LAPROVINCIA/Las Palmas* : El Gobierno central acumula más de 200 expedientes listos para resolver, y prepara otros mil casos en la provincia de Las Palmas que terminarán con los inmuebles ilegales construidos a seis metros del mar. Quedan dos semanas para que llegue Semana Santa. Mientras la población en general se afana en ultimar los preparativos para pasar las vacaciones en un apartamento del Sur de la Isla, o a darse un viaje por algún destino próximo, Pepito Mortero anda en otras faenas.
Acaba de adquirir unos sacos de cemento, una partida de bloques, unas viguetas y un surtido material de fontanería, que se va llevando poco a poco en el portabultos de su coche.
En el primer día de vacaciones para el resto de la población, el señor Mortero, conocedor de que tanto en estas fechas como en el puente de la Constitución la guardia está baja, tira para la costa de Tufia, en Telde, que a efectos ilustrativos no es más que un ejemplo de una práctica que se extiende por los cientos de kilómetros de litoral del Archipiélago.
Allí se dirige hasta el final de la línea construida, a sólo unos pocos metros de la pleamar, si no en la misma pleamar propiamente dicha, y comienza a depositar los materiales después de haber hecho un raso en 'su' solar con la ayuda de una raspadera. Sólo le faltaría plantar la bandera. Ni papeles, ni proyecto, ni licencia. Ni siquiera, propiedad. Pero tampoco gastos.
Una vez levantada la primera planta, y tras haber hecho amistades con un vecindario que nada le reprocha porque en esa hilera todos han construido sus viviendas con el mismo procedimiento, entra en contacto con otra persona que también ha elegido Tufia para su solaz y recreo, pero que en vista de que el espacio en esa franja en concreto está agotado, por culpa de un risco que hace inviable poner unos cimientos sin tener que montar un gran trajín de maquinaria pesada, decide llegar a un peculiar acuerdo con el flamante 'dueño' de la nueva casa. A cambio de una cantidad de dinero que le permite abonar el gasto de los materiales de la primera planta, el segundo se puede instalar en la azotea que además debe construir el inquilino'. Mejor imposible y con vistas al mar.
A este tipo de 'arquitectos' es al que la Demarcación de Costas de Las Palmas tiene en el objetivo de sus por ahora más de 200 expedientes, y que en el periodo de unos meses llegarán a más de mil. Las imágenes de hace unas semanas del derribo de una vivienda en el Norte de Gran Canaria, el lugar donde más infracciones sufre la isla, serán más que habituales, según explica Carlos Cárdenes, jefe de la Demarcación.
Pero, en cualquier caso el perfil de un Pepito Mortero tampoco se ajusta totalmente a la generalidad. El propio José Torres Stinga, presidente de Coalición Canaria, que ha sido objeto de una denuncia de un particular por considerar que su vivienda invade dominio público de Costas, una denuncia avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2005, ha recurrido al Consejo Consultivo de Canarias, gestionado por el partido que preside, para dar por bueno el proyecto.
El caso de Torres Stinga viene a colación ya que se da la paradójica circunstancia de que él mismo fue el encargado de presentar este jueves en Santa Cruz de Tenerife la propuesta electoral de Coalición Canaria de que sea el propio Gobierno autónomo el que asuma las competencias de Costas.
Precisamente es este el segundo frente con el que se encuentra la Demarcación. Por un lado intentando regular y ordenar por el momento sólo los seis metros que separan mar de tierra, y por el otro ayuntamientos, cabildos, sobre todo el de Fuerteventura, y Gobierno de Canarias defendiendo, según qué casos, la libre ocupación de unos terrenos que pertenecen a todos.
Otro ejemplo de esto último ocurrió hace unos pocos días en el Norte de Gran Canaria, cuando un arquitecto municipal remite a Costas un escrito en el que le exige que construya una protección para evitar que caigan piedras a un grupo de casas totalmente ilegales que se encuentran encima del marisco.
O en Fuerteventura, donde la playa de Jacomar se encuentra bloqueada por unos chamizos de piedra hasta el punto que el agua de mar aflora en la trasera de esas construcciones.
El Cabildo majorero, para evitar el desalojo del vecindario, que alega que forman parte de un tradicional núcleo de pescadores, ha iniciado un proceso para clasificar el lugar como Bien de Interés Etnográfico.
Una 'etnografía' que no repara, entre otras cosas, en la insalubridad y la contaminación que provocan unos núcleos urbanos que dan con sus bajantes directamente al mar, como ocurre en el barrio de El Roque, en Moya, un pintoresco pago sobre una lengua de lava por el que cuelgan tantos tubos con aguas fecales como viviendas existen, y que se remata con un restaurante que ofrece lapas, de las que es recomendable preguntar por su origen porque son la mejor esponja para las bacterias del Atlántico.
En este sentido existen tres casos diferenciados. El de un gran pago asentado desde hace más de medio siglo, y que en cualquier caso sería sometido a una reordenación de su urbanismo; el del 'espontáneo' como Pepito Mortero, que al no tener propiedad de ningún tipo, ni escrituras, será desalojado en las próximas intervenciones; y el de las viviendas, hoteles y urbanizaciones que de una manera u otra sí tienen la propiedad de los terrenos donde se han levantado.
En esta última situación y mediante la disposición primera de la Ley de Costas se ofrecen o bien concesiones de 30 más 30 años, se indemniza a sus propietarios o se reubican lo más cerca del mismo lugar para impedir el desarraigo de sus habitantes.
Pero eso no quita para observar desde el helicóptero postales de verdadero surrealismo, como las de Corralejo, cuyo Ayuntamiento sea probablemente el mascarón de proa del dislate costero. Es tanta la urbanización de su litoral que, como se puede apreciar en la imagen de la izquierda, arriba, gran parte de la playa ha quedado dentro de lo que fue en su día un pueblo de pescadores, y que ahora incluye una serie de rotondas a las que llega el agua cuando la marea se pone fea.
* La Provincia - UAN JOSÉ JIMÉNEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 17 de febrero de 2008
Foto: Demarcación de Costas - laprovincia.es
Cuando la isla se sale
Caos urbanístico bajo la Calderona
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LEVANTE/Valencia* : Podrían declarar a José Agustín Agustí, alcalde socialista de Olocau hasta el pasado año, patrón político de los imposibles. Imposible puede ser, por ejemplo, la convivencia pacífica entre PP y EU. Pues para muchos vecinos de este pequeño pueblo del Camp de Túria de apenas 1.200 habitantes situado al pie de la Calderona, Agustí y su política urbanística hicieron posible la unión entre estos dos grupos que ahora gobiernan el municipio con aparente armonía.
También parecía imposible que, después de veinte años de mandato incontestable, Agustí perdiese unas elecciones en Olocau. Pues en las elecciones del 27-M, aunque volvió a tener la mayoría de votos, no fue de forma absoluta. El resultado: la única edil de EU, Marisa Bou, decidió darle la alcaldía a la candidata del PP, Ascensión Arnal. No en vano, durante las negociaciones para formar el gobierno municipal, Bou y los suyos habían condicionado su apoyo al PSPV a que el primer edil no fuese Agustí. El veterano líder socialista no consintió y así se quedó sin la vara de mando. ¿A qué respondía esta inquina de EU hacia Agustí? Para contestar quizá primero habría que observar los detalles de los resultados del 27-M. En estos comicios, el PSPV perdió sólo seis votos respecto a las elecciones anteriores, y el PP únicamente obtuvo tres papeletas más que en 2003. EU se presentaba por primera vez en Olocau y obtenía, de buenas a primeras, 98 votos. Lo justo para conseguir un acta de concejal. Coincide esta irrupción de EU con el descontento de un sector de la izquierda local por la política que está llevando el alcalde socialista en materia urbanística, "cada vez menos de izquierdas" según la propia Bou y con el proyecto de una macrourbanización de 12.000 viviendas en el horizonte.
Asociación "antipai"
Este descontento queda reflejado con mayor o menor virulencia en varios foros de internet llenos de acusaciones contra el primer edil y se materializa en la formación de una asociación antipai en la que figuran como miembros las dos mujeres que liderarán meses después el pacto antinatura (como lo definió Agustí) entre el PP y EU.
Tras el 27-M vuelve a aparecer el "antiagustinismo urbanístico" para inspirar la primera gran decisión del nuevo gobierno PP-EU: montar un equipo con especialistas jurídicos y técnicos para escudriñar la herencia del ladrillo del anterior gobierno socialista. Con cada caja de expediente urbanístico que se revisa surgen las sorpresas y las dudas sobre la transparencia de la gestión del ex alcalde socialista.
El primer caso que denuncia públicamente, y a través de Levante-EMV, la alcaldesa Ascensión Arnal es el de la construcción de ocho chalés de lujo en un sector urbanizable y sobre unos terrenos que habían pertenecido a la mujer de Agustí. "Segregó los terrenos de su mujer y ese mismo día dio la licencia de obras", relató esta semana la primer edil. Pero no era ese el único problema: las ocho casas se concluyeron cuando la urbanización de los terrenos ni siquiera había comenzado. Y así sigue a día de hoy, con las casas vacías, sus dueños sin licencia de ocupación y con un vigilante privado patrullando entre los montones de tierra y agujeros.
Estas ocho casas se encuentran a apenas doscientos metros de las cien que han adquirido el protagonismo de la semana. Se trata de la urbanización Royal Estate, obra y gracia de la empresa Vanguard Investment y del promotor gallego José Manuel Pombo. El problema de este centenar de viviendas sale a la luz cuando un grupo de propietarios denuncia que hace semanas que no saben nada del empresario que les vendió los chalés y que, además, el ayuntamiento no les concede la licencia de ocupación porque la urbanización no está terminada. La publicación de la denuncia hace que otros propietarios se acerquen hasta Olocau preocupados por la noticia y todos juntos se dirigen al consistorio para exigir medidas. El gobierno municipal, casi desbordado por los acontecimientos, muestra su apoyo a los afectados y, de paso, vuelve a señalar al ahora líder de la oposición como parte responsable de su problema.
Según la alcaldesa y Marisa Bou en su papel de concejal de urbanismo, Agustí concedió las licencias de ocupación de los únicos diez chalés habitados de "Royal Estate" a pesar de que la electricidad de sus casas proviene de dos generadores, mientras que la depuradora de aguas, al igual que los generadores, funciona a ratos. También subraya la alcaldesa que la aprobación de este sector se hizo por decreto y de manera irregular, ya que antes de conceder la urbanización a Vanguard Investment la promotora ya estaba construyendo en ellos y había vendido varias decenas de chalés.
En los juzgados
Pero eso no es todo. El juzgado de Llíria investiga la denuncia de dos hermanos con propiedades en el sector quienes aseguraban que la empresa había ocupado ilegalmente sus terrenos. En declaraciones a Levante-EMV, uno de estos dos hermanos asegura que Agustí también tenía suelo en la zona y que se dirigió a ellos para intentar comprarles su parte. Dos días después de estas declaraciones, el ya ex alcalde niega esto último pero sí reconoce que allá por el año 2003 o 2004 vendió sus tierras a la urbanizadora.
Para el actual gobierno, tanto el caso de las ocho viviendas como el de las cien son dos buenos ejemplos de las consecuencias de la política urbanística que ha llevado a cabo el PSPV en Olocau durante veinte años. Pero no son los únicos y fuentes municipales mostraron su temor de que conforme vayan abriendo cajas de expedientes, las sorpresas aumenten. Parece que el tamaño del caos está aún por definir.
* Levante-EMV - Voro Contreras, Olocau - 17 de febrero de 2008
Foto: Olocau (Valencia) - olocau.es
Más de 2.000 personas de “Málaga No Se Vende” se manifiestan en Málaga
DIARIOLATORRE* : Decenas de colectivos ciudadanos, ajenos a los partidos políticos, se echaron a las calles de Málaga desde las 11 horas del sábado, poniéndole un toque de color a una mañana gris. Agrupados bajo un lema común, “La provincia de Málaga No Se Vende, gobierne quien gobierne”, que al mismo tiempo es el nombre de la coordinación que los aglutina y organiza, algo más de 2.000 personas denuncian los perniciosos efectos de un sistema político - económico que no sólo no da soluciones, sino que genera graves problemas ambientales, económicos, laborales, sociales y políticos.
Las decenas de colectivos y asociaciones, así como los ciudadanos/as particulares coordinados en “Málaga No Se Vende”, disfrazados de especuladores y políticos corruptos, escenificando el entierro de nuestro territorio, danzando al son de la batucada o haciendo auténticas preformances, armados de pancartas, carteles, folletos y silbatos han desfilado cual colorido y ruidoso pasacalles por las céntricas arterias de Málaga, atrayendo a propios y extraños, para hacerles llegar un nuevo y fresco mensaje: La ciudadanía puede y debe salir a la calle. La corrupción tiene que dejar de ser referente. La vivienda es un derecho. A la precariedad no hay derecho. El medio ambiente no es un negocio. El agua ni se compra ni se vende, circula…
Los colectivos afirman estar coordinándose tanto en la capital como en la provincia: ciudadan@s y colectivos afectados, para denunciar la especulación con el territorio, la corrupción y la precariedad. Somos l@s hipotecad@s de por vida, l@s estafad@s por inmobiliarias y bancos, l@s que no tenemos acceso a una vivienda digna.
Somos l@s que sólo tenemos acceso a trabajos precarios, con jornadas interminables y sueldos irrisorios. Somos l@s que tras años de desarrollismo salvaje nos hemos quedado sin ríos ni acuíferos, sin zonas naturales y culturales, l@s que estamos quedándonos sin (agri)cultura, identidad y sin espacios públicos (carriles-bici, parques, centros sociales...). Somos l@s que sufrimos la destrucción y la contaminación por las canteras, centrales térmicas, el AVE, las autopistas, a los que pretenden quitarnos el tren, las últimas playas, etc., somos l@s que estamos hart@s de tanto golf y urbanizaciones, “progreso” y beneficio para unos poc@s; hart@s de tanta impunidad y “solidaridad” con empresas inmobiliarias y constructoras, bancos, politic@s corrupt@s y mafias. Somos como tú.
Tras algo más de una hora de recorrido por las céntricas calles y plazas de Málaga, “Málaga No Se Vende” ha tomado la Plaza de la Constitución y tras algunas actuaciones artísticas como una danza para reivindicar la protección del Llano de Matagallar situado sobre el acuífero de Coín, las decenas de colectivos han expuesto de forma breve y concisa el conflicto o conflictos de su territorio más cercano. De este modo, se han denunciado públicamente desde las canteras ilegales que devoran las sierras de Alhaurín de la Torre, hasta el túnel del AVE que desangra el acuífero del Valle de Abdalajís, pasando por las urbanizaciones sobre el acuífero en Alhaurín el Grande, o la imposibilidad de cultivar de los agricultores por el elevado precio del territorio, las centrales térmicas de Campanillas o el Guadalhorce, los tubos de Río Grande, el entubamiento del Guadalmedina, el aislamiento de la Palma – Palmilla, los campos de golf y las urbanizaciones en numerosos puntos de nuestra geografía, las presas y trasvases, y un largo etcétera.
Además de movilizarse, organizarse y denunciar los efectos perniciosos del sistema, esta Coordinación deja abierta la puerta a la esperanza, que no es otra que organizarse y buscar soluciones que nos beneficien a todos, alejados de intereses partidistas y egoístas, mirando hacia un futuro en que todos tengamos los mismos derechos en un mundo verdaderamente sostenible, tanto a nivel productivo, como social, laboral o político.
* DiarioLaTorre - Lina Arlandis - 17/02/2008
Foto: diariolatorre.es
Centenares de personas se manifiestan contra el PGOU de Totana
LAOPINIÓN/Murcia* : Centenares de personas se manifestaron hoy en Totana, bajo el lema "Esto No es Plan. No a la Corrupción", para mostrar su rechazo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio que proyecta el consistorio. Convocados por la plataforma ciudadana "No a Este Plan Urbanístico" de Totana y la coordinadora "La Región de Murcia No Se Vende", los manifestantes, que partieron a las 13 horas del parque municipal Marcos Ortiz, coreaban varias consignas, entre ellas, "gobierne quien gobierne, Totana no se vende", "No crispamos, nos manifestamos" o "si el pueblo no lucha, no se escucha".
Los participantes en la protesta, sobre cuyo número no proporcionaron datos concretos ni la organización ni la Policía Local, recorrieron las principales calles del caso urbano del municipio para finalizar en la Plaza de la Constitución, donde un portavoz de las organizaciones convocantes y vecino de Totana, Ginés Rosa, leyó un manifiesto.
Fuentes de las organizaciones convocantes señalaron que con esta protesta quieren mostrar "su rechazo ante el empecinamiento del equipo de gobierno totanero de llevar a Murcia el PGOU para su aprobación definitiva, pese a que actualmente algunos convenios urbanísticos están siendo investigados por la justicia".
Añadieron que se trata de "un acto no partidista, de iniciativa ciudadana", y quiere ser "un ejemplo de convivencia cívica y democrática, de apoyo a la actuación de la Justicia, y un alegato en defensa del patrimonio ético, natural y cultural".
Asimismo comentaron que "una gran parte de la población murciana esta harta y siente la necesidad de condenar públicamente el comportamiento incorrecto de un buen número de sus gobernantes, por aprovecharse de sus cargos públicos en beneficio propio y por insistir en un modelo de desarrollo insostenible, basado en el urbanismo salvaje".
Por su parte, el PP de Totana, que gobierna en ese municipio, señala en un comunicado de prensa que la manifestación, "apenas secundada por un total de 300 personas", ha sido otra "pantomima política más" de este colectivo ciudadano.
Se pregunta "por qué no ha elegido para su convocatoria el municipio de Los Alcázares, también investigado por la Justicia; o Jumilla y La Unión, donde existen convenios suscritos para construir miles de viviendas y urbanizaciones con resorts".
Asimismo, indica que esta plataforma en Totana, "como ya hiciera en la última campaña electoral, se vuelve a convertir en un claro y evidente órgano de instrumentalización política al servicio de PSOE e IU".
Acusa a PSOE e IU en Totana de "entender sólo los mecanismos de participación ciudadana y el ejercicio de la democracia cuando las iniciativas vecinales y sociales son acordes a sus objetivos políticos e intereses electorales, despreciando de forma ruin aquellas otras que no les son favorables, aunque sean igual de legítimas y más multitudinarias".
En el citado comunicado, el PP de Totana apunta que el programa electoral en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio "fue en su día abierto, concreto y conciso, y pudieron conocerlo todos los ciudadanos", y afirma que ha mantenido "el mismo posicionamiento al respecto desde el primer día, y los vecinos ya se manifestaron al respecto".
* La Opinión de Murcia - EFE - 16 de febrero de 2008
Foto: manifestación en Totana - laopiniondemurcia.es
Los mejores (y peores) espacios urbanos
JUAN FREIRE* : ¿Cómo diseñar y crear un buen espacio público? Parece que no existe una receta basada en la planificación ni el laissez-faire conduce, necesariamente, a buenos resultados. Pero si la teoría tiene una utilidad limitada, ¿por qué no acudir al método inductivo? En lugar de construir una gran teoría de los espacios públicos, identifiquemos los casos positivos y negativos y las causas de su éxito o su fracaso. Hasta ahora este método de "ingeniería inversa" estaría reservado a los expertos (los mismos que no han logrado establecer "la gran teoría"). Pero ahora, la web 2.0 pone en mano de los ciudadanos interesados herramientas para contribuir a esta tarea.
De este modo, no es descabellado que los ciudadanos identifiquen espacios públicos que valoran positiva o negativamente, los cataloguen y discutan y construyan un catálogo de principios y factores que determinan el éxito o fracaso. Este tipo de herramientas pueden ser de enorme utilidad para los políticos, gestores y diseñadores, muchos de los que defienden la "participación ciudadana", aunque por el momento permanecen sólo en el plano de las posibilidades no realizadas.
Algo así han pensado diferentes bloggers ocupados con las ciudades y la arquitectura que han lanzado dos proyectos paralelos. Se han convertido en proyectos globales pero podrían ser el germen de un proceso que se aplique en las más diversas geografías urbanas. Andrew Hudson-Smith propuso en noviembre de 2007 en su blog Digital Urban desarrollar un libro colaborativo acerca de los World's Worst Urban Places and Spaces. Proponía un libro crowdsourced y auto-publicado que se organizaría alrededor del grupo de Flickrdel mismo nombre. A principios de febrero contaba con (¿sólo?) 75 fotografías y 48 usuarios, acompañadas de descripciones de los espacios y de las razones para su inclusión. Este blog ha servido de diario de los espacios propuestos.
Los casos van desde los edificios "singulares" a interiores de edificios o, más generalmente, paisajes urbanos en los que la combinación de abandono, mal diseño y peor construcción produce resultados deplorables. Tomando algunos ejemplos, nos encontramos con este edificio para la ventilación de un tunel en el norte de Liverpool o con este paisaje en Blackburn, Lancashire, en el noroeste de Inglaterra.
Como respuesta a este proyecto, en Diciembre arrancaba otro proyecto dedicado a aplicar la misma metodología para documentar los mejores espacios urbanos. Sus iniciadores fueron Dan Hill, como anunció en Cityofsound,y Russell Davis. Proponían que la propia definición de lo que es un buen espacio o lugar público fuese construida también por los participantes. En lugar de pensar en un libro como objetivo final, algo que en todo caso no han descartado, proponían utilizar los materiales para crear una serie de panfletos en los que involucrarían a algunos diseñadores. Así crearon el grupo en FlickrWorld's Best Urban Spaces & Places que, a principios de febrero, contaba con 292 fotos realizadas por más de 100 participantes. Las imágenes seleccionadas son, como en el caso de los peores espacios, de lo más diverso (y discutible) incluyendo desde graffitis a rascacielos, pasando por casos más habituales como los de estos ejemplos.
Hace unos días Dan Hill anunciaba (Best Urban Places and Spaces: Update; este post incluye un navegador para ver todas las imágenes) que el el plazo de presentación de fotografías finalizó en Enero. Parece que los resultados han sido positivos por lo que los iniciadores del proyecto se encuentran ahora realizando la selección para la edición de un libro.
Estos dos proyectos son interesantes por si mismos pero sobre todo como modelo alternativo de debate y construcción de conocimiento alrededor de los espacios públicos en los que los usuarios pueden participar activamente. La calidad de las propuestas dependerá en gran medida de la capacidad de convicción de los "promotores" que, a su vez, se convierten en comisarios encargados de filtrar y organizar los contenidos y el conocimiento generado. Por supuesto este proceso curatorial no estará libre de polémicas, pero el modelo permite una gran flexibilidad en la definición de los papeles de los expertos y los usuarios. Todo lo contrario a lo que sucede habitualmente cuando se debate sobre espacios públicos o se planifica una ciudad.
* Juan Freire, científico, emprendedor, profesor universitario, blogger y explorador de la interacción entre el mundo urbano, las redes sociales y los espacios digitales. Más en http://nomada.blogs.com/.
* ADN - Opinión - Ciudades Enredadas - 14 de Febrero de 2008
La Fiscalía acusa al alcalde de Tolox de 23 delitos urbanísticos
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LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera, de un total de 23 delitos contra la ordenación del territorio. Estos casos se refieren a las licencias de obra que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable. Vera (Convergencia Andaluza) se enfrenta a una pena de dos años de cárcel en catorce casos, y de un año en nueve, además de inhabilitación en el cargo público de hasta diez años, según confirmaron fuentes judiciales.
En estas piezas urbanísticas también están acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico del Ayuntamiento, que supuestamente habría asesorado al regidor para autorizar las actuaciones, pese a no ajustarse a la legalidad urbanística.
También en algunos casos está acusada la secretaria municipal, que habría informado favorablemente de las licencias de obra.
En los escritos de acusación se acusa a alcalde de otorgar los permisos "con infracción manifiesta de la normativa urbanística aplicable con carácter preceptivo, ante la ausencia de un PGOU en la localidad".
Precisamente el regidor se ha escudado en la ausencia de un plan urbanístico para justificar los permisos de obra. La Ley Urbanística de Andaluza establece que en los municipios sin PGOU se considerarán suelo urbano aquellas parcelas con los servicios básicos para acoger una futura promoción residencial. Según Vera, los terrenos donde se proyectan las viviendas cuentan con esos requisitos, como canalizaciones de agua y de saneamiento y suministro eléctrico.
En cambio, la Fiscalía entiende que se trata de suelos rústicos y que la dotación de servicios ha sido posterior a la autorización de los permisos para urbanizar.
Las obras de las viviendas fueron paralizadas por un juzgado de Coín. Sólo dos de las 23 promociones están terminadas. No obstante, el Ministerio Público solicita a la Junta que tramite el procedimiento de restauración del orden jurídico perturbado, incluyendo el derribo. La responsabilidad civil también recoge el pago de indemnizaciones a terceros, como propietarios de buena fe.
Los casos contra el alcalde se abrieron a raíz de dos denuncias que interpuso la Fiscalía de Medio Ambiente en 2006.
2.000 viviendas que triplican la población
El municipio de Tolox, ubicado en la Sierra de las Nieves, apenas alcanza los 2.400 habitantes. Así, las 23 promociones para construir más de 2.000 viviendas supondría triplicar la población de una localidad pequeña. Por esta razón, la Junta de Andalucía vio inviables los proyectos, pues consideró que se levantaban en zonas verdes, e impugnó las licencias de obra, que fueron aprobadas por el alcalde con los informes favorables del arquitecto municipal.
Pero la posición de la administración ha cambiado en varias ocasiones. A mediados de 2007 emitió un informe que abría la posibilidad de que parte de los inmuebles se legalizara, al localizarse en suelos con características de ser urbanos. Meses después, otro dictamen volvía a insistir en la ilegalidad de las actuaciones, lo que dio a la Fiscalía vía libre para acusar al alcalde.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 16 de febrero de 2008
Foto: Tolox. Las obras de las 2.000 viviendas se han paralizado /laopiniondemalaga.es
Prisión para un aparejador municipal de Arona por cohecho y prevaricación
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CANARIASAHORA* : Un arquitecto técnico ha ingresado en prisión sin fianza, mientras que otro la puede eludir si paga una fianza de 80.000 euros, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arona (Tenerife) les imputase el viernes por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Así lo informó este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, después de que los arquitectos técnicos Roberto de Luis y Zenón Rodríguez, que fueron detenidos el jueves por su posible implicación en una presunta corrupción urbanística en Arona, declarasen el viernes ante el juez Nelson Díaz Frías.
Roberto de Luis Jiménez está imputado por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, y, según se indica en un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza.
Zenón Rodríguez Neris, que está imputado por cohecho y tráfico de influencias, ha ingresado en prisión provisional comunicada eludible bajo fianza de 80.000 euros.
Los imputados comenzaron a prestar declaración a las 11-00 horas del viernes, y terminaron a las 23.30 horas.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias recuerda que el caso está bajo secreto de sumario.
Roberto de Luis trabaja desde hace más de 20 años en la oficina técnica del Ayuntamiento de Arona, mientras que a Zenón Rodríguez no se le conoce vinculación directa con el consistorio.
La Guardia Civil registró el jueves varias oficinas en la capital tinerfeña para incautarse de diversa documentación.
En relación con este caso, el juez mantiene detenidos al arquitecto municipal de Arona Eliseo de La Rosa, que ya ha sido cesado de su cargo, y al empresario Arsenio Zamora.
A Zamora y de la Rosa se les acusa de cohecho, prevaricación, extorsión y se investigan supuestos cobros de comisiones a cambio de licencias urbanísticas a raíz de la declaración de un testigo.
Esta causa judicial se inició a principios de 2007 a raíz de una denuncia del Ministerio Fiscal contra el actual alcalde de Arona, José Alberto González, de Coalición Canaria, y siete ediles de la Junta de Gobierno del mandato 2003-2007.
Los miembros de dicha Junta permanecen imputados por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio por la sistemática concesión de licencias urbanísticas que vulneraban la Ley, así como por la adjudicación de obras y de servicios a dedo.
La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Tenerife presentó en 2006 una denuncia contra Roberto de Luis por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios contra él y su sobrino J.A.M, quien igualmente ha declarado como testigo en el caso que instruye Nelson Díaz Frías.
* Canarias Ahora - EFE - 16/02/2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Almería vuelve al punto de mira de las ilegalidades urbanísticas de la mano del Gran Plaza de Roquetas
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TELEPRENSA* : La dirección de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía ha requerido del Ayuntamiento de Roquetas de Mar el ejercicio de competencias de disciplina urbanística sobre el Centro Comercial Gran Plaza por haber construido una superficie de 180.016 metros cuadrados cuando legalmente sólo podía hacerlo sobre 93.980.
La Junta advierte que se trata de una infración grave, pero de grave a muy grave tipifica el acuerdo por el que se informa favorablemente el proyecto de ejecución, el referente a la licencia de obras y las de primera ejecución, advirtiendo que además de resultar contrarios a derecho “por habilitar para construir mayor aprovechamiento del realmente permitido por el planeamiento vigente en el momento de dictar dichos actos, deviene en nulos-a su vez- por anulación a su vez de la disposición general que les daba cobertura”.
La investigación sobre el presunto fraude urbanístico cometido en Gran Plaza, iniciada a raíz de la denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias de Roquetas, obliga al Ayuntamiento de la localidad a actuar de oficio y sin posible escapatoria sobre las infracciones cuya comisión permitió y sobre los acuerdos que se aprobaron en comisiones o plenos y que tengan que ver con la construcción del centro comercial.
El escrito dirigido al Ayuntamiento a cuyo frente está Gabriel Amat, presidente del PP en Almería, tiene fecha del 14 de diciembre, pero no fue registrado en su destino hasta el dos de enero. A partir de esa fecha cuenta con un plazo de tres meses para regularizar la situación y comunicar las medidas correctoras a la inspección urbanística de la Junta. De no se así, sería el propio organismo de Ordenación del Territorio quien podría actuar de forma directa, tal y como sucedió en Marbella.
La situación se presenta en estos momentos extremadamente complicada para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ya que un ente superior en materia urbanística le señala como responsable de la ocupación de dominio público previsto como viario, espacios libres y equipamientos públicos, de permitir una edificación que multiplica la que realmente podría haber ejecutado y, además, anula las licencias y acuerdos por haber sido aprobadas al margen de la ley.
Esta situación no tiene nada que ver con el pleito entre Junta de Andalucía y Gran Plaza que casi provoca su cierre hace un año, ya que en aquella ocasión el litigio se centraba en la ilegalidad de la licencia como gran superficie comercial, cuando ahora se habla de la ilegalidad de la construcción en si.
El Ayuntamiento, bajo clara sospecha en estos momentos, tiene además pendiente de aprobación su Plan General de Ordenación Urbana, que podría verse retrasado por la aparición de estas supuestas ilegalidades detectadas desde la inspección urbanística, ya que según el requerimiento de medida de restauración de legalidad y revisión de oficio ni son legales los acuerdos que permitieron la edificación del parque comercial ni el inmueble en si. También se cruza en el tortuoso camino roquetero el deslinde del que depende la conservación de las viejas Salinas como espacio libre protegido por el dominio público marítimo terrestre, mientras que la intención del consistorio es aprobar una urbanización de miles de viviendas en esa área.
Manos limpias apunta hacia intereses especulativos
ROQUETAS DE MAR.- El colectivo de “Manos Limpias en el Urbanismo de Roquetas” denunció en los medios de comunicación que en la construcción del Centro Comercial construido por Tomás Olivo en Roquetas de Mar se habían producido numerosas irregularidades ya que se había construido mas de cuatro veces lo permitido (el P:G:O:U permitía 41.216 m2 y se habían realizado realmente 180.010 m2) . Tomás Olivo se habría podido ahorrar en ésta operación urbanística , en perjuicio de las arcas Municipales , mas de 59 millones de Euros gracias a la vista gorda de los responsables Municipales, pero además del dinero no ingresado para la realización del centro Comercial tendría que haber comprado para su construcción alrededor de 300.000 metros cuadrados de terreno mas que los que realmente adquirió, terreno donde en la actualidad si se llegan a cumplir las normas urbanísticas existirían 300.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres y además no satisfechos con ésta situación el Ayuntamiento le reconoce 10.300 unidades de aprovechamiento urbanístico al considerarse que ha construido de menos en la realización del centro Comercial y por éste motivo se le compensa para que pueda construirlos en otros sectores, operación valorada en mas de 9 millones de Euros.
Con el dinero dejado de percibir se podrían haber realizado infinidad de infraestructuras tan necesarias en nuestro Municipio: Adiós para siempre al problema de las aguas residuales, realización de pistas deportivas en todos los barrios, construcción de viviendas para jóvenes, asfaltado de caminos rurales así como gran cantidad de Parques y jardines beneficiosas para todos los vecinos y un largo etcétera pero no ha sido así aquí se beneficiaron unos pocos en perjuicio de todo nuestro pueblo.
Pues bien a nuestra denuncia el Sr. Alcalde de Roquetas y Presidente del PP en Almería nos contestó que no teníamos ni idea intentando descalificarnos personalmente.
Posteriormente nuestro colectivo denunció el echo ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, llegando el asunto hasta el Sr. Director General de Inspección de Ordenación del Territorio, quien una vez estudiado el caso remite un escrito al Ayuntamiento de Roquetas (que adjuntamos) donde manifiesta justo lo que nosotros denunciamos es decir que en la Construcción del Centro Comercial “ se han contravenido las condiciones de la licencia obtenida por la materialización y patrimonialización de un aprovechamiento urbanístico superior al que tiene derecho su propietario . De tal forma que la obra así ejecutada tiene la consideración de infracción Urbanística Grave”, por lo que todos los acuerdos realizados en el Ayuntamiento de Roquetas además de resultar contrarios a derecho deberían ser declarados Nulos y especifica además que se ha ocupado el dominio público previsto en el Planeamiento vigente como viarios espacios libres y equipamientos públicos.
Una vez los responsables del Ayuntamiento de Roquetas realizan actos que perjudican a todos los vecinos para beneficiar intereses especulativos en nuestro pueblo, Hasta cuando ésta situación.
+ Teleprensa - 16 de Febrero de 2008
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - teleprensa.net
Asturias: Los arquitectos se 'suben' a las torres
LAVOZ* : Las torres de Poniente, proyectadas por Jerónimo Junquera para liberar la barrera ferroviaria de Gijón, son necesarias y resuelven un problema urbanístico de la ciudad; el proyecto de Patxi Mangado para el barrio de San Lázaro de Oviedo está en armonía con la zona, y las 22 plantas del edificio no son excesivas en relación con las casas adyacentes; por el contrario, la propuesta de Santiago Calatrava de construir tres torres de 133 metros en la parcela de El Vasco es inadecuada para la zona y no se ajusta al entorno, tan próximo al casco histórico.
Esta es la opinión de varios arquitectos consultados por LA VOZ DE ASTURIAS para conocer su valoración profesional sobre las edificaciones en altura que se están haciendo en el Principado.
Alfonso Toribio, arquitecto y presidente de Tribuna Ciudadana, considera que "en Gijón no se ha caído en la trampa de arquitecto de fuera, que sale en las revistas del corazón, sino que se ha elegido a Junquera, que es español y tiene un magnífico equipo. Además, su propuesta es muy buena para la ciudad". Respecto al proyecto de Patxi Mangado, Toribio asegura que "tiene una virtud evidente: cumple el plan de ordenación urbana de Oviedo. Representa una estética tranquila, que ni deslumbra ni molesta".
Al arquitecto, en cambio, las torres de Calatrava le parecen "absolutamente indefendibles. Están fuera de escala. Cada vez que entro en Oviedo desde la autopista pienso: Qué suerte tenemos de que la silueta de la ciudad sea la Catedral. Si el proyecto sigue adelante, éso lo vamos a perder". Otra objección que Alfonso Toribio pone al proyecto de Santiago Calatrava es que "entra en la ciudad como un elefante en una cacharrería, sin acomodarse al entorno, como sería lo correcto". Finalmente, el urbanista considera que "Calatrava no es el arquitecto adecuado para trabajar dentro de una ciudad".
Su colega Víctor García Oviedo considera que las torres de Junquera "ayudan a solventar un problema real que tiene Gijón. Además, estarán edificadas sobre suelo público, de tal manera que la obra se autofinanciará".
Respecto a los proyectos de torres en Oviedo, el arquitecto hace una consideración: "Es necesario --asegura-- tener en cuenta que Oviedo no es sólo un municipio, sino también la capital de Asturias. Por lo tanto, el Ayuntamiento y el Principado deberían ponerse de acuerdo en el modelo de capital que se quiere para Asturias". Analizado el problema desde esta perspectiva, García Oviedo opina que "es posible que las torres de Mangado encajen, pero el proyecto de Calatrava clama al cielo, es una frivolidad absoluta de un arquitecto que cree que la ciudad está para construir sus monigotes. Ni encajan en el lugar, ni responden a un proyecto beneficioso para la ciudad".
Para el arquitecto Arturo Gutiérrez de Terán, "las torres de Gijón se plantean para financiar una operación pública, lo que me parece defendible, y están en una parte de la ciudad en la que pueden resultar coherentes. Por el contrario, los proyectos de Oviedo se plantean con menos claridad y para abordar planteamientos privados, sin olvidar que uno de ellos está en zona monumental".
Por su parte, el urbanista Marcos Espina subraya que "las torres de Junquera, en Gijón, liberan mucho espacio que recupera la ciudad". Para Marcos Espina, "el convocar un concurso de ideas era conveniente, teniendo en cuenta que la entrada de Gijón va a sufrir una transformación notable". En cuanto al proyecto de Mangado, Espina asegura que "no se pueden calificar como torres. Son edificios altos que liberan espacio en una zona, como es el barrio ovetense de San Lázaro, que necesita una reordenación general". El arquitecto destaca que "la obra de Patxi Mangado puede ayudar a resolver los problemas urbanísticos del barrio".
Distinta opinión le merecen a Marcos Espina las torres de El Vasco. Para el urbanista, las torres son "inoportunas por dos razones: en primer lugar, construir tres torres de 130 metros a tan poca distancia del casco medieval que forman la Catedral y las murallas alfonsinas; y, en segundo lugar, el proyecto rompe la silueta de la ciudad y distorsiona la relación visual entre la catedral y la iglesia de San Julián".
Por su parte, el arquitecto gijonés Jovino Martínez Sierra considera que las torres de Poniente "responden a un proyecto de calidad y liberan mucho espacio público. En cualquier caso, el trabajo de Jerónimo Junquera sera positivo sólo si la calidad arquitectonica final es buena y responde al planteamiento urbanístico adecuado".
Para Martínez Sierra, la idea de Mangado para San Lázaro "parte de un buen posicionamiento, al hacer un edificio en altura". Respecto a las torres de Calatrava en El Vasco, el urbanista comenta que "el lugar es mucho más conflictivo y no me parece un buen posicionamiento". Aún más lacónico es cuando se le pregunta por el autor del proyecto, afirmando que "No me interesa la arquitectura de Calatrava".
* La Voz de Asturias - 16/02/2008 - BERNARDO SOLIS
Foto: Proyecto de Junquera para Poniente, en Gijón / JOSE VALLINA, lavozdeasturias.es
"España es el país de la UE con más casas vacías"
ADN* : "Pese a que la Constitución [española] reconoce la vivienda como un derecho básico, en realidad actualmente está considerada como una simple mercancía que se compra y se vende". El relator de la ONU en asuntos de Vivienda, Miloon Kothari, ha llegado a esta conclusión después de su visita de 10 días por España a finales de 2006, según se refleja en el primer borrador del informe que este miércoles presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Más del 60% de las denuncias por abusos urbanísticos que llegaron a la UE en el primer trimestre de 2006 procedían de España.
Pese a admitir los "progresos" de las políticas y legislaciones de las administraciones central y autonómicas -dedica especiales elogios a la política de vivienda de protección vasca y a la nueva legislación catalana pero critica la política de Mallorca-, el relator presenta España como el país donde más viviendas vacías hay en toda la Unión Europea (un 15% del total) y donde, paradójicamente, los precios de la vivienda suben también al mayor ritmo.
El borrador, de 35 páginas, dedica capítulos completos a la "especulación", la "corrupción" y el "mobbing". Sin pelos en la lengua, el relator desgrana una situación que la inmensa mayoría de los españoles ya conoce o sufre, pero que adquiere mayor relevancia al ser denunciada desde un organismo dependiente de la ONU.
Los precios Madrid y Barcelona se han más que doblado en los últimos diez años; eventos como los Juegos Olímpicos, el turismo y las segundas residencias han alimentado la especulación y el excesivo incremento de los precios; entre 1998 y 2005 el precio del suelo aumentó un 500% y en menos de un año hay quien ha obtenido un 846% de beneficios especulando con terrenos en proceso de recalificación; en cuatro años Mallorca ha modificado 227 planes urbanísticos; 15 de las 24 denuncias por abusos urbanísticos llegadas a la UE en el primer trimestre de 2006 venían de España...
El relator pide mayor "intervención estatal"
Éstos son algunos de los ejemplos puestos por el relator en el borrador de su informe para demostrar como el problema de la vivienda amenaza ya a las "clases medias" -con especial afectación sobre jóvenes, mujeres, immigrantes o ancianos- y por los cuales reclama una "intervención estatal sobre el mercado".
El borrador destaca que una de las causas del problema de la vivienda es que tradicionalmente el mercado e impuestos españoles han favorecido la compra por encima del alquiler y considera "insuficiente" la creación de la Sociedad Pública de Alquiler para darle la vuelta a esta situación.
En el lado positivo, el relator aplaude los progresos que supone la creación de un Ministerio de la Vivienda en 2004, el Plan Vivienda 2005-2008, en Cataluña la creación de la Ley del Derecho a la Vivienda que penaliza a los propietarios con viviendas vacías y también la política de vivienda protegida (VPO) del País Vasco, donde una de cada tres viviendas iniciadas en 2005 era de protección frente a una de cada trece para el conjunto de España.
* ADN - J. Albarrán Bugié - 15/02/2008
Foto: El relator de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, durante su visita a España a finales de 2006 / adn.es
El medio centenar de campos de golf en proyecto suma más de 30.000 viviendas
ELPAÍS/Andalucía* : El decreto sobre campos de golf aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno aclara el panorama normativo y el procedimiento a seguir para la implantación de estas instalaciones en Andalucía, pero no garantiza que desaparezca la controversia sobre cuántos más son justificables y cuántos se van a autorizar.
Actualmente existen entre 50 y 60 proyectos de implantación de nuevos campos de golf en la comunidad autónoma, todos ellos con urbanizaciones vinculadas que sumarían del orden de no menos de 30.000 viviendas, según resulta de consultas realizadas a las distintas organizaciones empresariales.
En estos momentos hay ya en construcción una docena de campos de golf con urbanizaciones que estaban contempladas en los planes urbanísticos vigentes con unas 12.000 casas.
Este medio centenar de nuevos proyectos se encuentra en distinto grado de madurez y en todo caso a partir de la entrada en vigor del decreto deben empezar su tramitación desde cero como campos de interés turístico.
El decreto contempla tal categoría para aquellos campos que por su excelencia medioambiental y deportiva y su capacidad de atracción turística y siempre que cumplan determinados requisitos al respecto, puedan tener desarrollos urbanísticos vinculados. La declaración de un proyecto de interés turístico corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta y la Consejería de Obras Públicas se reserva la potestad de fijar el número de viviendas permitidas en cada caso.
Hace dos años, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) tenía constancia de 150 proyectos de campos de golf, cifra que incluía desde meras declaraciones de intenciones hasta proyectos cerrados. Según la CEA y la Asociación de Empresarios de Turismo Residencial, Promotur, se mantienen en pie entre 50 y 60 proyectos, todos ellos con la aspiracíón de ser declarados de interés turístico. Para los empresarios, la construcción de un campo de golf sólo es rentable si va aparejada de desarrollos residenciales. Ambas organizaciones estiman una media de unas 600 viviendas por cada uno de estos proyectos, con lo que cabe hablar de una horquilla de entre 30.000 y 40.000 viviendas.
Baltasar Fernández Ávila, representante de la CEA en la Mesa del Turismo, advierte de que la recesión en el sector inmobiliario podría hacer desistir a algunos.
Los empresarios temen por los plazos. Según Fernández Ávila, dadas las exigencias de la norma, en el mejor de los casos un proyecto que pudiera cumplir los requisitos y presentar su solicitud ya en el segundo semestre de este año no podría empezar a ejecutarse hasta al menos dentro de dos años.
Pero además, el decreto obliga a que los campos de interés turístico estén recogidos en los planes subregionales de ordenación urbanística y hay muchas comarcas andaluzas de interés para los promotores de golf donde no hay previsto plan territorial. En ese caso habría que hacerlo, y la experiencia dice que algunos de los ya aprobados han tardado hasta siete años en elaborarse.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 15/02/2008
Foto: Golf_y_urbanización - ecologistasenaccion.org
Menos promesas, más realidades
JUAN CLAVERO SALVADOR* : La credibilidad de los partidos políticos y de los mismos políticos se pone en cuestión cada vez que llegan unas elecciones y prometen lo que no han hecho cuando han gobernado, o lo que no piensan hacer. Ahora toca ser ecologistas, y la mayoría de los partidos políticos incluyen en sus programas alabanzas al desarrollo sostenible y a la defensa de nuestros espacios naturales y de nuestra biodiversidad, cuando en la práctica, con excepciones tan honrosas como escasas, en las administraciones que gobiernan, se lanzan a políticas tan desarrollistas como ambientalmente insostenibles.
Los mismos partidos que aseguran en sus programas que defienden una movilidad sostenible, que van a luchar contra el cambio climático, que van a promover la peatonalización de las ciudades, el uso de la bicicleta y del transporte público, no paran de presionar para que se construyan más y más autopistas y aparcamientos subterráneos, llegando a presentar como uno de los logros políticos de su gestión los kilómetros de autovías construidos o el número de plazas de aparcamientos creadas.
Los mismos que denuncian la especulación en ciudades ajenas, promueven en las propias los convenios urbanísticos -auténtico cáncer generador de corrupción-, y los consabidos campos de golf con macrourbanizaciones, políticas que están destruyendo la ciudad compacta mediterránea, generando unos impactos ambientales, sociales y económicos irreversibles.
Los mismos que dicen que van a promocionar las energías alternativas, apoyan a las grandes multinacionales -autóctonas o extranjeras- que construyen centrales térmicas -en Cádiz tenemos ya cinco- que vomitan millones de toneladas de CO2, el principal gas generador del efecto invernadero.
Los mismos han reclamado insistentemente las competencias sobre el agua, terminan por actuar igual que en el franquismo, basando su política en ofertar más y más agua -pantanos, trasvases y desaladoras- para seguir despilfarrándola sin asumir que se trata de un recurso escaso que hay que administrar bien para garantizar el suministro ahora y en el futuro, y la calidad ecológica de ríos, acuíferos, lagos y mares.
Los ecologistas hemos presentado a todos los partidos políticos un Programa por la Tierra, que incluye propuestas para impulsar el camino hacia la sostenibilidad en España, esto es, garantizar una calidad de vida adecuada para todos y todas, sin hipotecar los derechos de las generaciones futuras, y asegurando una efectiva conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. El Programa por la Tierra tiene como objetivo alimentar el debate ambiental en la próxima campaña electoral. También servirá como referente para valorar los avances del futuro Gobierno de España en materia medioambiental.
En esta legislatura que termina se han producido avances legislativos importantes, pero ahora es el momento de llenar de contenido esos conceptos y de plasmar en la realidad lo ya conseguido sobre el papel. En el Programa por la Tierra analizamos todos los sectores que consideramos relevantes para el medio ambiente y desgranamos una serie de propuestas de acción concretas para cada uno de ellos. Si en los últimos años hemos conseguido que el discurso ambiental forme ya parte habitual del debate político, es ahora el momento de la acción. Vivimos tiempos importantes en los que deben establecerse ya las bases de un cambio necesario y urgente. La próxima década es clave y no hay espacio para la pasividad. Por ello, esperamos que las propuestas ecologistas formen parte esencial del debate que viviremos las próximas semanas, pero también queremos que no se quede en mera palabrería, en recetas que se repiten campaña tras campaña electoral.
Las medidas que proponemos para una política sostenible son:
1- Reducir las emisiones de CO2 cumpliendo los compromisos acordados por la Unión Europea para 2020 y 2050, impulsando una Ley contra el Cambio Climático.
2- Reducir de forma masiva el consumo energético, entre otras medidas, impulsando una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética.
3- Apoyar y apostar por un crecimiento rápido de la energía limpia, en particular, promoviendo una Ley de Energías Renovables.
4- Restringir el uso del automóvil, fomentar el transporte público y obligar a desarrollar Planes de Movilidad Sostenible, entre otras medidas, con una Ley de Movilidad Sostenible.
5- Establecer medidas efectivas para reducir la generación de residuos.
6- Educar a los niños y jóvenes en los colegios sobre los efectos del consumismo para el entorno y la sociedad, así como fomentar una educación hacia la austeridad.
7- Garantizar que las compras de todo tipo de bienes que se realicen con dinero público respondan a estrictos criterios ecológicos y sociales, eliminando totalmente la madera procedente de la tala ilegal.
8- Reducir drásticamente el uso de los productos químicos en la agricultura.
9- Luchar de forma efectiva contra la especulación y la corrupción urbanística, incentivando el alquiler y la rehabilitación de viviendas frente a la compra y la nueva construcción.
10- Recuperar todos los acuíferos, cerrando las extracciones ilegales y asegurar caudales ecológicos para todos los ríos.
11- Dar un impulso real a la red europea de espacios naturales Natura 2000, aprobando la composición definitiva, tanto terrestre como marina, y garantizar su adecuada financiación y gestión.
12- Defender el mar creando una red de espacios protegidos coherente, integrada y bien gestionada, que incluya áreas tanto litorales como oceánicas.
Los ecologistas no creemos en promesas, analizamos y valoramos los hechos. Ya no nos queda mucho tiempo.
* JUAN CLAVERO SALVADOR, DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
* La Voz Digital - Opinión - 09.02.2008
La verdadera historia de la urbanización ilegal en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
ECOLOGISTASENACCIÓN/Almería* : Para entender lo sucedido con la macro urbanización de Marina de Agua Amarga en el Parque Natural de Cabo de Gata, ahora ilegalizada por el Tribunal Supremo, hay que remontarse a 1995, momento de elaboración del proyecto, que coincide con el de la elaboración de las Normas Subsidiarias de Níjar y de los personajes implicados en ambas.
El Ayuntamiento de Níjar, entonces presidido por el socialista Joaquín García Fernández, recurrió en 1996, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, que aprobó definitivamente la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Níjar, con excepciones y modificaciones, obligando al Ayuntamiento de Níjar a incluir y respetar las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) realizada por la Delegación de Medio Ambiente.
El propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se queja en su sentencia de que la Junta de Andalucía no cuestiona el carácter urbano o urbanizable de los terrenos en relación con el PORN y que no aporta la cartografía del Parque, lo cual no le impide confirmar casi en su totalidad las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), anulándola sólo en cuanto a las actuaciones denominadas Hortichuelas UE-HO-1, 3 y 4, Pozo de los Frailes SAU-PF-3, Agua Amarga SAU-AA-5, San José SAU-SJ-5.
La Junta recurrió esta sentencia del TSJA ante el Tribunal Supremo que, revocándola, ha confirmado las determinaciones de la DIA respecto a las actuaciones denominadas Hortichuelas UE-HO-1, Pozo de los Frailes SAU-PF-3, Agua Amarga SAU-AA-5 y San José SAU-SJ-5. Y si no ha confirmado también las determinaciones sobre Hortichuelas UE-HO-3 y 4 es porque la propia Junta ha afirmado el carácter urbano de estos suelos, entre otras, mediante comunicación del Delegado Provincial de Medio Ambiente al de Obras Públicas en octubre de 1996.
Frente a estas sentencias que velan por la preservación medioambiental, nos encontramos con la permisividad del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Níjar y de la Consejería de Medio Ambiente, que durante todos estos años han tolerado, cuando no alentado, la construcción en terrenos que gozan de protección, utilizando el nuevo PORN, recién aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para legalizar las infracciones cometidas.
Un buen ejemplo lo tenemos en el área habitada preexistente de La Joya de Agua Amarga donde se están construyendo casas de nueva planta y hasta con varias alturas, aún cuando en el PORN vigente, y ratificado en la sentencia del TSJA, sólo se permite la rehabilitación, siempre que no suponga modificación alguna de volumen construido ni elementos arquitectónicos ni estéticos.
O el muy conocido caso de la macro urbanización, Marina de Agua Amarga, SAU-AA-5, que cuenta hasta con Plan Parcial, a pesar de proyectarse sobre terrenos de alto valor ecológico, finalmente reconocido así por el Tribunal Supremo.
Recordar, también, que la DIA y la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Níjar fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia no sólo por el Ayuntamiento de Níjar, sino por varios propietarios y promotores, entre los que se encuentran los de Marina de Agua Amarga, obteniendo sentencias favorables que anulaban parcialmente la DIA y declaraban urbanizables diversos terrenos protegidos dentro del Parque Natural, y entre ellos los de Marina de Agua Amarga.
Sin embargo, ninguna de estas sentencias que permitían la urbanización de terrenos protegidos fue recurrida por la Junta de Andalucía, sólo recurrió la planteada por el Ayuntamiento de Níjar. ¿Por qué?
La respuesta es muy sencilla. En los otros pleitos sólo estaban personados los promotores y la Junta de Andalucía, no había ningún tercero o asociación ecologista que tuviera acceso y controlara el desarrollo y defensa que se hacía en los mismos. Mientras que en el promovido por el Ayuntamiento de Níjar sí estaba personado el movimiento ecologista, a través de un conocido conservacionista del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, dado que en la fecha de interposición del recurso (1996) no existía como tal asociación Ecologistas en Acción.
Por tanto, el mérito de que finalmente se puedan preservar las 48 hectáreas sobre las que se proyecta ejecutar Marina de Agua Amarga, y el resto de los terrenos cuya protección ha sido igualmente convalidada por los tribunales, no corresponde a la Sra. Consejera de Medio Ambiente, que no ha contribuido en absoluto a tal logro sino, antes al contrario, ha entorpecido todo lo posible su consecución, sino al movimiento ecologista, a Ecologistas en Acción-Almería y a las personas a él vinculadas que, paradójicamente, están sufriendo el acoso y la persecución personal de las diferentes administraciones, por no cejar en su empeño de defensa del medio ambiente y el territorio.
Más información: Igor Parra Tlfno: 950-132285
* Ecologistas en Acción - Almería 12 de febrero 2008
Foto: aguamarga - parquenatural.com
La Viñuela: Pagos libres y voluntarios sin base jurídica que los sustenten
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LAOPINIÓN/Málaga* : Juristas opinan que el supuesto impuesto voluntario para legalizar viviendas de La Viñuela carece de resorte legal, por lo que no tiene validez jurídica, y recuerdan que las compensaciones para normalizar inmuebles se marcan en los planes urbanísticos, que son aprobados definitivamente por la Administración andaluza.
Diego Martín Reyes, comisionado de la Costa del Sol y abogado, explica que "es la primera vez que se conoce un caso así", pero en todo caso los presuntos pagos no tienen efectos legales. "El sistema de compensación debe marcarse en el planeamiento urbanístico y no de forma arbitraria. De ningún modo puede ser así", manifiesta el letrado y ex presidente de la gestora de Marbella, que recibió con "extrañeza" la noticia sobre este caso.
Otras fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que el procedimiento de las cartas "se sale de la normalidad", ya que lo habitual es solicitar pagos obligados por la ley, compensaciones reguladas, pero en modo alguno voluntarias.
No obstante, el letrado Ernesto Osuna precisa que "el aprovechamiento urbanístico es un bien público, por lo que puede ser objeto de comercialización por parte del Ayuntamiento, siempre en beneficio del interés general". Así, manifiesta que la administración podría solicitar una compensación por un determinado aprovechamiento urbanístico, siempre que haya un expediente administrativo. "La cuantía se calcula en función del precio del mercado y si no se abona, se abre el expediente sancionador", concreta el abogado.
Por su parte, el letrado y experto en Urbanismo José Carlos Aguilera opina que "en absoluto hay validez jurídica" en las cartas de pago, ya que la regularización de los diseminados se marca en los planes generales y el planeamiento territorial, el POT de la Axarquía. "Los procedimientos para regularizar las viviendas se encuentran perfectamente marcados en la normativa urbanística", insiste.
Para Aguilera, la exigencia de estos pagos voluntarios podría tener consecuencias legales, al ser un procedimiento "absolutamente arbitrario", por lo que cabría investigar si pudiera tratarse de un presunto delito de exacción ilegal -autoridad o funcionario público que exige directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no son debidas-.
"Si una administración no tiene liquidación tributaria que justifique esas tasas, puede haber exacción ilegal", asegura el abogado, quien recuerda que el objeto tributario tiene que estar regulado en una ordenanza.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 15 de febrero de 2008
Foto: Diseminados. En la comarca de la Axarquía hay centenares de viviendas irregulares, porque se edificaron con licencias de apero /laopiniondemalaga.es
NOTICIA RELACIONADA: El alcalde culpa a terceros del impuesto para legalizar casas - La Opinión de Málaga - 15 de febrero de 2008
La Guardia Civil investiga en Firgas delitos urbanísticos
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CANARIAS7* : Tres agentes de la Guarda Civil estuvieron ayer, por segundo día consecutivo, haciendo un registro en las dependencias del Ayuntamiento de Firgas durante aproximadamente una hora y media. Según informan, esta investigación se ha acelerado por la moción de censura presentada este martes.
Silencio absoluto es la única respuesta que se ofrece sobre lo que está investigando el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en las Casas Consistoriales.
Según fuentes municipales, los agentes se limitaron durante el mediodía de ayer a fotografiar documentos y expedientes en distintas concejalías. Fotografías que se suman a las realizadas en la mañana del miércoles y a varios expedientes que fotocopiaron y se llevaron para seguir recopilando información relacionada, al parecer, con «supuestos delitos urbanísticos cometidos por la Corporación anterior», indicaron.
Los guardias, vestidos de paisano, están investigando lo que en su día ya denunció el todavía grupo de gobierno y otros delitos «muy graves» relacionados con falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación, que se sumarán a los que denunciarán en la Fiscalía, probablemente hoy, los representantes de Comfir y PSOE.
Estos registros comenzaron tan sólo 24 horas después de que los ediles de la oposición y el de Deportes presentaran en el Ayuntamiento sus rúbricas secundando una moción de censura a Hernández. Según ha podido saber CANARIAS7, se ha decidido «dar un empujón» a las investigaciones, antes de que tome posesión la nueva mayoría de gobierno, para «evitar que desaparezcan pruebas significativas y se vuelvan a encubrir irregularidades cometidas por antiguos miembros de la Corporación». Nuevamente saltan a la palestra los nombres del ex regidor, José Henríquez, y el antiguo edil de Urbanismo, Luis Angulo, a los que se sumarían «otros concejales y antiguos alcaldes», confirmaron fuentes municipales.
Desaprobación.
No sólo el presidente de NC, Román Rodríguez, ha reprobado la decisión de Manuel Báez expulsándolo del partido. También el presidente insular de CCN, Juan Martel, se suma a la desaprobación y ha expresado que Henríquez y Angulo «firmaron esa moción sin consensuar con el partido», asegurando que este hecho «no influirá en el pacto para las elecciones generales». El CCN se reunirá hoy para decidir si expulsan o no a los censurantes.
Pintadas y apoyo.
La villa de Firgas se despertaba ayer con diversas pintadas en muros y carreteras en contra de la moción de censura y de los concejales que la firmaron. Expresiones como «Papayo+mierdilla=corrupción», «Firgas despierta, ¿quién paga?», «Firgas corrupta, Fiscalía ya», decoraban varios muros de la villa por la zona del cementerio y la entrada al casco. Otra de las pintadas señalaba en el asfalto, con un flecha, la casa de uno de los censurantes, rezando: «¿quién paga?, corrupto». Asimismo, los gestos de apoyo en la calle a Hernández se reiteran constantemente. A la salida de su casa, ayer, varios vecinos, conductores y viandantes, lo paraban para darle apoyo y ánimo.
NC pide disculpas a los firguenses.
El presidente de NC, Román Rodríguez, pidió ayer «disculpas a los ciudadanos de Firgas» porque «ha sido uno de los nuestros», Manuel Báez, el concejal que, «actuando por intereses personales» ,se ha unido a la oposición (PP, CCN e ID) para presentar una moción de censura al alcalde, Jaime Hernández, al que ayer recibió en calidad de presidente de la Mancomunidad del Norte y ejerciendo como vicepresidente del Cabildo.
En alusión al candidato a primer edil que proponen los censurantes, el único concejal de NC en Firgas, el líder de esta fuerza política afirmó que «no nos interesa tener alcaldes de esta manera», reiteró que Báez será expulsado del partido e insistió en que el actual alcalde «tiene el apoyo claro y total de NC».
Por su parte, Jaime Hernández (Comfir) cree que «todavía cabe la posibilidad» de que la censura que se votará el 23 de febrero no prospere. Aseguró que «no me esperaba esta traición», aunque desde julio oye rumores, porque Manuel Báez firmó a finales de 2007 la querella puesta por el grupo de gobierno (Comfir-PSOE-NC) ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta falsedad documental y prevaricación en la gestión del alcalde y del concejal de Urbanismo durante la última parte del anterior mandato, José Henríquez y Luis Angulo, ahora ediles por el CCN. Además, horas antes de que se registrara la moción que le propone como alcalde, Báez votó a favor de poner en conocimiento de esa fiscalía otras posibles irregularidades de ambos concejales.
* Canarias 7 - Carolina Pérez/ Jesús Quesada - Las Palmas de Gran Canaria - 15 febrero 2008
Foto: Firgas (Gran Canaria) - infoNorte
El fiscal investiga irregularidades en los planes de dos campos de golf alaveses
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ELPAÍS* : Los proyectos de levantar sendos campos de golf, con su correspondiente urbanización, en Laguardia y Labastida se hallan bajo el punto de mira de la justicia. El intento de sobormo a un concejal de EA en Laguardia para que apoyase la ampliación del número de viviendas previstas en torno a la instalación deportiva ha destapado una serie de posibles irregularidades en los planes de los dos campos de la Rioja Alavesa.
La Fiscalía provincial ha abierto una investigación para determinar el alcance de esas irregularidades. Por ahora no hay ningún imputado.
Entre otros posibles delitos, el fiscal indaga si hubo acceso a información privilegiada para la compraventa de los terrenos en que están proyectados los campos. La investigación se ha puesto en marcha tras el intento de soborno al concejal de EA de Laguardia, Gregorio López, el pasado diciembre. El empresario de Logroño Gregorio Ochoa llegó a ofrecerle 90.000 euros si cambiaba su voto, decisivo, y apoyaba la propuesta del PP de construir alrededor del campo 320 viviendas en lugar de las 120 que permite el Gobierno.
El PP tiene cuatro concejales, igual que el PNV, que gobierna la localidad, de apenas 1.500 vecinos. En estas circunstancias, el voto del edil de EA, quien forma parte del equipo de gobierno, resulta decisivo. Hasta las pasadas municipales el PP había gobernado con comodidad. El entonces alcalde, el popular Javier San Pedro, puso en marcha el controvertido proyecto.
Tras la denuncia del intento de soborno, el juez ordenó el ingresó en prisión de Ochoa. A medida que avanzó en su investigación, el juez imputó a otras dos personas por ese mismo delito: un empresario relacionado con el negocio del vino que vive en la misma Laguardia, y otro empresario dedicado a la compraventa de terrenos y residente en Logroño. Según las diligencias previas instruidas por el juez, ambos encargaron a Ochoa que sobornase al concejal de EA.
Durante las pesquisas, se fueron apreciando indicios de otros delitos, relacionados tanto con el campos de golf de Laguardia y como con el de Labastida, cercana población de 1.500 habitantes apenas también.
Ambos llevan camino de quedarse sólo en proyectos. En el caso de Laguardia, el proyecto comenzó a gestarse hace tres años, cuando gobernaba el PP con mayoría. Cuando accedió al cargo, la actual alcaldesa, la peneuvista María Jesús Amelibia, ya avanzó su voluntad de limitar a 120 el número de viviendas previstas junto al campo. La cifra representa la tercera parte de las aprobadas por la anterior corporación y se ajusta a los planteamientos urbanísticos para la zona del Gobierno, que es quien tiene la última palabra. El Plan Territorial de la Rioja Alavesa prevé un campo de golf con una superficie de 1,1 millones de metros cuadrados y 120 viviendas en torno al terreno. Según los populares, con ese número de casas la construcción resulta inviable, ya que ningún promotor lo considera rentable.
El intento de soborno ha acelerado algunas cosas y, sobre todo, la voluntad del actual Ayuntamiento de dar carpetazo al proyecto. La intención de la alcaldesa es retirarlo si los casi 60 propietarios de los terrenos donde se quiere levantar el campo acceden a que se les vuelvan a recalificar, pasando de urbanos a rústicos. Incluso el PP ha tenido que recular a la vista de los acontecimientos y sumarse al sentir general de la corporación de que lo mejor es dejarlo.
Los propietarios de los 1,1 millones de metros donde está proyectado el campo llevan dos años pagando la contribución de sus terrenos como urbanos tras su recalificación. La diferencia está en pagar unos 30 euros por hectárea si es rústica, que se elevan hasta los 130 euros si es urbana.
Dos proyectos controvertidos
- Laguardia: El proyecto, paralizado por falta de apoyo político, pretende abrir un campo de golf en la falda de la sierra de Cantabria, en un terreno de un millón de metros cuadrados.
El campo, de 18 hoyos, se incluye en un plan urbanístico para levantar 100 viviendas unifamiliares y un hotel de 150 plazas, bastante menos de lo que deseaba el Ayuntamiento anterior, presidido por el popular Javier San Pedro.
El proyecto original quería hacer dos campos de 18 hoyos, 500 viviendas y el hotel. Los estudios de impacto medioambiental lo rechazaron de plano.
- Labastida: Los promotores quieren construir un campo de 18 hoyos y una urbanización de 750 viviendas de lujo.
La Comisión de Ordenación y Planeamiento Urbanístico (COPU), en la que participan el Gobierno, la Diputación de Álava, Eudel y el propio municipio (con voz, pero sin voto), ha rechazado el proyecto en esos términos.
* Con información de Eduardo Azumendi, Txema G. Crespo e Isabel C. Martínez.
* ELPAIS.com - Vitoria - 15/02/2008
Foto: Laguardia (Álava) - elciego.es
El Supremo anula un PAI en Borrull por ser ´arbitrario´ y beneficiar a una constructora
LEVANTE/Castelló* : Ratifica tras 11 años que el ayuntamiento favoreció un interés "puramente privado" en perjuicio de tres propietarios. El alcalde les obligó a pagar al urbanizador, sufrir demolición y desalojo en suelo urbano.
El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que obliga al Ayuntamiento de Castelló a anular el Programa de Actuación Urbanística (PAI) que el PP impuso en la calle Guitarrista Tárrega -aprobado en 1997, 1998 y 1999- por beneficiar de forma "arbitraria" a la empresa Construcciones Lidón en perjuicio de 3 propietarios que fueron obligados a pagar al urbanizador, sufrir la demolición de su vivienda e, incluso, sometidos a una orden de desalojo.
La sentencia del TSJ expone que la decisión del ayuntamiento -ratificada en 1999 por la concejalía de Urbanismo bajo las órdenes del actual alcalde, Alberto Fabra- promovió "un interés puramente privado" al convertir en PAI una zona de edificios en suelo urbano consolidado donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no prevía ninguna urbanización integrada.
Los argumentos jurídicos del fallo consideran "probado" que la empresa en cuestión "inició un proceso de adquisición de las parcelas afectadas" (9 de 12), salvo las tres de los actores, después de que en 1995 el ayuntamiento iniciara un proceso de expropiación para reubicación de alumbrado y pavimentación de acera.
Según la sentencia, posteriormente, el ayuntamiento decidió paralizar el proceso de expropiaciones y aprobar un PAI ejecutado por una constructora bajo la excusa de llevar a cabo una obra "mínima y de escasa envergadura" consistente en acometer en parcelas urbanas y con todos los servicios obras de retranqueo de fachadas, ampliación y pavimentación de la acera y alumbrado público. En la sentencia, los magistrados también recogen que, según los demandantes, la constructora "llegó a ejercer presiones en el proceso de adquisición".
El tribunal advierte que la delimitación impuesta por el gobierno del ayuntamiento (PP) "ha sobrepasado los límites racionales de la potestad de planeamiento y devenido arbitraria".
A este respecto, los magistrados concluyen que la actuación es contraria a la legislación estatal y el derecho a la propiedad, dado que en suelo urbano consolidado no pueden desarrollarse actuaciones integradas, además de señalar que el ayuntamiento "ha optado por una solución que, si bien beneficia al propietario mayoritario, perjudica a los restantes".
La aprobación del PAI y la reparcelación afectó a los propietarios del número 10 de Guitarrista Tárrega y los números 20 y 23 de Juez Borrull. En este último caso, el edificio cumplía las alineaciones y ni siquiera estaba afectado por el proceso de expropiación, del cual desistió el ayuntamiento en noviembre de 1997, dos meses después de que Construcciones Lidón propusiera un PAI.
El ayuntamiento obvió la reclamación en la que los propietarios advertían de la presunta ilegalidad de la operación urbanística y, en noviembre de 1999, el alcalde no dudó en ordenar el desalojo de la vivienda de una de las propietarias, Amparo Arrufat, quien falleció antes de conocer la resolución del alto tribunal ahora le da la razón.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 15 de febrero de 2008
Foto: La actuación anulada se sitúa en la calle Guitarrista Tárrega y en plaza Borrull / carlos pascua, levante-emv.com
Nuevos encontronazos en la vieja Numancia
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PÚBLICO/Soria* : Esas ruinas saben buena parte de lo que aún se puede contar sobre los celtíberos y los romanos. A su alrededor, la eternidad que regala el paisaje. Y también una ciudad, Soria, que necesita suelo industrial. El Ayuntamiento soriano decidió que el nuevo parque industrial público de la ciudad, que sería promovido por la Junta de Castilla y León, iba a estar en esos terrenos.
"Hay un impacto visual, lógicamente va a haberlo", se lamenta el profesor de la Universidad Complutense y director del yacimiento arqueológico de Numancia Alfredo Jimeno. La polémica está montada. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la asociación de defensa del patrimonio Hispania Nostra han puesto el grito en el cielo. Numancia vuelve a ser objeto de disputa, tantos años después.
Claro que estas son otras batallas. Las de hace tantos siglos, aquellas que se libraron durante 20 años, entre el 153 y 133 antes de Cristo, esas sí que fueron violentas. Se llevaron por delante el prestigio militar de unos cuantos romanos. Los numantinos eran menos y tenían menos medios.
Pero los romanos se entregaron al vicio de fracasar. Hasta que Escipión se puso al frente de las tropas y pudo cantar victoria. Fueron los propios cronistas romanos, impresionados por la bravura de aquel pueblo, los que acuñaron la expresión "resistencia numantina".
Fíjate que la expresión resistencia numantina se utiliza hoy en todas partes", comenta Alfredo Jimeno. Conciliador, tranquilo, Jimeno reconoce que lo que aquí está hoy en juego es el modelo de desarrollo de Soria.
Entiende que hace falta un desarrollo industrial. Pero explica, una y otra vez, que el trabajo que el equipo que él dirige en Numancia desde hace más de 10 años está recuperando el yacimiento y tiene muy en mente "ponerlo en valor" para la ciudad. Y se abona a los datos: antes de que comenzasen sus investigaciones, el complejo numantino recibía unos 30.000 visitantes al año. En 2007 fueron cerca de 70.000 personas las que se pasaron por allí.
Explica Jimeno que se trata de unos restos únicos, que se trata de dos ciudades superpuestas, una celtíbera y otra "de la época romana". Y más: "Ya hemos reconstruido una casa de cada época". Las piedras de Numancia cuentan infinidad de cosas de aquel tiempo que ya sólo ellas pueden contar.
Fuentes de la Junta de Castilla y León aseguran que la construcción del polígono industrial responde a un plan de construcción de infraestructuras para toda la Región. Y que fue la anterior corporación municipal de Soria -entonces mandaba el PP en la ciudad- quien eligió el emplazamiento. En el actual consistorio soriano, controlado por el PSOE, defienden el proyecto que heredaron. Dicen que Soria necesita suelo industrial.
Minimizan el impacto visual. Y cuando se les recuerda el argumento de que hay planes para construir otros dos polígonos industriales, tiran de los datos: uno de esos proyectos no está en el municipio de Soria y el otro es de carácter privado. "El Ayuntamiento debe de generar suelo industrial en el municipio", insisten.
El arqueólogo Alfredo Jimeno llama al diálogo, a pensar en el modelo de desarrollo "de toda la provincia de Soria" teniendo en cuenta el aporte del complejo histórico de Numancia. Mientras tanto, hay voces en el ciberespacio que se empeñan en afilar las palabras. Después de que un conocido locutor de radio culpase al actual consistorio soriano del problema, el regidor llegó a recibir correos electrónicos en los que se le instaba a irse de España. Es lo que tiene la crispación.
Quizás la visita a las ruinas arqueológicas de Numancia podría comenzar a ser recomendada como tranquilizante por prescripción médica. Donde hubo guerra, hoy sólo hay historia, belleza, e ínfulas de eternidad.
* Público - PANCHO TRISTÁN - 13/02/2008
Foto: Numancia (Soria) - publico.es
'Mobbing', un perverso efecto colateral
ELPAÍS* : Más casos. En más barrios de más ciudades. También en municipios medianos. Y con perfiles de acosados cada vez más variados. El mobbing o asedio inmobiliario se extiende. El acoso a inquilinos por parte de propietarios o administradores para que abandonen sus pisos de renta antigua y sacarles mayor rendimiento se revela como el más perverso de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana en España.
Barrios con parques de vivienda y población envejecidos adquieren de la noche a la mañana -y a menudo gracias a potentes inversiones públicas- unas expectativas de revalorización cuyas víctimas son los vecinos más débiles: los inquilinos. Los expertos reclaman que las administraciones tomen medidas preventivas para que el mobbing no se llegue a producir.
Mientras, el fenómeno se da en las corralas de Madrid; en los barrios antiguos de Barcelona; en palacios y patios de Triana y el casco viejo de Sevilla; en los barrios también históricos de Granada o Cádiz, en El Cabanyal de Valencia, en El Postigo de Oviedo... Lo han documentado en el Observatorio del Mobbing de Barcelona, un grupo de estudio vinculado al Instituto Catalán de Antropología, que considera esta práctica una forma de violencia como el acoso escolar o el laboral. En España quedan 300.000 rentas antiguas, según los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Los inquilinos son el grueso de las víctimas potenciales, pero también comienza a haber dueños que molestan y que están siendo acosados.
"No hay datos oficiales de afectados, porque la mayoría de los casos están ocultos. Los que conocemos son la punta del iceberg", explica Nydia Tremoleda, coordinadora del Observatorio. "Pero el esquema se repite", subraya: "El mobbing está vinculado a operaciones de transformación urbana que conllevan expectativas de mejora y las víctimas son los vecinos que han dado vida a estos barrios". Tras estudiar decenas de casos, Temoleda denuncia que "se ha llegado a una profesionalización del acoso. Los promotores compran edificios donde hay inquilinos o incluso propietarios a sabiendas de que acabarán haciendo mobbing para echarles".
"Primero", enumera, "los dueños aplican mecanismos legales como rescindir los contratos de menos de cinco años; luego intentan echar a los inquilinos con contratos indefinidos con todo tipo de artimañas; llegan a contratar detectives para que controlen si pasan noches fuera, si tienen segundas residencias... auténticas intrusiones en la vida privada". "Y si todo esto no funciona", remacha, "comienzan con los clásicos del mobbing: no cobrar el alquiler, no reparar goteras, dejar que la escalera se caiga a trozos, cortar los suministros, apuntalar, comenzar obras eternas...".
Estudios previos
Los expertos del Observatorio reivindican que "cualquier administración que vaya a intervenir en un tejido urbano incorpore en el proyecto un estudio sobre el impacto que las mejoras tendrán sobre los vecinos, igual que cuando se proyecta una infraestructura se analiza su impacto ambiental". De momento -y exceptuando el convenio piloto entre el Ministerio de Vivienda y 10 ayuntamientos para atender a los afectados- cada ciudad afronta el mobbing por su cuenta. Mientras unos ayuntamientos esquivan el fenómeno, otros ponen en marcha iniciativas bienintencionadas pero cuestionadas por los afectados, y otros han atajado el problema sin oficina antimobbing pero con el papeleo urbanístico como arma.
En Madrid no existe ninguna oficina que atienda a los afectados. Y eso que el20%de las viviendas en alquiler son de renta antigua y susceptibles de sufrir acoso, señalan en el Colegio de Administradores de Fincas. En la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid, asociación sin ánimo de lucro, sólo el abogado Fernando Veiga tramita 150 casos en la región. El Ayuntamiento argumenta que carece de competencias en "un tema entre particulares", y que "la oficina de vivienda deriva a los afectados a otros cauces".
En Barcelona, hace tres años se creó un servicio que atiende a las víctimas, ubicado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Su vinculación al área de consumo y no a la de urbanismo o vivienda es criticada desde múltiples frentes, comenzando por los afectados o la Federación de Asociaciones de Vecinos. Su presidenta, Eva Fernández, reclama que el asedio se trate "de forma transversal" entre áreas como los servicios técnicos de los distritos, los servicios sociales, vivienda o urbanismo.
En 2007, la oficina detectó el doble de casos de "posible mobbing" (202) que en 2006 (101). Y los datos muestran cómo el fenómeno afecta cada vez más a los barrios. Pese a ello, el director de Comercio y Consumo, Albert González, afirma que "no aumenta".
Declaraciones de ruina
Otros consistorios, como los de Cádiz o Granada, se valen de los instrumentos del área de Urbanismo para tratar de impedir el fenómeno, que en Andalucía se conoce como asustaviejas. La delegada de urbanismo de Granada, Isabel Nieto, se alarmó al observar cómo por sus manos pasaban expedientes de solicitud de ruina de edificios de la zona que enlaza el casco viejo con el Albaicín, cuyos propietarios habían sido requeridos reiteradamente por el Ayuntamiento por falta de mantenimiento. "Si hubieramos declarado ruinas nos habríamos hecho cómplices de estas situaciones", señala.
¿Qué hicieron? "Valernos de los mecanismos que prevé la Ley: declarar el incumplimiento del deber de conservación e iniciar expedientes de venta forzosa". O el propietario arreglaba la finca o se sacaba a subasta. Por ahora han sido "cinco o seis" ocasiones, y los inquilinos han conservado sus derechos. "Las ventas forzosas han dado ejemplo y otros tantos propietarios han acometido obras que llevaban años sin hacer", dice Nieto.
La actitud del Ayuntamiento de Cádiz es parecida. A partir de las medidas emprendidas en 2006, cuando se creó un Servicio de Atención al Inquilino, "se han abierto 150 expedientes de expropiación de fincas cuyos propietarios hacían dejadez de la obligación de conservación", y "no se ha declarado ningún expediente de ruina", explican fuentes municipales. El Ayuntamiento se niega para no dar facilidades al dueño que busque la especulación inmobiliaria", señalan.
En Sevilla, la lucha contra el mobbing la inició la Liga de Inquilinos, un colectivo que con su nombre rinde homenaje a otra asociación que en 1912 consiguió detener una subida del precio de los alquileres. Su vicepresidente, Miguel Macías, explica que "el mobbing sigue existiendo, pero se ha logrado parar el desalojo masivo e impune que se produjo después de la Expo, con el salto que pegó la ciudad". Macías, cuyo colectivo ha conseguido parar el acoso en una casa palacio del siglo XVIII de la zona de Pumarejo, aplaude la creación de la oficina municipal de Atención al Inquilino en Situación de Abuso, pero recuerda que la lucha comenzó "desde abajo".
"El Ayuntamiento se ha puesto las pilas y en el centro de Sevilla veremos cada vez menos casos, porque cada vez hay menos casas libres. Por contra, atendemos a afectados más y más jóvenes y asistimos a la extensión del fenómeno a pueblos como los de la Ruta de la Plata, plagados de ventas y edificios históricos", explican.
+ ELPAIS.com - C. BLANCHAR / S. LÓPEZ LETÓN - 15/02/2008
Foto: El viacrucis de Rosa Talón, vecina y botiguera del Clot-Camp de l'Arpa de Barcelona, comenzó hace 15 años. El mobbing afecta a su vivienda y a su negocio -en una finca que hace esquina y de la que saldrían una docena de pisos nuevos- y es de manual. "El dueño comenzó por no arreglar desperfectos, luego no cobró el alquiler, siguieron las amenazas, dejaron que ocuparan los pisos de arriba, me cortaron el agua... Lo tengo todo en papeles", explica carpeta en mano. Tres lustros de acoso duelen. "Pero lo peor es la indefensión ante la Administración. El Ayuntamiento tendría que obligar al dueño a arreglar la finca [su mal estado es más que evidente] y en cambio me multa si cuelgo una cesta al lado de la puerta", afirma. Pero, "la gente tiene mucho miedo y no denuncia".- EDU BAYER, elpais.com
