EL PAÍS* : "Los municipios salpicados por casos de corrupción encaran el nuevo mandato surgido de las elecciones del 27 de mayo con ansias de regresar a la normalidad. Algunos alcaldes y concejales implicados en escándalos urbanísticos siguen en el poder, otros han pasado a la oposición y hay quien ha desaparecido del mapa político tras someterse al dictamen de las urnas.
Alhaurín el Grande, Camas, Marbella, Andratx, Ciempozuelos...
ALHAURÍN EL GRANDE
La población malagueña, de 22.000 habitantes, vive días de convulsión tras la detención de 19 empresarios imputados por cohecho e inducción a la prevaricación. Supuestamente, habrían pagado comisiones al alcalde de Alhaurín, Juan Martín Serón, del PP, a cambio de mejoras en licencias urbanísticas. Martín Serón y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos en enero y quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros. En el mapa político de la ciudad, sin embargo, nada ha cambiado. La lista del PP, encabezada por Martín Serón y con Gregorio Guerra como número 3 de la lista, arrasó. Con el 55,93% de los votos, los populares sumaron 12 concejales de un total de 21.
Parece que a Martín Serón le ha funcionado presentar las acusaciones contra él como una maniobra política del PSOE y el Gobierno, un argumento que repitió en el pleno de su investidura. Fue algo así como un intento de proclamar que el asunto quedaba cerrado con su triunfo en las urnas, ignorando que hay una investigación judicial en marcha que le apunta como tejedor de un entramado de cobro de comisiones, como indican los arrestos practicados tres días después.
CAMAS
Tampoco ha cambiado el panorama en Camas (Sevilla), donde IU y PP han reeditado el pacto de hace cuatro años que se encuentra bajo sospecha. Sí ha habido un cambio de alcalde: Agustín Pavón, para quien la fiscalía solicita año y medio de prisión y otro de inhabilitación por el supuesto soborno a una concejal del PP para que apoyara una operación urbanística, no se presentó a la sucesión. Le ha reemplazado su compañero en IU Juan Pazos, quien, tras tomar la vara de mando en la sesión de investidura, se la ofreció simbólicamente a Pavón en un claro gesto de que todo sigue igual.
MARBELLA
La nueva alcaldesa, Ángeles Muñoz, intenta abrir una nueva etapa en Marbella y sacar al Ayuntamiento de la ruina en la que la dejaron los saqueos de los gobiernos del GIL. Los ciudadanos han dado la espalda a los partidos independientes -que presentaron 14 listas, una de ellas encabezada por un ex concejal del GIL- y han confiado su futuro a los partidos nacionales (16 escaños para el PP, 10 para el PSOE y uno para IU).
ANDRATX
El nuevo alcalde socialista de Andratx (Mallorca), Xisco Femenias, quiere "un cambio de formas" y "recuperar el buen nombre e imagen del municipio". La antigua oposición (PSOE, UM y PSM) ha formado una mayoría de centro izquierda para intentar superar el escándalo urbanístico.
El PP quedó golpeado el 27 de noviembre de 2006, al ser detenido y encarcelado el que era su alcalde y candidato, Eugenio Hidalgo. Con éste cayeron el vigilante de obras y el ex jefe de Urbanismo, también imputados en una extensa trama en la que están implicados, supuestamente, técnicos y juristas que asesoraban al Ayuntamiento. El departamento de Urbanismo quedó sin estructura interna y fue bloqueado por los registros judiciales.
Femenias, policía municipal, repartirá el mandato con Isabel Alemany, abogada, de UM. Las arcas locales están vacías y con deudas a pequeños proveedores. Las licencias de obras, gran caudal financiero, quedaron ralentizadas. Sin celador de obras, las construcciones ilegales crecían. "Hemos contratado ya un celador y cubierto las vacantes", aclara el alcalde, que agrega: "La nueva mayoría no es un pacto de todos contra uno como dijo el PP, sino una consecuencia de su uno contra todos". El PSOE logró el 25,48% y 5 concejales; Unió Mallorquina (UM), el 16,51% y 3 ediles y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) el 11,09 % y 2 ediles. El grupo más votado, el PP, queda en la oposición, con el 38,05% de los votos y 7 concejales. Nadie quiso pactar con la derecha.
CIEMPOZUELOS
Pedro Torrejón, que fue alcalde socialista del municipio madrileño de Ciempozuelos (18.000 habitantes) hasta que se destapó su supuesta implicación en una trama de blanqueo de capitales, seguirá otros cuatro años en el Ayuntamiento. Con su nuevo partido, Ciudadanos por Ciempozuelos (CPC), ha logrado 812 votos y dos concejales. Pero Torrejón tendrá muy difícil mantener el protagonismo de antaño. Sus antiguos compañeros del PSOE ya han avanzado que echarán una mano a la nueva alcaldesa, la popular María Ángeles Herrera, en los ejes fundamentales de la política municipal.
Los seis concejales del PP, la fuerza más votada el 27-M, no alcanzan la mayoría absoluta de nueve, por lo que necesitará acuerdos puntuales con los cuatro ediles socialistas o los tres de IU para poder gobernar. Otro partido independiente, el PIC, ha obtenido dos representantes.
El PP no ha firmado ningún pacto con la izquierda para asegurarse su respaldo. Tampoco existe una voluntad explícita de mantener a raya a Torrejón. Pero los partidos de ámbito nacional parecen decididos a evitar que las grandes cuestiones, como los presupuestos, dependan de los votos de CPC. "Negociaremos con PSOE e IU", subrayan desde el gobierno local, que confía en que relegar a Torrejón a un papel secundario servirá para que Ciempozuelos mejore su imagen. El ahora líder de CPC y otro ex alcalde socialista, Joaquín Tejeiro, están imputados por depositar, presuntamente, más de un millón de euros en un banco de Andorra, y pactar con una inmobiliaria el pago de 40 millones a cambio de recalificaciones.
La candidata del PSOE, Susana León, ya avisó en el pleno de investidura de que no aceptaría los votos de CPC para ganar la alcaldía. Los socialistas han perdido tres ediles al recibir 946 votos menos que en 2003, una cifra cercana a los que obtuvo CPC.
Torrejón, que sigue defendiendo su inocencia, afirma no guardar ningún rencor hacia sus ex compañeros. Y niega ser el responsable del bajón socialista, porque en política, "que es una realidad poliédrica", las matemáticas no bastan para explicarlo todo.
* Información elaborada por Diego Narváez, Andreu Manresa y Llorenç Martínez.
* ELPAIS.com - Madrid - 29/06/2007
Foto: Andratx, cala Llamp /Reuters
Sobrevivir a la corrupción urbanística
Burbuja que revienta
Camilo José Cela Conde* : "Durante años, hemos estado hablando y oyendo hablar de la burbuja inmobiliaria, entendida ésta como una operación especulativa en la que el precio de las viviendas subía y subía sin freno. Ya fuese por las ingentes cantidades de dinero negro que debían aflorar de forma inevitable por la puesta en marcha del euro, ya se tratara del deseo de media Europa de contar con una casa en el sur, o de la necesidad que tiene toda nueva familia de meterse en algún sitio, lo cierto es que la presión del mercado al alza llevó con rapidez los precios de solares, chalets, fincas y pisos hasta ponerlos a la altura de los rascacielos de diseño que toda ciudad postmoderna anhela lucir. Las consecuencias en términos de picaresca recalificando terrenos y obteniendo licencias de construcción tardaron mucho más en ser, no ya de dominio público (pocos ciudadanos ignoraban el origen de según qué repentinas fortunas) sino de intervención judicial.
Pero los policías, los fiscales y los jueces terminaron por cerrar las operaciones de mayor escándalo. Como por jugoso que sea un negocio llega siempre a tocar techo, las noticias acerca de tramas de delincuencia urbanística, destapadas sobre todo en las costas del Reino, coincidieron con los primeros signos de que la burbuja perdía aire. Desplomes en la Bolsa y campanadas de medianoche para algunos próceres a los que las carrozas se les volvían calabazas de golpe anticiparon lo que todo el mundo, de nuevo, veía venir: que las operaciones de multiplicación del capital en cuestión de meses siempre que se dedique éste a construir tienen sus días contados. Jamás dejarán de ser un espléndido negocio pero, al menos, volverán a sujetarse a las leyes no sólo del mercado sino de los códigos urbanísticos y penales.
En ésas estábamos cuando se ha hecho público que un alto funcionario de la ONU es autor de un informe en el que se alerta a España ante la aparición de una grave e inminente crisis inmobiliaria. Al leer los titulares de la noticia, pensé que se trataba de más de lo mismo: del susto ante un posible desplome súbito del negocio de la construcción. Pero no. De lo que nos advierte la institución internacional de mayor rango es acerca de la situación de asfixia de los españoles de a pie, de quienes han de pagar cerca del 40% de su salario en hipotecas. El relator de la ONU, que así se llama su cargo, Miloon Kothari no hace predicciones macroeconómicas -no sólo eso- sino que entra en lo más doloroso de la situación. En sus mismas palabras, la dificultad de acceso a la vivienda de muchos españoles puede impedirles el disfrute de derechos humanos como son los de educación, alimentación o vestido.
No se trata sólo, pues, de tener que resignarse a un verano sin vacaciones. Lo que el señor Kothari nos dice es que en este país de los milagros económicos, del crecimiento sostenido por encima del europeo y de la bonanza empresarial hay una cantidad inmensa de ciudadanos sobre quienes pende la amenaza de que el sueldo no les dé para educar a sus hijos, para comer con arreglo a lo deseable y para vestirse de manera adecuada.
A ver si van a ser ésas las verdaderas razones para el debate político y no la educación para la ciudadanía, el derecho a la autodeterminación de alguna esquina de la península, la memoria histórica o la manera como hay que tratar -de tú, de usted- a Fidel Castro.
* La Opinión de Málaga - VIERNES 29 JUNIO 2007
Informe Greenpeace 2007: ‘Destrucción a toda costa’
F.Martín.-ElConfidencial* : "Cada día se construye en el litoral español el equivalente a tres campos de fútbol, según la organización ecologista Greenpeace, que denunció que los ayuntamientos costeros planean la construcción de tres millones de viviendas nuevas. Greenpeace presentó este martes simultáneamente en Madrid y Barcelona el informe Destrucción a toda costa, un estudio sobre la situación del litoral español que la organización ecologista elabora desde el año 2001. El director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, consideró que el "urbanismo desaforado" en el que están inmersos los ayuntamientos supone de hecho un "trasvase del patrimonio común a manos privadas", y aseguró que el mar ha comenzado ya a enviar signos de "saturación", y citó el caso de las medusas que proliferan por el aumento de la temperatura del agua y de los vertidos.
Uralde citó el caso de Marbella como paradigma de los escándalos judiciales ligados al urbanismo, el hotel del Algarrobico en Carboneras (Almería) como paradigma de los "atropellos" urbanísticos, y La Marina de Cope en Águilas (Murcia) como paradigma de la desclasificación de un terreno natural protegido para propiciar el avance de la construcción.
Según los datos facilitados por Greenpeace, el suelo urbanizable en la actualidad triplica la superficie de suelo ya construido, por lo que Uralde incidió en que la solución ya no pasa por frenar el urbanismo sino por desclasificar suelo urbanizable. El informe incide además en los impactos negativos asociados al urbanismo, entre ellos la construcción de más infraestructuras como puertos deportivos, el consumo masivo de recursos naturales como el agua o la multiplicación de los vertidos.
El director de Greenpeace consideró que la construcción de puertos deportivos supone "privatizar el mar", y denunció la proliferación de este tipo de instalaciones y de puntos de amarre para que los propietarios de los barcos utilicen éstos entre dos y tres días al año.
Casi un centenar de viviendas ilegales
Según los datos recopilados en el informe, el número de viviendas proyectadas en planes urbanísticos o territoriales roza los tres millones; se han detectado 99.519 viviendas ilegales; 89 casos de corrupción urbanística investigados y 354 implicados (entre ellos varios alcaldes).
Apunta además que existen 316 nuevos proyectos para construir campos de golf; 202.250 plazas hoteleras; 112 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de éstos para 38.389 amarres; y 350 municipios depuran mal las aguas o sus vertidos son ilegales. La autora del informe, María José Caballero, criticó el progresivo incremento del número de plazas hoteleras, sobre todo en Andalucía y en Murcia, a pesar de que la industria turística acumula un constante descenso de ingresos (del 2,8% el pasado año).
La construcción masiva de segundas residencias en la costa y la consecuente destrucción de la belleza del litoral son las principales causas de la mala racha del turismo, según Greenpeace, que ha insistido en que la protección del litoral está ligada al buen desarrollo del turismo.
Caballero advirtió además que los informes sobre impactos del cambio climático apuntan que en el año 2050 el mar habrá subido 35 centímetros en Galicia, Islas Canarias y el litoral cantábrico, y 20 centímetros en el mediterráneo, y que cada metro de subida supone un retroceso de un metro de la línea de costa, y consideró por ello "imprescindible" incorporar esas previsiones en todos los planeamientos.
Los responsables de Greenpeace fueron también críticos con los planes de Medio Ambiente en la costa, denunciaron los presupuestos "ridículamente bajos" y citaron varios ejemplos de obras insostenibles que a su juicio ponen de relieve la falta de voluntad real del Gobierno para proteger la costa. Entre estas obras, se refirieron la iniciativa del Ministerio de construir quince diques que convertirán las playas urbanas de Barcelona en "piscinas estancadas" de agua salada o la destrucción y privatización de un tramo de la marisma de Puerto Real (Cádiz).
* El Confidencial - 27/06/2007
Foto: Litoral /elconfidencial.com
La Fundación Alternativas traza el mapa de la corrupción urbanística
EUROPA PRESS* : " La Fundación Alternativas ha publicado un informe titulado 'Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción', en el que hace un exhaustivo análisis de 159 supuestos casos de irregularidades en esta materia que se han publicado en medios españoles desde el año 2000, analiza las causas de este fenómeno y sus efectos en el sistema democrático, y propone un total de 54 medidas para acabar con él, entre otras la creación de un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas. El informe fue presentado hoy en el Congreso de los Diputados porque, según explicaron sus creadores, aspira a ser un revulsivo para que los legisladores tomen conciencia de este problema e impulsen la puesta en marcha de, al menos, algunas de las medidas que contiene.
El vicepresidente de la fundación, Nicolás Sartorius, quien alertó de que España está "al borde de una pandemia" de corrupción, fue el encargado de desgranar estas propuestas, entre las que destacó la necesidad de buscar fórmulas que aumenten el poder de intervención de la Administración General del Estado en materia urbanística.
AGENCIA ESTATAL DE SUPERVISIÓN.
En concreto, el informe aboga por crear agencias de disciplina urbanística en todas las comunidades autónomas, así como una agencia estatal de supervisión urbanística que haga un seguimiento de los planes urbanísticos e investigue denuncias.
También plantea que la Agencia Tributaria tenga conocimiento detallado de los grandes proyectos urbanísticos, que los equipamientos de los mismos se gestionen antes o al mismo tiempo en que se produce la edificación y gravar con impuestos la retención especulativa del suelo.
El catedrático Felipe Iglesias, director del informe, hizo especial hincapié en la necesidad de reforzar el papel de los secretarios de los ayuntamientos para que "no les tiemble el pulso" a la hora de frenar proyectos irregulares. A su juicio, hay que poner fin a la sensación que se ha instalado en la ciudadanía de que los delitos urbanísticos "salen gratis" y la mejor manera de hacerlo es demoler directamente todas las construcciones irregulares.
Asimismo, señaló que "no tiene sentido" que haya 17 normas autonómicas sobre esta materia y defendió la conveniencia de armonizar la legislación.
LA SOCIEDAD ES "COMPLICE".
José Juan Toharia, catedrático de Sociología, explicó que al no percibirse claramente a la víctima de este tipo de delitos, la sociedad considera incluso que la corrupción beneficia a la comunidad porque crea empleo y riqueza, se convierte en cómplice de la misma e incluso "persigue" al que denuncia.
Esta permisividad social, por un lado, y la percepción de que corromper sale gratis, por otro, son factores que influyen, según estos expertos, en los cada vez más altos niveles de abstención que se dan en España y en la reelección de políticos presuntamente implicados en tramas urbanísticas.
Para acabar con esta última situación, proponen prohibir por ley que los imputados puedan presentarse a los comicios y en la misma línea, reclaman medidas contra el transfuguismo como la "pérdida inmediata del acta de concejal de tránsfuga".
* Europa Press - 27 de Junio
El alquiler vuela bajo
LUIS DONCEL.- El País* : "España era, y sigue siendo, un país de propietarios. A pesar de que el Gobierno se ha marcado el objetivo de fomentar la vivienda en alquiler, su peso se ha mantenido casi inalterado en los últimos cinco años. Si en 2001 un 11,4% de las familias vivían arrendadas, el año pasado eran el 11,25% de todos los hogares. Los precios tampoco han sufrido variaciones importantes. Por una vivienda de 100 metros cuadrados, los inquilinos pagaron de media cada mes 536 euros. Entre los extremos, un abismo: los madrileños se dejaron 811 euros y los de Extremadura tres veces menos. El Ministerio de Vivienda presentó ayer una encuesta que ofrece por primera vez una foto de las familias que vivían en 2006 alquiladas en su residencia habitual.
La ministra María Antonia Trujillo presentó como un éxito político el que desde 2004 se hayan firmado 421.000 contratos de arrendamiento, un 23% del total. Pero el hecho es que en los últimos cinco años la proporción de inquilinos continúa en torno a un raquítico 11%, muy lejos de la media del 38% de la UE.
Si en 2001 las familias de inquilinos eran 1,6 millones, el año pasado llegaron a casi 1,8. Pero el peso del alquiler sobre la propiedad no sólo no ha aumentado, sino que ha disminuido ligeramente. Ahora está en el 11,25% de los 16 millones de hogares contabilizados en 2006.
El imparable aumento de los precios de la vivienda de los últimos años no se ha repartido de forma homogénea en la geografía española. Los habitantes de las zonas en las que la escalada ha sido mayor se han refugiado más en el alquiler. Así, las provincias de Madrid y Barcelona concentran el 40% de los arrendamientos, a pesar de que sólo representan el 25% de la población.
Los inquilinos eligen mayoritariamente pisos sin muebles. Hay buenos motivos para que un 70% se decante por esta modalidad: es casi un 40% más barata que alquilar viviendas en las que el sofá y la cama vienen incluidos. La diferencia sería de 6,7 euros mensuales por metro cuadrado frente a 4,8 por cada metro sin amueblar.
Estas cifras, que pueden parecer muy bajas a los que hayan firmado recientemente un contrato de alquiler, incluyen todas las viviendas en las que el año pasado residía un inquilino de forma habitual. Se incluyen, por tanto, las rentas antiguas, lo que tira a la baja las cifras.
Y es que los alquileres con más de 10 años son mayoría, con un 43,3% del total. Y los mayores, que son los que suelen habitar pisos con renta antigua, forman una parte importante del pastel en el que se reparte el alquiler. Casi el 20% de todos los inquilinos tienen más de 65 años, y el 23% está jubilado.
Si sólo se contaran los arrendamientos con un año de antigüedad, el piso de 100 metros costaría unos 720 euros mensuales. Así, los madrileños que alquilaron en los últimos 12 meses pagaron más de 1.100 euros frente a los menos de 400 que desembolsaron gallegos y extremeños.
Para ese 89% de familias que han elegido la propiedad en lugar del alquiler, las noticias sobre el impacto de los tipos de interés en las hipotecas son bastante descorazonadoras. El mensaje negativo del día vino ayer del presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Gregorio Mayayo advirtió de que las tensiones en los presupuestos familiares que comenzaron a aflorar en 2006 por la subida de los tipos se generalizarán en 2008 a toda la cartera de préstamos hipotecarios a tipo variable, informa Efe.
Así lo señaló en su informe anual ante la AHE, donde también dio motivos de optimismo. A su juicio, la prudencia con la que han actuado las entidades financieras en la gestión del riesgo permitirá que estas tensiones sean "asumibles" por la mayor parte de las familias.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística aportó ayer nuevas cifras acerca de las hipotecas sobre viviendas que se constituyeron el pasado mes de abril. Su importe medio fue de 148.622 euros, un 6,95% más que en el mismo mes de 2006 y un 0,9% superior respecto al mes de marzo.
Adulto, licenciado y con pareja
Hasta ayer, el perfil de los inquilinos flotaba en una nebulosa. Con la encuesta que se hizo a casi 27.000 hogares en 2006, sus contornos ya están más claros. El inquilino medio tiene entre 36 y 50 años, ha ido a la universidad y vive con otra persona.Los datos presentados ayer también acotan las características de su vivienda: está en Madrid o Barcelona, tiene entre 60 y 90 metros cuadrados y el contrato de alquiler tiene más de 10 años.La aplastante mayoria de alquileres afecta a viviendas en bloque, dejando a las casas unifamiliares en una posición marginal, cercana al 15%. Los inquilinos suelen vivir en pisos medianos. Dos de cada tres tienen entre 60 y 120 metros cuadrados, y sólo el 9% tiene más de 120 metros.Los extranjeros viven más en alquiler que los españoles. Un 13% de los 1,8 millones de contratos están firmados por personas nacidas fuera de España, mientras que su peso en la población autóctona total es de tan sólo el 9%.A pesar de que el colectivo más representado es el de universitarios, el nivel de estudios de los inquilinos es inferior al de la población total. Mientras que un 61% de los españoles tiene el bachiller superior o estudios universitarios, entre los que viven de alquiler este porcentaje baja hasta el 46%.Por números de personas, casi un tercio de los hogares está formado por dos inquilinos. En el 22% viven tres personas, y en el 19% cuatro. La gran mayoría de las personas principales de cada vivienda están ocupadas, mientras que los jubilados llegan al 23% del total. Sólo el 4,5% de los inquilinos declaró estar en paro.
* ELPAIS.com - Madrid - 28/06/2007
Seis detenidos por una trama de corrupción urbanística en San Bartolomé de Tirajana
EFE/GranCanaria* : "Un concejal nacionalista (CCN), el secretario municipal y cuatro empresarios han sido detenidos hoy por su presunta implicación en una trama de corrupción en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la zona turística más importante del sur de Gran Canaria. El principal imputado en esta "operación Paraíso" es el edil del Centro Canario Nacionalista Francisco Guedes García, polémico político que en la anterior legislatura municipal fue primer teniente de alcalde y concejal socialista de Vías y Obras, pero que fue expulsado del PSC-PSOE y del grupo de gobierno municipal por distintas acusaciones de irregularidades formuladas contra él.
Además de Guedes, a quien se le imputan delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, han sido detenidos el secretario municipal, Antonio Muñiz González, y cuatro empresarios: Jonás Guedes López (hijo del concejal de CCN), Antonio Hernández Rodríguez, Antonio Esteban Hernández Perera y Alejandro Navarro Miñón, de la empresa Mazotti e imputado en el "caso Faycán", sobre presunta corrupción en Telde.
Tanto el secretario municipal como los cuatro empresarios son acusados de cohecho por la juez que instruye el caso, la titular del juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, si bien "no se descartan nuevas imputaciones a los actuales detenidos y nuevos imputados", según fuentes judiciales.
Durante la operación policial, que comenzó esta madrugada, la policía judicial cerró las oficinas municipales del ayuntamiento situadas en el denominado Campo Internacional de Maspalomas y no dejó entrar a concejales y funcionarios, salvo a varios que colaboraron con la autoridad judicial.
Entre ellos se encontraba la propia alcaldesa del municipio, Maria Pino Mari Pino Torres (Nueva Canarias), y los tres técnicos municipales encargados de las áreas de vías y obras, urbanismo y contratación.
Mientras tanto, en las afueras de las oficinas se congregaron vecinos de San Bartolomé de Tirajana que acudían a las dependencias municipales para efectuar pagos y trámites, quienes se mostraron sorprendidos por el despliegue policial y porque no les dejaran entrar.
Otros vecinos se desplazaron a las dependencias municipales preocupados por la situación de familiares que trabajan en ellas y, en general, alarmados por las noticias sobre la operación judicial.
Entre los registros practicados por la policía figuró la vivienda del concejal Francisco Guedes, quien fue informado esta mañana por un efectivo policial que se trasladó a su vivienda, en la pedanía de Castillo del Romeral.
La detención de Francisco Guedes, conocido como "Pacuco", era una noticia esperada en ámbitos políticos del sur de Gran Canaria, ya que el concejal había sido denunciado en varias ocasiones por su polémica gestión municipal, que le costó el cargo de primer teniente de alcalde y su expulsión del partido socialista.
* TERRA - 28-06-2007
Foto: San Bartolomé de Tirajana, playa Maspalomas /mma.es
La Policía registra la gestoría de la mujer del alcalde en Alhaurín
Almoguera/Herreros.- MálagaHoy* : "La presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande escribió ayer un nuevo capítulo. Con un gran sigilo, agentes de la Policía Nacional desarrollaron en la tarde de ayer la tercera fase de la operación Troya con la realización de al menos tres registros a inmuebles de empresarios, en los que se incautó documentación para proseguir las pesquisas. Al cierre de esta edición, fuentes policiales informaron de la detención, por un presunto delito de cohecho, del gerente de la empresa Conextran S.L. y del registro durante más de seis horas de la asesoría propiedad de la mujer del alcalde del municipio, Juan Martín Serón (PP).
La tercera fase de la operación Troya se inició a las 16.00. La orden expresa de los superiores era actuar con el mayor sigilo posible para evitar que se volviesen a producir altercados o enfrentamientos con los ciudadanos partidarios de Martín Serón. Al filo de la medianoche un centenar de vecinos, parte del equipo de gobierno municipal y algunos empresarios detenidos la semana pasada estaban concentrados frente a la sede de la empresa de la esposa del alcalde.
No hubo incidentes. En previsión, los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) esperaban en el exterior del pueblo para que los ánimos no se caldeasen con la presencia de uniformados. Mientras tanto, investigadores del Grupo III de Blanqueo se desplazaron en coches camuflados hacia tres inmuebles, al menos, la sede de la empresa Conextran S.L., el domicilio del gerente de la misma y la asesoría propiedad de la mujer de Martín Serón.
Los agentes los registraron y, según las citadas fuentes, se incautaron de diversa documentación cuyo examen podría aportar nuevas pruebas y abrir otras líneas de investigación en el caso.
El empresario detenido fue identificado como M. M., gerente de la empresa Conextran S.L., compañía relacionada con la construcción y cuyo nombre ha estado vinculado a otras fases de la operación. Estaría acusado de un delito de cohecho.
Las fuentes explicaron que los agentes inspeccionaron desde las 18.30 la sede de la gestoría Martín Santos S.L., que pertenece a la esposa del alcalde, ubicada en una primera planta de la calle Virgen del Rosario, donde se examinaron documentos, algunos de los cuales fueron trasladados a la Comisaría Provincial para su estudio. María Teresa Santos salió con su marido poco antes de la medianoche y compareció ante los periodistas para explicar su versión de lo acontecido.
Durante el transcurso de la segunda fase, que se llevó a cabo el pasado día 18 y en la que fueron arrestados 19 empresarios, se informó de la posible implicación en la trama de un despacho profesional y ya se apuntó a la supuesta implicación de esta gestoría. En el mes de enero, cuando estalló el caso, los investigadores encontraron 69.000 euros en los registros efectuados en casa de Serón, que fue detenido por cohecho junto al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, y en un despacho del Ayuntamiento.
La mujer del alcalde declaró entonces que de ese dinero 62.000 euros eran provisiones de fondos para el pago de impuestos de los clientes de su despacho profesional. Los otros 7.000 euros eran una provisión del fondos del alcalde para gastos en la feria de turismo Fitur, según indicó entonces el alcalde.
La operación Troya investiga una presunta trama de corrupción urbanística a través de la cual los constructores imputados presuntamente pagaron a Serón y Guerra para obtener beneficios de la administración local. Los empresarios están vinculados con obras privadas y públicas realizadas en el pueblo y supuestamente inflaban los precios de esos trabajos para camuflar las entregas de dinero. El caso se conoció a raíz de la denuncia de un promotor que avisó de que el Consistorio presuntamente le había pedido dinero para no pararle una obra.
* Málaga Hoy - 28 de Junio de 2007
Foto: Alhaurín el Grande - juntadeandalucia.es
Bruselas denuncia la ley urbanística valenciana ante el Tribunal de Luxemburgo
EUROPA PRESS* : "La Comisión Europea denunció hoy la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) al considerar que infringe la normativa comunitaria en materia de contratación pública. El Ejecutivo comunitario cree que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), a la que sustituyó en diciembre de 2005, y sigue sin respetar las exigencias de publicidad y transparencia que impone la normativa europea de contratación pública. "Aunque simplifica el procedimiento de selección de los agentes urbanizadores, la LUV sigue incumpliendo las directivas sobre contratación pública de la UE en varios aspectos", aseguró la Comisión a través de un comunicado.
Entre las infracciones detectadas, Bruselas menciona "la situación de los promotores que piden el inicio de un plan de actuación integrada (PAI), el contenido y la publicidad de los anuncios de licitación, algunos criterios de adjudicación del contrato, y la posibilidad de modificar partes del contrato o proyecto seleccionado después de su adjudicación".
El Ejecutivo comunitario denunció además que las autoridades españolas "no han cumplido las obligaciones que les impone el derecho comunitario, al no haber adoptado medidas para impedir que se adjudiquen contratos infringiendo la legislación de la UE".
Finalmente, la Comisión constata que existe una "discrepancia" de interpretación sobre la "cuestión fundamental" de "si los PAI son contratos públicos sometidos a las normas de contratación pública de la UE". "Las autoridades españolas mantienen que los PAI no son contratos públicos y que, por consiguiente, ni la LRAU ni la LUV infringen las directivas de la UE. La Comisión mantiene la opinión contraria", señala.
La actuación de Bruselas contra la legislación urbanística valenciana se inició en marzo de 2005 con una carta de emplazamiento en la que se cuestionaba la compatibilidad de la LRAU con el derecho comunitario. Tras recibir un dictamen motivado, la Comunidad Valenciana derogó la LRAU y la sustituyó por la LUV en diciembre de 2005. Sin embargo, la Comisión consideró que la nueva norma seguía vulnerando el derecho europeo y lanzó un nuevo expediente el 4 de abril de 2006 que acaba este miércoles ante el TUE.
MACROPROYECTOS DE URBANIZACIÓN
También la Eurocámara ha tratado en varias ocasiones la cuestión del urbanismo valenciano tras haber recibido 15.000 peticiones de ciudadanos afectados por abusos. En los últimos años, ha enviado tres misiones de eurodiputados y ha aprobado en pleno dos informes muy críticos con el Gobierno de la Generalitat.
El último informe fue refrendado por la Eurocámara el pasado jueves por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones, y en él se expresa la "más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización" en España al considerar que en muchos casos han vulnerado "los derechos fundamentales de las personas".
Los diputados "lamentan profundamente" que estas prácticas se hayan extendido a varias regiones españolas, "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea, pero también, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid".
El texto se elaboró a raíz de la última misión, formada por el laborista británico Michael Cashman y el conservador británico Marcin Libicki, que visitó la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería a finales de febrero.
* EUROPA PRESS - 27 de Junio
Foto: Tribunal de Justicia de Luxemburgo /lb:User:Cornischong /wikimedia.org
Ecología y urbanismo
EL PAÍS/Editorial* : "Greenpeace se ha sumado a la denuncia del urbanismo salvaje en España con un informe titulado Destrucción a toda costa 2007. La organización ecologista hace balance de los principales problemas que está generando la desmedida urbanización del litoral, ordenando los datos por comunidades autónomas, y adelanta que los ayuntamientos próximos al mar han autorizado construir tres millones de nuevas viviendas durante el último año. El informe sostiene que "la utilización del suelo hecha por ayuntamientos y comunidades autónomas no responde al interés general sino a intereses privados". Éste sería, en buena medida, el origen de una fiebre constructora cuyas consecuencias no son sólo medioambientales.
El informe se detiene, en este sentido, en el fenómeno de la corrupción municipal, recordando que la justicia sólo parece haberse puesto definitivamente en marcha durante los últimos meses, encausando a 350 personas, de ellas 55 alcaldes, en procesos referidos a algo menos de un centenar de casos. Entre las recomendaciones de Greenpeace para corregir esta situación se encuentra la limitación a un 10% del aumento de urbanización que pueden realizar los ayuntamientos en sus planes municipales, la eliminación de los convenios urbanísticos y la consideración de los suministros básicos, en concreto agua y energía, como requisito previo e imprescindible a la hora de obtener cualquier licencia para urbanizar. Greenpeace llega a proponer, incluso, la desclasificación de suelo que ha sido declarado urbanizable.
El resultado de las recientes elecciones municipales, en las que no se ha castigado a los candidatos relacionados con casos de corrupción, podría llevar a imaginar que ya ha caducado el momento político de hacer frente al problema. El informe de Greenpeace viene a recordar que no es así, y que los nuevos ayuntamientos y comunidades autónomas, además del Gobierno central, deberían considerar como una prioridad inexcusable corregir el cúmulo de despropósitos y de ilegalidades que han destrozado buena parte del litoral y que ahora amenazan con afectar al sistema político.
* ELPAIS.com - 27/06/2007
La ONU alerta de que España se enfrenta a una "grave crisis" inmobiliaria
EFE/Ginebra* : "El relator especial de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, recomendó este martes al Gobierno español que alerte abiertamente a ciudadanos e inversores de que el país "se enfrenta a una grave crisis" inmobiliaria. "El Gobierno español trabaja en el buen camino, pero debe intervenir más en el mercado e informar claramente de que en unos años llegará una grave crisis que afectará a gran parte de la población", declaró el experto de la ONU. Kothari visitó España el pasado noviembre a invitación del Gobierno y estudió en concreto los casos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Su objetivo era elaborar un informe con recomendaciones que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre, aunque este martes adelantó sus conclusiones preliminares, que ya fueron expuestas hace unos días ante ese mismo organismo.
El precio, principal problema
"El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas", explicó Kothari, quien valoró la respuesta del Gobierno español y su compromiso a colaborar con su mandato.
Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el "acceso a la educación, la alimentación o el vestido".
En ese sentido, apuntó que la alta tasa de violencia doméstica que se registra en España, "de las más altas de Europa", está "directamente relacionada con el problema de accesibilidad".
"Si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno y eso contribuiría enormemente a mejorar su situación", explicó.
Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) incluidos en su informe preliminar, sólo el 0,3% de la población española era vulnerable por impago de hipoteca en septiembre de 2006, aunque Kothari teme que "la situación no pueda sostenerse a largo plazo".
Subida de los tipos
"En cuanto suban un mínimo los tipos de interés -apuntó-, las personas que no podrán hacer frente a su hipoteca aumentarán considerablemente", por lo que es fundamental que aumenten las viviendas de protección oficial de promoción privada en venta y en alquiler y que "se informe claramente a ciudadanos e inversores de que ese momento va a llegar".
Para Kothari, "la solución no pasa por incrementar el suelo edificable, porque el precio al que sale a la venta incluye las expectativas de revalorización, con lo que incluso para el sector público resulta difícil adquirirlo".
Por ello, abogó por intervenir en el sector a través del control de la especulación, la ocupación de las viviendas vacías (el 15% del total) y la reducción de los precios de los inmuebles sociales, que "suelen ser demasiado elevados para la población de ingresos más bajos".
Además, "la promoción de viviendas está restringida a pocos actores, que se reparten ganancias astronómicas", así que habría que abrir el mercado a nuevos promotores, que se encarguen de dinamizar el mercado, especialmente para los jóvenes y en régimen de alquiler.
A la cola en alquiler
En ese sentido, recordó que sólo el 12% de las viviendas se alquilan, "uno de los porcentajes más bajos de Europa", y "prácticamente todas están en manos privadas, con sólo el 2% calificado como vivienda social, frente al entre 10 y 30% de otros países europeos".
Otro aspecto que preocupa al relator es "el aburguesamiento" de las ciudades, que lleva a la segregación, los desalojos y el empleo de violencia física y psicológica para forzar al abandono de los hogares, fenómeno conocido como "mobbing" sobre el que, en su opinión, hay escasa jurisprudencia.
Aunque el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está incluido en el artículo 47 de la Constitución española, "su respeto está muy lejos de ser una realidad", concluyó Kothari, quien, aún así, reconoció "los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para hacerlo efectivo".
* ADN - 26 de junio de 2007
Foto: El piso más caro de España se vende en este edificio de Madrid /ADN
Greenpeace denuncia que los ayuntamientos del litoral planean tres millones de viviendas
Greenpeace* ha presentado hoy en rueda de prensa el informe Destrucción a toda costa 2007 en el que se analiza la situación del litoral. El documento repasa las principales amenazas, destacando como principal la construcción, el aumento del número de campos de golf asociados a segundas residencias, las denuncias de corrupción urbanística, el incremento de nuevos amarres deportivos, los efectos del cambio climático y los problemas de contaminación debido a la escasa depuración de las aguas residuales y a los vertidos de buques en el mar. Las cifras presentes en el informe constatan el inmovilismo de las administraciones para solucionar los problemas del litoral y la necesidad de acometer amplias reformas en la gestión costera para frenar la destrucción de la costa. En el último año, los ayuntamientos han proyectado 2.999.743 nuevas viviendas, 202.250 plazas hoteleras, 316 campos de golf y 112 puertos deportivos con 38.389 nuevos amarres. Además, se han conocido 90 casos de corrupción urbanística que implican a más de 350 implicados.
2.999.743 nuevas viviendas proyectadas en planes urbanísticos o territoriales;
99.519 viviendas ilegales detectadas;
89 casos de corrupción urbanística investigados y 354 implicados (alcaldes, concejales, constructores, testaferros…) hasta el momento;
316 nuevos proyectos para construir campos de golf;
202.250 nuevas plazas hoteleras;
112 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de éstos para 38.389 amarres;
350 municipios con vertidos ilegales o mala depuración.
Este año, Andalucía ocupa la peor posición de todas las comunidades litorales, con un elevado número de viviendas proyectadas (683.350), viviendas ilegales en la costa (41.800), campos de golf (200 proyectos), acoso a espacios naturales protegidos, la mayor cantidad de amarres deportivos (9.051) y el mayor número de casos de corrupción urbanística (26) que implican a 180 personas por diversos delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio.
A continuación, se sitúan las Islas Canarias, donde la previsión de construcción de plazas turísticas y puertos deportivos es la más elevada de todo el Estado y se perpetúan los vertidos en el litoral y la Comunidad Valenciana, donde destaca especialmente el casi medio millón de viviendas previstas.
En el cuarto puesto se encuentra la Región de Murcia, que proyecta la construcción de 330.000 viviendas en una franja litoral que no llega a los 300 km de longitud, lo que arroja la espeluznante cifra de 1.137 viviendas por kilómetro de costa murciana frente a las 50 del litoral en Asturias.
Le sigue Galicia, con sus ayuntamientos reclamando la construcción de 800.000 viviendas en los próximos años, 16 casos de corrupción urbanística y planes para construir más de 8.000 amarres deportivos.
Baleares, Calatuña y Cantabria se sitúan a continuación. Cataluña y Baleares experimentan una subida importante en el número de viviendas y puertos deportivos proyectados con respecto a años anteriores, mientras Cantabria acumula sentencias de derribo de viviendas ilegales y sigue apostando por llenar su costa de amarres deportivos sin tener en cuenta sus impactos negativos.
Por último, Euskadi y Asturias presentan en conjunto cifras más bajas aunque no están exentas de problemas. En el caso de la costa vasca, destaca negativamente el aumento de viviendas proyectadas en el litoral, que alcanzan las 172.000, mientras Asturias continúa con su apuesta por los campos de golf, con 17 proyectos este año y autorizando un número mayor de viviendas que habitantes tienen sus localidades costeras.
Greenpeace repasa en el informe Destrucción a Toda Costa 2007 los mayores problemas del litoral en cada una de las comunidades autónomas costeras:
1.- URBANISMO: este año los ayuntamientos del litoral han propuesto en sus planes urbanísticos la construcción de cerca de tres millones de nuevas viviendas para los próximos años, dejando claro que la utilización del suelo hecha por ayuntamientos y comunidades autónomas no responde al interés general sino a intereses privados. La construcción se ha convertido en un potente motor económico que roba al litoral el equivalente a tres campos de fútbol al día. En 2006, se visaron 920.000 viviendas (aunque no todas han comenzado a construirse) y se sabe que la superficie reclasificada para su urbanización triplica a lo ya construido en la franja costera andaluza y mediterránea, lo que hace prácticamente imposible revertir esta situación.
Los casos de corrupción urbanística investigados por la justicia en el litoral se elevan a casi un centenar. No se trata de casos nuevos o desconocidos, pero no ha sido hasta este año cuando la justicia se ha puesto en marcha. Las fiscalías investigan en la actualidad 89 casos que involucran a más de 350 personas, muchos de ellos servidores públicos, entre ellos 55 alcaldes.
Propuestas de Greenpeace: Greenpeace ha presentado un decálogo de urbanismo sostenible que propone un cambio en la gestión urbanística que limite al 10% el aumento posible de urbanización en los planes municipales, elimine la figura del convenio urbanístico, impida la construcción de viviendas asociadas a campos de golf y puertos deportivos, haga obligatorio identificar las necesidades de recursos como el agua y la energía como requisito previo a la urbanización y mejore y fomente la participación ciudadana tanto en el diseño de las ciudades como en el control del urbanismo. Greenpeace considera urgente la desclasificación de suelo urbanizable.
2.- TURISMO: La industria turística acumula por sexto año consecutivo un descenso de ingresos, que en 2006 se situó en un 2,8% a pesar del aumento del número total de turistas. A pesar de la bajada de rentabilidad, este año se ha planteado la construcción de 202.500 nuevas plazas hoteleras repartidas en su mayoría entre Andalucía (126.750), Canarias (52.500) y la Región de Murcia (23.000). La construcción de segundas residencias de forma masiva en la costa es una de las principales causas de la mala marcha del turismo. Otra es la destrucción imparable de la belleza litoral.
Propuestas de Greenpeace: la protección del litoral está íntimamente ligada al buen desarrollo de la industria turística. Debe analizarse la situación real de este sector en base a criterios de rentabilidad, sostenibilidad y perspectivas de futuro. De igual forma, debe hacerse un análisis riguroso del estado del litoral que permita establecer políticas que aseguren la supervivencia del sector.
3.- CAMBIO CLIMÁTICO: para el 2050 se espera una subida media de 35 cm en Galicia, Islas Canarias y el Cantábrico y de 20 cm en el Mediterráneo. Cada centímetro de subida se transformará en un retroceso de un metro de la línea de costa.
Propuestas de Greenpeace: resulta imprescindible poner en marcha políticas y estrategias que incorporen estas previsiones en todas las actuaciones que se lleven a cabo en el litoral. Además es necesario llevar a cabo una revolución energética que acabe con la dependencia de los combustibles fósiles mediante su sustitución por energías renovables y reduzca la emisión de los gases de efecto invernadero. Todas las comunidades autónomas tienen suficiente capacidad para abastecer su propia demanda de energía eléctrica mediante métodos limpios y renovables.
4.- OTROS IMPACTOS EN EL LITORAL: los planes del Ministerio de Medio Ambiente para la costa no convencen. Buenas palabras y programas que no se concretan y con presupuestos ridículamente bajos que muestran la falta de voluntad real para proteger la costa. Este año se ha conocido la peor cara del Ministerio con obras como los quince diques que convertirán las playas urbanas de Barcelona en piscinas estancadas de agua salada, o la destrucción y privatización de un tramo de marisma de Puerto Real (Cádiz).
La construcción de puertos deportivos sigue imparable. Un centenar de proyectos añadirán al litoral más de 38.000 nuevos amarres sin tener en cuenta los problemas que llevan aparejados: destrucción y privatización de grandes tramos costeros y desaparición de praderas submarinas, contaminación de las aguas litorales.
La última de las grandes amenazas es la contaminación. Los retrasos en los planes de saneamiento y depuración de aguas residuales en la costa son alarmantes y ponen de manifiesto la dejación de funciones de las administraciones ambientales al perpetuar esta situación. Galicia, Canarias y Andalucía ocupan los peores puestos. En el informe Greenpeace ha contabilizado más de 350 municipios donde no se depuran correctamente las aguas residuales o se producen vertidos ilegales.
Propuestas de Greenpeace: el Ministerio de Medio Ambiente debe abandonar las prácticas de ingeniería dura en el litoral y centrar sus esfuerzos en proteger y conservar los terrenos amenazados por la construcción.
Debe decretarse una moratoria en la construcción de nuevos puertos deportivos y fomentar medidas como el alquiler de embarcaciones.
Acabar con los problemas de vertidos y contaminación debe convertirse en una prioridad para todas las administraciones.
Greenpeace considera que la situación es cada vez peor y que es necesario poner en marcha también medidas globales que garanticen una protección integral, entre las que destaca el establecimiento de una Red de Reservas Marinas que salvaguarde y revalorice la costa, la productividad de los mares, la vida marina y sus ecosistemas para los muchos millones de personas que dependen y disfrutan de este espacio.
* Greenpeace - 26 junio 2007
Piden mayor dotación de fiscalías y juzgados para acabar con la corrupción urbanística
EFE* : "Una mayor dotación para las fiscalías ambientales y para los juzgados de lo contencioso administrativo con el objetivo de afrontar la corrupción urbanística es una de las peticiones establecidas el pasado viernes en las conclusiones extraídas del XXII Congreso Jueces para Democracia. Así lo explicó el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y miembro del secretariado de Jueces para la Democracia, Luis Manglano, tras el encuentro celebrado en Salamanca por esta asociación y en el que se ha analizado la relación de la Justicia con el urbanismo sostenible.
En declaraciones a los periodistas, el magistrado se refirió a la necesidad de poner en marcha una serie de "reformas legislativas", así como a la "potenciación del interés público" y un "mayor control" por parte de las administraciones públicas en el desarrollo urbanístico.
A su juicio, es preciso una "mayor dotación" para las fiscalías ambientales y para los juzgados de lo contencioso con el objetivo de "afrontar y poner fin a la corrupción urbanística" tanto en el ámbito penal como en el contencioso.
En su opinión son "necesarios" procesos "más rápidos y con mayores medidas cautelares que, preventivamente, pongan fin y no a posteriori cuando ya se ha producido el desmadre y el destrozo del territorio".
Según Manglano, el mensaje que se ha lanzado desde esta XXII edición del Congreso Jueces para la Democracia es que el urbanismo "salvaje y agresivo" está "maltratando nuestros recursos naturales".
En este sentido, reivindicó que la sociedad y las administraciones "deben propugnar la sostenibilidad en el desarrollo del medio natural" porque el actual modelo "no tiene en cuenta nuestro patrimonio de futuro".
Asimismo, manifestó que se "debe poner un punto final y dar comienzo a una nueva etapa en la que el desarrollo sea compatible con una sostenibilidad según los parámetros de respeto al medio ambiente".
* La Ley, Diario de Noticias - [25/06/07]
"Falta preocupación por integrar las construcciones en el paisaje"
E.dePrado.- ElPeriódicoExtremadura* : "Un equipo multidisciplinar integra el grupo de investigación Urbanismo Sostenible y Paisaje de la Uex. El coordinador, Lorenzo García Moruno, pretende remover conciencias sobre la importancia del paisaje que se ve alterado por distintas construcciones, máxime en una comunidad como Extremadura que tiene tantas posibilidades de cara al turismo de interior. García Moruno no habla en su estudio sobre la posible ilegalidad de las edificaciones en zonas rurales aunque al analizar el suelo no urbanizable en el Valle de Ambroz --ahora trabajan en los alrededores de algunos embalses de Badajoz-- concluyen que solo el 9% de los edificios construidos se ajustan a la legislación.
--¿Este dato se puede extrapolar al resto de la región?
-- Nos marca una tendencia, la preocupación por la integración de las construcciones en el paisaje es aún escasa en Extremadura. Pero nosotros no hablamos de legalidad ni ilegalidad, porque no en todas las normativas aparece la preocupación por el paisaje. Y cuando aparece encuentras disparidad de criterios. Incluso si esos criterios son más o menos razonables, no siempre se cumplen.
--Y cada vez hay más construcciones en zonas no urbanas...
-- Es un problema que está ahí. Incluso en zonas en las que la población no está aumentando hay un crecimiento de la segunda vivienda.
--¿Qué objetivos persiguen?
-- Proponer una guía de criterios a proyectistas, arquitectos, planificadores y legisladores para que cuando tengan que hacer sus intervenciones en un entorno natural, tengan un apoyo fundamentado para hacer esos diseños y que no sea la intuición el único soporte.
--¿Cómo surge esta línea?
-- Otro miembro del grupo, Julio Hernández Blanco, y yo realizamos nuestras tesis en la Politécnica de Madrid sobre este asunto. Tras solicitar subvenciones para proyectos de investigación, hemos conseguido autonomía desde hace unos 5 años.
--¿Es complicado encontrar financiación?
-- Nos ha sido más fácil conseguir subvenciones a nivel nacional, de fundaciones y del ministerio, que a nivel regional. Y este detalle es muy importante ya que ese apoyo nos facilitaría perseguir objetivos que se centren en Extremadura. También nos resulta relativamente fácil despertar el interés de publicaciones internacionales, pero a nivel regional es difícil conseguir esa financiación.
-- ¿Qué metodología siguen?
-- Hay una base teórica sólida y el punto de inflexión en esta línea de investigación se produce con la capacidad de la informática de analizar elementos que de otra forma sería prácticamente imposible. Gracias a la informática podemos analizar los 6 elementos visuales en los que se divide cualquier escena: color, textura de los materiales, líneas, formas, espacio y escala.
-- ¿Y qué criterios son los fundamentales para construir en un entorno natural?
-- El principal elemento a cuidar es el color de la fachada y después el de la cubierta. También ayuda a mejorar esta integración la utilización de vegetación de gran porte, principalmente árboles, que ofrecen una visión filtrada de la construcción.
-- ¿Debe camuflarse?
-- No, una buena integración no tiene que conseguirse con una ocultación. Es más, la ambigüedad suele ser una mala solución. La construcción tiene que verse, pero hay que buscar mecanismos en el diseño que enriquezcan el entorno en el que se encuentra.
-- ¿Y hay que seguir los criterios de la arquitectura tradicional de la zona?
--Se obtienen unos buenos resultados creando una continuidad visual que se puede conseguir mediante un mimetismo arquitectónico --repitiendo pautas de la arquitectura tradicional-- o utilizando elementos naturales como base para generar los constructivos del edificio. Por ejemplo, determinar el color de la fachada dependiendo del color del terreno. La otra línea es la que denominamos contrastes compatibles, pero requiere una formación estética previa. Entonces, cuando el diseño está bien hecho consigue enriquecer la escena y las valoraciones son las más altas.
* El Periódico de Extremadura - 26/06/2007
Foto: La Vera /wikimedia.org
Urbanismo: Los concejales, a clase
R.Pérez.- ABC* : "En los municipios grandes, el problema de las dudas a la hora de afrontar la gestión y el gobierno del Ayuntamiento es algo que los políticos, los alcaldes y concejales, tienen más fácil. Cuentan con funcionarios técnicos, con más medios y, en suma, con especialistas que en el propio Ayuntamiento se encargan de ello. Pero en localidades pequeñas, que son la mayoría, el alcalde o el concejal de turno se tiene que resolver las dudas, que no son pocas, en el día a día de la gestión municipal. Y eso deja un buen número de quebraderos de cabeza. Para ayudarles en la tarea, en Zaragoza han empezado a programarse cursos específicos para ellos, a los que también se pueden sumar secretarios o funcionarios de corporaciones municipales.
Lo hace la Diputación provincial que, desde hace años, viene desarrollando una tarea permanente en varios frentes: uno, el de la formación de los responsables políticos municipales; otro, el de resolver las dudas que van surgiéndoles en el día a día. Para lo primero están los cursos y el material de consulta, caso del «Manual del Alcalde», que se editó el año pasado y que ahora se ha completado con una edición complementaria. Y, para lo segundo, está el Servicio de Asistencia de la Diputación de Zaragoza, con un equipo encargado de atender las consultas que van llegando.
Los cursos han empezado ya. Esta última semana se celebró en Zaragoza una jornada específica sobre urbanismo, materia especialmente sensible y que preocupa a los alcaldes y concejales, muchos de ellos nuevos en estas tareas. El oficial mayor de la Diputación de Zaragoza, Jesús Colás, afirma que era un curso «necesario y urgente», por las novedades que incorpora la Ley del Suelo.
Y, para después del verano, los alcaldes y concejales de la provincia están llamados de nuevo a las aulas para un curso de larga duración, de varios meses. El nombre del mismo es más que clarificador: «Ya soy concejal, ¿y ahora qué?». La Diputación de Zaragoza lo llevó a cabo por primera vez hace cuatro años y ahora ultima los preparativos de una nueva edición. Se prevé que comience en septiembre y que se prolongue hasta abril del próximo año. Casi como un curso lectivo, en el que los alcaldes y concejales se formarán en la tarea diaria que tienen que desempeñar.
Jesús Colás afirma que muchos alcaldes y concejales se muestran preocupados tras asumir los cargos. Sobre todo de pequeños municipios en los que, en ocasiones, no tienen un secretario de Ayuntamiento de forma permanente.
Las dudas más frecuentes
El oficial mayor de la Diputación de Zaragoza afirma que «no es una situación nada fácil para ellos» y se ven en más de un aprieto a la hora de tener que sacar decisiones adelante. Las leyes están ahí para todos y el engranaje administrativo tiene sus laberintos para quienes no son profesionales de este campo. Según Jesús Colás, las dudas que más se les plantean se pueden agrupar en tres grandes áreas: organización y funcionamiento de la propia institución municipal; cuestiones de urbanismo, sobre todo el régimen de concesión de licencias; y las relativas a contrataciones que debe hacer el Ayuntamiento.
Que la formación es valorada por alcaldes y concejales es algo de lo que ha dado buena fe el curso intensivo de un día realizado esta última semana en Zaragoza sobre cuestiones de urbanismo: más de cuatrocientas personas acudieron a él desde los distintos ayuntamientos de la provincia.
* ABC - Zaragoza - 25 de junio de 2007
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"La Banca también es responsable de la situación de la vivienda en la Región de Murcia"
D.Delgado.- VegamediaPress/Entrevista* : "El profesor Israel Sancho, hombre joven inquieto y responsabilizado socialmente, ejemplo de intelectual comprometido con la justicia social, abordando la problemática del excesivo costo de la vivienda que la hace inaccesible, cada vez más, a considerables capas sociales. Es miembro de la Plataforma por una vivienda digna. Nos recibe en su despacho de la Facultad de Económicas de la Universidad de Murcia, de forma amable y acogedora, y nos muestra una serie de gráficas de estudios sobre la situación en la vivienda en la Región de Murcia.
- ¿Qué es la Plataforma por una vivienda digna?.
Es un movimiento que intenta crear conciencia entre todos los españoles, de un derecho que tenemos a una vivienda digna, tratando de analizar y difundir la situación de las viviendas de protección oficial en la Región de Murcia, más bien, lo poco que se ha hecho, y qué es lo que se habría de hacer estudiando y aprendiendo de otras Comunidades Autónomas y de otros países de la UE, para poder aplicarlo en la sociedad murciana, sobre todo en beneficio de los jóvenes.
¿Ha habido déficits de VPO en la Comunidad Autónoma de Murcia, sobre todo para jóvenes y colectivos necesitados socialmente?.
La promoción de VPO en Murcia ha sido un desastre, ya que desde 1996, cada vez se han construido menos. En 2006 se realizaron menos de 1000 viviendas de Protección Oficial. Si bien hemos de distinguir, dentro de la protección pública de vivienda, dos modalidades:
a) De promoción pública de las que sólo se construyeron 14 (modalidad que adjudica la Administración Pública).
b) De promoción privada (modalidad que vende el mismo promotor que las realiza).
¡Eso lo dice todo…!
¿En qué se ha quedado el art. 47 de la Constitución?.
En Murcia es papel mojado. Tenemos un derecho, pero hay que reivindicarlo, ya que “el que no llora, no mama”. Hay que ver lo realizado, ya que eso nos da mucha información, para ver qué es lo que se puede hacer.
¿Nos da a entender que los poderes públicos pudieran tener responsabilidad en este descenso de la construcción de viviendas de promoción pública?.
Los poderes públicos tienen una responsabilidad tremenda, que no la han sabido manejar.
Construir VPO es sencillo y relativamente barato, y con la nueva Ley del Suelo más.
Se podrían construir, razonablemente, viviendas de 90 m2 en Murcia, en torno a los 70.000€, de manera que a partir de ese precio, las diferencias se las va a llevar alguien (bien el propietario del terreno, o la empresa promotora, o ambos).
¿En esos 70.000€ entraría el coste del suelo?.
Sí. El coste del suelo actualmente está en un 35% del total del coste de una vivienda, pero eso no tiene por qué ser así, ya que el que “pone el sello” para que un suelo deje de ser rústico es el Ayuntamiento, luego tiene en su mano adquirir suelo rústico público económico, y después recalificarlo en urbano para construir VPO, siendo así que el coste de suelo sería muy bajo, y no habría de exceder del 5%.
¿Estos planteamientos se los ha puesto de manifiesto a algún Ayuntamiento o a la Comunidad Autónoma de Murcia?.
Este planteamiento se lo expusimos a los tres principales responsables de ordenación del territorio de los tres grandes partidos (PP, PSOE, e IU), y la respuesta ha sido positiva.
¿Qué ha causado el desajuste de precios en la vivienda?.
Intentando ser breve, hay que decir que ha habido un incremento de precios de vivienda a nivel mundial, y en España ese incremento ha sido mayor por diversos motivos (afluencia al mercado laboral de la generación del “baby boom”, fenómeno inmigratorio muy acusado, y las expectativas de revalorización en los precios de las viviendas) que han contribuido al incremento de la demanda de viviendas y por ello al de sus precios.
Como profesor de economía, ¿no le parece contradictorio que, pese al incremento del número de viviendas en la Región de Murcia, sigan creciendo los precios de las mismas?.
Efectivamente se llevan varios años creando más viviendas que hogares existentes, lo que provoca un desajuste entre oferta y demanda, que llevaría razonablemente a pensar en un ajuste de preciso a la baja, pero la creencia del incremento de precios –de valor de inversión y revalorización segura- lleva a que muchos especuladores sigan adquiriendo viviendas para la reventa. En el momento en que esas expectativas cambien, la predicción es que ese exceso de oferta de vivienda haga caer los precios de las mismas.
¿Qué soluciones plantea para propiciar políticas eficaces de ajustes del mercado inmobiliario?.
Desde luego, incidir en que es necesaria una promoción pública de viviendas, que no tiene por qué ser para la venta, sino también para el arrendamiento (que es más justo socialmente). Además establecer medidas que hagan que el sobreendeudamiento de las familias españolas por la adquisición de vivienda no vaya a más, y a ser posible, descienda. Hace poco IU propuso que se limitara el endeudamiento familiar al 15% del salario, o limitaran los plazos de los préstamos hipotecarios que no sean superiores a 15 ó 20 años. Ya que la facilidad crediticia también contribuye al alza de los precios.
¿De alguna manera, tambien la banca es responsable de esta situación?.
La banca está jugando un papel fundamental, está claro que tienen grandes intereses, ya que hacen los préstamos a los promotores de las viviendas y es una de las mayores interesadas en que las viviendas se vendan para lo cual facilita créditos a largo plazo, haciendo así doble negocio. Llegando a tener “sujeto” así a clientes durante 30 ó 40 años, con todos los servicios que eso implica.
¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Suelo del Estado?.
Creo que es una ley positiva, pero depende como se aplique, si bien parece que puede acabar con la especulación del suelo rústico ya que posibilita que los Ayuntamientos puedan expropiar o comprar terrenos rústicos baratos para construir viviendas protegidas en beneficio de sectores necesitados de la sociedad.
¿Las “soluciones habitacionales” de la Ministra Trujillo han tenido alguna eficacia, o se quedaron en una ocurrencia?.
Algunas propuestas del Ministerio de la Vivienda han sido positivas, si bien, por parte de algún sector de prensa se ha hecho una dura crítica.
Lo cierto es que conozco amigos que viven en pequeños apartamentos por los que pagan mensualmente 500 ó 600€ en Murcia; luego, que se hagan estas propuestas por el Ministerio es muy positivo, como se hace en otros países europeos, y si se llegasen a construir sería muy positivo, y creo que la gente las acogería muy favorablemente.
¿Qué opinión le merecen otros proyectos como los de “vivienda joven” o la “Agencia Pública de Alquiler”?.
El alquiler de viviendas públicas en España está muy subdesarrollado en general, y en Murcia en particular, estando “años luz” de lo realizado en otros países europeos.
Para que el sistema de VPO funcionase bien tendría que existir un importante parque de viviendas públicas que se pudieran alquilar por precio no superior al 20% del sueldo del arrendatario, de manera que si ganara 1000€/mes pagaría a la sociedad pública de alquiler la cantidad de 200€/mes por la vivienda, si pasara a ganar 2000€/mes pagaría 400€/mes por dicho alquiler. De manera que paga más cuando su nivel de vida se incrementa. Y cuando pueda comprar una vivienda y decida hacerlo, la alquilada quedaría libre para que otra persona pudiera tener un techo en el que cobijarse, por ese procedimiento, siendo siempre propiedad pública.
¿Su colectivo ha obtenido algún tipo de promesa o compromiso de los partidos políticos, en ese periodo electoral?.
En campaña casi todos prometen el “oro y el moro”. Por parte del PSOE y de IU se han prometido gran cantidad de viviendas de protección oficial; por su parte el PP también, pero todos van en la misma línea, entonces cabe hacerse la pregunta de si lo cumplirán. Unos nos generan dudas (PSOE e IU), pero en el caso del PP no parece que vayan a cumplirlo, ya que lo que están haciendo no va ni mucho menos en la línea prometida. Con todo, nos cabe la esperanza que los otros lo puedan llegar a cumplir.
¿Cree que debería intervenirse en el mercado inmobiliario para hacer reformas o simples retoques?.
Retoques, no cabe duda que hay que hacerlos, que sean mayores o menores, es otra cuestión.
Los neoliberales dirían que hay que dejar el mercado a su evolución, yo también creo en el mercado, pero a veces hay externalidades que lo influyen indebidamente y hay que corregirlas. Y en ese sentido, en el mercado inmobiliario hay que hacer intervenciones que lo corrijan, como por ejemplo, intervenir en la gran cantidad de viviendas vacías que hay en la Región de Murcia (unas 100.000), cuando se están construyendo anualmente unas 30.000, resulta que hay una producción de 3 años que están vacías, lo cual es un despilfarro de recursos públicos y los poderes públicos deberían incentivar la salida de esas viviendas al mercado.
¿Considera adecuado, como solución a la “corrupción urbanística” que haya algún control sobre los Ayuntamientos en materia de planeamiento urbanístico y ordenación del territorio?.
Estoy totalmente de acuerdo con ello, ya que los Ayuntamientos tienen la última palabra, y no se les exige ningún tipo de responsabilidad y eso hace que en algunos Ayuntamientos se “pierdan los papeles”.
Si el sistema está mal montado, facilita la corrupción. No supone que unos políticos sean más o menos corruptos que otros, se trata de un sistema distorsionador que posibilita que algunos políticos –al no estar debidamente controlados- vayan contra el interés general. Debería existir algún tipo de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas que garanticen que no se va a dar el flagrante abuso de poder que se está dando en algunos lugares de España.
El problema de la corrupción municipal de la que se habla en prensa, ¿entra por la vía del urbanismo?.
Si los responsables de un Ayuntamiento estiman –en el caso de realizar alguna actividad ilícita- que la probabilidad que les pillen es mínima, y que la pena sería baja, evidentemente incentiva a la corrupción. Y es un escándalo que en muchos casos los responsables de urbanismo en los Ayuntamientos sean, o hayan sido, constructores o promotores inmobiliarios, ya que eso puede suponer que tengan una visión sesgada de la cuestión y “barran para casa”. Debería estar totalmente regulado, y no lo está.
¿Quizá habría que exigir un mayor rigor en las medidas de incompatibilidad frente a la frecuente figura del “edil constructor o promotor inmobiliario”?, ¿le consta que algún partido político haya planteado esta cuestión?.
Efectivamente debería existir un régimen de incompatibilidades más estricto. Quizá habría que asegurarles un sueldo mayor para exigírselo. Además de controlarse de de forma eficaz.
En cuanto a medidas de algún Partido, creo que el PSOE en su web aborda algo de esto. En cualquier caso, creo que la actitud de todos sea inicialmente receptiva, luego queda que verdaderamente haya interés en llevarlo a la práctica.
¿Porqué cree que no ponen mecanismos eficaces en marcha?.
En mi opinión se debe a que junto a los Partidos subsisten importantes “grupos de presión” que en el fondo son los que mueven los hilos, por lo que los Partidos a veces no tienen más remedio que tomar medidas que favorecen a esos grupos de presión aunque sea contra la mayoría.
¿Habría que implementar la participación ciudadana para corregir los mecanismos que inciden negativamente en el interés común?.
Hay grupos de presión que pesan mucho, por eso es muy necesario que los ciudadanos nos movilicemos para equilibrar la balanza de intereses. En Murcia se observa un cambio de tendencia a favor de la movilización social, lo cual es muy positivo, pero sigue siendo insuficiente, ya que necesitamos crecer como en Cataluña, evitando ser tan individualistas como somos y pasar a ser más participativos y solidarios.
Tal actitud tiene gran trascendencia, ya que por ejemplo, la determinación de que existan políticas de vivienda es política, pero nos afecta de lleno, ya que no es lo mismo que la vivienda tenga un precio razonable con una hipoteca a 15 años, que tenga un precio inflado con una hipoteca a 40 años, que va a condicionar mi vida, en cuanto a bienestar (menos posibilidades de adquisición de bienes, cultura, viajes, coches, etc.).
En el precio de las viviendas concurren diversos factores: suelo, construcción, promoción, e impuestos ¿no cree Vd. que también se deberían de bajar los impuestos que gravan la adquisición de las viviendas?.
Los impuestos vienen a representar poco más del 6%, pero no estoy de acuerdo con ese planteamiento, ya que si uno paga 5000€ menos de impuestos normalmente se trasladaría al precio de la vivienda ya que esa disponibilidad posiblemente acabara asumiendola en precio de compra. Por lo que el hecho de menor imposición tributaria sobre la adquisición de vivienda, no necesariamente representa bajada de precios de la misma, y lo mismo en relación con la desgravación fiscal.
Cada vez que se compra una vivienda podemos desgravarnos el 15% en el IRPF, y eso no ha supuesto menor precio de adquisición.
¿Ve justo y eficaz la implantación de un canon por vivienda deshabitada para sacar esas viviendas al mercado?.
Todo lo que suponga incentivar la salida de viviendas vacías al mercado, desde el punto de vista económico, es positivo ya que aumenta la eficacia, y ese dinero que se emplea en construir viviendas se invertiría otros sectores productivos (por ejemplo, el industrial). Ahora bien, ¿penalizarlas o incentivarlas?, es una cuestión política, no económica, y se pueden emplear incluso ambos mecanismos.
Las propuestas en la Región son diversas, ya que sólo IU propone la penalización, mientras PSOE y PP plantean la incentivación para que salgan al mercado.
¿Con hipotecas a 40, 50, e incluso 60 años, no cree que es una nueva forma de esclavitud de la sociedad moderna?.
Es una nueva forma de esclavitud, sin duda. Si bien no creo que en el futuro se generalicen estas hipotecas, pues ya en Japón sucedió en el año 1990/1991 y acabó generando una crisis económica que duró una década. No quisiera que nos pasara lo de Japón, pero llevamos todas las papeletas.
¿Hasta cuando cree Vd. que podrán aguantar las familias españolas con estos considerables endeudamientos?.
Los economistas no podemos dar plazos, sí previsiones.
De manera que muchos economistas pensamos que esta situación no es sostenible en el tiempo y ello llevará a un menor empleo, y muchas familias se van a ver con problemas económicos y sociales graves de difícil cálculo, que en Murcia puede ser bastante complicado; previendo que pueda suceder en un horizonte temporal de un par de años.
¿La economía murciana actualmente la mueve la construcción?.
El sector de la construcción en España y en Murcia tira mucho de la economía (actualmente representa el 18% del PIB, mientras en Europa está sobre el 8% del PIB). Trae progreso y crecimiento económico, pero no es tan positiva como la pintan (tiene efectos negativos de tipo medioambiental, el crecimiento del empleo generado es del 45% que ha sido cubierto mayoritariamente por inmigrantes, quiere decirse por tanto que no ha repercutido tanto en el empleo de los nativos, etc). Hay que buscar un equilibrio: ni cargarse la construcción como motor económico, ni hacer que la economía dependa de la construcción.
¿Habría peligro de crisis bancaria si se rompe la burbuja inmobiliaria?.
Es difícil, ya que la banca española es bastante eficaz, se supone que hay garantías bancarias en los préstamos. Pero otra cuestión son las Cajas de Ahorro (que dependen de decisiones políticas) y han entrado en proyectos urbanísticos excesivos en cuantía y riesgo.
¿No cree Vd. que las Cajas de Ahorro, por su propia finalidad social, deberían haber tenido una participación más activa no sólo en fomento de la vivienda social, sino también ofreciendo créditos blandos bonificados a sectores sociales necesitados?.
Me encanta que me haga esa pregunta. En Murcia, las dos principales Cajas de Ahorro regionales (Cajamurcia y la CAM) han participado en proyectos urbanísticos en el litoral con considerables beneficios económicos, y sin embargo ninguna parte de esos beneficios –que yo sepa- se han utilizado para la construcción de viviendas sociales, compensando sus extraordinarios beneficios con su condición de obra social.
* Vegamedia Press - 30/05/2007
El juez investiga una promoción de vivienda protegida en Mijas
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EFE/Málaga* : "El Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola ha abierto diligencias para investigar un presunto delito urbanístico en una promoción de viviendas protegidas del Ayuntamiento de Mijas que se ubican supuestamente en una vía pecuaria, que es de dominio público. La juez ha decidido iniciar una investigación, porque considera que "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Estos inmuebles se levantan a escasos metros de unos bloques de viviendas, cuyos vecinos denunciaron al Ayuntamiento por los desperfectos que estaban causando estas obras en sus casas.
El Juzgado de Primera Instancia 4 de Fuengirola acordó por sentencia firme paralizar los trabajos, aunque las viviendas están prácticas construidas.
El juzgado de instrucción de Fuengirola ha remitido el caso a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y ha ordenado la práctica de diligencias para determinar los responsables de estos hechos.
Para ello, fuentes judiciales indicaron que los denunciantes pedirán que declaren en principio como testigos alrededor de veinte personas, entre ellos, el alcalde de Mijas, Agustín Moreno (PSOE), el arquitecto de los servicios urbanísticos del consistorio y responsables de la constructora Profasan.
Además del delito urbanístico, el juzgado investiga uno de estafa, ya que los denunciantes señalaron que la parcela donde se ubican las VPO no es la misma que la figuraba en el contrato de cesión de la finca firmado en abril de 2004 entre el Ayuntamiento y la constructora.
En dicho contrato, se cedía la finca con número registral 60.212 en la que se podía construir VPO, pero la realidad es que comenzó a edificarse en la parcela número 63.546 donde legalmente no se puede.
Asimismo, los vecinos del bloque colindante que han denunciado este caso sostienen que la promotora que les vendió los pisos les aseguró que en el solar contiguo se iba a construir un parque al ser terreno público, pero nunca viviendas.
* ELPAIS.com - 25/06/2007
Foto: Mijas (Málaga) /J.Rojas (ELPAIS.com)
Freno a la especulación urbanística
Angel B. Gómez Puerto* : "Como frontispicio de esta tribuna de opinión, vamos a recordar que el artículo 47 de nuestra actual Constitución de 1978, declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. El pasado 29 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado una importante norma, la nueva ley reguladora del suelo (Ley 8/2007), que tiene como fundamento constitucional el artículo antes señalado. El 1 de julio de 2007 entrará en vigor el contenido normativo de la nueva ley, según se indica en su última disposición. Es la respuesta contundente del legislador a tanto desorden y especulación urbanística desarrollados en los últimos años en nuestro Estado.
El objetivo que las Cortes Generales pretenden con la nueva ley es regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal, así como establecer las nuevas bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, de su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en materia de suelo.
Entre los principios generales que informan el contenido global de la ley del suelo se encuentra el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, en base al cual, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible.
Además, y en virtud del objetivo de desarrollo sostenible, todas esas políticas públicas han de propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, la salud y seguridad de las personas, y la protección del medio ambiente.
Sistemáticamente, el texto legal recién aprobado se estructura en cinto títulos, a cual más importante. En los 36 artículos de la norma, se abordan elementos tan esenciales como los derechos y deberes de los ciudadanos en esta materia, su contenido y su modo de ejercicio, los criterios básicos de utilización del suelo, el régimen jurídico de las valoraciones del suelo, o la expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.
Es muy importante destacar un derecho que se consagra al ciudadano: el de acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como a obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados. Por otra parte, se establece la obligación ciudadana de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y paisaje natural y urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos en la materia.
El último título, el quinto, se dedica a la cuestión más importante, al menos desde mi punto vista: la función social de la propiedad y la gestión del suelo. En este apartado, se dedica un capítulo propio a los patrimonios públicos de suelo, como instrumento jurídico de regulación de los mercados de terrenos, de obtención de reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y como medio para facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística
En fin, esperemos que con la entrada en vigor de la nueva regulación se sienten las bases de un nuevo modo de entender el respeto a los bienes comunes, de una ordenación justa y racional del territorio, y del fin de la especulación urbanística. Que se tome conciencia de una vez que no caben atajos en los modelos de desarrollo económico de los territorios. Que no todo vale, que se puede y se debe crear actividad empresarial y empleo pero en el marco de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Que no existen “los salvadores de las ciudades” por que “crean mucho empleo y riqueza”. Recordemos siempre casos que no son admisibles como el del Pocero, en Seseña (Toledo). Y otros muchos.
(*) Ángel B. Gómez Puerto es Doctorado en Derecho Público por la Universidad de Córdoba.
* La República - Jueves, 21 de junio
La reforma de la ley hipotecaria es inaceptable, según " Vivienda Digna"
Para la Plataforma por una Vivienda Digna*, la reforma debería incluir medidas como la limitación de cuantías y plazos de las hipotecas y el aumento de la información que debe dar el banco sobre un préstamo. Según la plataforma, sería un grave error subvencionar la subida de tipos de interés.
El Congreso de los Diputados, y más concretamente su Comisión de Economía y Hacienda, se encuentra actualmente tramitando el proyecto de reforma de la ley hipotecaria. Después de analizar dicho proyecto y las distintas enmiendas, desde la Plataforma por una Vivienda Digna encontramos que el texto se ha redactado a la medida de las entidades financieras, pasando por alto varios problemas graves de la sociedad española y que, en su conjunto, es inaceptable para alcanzar el objetivo de una vivienda asequible y digna para todos los ciudadanos.
La vivienda es una necesidad vital y en los últimos años, las características del mercado en España, con posibilidades de alquiler escasas y unas políticas de vivienda nefastas, han propiciado que muchos ciudadanos se hipotequen hasta el máximo que pueden pagar y en algunos casos más allá: hasta el máximo que una entidad financiera ha estado dispuesta a prestarle.
Esta cota ha superado para muchas familias lo razonable debido a varios factores, desde el hecho de que el inmueble es tasado al alza por una sociedad de tasación controlada por el banco (la mayoría de las tasadoras lo están), hasta la falta de información sobre la posible evolución de los tipos, pasando por una excesiva generosidad en las cuantías y plazos de las hipotecas.
En un escenario de crecimiento de los tipos de interés como el actual, las familias o los jóvenes que siguen endeudándose al máximo se convierten en auténticos “kamikazes hipotecarios”, con una alta probabilidad de impagos y desahucios en unos años.
Pero la generosidad interesada de los bancos a la hora de conceder créditos no sólo ha disparado el endeudamiento, sino que ha contribuido a la subida de precios, ya que a mayores posibilidades de financiación más fácil es que un ciudadano acepte el precio que se le pide, incluso a sabiendas de que está inflado. Recordemos la frase, acuñada por un conocido profesor universitario en una entrevista radiofónica: “las viviendas no cuestan lo que valen, cuestan lo máximo que la gente puede pagar por ellas”. Así, no es de extrañar que hoy un piso en el ensanche de Vallecas, en las afueras de Madrid, cueste casi el doble que uno similar en el centro de Berlín.
Aunque nos parece positiva la inclusión en el proyecto de medidas que buscan una mayor independencia de las tasadoras, para la PVD el texto llevado al Congreso es, sencillamente, inaceptable, ya que no encara los asuntos fundamentales. Entre éstos, algunos urgentes como el sobreendeudamiento, que puede convertirse en uno de los principales problemas sociales de nuestro país a corto plazo.
Limitación de cuantía y plazos de los créditos hipotecarios
Por estas razones demandamos a los legisladores y a los grupos con representación en el Parlamento que, en la nueva ley hipotecaria, se tengan en cuenta las enmiendas relativas a la limitación de la cuantía de los créditos, recordando que este tipo de medidas se aplican en otros países europeos como Francia y garantizan así, que nadie pueda hipotecarse más allá de sus posibilidades. Eso sí, esta medida no puede venir sola y ha de venir acompañada de una verdadera política de vivienda y fiscal enfocada hacia el alojamiento directo de los más necesitados y no en el fomento de la cultura de la propiedad como la actual.
Desde la Plataforma instamos también al gobierno y a la comisión económica del Congreso a limitar los crecientes plazos de las hipotecas (que llegan ya a los 50 años), porque ayudan a la compra de viviendas con sobreprecio y son una de las causas del mantenimiento de la actual burbuja inmobiliaria. Aunque a primera vista el alargamiento de los plazos puede parecer una solución concreta para algunas personas, en un análisis más detenido perjudica gravemente al conjunto de la sociedad y dificulta el acceso a la vivienda de los jóvenes (y de muchos no tan jóvenes) y de las generaciones futuras, apuntalando un modelo no sostenible.
Obligación de información previa en la contratación de hipotecas
El mayor riesgo de impago que existe actualmente por la subida de los tipos de referencia se debe a que muchos compradores de vivienda firmaron su hipoteca con una escasísima información. Desde la Plataforma demandamos a los legisladores que están actualmente revisando la ley hipotecaria que las entidades financieras tengan la obligación de ampliar la información que ofrecen sobre el crédito. Además de los datos del préstamo, el cliente debe saber, como mínimo, en qué situación están los tipos de interés con respecto a series históricas, y cómo afectarían a la cuota diferentes tipos de interés que puedan darse en el futuro.
No a las subvenciones a la compra
Reclamamos también que no prosperen aquellas enmiendas destinadas a paliar con subvenciones directas las sucesivas subidas de los tipos de interés. Esto sería ahondar aún más en el profundo error de subvencionar la propiedad de la vivienda y existen fórmulas mucho más razonables para ayudar a las familias que se han visto sorprendidas por este cambio de escenario económico. Estas ayudas, de materializarse, irían a parar en realidad a las entidades financieras. Nos parece un escándalo siquiera plantear que el dinero público se emplee para subvencionar, aunque sea indirectamente, a uno de los sectores económicos más beneficiados con la situación actual.
Control de la refinanciación
También nos merece especial atención que el anteproyecto incluya escasas medidas para el control de las empresas de refinanciación y las emisoras de créditos de alto riesgo, hipotecas con carencia, etc. Este tipo de empresas están provocando verdaderos dramas familiares en otros países occidentales y con ese ejemplo se debería legislar en este.
Reforma inútil e inaceptable
Estamos de acuerdo en que debe modificarse la ley hipotecaria, pero llama poderosamente la atención que se ponga en marcha precisamente ahora, en un cambio de ciclo del mercado. Nos parece de un descaro sin precedentes el que, con millones de jóvenes sin poder optar a una vivienda, millones de parejas que no pueden desarrollar su vida familiar al no poder optar a una vivienda mayor, y millones de familias al borde de la bancarrota, el grueso de la ley vaya dirigido a aumentar las garantías bancarias y a regular nuevos modelos como la hipoteca inversa, con la que las personas de avanzada edad pueden ceder su propiedad a cambio de una pensión vitalicia.
Aunque ayer hemos conocido la tardía intención del Gobierno de replantearse las desgravaciones fiscales y la hemos saludado positivamente a pesar de su inexplicable retraso, en el caso de este anteproyecto de Ley analizado, de ser aprobado tal y como está, se habrá perdido una oportunidad más de poner coto a los intereses especulativos que manejan el mercado de la vivienda en España y se habrá demostrado de nuevo hasta qué punto una gran parte de los políticos y legisladores de nuestro país, están al servicio de las grandes empresas, los bancos y los intereses inmobiliarios. Desde la Plataforma por una Vivienda Digna exigimos los cambios en el proyecto reseñados anteriormente para elaborar una ley hipotecaria que piense en todos los ciudadanos, que sirva de instrumento a un mercado sostenible, y que ayude a avanzar hacia el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución para todas las generaciones.
Más información:
Contacto:
Correo-e: info@viviendadigna.org
Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
http://www.viviendadigna.org
* ANIA - 21/06/2007
