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IDEAL/Granada* : El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha condenado al autor de una infracción urbanística contra la que actuaba el Ayuntamiento de Loja por desobedecer la orden de paralización de unas obras que se ejecutaban en suelo no urbanizable y sin licencia. El Consistorio informó ayer de que, según expone en su fallo el juez, el condenado incurrió en un delito de desobediencia y en otro contra la ordenación del territorio.
El Juzgado ha condenado al infractor a doce meses de prisión, multa de doce meses con cuota de dos euros e inhabilitación para la construcción o promoción inmobiliaria durante seis meses por dos delitos; uno de desobediencia y otro contra la ordenación del territorio. Así, se ha conocido tras hacerse pública dicha sentencia histórica en el municipio en la que se condena al autor de una infracción urbanística contra la que venía actuando el Ayuntamiento desde el pasado 2004.
Además, el condenado deberá restituir en seis meses el movimiento de tierras ejecutado en su día así como derribar la vivienda y la piscina construida en la finca.
Suelo no urbano
Hasta en tres ocasiones el Ayuntamiento de Loja intentó sin éxito paralizar unas obras ilegales por cuanto se ejecutaban en suelo no urbano y que, como consecuencia, carecían de las preceptivas licencias urbanísticas. De esta forma, la sentencia da la razón al Ayuntamiento lojeño después de ordenar -a través de varios decretos infructuosos- la paralización inmediata de estas obras, que incluían la construcción de una casa y una piscina, e, incluso el precintado de las obras y la retirada de la maquinaria de construcción, decreto éste último de marzo de 2006 al que también hizo caso omiso el condenado, que prosiguió con la construcción en abril del mismo año.
No obstante, el Ayuntamiento de Loja actúa permanentemente contra las infracciones de este tipo, «por cuanto atentan a la legalidad urbanística y degradan los derechos y deberes que la amplía mayoría de los ciudadanos sí cumple en ésta como en otras muchas materias», ha manifestado el alcalde, Miguel Castellano.
Actualmente se instruyen judicialmente otros casos similares al ahora sentenciado y, además, los servicios policiales y urbanísticos municipales investigan hasta una docena más de posibles situaciones urbanísticas ilegales en el municipio.
* Ideal - 03.01.08 - YOLANDA AGUILERA
Foto: Loja (Granada) - molinolaratonera.com
Loja: Condenado a un año de cárcel por no parar una obra que hacía en suelo no urbanizable
El Estado recurre Gran Manises ante el TSJ al no acreditar la disponibilidad de agua
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LEVANTE/Valencia* : El abogado del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo que aprobó, el pasado 18 de abril, el macroproyecto urbanístico Gran Manises.
El Gobierno ha recurrido este Programa de Actuación Integrada (PAI), promovido por la empresa mixta Tarea participada por el Instituto Valenciano de la Vivienda y el constructor Enrique Ortiz, porque la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no ha acreditado la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para una nueva ciudad de 9.400 viviendas.
El representante del Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión Territorial votó en contra de la propuesta de aprobación de Gran Manises porque faltaba el informe preceptivo de la CHJ sobre los recursos hídricos. La Confederación no tuvo tiempo de dictaminar si habrá agua porque la documentación le llegó 19 días antes de la celebración de la comisión informativa, aunque en marzo de 2006 la Confederación ya emitió un informe desfavorable al ayuntamiento cuyos pronunciamientos están «plenamente vigentes».
El Estado suplica a la sala del TSJ que decrete la suspensión del acuerdo que aprobó Gran Manises «al concurrir el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya que de este informe se desprende la falta de disponibilidad de agua, lo que hace imposible una ejecución del proyecto sin que se produzcan perjuicios irreversibles», pues el abogado del Estado advierte de la «imposibilidad de abastecimiento de agua de las personas que decidieran habitar las viviendas realizadas tras haberlas comprado de buena fe, lo que redundaría en un inadmisible perjuicio de terceros».
El contencioso presentado por el Estado argumenta que es la Confederación Hidrográfica la administración competente para determinar con un «informe preceptivo» la existencia de recursos hídricos, según el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. La Generalitat Valenciana insiste en que la resolución del organismo no es vinculante y por eso aprobó el PAI con el informe de suficiencia de recursos hídricos elaborado por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que preside el alcalde de Manises, Enrique Crespo.
El Estado, sin embargo, expone que un informe de una entidad suministradora concesionaria -el Emshi- en ningún caso «puede sustituir la intervención de la CHJ», por lo que «el expediente urbanístico se ha tramitado con omisión de un trámite preceptivo».
* Levante-EMV - Cèsar Garcia, Manises - 03 de enero de 2008
Foto: Manises (Valencia), proyecto Gran Manises - lasprovincias.es
Valdemoro: Valderramata, nuevo sector urbanizable
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : Todos recordamos la famosa frase que se repite en el circo: “…y ahora el más difícil todavía”, pues esa frase se hace dura y triste realidad con demasiada frecuencia aquí en Valdemoro en asuntos medioambientales donde no se pueden hacer peor las cosas. Lo ultimo qué es: el ayuntamiento acaba de aprobar un nuevo (el enésimo) desarrollo urbanístico en el paraje de Valderremata (Al lado del cementerio nuevo).
Qué gravedad presenta esto, pues varias: la primera es que hay todavía “doce” desarrollos urbanísticos ya aprobados y solo pendientes de empezar a construir (aproximadamente 15.000 viviendas), están todavía intentando arrasar, perdón, urbanizar el Espartal con otras 6100 viviendas y demás “adornos”, pero la voracidad urbanizadora es tal que por sorpresa y sin estar incluido en el actual PGOU (de 2004) ya proceden a iniciar los tramites para este nuevo desarrollo arboricida; desde un punto de vista ecológico Valderremata es de un extraordinario valor ya que no podemos obviar que hay cerca de 6.000 olivos totalmente maduros que están abocados, si se lleva a cabo este desarrollo, a ser “transformados” según la terminología del Sr. Alcalde, según la nuestra y la de toda persona seria y sensata serán destruidos.
El plan general anterior, del año 1999, clasificaba estos terrenos como “reserva de protección paisajística”, y muy acertada fue la ubicación allí del cementerio nuevo, porque también es humana la muerte, y destinar un espacio valioso para su cobijo es algo que todas las culturas han procurado. Todos sabemos el símbolo de paz que para las culturas mediterráneas representa el olivo.
Los olivos y con ellos lo olivares también son un espacio lleno de vida, pues los olivares forman un hábitat altamente ecológico ya por la flora y fauna que permiten sostener como por el aporte de oxigeno que realizan a la atmósfera, no olvidemos las ventajas que estos olivares aportan al medioambiente ciudadano: son árboles ya maduros, extraordinariamente longevos, que nos han salido gratis, que requieren pocos cuidados, que necesitan muy poco agua y que forman parte de nuestra cultura, en suma buen negocio ambiental.
Talarlos para construir es muy mal negocio medioambiental, es muy buen negocio económico para quien o quienes sean los beneficiarios de ello (seguro que muy pocos y escogidas élites).
Por todo esto volvemos a recabar la ayuda de toda la ciudadanía para intentar parar esta tropelía arboricida, que por cierto no seria la primera ya que actualmente la están llevando a cabo en el Cerro del Castillo y en el Sector llamado Majuelo Norte (hechos ya denunciados por nosotros), vulnerando descaradamente la propia Ley del Arbolado Urbano de la CAM.
Otro urbanismo es y debe ser posible en Valdemoro
* Ecologistas en Acción de Valdemoro - 1ro de enero
Foto: Valdemoro, 25 de Marzo - Manifestación en defensa de El Espartal - ecologistasenaccion.org
Juicio oral contra el ex presidente de la Diputación de Segovia por malversación
ELPAÍS* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Segovia ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Diputación de Segovia y actual presidente de Caja Segovia, Atilano Soto Rábanos, del PP, acusado de tráfico de influencias y malversación de fondos en calidad de consejero delegado de Segovia 21. En esta sociedad participan la Diputación, Caja Segovia y la Cámara de Comercio.
La Diputación era propietaria de 116 hectáreas en la finca Quitapesares, en Palazuelos de Eresma -a ocho kilómetros de la ciudad, y cuyo consistorio está gobernado por Domingo Asenjo, de IU-, de las que 79 estaban catalogadas como monte de utilidad pública. En enero de 1999, a través de Segovia 21, esta corporación provincial promovió allí la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, un parque empresarial, cerca de 300 viviendas y un centro hostelero y de congresos, de 150 habitaciones, que pertenecerá a la cadena NH.
Según el abogado que ejerce la acusación, Carlos Carrasco, una vez desprotegido el monte de utilidad pública y modificada la norma urbanística, la Diputación de Segovia fue cediendo suelo a la sociedad Segovia 21 a cambio de acciones, valorando el metro cuadrado muy por debajo del mercado, a 3,5 euros, por lo que dejó de ingresar en torno a 100 millones de euros.
Para el abogado, en torno al caso se encuentra una presunta financiación irregular de partidos como el PP e IU.
El encausado, Atilano Soto, de 71 años, considera que el hecho de que se abra juicio oral no lleva implícita una acusación y se encuentra esperanzado en que se pueda aclarar que la sociedad que representa ha actuado "de forma inmaculada y con transparencia", a la vez que confía en que el ministerio fiscal abogue por el sobreseimiento de la causa.
* ELPAIS.com - AURELIO MARTÍN - Segovia - 03/01/2008
Foto: Segovia, plaza Mayor - segoviayprovincia.com
El juez del 'caso Guateque' envía a prisión a otros cuatro funcionarios
MADRIDIARIO* : El juez Santiago Torres, que investiga el caso 'Guateque', ha enviado a prisión a cuatro de los cinco funcionarios detenidos en la segunda fase de la operación por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en base a su supuesta vinculación con el cobro de sobornos a cambio de la agilización de licencias, confirmaron este miércoles fuentes próximas a la investigación.
Los encarcelados en la operación iniciada el pasado 27 de diciembre son: Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Distrito de Chamartín), Domingo Sánchez Bote (de la Junta de Salamanca), Miguel Ángel García Jodar (técnico de la Concejalía de Medio Ambiente) y Fernando Ruiz Torrejón (de la Gerencia de Urbanismo). Además, el juez ha dejado en libertad a Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta Municipal de Carabanchel.
El magistrado ordenó el ingreso en prisión de estas personas el pasado viernes tras tomarles declaración en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La Guardia Civil les detuvo el día 27 en la segunda fase del operativo, que resulta del análisis de la documentación intervenida en los primeros registros, así como de los datos recabados a raíz de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y por las declaraciones de los imputados ante el juez Torres.
Con estos encarcelados ya son nueve los imputados que cumplen prisión preventiva. En la primera fase, el juez envió a la cárcel a los considerados cabecillas de la trama: Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.
Asimismo, las fuentes consultadas indicaron que el juez instructor ha ordenado la busca y captura de los empresarios Julián López y Eduardo Agustinos, propietarios de la empresa Agustinos y Proyectos S.L. Estos imputados comparecieron ya ante el magistrado, pero les dejó en libertad.
En cuanto a los encarcelados en la primera fase, Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental, se encuentra ya en libertad tras hacer efectiva la fianza de 20.000 euros que le impuso Torres para eludir la prisión.
Por otro lado, el instructor de la causa tiene previsto ordenar a partir de este jueves tanto la detención de más de 20 funcionarios de distintas Juntas de Distrito y de la Gerencia de Urbanismo como la práctica de registros en sedes municipales, según fuentes próximas a la investigación.
De este modo, la Guardia Civil procederá al arresto de empleados municipales del Área de Urbanismo del Consistorio y de las Juntas de distrito de Ciudad Lineal, Chamartín y Carabanchel. Estas dos últimas fueron ya objeto el pasado jueves de registros efectuados por los agentes en la segunda fase de la operación, iniciada a raíz del análisis de la documentación requisada a mediados de noviembre.
* Madridiario - 02-01-2008 - MDO / EP
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
La plataforma 'Abusos Urbanísticos No' alerta de una ralentización en la adquisión de casas
LASPROVINCIAS/Valencia* : Disminución de las compras de viviendas por parte de personas extranjeras y puesta en venta de las que ya tienen en la Comunitat. Es la situación que denuncian desde la plataforma Abusos Urbanísticos NO. Según el presidente de la asociación, Enrique Climent, las ventas de casas en la Comunitat por parte de personas residentes de fuera de España se han ralentizado debido a los abusos urbanísticos que constantemente se están produciendo, al desarrollo insostenible y a la inseguridad jurídica.
"Ahora se lo piensan dos veces porque de repente pueden encontrarse, por ejemplo, con que su casa no es legal y tiene una sentencia de demolición", explicó Climent.
En la misma línea comentó Charles Svoboda, vicepresidente de la asociación, la situación de la venta de viviendas en las Comunitat, que calificó de "horrible porque muchos quieren vender y nadie quiere comprar".
Para Svoboda hay muchos motivos que explican la frenada en las ventas como la subida de las hipotecas, los diferentes ciclos en las transacciones inmobiliarias y el menor precio de los billetes de avión que hace que la gente tenga la opción de poder viajar más y opte por no comprarse una segunda residencia en un mismo sitio al que acudir siempre.
Pero, para el vicepresidente, esta ralentización "está muy relacionada con la imagen de "corrupción y abusos en la construcción que en los periódicos de Inglaterra y Alemania se da sobre la Comunitat y el resto de España".
Y es que el presidente de Aun, criticó que, en su opinión, la Ley reguladora de actividad urbanística (LRAU) "es uno de los muchos males que la Comunitat Valenciana viene sufriendo por un desarrollo desenfrenado de la ley que es demasiado permisiva y que ha propiciado ese desarrollo insostenible que también se está dando en otros puntos de España" que ahora aleja a los compradores extranjeros.
Climent también alertó de que el proyecto de la nueva ley urbanística incide en los muchos errores de la anterior.
Se vende
Pero el efecto también es a la inversa. Desde Abusos Urbanísticos No explicaron que no sólo hay un retraimiento en la compra de viviendas por parte de los residentes en el extranjero sino que los que ya tienen una segunda residencia en la Comunitat, comienzan a querer venderla. "Llama la atención que muchos chalés cuyos dueños son personas extranjeras han colgado el cartel de 'se vende' en su puerta", aseguró Enrique Climent.
* Las Provincias - 02.01.08 - B. LL.
Foto: Obras en Alicante - lasprovincias.es
El Teatro Romano de Sagunto debe volver a ser ruina
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ELPAÍS/Valencia* : La polémica restauración del Teatro Romano de Sagunto se deberá derribar en el plazo de 18 meses. Una sentencia del Tribunal Supremo así lo ha dictaminado al desestimar el último recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la población valenciana. El litigio ha durado 17 años. Se levantarán las placas de mármol que se superponen a la anterior piedra de las gradas y se demolerá el muro de cierre de la escena hasta una altura de 1,20 metros. Es decir, desaparecerá el escenario reconstruido y el teatro recuperará su aspecto ruinoso anterior a la intervención diseñada por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli.
El Supremo confirma así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 2003 y recoge que el Ayuntamiento y la Generalitat estuvieron de acuerdo en que las obras de reversibilidad son posibles, y por lo tanto, el fallo es ejecutable. La Generalitat debe ejecutar la sentencia, que acarreará un coste de millones de euros.
El TSJCV consideró ilegales las obras en función de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Estimó que se trataba "de una reconstrucción sobre las ruinas auténticas". El teatro se construyó en el siglo I y sufrió múltiples modificaciones a lo largo de su historia.
Litigio iniciado por un ex diputado autonómico del PP
El abogado y ex diputado autonómico del PP Juan Marco Molines inició el litigio en 1993 contra la intervención decidida por la Generalitat, a la sazón gobernada por Joan Lerma, del PSPV-PSOE. Desde entonces, el teatro romano ha formado parte del debate político y arquitectónico. "Se acabó la posibilidad de recursos", ha declarado un satisfecho Marco Molines. El PP valenciano hizo bandera contra la intervención, si bien con los años la campaña fue perdiendo fuerza conforme la Generalitat, gobernada a partir de 1995 por los populares, dotaba de uso cultural al recinto. El teatro romano se convirtió en una patata caliente que se ha ido eternizando en recursos. El Supremo ha desechado ahora el argumento de que la reversión imposibilitaba "el uso cultural continuado" y ha echado por tierra la opinión extendida de que, guste o no, demoler el teatro ahora es un gasto innecesario.
El alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, del PP, señaló que "ahora simple y llanamente habrá que cumplir lo que dice la sentencia". La diputada socialista Ana Noguera ha preguntado al PP por qué considera inejecutable una sentencia que obligaba a derribar las nuevas gradas del estadio de Mestalla y, sin embargo, sí "quieren destrozar" el teatro romano.
* ELPAIS.com - Valencia - 02/01/2008
Foto: Imagen de archivo del Teatro Romano de Sagunto, cuya reforma deberá ser deshecha tras la sentencia del Supremo.- JESÚS CÍSCAR, elpais.com
Feliz año judicial 2008: Los casos más destacados de la presunta corrupción política en Murcia
VEGAMEDIA* : El año 2008 comienza con serias dudas sobre el futuro de algunos insignes políticos regionales. El Partido Popular ya tenía, antes de los escándalos judiciales, un importantísimo blindaje jurídico, propio de sociedades empresariales de altísimo nivel. Pero ante la presunta avalancha de casos judiciales que anuncian los mass media, unos más que otros, contratan a especialistas de primer orden en el ámbito penal. Trabajo no les va a faltar. LA SOMBRA DE AZNAR resume en este reportaje los casos más importantes que se encuentran por los tribunales. Pero no están todos...pero son dignos de un guión de Hollywood. Una vez más, la realidad, supera a la ficción. Pasen y vean, amigos lectores.
MURCIA
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha decidido admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, en la actualidad en excedencia. En la misma, presentada ante el juzgado el pasado 21 de marzo, Bernal denunciaba que Peñalver habría favorecido a varias constructoras en la valoración del suelo. Tras estudiar la documentación aportada por el fiscal jefe junto a la querella, la jueza estima que hay suficientes indicios racionales para investigar si, en efecto, el que fuera número tres de la Gerencia de Urbanismo habría incurrido en los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
A su vez, la querella del fiscal jefe derivó de un informe elaborado por el Colegio de Arquitectos a petición de López Bernal. En el documento, los responsables de esta institución denunciaban que Peñalver había informado favorablemente "proyectos totalmente ilegales". Entre las irregularidades denunciadas, los arquitectos señalaban que Peñalver "aumentaba la edificabilidad de un plan parcial sin modificar el Plan General o hacía valoraciones a la baja del patrimonio municipal que se cedía a empresas privadas". Además, el Colegio de Arquitectos abrió un expediente al arquitecto municipal hace más de un año paralizado desde que el fiscal jefe inicio diligencias informativas-, por presunta incompatibilidad entre su puesto en la Gerencia de Urbanismo y la actividad profesional del estudio de su familia.
Esta presunta incompatibilidad fue denunciada por seis estudios de arquitectos. Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por los colegios de arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.
AGUILAS
El juzgado de instrucción número tres de Murcia, que admitió a trámite la querella presentada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia inicialmente contra siete personas en el caso La Zerrichera, ha decidido imputar también al promotor del proyecto de la urbanización de Águilas, Trinitario Casanova Abadía, quien con anterioridad se había personado en el juzgado de Murcia como interesado por una denuncia de soborno. De esta forma ya son nueve las personas imputadas por el caso de La Zerrichera, entre las que también están, al igual que Trinitario Casanova y Pedro Gil, los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la también ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, por parte del Gobierno regional. Relacionados con el ayuntamiento de Águilas están imputados el alcalde, Juan Ramírez, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz.
CARTAGENA
La construcción de un campo de golf y 5.000 viviendas en el humedal de Lo Poyo, a orillas del Mar Menor, ha movilizado a vecinos y ecologistas. Cartagena es la conexión murciana con la trama marbellí: se investigan presuntas irregularidades en la compra de estos terrenos por parte del empresario vasco Javier Arteche (detenido en la 'operación Malaya') y una supuestas comisiones de dos millones de euros pagadas por Roca (el cerebro de la corrupción en la Costa del sol). El expediente urbanístico ha sido paralizado.
La fiscalía ha decidido además abrir de oficio diligencias por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en una zona protegida. El proyecto, llamado Novo Carthago, fue presentado por el Gobierno de Murcia antes de la recalificación. El proyecto de Hansa Urbana es investigado por la fiscalía murciana después de que se conociera que el campo de golf previsto en la urbanización se iba a construir en un paraje protegido por la Unión Europa como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Además, la mayoría del terreno afectado por Novo Carthago está protegido al ser huerta del trasvase Tajo-Segura, tal y como consta en los informes de las Consejerías de Obras Públicas y Agricultura del gobierno de Murcia, que desaconsejaban la reclasificación de los terrenos.
SAN JAVIER
Se investiga por un presunto trato de favor en adjudicaciones públicas al alcalde, José Hernández Sánchez (PP), socio de Santiago Martínez Esparta y Juan Gracia Jiménez —dos de los principales promotores en la zona del Mar Menor— en la empresa Nueva Valencia al Mar, S.L. Además, el proyecto Puerto Mayor (un puerto deportivo con 1.000 puntos de amarre en La Manga del Mar Menor, más de 800 viviendas, un hotel, palacio de exposiciones y un campo de golf de 500.000 metros cuadrados ganados al mar) está paralizado. Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia, figuraba como consejero en la promotora. Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y Puertos) también están imputados.
Los directores generales de Calidad Ambiental y de Transportes y Puertos, Antonio Alvarado y Marcos Ortuño, deberán dar además explicaciones por su participación en los expedientes administrativos que permitieron la reanudación de las obras de Puerto Mayor, en octubre del año 2003. El magistrado Francisco José Albaladejo Caravaca, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, ha admitido a trámite la querella presentada por el PSOE murciano por un presunto delito de prevaricación administrativa, según se ha conocido ahora. La iniciativa judicial fue presentada por José Ramón Jara, número dos de los socialistas murcianos.
ARCHENA
IU dice que Archena es «otra Marbella», y ha denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades del alcalde, Manuel Marcos Sánchez (PP), en la gestión urbanística y venta de terrenos como los de Logamar, Pago Barranco y Pedáneo, entre otros.
CIEZA
El alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización.
El alcalde, Antonio Tamayo declaró además en el Juzgado número 3 de Cieza por el denominado caso Cláufer, después de que el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidiera remitir al mismo las diligencias abiertas por la presunta concesión irregular de una licencia de ampliación a una granja porcina ilegal propiedad del jefe de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma, tras observar indicios de una supuesta prevaricación y tráfico de influencias. También están citados a declarar la responsable de Urbanismo y dos técnicos municipales.
MAZARRON
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Totana ha admitido a trámite una querella criminal presentada contra el concejal de Personal del Ayuntamiento de Mazarrón, Miguel Ballesta, por un presunto delito de prevaricación, tal y como confirmó a esta Redacción el abogado que lleva el caso, Pablo Ruiz Palacios, perteneciente al gabinete Quórum abogados. La querella ha sido presentada por una vecina que considera que el edil puede haber incurrido en un delito de prevaricación a la hora de contratar personal para el Consistorio.
La Justicia investiga también el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
El primer edil, José Luis López (PP), el arquitecto municipal y tres concejales del equipo de Gobierno han sido denunciados por Ecologistas en Acción por la concesión de una licencia para construir la urbanización 'Spa Valley' en el paraje de La Morra. Según los ecologistas, la zona es dominio público hidráulico del río Segura.
PUERTO LUMBRERAS
El alcalde de Puerto Lumbreras y diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, tendrá que comparecer como imputado en los juzgados de Lorca, donde se ha admitido a trámite unas querellas por presuntos delitos interpuestas por los concejales del grupo socialista de la anterior corporación municipal. El Tribunal Superior de Justicia concluyó que se sigan las diligencias previas incoadas mediante auto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Lorca con fecha de 7 de noviembre de 2007. En las diligencias 11001/2007 se acusa al dirigente popular de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, alteración del precio de concursos, negación prohibida a los funcionarios, fraude y exacciones ilegales y tráfico de influencias, según han informado a VMPress fiuentes judiciales.
LOS ALCAZARES
La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el Ayuntamiento por el que la sociedad aportaba 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela de 1.750 metros cuadrados en el centro del pueblo donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas y un aparcamiento de 300 plazas.
ABANILLA
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando un supuesto caso de falsedad de documentos en el Ayuntamiento de Abanilla (gobernado por el PP). El próximo 11 de enero declararán en calidad de imputados el primer teniente de alcalde, José Antonio Blasco (concejal de Economía y Hacienda); el ingeniero José Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López. Según una denuncia del Partido Socialista, se detectaron algunos expedientes de obra y en uno de ellos faltaba una documentación necesaria para ejecutar los trabajos. Dos concejales del PSOE exigieron esos documentos y no se los reenviaron.
TORRE PACHECO
El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), tendrá que comparecer ante la titular del juzgado número cuatro de San Javier, del uno al 15 de cada mes. Así se lo ordenó la juez que instruye el caso, Aránzazu Moreno, por presuntas irregularidades urbanísticas. La investigación judicial, cuyas diligencias han sido declaradas secretas, está motivada por un supuesto trato de favor a constructores y promotores de la comarca por parte del Ayuntamiento, y tiene su origen en una denuncia presentada hace meses por un particular ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
La juez de San Javier investiga si los responsables municipales cometieron supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación e incluso cohecho en la tramitación de varios proyectos inmobiliarios y en la resolución de expedientes sancionadores de carácter urbanístico. En la investigación está trabajando activamente la Guardia Civil, que incluso ha practicado seguimientos a los empresarios y políticos relacionados con el caso. También se han realizado por orden judicial pinchazos a los teléfonos de algunos de los implicados, según precisaron fuentes de la investigación. Otra vertiente de la investigación judicial, añadieron las mismas fuentes, son las empresas de familiares de algunos concejales que podrían haberse beneficiado de contratos municipales.
FUENTE ÁLAMO
La alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, quedó, junto con cinco personas más, en libertad con cargos tras declarar ante la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Javier por presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Fuente Álamo. Además de la alcaldesa de ese municipio, fueron puestos en libertad con cargos la concejala de Obras y Servicios, Inés Mendoza; la anterior responsable de Urbanismo, María del Mar Pedreño; el empresario de la construcción Facundo Armero y el arquitecto municipal José Mariano Sánchez Martini.
LIBRILLA
El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Librilla, el popular José Martínez García. Lo acusan de querer pagar facturas por valor de 236.919 a dos empresas constructoras por unos trabajos «que no existen». Lo dijo el secretario de Política Municipal, José Ramón Jara. El Grupo Socialista ha enviado a Madrid 99 facturas de las empresas Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos y Urexcon, que pertenecen al mismo titular, según Jara. Las facturas corresponden a presuntas obras realizadas entre abril y junio de 1999, en calles y caminos de Librilla.
El Ayuntamiento de Librilla, a través de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla, contrató la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio sin concurso ni publicidad con una sociedad inexperta y sin actividad conocida en el sector. La sociedad beneficiaria se denomina Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería, S.A. (ACADI), constituida en el año 2001 por el ingeniero de Caminos Domingo Peñalver Rojo y en la que figuran como accionistas él mismo y su padre. Esta sociedad, radicada en Murcia, declaró pérdidas hasta el año 2003, cuando empezó su colaboración con el municipio de Librilla, y carece de personal asalariado, según figura en las memorias anuales presentadas por ACADI en el Registro Mercantil.
FORTUNA
Una ex concejal del PP de Fortuna acusa a su alcalde de comprar votos. Asegura que el primer edil, su esposa, hermano y dos concejales ofrecían favores a cambio del apoyo electoral. El juicio a la ex edil acusada de delito electoral ha sido suspendido y remitido al juzgado de instrucción número 1 de Cieza. «He visto comprar votos y rellenar solicitudes de voto por correo al propio alcalde de Fortuna, su mujer, su hermano y varios concejales». Firme y decidida, María Dolores Sánchez, acusada de un presunto delito electoral, no dudó, en el transcurso de su juicio celebrado en la mañana de ayer, en apuntar su dedo delator hacia sus propios compañeros de partido.
TOTANA
La titular el Juzgado número uno de Totana, María Asunción Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, el 'popular' José Martínez Andreo, en el marco de la Operación Totem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia. La decisión de la juez, anunciada poco antes de las dos de la madrugada, se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de ayer, domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial. Navarro dejó ayer por la noche en libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros a la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, y al empresario y ex edil Juan Francisco Casanova. Ambos tienen también la obligación de comparecer ante el juzgado.
La nota informativa del TSJ no especifica los nombres completos ni los cargos que se imputan a cada uno de los encausados, si bien informa de la lista de delitos que instruye en este caso que afecta a las doce personas detenidas los pasados lunes, jueves y viernes. La relación de delitos incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
ADJUDICACIÓN TV AUTONÓMICA
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias informativas por un presunto delito de prevaricación sobre el proceso de adjudicación del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM), según confirmaron ayer fuentes de la fiscalía. Esta empresa se encarga de gestionar el canal público durante siete años, y a cambio percibirá 36 millones de euros más el IPC anual, procedentes de las arcas autonómicas, con lo que en total serán al menos 252 millones.
Los medios locales apuntan que la investigación del fiscal jefe del TSJM, Manuel López Bernal, se abrió el pasado mes tras la denuncia de un particular por un presunto delito de prevaricación en el procedimiento de concesión. GTM está formado por empresas relacionadas con la construcción como Foro Corporativo de Medios (Intereconomía), la productora de televisión Prodher; Mediterránea de Inversión Grupo 4; Palprom 2004, Grupo Polaris; Palatino 2002 y el Grupo Fuertes.
BALSA YENNY
La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía. El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación". Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.
El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.
* Vegamedia Press - 01/01/2008
Foto: Murcia, Palacio_Regional - jarique.com
Denia: Una empresa desmonta la ladera del barranco de la Pedrera para construir una urbanización
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LEVANTE/Alacant* : El gran crecimiento urbanístico del núcleo urbano de la Pedrera, en el Montgó, parece no tener fin. A las numerosas urbanizaciones de cuatro alturas que han crecido junto a las casas en planta baja ahora se suma una nueva urbanización que se va a levantar al lado de las viejas escuelas municipales que ahora albergan aulas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Dénia.
Sin embargo, la futura construcción de apartamentos no está exenta de polémica y los residentes de la zona han mostrado su malestar porque se está desmontando la ladera que discurre desde el mismo barranco de la Pedrera hasta el vial que atraviesa el casco antiguo de esta pequeña pedanía. Ahora mismo las palas entran dentro del solar que ha ocupado el cauce del barranco hasta dejarlo prácticamente al mismo nivel. Una maquina taladraba esta semana sobre la misma roca para ganar el máximo espacio en profundidad para fijar los cimientos del futuro complejo residencial.
Varios vecinos coincidieron en señalar que en principio pensaban que se iba a construir un pequeño centro comercial, con tiendas y restaurantes, pero finalmente será otra finca de apartamentos la que se levante.
Este diario intentó sin éxito saber si desde el Ayuntamiento de Dénia y su gerencia de urbanismo estaban haciendo un seguimiento de las obras, por si se contaba con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para desmontar la ladera del barranco y construir junto al mismo cauce. Fuentes municipales señalaron que hasta después de las vacaciones no tendrían acceso a la documentación.
Conducción natural
El barranco de la Pedrera rodea el casco viejo para pasar por debajo del vial que lleva al hospital comarcal. Desde allí las aguas, que durante los días de lluvia bajan con fuerza desde el parque natural, se van distribuyendo por las acequias de las partidas de la Plana Est y Santa Paula hasta que los excedentes llegan a la acequía de les Vessanes que reconduce el agua hasta el mar.
En la Pedrera las aguas discurren por una zona cimentada junto a unas casas que prácticamente están sobre el lecho del cauce, junto al puente que cruza al hospital.
En el solar en obras no se anuncia de momento la promoción de viviendas que, presumiblemente, se van a construir.
* Levante-EMV - V.X.C., Dénia - 02 de enero de 2008
Foto: Una pala trabajaba la semana pasada para ganar espacio taladrando en los márgenes del barranco / VMC, levante-emv.com
El TSJ condena a Villalonga por inactividad y obliga a demoler una construcción ilegal
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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha condenado al Ayuntamiento de Villalonga por omisión de sus obligaciones en el caso de una construcción ilegal que ordenó demoler en 2004, algo que no cumplió. La sala de lo contencioso administrativo del TSJ ha estimado el recurso interpuesto por los propietarios de la parcela colindante a la afectada por la obra y ha declarado que el Ayuntamiento de Villalonga cometió «inactividad». La sentencia obliga ahora que el consistorio cumpla con la ley y proceda al derribo de la vivienda.
Los hechos se remontan al año 2003, cuando un constructor procedió a levantar una vivienda en la partida de les Tancades de Villalonga, calificada como suelo no urbanizable de naturaleza agrícola. Inmediatamente después de iniciadas las obras, la familia de la parcela colindante procedió a denunciar los hechos y ponerlos en conocimiento del ayuntamiento. El alcalde de la localidad, Juan Ros, del PP, decretó el 31 de marzo de 2004 la paralización de los trabajos y la restauración de la legalidad urbanística, lo que obligaba al promotor de la obra a demoler lo construido y dejar la parcela agrícola en su estado original.
Como es habitual en estos casos, no sólo en Villalonga sino en casi todos los municipios, la orden de derribo no se cumplió, de ahí que los denunciantes optaran por acudir a los tribunales. En primera instancia, los jueces desestimaron la demanda gracias a que el Ayuntamiento de Villalonga solicitó al juez la inadmisibilidad de la misma al considerar que los propietarios del terreno colindante no tenían legitimidad para actuar en este caso.
Pretensiones legítimas
Ahora, en cambio, el TSJ ha anulado aquella sentencia y ha declarado que no sólo las pretensiones de los denunciantes son legítimas, sino que el ayuntamiento, como cualquier otra administración, debe cumplir las resoluciones que dicta. Según el TSJ, la justicia ampara a aquellas personas que pretendan condenar a las administraciones públicas por el incumplimiento de sus obligaciones.
En este caso, el Ayuntamiento de Villalonga no puede alegar excusas y debe aplicar la resolución que el alcalde Ros firmó en marzo de 2004.
Según ha podido saber este periódico, la acción judicial de los denunciantes fue su último recurso para hacer que se cumpliera la ley, dado que cuando se estaban iniciando las obras ya advirtieron al promotor, al propietario y al Ayuntamiento de Villalonga de la ilegalidad de las mismas, telefoneando en varias ocasiones a la Policía Local para que impidiera el avance de las obras cuando aún estaban en los cimientos. Pese a eso el consistorio no impidió concluir los trabajos de la vivienda que ahora deberá ser demolida.
* Levante-EMV - S. S., Gandia - 02 de enero de 2008
Foto: La vivienda de la zona de les Tancades de Villalonga objeto de la demanda que tendrá que ser demolida / àlex ruiz, levante-emv.com
El precio de la vivienda nueva subió un 5,1% en 2007
PÚBLICO* : El precio de la vivienda nueva en las capitales de provincia subió el 5,1% en 2007, lo que sitúa el valor medio del metro cuadrado en 2.905 euros, según la Sociedad de Tasación. El informe publicado hoy por esta empresa privada, de referencia en el sector, muestra que durante el pasado año el precio de la vivienda aumentó entre el 7 y el 9% en doce capitales de provincia, mientras que en otras veinte creció entre el 5 y 7%, y en otras dieciséis subió menos del 5%.
En el segundo semestre del año, el incremento del precio de la vivienda nueva fue del 1,1%, lo que denota una desaceleración respecto al primero. Con todo, la vivienda nueva se vende actualmente a un precio casi nueve veces superior al que se vendía en 1985.
A lo largo del año, el precio medio aumentó en todas las capitales de provincia, excepto en dos de ellas. En 12 capitales, el crecimiento de los precios se situó entre el 7% y el 9% respecto al pasado año, en otras 20 capitales el precio aumentó entre el 5% y el 7%, y en 16 de ellas se situó por debajo del 5%. Los dos descensos se localizaron en Segovia (-2,7%) y Vitoria-Gasteiz (-2,5%).
Sociedad de Tasación prevé, de cara a 2008, que el precio de la vivienda tienda a estabilizarse, con incrementos en el entorno del IPC. "El precio de la vivienda tendrá, previsiblemente, subidas más moderadas en aquellos municipios que dispongan de mayor oferta de terrenos edificables", añade.
Por otro lado, Sociedad de Tasación indica que, a partir de datos estimados por el Ministerio de Vivienda sobre el número de inmuebles iniciado hasta septiembre de 2007, el total de viviendas iniciadas durante el año superará las 760.000, cantidad "muy importnte", pero inferior a la alcanzada en el año 2006.
Vivienda media de 290.500 euros
El precio de la vivienda nueva de tipo medio en las capitales de provincia se situó en el mes de diciembre en 2.905 euros por metro cuadrado construido, que para una vivienda de de 100 metros cuadrados equivale a 290.500 euros.
En las 21 poblaciones de más de 100.000 habitantes que no son capitales de provincia analizadas por Sociedad de Tasación, el precio medio del metro cuadrado se situó en 2.437 euros, lo que supone un incremento interanual del 4,4%, y del 0,5% respecto al semestre anterior.
En las poblaciones de más de 50.000 habitantes, los precios crecieron en los últimos doce meses un 5,9%, y un 0,9% desde julio de 2007, hasta 2.208 euros por metro cuadrado.
En el caso de las poblaciones de más de 25.000 habitantes, el incremento medio fue del 7,1% en el último año, del 1,6% entre julio y diciembre, con un precio medio por metro cuadrado de 2.030 euros.
Por comunidades autónomas, el mayor aumento respecto al año 2006 lo registró Cataluña, con una subida del 8,3%, seguida de Comunidad Valenciana (7,9%), Aragón (7,6%), Extremadura (6,3%), Andalucía (6%), Castilla-La Mancha (5,8%), Galicia (5,1%) y La Rioja (5,1%).
* Público - EFE - Madrid - 02/01/2008
Foto: El precio de la vivienda nueva se modera en 2007. EFE
El 'caso Malaya', por partes
ELPAÍS/Marbella* : La trama de corrupción destapada con el caso Malaya no se quedará en la macroinstrucción a cargo ahora del titular del juzgado número cinco de Marbella, Óscar Pérez. En más de un año y medio se han desgajado de la causa principal al menos media docena de procedimientos, uno de ellos derivado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Algunos se juzgarán por separado porque no atañen directamente al principal imputado, Juan Antonio Roca, y otros para dar más celeridad a la compleja causa principal.
JULIÁN MUÑOZ Y ENTORNO. Blanqueo de capitales
El caso investiga al ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y a su entorno por blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública. En el procedimiento está implicada la tonadillera Isabel Pantoja y su ex mujer Mayte Zaldívar, además de otros familiares. El anterior instructor, Miguel Ángel Torres, cree que Muñoz se benefició de las actividades ilícitas que se desarrollaban en el Ayuntamiento marbellí durante años, pero considera que las supuestas operaciones de blanqueo no guardan relación con "Roca y su grupo organizado". El ex alcalde será juzgado de forma separada por recibir supuestamente 150.000 euros de Roca a cambio de la firma de dos convenios urbanísticos que favorecían sus intereses. Los investigadores consideran a Pantoja principal beneficiaria de la fortuna ilícita de Muñoz y han determinado que tras separarse de Zaldívar, Muñoz hizo llegar a ésta desde Suiza más de 400.000 euros que ingresó en un banco de Gibraltar.
POLICÍA LOCAL DE MARBELLA. Subasta ilegal de vehículos
Se enjuiciará la trama que presuntamente funcionaba en la jefatura de la Policía Local de Marbella para apropiarse de los vehículos retirados por la grúa. Se encuentran imputados el ex jefe de la Policía Local Rafael Del Pozo, sus subordinados Juan Esteban Saborido y Pablo Alba y los empresarios Moisés Rodríguez y Juan Luis González. El juez Torres consideró que Roca no participó, aunque señala que los entonces concejales toleraron estas prácticas.
INMOBILIARIA AIFOS. Delitos fiscales
Los presuntos delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos por la inmobiliaria Aifos se investigan en una causa separada desde el pasado verano. Durante la investigación del caso Malaya, la Agencia Tributaria cifró en más de 11,4 millones de euros las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública por los titulares de Aifos desde 2003 a 2005. Torres destaca a la promotora Aifos entre las entidades que habrían abonado dinero al ex asesor urbanístico para obtener resoluciones favorables. De hecho, sus directivos han reconocido haber pagado más de 3,4 millones de euros a Roca por la firma y ratificación de convenios. "La articulación de estos pagos exigía la existencia de un circuito de dinero negro opaco para la Hacienda Pública, lo que además de constituir una evidente defraudación fiscal suponía un fondo de dinero destinado a pagar actividades delictivas", señala el juez en el auto.
FRANCISCO DE URQUÍA. Cohecho y prevaricación
El juez Francisco Javier de Urquía, apartado del Juzgado 2 de Marbella, será procesado por el TSJA tras ser imputado por cohecho y prevaricación a raíz de unas escuchas telefónicas y el hallazgo de una copia del contrato de compra de su vivienda en el despacho de Roca. La documentación, detectada durante la instrucción del caso Malaya, fue remitida por el juez Torres al TSJA. El instructor del tribunal superior manifiesta en uno de sus autos que "no alberga duda" de que las anotaciones contables de 78.300 euros halladas en el despacho de Roca "constituyen el reflejo de entregas efectivas" al magistrado implicado.
LOS VINOS DE ROCA. 855.000 euros en vino
Ha sido una de las últimas causas en desglosarse. Se investiga si Roca pretendió cargar a las arcas municipales una factura de 855.000 euros por la compra de vino y champán franceses, algo que supondría un delito de estafa. La factura fue encontrada por la Comisión Gestora del Ayuntamiento y remitida a la Fiscalía Anticorrupción. El juez Óscar Pérez decidió que se enjuiciara por separado a finales de noviembre.
CASAS DE ROCA. Compra de dos viviendas
El juez Pérez ha decidido que se investigue por separado la forma en la que Roca consiguió dos apartamentos que posee en Marbella valorados en 1,6 millones. En la pieza está enjuiciado el constructor Massimo Filipa por cohecho y blanqueo de capitales, ya que se sospecha que entregó estas viviendas como dádiva para que Roca "facilitara sus actividades inmobiliarias".
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 02/01/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
Resultados encuesta: "Tras las elecciones, ¿qué pasará con el ladrillazo?"
Los resultados de esta encuesta realizada en los últimos meses de 2007 son elocuentes: Un 76% de los votantes de esta web opina que el "ladrillazo" continuará todavía aumentando. Algo que, efectivamente, se ha podido corroborar en el tiempo transcurrido desde las últimas elecciones municipales y autonómicas.
En este sentido hay que felicitar la buena visión de los participantes ya que, aún dentro de la relativa fiabilidad de los resultados electrónicos, han sabido calibrar correctamente la realidad político-social de unas elecciones, en bastantes casos, de dudosa utilidad para una mejora urbanística y de la calidad de vida. A la vista están los datos y las noticias escandalosas que aquí publicamos diariamente.
En este 2008 iniciamos una nueva encuesta en el mismo sentido que la anterior, pero ahora dedicada a la incidencia de las próximas elecciones generales del 9 de Marzo en el apasionante mundo del "ladrillazo". Todo un reto para los participantes y para los ciudadanos que deben apreciar, en este caso también, cómo va a mejorar (o no) su calidad de vida con las distintas opciones.
La nueva encuesta aparece como siempre en el menú lateral y su titular es : ¿Solucionarán las próximas elecciones generales el problema del ladrillazo?
¡Feliz ladrillazo 2008!
Viñeta: El Roto - ELPAIS.com, 20061230el roto
La operación 'Guateque' inaugurará el 2008 con otras 20 detenciones y otros tantos registros
EUROPAPRESS/Madrid* : La segunda fase de la operación 'Guateque', que investiga una presunta trama ilegal de licencias descubierta en el Ayuntamiento de Madrid, inaugurará el 2008 con otras 20 detenciones, de funcionarios de distintas Juntas de Distrito y de la Gerencia de Urbanismo, y otros tantos registros en sedes municipales, informaron hoy fuentes próximas a la investigación.
Según estas mismas fuentes, los agentes de la Guardia Civil, a instancias del juez Santiago Torres, podrían proceder los primeros días del año al arresto de empleados municipales del Área de Urbanismo del Consistorio y de las Juntas de distrito de Ciudad Lineal, Chamantín y Carabanchel. Estas dos últimas fueron ya objeto el pasado jueves de registros efectuados por los agentes en la segunda fase de la operación, iniciada a raíz del análisis de la documentación requisada a mediados de noviembre.
Las últimas detenciones ordenadas por el juez instructor se llevaron a cabo el pasado 27 de diciembre, cuando agentes de la Benemérita registraron seis sedes municipales y arrestaron a otros cinco funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Estos son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Ángel García Jodar (técnico del Área de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón ( de Urbanismo).
24 PERSONAS DETENIDAS
Hasta ahora, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales. Un total de seis personas cumplen prisión preventiva, entre ellos el supuesto 'cerebro' de la trama Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la primera fase de la operación 'Guateque' con la detención de 16 funcionarios, entre empleados públicos y técnicos, que posteriormente se elevó a 19, y se practicaron más de una quincena de registros en diferentes dependencias municipales y domicilios.
La segunda fase de la operación resulta del análisis de la documentación intervenida en los primeros registros, así como de los datos recabados a raíz de las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil y por las declaraciones de los imputados ante el juez Torres.
El volumen de la causa es tal que Torres ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la designación de otros cuatro funcionarios más para la secretaría del Juzgado de Instrucción 32 para hacer frente a la magnitud del proceso.
* Terra Actualidad - Europa Press - 31-12-2007
Foto: Madrid, juzgados - europapress.es
Sevilla: Casas Viejas ha sido eliminada físicamente
INDYMEDIA* : Lxs trabajadorxs han finalizado por completo la demolición de las naves y la vivienda de lo que hasta hace un mes fue el CSOA Casas Viejas. El trabajo continúo que la asamblea del CSOA Casas Viejas ha llevado y está llevando hoy día, sirve para demostrar, que es posible la autogestión, la okupación como medio y fin tanto en la lucha por el derecho a la vivienda, como para ser punto de unión y reunión de luchas colectivas, inquietudes e ideas en una ciudad, un pueblo o un barrio.
El solar propiedad de la Comunidad de Bienes Hermanos Bordas Marrodán, será transformado en breve, en viviendas de renta libre, a pesar de la posible iniciativa del delegado de urbanismo de utilizar parte del solar para equipamientos comunitarios para el barrio del Pumarejo. Con esta medida, el delegado justifica el derribo del inmueble, aunque ya antes el centro social cumpliera esta función comunitaria.
Lxs propietarixs han señalado que al no existir una declaración oficial de la futura expropiación del terreno necesario para los equipamientos, ellxs seguirán con su proyecto de viviendas libres, aún cuando Emilio Carrillo, delegado de urbanismo, apuntó que la finca sería sometida a una expropiación, con la aplicación del nuevo PGOU de Sevilla.
La expropiación del solar se lleva negociando desde el año 2006, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Los Bordas dividieron el patrimonio en dos partes para así poder conservar una parte del terreno de Aniceto Sáenz 23, en el cual, construirían un edificio en el mismo lugar donde se encontraba la vivienda okupada.
Ese mismo año, para hacer efectivo el desalojo y el posterior derribo, lxs propietarixs tras un acuerdo con Urbanismo, intentaron el desalojo a través de una “Orden de Conservación”, que no pudo llevarse a cabo, debido a la concentración llevada a cabo en el interior del centro social.
El segundo intento se llevó a cabo por vía jurídica, lo que desembocó en el derribo, este Diciembre, no solo de Aniceto Sáez 23, si no también en el derribo de todo el edificio.
El pasado día 21 de Noviembre, se presentaron las denuncias y querellas que la Asamblea de Casas Viejas estaba preparando.
El colectivo ha realizado 3 denuncias por detención ilegal por parte de las personas que fueron retenidas alrededor de 8 horas dentro del CSOA Casas Viejas el día en el que comenzó el desalojo.
Además la Asamblea ha llevado a cabo una conciliación previa a la querella contra ABC Sevilla S.L. y el director de este periódico, a consecuencia de las informaciones vertidas sobre la vinculación de Casas Viejas con ETA y su entorno.
Por otro lado se ha puesto una denuncia contra dos policías por un posible delito de lesiones en la manifestación del 29 de noviembre.
Aún es posible que se sigan realizando más denuncias, ya que el equipo jurídico continúa recopilando información y pruebas para realizar nuevas denuncias contra la Policía Nacional y contra la familia Bordas Marrodán, por incumplimiento de las normas básicas de seguridad y derribo, además, de por carecer de licencia para derribar partes del inmueble.
Así mismo, se sigue indagando en la documentación disponible, para realizar nuevas querellas contra cargos públicos y policiales, organizaciones y/o medios de comunicación por las afirmaciones de vinculación con ETA.
Con el derribo de Casas Viejas, se pone fin a un espacio abierto a vecinxs, y colectivos, a proyectos culturales, políticos y sociales. 5 años de okupación que han generado un espacio donde dar cabida a diferentes iniciativas que se han gestionado de una manera autónoma y participativa. Un tiempo en el que se ha demostrado que es posible llevar a cabo aspiraciones sin necesidad de intermediarios y estructuras de poder. 5 años de lucha de personas que han realizado un proyecto de autogestión en un barrio al que se ha dotado de actividades y vida, saliendo de la dinámica institucional.
Casas Viejas ha servido para dar vida al barrio del Pumarejo, pero también ha servido para dar vida a Sevilla, una ciudad acostumbrada a los tópicos andaluces que desde el gobierno venden al turismo.
El CSOA Casas Viejas, ha sido y será un referente en el movimiento de Okupación, tanto por el trabajo realizado desde sus comienzos, a partir de la ContraCumbre de Sevilla en 2002, como por el método de respuesta ante el desalojo, optando por la resistencia no violenta.
El apoyo incondicional de una cantidad importante de colectivos y personas ha dejado plasmado la solidaridad que puede derivarse de una okupación, así como la capacidad de crear lazos de apoyo, comunicación y trabajo conjunto, que tienen los centros sociales autogestionados.
* G.A.S. www.grupodeaccionsocial.net
* Indymedia Estrecho - 29 dic 2007
Foto: Casas Viejas - kaosenlared.net
Bandolerismo municipal
RAFAEL TORRES* : La más básica de las instituciones políticas, aquella que articula en su primera expresión la convivencia, administra el común y atiende a la vida diaria de los ciudadanos, el Ayuntamiento, se ha convertido, por efecto del inmenso poder corruptor del dinero del ladrillo, en una institución bajo sospecha, cuando no, como en tantos casos, en imputada por cooperación necesaria en el execrable delito del despojo del suelo. Cual bandoleros apócrifos e inversos, los ediles corruptos se dedican a robar a los pobres para dárselo a los ricos, esto es, que con una firma sobre un papel y sin despeinarse logran que lo que pertenece a todos, el tesoro comunal del suelo y de cuanta vida contiene, pase a las manos ávidas, predadoras, de los que a la velocidad que fragua el cemento lo convierten en dinero estéril.
Muchos han sido los casos destapados en 2007 de corrupción municipal por contacto con el urbanismo salvaje, y muchos más los que quedaron sin destaparse; pero incluso aquellos que no se relacionan directamente con la construcción, también se relacionan. Es el caso del Ayuntamiento más poderoso de España, el de su capital, Madrid, de cuyas interioridades podridas está dando cuenta la «operación Guateque» revelando la mafia funcionarial en la concesión arbitraria y delincuente de licencias de obras.
O también, aunque éste otro se dirime de momento en la indignación de vecindario y no en los tribunales, el caso del Ayuntamiento de Salamanca, el mismo que no quería devolver los archivos que robó Franco, que pretende que los ciudadanos paguen, mediante la brutal elevación de las tasas municipales, los veinte millones de euros que el Consistorio dejó de cobrar a los constructores -se dice que amiguetes- en concepto de sanciones. De amigo a enemigo, el poder local ha cambiado en muchos lugares de trinchera, llevándose, además, la munición, los planos y las llaves del arca.
* La Nueva España - Opinión - 31 de diciembre de 2007
Vivienda, estadísticas y otras falsedades
ELPAÍS* : Cuando este periódico se puso en contacto con un analista para que valorara las estadísticas trimestrales sobre la evolución del precio de la vivienda, éste respondió: ¿A qué datos te refieres, a las que son ciencia ficción? El comentario quizás es un poco exagerado, pero refleja un malestar evidente entre los que se dedican a escudriñar las tablas que -en teoría- reflejan el número de casas que se construyen, las compras que se realizan y las tendencias de precios.
Ejemplos hay para todos los gustos. Porque, ¿cómo puede ser que los precios del segundo trimestre del año, cuando el sector asistía alarmado a una importante caída de las ventas, subieran más que los del tercer trimestre de 2006?
Tampoco parece creíble que en pleno boom del ladrillo, años en los que, según todos los afectados, se vendían pisos sin ningún esfuerzo, se hubiera generado una importante bolsa de viviendas sin vender. Pero esto es lo que se desprende de los datos de compraventa que elabora el ministerio y las viviendas terminadas que contabilizan los notarios. Si se comparan estas cifras en el periodo 2004-2006, se descubren unas 600.000 viviendas pululando en un limbo fuera del mercado que nadie sabe dónde están.
Y es que, en cualquier reunión con promotores, la mención a la mala calidad de las estadísticas de lo que rodea a la vivienda se ha convertido en un lugar común. Incluso el director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, criticaba en una entrevista las "carencias en la información sobre el montante y la evolución de las estadísticas de vivienda, construcción y suelo".
Las lagunas estadísticas no se quedan en una discusión para eruditos que estudian series infinitas de números. Tienen un efecto real. Porque la evolución oficial de los precios se elabora con los datos que proporcionan los tasadores, y este método tiende a magnificar las tasas de crecimiento. Y, como apunta el profesor de la Pompeu Fabra José García Montalvo, los datos inflados afectan a las expectativas de los posibles compradores, que pudieron entrar en el mercado para especular por los elevados beneficios de la época del boom. Es decir, que la calidad "horrorosa" de las estadísticas contribuyó al recalentamiento que ha vivido el sector en los últimos años.
La práctica de sobrevalorar una tasación para poder obtener una hipoteca que cubra la totalidad del piso hace que las estadísticas de precios magnifiquen la realidad.
El ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez no sólo considera que la calidad de los indicadores es manifiestamente mejorable, sino que faltan algunos datos básicos para hacerse una idea de lo que ocurre alrededor del ladrillo. "El problema más importante es la ausencia de estadística de ventas. Menos mal que los registradores contabilizan las compraventas, porque si no, no tendríamos ni idea de las operaciones que se cierran", asegura.
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 31/12/2007
Foto: Carteles con ofertas de pisos en Madrid- CLAUDIO ÁLVAREZ - elpais.com
El ladrillo en picado
LORENZO BERNALDO DE QUIRÓS* : El sector de la construcción se encamina a una crisis de las de caballo. De enero a octubre de 2007, últimos datos disponibles, se produjo una caída de los visados para obra nueva del 23,2% y para los bloques de vivienda, las famosas promociones, del 19,2%. Como resultado de lo sucedido en 2007 y, más importante, de las expectativas de lo que pasará en 2008, las inmobiliarias han perdido más de un 43% de su valor bursátil a lo largo de este año. Para finalizar un cuadro bastante tenebroso, el empleo en el ladrillo ha comenzado a descender y el paro a aumentar. En este contexto, lo más probable es que el crecimiento de la construcción en 2008 registre tasas negativas.
¿Era y es esto inevitable? La respuesta es positiva. Es verdad que el aumento de la ocupación desde 1997, la espectacular entrada de inmigrantes, el crecimiento de las familias uniparentales, la compra de inmuebles por extranjeros etc. han tenido un impacto alcista sobre la demanda y el precio de los pisos. Ahora bien, eso hubiese sido imposible sin la brutal disminución experimentada por el precio del dinero entre 1998 y 2006. Sin ella, la burbuja inmobiliaria es incomprensible y su alcance sería menor. Este es un factor indiscutible y el principal elemento explicativo del boom de estos últimos años. Sin plata barata las personas con un poder adquisitivo bajo, el grueso de los adquirentes de vivienda en estos años, hubiesen podido comprar.
El anterior ciclo inmobiliario expansivo, el de 1987-1991, tuvo menor impacto macroeconómico por una razón fundamental: los tipos de interés estaban al 17% con lo cual se endeudaron familias e individuos con alto poder adquisitivo. En el período 1998-2006, el grueso de los compradores/deudores han sido personas con ingresos medios y medios bajos que han podido acceder al mercado porque el coste del dinero se ha mantenido muy bajo durante casi una década. Este colectivo es muy sensible al encarecimiento de los préstamos y al deterioro de la situación económica.
Ante este panorama, todo apunta hacia una fuerte contracción del sector. La demanda de viviendas acelerará su trayectoria bajista por el cambio en las condiciones económico - financieras del país, el paro aumentará, el precio de las viviendas disminuirá generando un efecto riqueza negativo para los hogares con lo cual el consumo privado descenderá. En el camino, muchas pequeñas constructoras y algunas grandes van a ir a la quiebra. De la misma manera que el auge del ladrillo explica en parte el dinamismo de la economía española, su ajuste anuncia una importante desaceleración de la actividad en 2008.
* Diario de Mallorca - Opinión - 30 de diciembre de 2007
Denuncian los crecimientos previstos en el Aljarafe
ABC/Sevilla* : La Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) ha lamentado que el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) permita el desarrollo del 70 por ciento del «suelo urbano actual», dejando «vía libre» a un crecimiento «desmesurado e insostenible».
Según dijero a Efe fuentes de ADTA para valorar la ampliación del plazo de presentaciones hasta el 15 de enero, en la denominada Gran Sevilla «está preparado para construirse el 60 por ciento del suelo urbano actual», porcentaje que se incrementa hasta el 70 por ciento con el Potaus.
Considera que el suelo disponible «en la actualidad» resulta «suficiente para construir entre 270.000 y 370.000 viviendas», es decir, «más de la mitad de las 550.000 que ya hay y mucho más de las necesarias en los próximos años».
El Potaus, según denuncian, eleva ese suelo urbanizable hasta más del 70 por ciento del suelo urbano actual, «a lo que habrá que añadir los suelos que clasifiquen los PGOU municipales, sobrepasando el tope de 40% establecido por el POTA». Al tiempo señalan que las Áreas de Oportunidad», propuestas son «un mecanismo legal excepcional» para «subvertir los límites del crecimiento impuestos por las normas».
* ABC - 30 de diciembre de 2007
Foto: Sevilla, al fondo El Aljarafe - wikipedia.org
