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TERRA/Málaga* : Ecologistas en Acción ofreció hoy una rueda de prensa en Estepona para valorar las consecuencias de la operación 'Astapa' contra la presunta trama de corrupción municipal en la localidad. En su comparecencia ante los medios de comunicación el coordinador de Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja, Felipe Román, subrayó que lo sucedido en el municipio 'no es un problema nuevo, pero tampoco local. Nadie puede llevarse las manos a la cabeza'.
Según Ecologistas, 'la situación de Estepona no ha sido ignorada por los distintos gobiernos territoriales, ni por los jerarcas de los partidos políticos ni aún por la sociedad local. No es un problema local, sino que está extendido por toda la costa mediterránea'.
Román se preguntó '¿por qué no ha denunciado la oposición? ¿a caso es que no hay oposición política en Estepona, que sólo se busca quitar al que gobierna para ponerse otros que van a seguir haciendo lo mismo?'. A juicio de Román, 'la fiscalía no ha actuado antes porque no ha tenido capacidad de hacerlo en su momento. Pero vamos, que la información está en todas partes, que no hay que arañar mucho para encontrar. Sencillamente hay que tener intención de encontrar para encontrar'.
Desde Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja recordaron que desde 2004 vienen desarrollando en la ciudad la campaña de banderas negras para denunciar actividades agresivas. Según Román 'en años anteriores detectamos hasta 15 puntos negros a lo largo de los 21 kilómetros de costa de Estepona'.
El caso más flagrante, según Román, 'es el del edificio de Prasa, que invadía zona de dominio público y que se ha demolido pero a costa del ministerio y no del bolsillo de los infractores. Además, en compensación, se aumenta la edificabilidad de otra parcela del promotor situada en primera línea pasándose del uso hotelero al residencial'.
Para Román, el principal problema es 'el modelo urbanístico que se mantiene en toda la comarca', mientras que en el caso del Ayuntamiento de Estepona la gran traba, a juicio del ecologista, 'es la nómina desorbitada de trabajadores. ¿De dónde van a sacar dinero para pagarles? ¿Se va a mantener a todo ese personal?'.
Según Felipe Román, 'la situación actual se remonta 30 años atrás. Nadie puede sacar pecho en este asunto porque todos han estado en el Ayuntamiento con responsabilidad de gobierno'.
En 2003, Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja presentó un escrito al entonces alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), en el que advertían que 'el caos urbanístico es claro y manifiesto.
El Ayuntamiento de Estepona es esclavo gustoso de promotoras urbanísticas que campan a sus anchas sin limitación efectiva de ningún tipo y de especuladrores, ya que los convenios urbanísticos y las licencias de obra suponen la única solución que nuestros representantes políticos son capaces de ver para afrontar una nómina de trabajadores disparatada y el clientelismo opolítico'. Según Román, 'nunca se nos dio respuesta a este escrito'.
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Terra Actualidad - Europa Press - 24.06.2008
Foto: Estepona (Málaga), aérea - seasmountains.com
Ecologistas considera que lo sucedido en Estepona 'no es algo nuevo'
Bruselas retrasa el debate sobre las denuncias de urbanismo en la C. Valenciana
LEVANTE* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aplazado hasta el próximo mes de septiembre el debate sobre las denuncias urbanísticas en Valencia, Castelló y Benicàssim que tenía previsto analizar hoy. Según fuentes parlamentarias, el presidente de la comisión, el polaco Marcin Libicki, tomó la decisión esta mañana después de que los propios peticionarios solicitaran posponer la discusión.
Finalmente, los eurodiputados tratarán los días 10 y 11 de septiembre estas tres denuncias, que hoy se iban a abordar junto a otras del ámbito urbanístico en España.
En el caso de Valencia, la queja -avalada por 15.000 firmas- fue presentada por la plataforma cívica Salvem La Casella en contra de tres proyectos urbanísticos en el valle de Aguas Vivas.
Los denunciantes sostienen que las obras fueron planeadas en secreto, sin consultar a los ciudadanos, y piden el envío de una misión parlamentaria dado el posible "efecto destructivo" de los proyectos sobre el medio ambiente.
La segunda de las peticiones valencianas que se iban a tratar hoy va en contra del Plan de Actuación Integrada (PAI) para Castellón de la Plana, que en opinión de la asociación de Vecinos Sant Joan Del Riu Sec pone en peligro el modo de vida tradicional de la zona y llevará a la desaparición del paisaje natural.
Por su parte, la asociación Ciudadanos de Benicassim Contra los Abusos Urbanísticos denuncia que el PAI de su localidad prevé la construcción de un campo de golf en un humedal que será secado de forma artificial y la construcción de 8.000 viviendas "sin garantizar la atención de las necesidades adicionales en relación con el suministro de agua".
La Eurocámara ya ha censurado en más de una ocasión los supuestos abusos de la construcción en España, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y ha criticado "los proyectos de urbanización masivos" que no responden a "necesidades reales" de las poblaciones y tienen "efectos desastrosos".
* Levante-EMV - EFE - 24 de junio de 2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Vecinos de Zamora presentan 2.612 firmas en el Ayuntamiento contra un aparcamiento subterráneo
TERRA* : Representantes de la plataforma vecinal creada en Zamora para oponerse a la construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona de Tres Cruces de la capital entregaron hoy en el registro del Ayuntamiento 2.612 firmas que avalan la negativa de los vecinos y comerciantes de la zona a aceptar la infraestructura propuesta por el equipo municipal de Gobierno.
La portavoz de la Plataforma, Nieves Turiel, señaló que en este caso 'las cifras sí son importantes' en alusión a que las firmas recogidas entre los vecinos de Tres Cruces han sido sensiblemente más numerosas que los votos recogidos por el Ayuntamiento de Zamora, algo más de 1.600, en la consulta popular abierta para decidir cual es la solución urbanística que se aplicará a la calle Tres Cruces una vez construido el aparcamiento.
Turiel señaló que sería 'un grave error' por parte del ayuntamiento ignorar o despreciar la opinión que los ciudadanos han emitido a través de las firmas recogidas en la calle.
La representante de la plataforma vecinal aseguró que seguirán adelante con las acciones de protesta por este proyecto. La próxima será una cacerolada que se celebrará el sábado durante la inauguración de la feria del ajo, que por cierto tiene lugar en la avenida Tres Cruces.
Además, añadió que tienen intención de mantener en los próximos días reuniones con los representantes municipales de la Agrupación de Electores Independientes de Zamora y el Partido Socialista, los dos grupos que en el ayuntamiento apoyan la construcción del aparcamiento. También se mantendrá un encuentro con IU que se opone al proyecto.
El concejal de IU en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Molina, pidió hoy a la alcaldesa Rosa Valdeón 'que se rinda' pero no ante la coalición, los vecinos, los comerciantes o el colegio de arquitectos, colectivos que han manifestado su rechazo de una u otra manera al proyecto, 'sino que se rinda ante el sentido común' porque es evidente, añadió, que nadie quiere un aparcamiento en esa zona de la ciudad, en las condiciones en las que se está planteando y en el momento en el que se está proponiendo.
* Terra Actualidad - Europa Press - 24.06.2008
Foto: Zamora - wikipedia.org
El TSJ desautoriza al Consell por aprobar un PAI sin el aval hídrico del Gobierno
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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia ha anulado la aprobación del Plan Parcial "El Pinaret" de Ador realizada por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana. La sentencia estima integramente el recurso presentado por la Abogacía del Estado en nombre de de la Confederación Hidrográfica del Júcar...
... y obliga a retrotaer el procedimiento al momento previo al que la Comisión Territorial de Urbanismo aprobó el citado PAI, obligando a esta comisión, controlada por la Generalitat, a solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar el "preceptivo" informe sobre la disponibilidad de recursos hídricos.
La sentencia, ante la que solo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pone fin aparentemente al conflicto competencial suscitado en torno a quién debe o puede emitir este tipo de avales hídricos y si su dictamen es o no de obligado cumplimiento por la Administración valenciana.
La negativa de la Generalitat a aceptar la competencia estatal en la emisión de informes sobre disponibilidad de recursos hídricos, mantiene decenas de recursos abiertos y ha provocado retrasos en el desarrollo de muchas promociones, incluidas alguna de gran calado social como la de la Ciudad Deportiva del Valencia en Porxinos (Riba-roja).
La sentencia del TSJ de 30 de mayo conocida ayer trae causa del recurso contencioso administrativo presentado por el abogado del Estado contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, de 30 de junio de 2006, por el que se aprobaba, "supeditado a determinadas correcciones formales de carácter documental", la homologación definitiva y Plan Parcial del sector Pinaret, en el término municipal de Ador, en Valencia.
En el proceso administrativo, la CHJ pidió en enero de 2005 que se respetaran sus competencias y reitero la necesidad de emitir el informe sobre disponibilidad de recursos hídricos al que se refiere el Artº 25 de la Ley de Aguas, pero la CTU no lo pidió, aunque en su informe técnico sí supeditaba la aprobación de PAI al citado informe. Sin embargo, en el informe final desapareció este requisito.
La Sala entiende que cuando los actos o planes de las comunidades autónomas o las entidades locales "comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe" de la CHJ "se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas". Y añade, aparentemente para zanjar el conflicto, que el informe de la confederación es "preceptivo".
"La omisión del mismo-concluye- determina la anulación del acto, con retroacción de actuaciones para que expresamente se solicite".
En enero de 2007 el TSJ ya suspendió el PAI de Ador. Sin embargo, en marzo de ese mismo año rechazó la paralización cautelar pedida por la abogacía del Estado hasta dictar sentencia. Las obras no han comenzado.
* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 24 de junio de 2008
Foto: decisión. La CHJ condiciona el desarrollo de Ador a la disponibilidad de agua.
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"Tráeme la carpeta del dinero"
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ELPAÍS/Málaga* : Un testigo vio cómo actuaba frecuentemente Antonio Barrientos, ex alcalde de Estepona, actualmente en prisión, acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. Y lo cuenta: "Visitaba una asociación, escuchaba a sus promotores y daba un generoso donativo en billetes de 500 euros. Llevaba siempre a su lado a una persona a la que le decía: 'Tráeme la carpeta del dinero".
Las donaciones a este tipo de asociaciones de la ciudad (de vecinos, de jubilados...) se hicieron más patentes a lo largo de la pasada campaña electoral, según algunas fuentes. Nadie sabía muy bien de dónde salía el dinero que el alcalde entregaba siempre en efectivo a estas asociaciones cuando se acercaba a visitarlas. Todo para agigantar la figura del alcalde.
El uso de los fondos de la caja b que manejaba Barrientos, alimentada por decenas de empresarios y promotores a cambio de favores urbanísticos, licencias y permisos, tenía también otro destinatario claro: conceder gratificaciones y sobresueldos a empleados municipales, actividad en la que participaba Francisco Zamorano, concejal de Hacienda y que llevaba la gestión de personal. "Cuando un expediente debía ser agilizado, la fórmula era la de premiar a determinados funcionarios", añade este testigo.
Los investigadores no han acreditado hasta el momento que exista enriquecimiento personal del alcalde pero están a la espera de analizar la información que les llegará procedente de los bancos sobre las cuentas corrientes incautadas. Ahí esperan encontrar algo de lo hallado hasta ahora: existían rumores muy extendidos de que la Policía estaba investigando el caso de Estepona.
El ex alcalde de Estepona contaba con otra manera para ganar popularidad: su intensa actividad a la hora de atraer personalidades ilustres a la ciudad, sus proyectos culturales (Ciudad del Periodismo, Campus universitario). Todos estos le permitieron ganarse una imagen pública, dominar el partido en Estepona, donde su elección como secretario general recibió un respaldo casi unánime, y escalar posiciones en Málaga.
Las cifras de afiliación del partido han crecido notablemente. Esto también ha llamado la atención de los investigadores. De hecho, los movimientos de la afiliación en el PSOE de Málaga son uno de los hechos clave de la investigación.
La publicidad de que disfrutaba Barrientos era tan evidente que pasaba por ser el socialista más conocido de Málaga. Tenía, además, cierta fama de ir por libre. Tanto es así que, a pesar de algunos desencuentros con la Junta de Andalucía por sus prácticas urbanísticas, la Junta terminó entrando en el juego ante la imparable actividad del alcalde.
El terreno en el que se movía Barrientos, Estepona, tenía dos características singulares dentro de la Costa del Sol: ser el Ayuntamiento más importante con el PSOE en el poder y mantener una notable expansión urbanística en tiempos de crisis inmobiliaria. En esas condiciones, según fuentes de la investigación, Barrientos usaba la gestión municipal para hacerse cada vez más fuerte en el PSOE de Málaga.
A esto colaboraba la situación interna del PSOE malagueño, que sufre desde hace tiempo ciertas disensiones internas. En esta coyuntura se movía la ambición de Barrientos, que iba más allá de su puesto en la alcaldía.
En cualquier caso, la envergadura de esta operación no tiene nada que ver con la Operación Malaya. Lo que está fuera de toda duda era que Estepona no estaba en crisis o al menos no sufría el parón urbanístico de otras localidades de la costa. Un día antes de salir a la luz la Operación Astapa, Barrientos firmaba un convenio con unos saudíes que significaría unos ingresos cercanos a los ocho millones de euros para el municipio. Los convenios son, por tanto, otro plato fuerte de la investigación.
En ese terreno, dos empresas, Valle Romano y Prasa, ocuparon la atención de los investigadores. Sobre todo Valle Romano, el mayor proyecto urbanístico de la Costa del Sol en estos momentos, patrocinador de buena parte de las actividades culturales y deportivas de la ciudad de Estepona. Valle Romano, como Prasa y otras empresas, se caracterizaba por financiar buena parte de las actividades emprendidas por el alcalde Antonio Barrientos. Las donaciones nunca fueron transparentes, así que no había certeza de cuál era el destino final del dinero ni qué cantidades se manejaban.
Todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que el alcalde Barrientos no cortó con las prácticas urbanísticas de la era Gil, pero sí trató de aparentar una mayor legalidad.
* ELPAIS.com - LUIS GÓMEZ - Estepona - 23/06/2008
Foto: El alcalde Antonio Barrientos - JULIÁN ROJAS, elpais.com
Urbanismo en negro
GUILLERMO BUSUTIL* : La Costa del Sol está enladrillada. ¿Quién la desenladrillará? El buen desenladrillador que la desenladrille, buen desenladrillador será. Este es el trabalenguas popular que colea en los últimos años en uno de los paraísos del turismo y en otras zonas costeras y de interior, donde los alcaldes han hecho del urbanismo una potente caja registradora, un corralito para amiguetes con ambición y una piedra de escándalo que los partidos utilizan como munición de batalla. Una hipocresía ya que el dinero fácil y la corrupción no entiende de ideologías ni de consignas éticas.
Hasta el punto de que está difícil encontrar a alguien que se considere libre de pecado como para tirar el primer ladrillo contra los enjuiciados, acusados o sospechosos de especular con el suelo público. Esta práctica no es nueva. Hace mucho tiempo que se ejerce, a pesar de la existencia de una Ley del Suelo, la primera de 1956 y la segunda de 2007, que nadie vigila aunque sea un punto básico del Derecho urbanístico. Basta con recordar aquel célebre escándalo de Sofico, muy arraigado en Estepona, de 1974. Desde entonces, los gobernantes locales, con potestad para decidir qué suelo es urbanizable o cual no, utilizaron el urbanismo para ajustar cuentas o beneficiar a vecinos y sobre todo para recaudar unos jugosos impuestos indirectos para la supuesta financiación municipal. Lo malo es que ese dinero casi nunca ha revertido en la riqueza del pueblo sino en las cuentas corrientes, andorranas o clandestinas, de unos personajes sin escrúpulos y que, al margen de las siglas a las que supuestamente defienden, representan el viejo estilo del caciquismo. Un fenómeno dañino que no se ha erradicado en nuestro país y mucho menos por los partidos de izquierda, responsables morales de haberlo
hecho.
La corrupción urbanística, cuya último caso ha sacudido a la esteponera ciudad del periodismo, se extiende por todos lados. Auque la palma se la llevan la comunidad valenciana, Menorca donde en los últimos años se han modificado los planes en 227 ocasiones, Murcia, Almeria y la Costa del Sol. Los territorios en los que la diferencia entre un tipo de suelo y otro es treinta veces mayor, donde el tirón del turismo de sol, playa y golf propicia que se cuadruplique la edificabilidad, donde una denuncia o una sentencia pública se ha resuelto con una multa en lugar de con la demolición y en los que promotores, constructores y políticos acuerdan entre whiskies que el urbanismo siga siendo la piedra filosofal del dinero B y del enriquecimiento ilegal. Lo curioso es que esto lo saben la cola del ratón y la cabeza del león. Es decir, que no cuela que los paisanos se sorprendan de que exista corrupción en un lugar poblado continuamente de grúas ni que las administraciones, que deben tutelar o visar los proyectos, no se enteren ni desconfíen de esta arraigada corrupción que ha puesto a España y a la Costa del Sol en el punto de mira de la policía, de la prensa internacional y de la Unión Europea. Esto resulta más escandaloso en Málaga donde la reciente Operación Malaya, que generó el precedente de crear una gestora, no motivó que en otros municipios sus gobernantes se arrepintiesen de sus delitos y diesen ejemplo defendiendo lo que prometieron al ser elegidos cargos públicos. Incluso es evidente que todavía surgirán nuevos escándalos, que los partidos continuarán rasgándose las vestiduras y resolviendo la vergüenza expulsando a los que días antes festejaban. Mientras la política se desprestigia cada vez más por la abundancia de caciques, pícaros e hipócritas que enladrillan la democracia que tanto trabajo costó construir.
* La Opinión de Málaga - Opinión - 22 de junio de 2008
Hay más de mil casas que se caen en los barrios históricos de Granada
IDEAL* : A finales de los noventa algunos ayuntamientos -el primero fue el de Cádiz- empezaron a darse cuenta de que sus cascos históricos se les caían a pedazos. No era difícil percatarse. Estos barrios cada vez se quedaban más vacíos, se cerraban más casas y los vecinos que resistían se hacían más viejos. Basta el ejemplo del Albaicín, que ha perdido en tres décadas la mitad de la población, donde el último estudio municipal revela que hay 1.680 viviendas sin habitar.
El gobierno andaluz puso en marcha las áreas de rehabilitación concertada, donde Junta y ayuntamientos aunaron esfuerzos para rescatar los barrios históricos. En 2002 abrió la oficina del Albaicín -no abarca todo el barrio-, en 2003 la de Santa Fe, y en 2004 las de Loja, Guadix y Baza. Ha pasado un lustro.
La duración del programa era en todos los casos de ocho años y el ámbito de actuación afectaba a 12.663 viviendas. El diagnóstico que se hizo antes de empezar detectó que había, entre los cinco cascos históricos, 1.406 viviendas deterioradas, 735 muy degradadas y 332 que eran directamente irrecuperables. En total, 2.473 casas que necesitaban obras urgentes para seguir en pie con dignidad.
Según los datos recopilados por IDEAL, en los cinco primeros años de funcionamiento se han aprobado o terminado obras en 471 edificios y 1.336 viviendas, con una inversión que supera los 64 millones de euros -más de 10.000 millones de pesetas-. De ellas, la cuarta parte eran medio chabolas. Además está en estudio previo la reforma de otros 17 edificios con 70 viviendas.
Cerca de cinco mil vecinos han estrenado su casa de toda la vida. Estos datos hay que ponerlos en contraste con lo que había. Según el diagnóstico inicial, todavía están descuajeringadas más de mil casas.
Inicialmente, la zona más deteriorada era el Albaicín -también la más amplia-. Es además donde más trabajo cuesta actuar, por la propia estructura del barrio. La coordinación con el Ayuntamiento de la capital en los últimos cuatro años tampoco ha sido fluida y esta confrontación política provocó un frenazo, lamentan en la Empresa Pública de Suelo (EPSA).
La situación de Guadix o Baza no eran mucho mejor. La radiografía de Baza marcó 154 edificios destrozados y 377 en mal estado. Y en Guadix había 237 inmuebles muy degradados.
Para entrar en una de estas casas los técnicos tienen que ganarse la confianza de sus inquilinos, convencerles de que no se van a quedar en la calle. Cuesta. En la primera mitad del programa se han realojado cien familias. La inmensa mayoría (91) vivía en infraviviendas que daban pena verlas.
La rehabilitación de los barrios históricos se está aprovechando también para rejuvenecerlos. La mayoría de los vecinos que persistían en las casas descascarilladas eran mayores. En torno al 25% de la población tenía más de 65 años y alrededor del 30% entre 30 y 64. La presencia de jóvenes y adolescentes era simbólica.
* Ideal - 23.06.08 -Q. CHIRINO
Foto: Granada, Albaicin - wikipedia.org
El Consell tiene una lista de 60 obras ilegales a demoler y este año quiere derribar once
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DIARIODEMALLORCA* : El Consell de Mallorca tiene en estos momentos sobre la mesa unos 60 expedientes de obras ilegales que tiene intención de demoler, y al menos once de estos derribos han sido programados para este año, según ha destacado la responsable de su área de Territorio, Maria Lluïsa Dubon.
Las primeras actuaciones que la institución insular quiere ejecutar se encuentran en municipios como Andratx, Llucmajor o Valldemossa.
Dubon no oculta que la demolición de obras ilegales sigue siendo la "asignatura pendiente" de la disciplina urbanística de Mallorca. "Tenemos como objetivo estar más cerca del ciudadano -afirma- y para eso hemos creado la oficina de información territorial. Pero cuando las cosas se han hecho mal y no se quieren subsanar, también vamos a demostrar que somos capaces de actuar con contundencia".
Obras a derribar
En la actualidad los responsables del Consell están elaborando el proyecto de demolición de once actuaciones ilegales, como una casa unifamiliar de Alaró, unos sotanos y una piscina de Andratx, un anexo a un hotel de Son Servera, una caseta de aperos de Llucmajor, la ampliación de una casa en Campanet, una caseta de Ses Salines, una pequeña vivienda con piscina de Andratx, una vivienda unifamiliar de Llucmajor, una construcción de Santa Margalida, la base de una antena de telefonía de Valldemossa y una vivienda unifamiliar de más de 200 metros cuadrados en Maria de la Salut.
A esta lista inicial de once proyectos debían sumarse cuatro más, pero en dos casos todavía hay dudas legales -como el titular de la propiedad- y en otras dos los propietarios han aceptado encargarse personalmente de demoler la construcción ilegal -uno de ellos ya ha iniciado los trabajos-. Además, está el caso de una perrera de Andratx cuyos propietarios ya han ejecutado la demolición que se les exigía.
Dubon indicó que una vez concluida la redacción del proyecto de derribo de estos 11 expedientes, se solicitará la correspondiente licencia a cada municipio, de forma que en torno al mes de octubre se puedan haber contratado a las empresas que se ocuparán de ejecutar las demoliciones.
A propuesta de la patronal de constructores, estos proyectos se van a agrupar en cuatro grupos por proximidad geográfica, lo que además facilitará que su adjudicación pueda ser directa, sin necesidad de tramitar la convocatoria de un concurso.
* Diario de Mallorca - F. GUIJARRO. PALMA - 22 de junio de 2008
Foto: Los propietarios de una perrera de Andratx ya han ejecutado la demolición/ Consell de Mallorca
La huerta necesita una ley para protegerla del ladrillo
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ELPAÍS/Valencia* : La huerta histórica de Valencia es un paisaje cultural milenario, de los que quedan muy pocos en Europa. Un espacio agrícola periurbano singular que es seña de identidad de la ciudad y del área metropolitana. Por ello, su protección está en boca de muchos, desde hace años, sin que esa voluntad haya cuajado en un plan global para su conservación y disfrute.
Las iniciativas municipales concretas para preservar huerta o las campañas ciudadanas para frenar su deterioro no han encontrado eco hasta ahora en el gobierno autonómico. A falta de protección real, la voracidad urbanística y la presión de las infraestructuras han puesto a la huerta en "riesgo acelerado de desaparición".
Así lo reconoce el Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia presentado hace diez días por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El gobierno autonómico presenta el plan tras una década de frenesí del negocio del ladrillo, que ha ocupado el territorio a costa precisamente de la huerta. Camps lo prometió a principios de la legislatura pasada y ahora que ve la luz pide un debate "sincero y leal" para salvar la huerta histórica. Las alarmas, sin embargo, se encendieron hace tiempo.
El debate se enfrenta, de partida, a dos escollos difíciles de remover. Por un lado, la intención de una parte de los ayuntamientos de reclasificar suelo agrícola valioso en programas urbanísticos aprobados o en trámite antes de hacerse público el documento del Consell. Por otro, la desconfianza y el escepticismo de muchos defensores de la huerta que se preguntan si esta vez el gobierno autonómico va en serio. El lanzamiento del plan se abre con una etapa de consultas sobre la versión preliminar del estudio. La Consejería de Medio Ambiente promete un amplio debate y programa de participación pública para despejar dudas y recibir aportaciones. Estos son los ejes principales de un documento elaborado por un destacado panel de expertos y abierto a cambios.
- Diagnóstico. Forjada a partir del agua que fluye del Turia a las siete acequias del Tribunal de las Aguas y la Real Acequia de Moncada, la huerta histórica conforma un entorno periurbano de Valencia y las poblaciones del área metropolitana en serio peligro de desaparición. En 1950 se había destruido un 10% de esa huerta histórica, y hasta 2006 la "tendencia se ha acentuado de forma alarmante", con la ocupación del 30%. "Si se quiebra definitivamente el paisaje de la huerta, se perderá una parte sustancial de la identidad cultural y de los atributos que hacen de Valencia y su entorno un lugar único en la Península y en el Mediterráneo occidental", advierte el plan. Los expertos constatan la falta de eficiencia del riego de las acequias (no alcanza el 15%), el impacto de las aguas residuales y basuras sobre la calidad ambiental de la huerta, así como la desaparición o inutilización de ramales. El estudio afirma que en esta situación, el reparto de agua basado en derechos históricos lleva al sistema a una "grave ineficiencia hídrica". Además, el crecimiento urbanístico y de infraestructuras a costa de la huerta ha creado también barreras y la fragmentación visual del paisaje, y afecta a los caminos rurales y a las acequias. A la progresiva degradación del paisaje contribuyen asimismo torres de alta tensión, construcciones no tradicionales como naves industriales y grandes carteles. Y otro factor que encabeza el riesgo de supervivencia de la huerta: la producción agrícola es "difícilmente sostenible en sí misma en las condiciones actuales", lo que desemboca en el abandono de campos y residencias de la huerta. En la desaparición de lo que le da vida, en definitiva.
- Ámbito de aplicación. La huerta histórica configurada en torno a las acequias del Turia y marjales abarca un ámbito de 23.000 hectáreas en 40 municipios. Descontada la urbanización y los sectores urbanizables aprobados o en tramitación a finales de 2006, la que queda hoy de huerta y es objeto del plan se reduce a 12.000 hectáreas en 34 municipios -algunos ya no tienen suelo agrícola que recuperar-. El plan tiene un enfoque "claramente metropolitano", de coordinación de todas las variables que inciden en la protección de la huerta, desde el reconocimiento de que intentos anteriores de abordar globalmente esta planificación han fracasado.
- Cinco estrategias. El documento define cinco estrategias para la huerta. La primera es una red de paisajes que conecten y articulen la huerta de mayor valor entre sí con los parques naturales de L'Albufera, el Turia, la sierra Calderona y el Marjal dels Moros en Sagunto. A ello se suma la conservación y restauración de los elementos patrimoniales que se han catalogado, tanto arquitectónicos (alquerías) como hidráulicos (molinos, azudes, etc.). Las áreas de mayor densidad de estos valores patrimoniales se sitúan al norte y sur de Valencia y zonas próximas al núcleo urbano.
La segunda estrategia se centra en los agricultores. Son el factor clave para el mantenimiento de la huerta. Sin ellos, un plan de protección convertiría la huerta en una especie de "parque temático" hortofrutícola. Para garantizar su permanencia en el entorno es necesario un plan agrícola específico que implicaría a más de 26.000 explotaciones. Los expertos abogan por que se mantenga al máximo la propiedad privada y se eviten fórmulas simplistas de subvención o subsidio, sin que por ello se desaprovechen ayudas como las europeas al sector. Los mecanismos para garantizar una renta justa a los labradores son variadas: desde la recuperación del mercado para sus productos y promoción de la agricultura ecológica, hasta la terciarización agraria con actividades que complemente la renta, como el agroturismo, pasando por revisar el tamaño de las explotaciones y profesionalizar el trabajo.
El plan propone además, mecanismos de compensación a los agricultores por sus servicios medioambientales de mantenimiento del paisaje y elementos culturales y patrimoniales, ya que éstos benefician al conjunto de la sociedad. Se les ayudará para promover también restaurantes, tiendas de la huerta y otras actividades, mientras que a los labradores que no quieran seguir cultivando se les proponen acuerdos de cesión para que sus tierras las trabajen entidades de conservación o la Administración. En la huerta de titularidad pública se proponen cesiones a agricultores mediante convenio y huertas urbanas. Al plan agrícola se unirán uno de modernización del riego y un plan de uso turístico-recreativo para dar cabida simultánea a todos los aspectos de revitalización de la huerta.
La tercera estrategia presta su atención a la integración paisajística de las infraestructuras y recomienda enterrar todas las posibles. Si no es factible, se intentará que no creen bolsas aisladas de huerta y en los bordes urbanos con carreteras y ferrocarril se diseñarán paseos peatonales y carriles bici. El estudio apunta medidas de integración al AVE y alternativas a rondas que pretenden atravesar huerta.
A la protección del patrimonio cultural y visual se dedica la cuarta estrategia, con la restauración del patrimonio arquitectónico e hidráulico, caminos históricos etc., además de estudios y trabajos de catalogación y fomento educativo y recreativo.
La quinta estrategia lleva al ciudadano a la huerta a través de un trazado peatonal, vías verdes para disfrutarla a pie, en bicicleta o a caballo, con puntos estratégicos de entrada (portes a l'horta) con información y aparcamientos, actividades recreativas y de turismo rural, sin perder de vistas las actuaciones de concienciación. Para conectar las distintas áreas de huerta se sugieren, además, actuaciones singulares en el entorno del parque natural del Turia, la recuperación del agua en el nuevo cauce para unir el paisaje a L'Albufera y un bosque litoral para unir la huerta de Alboraia y el mar.
- Modelo de protección. No hay tradición en la legislación española de conservación de un espacio antropizado como la huerta en el que es básico mantener la actividad económica de mercado, constata el plan. Las que rigen en parques naturales están pensadas para espacios silvestres y tampoco acaba de encajar la figura del paisaje protegido. La clasificación de suelo no urbanizable de especial protección servirá de momento, aunque no garantiza que en el futuro un cambio de plan general municipal u otro programa de acción autonómico cambie el uso. Por ello, los expertos creen necesaria una ley que arrope a la huerta con una definición que proteja su singularidad más allá de apetencias urbanizadoras de los municipios que, en cualquier caso, tendrán que atenerse al plan. Además de catalogar 27 unidades de paisaje de huerta, el plan avanza una primera zonificación en función de su valor y nivel de protección exigible. Así se establece huerta de protección integral, periurbana con posibilidad de albergar alguna dotación pública, o zonas de transición y vectores de conexión en los bordes urbanos aún en estudio porque hay que buscar la adaptación de los planes urbanísticos municipales a la protección.
Además de la ley de la huerta, será necesario un ente que elabore los planes agrícolas, de modernización de riego y uso turístico-recreativo, y que gestione fondos y ayudas para hacer viable la actividad de la huerta.
- Participación pública. "La versión preliminar del plan está totalmente abierta para trabajarla" con ayuntamientos, entidades y expertos, destaca la directora general del Paisaje, la arquitecta Arancha Muñoz, que ha dirigido y coordinado el estudio. Considera esencial el proceso de consulta pública para lograr una redacción final que involucre a instituciones y ciudadanos en la protección de la huerta. Muñoz califica de "pionero" el plan de participación pública, que prevé una primera fase de consulta y debate -también por Internet-, talleres de paisaje, jornadas, reuniones con expertos, etc. para incorporar los resultados al documento definitivo, que será el que salga a la exposición pública propiamente dicha hacia enero de 2009. Será también el momento de definir la financiación y los presupuestos de las actuaciones.
- Obstáculos. Las primeras opiniones, a falta en la mayoría de los casos de un análisis pormenorizado del documento, apuntan ya a que las previsiones de crecimiento urbanístico de los municipios serán el principal campo de batalla. También las soluciones de integración o mejora de grandes infraestructuras, como el AVE en L'Horta Nord y nuevas rondas de circunvalación serán claves. Con la decisión de aceptar los proyectos aprobados o en tramitación hasta diciembre de 2006, la Generalitat da por perdida una importante superficie de huerta en Catarroja (PP) con las miles de viviendas de Nou Mil.leni -en las que participa la propia consejería-; o en Manises (PP), con el plan de Gran Manises, pegado al parque del Turia. También Torrent prevé unas 10.000 viviendas sobre la huerta del Safranar, la mayoría de protección social. El concejal de Urbanismo, Santiago Martí, del PP, recuerda que el proyecto lo impulsó en 2001 el gobierno socialista. "Ahí se han generado unas expectativas que han llevado al abandono de los cultivos", asegura Martí, partidario de reforzar la protección del resto de huerta pero para quien la expansión de Torrent no tiene otra salida.
Alboraia (PP) es otro de los municipios que no quiere renunciar a ocupar una huerta productiva y de alto valor, en la zona de la Vera, a donde pretende trasladar un centro comercial. Alboraia prevé "la protección de la mayor parte de la huerta", alegan en el Ayuntamiento, enfrentado a los agricultores de la Vera.
Estos planes urbanísticos son los que alimentan el recelo, por ejemplo, de Ferran Gregori, experto en la huerta de la Unió de Llauradors-COAG. Teme que el plan, que aún no ha estudiado a fondo, se quede en "palabrería". Coincide con los expertos en que "una huerta sin agricultor es imposible" y que son necesarios mecanismos "que mantengan la actividad y las rentas". La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) se pronunciará cuando analice el plan con más detalle.
Hacia Valencia se dirigen muchas miradas de desconfianza. El gobierno de la alcaldesa, Rita Barberá, defiende que el nuevo plan general en tramitación se ajusta a la defensa de la huerta, pero lo cierto es que las 400 hectáreas que prevé reclasificar dan bocados sustanciosos a zonas de alto valor que, además, están situadas en puntos estratégicos de conexión de la red del paisaje agrícola, como es el caso de Campanar, el límite con Alboraia, La Punta o el cinturón de pedanías pegadas al nuevo cauce del Turia y los municipios de L'Horta Sud. En la huerta de Faitanar incluso prevé un área industrial.
Esta semana, además, una decisión del Tribunal Superior de Justicia ha contribuido a cuestionar las intenciones del Ayuntamiento y del Consell de proteger los espacios valiosos. La consejería recurrirá, y Barberá lo apoya, una sentencia que anula la posibilidad de construir viviendas y algunos equipamientos en pedanías dentro del parque natural de L'Albufera.
"Yo estoy a favor de que haya una planificación territorial de protección de la huerta", adelanta la alcaldesa socialista de Aldaia, Empar Navarro, que también preside la Mancomunitat de L'Horta Sud. Sin embargo, las reclasificaciones previstas en Valencia, Alboraia, Catarroja o Manises convierten de momento el plan "en una declaración de intenciones con demasiadas dudas", apunta Navarro, que reprocha al Consell que "nunca hace lo que predica". Igual que Aldaia, Picanya destaca por incluir en su plan general una calificación específica de huerta protegida. "Sí al plan", afirma su alcalde, Josep Almenar (PSPV), "pero en todos los municipios". Salvar la huerta exige, en su opinión, un verdadero "gobierno metropolitano" en el que las decisiones no se tomen sólo "desde Valencia".
El debate se anuncia vivo, complejo. La huerta, mientras, espera en la encrucijada a que se elija un camino que pueda rescatarla de la destrucción.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 23/06/2008
Foto: Alboraia (Valencia), huerta - flickr.com
Hidalgo y Malaya, preludio de Astapa
MÁLAGAHOY* : Cuando el río suena, agua lleva. Ese sería el refrán popular que se podría aplicar en el caso de la puesta en marcha de la operación Astapa si se tiene en cuenta que en los sumarios de los casos Malaya e Hidalgo el nombre de Estepona o de personas vinculadas con el municipio empezó a aparecer desde un principio.
En marzo de 2006 se supo que el empresario marbellí detenido en el marco de la operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de este municipio costero era Ismael Pérez Peña, vinculado a las empresas Alquicamsa y Alvemotor, con las que el Ayuntamiento de Marbella tuvo contratado durante la era GIL el leasing de los vehículos de la Policía Local. Aunque no fue la única, ya que Estepona repitió experiencia.
De hecho, el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza la gestión del gobierno municipal entre 1995 y 1999, periodo en el que gobernaba el GIL en la localidad esteponera, investigó el abono injustificado de 428.400 euros a Alvemotor por parte de la corporación municipal. Según refleja en el informe, el 1 de agosto de 1996 la comisión de gobierno del Ayuntamiento acordó encargar a Compras Estepona XXI SL la adquisición de vehículos. Como consecuencia de ello, el 1 de febrero de 1997 se firmó un contrato de arrendamiento de 19 vehículos durante tres años para su uso por la Policía Local con la empresa Alvemotor SL, a pesar de lo cual no consta la existencia del expediente de tramitación de dicho contrato.
"Sin embargo, antes del acuerdo de la comisión de gobierno y de la celebración del mencionado contrato", continúa el documento, "ya se habían recibido facturas de la citada empresa en concepto de alquiler de vehículos por importe de 94.800 euros que no tenían el necesario soporte contractual".
El 1 de julio de 1997, las partes acordaron rescindir el contrato de común acuerdo, "a pesar de lo cual Alvemotor SL, con posterioridad, facturó a la sociedad por el mismo concepto 285.600 euros y el Ayuntamiento pagó cuatro facturas por un total de 48.000 euros. Tres de éstas, por importe de 36.600 euros, que constan contabilizadas por Compras Estepona XXI, aunque a 31 de diciembre de 1999 este saldo figura pendiente de pago en la sociedad municipal". En este caso, fue IU la que estableció las relaciones entre Marbella y Estepona.
Anónimo
Unos meses después de conocerse la relación de Ismael Pérez con el Ayuntamiento de Estepona, en noviembre, salió a la luz un anónimo incluido en la página 102 del tomo 14 del sumario del caso Malaya en el que se hacía mención a la relación que podría mantener el que por aquel entonces era primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo (PES), con el considerado cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, así como con Pedro Román.
El que por aquel entonces era portavoz del PSOE, David Valadez, preguntó públicamente a Crespo sobre este documento, a lo que este respondió asegurando que el PSOE "debe explicar las palabras de este señor" y añadió que en caso de que los socialistas respalden a Valadez "el PES tendrá que tomar alguna decisión política e inaplazable", es decir, se plantearía abandonar el equipo de gobierno. No fue necesario que llegaran a tanto porque a los pocos días el alcalde y secretario general de los socialistas, Antonio Barrientos, destituyó a Valadez de su cargo después de que éste se ausentara de un pleno en el que se iban a aprobar convenios que, a su juicio, "no cumplían el decálogo del PSOE en materia urbanística".
Coincidiendo con esta polémica, IU instó al Pleno a aprobar la fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía de aquellos convenios suscritos entre 2002 y 2006 que hubieran promovido la modificación del PGOU vigente, así como la fiscalización de los aprovechamientos enajenados en ese mismo periodo y el fin al que se destinaron sus fondos.
negociaciones de roca
Tras unos meses de tranquilidad, en julio de 2007, se conoce una nueva parte del sumario del caso Malaya. En esta ocasión, en el tomo 81 aparece que la empresa Inmobiliaria Eridano -vinculada al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca- firmó en 2005 un convenio con el Ayuntamiento de Estepona para comprar una parcela pública conocida como Bahía de Estepona y que después vendió por un precio casi diez veces superior.
Un negocio para el que, según el informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, "fue necesaria la colaboración del por entonces coordinador de Urbanismo de Estepona, Pedro López, del Partido Estepona", cargo de confianza del alcalde, Antonio Barrientos. Pedro López ha sido detenido esta semana en el marco de la operación Astapa y ha quedado en libertad bajo fianza de 300.000 euros. A él se le imputan los presuntos delitos de cohecho y malversación.
Los investigadores precisaban que López dependía "directamente" de Barrientos. En este sentido, apuntaban que como máximo responsable, el regidor pudo "haber tenido conocimiento de las irregularidades que conciernen al departamento de Urbanismo". Ante estas sospechas el alcalde dijo que firmó el convenio porque contaba con los informes favorables de los técnicos de Urbanismo. Sobre la participación de López en la negociación del citado convenio, señaló que quien tenía que dar explicaciones era José Ignacio Crespo, al haber sido designado por éste.
Hidalgo
Finalmente, en febrero de este mismo año, se conoce el sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales. De nuevo vuelve a aparecer Estepona. En esta ocasión, según el informe policial, uno de los imputados en la causa, Jan Nadir, asegura en una conversación telefónica que ha tenido que "soltar dinero" para conseguir una licencia de urbanización en este municipio. Ahora el nombre que aparece es el del arquitecto municipal Arturo Cebrián, también detenido en Astapa, aunque en libertad tras abonar 30.000 euros de fianza. Se le acusa de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Según Barrientos, el técnico actuó en la compra-venta de unos terrenos que ya eran urbanos y que no sufrieron ningún tipo de recalificación o aumento de edificabilidad. Por ello, insistió en que las acciones no implicaron la actuación del Ayuntamiento como institución. En estas escuchas se desvela que el intermediario había soltado "un montón de dinero" a gente del Ayuntamiento a cambio de obtener la licencia de urbanización. Tras conocerse estas noticias, el alcalde ordenó que se abriera una investigación. El arquitecto, por su parte, aseguró que nunca había cobrado por dar una información que era pública y que él no tenía capacidad para tramitar la licencia.
Así las cosas, cabe pensar que la operación Astapa hunde sus raíces en los casos Malaya e Hidalgo que azotaron a Marbella y que aún continúan abiertos.
* Málaga Hoy - Encarna Jerez / Estepona - 23.06.2008
Foto: Fragmentos del sumario del caso Malaya, en los que se alude a Estepona/ malagahoy.es
Los cultivos ilegales cercan Doñana
ELPAÍS/Huelva* : Cuatro agentes de la Consejería de Medio Ambiente en Doñana fueron detenidos la semana pasada acusados de cobrar dinero a cambio de mirar hacia otra parte y no denunciar la presencia de los cultivos ilegales, aquellos que crecen en terrenos de uso forestal y no agrícola.
El suceso volvió a poner encima de la mesa el fenómeno de los cultivos que se abren paso en zonas forestales o protegidas. Se trata de algo muy característico de Huelva, una provincia que busca un difícil equilibrio entre la potencia de su agricultura y el sostenimiento de joyas ecológicas como Doñana.
Un par de días después de que se detuviese a los agentes, la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, en su informe anual, volvió a destacar los delitos contra el cambio del uso de los terrenos -de forestal a agrícola-, como uno de los problemas más acuciantes, especialmente en el entorno del parque nacional. La organización ecologista WWF/Adena calcula que hay más de 2.000 hectáreas de cultivos ilegales en zonas de monte público y espacios protegidos en el ámbito de Doñana.
El uso que se da a la tierra suele estar centrado en el cultivo de fresas, arándanos o frambuesas. Legalmente, la provincia ha transformado más de 13.335 hectáreas de suelo forestal en agrícola en los últimos diez años, según datos del delegado de Medio Ambiente en Huelva, Juan Manuel López. Pero la Consejería ha abierto, desde 2006, 150 expedientes sancionadores por los cambios de uso irregulares.
El fenómeno existe desde hace décadas, recuerda Félix Sanz, portavoz de Asaja en la provincia. "Pero no creo que ahora haya un problema alarmante. La mayoría de los terrenos se han ido regularizando con el tiempo y ahora se les está intentando dar forma. Pero está claro que actualmente, en una provincia eminentemente forestal como es Huelva y con amplias zonas protegidas, hacer un cambio de uso es muy complicado. Incluso en parajes de eucaliptos, donde hace tres años era muy fácil conseguir un cambio de uso para cultivos", afirma.
En 2003 la Consejería de Medio Ambiente redactó el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) para tratar de poner orden en éste y otros problemas. Pero los intentos para abordarlos por la vía penal empezaron hace unos tres años. "En 2005 la Delegación de Medio Ambiente en Huelva nos informó del problema de los cambios de uso del suelo, nos subrayaron que los procedimientos sancionadores administrativos no funcionaban, porque a los agricultores se les imponía una multa y al día siguiente las pagaban. Económicamente les compensaba, pues seguían con su actividad agrícola", destaca Alfredo Flores, fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Huelva. "En muchos casos, encontramos además que los cambios de uso de suelo iban ligados a la construcción de otros elementos sancionables, como las balsas para regadío, por ejemplo. También había posibles delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales en zonas protegidas", continúa el fiscal Flores.
Entre 2005 y 2006 la Fiscalía empezó a abrir diligencias de investigación y a formular denuncias a los juzgados. En 2007 se realizaron los primeros juicios orales. Se han dictado cinco sentencias, todas condenatorias. Y salvo una, todas han sido de conformidad con los acusados. "En esos casos, lo que hace es condenarlos a un año de prisión, pero si quieren la suspensión de la condena tienen que plantear y ejecutar un plan de restauración ambiental del espacio afectado, que deberá aprobar la Consejería de Medio Ambiente. Además, se debe abonar una sanción", destaca Flores. Hay varias ejecutorias pendientes de que se presenten y lleven a cabo dichos planes de restauración. "Todavía no hay ningún caso en que se haya completado, pero hay que comprender que es un proceso lento".
El área donde se han denunciado más casos de cambios de uso del suelo en la Fiscalía forma un eje entre los municipios de Moguer, Lucena del Puerto y Bonares, donde uno de los ejemplos más famosos es el de la finca de El Avispero, denunciada en la Fiscalía por Ecologistas en Acción. Los fiscales se quejan de falta de colaboración por parte de los ayuntamientos y critican que hayan permitido el fenómeno sin ponerle coto. Y es que la mayoría de los terrenos que se ven afectados por irregularidades están relacionados con tierras de canon que los consistorios arriendan a particulares para que estos cultiven. El problema se da cuando amplían las explotaciones, arañando hectáreas en áreas forestales de terreno público.
Algunos alcaldes de la zona no tienen tan claro que ellos tengan que vigilar la conducta de sus vecinos. "No podemos perseguirlos a todos. Yo creo que en el tema de los cambios de uso del suelo, quien debería de controlarlo es la Junta de Andalucía", protesta Manuel García, alcalde de Lucena del Puerto. García añade además que las leyes y normas en esta materia son ambiguas y no contemplan los usos tradicionales. "Aquí hay vecinos que pueden llevar un siglo cultivando una parcela y de repente se enteran de que la zona es forestal porque unos señores lo dicen", critica. "Otra cosa es que el agricultor convierta, a sabiendas un terreno forestal en otro agrícola de manera ilegal. Eso sí que hay que sancionarlo", afirma el alcalde.
* ELPAIS.com - MANUEL J. ALBERT - Huelva - 22/06/2008
Foto: Doñana, parque nacional - wikipedia.org
Lesa corrupción
JOAQUÍN ESTEFANÍA* : ¿Será Estepona para la actual legislatura democrática lo que Marbella supuso para la anterior?: el paradigma de la corrupción urbanística, hacia la que se desplazaron las irregularidades cometidas en la financiación ilegal de los partidos políticos de la década de los noventa. Lo que se sabe hasta ahora es que hay implicados dos docenas de funcionarios (entre ellos, el alcalde) y empresarios, acusados de delitos como prevaricación, cohecho, malversación de fondos o contra la ordenación del territorio.
Uno de los defectos de nuestra democracia, según se desprende del Informe sobre la democracia en España 2008, que edita la Fundación Alternativas, es que el sistema institucional, compuesto de reglas y derechos, funciona bastante bien, y es en el comportamiento y en las prácticas de los actores donde aflora la mayor parte de los problemas. Por ejemplo, parece que la libertad sindical está garantizada en nuestro país, pero al mismo tiempo las empresas no respetan, en muchos casos, los derechos de los trabajadores.
Algo parecido sucede con la corrupción. Los últimos años han sido proclives a establecer normas y actuaciones que la combatan: una nueva ley de financiación de los partidos, la regulación de los contratos del sector público, la Ley del Suelo, la creación de secciones de medio ambiente y urbanismo en todas las fiscalías (bajo la coordinación de un fiscal de sala que actúa como delegado del fiscal general) o la organización de una unidad contra los delitos urbanísticos en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A ello se añade el Código del Buen Gobierno, la ley de regulación de los conflictos de intereses de altos cargos, la reorganización de la fiscalía anticorrupción, etcétera.
Pues bien, a pesar de los avances, el balance todavía es decepcionante. No es porque las autoridades locales españolas sean más corruptas moralmente que las de los países de nuestro entorno, sino que el marco en el que se lleva a cabo la política urbanística en España genera formidables incentivos para la corrupción, entre otros, la enorme repercusión económica de las decisiones públicas sobre los usos urbanísticos (en general, en manos de las autoridades locales).
Hay tres causas objetivas relacionadas con los casos de corrupción que van emergiendo de modo incesante: el extraordinario boom de la construcción de la última década (hubo años en que España construía más viviendas que el Reino Unido, Alemania y Francia juntos); los perennes problemas de financiación de las haciendas locales, y los cambios en las estructuras de financiación de unas organizaciones partidistas que parecen depender cada vez más de los fondos que las corporaciones locales destinan al sostenimiento de los grupos municipales. Esto último cobra especial importancia si se confirma que parte del dinero de las comisiones ilegales pagadas por los constructores en Estepona financiaron al PSOE local.
* ELPAIS.com - Opinión - Joaquín Estefanía 22/06/2008
Palma: El Govern del PP vendió suelo a un constructor por la mitad de su valor
DIARIODEMALLORCA* : El anterior Govern del PP, a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), compró y urbanizó unos terrenos de es Pil·larí con un coste de cuatro millones y medio de euros, y luego los vendió a la empresa Pavimentos y Hormigones Carreras por 2,7 millones, según los datos facilitados por la conselleria de la Vivienda.
Esta onerosa operación para la Comunitat Autònoma ha provocado que se haya encargado un dictamen para determinar cómo pudo venderse a un empresario un suelo público, especialmente escaso en el municipio de Palma, con un descuento del 40%, y las posibles responsabilidades que pudieran existir.
Los actuales responsables de la Conselleria admiten que la operación les resulta inconcebible, ya que las viviendas de protección oficial que se han construido en la zona se están vendiendo por parte de la citada empresa por el valor máximo permitido a pesar de que los terrenos les han salido "más baratos que a precio de amigo", lo que además ha generado las protestas de los que aspiran a hacerse con uno de estos inmuebles.
Estos terrenos de es Pil.larí -una parte de los cuales los obtuvo el Ibavi mediante intercambio con el ayuntamiento de Palma dentro del convenio de la fachada marítima- han permitido la edificación de 125 viviendas en la parte adquirida por Pavimentos y Hormigones Carreras, además de incluir dos parcelas destinadas a equipamientos, entre los que debe construirse una guardería. Hay que apuntar que también se vendieron parcelas a otra empresa, Construcciones Llull Sastre, aunque en este caso se apunta que las condiciones no fueron tan ventajosas.
La suma del valor del suelo y de las obras realizadas por el Ibavi ascendió a cuatro millones y medio de euros, y fueron posteriormente entregados a la empresa antes señalada por 2,7 millones. Eso conlleva que si lo habitual es que el coste de los terrenos suponga entre el 15% y el 20% del precio de los pisos protegidos, para Carreras esa repercusión ha supuesto únicamente el 13%, 10,6% y 6,7% dependiendo de la parcela edificada, según se pone de relieve en el informe elaborado por la Conselleria.
Debate en el Parlament
Esta operación ya fue reprochada por el conseller Jaume Carbonero a su antecesora en el cargo, la popular Mabel Cabrer, durante una sesión plenaria del Parlament celebrada el pasado mes de abril, en la que además puso de relieve que el suelo se había entregado a empresas privadas "sin ningún tipo de concurso", lo que supuso un claro trato de favor, al conllevar un elevado beneficio para la constructora en cuestión.
Desde la Conselleria se pone de relieve además que la inmensa mayoría de las viviendas protegidas edificadas por Carreras tienen el tamaño máximo permitido -90 metros cuadrados-, y que además está aplicando el precio máximo autorizado por la Ley en estos casos, pese a haber conseguido los terrenos por un coste muy inferior al habitual.
Eso supone más de 180.000 euros por el piso, unos 28.000 por el trastero y más de 8.000 por la plaza de aparcamiento, un valor que se aproxima al que se pueden encontrar en promociones del mercado libre. Estos altos precios están provocando las protestas de las personas que se habían inscrito en el Ibavi para conseguir uno de estos inmuebles, ya que hay casos en los que las entidades financieras se niegan a conceder hipotecas por la débil capacidad económica que tienen los aspirantes.
* Diario de Mallorca - F. GUIJARRO. PALMA - 22.06.2008
Foto: Las viviendas protegidas de es Pil.larí están desatando una fuerte polémica/ Lorenzo, diariodemallorca.es
Promotores eran ´invitados´ a donar parte de sus beneficios
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LAOPINIÓN/Málaga* : El empresario que quería promover en Estepona, además de los impuestos habituales, era requerido por algunos de los imputados para que cediera un porcentaje de sus ganancias que después usaba el Ayuntamiento para sufragar actividades que no preveía la ley.
El Consistorio de Estepona "invitaba" a los promotores que querían edificar en la localidad a donar parte de los beneficios que obtenían con un determinado convenio urbanístico, de forma que después el dinero se utilizaba por parte del equipo de Gobierno para sufragar eventos o actividades de diversas concejalías, según explicaron ayer a este periódico fuentes cercanas a la investigación.
Esta práctica estaba muy extendida en el Ayuntamiento y, de hecho, importantes empresarios con intereses inmobiliarios en Estepona denominaban a esta ´tasa´ de forma irónica "el impuesto revolucionario". Las fuentes advierten de que "muchos promotores no pagaron esas donaciones y no pasó absolutamente nada", aunque indican que algunas corporaciones empresariales habrían accedido a abonarlas precisamente por miedo a quedarse sin negocio.
Mecanismo. Cuando un Ayuntamiento llega a un convenio con un promotor para, por ejemplo, cambiar la calificación de una parcela no urbanizable a urbanizable, la promotora ha de pagar la urbanización de la zona, sus viales y zonas verdes y ceder el 10% del aprovechamiento medio al Ayuntamiento, además de pagar después los diferentes impuestos. "En el Consistorio de Estepona, los políticos se sacaron de la manga la figura de la plusvalía, de forma que algunos técnicos calculaban el beneficio que iba a obtener un promotor por un cambio de edificabilidad, y un porcentaje del mismo que podía ser de hasta el 30% se abonaba al Consistorio en pagos fraccionados", apuntan las fuentes.
Esos pagos se vinculaban a las distintas fases de tramitación de un convenio concreto o del plan del municipio, de forma que el dinero acababa "volviendo al pueblo" para pagar diversas actuaciones municipales como fiestas, foros u otros gastos ordinarios. "Con la nueva Ley del Suelo de la Junta, se informó al alcalde por parte del interventor y del secretario de que ese dinero no se podía utilizar para otra cosa que no fuera la urbanización de una parcela en concreto -equipamientos sociales, viales, zonas verdes-, de forma que se comenzó a invitar sutilmente a los promotores a que donaran el dinero al pueblo. Hay muchos que se negaron y, en principio, no ocurrió nada con esa negativa", explicaron las fuentes cuestionadas.
En definitiva, si el constructor accedía a pagar esa plusvalía, el dinero debía utilizarse para urbanizar con equipamientos la parcela que el promotor había desarrollado. Lo que hicieron interventor y tesorero es advertir al alcalde de Estepona de que no podía disponer de esas plusvalías para usarlo en otros fines distintos a éstos y, por tanto, se dispuso que los promotores pudieran realizar donaciones cuyos fines fueran otros distintos a la urbanización de parcelas, y así escapar del encorsetado texto legal. "Así, podían pagarse conciertos y otro tipo de eventos de diversas concejalías", señalan.
En opinión de las fuentes cuestionadas, esta tesis sustenta algunas de las imputaciones de malversación de caudales públicos, incluso en el caso de los promotores, ya que las donaciones se habrían usado supuestamente para sufragar actividades municipales y no la urbanización de las parcelas que fueron recalificadas.
Otras fuentes cercanas al caso, distintas de las anteriormente citadas, reconocen que entre cinco y ocho convenios de los 30 investigados recogen donaciones de empresarios, mientras que algunas defensas sostienen que "las mismas se hacían de forma voluntaria", como parece ser el caso, ya que luego no consta que se tomaran represalias administrativas contra esos promotores.
Uno de los letrados defensores reconoció: "Esas donaciones voluntarias servían para financiar fiestas o actividades de las Concejalías de Cultura o Educación, pero eso no es soborno". Puede que soborno no, pero la figura sí encajaría en malversación de caudales públicos, de ahí que entre los imputados por un delito típico entre el funcionariado haya también empresarios y constructores. Ésta será la tesis contra la que van a pelear a partir de ahora diversas defensas, oponiendo esta antítesis: "Eran donaciones voluntarias que se usaban para fines sociales".
De ahí que, por ejemplo, los dos abogados ligados a Valle Romano indicaron que ellos se limitaban a buscar con el Ayuntamiento qué fines sociales eran los más adecuados para las donaciones en relación a determinados convenios urbanísticos.
Patrimonio. En cualquier caso, los dos técnicos de Hacienda, expertos en blanqueo de capitales, habrían investigado dentro de la operación ´Astapa´, los ingresos obtenidos en los diez últimos años por parte de determinados imputados -no en todos-, para así poder comprobar el desfase patrimonial que habría sido detectado en algún caso concreto.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 22.06.2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Costas analiza la legalidad del uso de 300 kilómetros del litoral gallego
LAVOZDEGALICIA* : El acceso a todo el litoral es libre, público y gratuito. Las playas, los acantilados, dunas, espacios ganados al mar mediante rellenos o paseos, no pueden ser ocupados por construcción alguna, salvo que haya una concesión de la Administración.
El Ministerio de Medio Ambiente pretende comprobar, antes de finales del 2009, que toda la costa gallega se atiene a la normativa que regula el uso del litoral mediante la Ley de Costas de 1988, y que de entrada debe garantizar que, con la excepción de los terrenos dependientes de las autoridades portuarias, nada interrumpa u ocupe la franja que abarca desde donde se produce la marea más baja hasta donde hayan llegado las olas en el peor temporal del que exista constancia. Si no hay un permiso expreso, y la Administración tiene el objetivo de no renovar prácticamente ninguno y recuperar los posibles, todo lo que se asiente en ese espacio es ilegal.
La Demarcación de Costas en Galicia ya ha deslindado, es decir, clasificado como espacio de dominio público, el 83,6% de los 1.884,8 kilómetros de costa de la comunidad. Ahora resta por comprobar si se respeta la legalidad en los 308,6 kilómetros restantes, pero no solo en la franja pública.
Zona de protección
Desde esa línea y el extremo que ocupa la ribera del mar, como son las playas o zonas rocosas, por ley tiene que haber hacia el interior un espacio siempre libre de seis metros de ancho para el tránsito de peatones y vehículos de vigilancia y salvamento. Desde el límite de esos seis metros comienza el espacio de servidumbre de protección de la costa, que en los núcleos urbanos tiene que ser de 20 metros de ancho y de 100 en los espacios sin esa clasificación. Todo lo que se encuentre entre el mar y ese último punto, Medio Ambiente lo considera ilegal, e incluso fuera de ordenación para todas las construcciones existentes desde antes de 1988, con las restricciones que ello conlleva.
Núcleos marineros tradicionales, sobre todo, pero también zonas urbanas quedan así mediatizados por esta norma, que afecta a miles de edificaciones en Galicia y restringe actuaciones en ellas, siendo necesario contar con permisos expresos de la Administración para realizar cualquier obra en el inmueble. De todas formas, Costas indica que se puede construir en ese espacio de protección si hay parcelas libres, «siempre y cuando al menos el 75% de la calle donde se pretende edificar esté consolidada históricamente y se mantenga como zona residencial». Esa área de protección forma parte de la zona de influencia costera de 500 metros de competencia autonómica, y donde la Xunta ha suspendido temporalmente la posibilidad de construir.
Tramo final
Medio Ambiente analiza ahora el estado de los 217,5 kilómetros de la provincia de A Coruña que restan por deslindar, como ocurre con otros 91 en Pontevedra, para planificar el modo de recuperarlos y esponjar la presión urbanística que se ejerce sobre la costa. En el caso de Lugo, sus 219 kilómetros de dominio público marítimo terrestre ya están deslindados. Eso ha permitido que se hayan proyectado 27 actuaciones de recuperación del litoral (de las 113 previstas en Galicia), por valor de 30,4 millones de euros. Foz, Barreiros, Viveiro y Ribadeo es donde más acciones se están llevando a cabo, con espectaculares derribos, incluso de céntricas edificaciones o viejos hoteles playeros.
En A Coruña, la segunda provincia española con más costa, tras Baleares, se manejan 84 millones de euros para 69 actuaciones, siendo Porto do Son, Muros, Arteixo, Camariñas y Ribeira las áreas de mayor atención. En Pontevedra la inversión se cifra en 29 millones, siendo la capital y Sanxenxo-O Grove los focos prioritarios.
La acción que el cambio climático puede ejercer sobre la franja edificada frente al mar está guiando ya varios de los proyectos de liberación de espacios que las Administraciones están llevando a cabo en Galicia.
* La Voz de Galicia - Carlos Punzón - 22.06.2008
Foto: Carnota - xunta.es
20 años sin un modelo territorial
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ELPAÍS/Valencia* : A primeros de los años ochenta del siglo pasado, los responsables políticos pensaron que la Comunidad Valenciana podía ser la California europea y soñaron con una sociedad de la información, donde jóvenes cerebros, como en la Universidad de Stanford, desarrollaban modelos informáticos en los garajes de sus viviendas.
Los políticos de aquellos tiempos pensaban en un turismo de calidad y en una agricultura de alto valor añadido.
Para alcanzar su meta se plantearon un modelo territorial que se ajustara a tan ambiciosos objetivos. De más está decir que la California europea nunca pasó de ser un sueño, el desarrollismo salvaje arrumbó con la ordenación racional del territorio, la agricultura sigue anclada, mayoritariamente, a sistemas de producción obsoletos, y la inversión en I+D no pasa de ser un deseo, como el turismo de calidad.
El modelo de Florida de sol, playa, ladrillo y la vocación de convertirse en el balneario europeo de la tercera edad se ha impuesto al sueño californiano. Por el camino, un reguero de anuncios de planes de ordenación territorial plagados todos ellos de magníficas intenciones, que jamás se han concretado. Adiós California, hola Florida.
Sobre esta realidad, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha anunciado su intención de abrir un debate más sobre el modelo territorial. Vistos los antecedentes la desconfianza cuenta con numerosos adeptos. Hay, incluso dentro de su propio partido, quien opina que se trata de una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas. Por el contrario, sociólogos y expertos en ordenación territorial opinan que más vale tarde que nunca y que hay que aprovechar la oferta presidencial.
* ELPAIS.com - 22/06/2008
Foto: Vista aérea desde la Serra d'Irta hacia Torreblanca- CARLES FRANCESC, elpais.com
NOTICIA RELACIONADA: Cómo pensar un modelo territorial - ElPAÍS - Valencia - 22/06/2008
Estepona o la lógica de la corrupción
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ELPAÍS/Málaga* : Estepona (60.000 habitantes) ha sido el último municipio de la Costa del Sol sacudido por la corrupción urbanística. La ciudad, gobernada por el GIL en anteriores mandatos, había reproducido, de forma algo menos organizada, algunas de las prácticas descubiertas en su vecina Marbella hacía más de dos años.
Convenios que despatrimonializaban poco a poco el municipio, tasaciones hechas a la baja, donaciones irregulares de promotores, blanqueo de capitales... La situación geográfica de Estepona y el devenir político y económico de los últimos años habían convertido a la ciudad en una joya de la costa a la que muchos inversores, nacionales y foráneos, habían echado el ojo.
Hasta llegar a la situación vivida esta semana, la población había ido adquiriendo varias de las características que más favorecen las prácticas corruptas.
La criminóloga especializada en delitos económicos, Alejandra Gómez Céspedes, y el catedrático en Derecho Penal, José Luis Díez Ripollés, detallan los ingredientes de esta receta de la corrupción urbanística en uno de sus últimos artículos de investigación. Entre ellos, destacan el crecimiento del parque inmobiliario, la llegada de capitales del exterior, inversiones de las mafias en viviendas, el aumento de la población con poco arraigo o la presencia del crimen organizado. En Estepona, como en otras muchas localidades de la costa mediterránea, se encuentran ejemplos de cada uno de estas situaciones.
Hace apenas dos días, que la juez Isabel Conejo ha enviado a prisión a Barrientos y a su jefe de gabinete, José Flores. Otros cuatro ediles del PSOE, también detenidos, están en libertad bajo fianza. La Operación Astapa, nombre que los fenicios daban a la ciudad, no sólo ha puesto en cuestión la Corporación que sus vecinos eligieron hace un año. Ha ahondado en la herencia del GIL. José Ignacio Crespo y Manuel Reina, antiguos socios de gobierno de Barrientos y ex gilistas, también han ido a prisión, junto con un técnico encargado de hacer las valoraciones.
La operación muestra el nivel de penetración de las formas del GIL y cómo el afán por el dinero fácil enganchó a los propios vecinos. A diferencia del caso Malaya, la mayoría de los imputados llevan toda la vida en la ciudad.
Entre 1999 y 2003 Málaga fue la provincia española donde más viviendas se iniciaron: 324.000. Superó incluso a Barcelona (224.000) o a la Comunidad de Madrid (198.000). Muchos de esos capitales, algunos de dudosa procedencia, venían del extranjero. Según datos de la Consejería de Economía, los tres principales países inversores en Andalucía son paraísos fiscales: Luxemburgo (el principal inversor), Gibraltar (el quinto inversor) y las Antillas Holandesas (el noveno).
Ese dinero habría llegado, según Gómez Céspedes, "fundamentalmente" a la Costa del Sol. "Es dinero no necesariamente criminal, pero desde luego es un capital no fiscalizado", puntualiza. "Como inversor, ya seas legal o ilegal, tienes que considerar muy seriamente tu índice de riesgo, y en la Costa del Sol es prácticamente nada", añade la especialista.
A Estepona, con grandes proyectos arquitectónicos en marcha, también llegaron esos capitales e inversores. La ciudad fue creciendo y cambiando. En las urbanizaciones del extrarradio los vecinos ya no se conocían, el 20% de la población censada es extranjera, y como ciudad costera, recibió numerosos turistas que se alojaban en esas construcciones.
En los últimos años, la Policía también ha comenzado a tener más trabajo. Se han detectado redes de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y más desembarcos de hachís. En una sola operación, en 2006, intervinieron 20 apartamentos, varias mansiones y 15 locales comerciales, adquiridos a través una red de testaferros constituida en dos despachos de Estepona. En dos de los casos de corrupción más importantes de los últimos años, el caso Malaya y el caso Hidalgo, los investigadores dieron con ilegalidades en el funcionamiento de las dependencias de urbanismo. Las personas que aparecían en esas escuchas, el ex gerente de urbanismo, Pedro López, y el arquitecto municipal, Arturo Cebrían, han sido detenidas esta semana.
Las venganzas entre clanes mafiosos también habían crecido. "Estepona está a apenas unos kilómetros de Marbella, pero pasaba más desapercibida", reconoce un veterano inspector de policía. En febrero, descerrajaron cuatro tiros a un conocido mafioso irlandés que llevaba dos años escondido en una de sus anónimas urbanizaciones.
El incremento de controles por parte de las administraciones y las actuaciones policiales de los últimos años ( hacen creer a los criminólogos Ripollés y Gómez Céspedes, que la corrupción urbanística se está trasladando a provincias donde hay menos presión. "Se habla del urbanismo salvaje de la segunda franja del litoral malagueño", aseguran. Pero también piden atención para Murcia. "Ha venido a sustituir a Málaga en los primeros puestos de la jerarquía de los territorios con mayor carga urbanística".
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 22/06/2008
Foto: Estepona (Málaga), puerto - destinoespana.com
"De aquí no nos echa nadie"
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PÚBLICO* : Vecinos de Toledo y Madrid se enfrentan a las promotoras que quieren quitarles sus viviendas. El método es siempre el mismo. Una promotora compra un edificio antiguo en una zona céntrica de una gran ciudad pero con bicho dentro; es decir, con inquilinos que viven en régimen de alquiler con renta antigua.
Entonces, la promotora hace lo imposible por echar a los habitantes, normalmente gente mayor: les corta el agua, no les cobra los recibos, deja que el edificio se caiga a trozos. Todo vale para poder derruir el inmueble y construir en el solar apartamentos nuevos.
Es el acoso inmobiliario, lo que se conoce popularmente como asustaviejas. Algunos sucumben y hacen las maletas, pero otros no. En Talavera de la Reina (Toledo) lo están sufriendo Isidoro González, de 44 años y con una minusvalía psíquica del 33%, su madre, Jesusa Sanahuja, de 67, Pedro, de 80 años, Aurora Jiménez, de 76, y Carmen Iglesias, de 46. Todos ellos son los últimos residentes de tres edificios colindantes que pertenecen a la misma inmobiliaria.
La promotora quiere tirar los edificios, que tienen en común una bonita torre albarrana típica de la arquitectura de Talavera, y construir pisos. Un gran cartel lo anuncia desde 2006, pero un pequeño grupo de vecinos resiste dentro. En 2002 nos cortaron el agua y desde entonces tenemos que ir con unas garrafas a la fuente, cuenta Isidoro, Isi, como le conocen sus vecinos.
En el caso de Aurora y Carmen, que pagan 12 euros al mes de alquiler, la negligencia de la promotora ha llegado a tal punto que el techo de su casa se ha venido abajo y el Consistorio, por la vía sustitutoria, va a acometer la reforma. Mientras, las dos mujeres y sus familias han sido realojadas. De aquí no nos vamos a mover, asegura Isi, que estos días vive solo porque su madre, enferma, ha tenido que irse con unos familiares.
Las abuelas de Ventorrillo
La misma batalla frente al acoso inmobiliario la plantean ocho mujeres en la corrala de principios del siglo pasado que hay en el número 7 de la calle del Ventorrillo, en Madrid. Las llamadas abuelas de Ventorrillo cuentan con el apoyo del movimiento vecinal de Lavapiés y no piensan moverse de sus casas.
Una promotora, que compró el inmueble hace un año, quiere echarlas y, para ello, la empresa persigue que el Ayuntamiento declare el edificio en ruina inminente. Somos mayores, pero no tontas, advierte Luisa Martín, de 83 años y que vive en la corrala desde que tenía 7.
Las mujeres están asesoradas por la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid y no han aceptado las pobres ofertas monetarias que les ha hecho la promotora para que abandonen el edificio. Ellas no se achantan: Somos gatas y vamos a defender con uñas nuestras casas.
Hasta Naciones Unidas se ha hecho eco del problema del acoso inmobiliario en España y este año, realizó una inspección en varios municipios españoles. El informe concluía que muy pocos casos han sido perseguidos jurídicamente debido a la vulnerabilidad de las víctimas.
Hay excepciones. Un juez de Barcelona ha condenado recientemente a una inmobiliaria denunciada por un grupo de ocho vecinos por acoso inmobiliario a rehabilitar a fondo el edificio donde viven, en la calle Enric Granados de Barcelona. Además, la capital catalana es la primera ciudad en contar con un fiscal especializado en luchar contra los asustaviejas.
* Público - SUSANA HIDALGO - T. DE LA REINA (TOLEDO) - 21/06/2008
Foto: Isidoro González, Aurora Jiménez y Carmen Iglesias sufren acoso inmobiliario en Talavera de la Reina (Toledo). - MÓNICA PATXOT, publico.es
Compadreo y descontrol
ELPAÍS* : Un seminario de magistrados y arquitectos celebrado en Madrid analiza las causas de la corrupción urbanística en los ayuntamientos. El origen de la corrupción urbanística se halla en la discrecionalidad que acompaña a todo el proceso de edificación y de planificación y que, por falta de controles sociales, permite actuaciones que propenden a desbordar el marco de las leyes.
Ésta es una de las principales causas de la corrupción enunciadas en un encuentro entre magistrados y arquitectos, reunido la semana pasada en Madrid bajo el lema Licencias urbanísticas y corrupción administrativa. Se apuntaron, además, la subjetividad del político, el compadreo y el deseo de enriquecimiento en los agentes de urbanismo como otras importantes causas que la generan, así como la poca entidad del suelo como institución comunitaria.
La complejidad de los procedimientos de tramitación de licencias, las inercias administrativas y cierto desconocimiento, por los jueces, de la urdimbre urbanística fueron igualmente enunciados como factores coadyuvantes, así como el involucramiento de la figura del político, situado en las terminales de la discrecionalidad donde, a juicio de muchos de los ponentes, se origina la corrupción.
"Cuando el político antepone sus intereses privados a los públicos, surge la corrupción", señaló Pedro Ortiz, ex concejal de Madrid y directivo del Colegio Oficial de Arquitectos, entidad convocante del certamen junto con el Consejo General del Poder Judicial, que ofreció su sede de la calle del Marqués de la Ensenada para albergarlo.
Entre los ponentes del encuentro figuraban los magistrados Jesús Torres, José Manuel Maza y Eduardo Ortega; los arquitectos Cristóbal Vallhonrat, de Alcalá de Henares, y María Luisa Martínez, así como el co-anfitrión Pedro Ortiz.
Eduardo Ortega, magistrado administrativista, se refirió al compadreo y a la cultura clientelista española para explicar una parte de las causas de la corrupción.
Para Cristóbal Vallhonrat, la solución contra la corrupción urbanística pasa por fundamentar -tal cual existe en países como el Reino Unido- un suelo público comunal blindado a la especulación.
Telón de fondo de muchas de las intervenciones lo fue la figura del arquitecto honorario, que los ayuntamientos pobres contratan y al que no pagan en directo, sino mediante una suerte de carta blanca para hacer y deshacer arquitectura en cada pueblo. En la Comunidad de Madrid hay más de un centenar.
La mesa redonda contó con el alcalde de Robledo de Chavela, el panadero Mario Lafuente, y el concejal del PSOE, Pedro Sánchez, portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, así como con Luis Corral, del Colegio de Arquitectos de Baleares, y Carmen Casanova, gerente de Urbanismo de San Sebastián de los Reyes.
Pedro Sánchez se refirió al caso Guateque, del que dijo: "Pese a ser portavoz de mi grupo para su investigación, desconozco 500 de los 700 expedientes incoados al respecto". Y citó otro ejemplo: "De las 1.128 denuncias presentadas por vecinos de Madrid contra otros tantos locales por ruidos, tan sólo se han resuelto las correspondientes a 14 locales". Y agregó después: "Todo esto genera desconfianza e inseguridad en los ciudadanos respecto a la Administración municipal y hacia los funcionarios".
Por cierto, el cartel que anunciaba el certamen contaba con una ilustración serigrafiada donde se adivinaba el perfil de Al Capone.
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - MADRID - 20/06/2008
Viñeta: El Roto, el futuro es el chanchullo - 111207, elpais.com
El ex edil de Urbanismo de Telde Ildefonso Jiménez declarará como imputado por prevaricación
TERRA/GranCanaria* : El ex concejal de Urbanismo y actual portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde, Ildefonso Jiménez, comparecerá el próximo 18 de julio en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº5 del municipio, imputado por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en el denominado 'Caso La Mareta'.
Además de Jiménez también comparecerán como imputados por presuntas negociaciones prohibidas el anterior responsable de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, y el empresario de la sociedad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, filial de Urbagest, Julián Gómez del Castillo, en las diligencias instruidas a raíz de la denuncia interpuesta por el anterior grupo de gobierno del PP y AFV-Ciuca, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas a este caso, relacionado con la concesión a citada entidad de los derechos de superficie de las parcelas 1 y 2 de la zona de La Mareta.
El Consistorio presentó durante el anterior mandato local la denuncia en los juzgados de Telde y en la Fiscalía Anticorrupción contra Jiménez --actual edil de Patrimonio--, Cabrera y Julián Gómez debido a la aparición de documentos con anotaciones de Cabrera.
Entre la documentación de la denuncia figura un fax remitido el 23 de agosto de 2002 desde las dependencias municipales a un teléfono de Madrid en el que presuntamente se facilitaba a Gómez del Castillo información que debía aportar en el pliego de condiciones para optar al concurso de adjudicación de un proyecto urbanístico en este área, que afectaba a las dos parcelas citadas, con un total de 136.000 metros cuadrados, según las mismas fuentes.
El proyecto consistía en la construcción de un centro comercial con boleras, salas de cines y locales de ocio, así como una residencia geriátrica, y fue adjudicado a dicha entidad en la legislatura local presidida entonces por Coalición Canaria tres días antes de celebrarse las elecciones locales del año 2003, aunque finalmente se anuló la concesión en noviembre ya que el representante de la empresa no cumplió con los plazos previstos para abonar las cantidades.
Sin embargo, el concejal nacionalista Ildefonso Jiménez ha manifestado que en el mes de agosto se encontraba de vacaciones por lo que fue sustituido por otro edil, al tiempo que insistió en que no firmó la publicación de las bases del pliego de condiciones del concurso, por lo que resaltó que no tiene 'nada que ver' con este caso.
* Terra Actualidad - Europa Press - 19 Jun 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
