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EFE/Murcia* : El ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del Gobierno regional, Manuel Alfonso Guerrero, imputado por el escándalo urbanístico de La Zerrichera, juró hoy su cargo como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, y dijo no querer valorar las críticas que ha despertado su nombramiento.
Guerrero tomó posesión de su cargo en un acto presidido por el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que se celebró en la alcaldía de protocolo del consistorio con representantes del equipo de Gobierno y técnicos de la Gerencia de Urbanismo y con ausencia de miembros de PSOE e IU, que en las últimas horas han criticado este nombramiento y votado en contra del mismo.
Jódar reconoció durante el acto que la designación de Guerrero "ha sido polémica" y reiteró sus argumentos de apoyo al nuevo gerente, al que dijo "conocer bien y poder avalar sus capacidades y su calidad humana", al tiempo que afirmó estar convencido de que "cumplirá con los objetivos le han sido encomendados".
Tras tomar posesión, Guerrero dijo a los periodistas no querer valorar las críticas de PSOE e IU sobre su nombramiento y explicó que durante su trayectoria profesional siempre ha procurado "colaborar con este municipio desde mis distintas responsabilidades y a partir de hoy todo mi esfuerzo, mi dedicación y mi ilusión irá destinada a trabajar por y para Lorca".
"Sobre el resto de manifestaciones que se hayan podido verter sobre mi persona", continuó Guerrero, "no voy a decir nada en este momento porque el tiempo, sin duda, quitará la razón a aquellos que lo manifestaron".
Guerrero abundó en que sus "retos inmediatos" son la aprobación definitiva del Plan Urbano de Lorca en los sectores de la zona litoral que aún están suspendidos y el desarrollo del proyecto de urbanismo residencial de Marina de Cope, que comparte el Ayuntamiento de Lorca con el de Águilas.
Tras su toma de posesión será contratado de forma eventual como funcionario con dedicación exclusiva al cargo por el que percibirá emolumentos anuales que suman más de 72.000 euros, aspecto que junto a su imputación en el caso La Zerrichera ha despertado las principales críticas de la oposición.
* 20 Minutos - 25.10.2007
Foto: Lorca (Murcia) - regmurcia.com
Un imputado en el caso de La Zerrichera, nombrado gerente de Urbanismo de Lorca
Detectadas licencias ilegales en El Puerto también en suelo urbano
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DIARIODECÁDIZ* : Hasta en suelo urbano. El escándalo urbanístico desatado a raíz de detectar el actual equipo de gobierno del Partido Popular en El Puerto un centenar largo de casos de Obra Nueva fraudulenta, perpetrados con certificados falsos de antigüedad expedidos por algunos de los profesionales imputados en la trama desmantelada en verano en Chiclana por la Guardia Civil, sigue engordando. Ya era sabido que en algunos casos, los propietarios de los inmuebles, construidos en su mayor parte en suelo no urbanizable, además habían conseguido la legalización a través de decretos firmados por el edil de Urbanismo de la anterior legislatura, Juan Carlos Rodríguez (Independientes Portuenses).
Unas legalizaciones que, al entender de los populares, "serían ilegales", entre otras cosas porque, como ya informó este periódico, se fundamentaron en el cambio de clasificación que podrían experimentar los suelos afectados en el futuro Plan General, aún no aprobado. De ahí que ya se hayan enviado a Fiscalía 16 casos, entre ellos, algunos con estas legalizaciones rubricadas por Rodríguez. Y ahora, este diario ha podido saber que también el PP ha detectado licencias dadas por IP en suelo urbano presuntamente ilegales.
Este periódico ha tenido acceso en concreto a la notificación de una licencia que otorgó en solitario el ex alcalde Hernán Díaz, al avocarse para sí las competencias que tiene delegadas la Junta de Gobierno Local (órgano que da las licencias), en noviembre de 2005 (el documento se reproduce en la página, junto al cartel que se colocó en la parcela) a una promotora de Chiclana para la construcción de cinco unifamiliares en La Caridad. Esta licencia, confirmó ayer a este diario el actual coordinador del Área de Urbanismo de El Puerto, José Galán, es "contraria a ley". Esto es debido a que estos terrenos están clasificados en el Plan General como suelo urbano no consolidado, donde no se puede otorgar licencias de parcelación y de edificación "hasta que no esté aprobado el proyecto de reparcelación", enfatizó Galán, trámite preceptivo que ni se había cumplimentado entonces ni hoy en día. Y en esta zona, desveló Galán, "se han dado más licencias".
Cuestionado por este caso concreto, Galán mostró su extrañeza porque Hernán se avocara las competencias para dar la licencia (si va a la Junta de Gobierno, debe ir con informe jurídico), algo que, dijo, "sólo se hace en asuntos de urgencia, y siempre que la urgencia se justifique". Desde que el PP se hizo con la Alcaldía, tras los comicios de mayo, sólo ha habido un caso de avocación: "para unas obras del CEEI Bahía de Cádiz, para aligerar y que no se perdiera una subvención de 900.000 euros", desveló el coordinador de Urbanismo. "La licencia para cinco chalés se puede dar un día o a la semana siguiente. No sé cuál sería la urgencia de Hernán", concluyó.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 25/10/07
Foto: El Puerto de Santa María (Cadiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Barcelona: Los vecinos rechazan el plan para el cuartel de la Verneda
ELPERIÓDICO* : Los vecinos de Sant Martí piden que se paralice la aprobación definitiva del plan urbanístico que concreta el uso del solar donde estaba el cuartel de la Verneda, prevista para este viernes, y se abra un periodo de dos meses de conversaciones con la Administración con el fin de llegar a un acuerdo tanto sobre los equipamientos que se construirán como acerca de los usos del recinto policial.
Tras meses de negociaciones y cuatro años de reivindicación vecinal, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior firmaron el pasado 12 de abril el convenio de cesión a la ciudad de unos 1.600 metros cuadrados del cuartel (de más de 9.000), ubicado entre la rambla de Guipúscoa y las calles del Treball, del Concili de Trento y de Selva de Mar. El pasado 12 de septiembre, finalizado un periodo de alegaciones que los vecinos denuncian que no les fue comunicado, fue aprobado el plan urbanístico en la comisión de gobierno del consistorio. El viernes el proceso dará su último paso al lograr luz verde del ayuntamiento y de la Generalitat en la Subcomisión de Urbanismo del municipio.
"El ayuntamiento ha actuado de mala fe al no habernos comunicado como parte afectada el periodo de alegaciones", denunció ayer el presidente de los vecinos de Sant Martí, Manuel Martínez. Y entre estas, enumeran su rechazo al cerramiento con vallas del recinto policial, la no inclusión de un párking público para los vecinos, como reivindicaron, y la ubicación del espacio destinado para equipamientos (entre Treball y Concili de Trento), ya que consideran que no quedarán integrados con el centro cívico, ubicado en la calle de Selva de Mar.
En lo referente al recinto policial, rechazan el nuevo uso de la comisaría que el Gobierno rehabilitará, donde se prevé centralizar brigadas ahora dispersas, como documentación y extranjería, ya que temen que el barrio se masifique y se invadan los espacios públicos con colas.
* El Periódico - ROSA MARI SANZ - 24/10/2007
Foto: En el centro, vista general del cuartel policial de la Verneda, el pasado mayo. - SERGIO LAINZ - elperiodico.com
Cinco detenidos más por corrupción en Santa Brígida
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REUTERS/Canarias* : Cinco personas más fueron detenidas el miércoles en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en la localidad de Santa Brígida, en Gran Canarias, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Con estos ya son 12 los detenidos en la llamada "operación Brisan" tras los arrestos de ayer, entre los que se encontraban dos ex alcaldes del municipio del Partido Popular, un ex concejal y tres técnicos municipales.
Según la información del tribunal, Salvador Gil Dávila está acusado del delito de falsedad documental; Estaban Santana Santana, funcionario del ayuntamiento, de falsedad documental y malversación de caudales públicos; Rosa Troya Ramírez, administradora de una empresa del sector de la construcción, de falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación.
Santiago Alvarado Alonso, administrador de una empresa de Servicios hoteleros, es sospechoso de los delitos de falsedad documental, fraude y exacciones ilegales, y malversación; y por último Carmen Rosa Rodríguez Rodríguez, de falsedad documental y malversación.
Ayer por la noche, Pedro Morales Déniz, propietario de una ferretería, fue arrestado en el aeropuerto grancanario de Gando como sospechoso de haber cometido los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias.
Este empresario y los seis detenidos ayer quedaron en libertad con cargos tras declarar ante el TSJC y con la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.
Se trata de los ex alcaldes del PP Carmelo Vega Santana, y Antonio Díaz Hernández - que en la actualidad son concejales -, el ex concejal del mismo ayuntamiento Luis Manuel Troya Ramírez, y los técnicos municipales Santiago Hernández Álvarez, Antonio Ventura Rodríguez y Jacinto Hernández Álvarez.
Al igual que el empresario, han quedado imputados por prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
La operación se inició tras la denuncia presentada hace unos meses por varios concejales de esta corporación municipal, según la cual algunos de los anteriores alcaldes habrían cometido diversas irregularidades relacionadas con el urbanismo, informó la Benemérita.
En junio se registró el consistorio por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas, y la documentación intervenida ha llevado a las detenciones.
Santa Brígida está situada en el interior de Gran Canaria y tiene una población de casi 20.000 habitantes.
* SwissInfo - 24 de octubre de 2007
Foto: Santa Brígida (gran Canaria), ayuntamiento - canarias7.es
El Fiscal dice que Muñoz fue partícipe del ´urbanismo a la carta´ de Marbella
EFE* : La Fiscalía de Málaga pide la pena de veinte meses de prisión para el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por un delito contra la ordenación del territorio al considerar que fue partícipe del conocido como "urbanismo a la carta", un fenómeno que "ha prevalecido durante bastante tiempo" en este Ayuntamiento. Los hechos enjuiciados se remontan a 1998 cuando Muñoz junto con otros seis ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) que conformaban la corporación municipal concedieron durante una Comisión de Gobierno una licencia de obra para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable.
Durante la tercera sesión del juicio, celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Málaga, el Ministerio Público ha alegado que la corporación municipal con la aprobación de dicho permiso decidió "echarle un pulso al Estado de Derecho", con la única finalidad de "dejar una de las funciones públicas esenciales, como es el urbanismo, en base a unos intereses particulares".
Según el fiscal, esta conducta no es "aislada", sino que ha imperado en el consistorio marbellí durante muchos años y ha sido la que ha originado el denominado como "urbanismo a la carta".
Además, ha recordado que se otorga la licencia de obra a la sociedad Artola Inversiones para saldar una deuda que el consistorio mantenía con ésta y se hace todo un "esfuerzo" administrativo para desafectar la parcela.
En su alegato puso de manifiesto también que se acordó un permiso en base a un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sometido a revisión y que, por consiguiente, no había sido aprobado por el organismo competente, que es la Junta de Andalucía.
Respecto al resto de ex concejales, también imputados en esta misma causa y que habían puesto en duda ante la juez su asistencia en aquellas Comisiones, ha señalado que no consta ninguna protesta por parte de alguno de los integrantes de la corporación de que se estuviera alterando la realidad de lo ocurrido.
Por su parte, la acusación eleva la pena de Julián Muñoz a 24 meses de prisión al entender que era perfectamente consciente de que el informe técnico que avalaba la concesión de la citada licencia urbanística contenía un error, y que a pesar de ello firmó el convenio con la entidad Artola Inversiones.
La defensa de Muñoz ha argumentado que aquel permiso cumplía con la normas de aplicación directa de la ley del suelo, cumple con el PGOU recientemente aprobado -en el que la parcela goza del mismo uso que en el del planeamiento en revisión en 1998- y que además su cliente se basó en un informe técnico favorable aportado por el entonces secretario general Leopoldo Barrante.
Entre los ex ediles acusados en este procedimiento también se encuentra el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, para el que Fiscal pide la pena de dieciocho meses de cárcel, así como un hermano de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, Juan Antonio Yagüe, que se encuentra en busca y captura.
Julián Muñoz está encarcelado desde hace quince meses, cuando ingresó en prisión por el "Caso Malaya" sobre la corrupción en el consistorio marbellí; pesan sobre él dos condenas de un año de prisión cada una por causas urbanísticas y está a la espera de su clasificación penitenciaria para optar a beneficios carcelarios.
Las causas penales contra el ex alcalde por presuntas irregularidades urbanísticas rondan el centenar, casos con penas que oscilan entre los dieciocho meses y los dos años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público entre ocho y diez años.
* La Opinión de Málaga - 24 de octubre de 2007
Foto: Marbella - costasur.com
La sospecha se extiende en los municipios del archipiélago
ELPAÍS/Canarias* : La corrupción corroe la política canaria. Los casos de información privilegiada, comisiones ilegales y pelotazos urbanísticos se han multiplicado durante los últimos años en municipios de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Algunos han tocado al Gobierno autónomo, como las irregularidades en un concurso para la construcción de parques eólicos en 2006. Los más recientes son éstos...
- 'Caso Faycán'. Todos los miembros del gobierno local del PP en Telde (Gran Canaria), salvo un concejal, fueron detenidos y posteriormente dimitieron, a finales de 2006, por su implicación en una trama de favores urbanísticos a cambio de comisiones. El cerebro era la concejal de obras, Antonia Torres. "Cuando nos adjudicaron la obra, el asesor de la concejal nos dijo que debíamos abonarle 19.714 euros por haber sido adjudicatarios. Como no pagamos, dejaron de pagarnos las certificaciones de obras", declaró al juez un empresario extorsionado.
- 'Caso Mogán'. El juez ordenó el pasado febrero la detención del alcalde de Mogán, Francisco González (PP), por prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas y malversación por firmar un convenio con un empresario por el que éste debía entregar al ayuntamiento tres parcelas que nunca cedió. La nómina de supuestos delitos de su primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, se completaba con un fraude electoral por comprar supuestamente votos de turistas a los que lograba empadronar en el municipio. Bueno fue además acusada por la policía de espiar a la comisaria que investigó el caso.
- 'Caso Teresitas'. El fiscal presentó en diciembre una querella contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), tres concejales (uno de ellos del PSOE y otro del PP), varios técnicos municipales y dos empresarios por prevaricación y malversación. Los empresarios compraron suelo por 30 millones en los aledaños de la playa de Las Teresitas, revendieron un tercio por 53 millones al ayuntamiento, y el resto, recalificado, alcanzó un valor de 106 millones. El supuesto pelotazo ascendió a 129 millones de euros. Buena parte del suelo era público y el resto, un acantilado.
*ELPAIS.com - 24/10/2007
Foto: Tenerife, playa Teresitas - flickr.com
Las casas ilegales del aeropuerto de Córdoba se pagarán a precio de mercado
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ELPAÍS* : Construir ilegalmente sale a cuenta, al menos junto al aeropuerto de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Fomento insistieron ayer en pagar a precio de mercado la adquisición de las alrededor de 75 propiedades que deben desaparecer para ampliar el aeropuerto de la ciudad para que reciba vuelos comerciales. Las casas que hay en esos terrenos se levantaron ilegalmente y, pese a todo, hay algunos de esos propietarios que se oponen a la venta. El Ayuntamiento advirtió ayer de que, si no se llega a un acuerdo amistoso, se recurrirá a la expropiación forzosa y se pagará sólo el justiprecio.
"La ampliación no se supedita a que el propietario de los suelos esté de acuerdo o no", sostuvo Andrés Ocaña, responsable de Urbanismo en Córdoba.
AENA prevé que a mediados del mes de marzo tendrá el suelo necesario para la ampliación. El aeródromo multiplicará por tres su superficie hasta llegar a los 1.226.000. Cuando a mediados de 2009 se haya culminado la obra, habrá vuelos nacionales e internacionales. Ahora sólo pequeños aeroplanos lo utilizan.
El problema reside en que hay varias urbanizaciones de casas que se han levantado al margen del ordenamiento urbano cercando al aeropuerto. Hay parcelaciones, como Fontanar de Quintos, que están clasificadas como reconducibles, es decir, que podrán regularizarse en el futuro. Pero otras, como La Altea, nunca serán legales al estar en una zona inundable. En esta urbanización hay 29 casas. Se trata de viviendas unifamiliares con piscina y un terreno. Josefa Jiménez, de 52 años, lleva viviendo ahí desde 1995. Su casa, al igual que 18 más, desaparecerá. "Si se ha decidido así nos tendremos que aguantar", reconoció ayer. Jiménez vive con su marido, dos de sus hijas y un nieto. Al ser la presidenta de la asociación de vecinos, ha estado presente en las reuniones que se han celebrado ya con el Ayuntamiento y con AENA. En esos encuentros se ha dicho a los afectados que se pagarán sus casas a precio de mercado. Según un pequeño sondeo realizado por este diario, el precio medio en la zona ronda los 250.000 euros por una parcela de 1.500 metros cuadrados con una vivienda de 150. Pero las administraciones todavía no han dado a conocer ninguna cantidad concreta. Simplemente porque no tienen todavía la lista definitiva de propiedades afectadas. Fomento estima que en dos semanas estará ese listado.
Manuel Navarro, un hombre de 64 años que lleva 30 años viviendo al lado del aeropuerto, se quejaba ayer de la "falta de información". Dijo que todavía no le han confirmado oficialmente si tendrá que vender su casa y que lo sabe por lo que ha leído en los periódicos. También desconoce cuánto le pagarán por las tres viviendas y la nave industrial que tiene en su parcela.
Piso protegido sin sorteo
El Ayuntamiento de Córdoba está dando un buen número de salidas a los propietarios de las casas ilegales que deben desaparecer para que pueda ampliarse el aeropuerto. Andrés Ocaña (IU), responsable municipal de Urbanismo, indicó ayer que los afectados tienen derecho al realojo en una Vivienda de Protección Oficial sin sorteo, aunque deben cumplir unas condiciones.
Entre los requisitos que anunció ayer Ocaña está no ser propietario de otra vivienda, tener los niveles de renta máximos que se establecen para poder acceder a un piso protegido, estar empadronados en Córdoba y ofrecer la garantía de unos ingresos regulares.
Hay situaciones de todo tipo entre los alrededor de 75 afectados. Personas como Manuel Navarro, quien sí tiene otras propiedades, o como Josefa Jiménez, quien sólo dispone de la casa que tiene que desaparecer para que el aeropuerto cordobés pueda recibir vuelos comerciales.
El Ayuntamiento baraja que los vecinos que lo requieran puedan agruparse en forma de cooperativa y poder así recurrir a la forma legal de VPO. A lo que se ha negado el Ayuntamiento es a dar a los propietarios suelo para que puedan volver a levantarse chalés.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 24/10/2007
Foto: Córdoba, mezquita - Mats Halldin (wikipedia.org)
La Fiscalía pide 4,5 millones de multa por tres delitos de cohecho para dos ex ediles de Gondomar y un arquitecto
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EUROPAPRESS/Pontevedra* : La Fiscalía solicita tres penas de multa para el ex edil de Cultura de Gondomar (Pontevedra), José Luis Mosquera, y el ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, por cohecho y otras tantas para el arquitecto vigués Francisco Borja Ramilo Méndez, por un valor de 4,5 millones de euros tras ser detenidos en febrero acusados de corrupción urbanística.
En concreto, el escrito fiscal demanda para cada uno de los ex ediles una multa de 1,2 millones de euros, y dos de de 360.000; así como tres penas de suspensión de empleo y cargo público de dos años por cada una, pero no pide prisión.
Por su parte, para el arquitecto, como "coautor necesario", solicita tres penas de multa; una por 450.000 euros, otra de 135.000 euros y una tercera por más de 135.000 euros. Además, requiere la suspensión de empleo o cargo público durante cinco meses, por cada uno de los tres delitos.
Para la que considera cómplice de sólo uno de los delitos, Belén Fernández Fernández, pareja sentimental del ex edil de Cultura, el fiscal Juan Carlos Aladro demanda la penda de 135.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante tres meses.
HECHOS.
El fiscal considera que los ex ediles decidieron, "con el ánimo de enriquecerse" y "sirviéndose de la ventaja que les proporcionaban sus cargos oficiales", cobrar unas cantidades de dinero a cambio de favorecer con sus votos la incorporación, en unos casos, y el desarrollo, en otros, de proyectos de urbanización que deberían ser incorporados al Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.
Para ello, según el fiscal, se pusieron en contacto con el arquitecto que intervendría en los mismos, Francisco Borja Ramilo Méndez, que ejercía "de intermediario idóneo", ya que, por sus conocimientos técnicos y relaciones con propietarios y promotores, "era el mejor de los interlocutores".
Según destaca Aladro, los concejales trasladaron al arquitecto sus peticiones económicas sobre tres convenios. El primero en relación a la ordenación de la parcela SUZDR5 de la depuradora. Por su aprobación y desarrollo decidieron solicitar 600.000 euros.
El segundo se refería a una finca ubicada en el polígono 10, sobre el paraje de las Canasterías, con el que se pretendía la modificación de la edificabilidad, que se pedía que fuera similar a otra finca vecina del mismo que poseía una superior a la fijada. Para esta actuación los ediles pedían 180.000 euros.
El tercero de los convenios fue realizado con la sociedad A Pousa. Para su aprobación, desarrollo y ejecución solicitaron inicialmente la cantidad de 240.000 euros, que finalmente quedó reducida a 180.000 euros.
Entre enero y febrero de este año, los ediles se pusieron en varias ocasiones en contacto con el arquitecto para hacer efectivo el cobro de las citadas cantidades. En concreto, el fiscal destaca que el 7 de febrero se realizó una reunión con el representante de la sociedad A Pousa, con una cantidad de 60.000 euros en la aprobación definitiva y otros 60.0000 euros cuando superara la aprobación del órgano supervisor de la Xunta de Galicia.
Las detenciones fueron practicas el 14 de febrero cuando decidieron hacer efectiva la primera entrega del soborno en un estudio de arquitectura en la calle Colón de Vigo. Así, a las 21.00 horas acudieron el ex edil de Cultura y su novia al lugar, que fue cambiado finalmente a la cafetería del Hotel Galicia, situada en las proximidades del punto inicial.
* Europa Press - SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct
Foto: Gondomar (Pontevedra) - valminor.info
Detenidos por corrupción dos ex alcaldes del municipio grancanario de Santa Brígida
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EFE/LasPalmas* : La Guardia Civil ha detenido esta mañana a dos antiguos alcaldes del municipio grancanario de Santa Brígida, Carmelo Vega y Antonio Díaz (ambos del Partido Popular), por un presunto caso de corrupción. También han sido arrestados el ex primer teniente de alcalde Luis Troya (que en alguna ocasión fue regidor accidental), también del PP, y tres técnicos municipales -Santiago y Antonio Hernández Ávarez y Antonio Ventura Rodríguez-.
Fuentes de la investigación sospechan que los imputados contrataban los servicios de empresas en las que ellos mismos tenían intereses. Han sido detenidos por irregularidades urbanísticas que implican seis delitos (fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, falsificación documental, prevaricación, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios público), cometidos durante su gestión al frente del Ayuntamiento de la localidad canaria (de 20.000 habitantes) a partir de 2003.
Vega y Díaz siguen siendo concejales del grupo mixto del ayuntamiento, que ahora gobierna el PP en alianza con Los Verdes. Fue precisamente esta última formación la que denunció las supuestas irregularidades en Ayuntamiento a la Audiencia de Cuentas durante el mandato de Vega, que comenzó en 2003.
A Vega le sustituyó al frente de la alcaldía Díaz. Luego sería edil accidental Troya, que además era concejal de Urbanismo (en la anterior legislatura lo había sido de Vías y Obras; a las elecciones de 2003 se presentó como candidato de Coalición Canaria, pero luego se afilió al PP).
Desde hace más de un año, el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria investigaba el caso tras una denuncia de varios concejales. El pasado 20 de junio, la Guardia Civil registró el consistorio por orden del juez ante la negativa del Ayuntamiento a remitir unos documentos.
Sin embargo, la denuncia ante la Audiencia de Cuentas, presentada con anterioridad, no había prosperado. Los técnicos de tribunal tramitaron la documentación que ilustraba las presuntas irregularidades, pero el presidente, Rafael Medina Jaber, y el resto de consejeros no lo transmitieron a la vía penal.
La cuarta macrooperación
Las detenciones efectuadas hoy en el municipio grancanario de Santa Brígida forman parte de la denominada operación Brisán, la cuarta operación contra la corrupción municipal en la isla después de que en marzo de 2006 se destapara el caso Faycán en Telde.La primera fue la operación Faycán, que arrancó el 1 de marzo de 2006, contra una supuesta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales por parte del Ayuntamiento de Telde, el tercer municipio más poblado de Gran Canaria, con 97.525 habitantes.Entre los casi cuarenta imputados en esta operación figuran el que fuera alcalde del municipio, Francisco Valido (PP), que tuvo que dimitir por su implicación en el caso, varios concejales de su partido, empresarios y empleados municipales.El ex alcalde Francisco Valido, así como otros cinco concejales del PP renunciaron a sus cargos el 24 de noviembre del año pasado.A Faycán le siguió, en enero de 2007, la operación "Góndola", desarrollada en el municipio grancanario de Mogán, uno de los núcleos turísticos más importantes de la isla que tiene 16.569 habitantes.Tras "Góndola", este verano una nueva operación anticorrupción llamada Paraíso y desarrollada en el principal municipio turístico de la isla, San Bartolomé de Tirajana, con casi 48.000 habitantes, provocó nuevas detenciones de ediles.
* ELPAIS.com - Las Palmas de Gran Canaria - 23/10/2007
Foto: Santa Brígida (gran Canaria), ayuntamiento - A.Medina, EFE
Madrid encabeza la lista de las comunidades más contaminantes
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MDO/EUROPAPRESS* : Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas más contaminantes, al consumir y generar una contaminación de casi veinte veces (19,9) la capacidad de recarga de los recursos naturales (biocapacidad) de su territorio, mientras que la tasa global de España es de 2,6 veces. Así se desprende del informe 'La huella ecológica como elemento de valoración integrada de la sostenibilidad del desarrollo', que ha sido presentado este lunes por el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, durante la inauguración de un seminario, organizado por la Fundación Biodiversidad.
El informe, primero de estas características que se realiza en España, ha sido elaborado por un equipo de expertos, según ha explicado la presidenta de esa Fundación, María Artola.
La huella ecológica, cuyos primeros cálculos datan de finales de los años 90, es un indicador de carácter global que fija la superficie (en hectáreas) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población determinada.
Este indicador en España en el año 2005 era de 6,4, lo que significa que cada español necesita 6,4 hectáreas para que produzca todo lo que consume y pueda integrar en la naturaleza la contaminación que genera.
El informe determina también la biocapacidad (capacidad de carga) del territorio, que en el caso de España es de 2,43, por lo que la relación huella/biocapacidad es de 2,6.
Este valor, aunque elevado, es inferior, no obstante, al de otros países como Estados Unidos (9,7) o Japón (4,7), e incluso a la media europea (4,7).
Para ilustrar todos estos datos Serrano utilizó el símil de un vehículo que se conduce por encima de la línea roja de sus revoluciones, lo que a nivel mundial significa que se está utilizando el planeta "con una sobre-revolución".
Lo más preocupante, según el director general, es que los incrementos en la huella ecológica son "tremendamente elevados" y en algunos países los niveles son "absolutamente inaceptables".
La tala de bosques, el agua potable y las emisiones de CO2 asociadas al consumo energético son las principales razones de esa insostenibilidad.
En cuanto a la distribución regional de la huella ecológica, los niveles más altos se registran en las comunidades autónomas con fuertes procesos de urbanización y las que siguen teniendo suelos potencialmente urbanizables.
Así, la Comunidad de Madrid encabeza la clasificación, ya que consume y genera una contaminación de casi veinte veces (19,9) la biocapacidad de su territorio, seguida de Canarias (10,4) y Comunidad Valenciana (7,2), además de Ceuta (41,9) y Melilla (38,7).
Por el contrario, las regiones mejor situadas desde el punto de vista de la sostenibilidad son Castilla y León (0,7) y Castilla-La Mancha y Extremadura (0,8 en ambos casos), por lo que tienen biocapacidad excedentaria.
Serrano aseguró que España está creciendo a una renta per cápita superior a la media de la Unión Europea, mientras que desde una perspectiva medioambiental aún se está lejos de converger.
Explico, asimismo, que la huella ecológica va a seguir aumentando de manera significativa de aquí al año 2020, de tal forma que con las políticas puestas en marcha y suponiendo que se cumplan el 80 por ciento de los objetivos, ese valor permanecerá constante pero no mejorará respecto a los niveles de 2004.
* Madridiario - 22 de Octubre de 2007
Foto: Madrid, contaminación M-40 - J.París (20minutos.es)
La Isla de La Toja enladrillada hasta el exceso
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ELPAÍS* : La Illa da Toxa (Isla de la Toja) en Pontevedra, frente a O Grove, paraíso del marisco, se está convirtiendo en una pura urbanización. La parte norte de esta isla está ocupada por un hotel de lujo y un campo de golf. La isla está dividida en su centro por una carretera que te lleva al balneario y a otro hotel, aparte de a un área comercial, mejor dicho, a dos, todo en la parte sur. Pues bien, toda la parte sur de la isla es una gran urbanización.
Estas viviendas que se ven en la foto han llegado al mismo balneario, ya no se puede construir más; está el mar.
* ELPAIS.com - Yo Periodista - RAFAEL GORGOJO - La Toja (Galicia) - 19/10/2007
Foto: La Toja - elpais.com
Notas para el debate sobre la vivienda
ANÍBAL BAGAUDA* : Una vez que el tándem Zapatero-Chacón presentó públicamente su “plan estrella” sobre vivienda, gran parte del debate ha girado en torno a si éste es (y/o en qué medida) copia del establecido en 2004 siendo Trujillo ministra del ramo. Esa falsa discusión no hace sino obviar el meollo del asunto y dificultar la observación del hecho de que dichas medidas dejan intacto el fondo del problema, ya que éste no es superestructural, que se pueda arreglar con dos o tres leyes o con un paquete de disposiciones, sino estructural, que exige un cambio de raíz de la política de vivienda, junto con el de política fiscal, presupuestaria y económica, cambio que sería inasumible por el Régimen dada su naturaleza.
Veamos. Las estrellas del plan que dicen lucir más son:
a) ayuda de 210 euros a jóvenes de entre 22 y 30 años con unos ingresos máximos de 22.000 euros y durante un máximo de 4 años;
b) deducción de un 10.05 % en la cuota estatal del IRPF para el inquilino arrendatario, sin límite de edad, con unos ingresos máximos de 24.000 euros netos;
c) deducción fiscal para los propietarios de pisos que los pongan en alquiler a menores de 35 años: 100 % de exención para los ingresos obtenidos por ello.
Las tres medidas tienen como objetivo, apunta el Ministerio, promover el alquiler. Las dos primeras actúan sobre el inquilino; la tercera sobre el propietario.
Habría mucho que comentar, mas el objeto de estas notas es centrarse en lo que creemos esencial. Lo primero que se pone en evidencia es que si van a dar ayudas, bien directas (“a”), bien indirectas (“b”), es porque el alquiler va a seguir estando alto (el alquiler medio, ahora, es de 720 euros/mes).
Es más, las ayudas directas posiblemente lo encarezcan (todos sabemos lo que pasa en un pueblo o ciudad cuando toca la lotería), lo que resulta harto jugoso para los propietarios, que a su vez, hemos visto, van a tener exenciones fiscales. No sólo se siguen enriqueciéndose los mismos a costa de las clases populares sino que lo harán en mayor cuantía, y esto a costa del erario público (se calcula que sólo la primera medida citada supondrá unos 68.385 millones de pesetas).
En modo alguno, por lo tanto, cumple el objetivo señalado y sí el de fomentar la especulación de grandes y pequeños propietarios. Fomentar realmente el alquiler implicaría muy especialmente crear un potente parque público de viviendas alquilándolas la administración a unos precios asequibles para las familias trabajadoras, nunca superiores al 15-20 % de su salario, lo que atacaría directamente a la especulación. Tampoco podemos olvidar que hay en España 3 millones de viviendas vacías y otros 3 millones semivacías. La vivienda como bien y servicio público, que debiera ser, exige que todo este parque inmobiliario se ponga a disposición de los ciudadanos y para ello debe hacerse lo contrario de lo que se quiere: gravar todas esas viviendas, de forma que la carga impositiva sea mayor cuanto mayor sea el número de viviendas vacías en posesión.
Ayer anunciaban los medios de comunicación (¿?) que el Euribor sube en septiembre al 4.72 %. Y con él, de nuevo, las letras a pagar por las hipotecas. ¿Este “plan estrella” va a impedir esto? ¿Va a solucionar el endeudamiento generalizado de los ciudadanos (88 % del PIB); va a romper las cadenas que nos atan a los bancos? ¿Se va a impedir que la gran burguesía haga recaer la crisis financiera en ciernes, que ya actúa sobre ese Euribor (1), sobre las espaldas de los trabajadores? La respuesta a las tres cuestiones es que no.
Ahora bien, ¿podría el Ejecutivo de Zapatero dar solución a estos problemas? La respuesta sigue siendo negativa. Y lo es porque con nuestro endeudamiento los bancos ganan mucho dinero y ya sabemos lo amigos que son los señores Botín (nunca mejor nombre para un usurero) y el talentoso Zapatero; porque el modelo económico asentado por los distintos gobiernos de la Monarquía es altamente especulativo y no productivo lo que le hace más sensible a esta crisis, producto del sistema capitalista, que deja sentir ya sus efectos sobre el aumento del Euribor; porque “Es una crisis avivada y consentida por los bancos centrales” “Y es una crisis de las que podrían evitarse con otras políticas y con otros objetivos sociales” (2). Estas otras políticas y objetivos sociales pasan por que la vivienda sea de hecho un bien social y por la intervención sin complejos de la administración en la economía, de manera que tenga un importante control sobre los medios de producción en lo que a viviendas se refiere: disposición y control, en primer lugar, del suelo (3) y de toda suerte de infraestructuras, entre ellas de empresas públicas de vivienda, que permitan construir, por ejemplo, el parque de viviendas en alquiler mencionado arriba. Pasa también por hacer del Banco de España y, en general, de la banca unos servidores de los ciudadanos y no al revés como se viene haciendo.
Se entenderá fácilmente que este tipo de políticas no caben en el angosto Régimen monárquico.
El problema, pues, persiste (pero claro, hay que hacer gestos populistas; lanzar medidas electoralistas). Con el plan estrella la vivienda sigue siendo una mercancía con la que obtener plusvalías. Mientras la vivienda, bien en compra, bien en alquiler, esté sometida al mercado, a la ganancia rápida, a la especulación inmobiliaria (promovida por las distintas administraciones, constructoras y bancos), que se enseñorea por las tierras de España, este problema crónico de nuestra sociedad tendrá difícil solución. No olvidemos tampoco la corrupción, consubstancial a aquélla, que como cáncer tiene metástasis por todos los territorios del Estado (4). ¿La erradicará el plan de la ministra?
Ya para terminar traemos aquí el anuncio de la señora Chacón de un segundo paquete de medidas encaminadas a desahuciar a los inquilinos morosos, que aparte de injustas (una resolución, a sabiendas, de manifiesta injusticia por parte de empleados públicos el diccionario lo define como prevaricación), pues la morosidad no es, en general, una cuestión subjetiva de impago voluntario para fastidiar al propietario sino una cuestión objetiva de falta de poder adquisitivo, supondrán una burocratización mayor de la administración con los costes de ello derivados. Este desahucio, por lo expuesto hasta aquí, sería bien recibido por nuestra parte si recayera sobre los inquilinos de la Zarzuela, de la Moncloa y de esos magníficos y bonitos edificios que son los bancos.
La vivienda, como muchas otras, en definitiva es una cuestión de clase, y convenimos con Engels en que “Para acabar con esta escasez de vivienda (digna y asequible) no hay más que un medio: abolir la explotación y la opresión de las clases laboriosas por la clase dominante” (5).
Notas:
(1) “Esa diferencia tan grande (entre los tipos de interés -4%- y el Euribor -4.72 %) no responde tanto a las expectativas de nuevas subidas de tipos como a las tensiones de liquidez que han sacudido el mercado financiero” (EL País, 27/9/07).
(2) Juan Torres López, “Diez ideas para entender la crisis financiera”.
(3) Torres López (id.) apunta que “Se calcula, por ejemplo, que los bancos han adquirido la mitad del suelo urbanizable puesto a la venta en España en los últimos quince años”.
(4) El País de fecha 24 de septiembre del presente se despachaba en primera plana con este titular: “El fiscal alerta de que la corrupción se expande por la costa andaluza”.
(5) F. Engels, “El problema de la vivienda”. El paréntesis es nuestro.
http://www.pceml.info
* Rebelión - 20-10-2007
Interior pone a la venta un cuartel en Segovia que sólo puede tener uso militar
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ABC* : El Ministerio de Interior ha sacado a subasta pública la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Valverde del Majano (Segovia), aunque las normas urbanísticas no permiten para este inmueble otro uso que el militar. Tiene un precio de licitación para la primera subasta, que se celebrará el próximo 27 de noviembre, de 346.000 euros. Si la primera cita quedara desierta, se celebraría una segunda subasta en la que el precio de licitación se rebajaría hasta llegar a los 311.400 euros, informa Ical.
El anuncio de la licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de octubre, precisamente el día de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, según las mismas fuentes.
Cedido por la Guardia Civil
Aunque en principio podría pujar cualquier persona, lo cierto es que el edificio no podría tener otro uso que el destinado a seguridad, detalle no especificado en el anuncio y que lo publicita como de uso residencial o talleres.
El inmueble fue cedido en su día a la Guardia Civil para destinarlo a casa cuartel.
Tras haberlo ocupado unos años, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad (Giese) del Ministerio del Interior lo ha puesto a la venta.
El edificio se ubica en el número 29 de la calle Iglesia, en plena travesía de la localidad. Cuenta con tres plantas y, desde que quedó abandonado, su aspecto se ha ido degradando hasta el punto de que en algunas ocasiones ha recibido quejas vecinales por la existencia de ratas en el interior.
La propia web del Ministerio del Interior, a través de la Giese, informa de que el inmueble cuenta con 678 metros cuadrados de superficie sobre un solar de 1.700 metros cuadrados.
Junto a este anuncio de subasta, el Ministerio también publica en el BOE la enajenación de otros inmuebles similares como la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de Cañete de las Torres (Albacete) por 481.250 euros. El cuartel de Salvaleón, en la provincia de Badajoz, se anuncia por un precio base de 227.526 euros, y otro de Valverde de Fresno (Cáceres) sale a subasta por 24.624 euros.
En todos los casos las ofertas para optar a su propiedad deben presentarse hasta el próximo día 6 de noviembre.
* ABC - SEGOVIA - 22 de octubre de 2007
Foto: Segovia, acueducto - Manuel González Olaechea y Franco (wikipedia.org)
Una marcha de 200 personas protesta ante la zona devastada en la Sierra Escalona
INFORMACIÓN/Alicante* : Cerca de 200 personas desafiaron ayer las condiciones meteorológicas para sumarse a la marcha convocada por la asociación Amigos de Sierra Escalona (ASE) contra la urbanización de 2.286 viviendas de lujo en la zona perteneciene al término municipal de Orihuela de Sierra Escalona. Con la marcha, los participantes pudieron acceder a la zona de la sierra devastada por las obras de urbanización del PAU-21, y que sorprendieron a muchos de los asistentes, según reconocieron.
La protesta reivindicaba la suspensión del plan urbanístico (aprobado por el Ayuntamiento de Orihuela con el visto bueno de la Generalitat Valenciana) y la ocupación por parte de la empresa urbanizadora de la Cañada Real, cerrada al público y ayer, día de la protesta, abierta «por sorpresa hasta la subida a la zona donde se está construyendo el PAU-21», indicó el presidente de ASE, Miguel Ángel Pavón.
La marcha, que contó con el respaldo de distintas formaciones políticas, se efectuó por un recorrido de 3,5 kilómetros, caminando por la vereda del Camino Real en término de San Miguel de Salinas, desde la urbanización Los Carteros, hasta la zona de las obras del PAU-21.
Los participantes encontraron carteles de «Prohibido el paso» en la intersección con caminos privados «que nos indicaban muy bien que sólo podíamos ir por la zona de la vereda y no salirnos de ahí», indicó Pavón. Durante el trayecto, los asistentes pudieron comprobar in situ los destrozos efectuados en el interior de la sierra así como los desmontes y talas provocados por las obras. Pavón denunció los destrozos sufridos debido a estas obras en el barranco de la Cañada del Espartal, ocasionados por la construcción de un puente.
El presidente de ASE y otros asistentes recalcaron la presencia de cuatro personas que vigilaron el recorrido de la marcha «y que seguramente pertenecen a una empresa de seguridad privada contratada por la urbanizadora».
El acceso público a la zona del PAU-21, vendida comercialmente como Las Colinas, está vetado desde el inicio de los trabajos de movimientos de tierras por miembros de una empresa de vigilancia privada contratada por la urbanizadora.
* Diario Información - S.LL. - 22 de octubre de 2007
Foto: Participantes en la marcha por Sierra Escalona durante el recorrido ayer - diarioinformacion.com
El TSJC desestima el recurso de una empresa que quería construir casi 200 viviendas en Colindres
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EUROPAPRESS/Santander* : La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso interpuesto por Mercantil Otersa contra un acuerdo del Ayuntamiento de Colindres por el cual se comunicó a la empresa que en ningún modo, "ni tácita ni expresamente" le había sido aprobado provisionalmente un Plan Parcial en el que se planteaba la construcción de 192 viviendas en terrenos protegidos por el Plan de Ordenación del Litoral (POL).
Según se explica en la sentencia, hecha pública hoy, los hechos se remontan a mayo del año 2004, cuando el Ayuntamiento de Colindres aprobó de forma inicial el Plan Parcial, pero con varios condicionantes, entre otros, la necesidad de incluir en el planeamiento todos los terrenos del sector -como exigía el Plan General de Ordenación Urbana-, limitar a 188 el número máximo de viviendas, y las limitaciones que pudieran derivarse de los informes sectoriales.
Sin embargo, tal como expone la sentencia, la empresa no presentó un nuevo proyecto del Plan Parcial ajustado a las determinaciones del PGOU y, además, se constató que el Plan Parcial era "incompatible" con la clasificación de los terrenos como protección de ribera en el POL. Por todo ello, el Consistorio en diciembre de 2004 adoptó el acuerdo de comunicar a Otersa que no se podía considerar como aprobado el Plan Parcial.
Esta es la resolución que la empresa recurrió ante el TSJC, alegando que el Plan Parcial sí cumplía las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana y tachando el POL de inconstitucional. Pero ninguno de sus argumentos ha sido atendido por la Sala de lo Contencioso, que avala tanto la constitucionalidad del POL como la legalidad del acuerdo del Ayuntamiento de Colindres.
Respecto a este último, la sala insiste en que la aprobación provisional fue "condicionada" y después no se dieron los requisitos para darla por válida porque la empresa no presentó un proyecto de Plan Parcial ajustado a las determinaciones del PGOU. Junto a ello, también recalca que los terrenos estaban incluidos en la protección de ribera del POL, como "reconoce expresamente" la propia empresa.
Y en cuanto a la constitucionalidad del Plan de Ordenación del Litoral, la Sala cree que "no cabe invocar la infracción de los derechos de participación social" para justificar una supuesta inconstitucionalidad, porque el derecho de audiencia propio de los planeamientos afecta exclusivamente al ámbito reglamentario, y en este caso se trata de una ley.
Asimismo, tampoco cree que se vulnere la Constitución por el hecho de que el anexo sobre los espacios considerados de protección de ribera no tenga rango de reglamento o por el hecho de no haber permitido a los afectados cuestionar algunos aspectos del anteproyecto de ley antes de su aprobación como proyecto de ley por el Consejo de Gobierno.
* El Diario Montañés - 22.10.07
Foto: Mercantil Otersa quería construir 192 viviendas en Colindres./DM
Medio millar de personas protestan contra el urbanismo «ilegal» en Cabo de Gata
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SUR/Almería* : Unas 500 personas 'tomaron' el tramo de la carretera que une la Iglesia de las Salinas con la barriada de La Fabriquilla, en Cabo de Gata, para mostrar su rechazo más absoluto al proyecto de construcción en 15 hectáreas de este entorno de una urbanización con 151 viviendas. La marcha, que concluyó con una concentración en la zona en la que se pretenden levantar estas casas, fue apoyada por 13 colectivos conservacionistas, sindicatos y formaciones políticas y se caracterizó por el uso de paraguas por parte de los manifestantes para 'protegerse' simbólicamente del ladrillo que empieza a caer sobre Cabo de Gata-Níjar.
Ante la pancarta en la que podía leerse 'Stop. Urbanismo ilegal en el parque natural', el coordinador de Ecologistas en Acción en Almería, Francisco Toledano, criticó la falta de «voluntad política» por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Níjar (PP) para frenar este plan -avalado por una sentencia del Tribunal Supremo que declara suelo urbanizable el terreno-, e instó a que la historia se resuelva «de forma tranquila» gracias a un acuerdo.
Amenazado
Asimismo, pidió la protección de un patrimonio natural «que es de todos», que ha sido heredado y es necesario que se conserve para futuras generaciones, y reclamó que «no prevalezca» el interés privado en detrimento del público. En ese mismo sentido se pronunció la portavoz del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), Fuensanta Alcalá, que detalló que la nueva urbanización está prevista a ambos lados de la carretera que queda a espaldas de La Fabriquilla y valoró que vendría a ampliar de modo excepcional un núcleo de población «que no tiene más de 60 casas y que está muy amenazado por la dinámica litoral».
Y es que, según recordó Alcalá, los temporales de los últimos años «ya se han encargado de apropiarse de La Fabriquilla» y «no tendría sentido hacer una urbanización de este tipo cuando estamos con el cambio climático y con una elevación del nivel del mar que podría en peligro esta zona».
El proyecto lleva años planteado pero la pugna entre los propietarios de los terrenos y la Junta en los tribunales lo ha mantenido paralizado hasta el momento. Una sentencia judicial fue la que dio la razón a los dueños en cuanto que la tierra debe de considerarse urbanizable mientras que la administración autonómica trata ahora de llegar a un acuerdo, sobre todo con el Ayuntamiento de Níjar, para que no salga adelante la construcción. La opción, han explicado una y otra vez desde la Junta, pasa por una permuta de los terrenos para evitar que se urbanice esta finca.
Otros casos
El caso de La Fabriquilla no fue el único contra el que se manifestaron los participantes en la marcha-concentración de la mañana de ayer. Los convocantes hicieron extensiva la acción de denuncia a otros proyectos que, a su parecer, «amenazan» el parque natural y entre los que destacan la urbanización Marinas de Agua Amarga (Níjar), en el que se refleja la construcción de un hotel y 350 viviendas, o el desarrollo residencial de dos sectores incluidos en el paraje de 'El Algarrobico' (Carboneras), donde están previstas otras 1.500 viviendas, además del polémico hotel que se pretende derribar por parte del Gobierno central.
De igual modo, la manifestación puso de relieve la ampliación del suelo construido en el espacio protegido pese al vigente Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la que fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1997 .
* Diario SUR - 22.10.07 - ANA LÓPEZ
Foto: Hasta 13 colectivos secundan la iniciativa para proteger el parque natural / CHEMA ARTERO (SUR)
La Fiscalía pide más sentencias de derribo de construcciones ilegales
EUROPASUR* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz considera que la situación urbanística en el Campo de Gibraltar, al igual que en el resto de la provincia, está “fuera de control”. Su titular, Ángel Núñez, destaca las irregularidades en el frente litoral. Asimismo, alerta sobre las construcciones ilegales en los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho, con especial hincapié en este último. La Fiscalía ha conseguido que el criterio general de la Audiencia Provincial sea ya el de ordenar la demolición de las viviendas ilegales. Así, en este ejercicio se han dado ya más de una veintena de sentencias en este sentido, la mayoría de ellas en Chiclana y Puerto Real, aunque también hay casos en Sanlúcar o Algeciras.
No obstante, Núñez echa en falta más sentencias de demolición por parte de los jueces comarcales a través de los Juzgados de lo Penal de Algeciras. “Es el criterio general en la Audiencia de Cádiz, pero no tanto en la sección de Algeciras. Una situación que dificulta acabar con la sensación de impunidad por parte de los infractores”, recalca a este diario el fiscal de Medio Ambiente. Una percepción que está recogida en la Memoria de 2006 y que pone de manifiesto la fiscal especializada en esta materia en el Campo de Gibraltar, Inmaculada Budiño.
Núñez explica que si se imponen penas y los particulares no tienen antecedentes, las casas ilegales se quedan en pie. Un fallo que sale en definitiva rentable a los particulares, al no llevar implícita la demolición de la edificación.
El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz es contrario a los procesos de regularización de las viviendas por parte de los ayuntamientos ya que, afirma, de este modo se crea un “efecto llamada”. Unas iniciativas que planean la mayoría de los consistorios comarcales en aquellos casos que no atenten contra la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
“No se puede hablar de fraude de ley. Los ayuntamientos disponen de herramientas para legalizar las viviendas a través de la Ley Urbanística. Ante esto poco podemos hacer si lo ratifica la Junta. Sin embargo, considero que no es la solución, ya que otros particulares pueden construir cerca con la esperanza de que en un futuro se abra otro proceso”, apunta.
Núñez argumenta que aquellas viviendas edificadas en suelo privado pero rústico acaban suponiendo un gasto para el resto de ciudadanos. “Acaban convirtiéndose en grupos de presión. Los vecinos no pagan los servicios pero exigen ser dotados de éstos por parte de los ayuntamientos”, indica. Una circunstancia que se da en varios municipios de la comarca.
La Fiscalía quiere que los Juzgados de lo Penal sigan el criterio general de la Audiencia de ordenar las demoliciones. “Hasta ahora, cuando los casos iban por la vía administrativa, se iniciaban recursos que pasaban por las diferentes instancias y el proceso era muy largo. En el caso de los procesos penales, una vez que la sentencia es firme no cabe ulterior recurso”, argumenta Núñez, que añade que si se supera el plazo otorgado por la Justicia, la Fiscalía pediría que se llevara a cabo la demolición de forma subsidiaria.
En la Memoria de la Fiscalía de 2006 se citan tres procedimientos abreviados en los que los juzgados de lo Penal uno y dos de Algeciras dictaron sentencias de derribo.
Asimismo, destacan unas diligencias previas abiertas por parte del Juzgado de Instrucción número dos de San Roque donde se investigan delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística referentes a la construcción de varias urbanizaciones ilegales levantadas en suelo no urbanizable dentro del término municipal sanroqueño.
La Fiscalía también hace mención a procedimientos abiertos por la colocación de casas de madera en los parques naturales de la comarca, pese a ser suelo no urbanizable de especial protección, citando casos en los municipios de Algeciras, Los Barrios y Tarifa.
Núñez, en su informe, destaca la necesidad de contar con más medios personales y materiales para combatir este tipo de delitos. Asimismo, ve imprescindible contar con instancias periciales imparciales e independientes tanto en materia medioambiental como urbanística desde la fase de investigación del Ministerio Fiscal. También considera necesario contar con especialistas en estas materias dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Una memoria, la de Núñez, que ha sido calificada de “magnífica” por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
* Europa Sur - R. Montes, Algeciras - 21/10/2007
Foto: Chiclana (Cádiz), el marquesado - lavozdigital.es
Presentan dos recursos para frenar las obras del complejo de Villanueva de Gómez
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NORTECASTILLA/Ávila* : Ecologistas en Acción y Centaurea presentaron ayer dos recursos contencioso-administrativos para exigir la paralización de los trabajos en la urbanización de Villanueva de Gómez (Ávila) y ya anuncian que están dispuestos a llegar a la vía penal para depurar responsabilidades. Según explicó a Europa Press el presidente de Centaurea, Carlos Bravo, uno de los recursos se ha presentado en Valladolid contra la Consejería de Medio Ambiente por no declarar Área Crítica el pinar de Villanueva de Gómez, donde anida una pareja de águila imperial ibérica y ha sacado pollos con éxito en las dos últimas temporadas.
«Hay un decreto de la Junta del 2003 que obliga a que cuando se constate la presencia y reproducción del águila imperial en una zona que no esté incluida en el plan de recuperación tendrá que ser declarada Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) y Area Crítica», manifestó Bravo, quien señaló que «ya han pasado muchos meses desde que varios grupos solicitamos a la Junta que aplicara su propia normativa, no nos han contestado y entendemos que hay una dejación».
El otro recurso se ha presentado en un juzgado de Ávila contra la construcción de viales y los sistemas generales de la urbanización. Al respecto, Bravo señaló que se han abierto al menos 30 kilómetros de calle en los que se podrían haber talado unos 10.000 pinos y aseguró que los trabajos se han llevado a cabo «sin que se haya tramitado nada» y sin llevar a cabo el trámite obligatorio de impacto ambiental. Centaurea y Ecologistas en Acción piden por ello que las obras sean declaradas nulas y que se ordene paralizar los trabajos y se restaure la zona.
Bravo acusó además al alcalde de Villanueva de Gómez, José Martín, de «saltarse todos los trámites de forma ilegal» y manifestó que el único documento del que dispone el Ayuntamiento es «una resolución del alcalde diciendo que él mismo autoriza los viales». «Él no puede hacer eso, lo tiene que hacer la Comisión Territorial de Urbanismo», declaró el presidente de Centaurea, quien ya anunció que si los recursos presentados prosperan se acudirá a la vía penal.
Nueva denuncia
Al respecto, anunció que se está preparando una denuncia porque la urbanización «no tiene ninguna base legal». También advirtió que si en un breve plazo de tiempo no se responde a las alegaciones por la ocupación de la vía pecuaria Vereda de Salamanca, presentarán otro recurso.
Por su parte, el alcalde del municipio declaró ayer que el pinar de Villanueva de Gómez «no puede perder la categoría de suelo urbanizable» y se mostró confiado en que el proyecto urbanístico, que incluye la construcción de 7.500 viviendas y tres campos de golf, continúe adelante.
«El suelo es urbanizable desde 1980 y ahora no puede perder esa categoría», aseguró el regidor, quien destacó que más de la mitad de la finca, con más de 700 hectáreas, es urbanizable «y no se le puede quitar nada a esas 400 hectáreas». En cuanto a los recursos presentados por los ecologistas consideró que «no afectaran en nada al proyecto».
* El Norte de Castilla - 20.10.07
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), pinos talados - HENAR SASTRE (nortecastilla.es)
'Pisos patera' para turistas
ELPAÍS/Barcelona* : El turismo barato amenaza Barcelona. Llegó a través de Internet en compañías aéreas de bajo costo y ha logrado en los últimos años afianzarse con apartamentos a precio de saldo, en su mayoría ilícitos. El fenómeno ha permitido la creación de una amplia red de alojamientos ilegales que nadie controla y que acaban convirtiéndose en pisos patera para turistas. Primero fue Ciutat Vella, pero ahora es también Diagonal Mar y otras zonas de la ciudad. Los gestores municipales están alarmados; reclaman instrumentos legales que permitan cazar a los promotores y cerrar los alojamientos clandestinos. Se calcula que sólo en Ciutat Vella hay más de 1.000 apartamentos clandestinos.
"Otra manera de estar en Barcelona; disponemos de toda una gama de apartamentos de vacaciones que van desde alojamientos baratos a precio de saldo a lujosos apartamentos para ejecutivos...", asegura una propaganda de apartamentos vacacionales por días. Los precios son tentadores: 40 euros al día por un apartamento de 32 metros cuadrados y dos camas, o 105 euros al día por uno de 86 metros cuadrados con capacidad para cuatro personas. La negociación se efectúa a través de Internet, así como el pago, que se realiza con tarjeta de crédito.
El único contacto humano es el de una azafata o encargada que, de manera también discreta, le esperará el día de su llegada a la puerta del apartamento para darle la llave, y el de su salida, para recogerla. Cuando el grupo de ocupantes se va, viene una brigada de limpieza y reparación que adecenta el piso para la nueva remesa. Nadie controlará ni fiscalizará el número real de turistas que acabará utilizando el apartamento. Las vacaciones están servidas.
"La red de apartamentos ilegales de Barcelona cada vez es más amplia y compleja. Surgen y se desvanecen con facilidad. No dejan rastro. La capacidad de los gestores de apartamentos turísticos ilegales para camuflarse en Internet es inaudita", asegura Elio Lozano, director de los servicios técnicos del distrito de Ciutat Vella de Barcelona, donde se concentra la mayor oferta clandestina de la ciudad.
Ciutat Vella cuenta con una red legal de 700 apartamentos turísticos, inscritos en el registro de Turismo de la Generalitat y que han sido homologados por los servicios técnicos del distrito. Al margen de esta oferta legal, se esconde una red de alojamientos clandestinos cuya magnitud, según los técnicos, es imposible determinar. Las investigaciones efectuadas, especialmente a través de Internet, les han permitido identificar en el distrito al menos tres grandes redes. También han detectado otra variante inquietante: ofertas individualizadas, de pequeños propietarios. No hay direcciones. En el mejor de los casos, un número de teléfono movil.
"En el distrito de Ciutat Vella nos hemos convertido, gracias a una reciente ordenanza de usos, en pioneros en Cataluña en la lucha contra los apartamentos ilegales. Pero nos faltan instrumentos legales suficientes para actuar con energía, de la misma manera que lo podemos hacer con los comercios ilegales. Por eso reclamamos de la Generalitat que ponga orden y reglamente el sector, pero sobre todo que nos dé armas", insiste el responsable técnico de Ciutat Vella. Además, "detrás de cada apartamento ilegal puede haber también un fraude fiscal".
Los promotores de apartamentos ilícitos de Ciutat Vella, presionados por la persecución municipal, se han visto obligados a buscar otras zonas de expansión. Diagonal Mar se está convirtiendo en un nuevo destino del turismo clandestino. El fenómeno es relativamente nuevo en este distrito. Pero aun así hay detectados al menos 60 apartamentos ilegales, que cohabitan con otros 100 legales, según Joan Soto, de la concejalía. El mercado ilegal trata asimismo de abrirse camino en el Eixample y se detectan casos en Sants, Poble Sec y Montjuïc. "El mejor aliado que tenemos por ahora en la lucha contra este tipo de apartamentos son los propios vecinos. Las denuncias a la Guardia Urbana nos permiten actualizar nuestros datos y en muchos casos actuar", opina Lozano.
Porque, sean legales o ilegales, los problemas no terminan ahí. Los vecinos de algunas casas de la calle de Caracas padecen las molestias de este tráfico. En los balcones han colgado pancartas para recordar al Ayuntamiento que tiene un tema pendiente: "Hereu, esto no es un hotel".
"¿Sabe usted lo que supone para una comunidad estable de 60 vecinos descubrir de pronto que en el inmueble hay periódicamente un movimiento rotatorio de otros 30 inquilinos?", comenta un vecino. Entre el 10% y el 20% de los pisos de su edificio sirven de alojamiento turístico por días. Hay quejas de todo tipo: turistas borrachos haciendo sus necesidades en la piscina, uso indebido y abusivo de los ascensores, insultos y malos tratos, y sobre todo, fiestas ruidosas a horas intempestivas.
Las noches son infernales
Las quejas de los vecinos de este tipo de turismo son persistentes.
"Para mí no hay diferencia entre los apartamentos turísticos legales y los ilegales. Todo es lo mismo. Es un infierno vivir junto a un piso turístico por días", asegura Diana Oliva, de 60 años, secretaria de dirección y vecina del inmueble número 23 de la calle de la Portaferrissa de Barcelona.
Desde hace más de un año los vecinos de esta comunidad se han dirigido a las diferentes administraciones solicitando el cierre de los dos apartamentos turísticos existentes en el edificio. Hasta ahora han conseguido sólo el cierre de uno de ellos, que era ilegal. Las quejas de estos vecinos coinciden también con los de Via Laietana 13, donde los residentes se ven obligados a convivir con los turistas de 11 apartamentos turísticos.
"Hay noches en que es imposible dormir. Hay noches que nos las pasamos en vela con el corazón encogido. Cuando no es la música, son los gritos, las risas, los portazos sin contemplaciones, los movimientos de muebles y las llamadas por interfono o timbrazos equivocados. Una vez los huéspedes llegaron borrachos", describe Diana Oliva en una de las cartas de denuncia.
* ELPAIS.com - FERRAN SALES - Barcelona - 21/10/2007
Foto: Pisos patera - terra.org
Vitoria: La Fiscalía denuncia al ex concejal Ibarrondo por prevaricación urbanística
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ELCORREO* : La tormenta política que salpicó al anterior gobierno del PP de Vitoria en el tramo final de su mandato por los controvertidos chalés de Ali e Ibaiondo tiene desde ayer derivaciones judiciales. La Fiscalía de la Audiencia, tras examinar durante cinco meses -a petición de PNV, PSE, EB y EA- las conclusiones de la comisión municipal de investigación sobre ambos casos, ha decidido denunciar ante el juez al ex teniente de alcalde y ex concejal de Urbanismo Jorge Ibarrondo, y al que fue su director en ese área, Antón Sáenz de Santa María. A su juicio, existen indicios de prevaricación urbanística en su actuación en las dos promociones.
Además, Josu Izaguirre cree que a este último podría atribuírsele también un delito de falsedad documental.
En Ibaiondo, el Consistorio popular permitió a una promotora cobrar un sobreprecio por unos chalés tasados que el ministerio público juzga ilegal. En Ali, autorizó a otra constructora a levantar siete casas en lugar de las seis que, por el tamaño del solar, permite la legislación vigente.
La primera de las dos polémicas saltó a la luz en agosto de 2006. Los adjudicatarios de veinticuatro chalés bioclimáticos en el barrio de Ibaiondo acusaron a la promotora, Opacua, de cobrarles 54.000 euros más del precio fijado por el Ayuntamiento por cada casa. ¿La razón esgrimida por la constructora? Las singulares dotaciones ecológicas de los unifamiliares, tales como placas solares, dispositivos de aprovechamiento de las aguas pluviales y otros elementos destinados a reducir el consumo energético.
El coste final de las viviendas, sin embargo, había sido fijado cuatro años antes por el pleno del Consistorio de la capital: unos 250.000 euros, el resultado de aumentar en un 75% el coste de un piso de protección oficial «dadas las medidas medioambientales previstas en los chalés», explicitaba el texto aprobado por la Corporación.
Pese a ello, el 18 de julio de 2003, Opacua se dirigió por escrito al Departamento municipal de Urbanismo, entonces dirigido por el concejal popular Jorge Ibarrondo, para preguntarle por el precio que debía cobrar a los adjudicatarios de las casas, que habían sido determinados por sorteo. La contestación la firmó apenas cuatro días después, en una controvertida 'nota informativa', el director del área, Antón Sáenz de Santa María, antiguo dirigente e ideólogo de la desaparecida Unidad Alavesa. Según su interpretación, en el precio estipulado en la resolución plenaria no se contemplaba el coste de los equipamientos ecológicos, por lo que la firma podía repercutir 54.000 euros más por casa, con lo que su precio final quedaba en 304.000 euros.
Lectura falsa e interesada
Esta decisión fue duramente contestada por el Ararteko, el Síndico y la Secretaría municipal -el órgano jurídico de mayor rango del Ayuntamiento-. En sendos informes, todos ellos censuraron al Gabinete de Alfonso Alonso «por permitir un sobrecosto indebido para los adjudicatarios y un enriquecimiento injusto para la promotora».
Ahora el fiscal jefe, tras examinar la documentación que pusieron en sus manos los partidos de la oposición el 3 de mayo, se alinea también con esta tesis y ve indicios sólidos de prevaricación en la actuación de Ibarrondo y Sáenz de Santa María, y de un delito de falsedad documental en este último. El ministerio público considera que la 'nota informativa' del director de Urbanismo no sólo contradice de manera flagrante lo acordado por el pleno municipal -que fijó el precio de los chalés teniendo ya en cuenta su carácter bioclimático-, sino que entiende que hace una lectura falsa e interesada del mismo.
Josu Izaguirre estima que al permitírsele cobrar ese sobreprecio ilegal la promotora, Opacua, obtuvo un beneficio extra totalmente injustificado. Y es que la constructora logró la adjudicación por menos de 1,8 millones de euros y sus ganancias con la operación bordean los 1,3 millones de euros.
Los propietarios de los chalés solicitaron en enero al Ayuntamiento que se les devuelva el dinero que tuvieron que pagar de más. Hace poco más de un mes, el nuevo alcalde, el socialista Patxi Lazcoz, anunció que «si no hallamos un subterfugio legal para conseguir que Opacua devuelva el dinero, el Consistorio asumirá la responsabilidad».
Cambio de criterio
En puertas de la Navidad de 2006, a sólo cinco meses de las elecciones, cuando el enfrentamiento entre el Gabinete Alonso y la oposición por el caso anterior estaba al rojo vivo, EA destapó el segundo escándalo urbanístico. El único edil de esta formación, Antxon Belakortu, acusó a Ibarrondo y a Sáenz de Santa María de haber autorizado en junio de 2005, en contra de todos los informes técnicos, la construcción de siete chalés en una parcela del pueblo de Ali en donde sólo se podían levantar seis.
Según Belakortu, la empresa Salgado Iglesias pidió en dos ocasiones -en julio de 2003 y en diciembre de 2004- autorización al Ayuntamiento para hacer las siete casas. En ambas ocasiones le fue denegada la licencia porque, según los técnicos, el Plan General de Ordenación Urbana fija un máximo de seis viviendas -una menos de las solicitadas- cuando el solar no llega a los 2.000 metros cuadrados, como era el caso.
Pese a ello, la promotora volvió a la carga una tercera vez. Sin nuevos informes técnicos que dejaran sin efecto los que anteriormente habían llevado a Ibarrondo a rechazar la autorización, el director de Urbanismo concede el permiso con la resolución previa, a favor del plan, firmada por el concejal. El edil de EA calculó entonces que, la construcción del séptimo chalé proporcionó a Salgado Iglesias un beneficio extra de unos 250.000 euros.
En su resolución, la Fiscalía no ve ningún motivo que justifique ese cambio de criterio y por tanto entiende que la concesión de la licencia contraviene la legalidad. A su juicio, hubo voluntad de favorecer de manera manifiesta a la promotora. Un comportamiento por el que podría imputarse al antiguo edil popular un delito de prevaricación.
La denuncia del fiscal jefe, Josu Izaguirre, será asignada en breve a un juzgado para que investigue y enjuicie si ve indicios de delito en ambas actuaciones.
CRONOLOGÍA
8 de agosto de 2006: Los adjudicatarios de los 24 chalés bioclimáticos de Ibaiondo denuncian que la promotora les exige más dinero por casa del fijado por el pleno.
20 de diciembre de 2006: En plena polémica por el 'caso Ibaiondo', EA denuncia que el concejal y el director de Urbanismo dieron luz verde en junio de 2005 a una licencia de obra para hacer 7 chalés en una parcela de Ali donde, según la ley, sólo se podían hacer 6.
21 de diciembre de 2006: La oposición fuerza una comisión para investigar las «irregularidades» en Urbanismo.
9 de enero de 2007: El Ararteko, al que recurrieron los adjudicatarios de los chalés de Ibaiondo, censura al Gabinete Alonso por permitir un sobreprecio «indebido».
11 de enero de 2007: Arranca la comisión de investigación, en la que participarán 30 personas entre técnicos y responsables políticos.
17 de enero de 2007: Los adjudicatarios de las casas de Ibaiondo reclaman al Ayuntamiento 1,3 millones de euros de indemnización,
22 de febrero de 2007: El Síndico dice que la promotora de los chalés de Ibaiondo «se enriqueció de forma injusta».
21 de marzo de 2007: La Secretaría municipal -máximo órgano jurídico del Consistorio- censura la actuación del equipo de gobierno del PP en ambos casos.
7 de marzo de 2007: El entonces alcalde Alfonso Alonso respalda la gestión de Urbanismo y emplaza a la oposición a ir a los tribunales.
3 de mayo de 2007: PNV, PSE, EB y EA ponen en manos de la Justicia los casos de Ali e Ibaiondo.
* El Correo Digital - 20.10.07 - I. OCHOA DE OLANO
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)
