DIARIODEMALLORCA* : Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio, destacado imputado en el escándalo del caso Andratx, también estuvo presente en las reuniones mantenidas entre representantes del Partido Popular y Unió Mallorquina, en las que se determinaron las líneas maestras del Plan Territorial de Mallorca (PTM), que está siendo investigado por la fiscalía Anticorrupción.
Fuentes próximas al caso señalaron que Massot habría actuado como técnico asesor del Partido Popular, y su opinión se habría tenido muy en cuenta en las modificaciones de una serie de solares que inicialmente iban a ser incluidos en el plan, y que finalmente fueron cambiados por otros. Hay que recordar que en el momento en el que Massot fue detenido por su implicación en el caso Andratx, el entonces president Jaume Matas señaló que apenas le conocía, y manifestó incluso que no conocía muy bien las funciones que realizaba en la conselleria que dirigía en ese momento Mabel Cabrer. Sin embargo, su participación en esta reunión demostraría que no tendría un papel tan desconocido dentro de los intereses urbanísticos que defendía el Partido Popular dentro del Plan Territorial de Mallorca.
Los investigadores, que califican los beneficios obtenidos en esta norma en casi 300 millones de euros, centran la investigación en determinar el contenido de las reuniones que motivaron la elección del solar de es Crevers, en Marratxí, para que entrara a formar parte del PTM. En estas reuniones participó la cúpula de las dos formaciones políticas que governaban el Consell de Mallorca.
En la primera redacción del plan se eligió una finca situada en Secar de la Real, en Palma, junto al futuro hospital de Son Espases. Esta finca pertenece a la empresa Ibercón, supuestamente vinculada a los intereses del PP. Sin embargo, ante la presión social que nació alrededor de los solares de Son Espases, finalmente se rechazó este terreno y se eligió el de Marratxí. Casualmente, tanto uno como otro solar pertenecen a Ibercón. El empresario Mateu Sastre, responsable de esta promotora, ha reconocido que compró es Crevers asesorado por alguien del Consell insular. De hecho, compra la finca de Marratxí un mes antes de la aprobación del plan. Esta operación le supondrá, según calcula la fiscalía, unos beneficios próximos a los 100 millones de euros.
Hasta doce indicios delictivos apunta la fiscalía para concluir que esta maniobra empresarial no responde más que a lo que se conoce como pelotazo urbanístico. Se cambia la extensión urbanística en una finca de Alcúdia para poder construir en Marratxí. Sin embargo, la finca de Alcúdia ya no estaba clasificada como urbana en las normas urbanísticas del municipio.
La denuncia de la fiscalía detalla que el crecimiento previsto en Marratxí por el PTM es de 24,7 hectáreas, distribuidas entre sa Cabaneta y es Caülls. Sin embargo, sólo en la finca de es Crevers se otorgan permisos para urbanizar 52 hectáreas. Este contrasentido refleja, a juicio de los fiscales, los intereses encubiertos que habría detrás de la recalificación de este terreno de Ibercón. Según la denuncia, si se construye en es Crevers se tendría que hacer frente a un importante déficit en infraestructuras y servicios que no dispone el municipio de Marratxí. Además, aumentará más la presión demográfica de un municipio que ya ha sufrido un gran crecimiento.
* Diario de Mallorca - J. F. MESTRE/F. ARMENDÁRIZ. PALMA - 21 de abril de 2008
Foto: Jaume Massot está imputado en las irregularidades del llamado ´caso Andratx´/ S. Llompart, diariodemallorca.es
Massot participó en las reuniones PP-UM sobre los ´pelotazos´ del Plan Territorial
El barrio de lujo de Badalona se queja de su degradación
,+front+mar%C3%ADtim+-+elperiodico.com.jpg)
ELPERIÓDICO/Barcelona* : El Front Marítim de Badalona no ha podido concretar la promesa de convertirse en un barrio de élite y lujo frente al mar. Los vecinos que viven en primera línea de playa y a escasos metros del puerto, denuncian la rápida degradación de la zona, producto, en su opinión, de su aislamiento del resto de la ciudad.
Unos 800 vecinos viven entre el puerto de Badalona y la fábrica de Anís del Mono, detrás de las vías del tren, en unos bloques que fueron proyectados como obras de máximo lujo, pero que no han logrado satisfacer las expectativas de sus compradores, algunos de los cuales llegaron a pagar hasta más de 700.000 euros por estas viviendas.
Muchos de sus habitantes están desencantados de sus calles casi desiertas, donde tienen que caminar hasta 800 metros para ir a comprar al supermercado o a la panadería, al otro lado de las vías de tren. "Vendí dos pisos en Sants para venirme aquí, pensando que estaríamos en una zona privilegiada. Pero no han hecho el paseo marítimo que han prometido y todo se ha degradado muy rápido. También hay inseguridad, una tarde me robaron y golpearon para quitarme el dinero y tuve que ir al hospital", cuenta Antonio Luengo, un vecino de 73 años que ha puesto ya su piso en venta.
El Ayuntamiento de Badalona dice que la situación del barrio mejorará con la construcción del paseo que está previsto a lo largo de toda la costa de la ciudad. El recién nombrado alcalde de Badalona, Jordi Serra (PSC), explicó que la transformación del frente litoral será una prioridad para su mandato. El Ministerio de Medio Ambiente deberá licitar la obra en breve.
SIN COMERCIOS
La asociación de vecinos asegura que la desilusión por la zona ha hecho que un total de 16 familias hayan colgado carteles de venta. Solo tres de los 33 locales en siete bloques próximos al puerto están operativos: un comercio de rótulos, un bar y un restaurante chino. Los 30 restantes lucen anuncios de venta o alquiler desde hace cuatro años, cuando se entregaron los primeros pisos en la zona.
"Tenemos poca clientela. El lugar está muy asilado y el barrio necesita una transformación urbanística que invite a pasear por la zona. No hay buenos accesos y faltan aparcamientos", explica Cristina Benjumea, vecina y propietaria del único bar.
La asociación de vecinos también se mantiene en pie de guerra contra el cierre de la avenida Eduard Maristany, que era la única vía directa para llegar en pocos minutos a Barcelona. Dado que el puerto de Badalona decidió cerrarla e impuso un pago de 0,60 céntimos para cruzar el recinto, muchos habitantes de la zona deben dar una larga vuelta para conducir en dirección a Sant Adrià y Barcelona. Enca Marés, presidenta de la asociación de vecinos se queja de una plaga de ratas y deterioro de bancos y palmeras.
* El Periódico - DAVID PLACER - 21.04.2008
Foto: Pisos del Front Marítim, sin urbanizar, en Badalona, el sábado/ NURIA PUENTES, elperiodico.com
Gran Canaria: Veinte cargos públicos se han visto imputados ya en los casos de corrupción
LAPROVINCIA* : Un total de 20 cargos públicos de cuatro ayuntamientos de la isla de Gran Canaria se han visto ya imputados en los distintos presuntos casos de corrupción destapados desde 2006 por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado e investigados con la ayuda de la administración de Justicia.
Casi tres años después de que trascendiese la existencia de una operación Manos Limpias en Canarias para abortar una presunta práctica habitual de irregularidades en distintas corporaciones, los consistorios de Telde, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana y Mogán siguen respirando aún un ambiente enrarecido por mor de los arrestos, los registros policiales y, sobre todo, la continuidad de unas instrucciones que, pinchazos telefónicos de por medio, se muestran complejas.
La clase política, además de la empresarial, ha sido la que más ha sufrido en sus carnes los efectos de esta gran intervención que, si bien tuvo su particular prefacio con la operación Eolo -que afectó a las mismas entrañas de la Consejería regional de Industria- ha cobrado un especial protagonismo cuando los auscultados han sido los ayuntamientos de la Isla.
A día de hoy, hasta cinco alcaldes o ex alcaldes han visto cómo su nombre se asociaba al de supuesta corrupción: Francisco Valido, Francisco González, Guillermo Bueno, Carmelo Vega y Antonio Díaz. En segunda fila, pero no por ello menos importantes, se sitúan una quincena larga de concejales -nueve de ellos de Telde- que se han visto supuestamente involucrados en prácticas delictivas como el cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencias o la falsedad documental valiéndose de su posición. Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Santa Brígida también han aportado munícipes a este peculiar ranking, aunque, eso sí, en menor número.
Completan esta relación de cargos imputados el ex parlamentario regional Jorge Rodríguez -investigado en las piezas separadas dimanadas de las instrucciones de Faycán y Góndola, y el ex asesor de Obras Públicas en la ciudad de los faycanes, Francisco Gordillo.
RADIOGRAFÍA. La radiografía actual de las pesquisas desarrolladas por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Benemérita ofrece así a un total de 72 personas sobre las que ya pesan imputaciones judiciales, 25 de ellos empresarios. Además, la imposición de más de una veintena de fianzas ha supuesto que, hasta el momento, tan sólo hayan tenido que pisar la cárcel cuatro de todos estos imputados.
Dos de ellos son la ex concejala Toñi Torres y el todavía edil Pacuco Guedes, que compartieron instalaciones con Gordillo y con Alejandro Navarro, el antiguo administrador único de Mazotti. A día de hoy, ninguna de estas instrucciones ha concluido en su fase de diligencias previas. Al caso Faycán, el primero que estalló, le restan al menos dos meses más de pesquisas y se barrunta que el juicio en la capital tendrá lugar en 2009.
La causa teldense tiene cierto grado de similitud con el caso Paraíso (San Bartolomé de Tirajana) dado que la presunta entrega de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas parecen situarse, en sendas localidades, en el epicentro de un ejercicio de prácticas delictivas difícil de cuantificar.
En Santa Brígida y en Mogán las actuaciones bajo sospecha están más diversificadas. Compras arbitrarias en distintos establecimientos, adjudicaciones ´a dedo´, alteraciones del censo, manejo de información privilegiada... la relación es extensa.
Las indagaciones efectuadas en los últimos meses no han dejado de dar noticias. Así, al tiempo que se han ido levantando los respectivos secretos de sumario y se han desclasificado los tomos de las instrucciones de Telde y Mogán, también se han ido sucediendo nuevas comparecencias en los tribunales.
La reciente imputación de otro político conocido en la isla, Guillermo Reyes (AFV), en una de dichas operaciones no ha hecho más que aumentar las tesis que señalan a que aún se encuentra lejos el final de esta profunda ´limpieza´ institucional.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 20 de abril de 2008
Foto: Mapa de imputados en Gran Canaria. LP / DLP
España despierta al alquiler
ELPAÍS/Reportaje* : España sigue siendo el país de Europa con menos vivienda en alquiler, apenas el 8% del parque. Pues bien, todo indica que esto está en vías de cambiar. El agotamiento del boom de la vivienda está generando una especie de círculo virtuoso en el que están confluyendo los intereses del público y las promotoras.
Si centenares de miles de propietarios de viviendas vacías siguen poco interesados en alquilarlas, no ocurre lo mismo con muchas empresas del sector inmobiliario, convencidas de que alquilar, además de una táctica temporal para escapar de la crisis, puede ser un excelente negocio. Con una rentabilidad nada desdeñable.
"Muchas promotoras se han visto obligadas a vender parte de sus activos en alquiler", explica Julio Gil, gerente de la APCE (Asociación de Promotores y Constructores Españoles). "Es interesante porque les ayuda a defenderse de los cambios de ciclo". Se trata, además, de un mercado al que, dice Alberto Prieto, socio de Knight Frank, "están llegando también los fondos de inversión inmobiliarios (Banif, BBVA, Sabadell, Ahorro Corporación...), hasta hace poco centrados sólo en el terciario".
En plena ebullición
Y esto ha ocurrido casi de repente. El sector, limitado hace tres o cuatro años a empresas como Testa (Sacyr-Vallehermoso), Larcovi o Diursa, entonces con patrimonios en alquiler de vivienda más bien testimoniales, registra estos días una agitación sin precedentes. Al margen de que estas empresas han puesto en marcha espectaculares planes de construcción o compra de vivienda para alquilar, están entrando en el sector promotoras que hasta el verano pasado basaban su estrategia exclusivamente en la venta.
Diursa, una promotora especializada en VPO, fundada en 1979 y en el alquiler desde 1980, está inmersa en un plan de expansión. "Nuestra intención es prácticamente duplicar nuestro parque, de 1.150 a casi 2.000 viviendas en alquiler en los próximos cinco o siete años", señala Ulpiano González, su presidente. Detinsa, otra promotora de VPO, que se dedica al alquiler protegido (30% de sus activos) desde 1988, ofrece pisos, dice Maika Manclus, su portavoz, "entre 300 y 400 euros". Pese a que ha debido renegociar su deuda de 600 millones de euros con los acreedores, Detinsa no sólo no ha frenado sus planes sino que los está intensificando.
Testa, de Sacyr-Vallehermoso, es otra histórica del alquiler. "Tenemos unas 1.500 viviendas en alquiler y gestionamos otras 8.500, propiedad de fondos inmobiliarios españoles (Santander, Sabadell)", informa un portavoz. De las 1.500 viviendas actuales, cerca de la mitad han sido adquiridas o construidas en los dos últimos años. "Nuestro proyecto", prosigue, "es crecer todo lo que se pueda".
Lo más interesante es que las nuevas posibilidades del alquiler están precipitando la aparición de empresas creadas para actuar exclusivamente en el alquiler protegido, como Lazora, fundada en 2004. Constituida por Larcovi y Azora y 13 cajas de ahorros, la empresa tiene, según su consejera delegada, Concha Osácar, "la vocación de generar un patrimonio de alquiler protegido que ahora no existe". El objetivo de Lazora, que acabará el año con 2.000 viviendas y tiene comprometidas otras 7.000 más, es ofrecer pisos de 70 a 90 metros por 300 o 500 euros al mes. "Queremos llegar a las 15.000 viviendas en cuatro años, para lo que contamos con 450 millones de euros de fondos propios y capacidad de financiación por valor de otros 1.550 millones", explica Osácar.
A lo dicho habría que añadir una auténtica carrera hacía el sector por parte de las promotoras convencionales de vivienda para venta, que parecen haber descubierto de repente las maravillas del modelo de alquiler con opción de compra, un formato que está siendo adoptado por inmobiliarias con problemas como Nozar o Habitat, pero también por muchas otras, como Urbas.
No caben muchas dudas de que este mercado, despreciado hasta hace poco, se está moviendo. "España está despertando al alquiler", afirma rotundo Ulpiano González, de Diursa. "En los últimos seis meses notamos cada vez mayor demanda de alquiler", asegura. También Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Internacional, una cadena de agencias inmobiliarias, afirma: "Mientras las operaciones de venta han caído, los alquileres en nuestra red han subido al menos un 50%".
Lo sucedido tiene diversas explicaciones. Parece como si se estuviera generando un auténtico círculo virtuoso en el sector. Los temores a una posible recesión, o ralentización, sumados a las restricciones del crédito por parte de la banca, han dejado en la calle a centenares de miles de compradores frustrados y sin capacidad de lograr una hipoteca. "La gente no es que no quiera comprar. Hay mucha demanda insatisfecha, el problema es que no dan crédito" afirma Diego Montoso, director de expansión de Best House, otra cadena de agencias. "La situación se ha puesto tan difícil", explica Duque, de Alfa, "que, a menos que veamos que una persona está en condiciones de conseguir una hipoteca, ni le gestionamos la petición".
Vivienda protegida
"El alza de tipos ha ensanchado tanto el diferencial entre el precio de alquilar y la cuota de una hipoteca que, a los tipos actuales", afirma Julio Gil, de la APCE, "ya compensa más alquilar que comprar. A tipos bajos prima la compra, y a tipos altos gana puntos el alquiler". Detinsa, por ejemplo, alquila sus pisos en alquiler libre de la calle de Pradillo de Madrid (80 metros cuadrados) por 1.200 euros. La hipoteca mensual no bajaría aquí de los 2.000 o 2.500 euros. Y Nozar ofrece en alquiler con opción de compra estudios modernos con climatización y sistemas domóticos, en el centro de Madrid (Ventas), por 600 euros al mes.
Es posible, sin embargo, que las necesidades de estos compradores frustrados hubieran quedado insatisfechas de no ser porque han confluido en los últimos años determinadas circunstancias que empiezan ahora a producir resultados. Una de ellas es la apuesta de autonomías y ayuntamientos por la vivienda protegida de alquiler, destinada a jóvenes, mayores o personas con ingresos limitados, "un nicho cada vez más importante", comenta Gil, de la APCE.
Este tipo de iniciativas, que se han disparado en toda España, han propiciado la construcción de viviendas a bajo coste, lo que permite su alquiler a precios atractivos. De hecho, buena parte de las empresas con vocación patrimonialista, tanto las existentes como las que están surgiendo, se están dedicando prioritariamente a este tipo de alquiler, el más buscado.
Aunque en menor medida, muchas de estas empresas están entrando también, dado el incremento de la demanda, en vivienda libre para alquilar. "Pese a que nuestra especialidad es el alquiler protegido", apunta Maika Manclus, "estamos considerando entrar también en libre". Diursa ha llevado a cabo algunas promociones de este tipo, por ejemplo en la Ronda de Segovia, en Madrid. Aunque la demanda es menor en esta área que en la protegida, es lo bastante intensa como para que toda la oferta se cubra rápidamente.
"Tan interesantes son las perspectivas", señala Prieto, de Knight Frank, "que hasta los bancos, cajas de ahorros y fondos de inversión inmobiliarios, como los de Banif (Santander), Inmoseguros, BBVA, Sabadell o Ahorro Corporación están entrando en el sector". Este experto explica el interés del siguiente modo. "Estos fondos, que nacieron hace una década para invertir en vivienda, y optaron después por las oficinas o centros comerciales, están redescubriendo ahora la vivienda. La razón es que hay tanto piso por vender que se hacen con promociones enteras al por mayor y a precios muy rebajados".
Una de las operaciones de venta de pisos en alquiler más publicitadas fue la efectuada por Detinsa a Lazora, a principios de año, por 71 millones de euros. "Les hemos vendido", explica Maika Marclus, "un total de 700 viviendas para alquiler protegido". Lazora ha recibido ya los pisos de la primera fase, con inquilinos, y entregará en el futuro los restantes, de la segunda fase, en construcción. No ha sido ésta tampoco la única compra realizada por Lazora, que adquirió también otros 80 pisos a una promotora, con urgencia de liquidez. "La situación del mercado está obligando a muchas promotoras a vender", explica Osácar. "Recibimos muchísimas ofertas y se puede comprar en muy buenas condiciones".
Opción de compra
Si no consiguen, o no quieren vender al por mayor, la solución es el alquiler... puro y duro o con opción de compra. Las dificultades de algunas promotoras, que se han lanzado a construir pisos sin tener asegurada su venta, las ha obligado a ofrecer sus pisos no vendidos bajo esta fórmula. "Las viviendas terminadas y que no se han vendido de forma inmediata", explica Carlos Cano, director de marketing de Urbas, "las comercializamos por el sistema de alquiler con opción de compra".
El formato es interesante también para el público. "Se trata de un producto", prosigue Cano, "destinado a personas que no han podido conseguir una hipoteca, pero que quieren intentarlo en el futuro. La fórmula les permite atravesar esta difícil etapa hasta que mejoren las condiciones de crédito". Si algunas promotoras no desean hablar del tema (ofrecen los pisos a través de agencias), otras han convertido la opción de compra en una herramienta de marketing. Es el caso de Nozar o Habitat, que han lanzado marcas comerciales para su negocio de alquiler.
Aunque este formato no les resulta tan interesante a las promotoras en dificultades como la venta a patrimonialistas o fondos (ya que no les permite recuperar su dinero), les sirve para remontar las dificultades. "Permite garantizar la liquidez suficiente para cumplir con los gastos financieros", reconoce Cano. "En muchos casos", dice Montoro, de Best House, "son los bancos acreedores los que les exigen que pongan esos pisos no vendidos en el mercado de alquiler".
* ELPAIS.com - FERNANDO BARCIELA 20/04/2008
Foto: carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com
El Cabanyal, sentenciado
JOAN GARÍ* : La revolución de diciembre de 1989 acabó con su sueño, y también con su vida, pero Ceaucescu, el dictador de la Rumanía comunista, dejó su impronta en Bucarest en forma de obra cumbre del kitsch neoclásico. Lo que las actuales autoridades democráticas llaman "Palatul Parlamentului" (Palacio del Parlamento) es el resultado de uno de los mayores crímenes urbanísticos de la Europa contemporánea.
Aprovechando los destrozos del terremoto de 1977, Nicolae Ceaucescu ideó una cirugía radical destinada a cimentar sus sueños de grandeza. Entre 1984 y 1989 se procedió, bajo su mando, a la destrucción de más de 10.000 viviendas, con el traslado forzoso de alrededor de 100.000 personas.
El Palacio ya sólo es una atracción ambigua -para turistas sin complejos- del Bucarest de hoy, y nos parece increíble que un atropello así tuviera lugar. La historia se repite, sin embargo, y al viejo Nicolae le ha salido una competidora meridional. En efecto: Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, está también a punto de culminar su pequeño sueño. La conducator valenciana hace 10 años que pugna por prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, aunque para ello deba destruir uno de los barrios con más personalidad de Valencia: el Cabanyal.
Diez años de lucha
El Tribunal Supremo hizo pública en marzo una sentencia que autoriza al ayuntamiento a partir en dos el Cabanyal para que la avenida Blasco Ibáñez pueda besar la arena de la playa de la Malva-rosa. Ello provocará el derrumbe de 1.652 viviendas y la expulsión de 2.000 vecinos. Edificios de cinco o seis alturas vendrán a sustituir, en una franja de 106 metros de amplitud, la trama reticular de casas bajas característica de esta zona.
Todo se remonta a 1998, cuando el PP aprobó en solitario el anteproyecto de prolongación de la avenida. Han sido 10 años de batallas jurídicas que han enfrentado al sueño de Rita con la plataforma Salvem el Cabanyal, que defiende la rehabilitación del barrio como alternativa a su destrucción. Pero sus argumentos se han estrellado contra el Supremo, que ni siquiera ha tenido en cuenta que el barrio fue declarado, en 1993 Bien de Interés Cultural. La sentencia de muerte, pues, parece insoslayable.
El Cabanyal constituye un precipitado de las esencias valencianas más genuinas, aunque en los últimos años su degradación sea palpable. En origen fue un pequeño pueblo de pescadores, conocido como Poble Nou de la Mar. En 1897 se incorporó a Valencia, absorbido por una ciudad en plena expansión.
Este proceso se daba simultáneamente a la moda, entre las clases acomodadas, de construir fastuosos chalets de veraneo en toda la zona marítima, desde la Malva-rosa hasta el Canyamelar. Es la época en que Blasco Ibáñez, novelista global y gloria local absoluta, se sienta en la terraza de su casa frente al mar y, al abrigo de unas rumbosas cariátides, fuma un puro tras otro mientras moldea sus enérgicas ambiciones.
Patrimonio modernista
Aún hoy algunos de aquellos chalets perviven al lado del auténtico tesoro del barrio: las casas humildes, con fachadas recubiertas de azulejos y decoradas con una suerte de modernismo popular. Esta vistosa peculiaridad arquitectónica (magníficamente retratada en el libro Las casas del Cabanyal. Un patrimonio modernista para la Valencia del siglo XXI, editorial L'Oronella) se manifiesta no en elementos mayúsculos, sino en pequeños detalles: rejas, balaustradas, puertas y ventanas labradas en madera de mobila, apliques de bronce, los ojos de buey de respiración de los zaquizamíes donde se guardaban los aparejos de pesca...
La personalidad del barrio es tan acusada que hasta aquí acude Sorolla a pintar sus hoy universalmente famosos retratos ambientados junto al mar (ese cielo azul, esas mujeres blancas, esa delicuescencia mediterránea). Otros autores de la época ligados al barrio son Benlliure y Eduard Escalante. Un catálogo muy completo para un barrio donde el valenciano/catalán se mantiene como la lengua abrumadoramente mayoritaria de sus habitantes.
Esto contrasta vivamente con lo habitual en el centro de Valencia, donde el catalán parece clandestino ante la pujanza del castellano nuevo implantado, desde hace pocas generaciones, por una burguesía que sublima "lo valenciano" (las novelas de Blasco, los cuadros de Sorolla, las esculturas de Benlliure) pero no siente la necesidad de conservar sus manifestaciones más obvias, como es el caso de la lengua. Rita Barberá es un ejemplo perfecto de esta contradicción conservadora, puesto que no consta que haya dicho nunca ni los buenos días en la lengua habitual en el Cabanyal.
La sentencia del Supremo ha sido acogida en el barrio con disparidad de opiniones. Algunos ya se ven fuera de sus casas, con indemnizaciones ridículas. Es el caso de Vicenta, una jubilada que vive en un piso de la calle Joan Mercader por el que, según le han dicho, recibirá "11 millones de pesetas". A cambio de renunciar a su forma de vida será realojada en un apartamento nuevo en la cercana Avenida de los Naranjos, pero deberá pagar la diferencia de su bolsillo. La operación le parece propia de "sinverguenzas".
Delincuencia y drogas
Otros vecinos, en cambio,aprueban el proceso. Consideran que con ello se acabará la delincuencia y el tráfico de drogas que señorean la zona, aunque algunos, como Ximo, un trabajador del puerto que vive en la antigua Lonja, reconocen que la depauperación del barrio es producto de la maquiavélica negligencia del ayuntamiento en los últimos años.
En general da la impresión de que algunos vecinos ven la destrucción del barrio con alivio. No en balde Rita saca también aquí mayoría absoluta. La pregunta, que no se atreve a contestar nadie, es si la prolongación de la avenida acabará con el tráfico de drogas, los okupas y la superpoblación gitana, o simplemente los trasladará unas decenas de metros. La respuesta, después de la publicidad.
* Público - JOAN GARÍ - VALENCIA - 20/04/2008
Anticorrupción cree que el Consell escondió los planes a los ayuntamientos
DIARIODEMALLORCA* : 'Afirma que se falseó la situación urbanística de varios pueblos para beneficiar a los promotores'. La fiscalía anticorrupción denuncia que el Consell Insular de Mallorca escondió los planes previstos en el Plan Territorial de Mallorca (PTM) a los ayuntamientos afectados, que si se aplica esta norma sufrirán un espectacular aumento de población.
Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau en la denuncia que instruye el juez Miquel Florit creen que detrás de estos cambios urbanísticos no prima un interés público, sino que se decidieron para beneficiar los intereses privados de una serie de empresarios del negocio de la promoción urbanística. La denuncia señala que el PTM no responde a ninguna lógica e insinúa incluso que podría ser inconstitucional.
La fiscalía cuantifica en 297 millones los "pelotazos" que se habrían obtenido con la recalificación de una serie de áreas, hasta entonces rústicas, en suelo urbanizable. En la denuncia se detalla los nombres de los principales promotores inmobiliarios de Balears.
Para justificar esta modificación territorial la fiscalía está convencida de que el Consell Insular, presidido en ese momento por UM y PP, habría "falsificado" la situación urbanística de varios municipios para dar una cobertura legal a esta normal. El plan fue aprobado con el acuerdo de los dos partidos gobernantes, pero la norma cuenta con los informes favorables de los servicios jurídicos del Consell Insular y de los arquitectos de la institución. Por ello, se intuye que además de los políticos y los empresarios relacionados con este plan, también serán llamados a declarar varios técnicos del Consell y no se descarta que lo hagan en calidad de imputados.
Esta norma urbanística tuvo una primera redacción. El texto se sometió a una exposición pública. Sin embargo, en una segunda redacción se aprecian importantes cambios. Uno de los más destacados es que se iba a cambiar la calificación urbanística de unos terrenos de Alcúdia (que ya eran rústicos) por unos en Secar de la Real, junto al nuevo hospital de Son Espases. Sin embargo, en la modificación se utiliza el mismo solar de Alcúdia, pero se cambia el de Palma por uno en Marratxí, en la urbanización es Crevers.
Sin exposición pública
De este cambio no se informa en exposición pública. El solar de Marratxí lo adquiere el empresario Mateo Sastre de Ibercon. Casualmente compra el solar un mes antes de la aprobación del PTM. Él mismo reconoce que hizo la operación al recibir una información privilegiada del Consell Insular de Mallorca. No cita nombres, pero se intuye que debía ser alguien con información privilegiada dentro de los órganos de responsabilidad urbanística del Consell Insular.
Otro de los puntos importantes en los que incide la fiscalía es que no hubo ningún tipo de oferta pública para determinar las líneas maestras del PTM, y se señala en la denuncia que los criterios para elegir las fincas beneficiadas responden a un principio de arbitrariedad y no de objetividad. No se explica porqué se eligen unas fincas en un determinado municipio y no otras que se encuentran en la misma situación urbanística. Casualmente estos terrenos pertenecen a los más importantes promotores inmobiliarios de la isla. Se ha comprobado que el PTM se contradice incluso con las normas de ordenación del territorio.
* Diario de Mallorca - J.F. M./ F.A/V.E. PALMA - 20 de abril de 2008
Foto: La finca de es Crevers de Marratxí es de las más beneficiadas por el plan territorial/ Guillem Bosch, diariodemallorca.es
Un concejal de Ourense es juez y parte en un 'pelotazo'
ELPAÍS* : El concejal del PP de Ourense, José Luis Sousa, ha ocultado al Ayuntamiento su vinculación empresarial con la finca Santamarina de la que fue redactor del proyecto urbanístico, a través de su empresa de ingeniería, y en cuyo expediente intenta participar ahora desde la oposición.
La finca Santamarina es para PSOE y BNG uno de los mayores pelotazos urbanísticos del PP orensano. Su venta por la Diputación a la empresa Flager, por un cuarto del precio de mercado según los técnicos, fue denunciada judicialmente por socialistas y nacionalistas.
Aunque el Tribunal Superior de Galicia avaló la operación, el nuevo gobierno local intenta modificarla restringiendo la edificabilidad (1.500 viviendas, un hotel y un centro comercial) para obtener mayores cesiones para vivienda de protección y equipamientos sociales.
La modificación del proyecto ha sido cuestionada por Sousa "quien de nuevo vuelve a confundir los intereses públicos con los privados", denuncian los socialistas de Ourense.
* ELPAIS.com - C. H. - Ourense - 20/04/2008
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Promotores sin escrúpulos ´desaparecen´ dejando deudas y obras sin finalizar
,+vista+a%C3%A9rea+parcela+hotel+costa+-+diariodelanzarote.com.jpg)
LAPROVINCIA/Lanzarote* : El vecino tiene un solar urbanizable. Lleva años sin saber muy bien qué hacer con él. Un buen día conoce a un constructor que, con profusa y envolvente palabrería, le propone una permuta. "Yo me encargo de todo. Usted no tiene que preocuparse de nada y al final tendrá una casa para usted y otra para su hija", le dice. El empresario, por su parte, se quedará con un ramillete de viviendas para vender en el mercado libre según se plasmará en el contrato suscrito entre ambas partes. Un negocio redondo para todos. Aparentemente.
Pero el cuento no siempre acaba bien. Sobre todo últimamente. El promotor resulta ser un advenedizo que ha montado la empresa al calor de la vorágine del bloque en la Isla. Hay cientos como él. Con el dinero que recibe de las certificaciones de obra mantiene un envidiable tren de vida, incluido el reluciente todoterreno de lujo con el que se deja ver de cuando en cuando por las obras.
Primero los cimientos, luego las primeras filas de bloques... Todo parece ir bien. El señor ya se hace ilusiones con su nueva vivienda. Pasan las semanas y al hombre le da ahora la sensación de que el ritmo no es el que debiera, que aquello no avanza. De hecho, la cuadrilla de obreros ha quedado reducida a un par de peones. "El lunes llamo al constructor", piensa. Lo hace y recibe por respuesta que se esté tranquilo, que no hay problema de ningún tipo. Bueno, de acuerdo. Tranquilidad. Pocos días más tarde el dueño acude de nuevo al solar. Es día laborable, pero allí no hay nadie. La obra está parada. De inmediato llama al constructor. Buzón de voz. Una y otra vez. Se acerca a la pequeña oficina. Está cerrada.
Han pasado varios días. El móvil sale ahora como apagado o fuera de cobertura. El local es una tumba. El hombre ha hecho algunas averiguaciones. El constructor aprovechó los pagos del banco a través de las certificaciones de obra para ir tapando agujeros de otras obras. El material, al parecer, se lo habían fiado los proveedores. Pero llegó un momento que le cerraron el grifo. Y fin del cuento. Pero la pesadilla continúa. Las fábrica de bloques y la hormigonera quieren cobrar. El constructor ha desaparecido y, aunque se le localizara, seguramente se declararía insolvente. Si quiere seguir con la obra tendría que hacerse cargo de las deudas.
Una parcela, un sueño, una promesa, un drama. Este relato es una síntesis de la recopilación de varios casos similares de los que ha tenido conocimiento este diario. Decenas de pequeños propietarios se han convertido en víctimas de la crisis del sector de la construcción o, más exactamente, de pequeños constructores y promotores que carecían de mimbres -y escrúpulos- suficientes para hacer frente a la actual coyuntura. Habían vivido en el alambre porque los proveedores fiaban y porque los pisos y adosados, hasta no hace demasiado tiempo, se vendían rápido y con un amplio margen de beneficio, según indican desde el propio sector de la construcción. Pero esa etapa ha tocado a su fin y este tipo de negocios caen con el mismo estrépito y rapidez con los que subieron. Muchos desaparecen entre la polvareda y la confusión provocadas por su propia caída.
REGUERO DE DEUDAS. La llegada de la crisis a la construcción se traduce también en el caudal de impagos que tienen entre manos los proveedores de materiales, algo que se explica en buena medida por la extendida costumbre de no cobrar sobre la marcha. Esta realidad está dando lugar a la apertura de múltiples demandas mercantiles, según ha podido constatar este periódico a través de varias fuentes. Las cifras oscilan entre lo módico y lo astronómico. Existen referencias concretas de casos en los que se acumulan deudas por valor de cerca de 200.000 euros, aunque las fuentes dan por seguro que las habrá incluso mayores.
El fenómeno de la ´desaparición´ del mapa de los desaprensivos es en realidad la vertiente más extrema de una enfermedad que se manifiesta con varios síntomas, todos relacionados con la drástica reducción de la demanda, que guarda por supuesto una relación directa con la desaceleración económica general y las condiciones de las hipotecas, incluido el endurecimiento de las condiciones por parte de la banca. Determinados promotores han optado por ralentizar el ritmo de las obras que tenían en marcha dejando a un personal mínimo. Otros han optado por frenar del todo a la espera de mejores tiempos.
* La Provincia - GREGORIO CABRERA - ARRECIFE - 20 de abril de 2008
Foto: Teguise (Lanzarote), vista aérea costa - diariodelanzarote.com
Las urbanizaciones con campo de golf gastan cinco veces más agua
ELPAÍS/Alicante* : La popularización de los campos de golf en la Comunidad Valenciana no llegó de la mano de la demanda interna sino del boom urbanístico vivido en la última década. Por ello, el grueso de los proyectos ha estado, y sigue estando, unido a la construcción masiva de viviendas.
Si embargo, esta propuesta es, según revela un estudio, insostenible por la fractura territorial y social que conlleva y el despilfarro de recursos hídricos (una casa de estos complejos consume de cuatro a seis veces más agua que una tradicional). Según sus datos en una ciudad compacta el consumo medio, en el tercer trimestre del año, ronda los nueve metros cúbicos por abonado y mes. Sin embargo, en urbanizaciones con jardín y campo de golf en el mismo periodo el consumo se dispara entre 25 y 40 metros cúbicos por abonado y mes. Según el informe, en urbanizaciones extensas, con jardines individuales, puede llegar hasta 55 metros cúbicos de agua de consumo mensual.
Con todo, la apuesta por esta fórmula urbanística (campo de golf con su respectiva macrourbanización a la sombra) está vigente en el ideario empresarial. Prueba de ello son las recientes declaraciones del presidente de la patronal alicantina, Modesto Crespo. El patrón defendía hace una semana que los campos de golf "normalmente precisan de PAI".
Sin embargo, los tiempos han cambiado y el parón de la construcción, pero también la apuesta por la cohesión territorial y el respeto a la sostenibilidad medioambiental lleva a cuestionar el modelo. A ello hay que añadir que el único factor inmutable es el déficit hídrico que sufre buena parte del territorio valenciano y que le obliga a depender aportes ajenos a sus recursos naturales para evitar restricciones. En esta línea, un estudio sobre el impacto territorial de los campos de golf y las operaciones asociadas en la Comunidad Valenciana y Murcia, elaborado por la Universidad de Alicante por encargo de la secretaría de Estado para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, propone reorientar la apuesta.
El informe, dirigido por el catedrático de Urbanística de la UA, José Ramón Navarro, y por el profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio, Armando Ortuño, estima que en la Comunidad Valenciana hay alrededor de un centenar de campos de golf proyectados, tramitándose o en ejecución, según datos de mayo de 2007. Y prácticamente todos ellos asociados a la construcción de viviendas. Esta cifra supondría del orden de medio millón más de casas con capacidad para un millón de personas. El documento detalla que, de media, estos proyectos ocupan una superficie de entre 250 hectáreas y 300 hectáreas y en ellos se prevén entre 2.500 y 3.500 viviendas. El campo de golf, de 18 hoyos, suele ocupar 50 hectáreas. Son, como resume Navarro, "piezas enormes con un fuerte impacto territorial". Instalaciones, subrayan los directores del informe, concebidas como "ciudades privadas" que crean una "fractura territorial y social".
El informe destaca que un campo de golf medio con viviendas puede elevar la población de un municipio hasta en un 200%, lo que afecta a la línea de la flotación de los servicios públicos.Los servicios que demandan especialmente se refieren al apartado sanitario porque los analistas han detectado que la edad media de los propietarios de las nuevas viviendas es de 50 años y que más del 40% son jubilados. La utilización del vehículo privado, por otro lado, es mucho más intensiva en este tipo de viviendas diseminadas. La posesión del vehículo privado es de 700 por cada mil habitantes, cuando esta proporción es la mitad en una ciudad de tamaño medio. Capítulo aparte precisa el problema de los recursos hídricos.
Los expertos Navarro y Ortuño insisten en que el "problema" no es el riego del campo de golf, para el que se recurre a las aguas depuradas principalmente y en menor medida a la desalación, sino el agua que consume el parque de viviendas. Los directores del estudio, de hecho, han recopilado datos que indican que el consumo de agua de estas viviendas es entre cuatro y seis veces superior al de una casa en una población tradicional. A ello hay que sumar "los caudales de agua generados por la demanda inducida por los nuevos servicios y equipamientos" y que pueden elevar la demanda a un tercio más.
Navarro y Ortuño insisten en "que no es cierto que para que el campo de golf sea viable económicamente se necesitan las viviendas, sino que ocurre al revés y es el campo de golf el que actúa de tractor de demandas". Los dos académicos critican que en la Comunidad Valenciana se carece de una estrategia territorial y ambiental "coherente" para localizar los campos de golf, que se construyen según la decisión de la iniciativa privada. Explican también que aunque la ley de golf autonómica "aporta contenidos válidos" presenta "importantes debilidades". Así, por ejemplo, la ley prohíbe "expresamente" los proyectos de viviendas con campos de golf (los que hay son anteriores) pero también da la posibilidad de situar operaciones residenciales "pegadas" al campo.
Los profesores defienden igualmente que un campo de golf "sin aporte masivo de viviendas, bien proyectado, bien localizado y bien gestionado ambientalmente" puede contribuir a revitalizar municipios pequeños y medianos siempre que el complejo no esté segregado del núcleo urbano, que la actividad deportiva se integre en la del municipio o que el emplazamiento no destruya suelo agrícola de calidad como sucede en el 80% de los campos de golf analizados. En la Comunidad Valenciana había a mediados del año pasado 22 campos de golf.
Navarro y Ortuño proponen un cambio de modelo porque el actual es "insostenible" ya que va a generar unos costes "difíciles de asumir". Para ello es preciso una política "más vigorosa" desde el punto de vista territorial que no continúe apostando por los proyectos de campo golf asociados a una "oferta masiva de viviendas".
Los autores, por el contrario, creen que una vía de trabajo viable sería que ganarán peso los complejos asociados a resorts hoteleros, que generan más riqueza y tienen menos impacto territorial y medioambiental. Y, por último, apuestan por los campos públicos de nueve hoyos (durante su análisis han comprobado que los deportistas reclaman campos de golf públicos), que permiten que se instalen un número mayor que compensan "la creación de riqueza en todo el territorio". En la actualidad, el único campo de golf público en la Comunidad Valenciana se construyó en 1960 en Castellón.
Urbanizaciones con campos de golf
- Consumo de agua. El gasto medio de una vivienda es de 9 metros cúbicos por abonado y mes. En una urbanización con campo de golf con viviendas con jardín se llega a 55.
- Impacto territorial. Un campo de golf de 18 hoyos ocupa 50 hectáreas. Con la urbanización se llega a 300. Ahora hay 100 campos de golf proyectados, en trámite o en ejecución.
- Transporte. En las urbanizaciones, el número de coches, 700 por cada 1.000 habitantes, duplica al de las ciudades.
* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 20/04/2008
Foto: Golf_y_urbanización - ecologistasenaccion.org
¿Peajes urbanos? De entrada, no
ELPAÍS/Bilbao* : Más de medio millón de vehículos saturan todos los días los accesos de las tres capitales vascas. Alrededor de 150.000 conductores se ven afectados a diario por los atascos, donde pierden, de media, 20 minutos cada jornada. A los problemas propios del tráfico se suman los costes económicos derivados: la contaminación por ruido y, especialmente, la atmosférica, principal causante del efecto invernadero.
Son parte de los datos que obligan a plantearse medidas drásticas en los accesos a las principales urbes de Euskadi. Hace dos años, la consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, ya manifestó públicamente la necesidad de restringir el acceso del vehículo privado a las ciudades. Desde diciembre pasado esa reflexión está en un documento oficial de la Administración: "Regulación del tráfico en las ciudades mediante sistemas de tarificación". Así reza la medida número 21 propuesta, entre un total de 120, en el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático aprobado por el Gobierno vasco.
El debate está servido. ¿Peaje sí o no para entrar en Bilbao, Vitoria y San Sebastián? La respuesta, ahora, se inclina más por el no. Los ayuntamientos son categóricos en oponerse a una medida que consideran que sólo es aplicable a grandes ciudades como Londres y Nueva Yorkl Los expertos tampoco lo ven claro por el momento y, en cualquier caso, lo contemplan dentro de un paquete de medidas que incluya un mejor transporte público y cambios significativos en el modelo de movilidad.
Medio Ambiente se ha quedado como el único defensor del peaje, que ahora sólo existe en los túneles de Artxanda para acceder a Bilbao, aunque en San Sebastián el Ayuntamiento plantea que se estudie un canon en la Variante. El Gobierno recuerda que hace un mes el Parlamento Europeo aprobó un informe de ley -aunque no vinculante-, en el que insta a aplicar contra el exceso de tráfico en los núcleos urbanos medidas de choque, como los peajes o el uso compartido de vehículos. "El peaje se aplica en otras ciudades y es muy efectivo", argumenta el viceconsejero de Medio Ambiente Ibon Galarraga, quien explica esta medida en la aplicación del principio de que quien contamina, paga. "Con el dinero que se obtendría de este canon, se mejoraría el transporte público. Es una medida positiva para todos, con beneficios medioambientales y de calidad de vida, al recuperarse espacios públicos para las ciudades".
Galarraga compara la implantación del canon a los planes de peatonalización, que en décadas pasadas eran denostados "y ahora son bien vistos por todos". Pero admite que es imprescindible la aprobación de los ayuntamientos, los competentes para ponerlo en marcha. "El plan [de lucha contra el cambio climático] es hasta 2012 y vamos a ver si los ayuntamientos se van posicionando. Desde luego, si alguien lo hace, tendría todo nuestro apoyo", apostilla.
Pero los municipios no están por la labor. En Bilbao, el pasado año entraron y salieron cada día 342.961 vehículos. La cifra asusta, aunque desde 2003 (cuando casi se alcanzaron los 352.000) han disminuido ligeramente. Ibon Areso, el concejal de Circulación y Transportes,dice que "todavía no hay recorrido" para implantar el peaje.
"Es un asunto que lo tratamos en la comisión de gobierno y lo descartamos, porque no estamos en una situación de gravedad". Areso apunta a que el metro está eliminando coches que antes accedían a Bilbao y que las peatonalizaciones y la reducción de aparcamientos en la ciudad son medidas que están dando resultados.
Joaquín Esteban es el concejal de Movilidad y Transportes en Vitoria, donde más de 90.000 vehículos entran y salen cada día. Lo tiene claro. "Mi postura es que no. No nos podemos comparar con Londres o Berlín; Vitoria sería un barrio". A este argumento agrega que un peaje sería "un impuesto más" y un "agravio comparativo", que beneficiaría a "quienes tienen más poder adquisitivo". Sánchez cree que la reducción del uso del coche pasa por aparcamientos en la periferia y más transporte público.
El enemigo tiene muchos partidarios en esta pelea. Pese a las elevadas inversiones y los esfuerzos de las administraciones en que se use el tren, el autobús o el metro, el empleo del coche privado duplica ya a los desplazamientos en transporte público. El último estudio sobre movilidad del Gobierno, referido al periodo 2003-2007, concluye que el 38,8% de todos los desplazamientos que se realizan durante un día en Euskadi se hace en automóvil. En cambio, el tránsito de los ciudadanos en transporte público se queda en el 17,5%. Y otro dato preocupante: la tasa de ocupación de los coches es de casi una persona (1,35).
José Félix Basozabal fue diputado de Obras Públicas y Transportes en Vizcaya durante ocho años y ahora ha montado una empresa dedicada a proyectos de movilidad y transporte. Tampoco ve claro implantar el peaje. "Hoy en día no tiene mucho sentido, si los problemas no van a más". En su opinión, se requiere un paquete de medidas que pasa por realizar programas de gestión de la demanda de la movilidad, reconducir el urbanismo y, finalmente, aplicar instrumentos económicos, "donde irían los peajes. Pero esos tres ejes tienen que ir al unísono".
Basozabal sí es partidario de regular lo que llama aparcamiento en destino. "Que cueste más aparcar en el centro y que al conductor se le disuada de hacerlo porque le sale muy caro". Asegura que ciudades como Bilbao y Vitoria tienen "bastante bien enfocada" la manera de luchar contra la invasión del coche, y San Sebastián "está haciendo un gran esfuerzo". "Vamos a ver muchas cosas, como los coches compartidos, que ya funciona en Zurich, donde hay una flota de estos coches y se paga con una tarjeta que te vale para todo el transporte público".
Mikel González, profesor de la Universidad del País Vasco y miembro del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico, se muestra favorable al canon, "pero con matizaciones". Explica que debe acompañarse de otras medidas, como un mejor transporte público, aparcamientos disuasorios, carriles rápidos para el transporte colectivo y "algo que es muy importante: la movilidad en las empresas mediante la oferta de un transporte colectivo". Y agrega una importante labor pedagógica de que el peaje no busca una recaudación económica, sino "recuperar espacio para las personas".
González cree que tampoco hay que demonizar al coche -"nos ofrece una autonomía y flexibilidad"-, sino lograr un transporte más eficiente. Y lanza otra idea: una nueva generación de impuestos. "Hay que interiorizar que el sistema impositivo actual no responde a retos sociales y ambientales. Se grava el trabajo y la producción, pero se está en contra de tributos contra la contaminación. Sería cuestión de cambiar unos por otros", opina.
Los ecologistas admiten que no tienen una postura definida. "Teóricamente sí los apoyamos, pero no de forma práctica. Yo creo que no tendría mucho sentido en ciudades como las nuestras", asegura Kike Antolín, miembro de Ekologistak Martxan, el principal colectivo verde. "Habría que verlo de una forma integrada. Las peatonalizaciones, la eliminación de aparcamientos o el tranvía han dificultado que entren más coches".
Antolín enfatiza que hay un problema añadido en esta batalla contra el vehículo privado. "Se ha dado un modelo de desarrollo residencial de adosados que obliga a tener coche para la movilidad y va a ser difícil de resolver. Un informe de la Diputación de Vizcaya decía que en cada chalé adosado salía una media de entre dos y tres coches".
Contaminación
- El 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el principal causante del cambio climático, proceden del transporte, según el último informe del Departamento de Medio Ambiente. Lo preocupante es que este sector ha aumentado un 109% sus emisiones desde 1990.
- El Gobierno ha hallado en los últimos años problemas de contaminación en 18 municipios (entre ellos Bilbao y Vitoria), con lo que se ha puesto en marcha un plan exigido por la Unión Europea con proyectos de peatonalización, autobuses urbanos con biodiésel o estudios de movilidad. En 2005 hubo una media de más de cinco días con calidad del aire "mala, muy mala y peligrosa".
Diferentes modelos de canon
En España, ninguna ciudad ha impuesto el peaje por entrar en las ciudades, aunque Barcelona y Madrid lo han estudiado. Singapur fue la primera ciudad en implantarlo en 1975. En Europa, la pionera fue Oslo, en 1990.
- Los retrasos de Madrid. Primero iba a ser en 2008 y ahora se habla de 2010 . La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Ana Botella, anunció el mes pasado que el plan para limitar el acceso al centro de la ciudad a los vehículos más contaminantes, una de las medidas más ambiciosas para mejorar el aire en la ciudad, será una realidad en 2010. Y es que el centro de la capital supera ya los niveles de polución anuales que marca la Unión Europea.
- Limitación de velocidad en Barcelona. El principio "a menos velocidad, menos contaminación" está detrás de la decisión de la Generalitat de limitar a 80 kilómetros por hora la velocidad de entrada a Barcelona. La norma afecta a 17 municipios. Según cálculos del Gobierno catalán, a esta velocidad las emisiones de óxidos de nitrógeno se reducen una media del 17% respecto a circular a 100 kilómetros por hora.
- Los 12 euros de Londres. Desde 2002, la capital londinense obliga a pagar por acceder a ella los días laborables. Los 7,5 euros de entonces han subido hasta los 12. La tasa funciona de lunes a viernes entre las 7.00 y las 18.30. El año pasado, el peaje urbano recaudó más de 164 millones de euros, que se emplean en mejorar el transporte público. Londres cobrará a partir de octubre 25 libras (33 euros) a los coches más contaminantes. A los más limpios, nada. El peaje urbano ha reducido el tráfico un 21%.
- Pegatina en Berlín. Desde este año, los vehículos que transitan por la capital alemana deben lucir una pegatina que les identifica como no contaminantes. Si no, tienen que pagar una multa de 40 euros y se quedan sin un punto en el carné de conducir.
- Canon en los puentes de Nueva York. En el centro financiero de Estados Unidos, el peaje está en los puentes de acceso a la ciudad y sólo dos de ellos son gratuitos. En el resto se paga entre 1,5 y cuatro euros. Además, existe un carril rápido destinado a los vehículos ocupados por al menos dos personas.
- Cámaras para restringir la entrada en Roma. En esta ciudad está restringida la entrada al centro hasta las seis de la tarde y centenares de cámaras fichan a los infractores A diferencia de Londres, donde paga quien entra, en Roma se abona anualmente el canon. En los días de alta contaminación existe un sistema de matrículas alternas.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 20/04/2008
Foto: Atasco en la Avenida Sabino Arana - SANTOS CIRILO, elpais.com
Ciudades libres de emisiones
ANTXON OLABE* : Zonas de Bajas Emisiones (Low Emission Zones) es el nombre de la iniciativa destinada a evitar la presencia en el interior de las ciudades europeas de vehículos contaminantes. La lista de las que ya han puesto en marcha la iniciativa es significativa: Londres, Berlín, Estocolmo, Göteborg, Hannover, Maastrich, Rotterdam, Utrecht... Otras como Oslo, Amsterdam, Bremen, Friburgo... se preparan para aplicarla.
A la vista de los impactos que sobre la salud de las personas tiene el deterioro de la calidad del aire de las ciudades como resultado de la masiva presencia de coches circulando por sus calles, lo que sorprende es que algo así no se haya puesto en marcha antes. Sólo en el caso de España, datos oficiales hablan de más de 16.000 muertes prematuras al año como resultado de la mala calidad del aire que se respira en los entornos urbanos. La reacción de las ciudades europeas de referencia tenía que llegar y, por lo que se ve, ya ha comenzado. La iniciativa pivota sobre la prohibición directa de circulación en el entorno urbano de aquellos vehículos que sobrepasan determinados estándares de emisiones definidos por la Unión Europea. Complementariamente, algunas ciudades aplican peajes a los vehículos que acceden a sus espacios centrales.
En el País Vasco, estudios recientes del Gobierno muestran el alcance de los problemas asociados al transporte y la movilidad. En un día de labor, más de 150.000 conductores se ven afectados por atascos en las carreteras vascas, con una pérdida media de tiempo de 20 minutos diarios, equivalentes a unas ocho jornadas de trabajo anuales por conductor. Las emisiones de partículas (PM10) debidas al transporte han aumentado significativamente desde 1990. Su relación con las afecciones respiratorias, especialmente de los sectores más vulnerables como la infancia y la gente mayor, está clara para la medicina.
Se ha calculado, asimismo, que en el conjunto de Euskadi en torno a 380.000 personas están expuestas de manera regular a ruidos por encima de los 55 decibelios procedentes del tráfico de las carreteras. En el caso de Vizcaya esa proporción es de una cada cuatro personas. Las externalidades del transporte en nuestro país han sido estimadas en 2.000 millones de euros al año, la mitad del presupuesto total de la Y ferroviaria.
Los datos de movilidad de las capitales vascas son, asimismo, significativos. Según el reciente Estudio de la movilidad de la Comunidad Autónoma Vasca, 2007 del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno, el 82% de los desplazamientos diarios que acceden del exterior a la ciudad de Vitoria-Gasteiz se hacen en vehículo, 67.293. En el caso de Donostia-San Sebastián, el porcentaje es del 65%, con un total de 102.473 vehículos. En Bilbao, la proporción es del 51%, con un total de 153.896 coches. La penetración del transporte público ha alcanzado en Bilbao el 29%, en Donostia es del 21% y en Vitoria-Gasteiz del 6%. En definitiva, el vehículo privado "sigue ganado espacio en el conjunto de la movilidad, con una presencia generalizada en todos los ámbitos geográficos y con independencia del motivo", dice el estudio.
El diagnóstico es de sobra conocido por las instituciones. A la hora de las medidas para enfrentar el problema y avanzar hacia una gestión inteligente y ambientalmente positiva de la movilidad, el Gobierno vasco ha planteado en el Programa Marco Ambiental 2007-2010 que "para luchar contra el cambio climático y el impacto en la salud debido a la contaminación atmosférica se avanzará en medidas que limiten la utilización del vehículo privado, especialmente en los núcleos urbanos más congestionados, mediante la puesta en marcha de peajes o limitaciones de circulación".
Es hora de coger el toro por los cuernos y dar pasos concretos que nos permitan avanzar hacia unos entornos urbanos amigables para las personas, en lugar de amigables para las máquinas. La propuesta es que las tres capitales vascas asuman conjuntamente el liderazgo de las ciudades y pueblos de Euskadi, adhiriéndose a lo largo de 2008 a la iniciativa europea Low Emission Zone. Que comiencen por limitar, tirando de ordenanza, la presencia en su interior de aquellos vehículos cuyas emisiones contaminantes superen determinados estándares fijados por la Unión Europea.
Al mismo tiempo, que promuevan y dinamicen un amplio debate social a lo largo de dos o tres años destinado a crear las condiciones para que, tras una labor de pedagogía social, se implanten peajes de acceso al centro de las tres capitales, siguiendo el exitoso y transparente modelo protagonizado por Estocolmo y, antes, por Londres. Si las capitales dan el paso, los demás irán detrás. Es hora de visión y liderazgo también en el tema del transporte y la movilidad sostenibles.
* Antxon Olabe es analista ambiental y socio de Naider.
* ELPAIS.com - País Vasco - Opinión - 20/04/2008
´Los pelotazos no han producido ningún tipo de beneficio al común de los ciudadanos o un uso social´
DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción en los 44 folios donde plasmó su denuncia contra el presunto entramado de corrupción en torno al proceso de gestación del Plan Territorial de Mallorca (PTM), que investiga el juez Florit en el juzgado de instrucción 1, resalta que los presuntos pelotazos millonarios propiciados por dicha norma no han generado beneficio alguno para el común de los mallorquines.
Anticorrupción acusa al presunto entramado de políticos del PP y UM y promotores inmobiliarios de traficar con información privilegiada para dar pie a los segundos a comprar fincas rústicas, que en unos pocos meses pasaron a ser valioso suelo urbanizable.
Estas prácticas corruptas se habrían hecho "en beneficio de particulares sin que se dé uso o utilidad social alguno (equipamientos, viviendas de protección oficial o precio tasado, zonas verdes....), que justifique de manera suficiente dicha generación de plusvalías privadas".
Los fiscales también han puesto el acento en la presunta arbitrariedad con que los responsables del anterior Consell de Mallorca escogieron las fincas rústicas que se iban a recalificar y seleccionaron las plazas hoteleras para trasladarlas de un punto de la isla a otro, en ocasiones al margen totalmente de la propiedad de los establecimientos, como es el caso del Don Pedro (en Cala Sant Vicenç de Pollença).
Alegría en el GOB
El presidente del GOB, Macià Blázquez, recordó ayer que en 2005 dicha entidad presentó una denuncia ante la fiscalía en la que notificaba que las indicaciones recogidas en el PTM referidas a las Áreas de Reconversión Territorial (ART) no seguían un criterio explícito y por lo tanto, se asignaron de "forma arbitraria" con la intención de "favorecer intereses de determinados propietarios de suelo, promotores e incluso entidades financieras". En opinión de Blázquez, "si el procedimiento judicial avanza se debe a que hay motivos para investigar los hechos y la gestión realizada por los responsables de política territorial de la pasada legislatura, que deben pasar cuentas y reconocer su responsabilidad en este procedimiento".
* Diario de Mallorca - F.A/J.F.M./E.P. PALMA - 19 de abril de 2008
Foto: Mallorca, plan territorial archivo - diariodemallorca.es
Mallorca: Anticorrupción cifra los pelotazos del Plan Territorial en 297 millones
,+hotel+investigado+Plan+Territorial+-+diariodemallorca.es.jpg)
DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción ha cuantificado en su denuncia por el caso Plan Territorial, una presunta trama de corrupción político-empresarial en torno a la norma urbanística del mismo nombre, en 297 millones de euros (casi 50.000 millones de pesetas) el alcance de los pelotazos (plusvalías) obtenidos por los promotores que compraron fincas rústicas recalificadas como urbanas.
Los fiscales acusan a un grupo de dirigentes de Unió Mallorquina (UM) y el Partido Popular (PP) de facilitar a varios empresarios amigos información privilegiada sobre las llamadas áreas de reconversión territorial (ART), la fórmula usada por la presunta trama para dar los pelotazos. No descartan que a cambio los promotores hayan pagado sobornos a los políticos. Los casi 300 millones de beneficios sitúan este entramado a la cabeza de los casos de presunta corrupción investigados hasta el momento en las islas.
El contenido de la denuncia de anticorrupción, adelantada por DIARIO de MALLORCA el pasado 16 de noviembre, se ha conocido tras levantarse el secreto del sumario sobre el caso PTM por el juez Miquel Florit. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach imputan al presunto entramado los delitos de uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y posible cohecho.
Informe pericial
La cifra de 297 millones de euros de plusvalías consta en un informe de un grupo de expertos en urbanismo sobre las repercusiones que las ART pueden causar al urbanizarse las fincas que antes tenían un uso agrícola-ganadero marginal. Este dictamen ya obra en poder del magistrado instructor.
Los fiscales también apuntan, además de a políticos y empresarios, a altos funcionarios o técnicos que habrían colaborado en la enorme trama de corrupción.
La denuncia también acusa a todos aquellos técnicos o altos cargos que, "con pleno conocimiento de las consecuencias que provocaban, intervinieron de manera eficaz para que fuera aprobado el PTM, cuya parte dedicada a las ART tenía características de antijuricidad, arbitrariedad y beneficio de particulares...".
El tráfico de influencias habría tenido lugar entre 2003 y 2004 y los fiscales han centrado especialmente su atención en tres ART: la número 10.3, que correspondía a la desaparición de los hoteles Don Pedro (Pollença) y Rocamar (Sóller), y que generaba el trasvase de sus plazas a varias fincas de Sa Ràpita (Campos); la 10.5, donde, a cambio de adaptar una antigua vaquería como centro de interpretación del Salobrar de Campos, se consigue una urbanización para viviendas plurifamiliares y uso hotelero en 35,2 hectáreas del mismo Campos, en su lado Este; y la 10.6 el traslado de unos aprovechamientos urbanísticos de Alcúdia a la finca Son Crever de Marratxí.
253 millones de euros
Las plusvalías que el PTM podría generar a los compradores de las fincas convertidas en urbanizables en las tres áreas de Sa Ràpita, Campos Este y Son Crever ascenderían a más de 253 millones de euros.
Los otros 44 millones corresponderían a otras recalificaciones en otros puntos de la isla.
Anticorrupción incluye en su denuncia una descripción pormenorizada de las previsiones y alcance de las tres ART. También se fundamentan las acusaciones en un completo análisis de toda la normativa urbanística y otros preceptos legales que se habrían vulnerado en la elaboración de esta parte del PTM.
El juez Florit ya ha tomado declaración a ocho expertos en urbanismo, empresarios y particulares en calidad de testigos y, cuando Anticorrupción disponga de tiempo, empezará la ronda de interrogatorios de los imputados, políticos, técnicos y promotores.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 19 de abril de 2008
Foto: El hotel Don Pedro, incluido en la investigación del caso Plan Territorial/ Lorenzo, diariodemallorca.es
El Supremo anula el proyecto de la variante de La Vila, abierta hace 3 años
,+variante+N322+-+diarioinformacion.com.jpeg)
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal señala que no existía estudio de impacto ambiental ni de seguridad y salud y confirma el fallo anterior del TSJ de Madrid. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha anulado la aprobación del proyecto de construcción de la variante de la N-332 a su paso por Villajoyosa que en el año 2000 sacó adelante la Dirección General de Carreteras.
Lo que hace el tribunal es confirmar la sentencia dictada en septiembre de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual declaró las actuaciones no ajustadas a Derecho y ordenó que el procedimiento "deba retrotraerse hasta el momento inmediatamente anterior a la presentación del proyecto para su aprobación", que tuvo lugar en el año 2000 con gobierno del PP en el país.
El órgano judicial indicaba además que debía aportarse con el mismo un estudio de impacto ambiental y otro de seguridad y salud. Contra aquella resolución, el Abogado del Estado interpuso un recurso de casación en enero de 2004, que fue admitido por el Tribunal Supremo en octubre del año siguiente. La carretera comenzó su construcción en noviembre de 2002 y se abrió al tráfico en marzo de 2005.
En los fundamentos de Derecho de la actual sentencia, el magistrado alude a necesidad de aportar ambos estudios en los proyectos de edificación y obras públicas, según se establecía en el Real Decreto 1629/97, cuya entrada en vigor se produjo en octubre de ese año. "El proyecto que nos ocupa fue aprobado en fecha posterior a su entrada en vigor" por lo que "debe entenderse que era de aplicación" indica el tribunal, en alusión a la obligatoriedad de incorporar los estudios ambientales y de seguridad. Incidía también en que el presupuesto de ejecución de la obra -25,1 millones de euros- y los costes de expropiación -3,03 millones de euros- son muy superiores al mínimo establecido el el Real Decreto para las obras que deben aportar dichos informes. Tras exponer los documentos necesarios que deben incluirse en el estudio de Seguridad y Salud, la sentencia concluye que "la Administración no ha acreditado que se haya unido al proyecto un estudio con las condiciones establecidas". En cuanto al de impacto ambiental, el Tribunal Supremo considera igualmente que no se cubren "todos los aspectos exigidos". En definitiva, que el proyecto aprobado no cumplía con los requisitos exigidos por la ley.
La sentencia hace referencia asimismo a los motivos esgrimidos por la Administración a la hora de presentar su recurso y recalca sobre éstos que "deben ser rechazados" porque el TSJ no infringe en su fallo el Real Decreto antes citado y porque el segundo motivo del recurso "adolece de la falta de cumplimiento del requisito formal de efectuar una crítica rigurosa de la sentencia" y se limitaba a citar disposiciones legales. Más aún, el Supremo precisa que el TSJ acertó al exigir que el proyecto de la variante incluyera el estudio de impacto ambiental "que garantice la tutela de los intereses medioambientales afectados por la construcción de dicha obra pública".
Un ex concejal del PSOE siguió hasta el final del litigio
El ex concejal socialista y ex secretario general de la agrupación de La Vila Joiosa, Salvador Marcet, fue la única persona que llegó hasta el final del litigio, aunque en su periplo judicial estuvo acompañado por la también ex edil vilera del Bloc, Magdalena Soler, quien estuvo con él hasta después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitiera su primera sentencia favorable. Antes, la causa la habían comenzado los dos citados y el todavía concejal Pedro Lloret, de Iniciativa Independiente, que actualmente forma parte del gobierno cuatripartito de la localidad.
* Información - JULIO MARÍN - 19.04.2008
Foto: Imagen de ayer de la variante de la N-332 a su paso por Villajoyosa/ ROSARIO FRAILE, diarioinformacion.com
Benidorm ignoró 93 derribos de obras ilegales equivalentes a 11.000 metros
ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP, ha ignorado 93 órdenes de demolición en el periodo comprendido entre 1994 y 2004, lo que ha permitido legalizar más de 100 viviendas, locales y cerramientos construidos sin licencia y fuera de ordenación.
Los expedientes se refieren a obras que, en total, ocupan más de 11.000 metros cuadrados, la mayoría cerramientos sin licencia en comercios, pero varios por casas construidas en zona no urbanizable. La Ley Urbanística Valenciana fija en cuatro años la vigencia de la orden de demolición, por lo que las firmadas a partir de 2004 todavía estarían vigentes. Transcurrido ese plazo, el Consistorio ya no puede actuar, lo que equivale a su legalización.
El concejal de Urbanismo, José Ramón González, justifica la situación en que en Benidorm "todos los gobiernos anteriores han actuado igual", y señala que el Consistorio "no entrega licencia de apertura" a establecimientos. Si el consistorio ejecutara las demoliciones "sería injusto para los perjudicados".
El PP recuerda que el problema es heredado e intrínseco al modelo de Benidorm, y ninguna corporación de las configuradas en democracia ha logrado dar solución. Al poco tiempo de acceder al poder este partido, en el año 1994, Francisco Saval, entonces concejal de Urbanismo y hoy responsable de Hacienda, anunció solemnemente que la "impunidad que ha existido sobre estos temas ha terminado". Abrió decenas de expedientes y ordenó 68 demoliciones, que nunca se llegaron a materializar. Los dirigentes del PP fueron modulando su discurso al comprobar que esta práctica es masiva en el municipio. De hecho, son varios los cargos del PP con infracciones urbanísticas, entre ellos, la familia de la primera teniente de alcalde y diputada regional, Ángela Barceló, que acumula seis expedientes con infracciones muy graves.Las demoliciones de obras ilegales que el Ayuntamiento de Benidorm no ha ejecutado dentro de los plazos afectan a chalés, apartamentos, plantas añadidas a viviendas, pérgolas, toldos metálicos, pubs, comercios, restaurantes, discotecas. Una sociedad construyó 15 apartamentos de 32,4 metros en el antiguo canódromo, en la partida Pla del Azagador, en suelo no urbanizable. La comisión de Urbanismo aprobó el 7 de febrero de 2003 la "demolición inmediata", y aún hoy continúan en pie. El 31 de marzo de 2000 el consistorio decretó la demolición de un almacén de 400 metros cuadrados que la sala de fiestas Benidorm Palace construyó en el parking que vulneraba las ordenanzas. Esta sala es utilizada hoy y ya nadie puede actuar.
Según reconocen fuentes municipales tan solo se ha ejecutado una orden de demolición desde 1994. Afectó a siete viviendas tipo dúplex que se construyeron en 1991 en un almacén de juegos recreativos de la urbanización de L'Almafrà, sin licencia y sin las condiciones básicas de habitabilidad. El expediente pululó por los despachos de urbanismo y la ejecución del derribo no se hizo efectiva hasta 2005, casi 15 años después, y por mandato judicial.
El concejal de Urbanismo, José Ramón González, ya dispone de un informe jurídico de viabilidad para regularizar los retranqueos, lo que a su juicio es el punto de partida para "solucionar esta anomalía de nuestro modelo urbanístico". El documento contempla las tres situaciones de las construcciones fuera de ordenación: las que ya han sido patrimonializadas porque han pasado cinco años desde la infracción, las que están vigentes y se puede actuar sobre ellas y las que se construirán en el futuro. En los últimos años y para evitar una mayor degradación de la situación urbanística, el Ayuntamiento de Benidorm solo otorga licencias provisionales de obra y de apertura a las construcciones con más de cuatro años condicionadas siempre -según los servicios jurídicos- a que en caso de que el Ayuntamiento lo solicite se demolerá, lo que nunca ha sucedido.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 19/04/2008
Foto: Benidorm - alicante confidencial
El encierro contra Los Merinos reúne unas 200 personas
,+vista+a%C3%A9rea+Los+Merinos+-+ecologistasenaccion.org.png)
SUR/Málaga* : Desde las diez de la mañana de ayer la Plataforma Cueveña del Agua estaba encerrada en el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro. La causa de esta protesta no es otra que la construcción del complejo urbanístico de Los Merinos.
Unas 200 personas se concentraron a esa hora en el Consistorio, a pesar de «ser un día laborable y de las condiciones climatológicas adversas», apuntó el portavoz de esta plataforma, José Antonio García.
El colectivo cueveño en defesa del agua ha valorado muy positivamente la paralización de las obras de Los Merinos, algo que achacan, en parte, «a las movilizaciones que se han venido realizando durante estos cinco años». La plataforma añade que esta circunstancia no va a frenar la lucha vecinal y que ha supuesto una inyección de moral para seguir luchando por la conservación del medio natural y el ciclo integral del agua.
De manera similar se ha manifestado Izquierda Unida, que ha pedido a la Junta de Andalucía que paralice las obras de manera definitiva.
* Sur - 19.04.08 - E. TIMONET / PLT
Foto: Ronda (Málaga), vista aérea Los Merinos - ecologistasenaccion.org
"Se están cargando la montaña"
ELPAÍS/Barcelona* : A los pies de la plataforma del legendario avión del Parque del Tibidabo, empieza el Camí del cel que conduce a las atracciones para los más pequeños, como Les llaunes y el río grande y también... a la ladera que mira a Barcelona, donde ya se han talado 34 encinas y un ciprés, de varios metros de altura, ya pasto de trituradoras.
"No pasad. Disculpad las molestias. Estamos trabajando en la mejora de este espacio", se leía en unos paneles que cubrían las vallas entre la explanada y el Camí del cel. Tras ellas, se veía un grupo pequeño de empleados con un coche de Parques y Jardines, además de un vigilante con un pastor alemán con bozal.
"Es normal tener seguridad: siempre hay", explicaron responsables del parque, ayer vacío y fantasmagórico por culpa de la niebla. No es tan normal, sin embargo, la presencia intimidatoria de guardas con perros destinados a disuadir a los ecologistas para que no se vuelvan a encadenarse a los árboles. Tras la acción del jueves de seis miembros del grupo SOS Tibidabo, el parque teme nuevas protestas y la visita ilustre de Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, implicada en la lucha en favor de las encinas.
Pero la tala ya se ha consumado y ya se ven claros en la ladera que baja hasta la atracción de la Mina d'or. El Ayuntamiento desdramatiza su plan porque asegura que si al principio iba a cortar 50 encinas y a trasplantar ocho, ahora ha talado 35 y trasplantará 22 además de plantar después 190 árboles más. La primera encina viajó el jueves en un camión a un vivero del Montseny y la próxima semana le seguirán cuatro o cinco más. "Son árboles centenarios y bicentenarios. Los biólogos dicen que es muy difícil que sobrevivan", explicaba ayer junto a su casa Marta Ruiz, vicepresidenta de la asociación de vecinos, que agrupa a 55 familias. SOS Tibidabo y los vecinos recelan de los números del Ayuntamiento: calculan que 200 encimas más acabarán afectadas: 100 por culpa de los 109 pilones de hormigón que soportará la montaña rusa de 750 metros de largo y 100 más porque verán dañadas seriamente sus raíces. El grupo denuncia que se perderá un ecosistema único en la ciudad con la agravante que encima se produce en época de sequía. "Las encinas y los robles son los árboles propios de aquí. Se están cargando la montaña y su cima", lamentó Ruiz que confesó que lloró tras la tala. "Estamos a favor de un parque familiar pero el Tibidabo ya no puede asumir más visitantes ni tantos coches, ni tampoco la urbanización de nuevas viviendas. No es sostenible". La lucha no ha acabado. SOS Tibidabo seguirá con más acciones "para evitar la aniquilación de nuestra naturaleza, portadora de oxígeno y lluvia".
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL - Barcelona - 19/04/2008
Foto: Barcelona, torre Collserola - wikimedia.org
Juicio popular contra la violencia urbanística
SOMNISDESPERTS* : El sábado 19 de abril del 2008, a las 18h al Centre Cultural El Casino de Manresa (Barcelona) tendrá lugar el Judici Popular contra la violència urbanística. A partir del análisis de lo que ha envuelto la okupación de Can Cristu sentaremos al banco de las acusadas a diversas representantes de la trama que fomenta la violencia urbanística.
LA VIOLENCIA URBANÍSTICA SE RIGE POR LA LEY DEL MERCADO...
Siguiendo la lógica del mercado, la vivienda se convierte en un negocio más dónde mientras se enriquecen unas pocas, las demás sufrimos las consecuencias. Igual como pasa en los diversos ámbitos de la vida social, como en el trabajo asalariado, dónde nos pagan una miseria por los beneficios que generamos, o en el trato con el medio ambiente, la destrucción del qual va más allá del escaso reciclaje "ciudadano". Y todo, emparado por la legislación del Estado, que defiende la propiedad privada y el libre mercado como puntales de la sociedad.
En medio de esta situación malvivimos entre necesidades creadas de consumo compulsivo y necesidades básicas que cada vez cuestan más de cubrir. Entre hipotecas económicas y alienación apática, que nos convierte en individuos pasivos.
Y es todo esto lo que nos lleva a la violencia urbanística, que parte de las leyes del Estado y está dirigida por el conglomerado del lobby inmobiliario.
Es a partir de ahí que hay quien se indigna y protesta por intentar transformar la realidad. En asambleas, manifestaciones, acciones, okupaciones… Convirtiendo-nos, mediante el sistema judicial y los grandes medios de comunicación, en una "minoría criminal" a los ojos de quien no quiere analizar el conflicto en profundidad.
¿QUIÉN HAY DETRÁS DE LA VIOLENCIA URBANÍSTICA?
Lobby inmobiliario
La trama entre bancos, cajas, promotoras, constructoras y inmobiliarias, conforma los diversos agentes del negocio privado, los que nos han llevado a la situación insostenible del acceso a la vivienda. Se han inflado económicamente a costa de nuestras hipotecas, de nuestros alquileres desorbitados, de nuestras necesidades.
Estado
Perdiendo su protagonismo en la dirección de la sociedad, está completamente al servicio de esos amos del mercado. Su legislación posibilita los macro planes urbanísticos que convierten nuestras ciudades en espacios modernos, artificiales y tristes, sin vida social, dónde todo gira alrededor de la casa, el trabajo y la zona comercial.
Des de los ayuntamientos vemos cómo se fomenta y se permiten las desigualdades que crea el negocio de la vivienda y todo el urbanismo en general.
Engranaje represivo
Para que todo esté "en su lugar" nos encontramos con las diversas herramientas que acusan, persiguen, juzgan y condenan a quien intenta transformar ese negocio y su marco legal.
Medios de comunicación
Serviles portavoces de las grandes empresas y de sus respectivos gobiernos, se encargan de reafirmar sus intereses económicos y de criminalizar toda protesta, manipulando la "opinión general".
¿Y POR QUÉ UN JUICIO POPULAR?
La política institucional es incapaz de hacer frente a esta problemática, entre otras cosas, porqué se alimenta de ella económicamente, y porque hacen falta soluciones profundas que habrían de pasar por una transformación social incompatible con los intereses de la actual clase política.
Las clases sociales víctimas de la problemática de la vivienda, des de la "transición democrática" están sometidas a un bombardeo ideológico constante que aleja la política de la participación col•lectiva.
A través del marketing del consumismo, con el fomento del individualismo y la competitividad como herramientas para resolver los problemas, con el "progreso económico" cómo referente para situarse en el status social deseado, y con la desorientación organizativa, producto de la burocratización y institucionalización de las formas organizativas tradicionales, se ha ido consolidando el muro social que dificulta la acción colectiva.
Al mismo tiempo, el engranaje de la justicia institucional se ha ido configurando a partir de unos esquemas dónde siempre prevale la defensa de la propiedad privada, dónde se individualizan los conflictos aislándolos de toda crítica de la estructura social, dónde se muestra claramente la discriminación en relación a los recursos económicos.
En el caso de los conflictos de la vivienda, los tribunales judiciales son incapaces de proteger los intereses colectivos, los intereses sociales. Las leyes están hechas para proteger los negocios y las propiedades de los amos del mercado, sus víctimas sólo podemos movernos buscando rendijas y contradicciones dentro de un sistema que siempre termina condenándonos.
Por eso, cuándo optamos por la protesta pasamos de ser víctimas a ser acusadas. En el momento en que okupamos un espacio abandonado por simple necesidad de un alojamiento y para protestar contra un modelo que impide el acceso a una vivienda digna, pasamos a ser las acusadas de vulnerar el derecho a la propiedad privada, somos denunciadas y vivimos en primera persona toda esa injusticia del sistema judicial. El espacio okupado termina siendo desalojado y puede continuar abandonado. Al final nada tiene que ver la necesidad social, nada que ver el precio desmesurado del mercado inmobiliario, nada que ver los indicios descarados de especulación, sólo prevale el derecho a la propiedad privada.
Ante esta situación creemos que es necesario repensar la problemática. Es necesario replantear-nos el modelo de la vivienda y el modelo de sociedad. Es necesario señalar los diferentes agentes que provocan las injusticias y observar su actuación y sus objetivos. Es necesario encontrar un espacio dónde las víctimas de toda esa violencia urbanística podamos encontrarnos no solo para compartir "las penas", sino para ver que tenemos que ser capaces de encontrar vías colectivas de solución del conflicto. Es necesario replantear el sistema judicial, experimentar con prácticas de juicios populares, dónde se vayan encajando el análisis y la contextualización social, los parámetros éticos y la participación colectiva. E ir asentando las bases de un nuevo hacer y un nuevo actuar, a partir de la educación de la consciencia, que recoja toda la rabia contra la injusticia del sistema vigente, que recoja toda la fuerza de la organización colectiva, toda la serenidad de las que nos movemos por una convicción bien racional y todo el sentir y la emotividad de participar en el cambio de la sociedad.
LO VAMOS A PROBAR, PARA EMPEZAR...
Conscientes de la dificultad de asumir en un solo acto el análisis, denuncia y condena de todo el entramado que produce la violencia urbanística, hemos optado por partir de un caso concreto, la okupación de Can Cristu, para ir analizando pinceladas de la problemática del urbanismo y centrándonos en el acceso a la vivienda.
Este Juicio Popular solo es un inicio, es una primera práctica de dotar de contenido teórico la protesta y la búsqueda de salidas al conflicto de la violencia urbanística.
Habrá análisis globales y en abstracto y análisis más concretos, así como acusaciones a diversas representantes de las grandes tramas que envuelven el mercado inmobiliario.
Vamos a dejarnos muchos aspectos para analizar, vamos a dejarnos a mucha gente por acusar, lo sabemos, y por eso todo quedará abierto. No es un juicio para cerrar un conflicto, sino más bien para abrirlo.
Esperamos despertar conciencias, esperamos ser una contribución más a la canalización de la miseria y la rabia acumulada ante una violencia urbanística que se ha convertido en un elemento cuotidiano de nuestra sociedad. Esperamos, al menos, dejar las cosas claras y fortalecer una base desde dónde enfocar la lucha.
Aunque muy probablemente saldrán culpables, no habrá sentencias dictadas. Juzgaremos a empresarios, juzgaremos a políticos, juzgaremos a los aparatos represivos, juzgaremos a medios de comunicación… Pero solo para situarlos en su lugar. A medida que el movimiento de protesta se vaya desenvolviendo y transformando en movimiento de resistencia, en movimiento de revuelta, en revolución… entonces les irán llegando las sentencias.
Más información:
www.somnisdesperts.org
http://www.somnisdesperts.org/pdf/aquisespecula.pdf
* Rebelión - 19-04-2008
