por una sentencia del TSJC./ Gerardo Montesdeoca, canarias7.es
Gran Canaria: Las obras anuladas por el TSJC cuestan 759 millones
La DIA de la Ciudad del Golf coincidió con el fin del plazo para recalificar los terrenos
ÁVILADIGITAL* : La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que daba luz verde a la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués se firmó justo cuando vencía el plazo para recalificar los terrenos. Según el contrato suscrito entre Montes de Las Navas y Residencial Aguas Nuevas, si la finca no se recalificaba en dos años, la mercantil, de la que formaban parte el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, tendría que pagar a la promotora tres millones de euros.
Así lo ha explicado Carlos Bravo, presidente de Centaurea, una de las organizaciones personadas como acusación en el caso de la Ciudad del Golf, quien ha destacado que la imputación de la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, era “previsible”.
“La Consejería de Medio Ambiente actuó en contra de informes técnicos previos en los que se reconocía el valor del pinar y la presencia de especies protegidas como la cigüeña negra”, ha señalado Bravo, quien ha destacado que a pesar de ello “se forzaron informes que contradecían los primeros y se emitió una Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2004”.
A su juicio, la Junta “violó su propia normativa”, teniendo en cuenta que doce de las 210 hectáreas sobre las que pretendía construirse la macrourbanización eran Área Crítica para la cigüeña negra y aún así fueron recalificadas.
Tres millones de euros
Señala, además, que “en un acta del pleno del Ayuntamiento, de 2004, se relata la visita de la consejera en la que se comprometió a agilizarlo” y que “a los pocos días se firmó la Declaración de Impacto Ambiental”. Bravo ha destacado en este sentido que coincidía con el vencimiento de un plazo por el cual Montes de Las Navas tendría que pagar tres millones de euros a Residencial Aguas Nuevas si no se recalificaban los terrenos: 950.000 metros cuadrados estaban clasificados como suelo urbanizable delimitado en las normas urbanísticas y el resto, 970.000, como no urbanizable.
De hecho, en la escritura de compraventa, firmada en agosto de 2002, se incorporaba una cláusula que establecía que “si en el plazo de dos años desde la firma de la escritura pública no se hubiera aprobado con carácter definitivo la clasificación como suelo urbanizable delimitado de los 970.000 metros cuadrados que se encuentran clasificados como suelo no urbanizable, la compradora podrá exigir a la vendedora la devolución de la parte del precio correspondiente a dicho suelo (2.953.943,55 euros), más el 50 por ciento del descuento (250.028,22 euros)”.
Para Centaurea, la petición de imputación de la consejera efectuada por el fiscal “avala la denuncia que se presentó en noviembre de 2006” y que “hay indicios claros de que pudieron cometerse delitos urbanísticos, medioambientales y económicos”.
* Ávila Digital - María Cuenca - 17.10.2008
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad Golf - aviladigital.com
'Cibervigilancia' con avionetas contra los delitos urbanísticos en España
EFE* : Construcciones ilegales, irregularidades fiscales o desperfectos urbanos pueden ser fácilmente delatados gracias a un novedoso sistema de vigilancia con sofisticadas imágenes en tres dimensiones volcadas en Internet, obtenidas por una flota de avionetas y helicópteros que sobrevuela Europa de continuo.
Este sistema, que lleva sólo unos meses funcionando y que ha sido desarrollado por una empresa noruega, permite observar 'on line' detalles urbanísticos tales como la posición exacta de las máquinas de aire acondicionado en las fachadas de los hogares, la existencia de cerramientos en los balcones de las casas o incluso el número preciso de mesas y sillas en la terraza de un bar o restaurante (dato clave en muchos casos para la declaración fiscal del negocio).
Así lo ha explicado a Efe uno de los responsables de esta iniciativa, el director general de Blom España, Peter Sauleda, quien ha añadido que se trata de un sistema de imágenes y servidores conectados a Internet que ofrecen datos ya procesados con protocolos "muy simples".
Aparte de la inmediatez, precisión y actualización de las imágenes, el sistema permite asimismo, con un margen de error de unos 10 centímetros únicamente, según Sauleda, hacer mediciones para conocer, por ejemplo, la longitud y la anchura de las calles, la altura y el volumen de los edificios, la inclinación de los tejados o el perímetro de las plazas y los parques.
La vigilancia urbanística, a partir de las aplicaciones de este sistema pionero, se está utilizando ya con éxito, según los responsables del sistema, en varios puntos geográficos españoles, preferentemente, hasta ahora, en la Costa del Sol y en puntos costeros del País Vasco.
Asimismo, se está recurriendo a esta plataforma "on line" en situaciones de desastres naturales, por la disponibilidad garantizada de medios aéreos que ofrece, con una antelación de 24 horas.
La precisión de las imágenes de este sistema, cuya actualización es continua, en fases de 9 y 12 meses de media, permite incluso la observación de posibles desperfectos en líneas del tendido eléctrico de las ciudades, en el pavimento de las calles y avenidas, y en las redes de semáforos, entre otros.
Los servicios de emergencia, aparte de otros colectivos como las autoridades municipales y locales, además de las fiscales, entre otros, son grupos que también pueden beneficiarse de este sistema integrado por una base de datos con mapas de alta resolución e imágenes que cubren el 80 por ciento de la población en toda Europa.
Así, por ejemplo, según Sauleda, un equipo de bomberos, gracias a las imágenes obtenidas por la flota de avionetas (en España sobrevuelan tres de continuo) y helicópteros, que incluyen láseres de alta tecnología, escáneres multiespectro y cámaras para captar ortofotos e imágenes oblicuas, puede saber sólo con acceder al ordenador si un edificio en llamas tiene tres o siete pisos, si los materiales de construcción incluyen madera o si el inmueble en cuestión dispone de balcones que faciliten el acceso al mismo.
También el ciudadano de a pie puede beneficiarse de este sistema, según sus responsables, porque, en contraste con los datos del Catastro, le permite obtener imágenes precisas de su vivienda, o de un terreno, o de una segunda casa en la playa o en la montaña; y asimismo pueden obtener ventajas del mismo las inmobiliarias, las pequeñas y medianas empresas (pymes) o los profesionales autónomos, como los electricistas, los fontaneros o los albañiles, entre otros muchos.
* rtve.es - AMAYA QUINCOCES/EFE MADRID 18.10.2008
Foto: Madrid, vista aérea - EFE
Anticorrupción investiga a Castedo por un plan parcial
ELPAÍS/Alicante* : La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, ha abierto diligencias penales contra Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y fraude, derivados del desarrollo del sector nº 1 del plan parcial Benalúa Sur, cometidos durante su etapa de concejal de Urbanismo.
Enrique Sanus, gerente de esa área y la empresa urbanizadora Prasa también están imputados por los mismos presuntos delitos. La decisión del ministerio público es consecuencia de una denuncia presentada por el Grupo Socialista municipal de Alicante el pasado mes de agosto.
El PSPV justificó el supuesto delito de prevaricación en el hecho de que Castedo y Sanus emitieron informes y resoluciones "que consideran injustas, ya que se asume el pago del 50% de los costes de urbanización, lo que supone un detrimento de las arcas municipales y, por tanto, del interés público y colectivo a favor del urbanizador". Esta decisión habría supuesto una rebaja en el coste de la urbanización estimada en unos 500.000 euros. El Grupo Socialista municipal también defendió en su denuncia que el supuesto tráfico de influencias se halla en "la actitud del gerente y la concejal desde el primer momento a favor y en defensa del interés urbanizador, aun por encima de los diferentes informes técnicos pertenecientes a distintos servicios".
Briones ha pedido, entre otros, la documentación del expediente y la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Alicante que ya anuló la pretensión del Ayuntamiento de asumir el 50% del coste de urbanización.
La alcaldesa de Alicante respondió a la decisión de Anticorrupción abrir diligencias penales por el trámite de este plan parcial con este breve y escueto comentario: "Lo esperado. La historia se repite". Briones ya denunció sin éxito a Castedo en el caso del supuesto trato de favor del Ayuntamiento al contrastista Enrique Ortiz, archivado por el Tribunal Supremo.
Mientras, la Fiscalía de la Audiencia de Alicante se ha inhibido en favor de su homónima de Valencia para que investigue la denuncia de un colectivo de El Comtat al director general de Energía por supuesto trato de favor a su hermana en la adjudicación de un informe del Plan Eólico. La Fiscalía de Alicante se declara incompetente porque, en su opinión, los hechos se produjeron en Valencia.
* ELPAIS.com - R. B. / S. N. - Alicante - 18/10/2008
Foto: Alicante, plan Benalúa Sur - laverdad.es
Un nuevo tejido social cuestiona el desarrollismo industrial obsoleto
FERNANDO LLORENTE* : El modelo de crecimiento en Extremadura coincide con el del resto de la península en el peso exagerado de la construcción y la especulación inmobiliaria, así como en el despliegue de grandes infraestructuras viarias, pero tiene la peculiaridad de añadir proyectos industriales de generación de energía, entre otros : la instalación de varias centrales térmicas y una refinería de petróleo con su necesario oleoducto hasta el puerto de Huelva.
Algo llamativo y paradójico en una región que, con dos reactores nucleares, muchos embalses y el actual empuje de las instalaciones fotovoltaicas, genera mucha más energía eléctrica de la que consume.
Estos proyectos energéticos intensivos en capital y de duro impacto social y ambiental han suscitado un gran rechazo popular que se ha autoorganizado, al margen de instituciones, partidos y sindicatos, en plataformas ciudadanas (Refinería No, Térmicas No, Cerrar Almaraz, etc.), desplegando una lucha sostenida que ha logrado un alto grado de visibilidad y presencia social en una región secularmente azotada por la desmovilización y la apatía política. Con sus diversas luchas locales de resistencia, este movimiento ambientalista ha puesto sobre la palestra el modelo de desarrollo económico y humano que debe tomar esta región. Un modelo que ha puesto en evidencia el alto grado de divorcio entre unas instituciones públicas, alineadas con el desarrollismo industrial obsoleto, y una sociedad civil muy heterogénea ; en parte permeable a los discursos desarrollistas del “empleo por encima de todo”, pero también alarmada por estos procesos supuestamente modernizadores y que aspiran a defender y conservar los recursos naturales, los paisajes y el entramado socio-cultural de los ecosistemas regionales.
En este sentido, las luchas contra las térmicas, contra la refinería, contra la urbanización de la Isla del embalse de Valdecañas, contra Almaraz y tantas otras barbaridades se encuentran frente a un conglomerado muy compacto de intereses económicos y políticos que se entremezclan y actúan en connivencia. Valgan como ejemplos la participación directa de la Junta en la refinería con un 20% del capital a través de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, SOFIEX, por no hablar de que Alfonso Gallardo, dueño del grupo industrial más poderoso de la región, es un viejo beneficiario de la mayor parte de las ayudas industriales públicas ; que varias decenas de concejales y alcaldes de los pueblos vecinos de la central nuclear trabajan en la propia central ; el apoyo cerrado de CC OO y UGT a todos estos proyectos, o que muchas alcaldías de los municipios pequeños (la gran mayoría de los de la región) estén en manos de promotores y constructores.
Este conglomerado público-privado, político-empresarial, no duda en violar su propia legislación ambiental, ni en usar fraudulentamente la declaración de “interés público”, ni en ocultar información, ni en impedir el acceso a Canal Extremadura de las voces opuestas a sus proyectos, e incluso emplea acciones de amedrentamiento y coacción como el acoso las recogidas de firmas contra las térmicas por parte de la policía municipal de Mérida, o la denuncia falsa contra diez miembros de Refinería No por la inventada agresión al alcalde de Villafranca de los Barros, o los ataques a la vivienda de la coordinadora de Ecologistas en Acción, incluso con artefactos incendiarios, en el Gordo (Cáceres) ; o las presiones internas y externas contra los técnicos y agentes del Medio Ambiente comprometidos o las represalias de alcaldes contra los ecologistas de sus municipios... toda una microconflictividad social y política que revela el carácter poco democrático o decididamente autoritario del sistema institucional en todos sus niveles, que ha logrado tejer una densa red de clientelismo, corrupción y caciquismo de nuevo cuño que ve en el movimiento de resistencia ambiental casi el único enemigo a batir toda vez que las voces del disenso proletario, campesino o de género han quedado laminadas o integradas.
En este escenario de dura polarización ideológica, los movimientos ciudadanos están teniendo el mérito de plantear, más allá de la defensa del territorio y los recursos comunes, la necesidad de romper con el autoritario cerco económico, cultural y político en el que la sociedad civil está atrapada, poniendo en discusión no sólo los aberrantes proyectos concretos, sino también el modelo de desarrollo que nos están imponiendo desde lo más global a lo municipal.
El ‘atraso’ como oportunidad de ecodesarrollo
El atraso económico extremeño está siendo reinterpretado por el ambientalismo como una oportunidad para el cambio radical de estructura económica que la actual crisis sistémica demanda. La región cuenta todavía con un importante sector primario y un alto porcentaje de población rural, ecosistemas agrarios hortícolas, frutícolas, cerealísticos productivos y aún no muy contaminados, susceptibles de transformación progresiva a modelos ecológicos de producción. Olivares, viñedos, dehesas que son un tesoro económico, ecológico y cultural. Unos pueblos en crisis, pero aún vivos en los que se puede rastrear los antiguos conocimientos y prácticas del manejo blando de los ecosistemas... El futuro de la región pasa por la revitalización y transformación ecoeficiente del sector agroganadero y los espacios rurales, por la conservación de su rico mosaico de paisajes. Otro activo importante son los bosques del norte, auténticos pulmones verdes, que pueden desarrollarse mucho más : con prevención de incendios, ganadería extensiva, mejoras y aprovechamientos silvícolas.
* Fernando Llorente (participa en el movimiento antinuclear de la Vera-Cáceres).
* Diagonal - Número 86. Del 2 al 15 de octubre de 2008
18 imputados en Chiclana en una operación contra el urbanismo ilegal
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DIARIODECÁDIZ* : La unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma ha culminado en Chiclana de la Frontera una operación contra el urbanismo ilegal con 18 personas imputadas por delitos contra la ordenación del territorio, estafa y falsedad documental.
Las investigaciones, según ha informado la Junta de Andalucía, comenzaron hace poco menos de un año en el Pago Canteruelas viejas del termino municipal de Chiclana por orden del Juzgado Mixto 2 de la localidad.
El origen fue una denuncia presentada por un propietario particular, quien alegó que la parcela y propiedad que acababa de comprar no figuraba en el Registro de la Propiedad ni en las escrituras notariales.
Las primeras pesquisas determinaron que la propiedad adquirida por esta persona se encuentra a más de quinientos metros de la que figura en los documentos que avalan la operación de compra.
Al examinar las escrituras, los expertos en urbanismo de la Policía autonómica comprueban que en ellas se reconoce una macroedificación de 700 metros cuadrados dividida en siete partes indivisibles contando la del denunciante, que corresponderían a viviendas individuales, aunque en realidad no hay construida ninguna macroedificación ni ninguna casa individual.
Para que esto sea posible debe existir un certificado de un técnico (arquitecto o ingeniero) que acredite la antigüedad de la supuesta construcción, superior a cuatro años (cuando prescriben las infracciones urbanísticas) o a tres años (prescripción de los delitos urbanísticos).
En este caso la Policía ha descubierto este certificado falso que dice que la construcción, que no existe, tiene una antigüedad de cinco años.
El procedimiento es un montaje para «lavar» la prohibición de construir viviendas en los suelos rústicos y convertirlas en legales.
Además de un exhaustivo examen de la documentación registral, notarial, urbanístico municipal y distintos expedientes, la Policía ha analizado fotos aéreas oficiales que muestran la evolución de esta parcela año tras año.
En la actualidad, en el lugar hay construidas tres viviendas y otras tres parcelas vacías (la séptima división corresponde al denunciante), que fueron vendidas cuando aún no estaban construidas.
En una primera fase fueron imputados siete propietarios como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa; y en la segunda fase han sido imputados el resto: los promotores e intermediarios por presunta estafa, los peritos tasadores por falsedad documental y estafa y el arquitecto J.P.S. por falsedad documental, éste último imputado en anteriores ocasiones por hechos de similares características.
* Diario de Cádiz - EFE - 17.10.2008
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
El primer teniente de alcalde de San Fulgencio cobró 5.000 euros por favorecer un plan urbanístico
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LAVERDAD/Alicante* : Los ladrillos vuelven a ser la fuente del escándalo en la Vega Baja, sobre todo cuando el teniente de alcalde de un ayuntamiento decide empezar la casa por el tejado. «Estos cinco mil euros es de la asignación que me han dado para el tema este, para que tú los tengas mensualmente, porque eres un hombre de nosotros o no eres un hombre de nosotros».
La Verdad ha podido constatar que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento alicantino de San Fulgencio, Manuel Barrera, cobró cinco mil euros -5.000- a principios del mes de septiembre por empezar a trabajar para una firma inversora que, presuntamente puso sus ojos en el desarrollo urbanístico de San Fulgencio. El propio Barrera confirmó ayer este pago a varios responsables de este diario en el transcurso de una entrevista.
Este periódico, además, ha tenido acceso a las pruebas gráficas que demuestran tanto la entrega del dinero como la conversación exacta que demuestra el importe del pago. El concejal y cabeza de lista de la Agrupación Independiente Mediterráneo aseguró ayer, además, que el dinero lo cogió en concepto de donación para su partido, pese a que aseguró que nadie de su partido está por ahora informado de la entrega en efectivo.
El «trato» del edil con sus interlocutores, tal y como demuestran las imágenes a las que ha tenido acceso La Verdad, se cerró en el transcurso de la última de varias comidas que el concejal del municipio de la Vega Baja mantuvo con dos presuntos intermediarios -Joan García y Carlos- de una mercantil radicada, al parecer en Barcelona. El último de estos supuestos mediadores fue el encargado de entregar el sobre con el dinero al edil, tras aclararle que se trataba del primero de una serie de pagos que le harían con carácter mensual hasta completar la cantidad de 240.000 euros, es decir unos cuarenta millones de pesetas.
El acuerdo definitivo se produce durante este encuentro, celebrado en un restaurante de Valencia, según Barrera. Durante la narración de hechos realizada ayer por el concejal de Hacienda de San Fulgencio a este periódico, asegura que «yo no cogí el sobre con dinero» sino que éste había sido depositado sobre la mesa, pese a que las imágenes demuestran cómo este dinero se entrega en mano al vice alcalde y él hasta se detiene unos momentos a contar el dinero o, al menos, a comprobar de una forma somera el contenido de dicho sobre.
Manuel Barrera relató a sus interlocutores el proceso por el que había pasado el proyecto del PAI de La Cantera desde el año 2005 en que se empezó a hablar de él desde ámbitos municipales. Este proyecto urbanístico que nació hace ahora tres años contempla, tras dos modificaciones, la construcción de 4.000 viviendas, un campo de golf en las zonas verdes, hoteles, casino y hasta un puerto fluvial en una zonaque linda con el río Segura.
La zona conocida en San Fulgencio como La Cantera de cuyo desarrollo urbanístico se habla está localizada junto a dos yacimientos arqueológicos y cerca de otra zona declarada como ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
Sin dejar «estela»
Tras el repaso cronológico al proyecto los comensales iniciaron un diálogo de negociación acerca de las condiciones sobre las que el edil puede empezar a trabajar para la mercantil, de forma más o menos velada; en ese momento Carlos le recuerda a Barrera conversaciones anteriores en las que se habla de fidelizar -al edil-, por lo que ambos convienen que la reunión debe concluir sabiendo todos «si vamos por el mismo camino o por caminos distintos». En ese instante, Barrera nota que su interlocutor titubea por lo que le espeta que «debemos de ser claros». Acto seguido el supuesto mediador le revela al vice alcalde de San Fulgencio el importe de una partida de entre 200.000 y 240.000 euros que ya está preparada «para empezar este proyecto». A lo que Manuel Barrera responde de nuevo a Carlos que «debes ser directo y claro, porque yo trabajo con los americanos y no se muerden la lengua». Carlos regresa entonces sobre otro argumento esgrimido por Barrera en referencia a no dejar rastro de los pagos ni del inicio de la relación mercantil al recordarle al edil que «para mi la única manera de no dejar estela -definición utilizada antes por Manuel Barrera-, yo ya tengo una asignación aquí y te digo sinceramente que la tengo desde agosto».
«No regalo mi trabajo»
Más adelante el munícipe de San Fulgencio especula con los plazos de aprobación del proyecto urbanístico y que podrían rondar un año, un optimismo que no comparte su acompañante quien estipula en dos o tres años el tiempo de tramitación, pese a lo que le asegura que «hasta que empecemos a trabajar, si una persona es nuestra es nuestra».
Tras dar los comensales varios rodeos acerca del nuevo nivel de relación alcanzado toma la palabra Manuel Barrera y deja bien claro ante los presentes que «yo no regalo mi trabajo. Es mi tiempo y si mi tiempo lo quito de hacer lo que me gusta, que es atender a mi pareja y a mi barco y mi pesca y mi vela, y mis perros, y viajar por ahí, lo siento mucho pero eso hay que pagarlo (...) todos vosotros, incluso yo nos vamos a beneficiar de mis conocimientos y de mi experiencia y esto también tiene un valor». Y concluye Barrera con un contundente: «Yo estoy».
* La Verdad - JESÚS FERNÁNDEZ - 17.10.2008
Foto: San Fulgencio (Alicante) - inem.es
El fiscal pide imputar a la vicepresidenta de Castilla y León por corrupción urbanística
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ELPAÍS* : El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, ha pedido imputar a la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, del PP, por el escándalo de corrupción de la localidad abulense de Las Navas del Marqués (5.500 habitantes). El fiscal considera que Ruiz, que cuando se aprobó la urbanización en el pinar protegido era consejera de Medio Ambiente, le aseguró al alcalde que la urbanización saldría adelante y fue la que firmó la declaración de impacto ambiental.
Parte de la Ciudad del Golf estaba prevista en un área crítica para la cigüeña negra, una especie en extinción. Ruiz ha dicho a Efe que está "totalmente tranquila" y que espera demostrar su inocencia.
En su escrito, el fiscal pide que se abra una pieza separada en el Tribunal Superior de Justicia y que le tome declaración como imputada, ya que Ruiz es aforada. Junta a ella hay imputados en la causa el alcalde, Gerardo Pérez, del PP, el ex director de Medio Natural Mariano Torre, el ex presidente de la Diputación, el promotor de la urbanización, Francisco Gómez, alias El Paloma, y otros 14 técnicos que participaron en la aprobación de la urbanización.
La Junta, el Ayuntamiento de Las Navas y la Diputación, todos del PP, crearon en 2000 una sociedad pública para "proteger el monte". Compraron a la empresa Unión Resinera un enorme pinar y recalificaron parte. La empresa pública pactó con un promotor la construcción de 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y dos hoteles en Las Navas del Marqués. Antes de iniciar los trámites ambientales pactaron con él que podría construir en unas 200 hectáreas de pinar y talar más de 35.000 pinos.
Investigar si hubo prevaricación
La justicia investiga si ese pacto previo fue un acto de prevaricación, ya que incluso se comprometieron a indemnizar a El Paloma si los técnicos frenaban la urbanización. Pese a que el Tribunal Superior de Castilla y León declaró ilegal la urbanización en 2006, el constructor, Francisco Gómez, comenzó a talar el pinar hasta que la fiscalía de Medio ambiente lo paró.
Ruiz ha insistido en su "plena confianza" en el "buen hacer" de los tribunales. "Estoy absolutamente a disposición de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León", ha dicho. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha subrayado que su actuación en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la Ciudad del Golf se ciñó "al procedimento administrativo".
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 17/10/2008
Foto: Navas del Marqués (Ávila), tala Ciudad Golf -J.Martin ( EFE )
La alcaldesa quiere legalizar todas las casas de Marbella
ELPAÍS* : Los 2.000 vecinos que hace apenas un año salieron a la calle para pedir que no hubiera demoliciones de viviendas ilegales en Marbella (Málaga) y que no se obligara a los propietarios de estas 18.000 casas a pagar por su regularización comprobaron ayer que su presión ha surtido efecto. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, del PP, anunció ayer que intentará que no se derribe ninguna vivienda, ni siquiera las más aberrantes urbanísticamente, como el complejo Banana Beach.
También avanzó que ha encontrado la fórmula para trasladar a los promotores, y no a los propietarios, el pago por las tropelías urbanísticas.
El equipo de gobierno ha incorporado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un artículo que permitirá exigir a los promotores que levantaron las viviendas ilegales que asuman las cargas urbanísticas fijadas para regularizar los inmuebles. Estas exigencias son, entre otras, la cesión de terrenos para zonas verdes o la construcción de los equipamientos de los que se vio privada la ciudad durante los 15 años del Grupo Independiente Liberal (GIL).
La regidora se mostró dispuesta a dar la batalla a la Junta de Andalucía para que las 500 viviendas que quedan fuera de ordenación -auténticos pecados mortales urbanísticos- sean finalmente legalizadas.
Entre estas promociones está la urbanización Banana Beach. Sus 238 viviendas fueron levantadas en una zona verde a pie de playa. Tienen sentencia de demolición y condena de seis meses de prisión para Julián Muñoz y seis ediles que concedieron la licencia de obra.
Otras 30 viviendas, promovidas también a pie de playa por uno de los promotores imputado en el caso Malaya, están en Río Real, y también tienen una orden de demolición que la Junta pidió que se ejecutase. El tercer residencial está en la zona del Alicate.
"Todo esto no hace sino confirmar que nuestras predicciones eran ciertas", señalaba ayer el portavoz de Ecologistas en Acción, Rafael Ávila. "Hace un año dijimos que el Ayuntamiento pretendía impulsar una amnistía general encubierta y ahora vemos que ya no se esconde nada y ya va preocupando", decía.
Durante una intervención de más de una hora, la regidora detalló los cambios que ha introducido en un documento que pretende aprobar provisionalmente la semana próxima, y que expondrá al público durante un mes.
"Será muy satisfactorio decirles a los vecinos que ya no tendrán que afrontar cargas que les supondrán pagar hasta 12.000 euros por regularizar sus viviendas", explicaba.
El nuevo PGOU dará un año a los promotores a partir de la aprobación definitiva para asumir de forma voluntaria las compensaciones. Pasado ese tiempo será el Ayuntamiento exigirá que se lleven a cabo.
La fórmula no exime totalmente a los compradores de las viviendas ilegales con respecto a las cargas urbanísticas, sino que coloca a los promotores en primer lugar a la hora de reclamar los daños que hayan podido hacer a la ciudad la construcción de estos edificios, señalaron ayer técnicos consultados.
En el artículo se señala que el promotor "no queda sustraído de las obligaciones y deberes de la legislación urbanística" en el proceso de normalización, e incide en que se maneje este criterio, "junto con la valoración de posibles actitudes negligentes, cuando no culpables, de anteriores Corporaciones", pero no dice que el propietario quede completamente eximido en caso de que el promotor desaparezca o se niegue a pagar.
La fórmula satisface los requerimientos de más de 350 comunidades de propietarios que reclamaron a través de 4.950 alegaciones. "Hemos incorporado un 70% de las demandas ciudadanas", mantuvo Muñoz.
Aún así, el Ayuntamiento se teme que tendrá que ir en más de una ocasión a los tribunales. "Estamos preparados para las reclamaciones patrimoniales, porque el PGOU no reconoce los convenios firmados con los promotores por otros gobiernos". En estos casos, el Ayuntamiento marbellí cobraba una parte del acuerdo con la promesa de incluir y aprobar el acuerdo en el futuro planeamiento.
El consistorio también recibirá las reclamaciones de los promotores a los que el propio Ayuntamiento marbellí vendió sueldo de equipamiento para construir, por lo que también habría obtenido plusvalías por esas irregularidades.
Durante la presentación la alcaldesa no ocultó que había tenido "discrepancias" con el equipo redactor, al que la Junta encargó el PGOU, a cuenta de las viviendas que están habitadas, como Banana Beach, y que quedan fuera de ordenación. "Hay que tener sensibilidad y sentido común para buscar alternativas", dijo.
El gobierno marbellí, a cargo de las competencias urbanísticas, ha mantenido varias reuniones con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para hablar de los cambios que querían introducir en el documento. Según varias fuentes, cada uno de esos cambios se están consensuando con el gobierno andaluz, ya que será la Junta de Andalucía será quien dé el visto bueno a la aprobación definitiva. "El Ayuntamiento necesita tener aprobado el documento lo antes posible y no quiere correr el riesgo de que lo echen hacia atrás", señalan fuentes municipales. De hecho, el caso del Banana Beach es uno de los temas que se quedó sobre la mesa en las últimas reuniones.
La portavoz del PSOE, Susana Radío, aseguró ayer que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio no avala los cambios que Muñoz ha introducido en el PGOU, entre los que figura la amnistía a 200 viviendas ilegales que quedaban fuera de ordenación en el documento entregado por la Junta.
Entre esas 200 viviendas hay dos urbanizaciones no habitadas -Jardines del Príncipe y Jardines de la Costa- que el Ayuntamiento propone regularizar "con cargas importantes para los promotores".
El complejo Jardines del Príncipe, una mole de 81 apartamentos que superaba la edificabilidad permitida y que tapaba las vistas al mar a los vecinos, se quedará intacto si el promotor cede los bajos de este edificio del lujo al Consistorio. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento quiere destinar la zona, sin cerrar ni acondicionar, a equipamiento sanitario. La promoción Jardines de la Costa -61 viviendas en suelo de espacios libres- tendría que comprar una zona aledaña y cederla al Ayuntamiento como zona verde.
La alcaldesa reclamó una lectura "en positivo" del documento, no sólo por la seguridad jurídica que acarreará. Destacó que los cambios aumentan el ratio de zonas libres de 27 metros cuadrados por habitante a 27,77 y que se contempla la construcción en los próximos 8 años de 27.085 viviendas nuevas, de las que 9.836 (36%) serán de protección oficial.
El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, calificaba de "actuación inteligente de cara a la crisis" los cambios propuestos por la alcaldesa. "Marbella va a salir adelante y van a dejar de hacernos esa propaganda tan negativa en los medios de comunicación ingleses", decía. Arranz creyó positivo "quitarle leña al fuego" y dar seguridad jurídica a los compradores de buena fé. Hace un año acusaba a los redactores de no conocer la realidad marbellí y pedía más consenso.
Un plan de largo recorrido
Junio de 1986. La Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.
Mayo de 1991. Jesús Gil arrasa en las elecciones municipales y anuncia la revisión del PGOU.
Octubre de 1993. El pleno municipal aprueba inicialmente el nuevo plan, coordinado por Juan Antonio Roca.
Noviembre de 1997. El pleno aprueba provisionalmente el plan. El ayuntamiento concede ya licencias de obras de acuerdo al nuevo PGOU pese a no estar aprobado definitivamente y a que contravienen el vigente.
Julio de 1998. La Comisión Provincial de Urbanismo rechaza el plan, que recalifica 11 millones de metros cuadrados de suelo forestal, y lo deja todo en suspenso hasta que el Ayuntamiento haga un texto refundido con las modificaciones requeridas.
Mayo de 2000. El Ayuntamiento aprueba un expediente de cumplimiento del PGOU que no es el texto refundido requerido por la Junta.
Octubre de 20o0. La Comisión Provincial rechaza por unanimidad el documento.
Noviembre de 2000. La Junta publica en el Boletín Oficial de la Provincia el PGOU de 1986, después de que los tribunales dieran la razón al Ayuntamiento en no considerarlo en vigor, por lo que otorgaba licencias contrarias al documento.
Mayo de 2002. Julián Muñoz sustituye en la alcaldía a Gil, inhabilitado por el Tribunal Supremo por el caso camisetas.
Marzo de 2003. El TSJA dicta la primera orden de paralización cautelar de unas obras impugnadas. La Junta lleva ya entonces recurridas 130 licencias municipales.
Mayo de 2003. El pleno municipal aprueba un nuevo texto refundido.
Julio de 2003. La Comisión de Urbanismo rechaza otra vez la propuesta de texto refundido, en el que planifica una ciudad con 600.000 habitantes, da por caducado el expediente y emplaza al consistorio a elaborar desde el principio un nuevo PGOU.
28 de julio de 2003. Julián Muñoz anuncia que elaborará u nuevo PGOU con los criterios de la Junta y que no dará más licencias contrarias al plan vigente tras reunirse con la secretaria general de Urbanismo, Josefina Cruz.
31 de julio 2003. El pleno inicia el expediente de elaboración del PGOU. Muñoz destituye a Roca al frente de la gerencia de Urbanismo.
1 de agosto de 2003. Ocho concejales del GIL, tres del PSOE y tres del PA presentan una moción de censura contra Muñoz apadrinada por Roca.
13 de agosto de 2003. Marisol Yagüe es investida alcaldesa. Contrata a Roca como asesor y anuncia que no dará licencias contra el plan del 86.
Noviembre de 2003.El pleno inicia el expediente de redacción del nuevo PGOU.
Enero de 2004. Junta y Ayuntamiento firman un convenio de colaboración para la redacción del plan.
Junio de 2004. La redacción del plan se adjudica al Manuel González Fustegueras.
Mayo de 2005. El avance estima que se construyeron 25.000 viviendas con licencia ilegal.
Noviembre de 2005. El Ayuntamiento considera inasumible la normalización propuesta por Fustegueras y dice que costará 6.000 millones.
Diciembre de 2005. La Junta inicia el expediente de retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento, tras impugnar 209 licencias ilegales y comunica a la fiscalía que dejó caducar 201 expedientes.
Marzo de 2006. Trece días antes de que estalle la operación Malaya, la Junta firma la orden de retirada de competencias.
Junio de 2007. El Consejo de Gobierno devuelve las competencias al Ayuntamiento de Marbella y le entrega el PGOU ya terminado.
Julio de 2007. El pleno aprueba inicialmente el plan por unanimidad.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 17/10/2008
Foto: Marbella, Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com
Más de 1.500 familias de la Comunidad tienen sus viviendas en el cauce de ríos
20MINUTOS/Madrid* : "Cada vez que comienza a llover nos subimos al monte. Ya estamos acostumbrados". Lo cuenta Julio Martínez, un manchego de 77 años que lleva más de 40 en Las Sabinas (Móstoles), el poblado de casi 200 viviendas que se levanta en el cauce mismo del río Guadarrama.
La suya es una de las más de 1.500 viviendas que, según Ecologistas en Acción, corren el riesgo de desaparecer bajo las aguas ante una repentina crecida del caudal.
El Ayuntamiento de Móstoles explicó a 20 minutos que estas casas están en "situación irregular", ya que el terreno sobre el que se emplazan es "de dominio público", aunque reconocieron que "la cosa viene de atrás" (el poblado se creó hace más de medio siglo) y algunas han obtenido algún tipo de regularización, aunque "la mayoría son ilegales".
La Confederación Hidrográfica del Tajo está ultimando la construcción de un muro de contención que pueda actuar de dique ante posibles crecidas del caudal.
"Aquí hay reparto de butano, servicio de recogida de basuras y tenemos nuestro alumbrado público", cuentan Lorena, Quica y Carmen, tres jóvenes vecinas de Las Sabinas que miran con miedo al río cuando llueve "porque tenemos hijos pequeños".
Las inundaciones preocupan a vecinos de otros asentamientos similares, situados a orillas del Henares, Jarama, Alberche y afluentes menores, sobre todo en Arroyomolinos y Torrejón.
Pero su miedo lo comparten también algunos vecinos con viviendas situadas en zona urbana, como Coslada, Rivas y San Fernando. Los tres municipios han sido declarados zonas catastróficas tras las últimas inundaciones del pasado 11 de octubre y 22 de septiembre (ésta costó la vida a una mujer que fue arrastrada por el agua). Los vecinos achacan el problema, en parte, a carencias de alcantarillado y colectores.
"La gente no se da cuenta de que no sabemos cuándo ni dónde lloverá, pero lo que no varía es por dónde irá el agua", explican los ecologistas.
Algo que saben bien en las inmediaciones de la M-30, en la calle Joaquín Lorenzo (Barrio del Pilar), donde sistemáticamente las lluvias anegan sus garajes. La última vez fue el pasado 12 de septiembre.
También tienen problemas los residentes de tres calles de Fuenlabrada (Lima, México e Hispanidad), que ayer denunciaron que sus garajes se anegan cada vez que llueve.
* 20 Minutos - S. GOZALO. 15.10.2008
Foto: Un arroyo que transita junto a las viviendas y vierte al mismo río Guadarrama. (J. PARÍS), 20minutos.es
El juez imputa dos delitos de prevaricación al alcalde de Sorbas
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ELALMERÍA* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Almería ha imputado al alcalde de Sorbas y portavoz del PP en la Diputación provincial, José Fernández, como presunto autor de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio al, supuestamente, autorizar en 2005 la construcción de ocho viviendas unifamiliares en suelo rústico.
El edil de Sorbas ha respondido a esta acusación remitiendo dos informes técnicos en los que el arquitecto municipal informa de manera favorable a la concesión de estas licencias municipales. Fernández aseguró que la ley le obligaba por tanto a autorizar las obras para no incurrir en un delito de prevaricación.
El auto judicial fue dictado en virtud de las diligencias previas realizadas por la Fiscalía y ordena a la suspensión cautelar de la licencia de obra. El fiscal solicita también a la compañía Sevillana Endesa que se abstenga de realizar nuevos suministros a los citados inmuebles, un extremo que también admitió el juez.
Según el escrito, el Ayuntamiento de Sorbas "incumplió de forma palmaria" la legislación vigente al aceptar la petición de la empresa constructora para subdividir una parcela en ocho partes con el argumento de que la segregación se realizaba sobre suelo urbano, cuando éste estaba clasificado como no urbanizable.
Fernández aparece también implicado en otras diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Almería y remitidas al juez por la concesión irregular de licencias de obras en suelo no urbanizable.
* El Almería - O. L. - 17.10.2008
Foto: Sorbas (Almería) - pueblos-espana.org
Urbanismo y contaminación amenazan el río Llobregat
20MINUTOS/Barcelona* : Dos informes de entidades ecologistas coincidieron ayer a alertar sobre la amenaza para la recuperación medioambiental del río Llobregat que suponen el urbanismo y la contaminación.
La ONG Ecologistes en Acció denunció la situación extrema en que se encuentra el Delta del Llobregat, uno de los puntos más amenazados de la costa mediterránea, según la entidad, por la presión urbanística. Ayer, plantaron una banera negra en la playa de Gavà y desplegaron una pancarta donde reclamaban la necesidad de «salvar las costas» catalanas del avance de la construcción.
Según la organización ecologista, la proyección de 237 viviendas en el sector Llevant-Mar de Gavà acabará por completar la destrucción de la única pineda litoral que queda entre la costa del Garraf y la laguna de Murtra, considerada de elevado interés mediterráneo.
Por su parte, la entidad Prou Sal, con el apoyo de Unió de Pagesos y la Confederació d'Associacions de Veïns, alertó que los escombros salinos de Súria continúan salinizando el Cardener, un problema que no sólo afecta al Bages, porque el agua del Llobregat abastece el área de Barcelona.
Según estas organizaciones, los canales de recogida de escombros del Cogulló de Sallent presentan escapes. Además, denunciaron que se proyecta una ampliación para de aquí a un año que podría ocasionar que se viertan 20 millones de toneladas de sal más. De las 7.000 toneladas que se vierten a diario en el Bages, 6.300 se quedan en los vertederos, calcula Prou Sal.
* 20 Minutos - T.M. - 16.10.2008
Foto: Barcelona, delta del Llobregat - flickr.com
Vecinos de Schamann denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción la operación de Soria en el Canódromo
LAPROVINCIA/LasPalmas* : La asociación de vecinos de Ciudad Alta Avecalta presentará la próxima semana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al considerar "un pelotazo" la operación por la que el Ayuntamiento que presidía José Manuel Soria (PP) permutó terrenos municipales a Urbacan, propietaria del suelo del actual parque del Canódromo.
La denuncia vecinal, la primera que se concretará en Anticorrupción pese a anuncios anteriores, incluirá sendos certificados del Registro de la Propiedad en los que se recoge que dos parcelas entregadas por el Ayuntamiento a Urbacan como compensación por la cesión de los 20.000 metros del parque, y tasadas en 5,5 millones de euros, fueron vendidas apenas unas semanas después por esta empresa a Realia por casi el triple, 14,5 millones.
La primera de estas parcelas permutadas es un suelo municipal situado en Las Torres, valorado en 3.043.405 euros y entregado a Urbacan en junio de 2002, empresa que sólo una semana después lo vendió a Realia por 7.518.661 euros. La otra parcela es la esquina del propio parque del Canódromo donde Realia construye actualmente las torres de 15 pisos. Ese suelo municipal fue valorado en 2003, con Pepa Luzardo (PP) ya en la Alcaldía, por 2.571.627 euros y entregado a Urbacan, que un mes después la vendió por 7.052.756 euros.
Existe una tercera parcela que se entregó como compensación a Urbacan en Almatriche, y que también se vendió a Realia, pero que los abogados de Avecalta no han podido localizar al carecer de número de registro pero que podría incrementar el montante de las operaciones de permuta y posterior venta. Estos abogados estiman que la enorme diferencia entre el valor del suelo cuando era de propiedad municipal y el precio final de la venta a Realia, con plazos tan cortos como seis días en uno de los casos, son suficientes para sospechar que la operación de permuta podría incurrir en irregularidades que supuestamente afectarían a los regidores municipales del PP. Por esta causa, los abogados de Avecalta denunciarán ante la Fiscalía la existencia de indicios de que se pudo cometer un delito de malversación de fondos y otro de maquinación para alterar el precio de las cosas.
AHORRO. El grupo municipal del PP, por su parte, defendió la limpieza de la operación de permuta de estos terrenos y avaló su legalidad. "El Ayuntamiento no pagó ni ingresó un euro por la diferencia en la valoración de ese suelo", aseguró el portavoz y ex concejal de Urbanismo, Felipe Afonso El Jaber, "y si triplicamos el valor de los 20.000 metros del parque del Canódromo, como pasó con las fincas vendidas, el Ayuntamiento tendría que haber desembolsado suelo a Urbacan por valor de casi 90 millones de euros, y no fue así, por lo tanto el Consistorio se ahorró un montón de dinero en la operación".
Afonso insistió en que nunca se le dio dinero a Urbacan sino aprovechamientos urbanísticos similares a los que habría obtenido de construir en Schamann. "Si el suelo que nosotros permutamos lo vendieron luego por más dinero es un asunto entre dos empresas privadas", añadió.
* La Provincia - RAÚL GIL - 16.10.2008
Foto: Las Palmas, torres Canódromo - canarias7.es
El alcalde de Atarfe declara ante el juez que investiga si Medina Elvira fue legal
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IDEAL/Granada* : Las sospechas sobre la legalidad de grandes operaciones urbanísticas planean sobre el Área Metropolitana de norte a sur. Después del Parque Nevada, cuyas supuestas irregularidades han enumerado hasta el infinito un grupo de peritos expertos en un informe reciente, es Atarfe quien protagoniza ahora las investigaciones judiciales en materia urbanística.
El complejo residencial y turístico Medina Elvira, promovido -entre otras- por Vladigolf, es esta vez el objeto de investigación penal. Y el alcalde de la localidad metropolitana, Víctor Sánchez, uno de los primeros imputados que comparece para someterse al preceptivo interrogatorio judicial.
La cita tiene lugar durante la mañana de hoy en el juzgado de Instrucción número 4 de Granada, cuyo titular inició las diligencias de investigación tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Granada.
El Ministerio Público, a raíz de los escritos presentados por colectivos ciudadanos e IU aludiendo a presuntas irregularidades, estudió los trámites que sirvieron para dar luz verde y construir el complejo de Medina Elvira Residencial, que contemplaba 3.500 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos, entre otros servicios.
Cuatro supuestos delitos
Finalmente, y contando con la defensa de la legalidad aportada por el Ayuntamiento de Atarfe para diversas cuestiones puestas en entre dicho, el fiscal consideró que había indicios suficientes para presumir la comisión de varios delitos por parte, tanto del alcalde, como de los representantes de dos promotoras principales, Nadasol y Vladigolf.
Según la denuncia de la Fiscalía, a la que tuvo acceso IDEAL, firmada el 10 de abril de 2008, los delitos supuestamente cometidos serían cuatro: de prevaricación administrativa y urbanística, así como falsedad y construcción ilegal. Los hechos se refieren a la zona denominada Regadíos del Cubillas, donde desde el año 2005 se construyen diversos edificios del citado proyecto.
Entre las presuntas irregularidades, destaca la consideración de «suelo no urbanizable especialmente protegido» que el POTAUG hace de unos terrenos en los que sí se ha edificado.
Las obras se amparan en proyectos que sí definían la zona como urbanizable algo que, según el fiscal, se logró «porque se falsificó la planimetría presentada por Vladigolf». Junto a ello, la licencia otorgada a la construcción de un hotel dentro del complejo que contraviene las normas del POTAUG.
Advertencias
En el pleno en el que se aprobó, cita el fiscal en su denuncia, ya se advirtió de la posible prevaricación cometida en este punto.
Entre la denuncia de la Fiscalía y la declaración del alcalde atarfeño hoy ante el juez ha pasado casi medio año. En este tiempo, el juzgado que abrió diligencias al recibir -tras el preceptivo reparto- el caso, ha esperado la llegada de varios informes periciales sobre la operación urbanística. Tanto de la tramitación de los convenios y su materialización, como de las normas del POTAUG supuestamente contravenidas con la construcción del complejo residencial y el campo de golf.
Hasta hace unas semanas, las diligencias realizadas en este caso han estado bajo el secreto de sumario dictado por el juez. El objeto de este celo en la investigación no era otro que evitar cualquier tipo de interferencia en la misma, ya que ninguna de las partes implicadas tenía acceso a los trabajos periciales elaborados.
* Ideal - 16.10.08 -R. MENDOZA Y Q. CHIRINO
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
El lento fin del mercado de La Cebada
ELPAÍS/Madrid* : El polideportivo que alberga, el único del distrito Centro, lleva cerrado dos meses. Cuando una delegación del COI viaje a Madrid el próximo mayo para evaluar la ciudad, es probable que el Ayuntamiento no les lleve a ver dónde practican deporte los vecinos de Centro. No lo harán porque no hay adonde.
El único polideportivo de ese distrito, el de La Cebada, que da servicio a 150.000 vecinos, lleva cerrado desde el 1 de agosto, supuestamente porque iban a empezar las obras de demolición y construcción de un nuevo centro deportivo y de un mercado. Pero los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón han aplazado el proyecto sin fecha.
El viejo mercado, un erial que funciona hoy al 50% de su capacidad (200 puestos), deberá continuar aguantando las embestidas del tiempo con lo puesto. El proyecto que el Ayuntamiento presentó para la reforma en mayo de 2007, dentro del plan de reconversión de los mercados municipales (ya se han remodelado cinco instalaciones), dibujaba un escenario moderno y competitivo. Un nuevo aparcamiento, un polideportivo renovado y un mercado mixto que combina un centro comercial y los puestos tradicionales.
"Tenemos que hablar con Urbanismo y buscar una fórmula de financiación para el proyecto. Tal y como está planteado, quedaría aplazado", explicó hace dos semanas a este periódico el concejal de Hacienda, Juan Bravo. Según el concejal de Hacienda hay tres posibilidades: "No hacer nada y que se quede como está; modificar el proyecto para que sea viable; o hacer el polideportivo solamente y renunciar al resto [remodelación del mercado] para la legislatura".
La Concejalía de Urbanismo tiene que proponer alguna modificación. Pero por ahora no se dan por aludidos. "En este momento se están ultimando aspectos técnicos y de tramitación, pero no se ha paralizado el proyecto", explican. Según una portavoz, las obras siguen adelante, pero matiza que "podrían comenzar en 2009", y no en 2008, como se dijo al presentarse el plan.
La obra tenía que comenzar en septiembre con la demolición de la parte del polideportivo, donde ahora se ubicaría el nuevo mercado. Una vez terminada esa fase, los tenderos se mudarían a la zona nueva y se derribaría el viejo mercado, donde se construiría el nuevo centro deportivo. Además, se construirán más aparcamientos para residentes y usuarios de las instalaciones.
Para los tenderos del mercado la situación no es tan desastrosa como para los usuarios del polideportivo o para las floristerías que fueron desalojadas de los bajos del edificio. "Nosotros, a esperar. Aquí seguimos vendiendo y de momento no nos afecta", explica el dueño de una de las fruterías de la planta baja del edificio.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 16/10/2008
Foto: Puestos cerrados del mercado de La Cebada- CRISTÓBAL MANUEL, elpais.com
Condenado el ex alcalde de La Iruela por permitir urbanizaciones ilegales
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IDEAL/Jaén* : Habrá quien diga que la condena de seis meses de inhabilitación al ex alcalde de La Iruela, Antonio C.L., y otros cuatro compañeros de Corporación (todos del PSOE) por delitos urbanísticos se queda en nada, pues ya ninguno ocupa cargo público. Sin embargo, la sentencia, que ya es firme pues se obtuvo por conformidad, marca un hito: por primera vez se condena a un responsable político en la provincia por permitir que en el territorio de su competencia proliferen urbanizaciones ilegales.
Y nada menos que en Arroyo Frío, pedanía de La Iruela y lugar de máxima proliferación del ladrillo en el parque natural señero de la provincia y uno de los más importantes por su valor ecológico de toda Andalucía.
Antonio C.L. y sus compañeros de Corporación miembros de la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 Serafín V.T., José Ramón G.P., José Luis G.R. y Martín F.L. se declararon ayer culpables ante el magistrado José Antonio Lucini, titular del Penal 1. Así que admitieron que permitieron «a pesar de tener conocimiento» -según la acusación del Fiscal con la que se mostraron conformes- «la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas» en suelo especialmente protegido. Hay viviendas construidas sin proyecto, una urbanización de apartamentos y viviendas que se hizo en tres fases, otra urbanización de apartamentos y hasta un campamento juvenil.
Suavizó los cargos
El Fiscal pedía inicialmente dos años de inhabilitación para empleo o cargo público contra los acusados. Sin embargo, suavizó los cargos que presentaba para lograr una conformidad: eliminó de su escrito de acusación la referencia al artículo 74 del Código Penal que indicaba que los responsables políticos de La Iruela actuaron según «un plan preconcebido» a la hora de consentir las irregularidades urbanísticas. De forma que sólo dejó el reproche para la omisión de deber de vigilancia, sin considerarlo un delito continuado como sostenía en principio. Así que la pena que finalmente reclamó, y que fue aceptada por los condenados, fue de seis meses, la mínima que contempla el Código Penal para este tipo de conductas.
También se elimina de la sentencia cualquier responsabilidad civil que pudieran tener los acusados en la reparación del daño causado por su actuación (en este caso, por su no actuación). El fallo será comunicado a Medio Ambiente para que la Junta tome, si lo estima oportuno, medidas de reparación del daño causado a la naturaleza desde el ámbito administrativo.
En el mismo juicio fue absuelto Pablo B.S., técnico del Ayuntamiento, contra el que el Fiscal retiró los cargos por ser beneficiario junto a su esposa de la licencia para construir un hotel. El Ministerio Público modificó su escrito de acusación para afirmar que no queda acreditado que fuera funcionario público. Letrados del resto de acusados indican que estaba contratado por obra y servicio en el Ayuntamiento, pero que no incurrió en negociación prohibida a funcionario porque no era funcionario. Le pedían la condena más dura, de nueve meses de prisión.
INHABILITACIONES
• Primera condena a un alcalde por urbanismo: Lo más parecido fue la inhabilitación de Juan Ramón Romero (La Guardia) por prevaricación al modificar días antes de salir de la alcaldía un convenio urbanístico del Ayuntamiento con un histórico militante socialista.
• ¿Habrá más?: Media docena de alcaldes de la provincia han sido imputados en casos similares.
* Ideal - JUAN ESTEBAN POVEDA J. E. P - 16.10.2008
Foto: La Iruela (Jaén), ayuntamiento - cazorla.es
Denuncian las intenciones del Gobierno de Canarias de liquidar la moratoria turística
Una vez obtenido el visto bueno del Parlamento de Canarias sobre el cumplimiento de todos los requisitos para la discusión sobre el trámite de la ILP presentada en marzo (avalándose casi 40.000 firmas de las 45.000 presentadas), Ben Magec – Ecologistas en Acción* denuncia que el Gobierno de Canarias pretende desvirtuar una vez más esta propuesta (recordar ILP Granadilla), y sustituirla por una Ley de Medidas Urgentes para la Ordenación del Turismo que pretende abrir las puertas a un incremento desaforado de las nuevas camas turísticas.
La propuesta del Gobierno de Canarias, que se ha tramitado con urgencia desconocida hasta el momento, es totalmente opuesta a la Iniciativa de Ley Popular presentada por la Federación ecologista. Además, tiene el dudoso mérito de haber sido rechazado por todos los agentes sociales (sindicatos, patronal turística, ecologistas...). Entre otras barbaridades, se puede llegar a cambiar una cama turística que se renueva por hasta siete nuevas (1x7), lo cual es una auténtica puñalada a la moratoria, que se ve acrecentada con la posibilidad de concesión de licencias a nuevos hoteles de cinco estrellas bajo la categoría de Hoteles Escuela, utilizando mano de obra en prácticas, con lo que además, abaratarán mucho sus costes de personal.
Por otra parte, se recoge la posibilidad de recalificar nuevo suelo o de ocupar suelo catalogado, pero no construido, si la ampliación resultante de las compensaciones por la renovación lo requiere. Esta medida significa que volverán a abrirse nuevos frentes en Islas ya saturadas de alojamientos turísticos, y con muy pocas zonas vírgenes o resguardadas del avance de la construcción.
Según Francisco Castro, portavoz de Ben Magec, “las Islas de La Palma y La Gomera fueron las que, porcentualmente, más apoyaron la Iniciativa de Ley, consecuencia del anhelo de otro modelo turístico que quiere la ciudadanía de estas islas, que sin embargo quedan fuera de l la propuesta que el Gobierno de Canarias quiere aprobar en vez de la propuesta ecologista, ya que las únicas restricciones (si es que se les puede llamar así) que hay, se seguirán aplicando a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y se seguirán manteniendo los desproporcionados incrementos turísticos previstos para La Palma y La Gomera”.
Ben Magec – Ecologistas en Acción, quiere recordar a Paulino Rivero que, en su reunión mantenida con el Presidente y el Responsable de Organización de esta Federación, el día 24 de enero, se comprometió expresamente a llevar al debate parlamentario esta Ley, y que su intención era ser consecuente con su discurso de que el desarrollo de Canarias tiene que ir por “no consumir más suelo”.
* Ecologistas en Acción de Canarias - 14.10.2008
Benitatxell avala un puerto privado en una zona protegida del litoral
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ELPAÍS/Alicante* : Los votos del gobierno de Benitatxell, del Partido Independiente Democrático (Piddeb), sirvieron para que el pleno apoyara ayer el proyecto de una empresa privada de construir un puerto deportivo en los Penyasegats de la Marina, una de las escasas zonas vírgenes de la costa en esta comarca, formada por acantilados y cuevas marinas y protegida por la Unión Europa como Lugar de Interés Comunitario (LIC).
El Piddeb tomó esta decisión pese a que Bruselas ha advertido de que uno de los mayores riesgos para la preservación de este litoral son las instalaciones portuarias.
La oposición mostró su rotundo rechazo al proyecto, que prevé una zona comercial, un paseo marítimo y nuevos accesos a ejecutar con maquinaria pesada. "Es una amenaza para la riqueza económica y medioambiental que debemos legar a nuestros hijos", dijo el edil del BNV Josep Femenia, quien se refirió a "sospechosas casualidades" que explicarían el voto favorable del Piddeb. Reveló que la mercantil, denominada Real Club Náutico Pesquero y Deportivo de Benitatxell, SL, se constituyó como sociedad limitada el 5 de septiembre, el mismo día en que presentó el plan al Consistorio. Y se preguntó "por qué la mercantil ha acudido primero al Ayuntamiento cuando [un puerto deportivo] es una competencia del Consell y del Gobierno".
El alcalde, Juan Cardona, matizó que "es una propuesta inicial" que ven "con buenos ojos", pero que va a pagar la empresa y que no les "compromete a nada". El socialista Josep Colomer no estuvo de acuerdo: "El voto favorable del Piddeb ayudará a la mercantil a convencer al Consell o al Gobierno". PSPV y PP se negaron a votar el proyecto, y el Bloc lo hizo en contra.
El Piddeb utilizó también su mayoría para bloquear una propuesta del BNV que exigía formar una comisión de investigación sobre la detención el pasado 8 de julio de Cardona y de su primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, por pedir supuestamente 50.000 euros a un promotor para mantener urbanizables sus terrenos en el nuevo plan general. Cinco ediles independientes votaron contra la comisión, mientras la concejal Nieves García se abstuvo desmarcándose de su alcalde sin dar ninguna explicación oficial.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 15/10/2008
Foto: Benitachell (Alicante), costa - mma.es
El fiscal asegura que el caso Huerta «no ha terminado» y anuncia que habrá más imputados
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DIARIODEIBIZA* : El fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Eivissa, Antoni Torres, que ha impulsado las denuncias contra la trama de presunta corrupción urbanística del ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, afirmó ayer que todo lo sucedido hasta ahora con este caso podría ser sólo «el inicio de otras cosas», y consideró muy probable que haya nuevos imputados, dado que «se tendrá que tomar declaración a mucha gente».
«Se abre un abanico de posibilidades que puede dar lugar a nuevas actuaciones e intervenciones», señaló el fiscal.
«Esto no termina aquí; se seguirá investigando. Esto sólo es una fase más de lo que se ha hecho», recalcó Torres, quien añadió: «Es ahora cuando uno toma conciencia de que aquí puede haber una trama organizadísima y las sospechas se dirigen ahora a empresas, arquitectos, etcétera».
El fiscal subrayó que la investigación de la documentación, cuentas corrientes y soportes informáticos incautados durante los registros de la semana pasada llevará muchos meses de trabajo, de tal modo que no ve probable la celebración del juicio para antes de un año. «Me extrañaría que se pudiera celebrar dentro de un año», afirmó cuando fue preguntado al respecto.
Además de citar a nuevos imputados y de, probablemente, encargar pruebas caligráficas y otras periciales, «hay que abrir los paquetes y mirar lo que hay, se tienen que seguir investigando las cuentas y analizar los pagos sospechosos, y todo esto, aparte de pruebas periciales en proyectos concretos».
La investigación incluirá asimismo un estudio detallado de todos los proyectos en los que intervino Antonio Huerta Briz y los miembros de su trama familiar y profesional. «Si realmente era él quien estaba interesado [o implicado en estos proyectos] habría ilegalidades por un montón de sitios y los informes que hubiera hecho, pues pasarían de ser discutibles a ser sospechosos de prevaricación de una forma absoluta».
Por otra parte, los abogados de Antonio Huerta han presentado un recurso de reforma contra el auto de ingreso en prisión dictado por el juez Pablo Mendoza. Este recurso, que deberá ser resuelto por el mismo magistrado, considera injustificada esta orden y pide su anulación. En el previsible supuesto de que sea desestimado, puede recurrirse de nuevo en apelación ante la Audiencia Provincial de Palma.
Recurso contra el encarcelamiento de Huerta
Los abogados del ex arquitecto de Sant Josep han presentado un recurso contra el auto que ordenó su ingreso en prisión.
* Diario de Ibiza - JOAN LLUÍS FERRER - 15.10.2008
Foto: Sant Josep (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es
El Ayuntamiento y el Valencia actualizan el 'pelotazo' de Mestalla
ELPAÍS* : El club planea pasar de nueve edificios de 16 alturas a tres de más de 30. El Valencia CF planea modificar, con la aprobación del Ayuntamiento de Valencia, el proyecto de recalificación de las parcelas del viejo Mestalla, en la avenida de Aragón. Se trata de actualizar el pelotazo urbanístico ideado por la anterior directiva -presidida por Juan Soler- para reflotar al club, con una deuda superior a 400 millones.
Adaptar el pelotazo a la situación económica para que no se vea tan afectado por la crisis inmobiliaria.
¿Cómo? El club trabaja en la posibilidad de reducir los nueve edificios proyectados -de 16 alturas- para alzar sólo tres o cuatro edificios que duplicarían en altura -al menos 30- el proyecto ya aprobado. "Serían edificios más esbeltos, más altos. Estarían alineados frente a Aragón y más alejados de la avenida de Suecia. Habrá mucho más espacio abierto", explican fuentes conocedoras de la operación. En lugar de las seis parcelas en que estaba dividido el solar, éste se vendería como un solar único con un "proyecto singular" para Valencia, afirman en el club.
En el momento en que se aprobó la recalificación de Mestalla "era fácil vender torre a torre", aseguran fuentes cercanas a la entidad. Pero pronto se reveló la dificultad. A 4.800 euros el metro cuadrado, el club fue incapaz de vender la primera de las parcelas que salió a subasta pública. El entonces presidente y máximo accionista, Juan Soler, tuvo que cumplir la promesa de adquirir el solar por 90 millones de euros. Si bien su salida de la entidad le libera de la compra.
Ahora, los nuevos gestores creen necesario un cambio que facilite la operación. "Si no, no habrá venta ni ahora ni en los próximos dos años", aseguran fuentes cercanas a la entidad. Un lavado de cara para el proyecto en el que ya están interesadas, al menos, tres empresas, según avanzó hace unas semanas el presidente de la entidad, Vicente Soriano, quien a su llegada al Valencia en junio ya aseguró que vendería Mestalla por al menos de 300 millones.
Para ello, el club necesitará el visto bueno del Ayuntamiento de Valencia, que se ha manifestado favorable a flexibilizar la normativa urbanística para aumentar las alturas. Aunque el Valencia no ha formalizado aún el proyecto ante el Consistorio, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, afirmó el lunes que el aumento de la altura de las torres es "viable administrativa y legalmente", siempre que no se incremente la edificabilidad de los terrenos, algo que calificó de "impensable".
De hecho, la edificabilidad, de 1,82 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo, ya ha sido objeto de polémica. El grupo municipal socialista espera aún la resolución del Tribunal Superior de Justicia, pues recurrió el convenio de recalificación. Defiende que la edificabilidad debería responder al metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. Además, critica que el Valencia tratara de inflar ese coeficiente al incluir en la parcela hasta los viales.
El nuevo proyecto exigiría una modificación del planeamiento aprobado para reconvertir las seis parcelas en una y poder concentrar la edificabilidad y duplicar las alturas. Pese a la opinión de Bellver, que declaró que esta propuesta de modificación "tampoco sería ninguna cosa extraordinaria", los vecinos de la zona tienen la palabra. No es la primera vez que un proyecto debe dar marcha atrás porque los vecinos se oponen a alturas mucho mayores a las de los edificios del entorno, de no más de 16 en este caso. Además, el plan de Mestalla queda enclavado en un espacio "consolidado urbanísticamente", recuerda el concejal socialista y actual responsable del PSPV en la Diputación, Rafael Rubio. También intervendrá en el asunto la federación vecinal, que ganó el recurso contra las obras de ampliación del Mestalla y se ha manifestado contraria a la construcción de rascacielos.
* ELPAIS.com - NADIA TRONCHONI - Valencia - 15/10/2008
Foto: Valencia, viejo campo Mestalla - espanja.org
