En Córdoba la intransigencia de la Iglesia con el asunto de la posesión y cambios en su famosa Mezquita, monumento patrimonio de la humanidad, ha hecho que surja una Plataforma vecinal contra estas polémicas decisiones eclesiales. Esta plataforma pide que la propia Unesco compruebe in situ los 'abusos en la gestión confesional del edificio' que han borrado su huella islámica. También solicita que la Junta de Andalucía 'ejerza su obligación de protección de un monumento cuya naturaleza e identidad están en serio peligro por una gestión excluyente y desleal con su historia'. Parece razonable y deseable lo que se está pidiendo, pero "amigo Sancho: con la Iglesia hemos topado".
"ELDIARIO* : Una visita in situ a la Mezquita-Catedral de Córdoba para comprobar sobre el terreno la gestión que sobre ella lleva a cabo la Iglesia y que, como muestra, sólo llama Catedral al monumento que la organización de Naciones Unidas denomina como Mezquita –The Great Mosque- desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad en 1984.
Esa es la petición que ha realizado la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos –que reivindica que el monumento sea detitularidad pública y se frene la gestión del Obispado de Córdoba que en los últimos años ha borrado la evidente huella islámica del edificio de toda mención que hace de él.
Así, ante lo que califican como un "grave hecho, que amenaza la imagen de un símbolo único en el mundo", la plataforma cree que "urge una inspección de la Unesco sobre el monumento que verifique sobre el terreno la lesiva gestión del Cabildo".
En ese sentido, desde la plataforma por una Mezquita-Catedral pública recuerdan que hace unas semanas entregaron en el Parlamento de Andalucía un documento en el que solicitaban a los tres grupos políticos representados –PSOE, IU Y PP- que sobre este asunto "pidan una inmediata actuación del Icomos", organismo dependiente de la Unesco dedicado a la conservación de los bienes declarados Patrimonio Mundial.
Pretenden, con ello, que la Unesco compruebe sobre el terreno la gestión que el Obispado realiza sobre un monumento al que solo denomina como catedral mientras es internacionalmente reconocido como Mezquita y como tal va a ser declarado lugar de Excepcional Valor Universal por el organismo de Nacional Unidas que celebra una reunión en Doha (Qatar) entre el 15 y el 25 de junio.
Informe del Gobierno a la Unesco que desoye al Obispado
La previsible declaración como lugar de Excepcional Valor Universal se realizará tras un informe emitido por el Ministerio de Cultura español para actualizar a las nuevas normas de la Unesco la concesión de Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita-Catedral y otros 15 lugares culturales del país.
Sobre dicho informe del Gobierno español, donde el emblemático monumento cordobés se denomina siempre Mezquita –The Great Mosque- y en ningún caso catedral como la llama la Iglesia, la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos cree que "deja en evidencia la estrategia del Obispado".
En su opinión, el informe que el Gobierno central ha enviado a la Unesco para elevar la protección de la Mezquita-Catedral "subraya los valores andalusíes e islámicos del monumento universal y desoye la campaña puesta en marcha por el Obispado de Córdoba para destruir su identidad y borrar su nombre".
"El Ministerio de Cultura obvia sistemáticamente el término Catedral en todo el texto y destaca la singularidad de un edificio que es conocido en todo el mundo por ser la principal joya del arte hispano musulmán en Europa", advierten. "Espléndido ejemplo de arquitectura califal", "monumento islámico de Occidente", "híbrido de estilos artísticos", "edificio único por su mezcla de culturas" son algunos de los epítetos que utiliza el informe avalado por el Ministerio de Cultura para hacer valer ante la Unesco la singularidad de la Mezquita-Catedral como argumento para que se actualice su grado de protección como Excepcional Valor Universal.
Por eso, desde la plataforma creen que dicho informe "contradice claramente la actual gestión del Obispado de Córdoba e ignora los abusos en su gestión" que, desde hace unos quince años, pretende "liquidar la cultura andalusí y amputar la esencia omeya de todos los folletos, cartelería, vídeos, espectáculo nocturno y guías turísticos" que enseñan el monumento "hasta el punto de que la palabra Mezquita, su seña de identidad universal, ha sido absolutamente eliminada".
Una gestión que la plataforma denuncia pero que nada tiene que ver con el "derecho de uso litúrgico" que sí le reconoce a la Iglesia y que defiende, no como derecho de propiedad sino "en el marco de una gestión pública que garantice una administración profesional y respetuosa de la dimensión cultural, arquitectónica, patrimonial y económica" del monumento.
Piden la acción de la Junta de Andalucía
Junto a la petición a la Unesco para que examine in situ la situación de la Mezquita-Catedral, la plataforma que defiende la titularidad pública del monumento ha anunciado que en las próximas semanas recurrirá al Gobierno de la Junta de Andalucía, "como administración competente del Patrimonio Histórico" dentro de la comunidad autónoma.
En ese sentido, solicitan su actuación "para que ejerza su obligación de protección de un monumento cuya naturaleza e identidad están en serio peligro por una gestión excluyente y desleal con su historia en sus reiterados intentos de amputar su esencia omeya y andalusí".
Por último, la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio deTodos ha querido dejar claro que "apoya incondicionalmente cualquier reconocimiento que aumente la protección" de este edificio y advierte que "la actual gestión confesional de la Mezquita-Catedral es contraria a los principios, valores y declaraciones de la Unesco".
* El Diario - Carmen Reina - 15.6.14
Foto: Mezquita-Catedral de Córdoba - EFE
Córdoba.- La plataforma pro Mezquita pública urge una inspección de la Unesco por la 'lesiva gestión' de la Iglesia
Urbanismo suspende el polémico POUM de Alfarràs por crecimiento desmesurado
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Parece que no se ha aprendido demasiado del boom inmobiliario de años pasados que nos condujo, lamentablemente, a la enorme crisis-estafa en la que aun navegamos. Todavía se sigue apostando por Planes urbanísticos desmedidos para una normalización adecuada del Territorio, al calor de la especulación pura y dura y los beneficios delictivos. Así ocurre en Alfarràs (Lleida) donde hasta la inútil Comisión de Urbanismo provincial (como casi todas) ha suspendido el Plan General municipal que pretendía duplicar la población en poco tiempo, un disparate urbanístico del equipo de gobierno que, según parece, también está originado por motivos políticos poco claros.
"LAVANGUARDIA* : La Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida ha suspendido la aprobación provisional del Plan de Ordenación Urbanística de Alfarràs (Lleida) al considerar "desproporcionado" el crecimiento previsto, que supondría pasar de 3.000 a 5.400 habitantes, con 1.800 viviendas nuevas.
Según el director general de Urbanismo, Agustí Serra, se ha tenido en cuenta el decrecimiento continuado de la población en los últimos 10 años y por eso la Comisión ha emitido un informe desfavorable y una serie de indicaciones al Ayuntamiento que tendrá que tener en cuenta si quiere reconducir la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico.
Por su parte, el alcalde de Alfarràs, Kleber Esteve, ha insistido en que no se trata de una suspensión, sino de un informe previo a la aprobación provisional del planeamiento urbanístico.
Esteve asegura que el siguiente paso será valorar este informe emitido por Urbanismo y tomar las decisiones oportunas.
Además, el alcalde asegura que el planteamiento planteado por el consistorio se ha basado en los parámetros que la Generalitat marca actualmente, y ha indicado que si la propuesta del consistorio era de un crecimiento del 60 % y Urbanismo recomienda que sea del 50 %, no le parece que la desproporción sea tan grande.
Uno de los miembros de la plataforma vecinal No al POUM de Alfarràs, surgida para manifestar su disconformidad con el planeamiento, Antonio Mangues, ha dicho que "se ha emitido una decisión basada en el sentido común".
Una de las quejas principales de esta plataforma ha sido que no se contará con un periodo de participación ciudadana, tal y como prevé la normativa.
En este sentido, la plataforma espera que si se ha de revisar el planeamiento se cuente con la participación vecinal.
*La Vanguardia - Vida - 13.6.14
Foto: Alfarras (Lleida), ayuntamiento - ayuntamiento
Lista de políticos españoles imputados por corrupción
"VAVEL* : Lista de políticos imputados por corrupción y que a pesar de todo están presentes en la política:
1- Francisco Camps (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel
2- Ricardo Costa (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel.
3- Xicu Tarres (PSOE), Baleares IMPUTADO Caso Eivissa.
4- José Manuel Tortosa (PP) Parlamento Autonómico Cuenca, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
5- Carlos Penit (IU), Pinto – Madrid IMPUTADO Cohecho.
6- Ferrán Falcó (CIU), Barcelona, IMPUTADO caso Adigsa.
7- Jesús Machín (C. Canaria), Canarias, IMPUTADO Operación Unión.
8- Marc Moreno (ERC), Vilaller – Lleida, IMPUTADO corrupción urbanística.
9- Antonio Rodrigo Torrijos (IU), IMPUTADO Caso Mercasevilla.
10- Raimundo González (BNG), Pontevedra, IMPUTADO caso Naturgalia
11- Jose Manuel Traba (PP), Fisterra Galicia, IMPUTADO Operacion Orquesta
12- Jose Manuel Santos (PP) Mazaricos Galicia,IMPUTADO Operacion Orquesta
13- Jose Antonio Cacabelos (PSOE), O Grove – Galicia, IMPUTADO diversos delitos.
14- Juan Jose Diaz Valiño (PSOE) -IMPUTADO caso Castro de Rei
15- Rafael Gómez (Unión Cordobesa), Córdoba, IMPUTADO caso Malaya
16- Esteve Ferrán (UTpS), Salou Tarragona, IMPUTADO delitos varios
17- Antoni Banyeres (NSP), Salou Tarragona IMPUTADO delitos varios.
18- Ignacio García de Vinuesa (PP) , Alcobendas Madrid, IMPUTADO malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas
19- Jose Ignacio Fernández Rubio (PP) (Las Rozas)
20- Miguel Rodríguez Bonilla (PP), Guadarrama Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
21- Miriam Rabaneda (PP) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
22- Luis Partida (PP) Villanueva de la Cañada Madrid, IMPUTADO delitos varios
23- Antonio Martín Lara (tránsfuga, PSOE, antes PP, antes GIL) Ronda, Málaga, IMPUTADO corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales; actualmente detenido junto con otros tres ediles.
24- Raúl López (PP) Coslada Madrid, IMPUTADO delitos varios
25- Íñigo Henríquez de Luna (PP) Madrid
26- Trinidad Rollán (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
27- Carmen Toledano (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
28- Cristina González (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
29- Jose Joaquin Ripoll (PP), Alicante Valencia, IMPUTADO caso Brugal.
30- Carlos Fabra (PP), Castellón Valencia, IMPUTADO caso Fabra
31- Mariano Arévalo (PSOE) Carabaña Madrid, IMPUTADO prevaricación y delitos urbanísticos. Condenado por no presentar las cuentas de los últimos 10 años en su municipio.
32- José Miguel Rodríguez López (ACAI) Parlamento Cantabro, IMPUTADO tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación
33- Carmen Toledano (PSOE) Galapagar Madrid, IMPUTADO delitos varios
34- María Isabel Peces-Barba (PSOE) Colmenarejo Madrid, IMPUTADO delitos varios
35- José I Fernández (PP), Las Rozas Madrid, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
36- Ignacio Gómez (CCN) Parlamento autonómico de Canarias, IMPUTADO financiación ilegal
37- Yolanda Tieso de Andrés (PSOE) Fontanar, Guadalajara, IMPUTADO prevaricación
38- Clara Torre (PP), Torres de la Alameda Madrid, IMPUTADA malversación
39- Miriam Rabaneda (PP,) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
40- Raúl López Coslada (PP), Madrid, IMPUTADO prevaricación
41- Luis Partidad (PP), Villanueva de la Cañada, Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
42- Ana María Pinos (PP), Belmonte de Tajo, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
43- Ángel García (PP) Guadalix de la Sierra Madrid, IMPUTADO negociaciones prohibidas
44- Íñigo Henríquez de Luna (PP), Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
46- Mariano Arévalo González Carabaña (PSOE) Madrid, condenado por no presentar las cuentas municipales en los últimos 10 años, etc.
47- José Miguel Govantes (PSOE)Alcorcón Madrid, IMPUTADO condenado por acoso laboral
48- Natalia de Andrés (PSOE) Alcorcón Madrid, IMPUTADA y condenada por un delito de injurias contra el portavoz popular
49- Roberto Vázquez Souto (PP) Portas, Pontevedra, IMPUTADO falsedad documental
50- María del Carmen Toledano Rico (PSOE) Madrid, IMPUTADO prevaricación
51- Cristina González (PSOE) Getafe Madrid, IMPUTADO prevaricación
52- José María Fraile Parla (PSOE) Madrid PSOE prevaricación
53- Manuel González Rojo (PSOE) San Fernando de Henares Madrid , IMPUTADO prevaricación
54- Hans Antón Bock Galapagar (PSOE) Madrid IMPUTADO prevaricación
55- Jesús Dionisio (PP) Madrid, IMPUTADO prevaricación y tráfico de influencias
56- Jaume Matas (PP), Baleares, IMPUTADO, Caso Palma Arena
57- Cristina Almagro (PP) Granada, IMPUTADA por falsificación de documentos
58- José Manuel Santos Maneiro (PP), Galicia, IMPUTADO por corrupción en la adjudicatura de obras públicas
59- Juan José Rubio (ATC), Zarra, Valencia, IMPUTADO delitos urbanísticos
60- Tamara Rabaneda (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADA prevaricación
61- Raúl López Vaquero (PP) Coslada, Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
62- Ramón Polo (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
63- Manuel Tello (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
64- Pilar Algobia Aparicio (PP) Colmenar de Oreja, Madrid, IMPUTADA delito urbanístico
65- Mustafá Aberchán (CpM) Melilla, IMPUTADO delito electoral
66- Juan Enciso (PAL), El Ejido, Almería, IMPUTADO operación poniente
67- Antonio Asín (PSOE) Mallén, Zaragoza, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
68- Angel Vadillo (PSOE) Alburquerque, Badajoz, IMPUTADO prevaricación, tráfico de influencias, y ordenación contra el territorio
69- Juan Carlos Benavides (CA), Almuñecar, Granada, IMPUTADO malversación y delitos contra ordenación del territorio
70- Agustín Padrón Benítez (PP) El Hierro, Canarias, IMPUTADO malversación
71- José Dimas Martín (PIL), Teguise, Lanzarote, IMPUTADO corrupción urbanística
72- José Fernández Amador (PP), Sorbas, Almería, IMPUTADO prevaricación
73- Isaac Valencia (Coal. Canaria) Orotava, Canarias, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, tráfico influencias
74- Pedro Antonio Sánchez (PP), Murcia, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, malversación
75- Daniel García Madrid (PP), Torre Pacheco, Murcia, IMPUTADO prevaricación, ordenación del territorio, malversación
76- Maria Antonia Conesa (PP), Fuente Álamo, Murcia, IMPUTADA cohecho
77- Pedro Angel Hernández (PP), Parlamento Valenciano, IMPUTADO tráfico de influencias
78- Juan Martín Serón (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO cohecho y prevaricación
79- Cristóbal Bonilla (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO delito urbanístico
80- José Antonio Robles (PP), Güejar Sierra, Granada, IMPUTADO presunta compra de votos
81- María Victoria Molina (PP) Maracena, Granada, IMPUTADA cohecho, caso “Morelábor”
82- Miguel Zerolo (Coal. Canaria) Parlamento Autonómico Tenerife, IMPUTADO prevaricación, malversación, cohecho
83- Reyes Maestre (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADO corrupción urbanística
84- Pedro Torrejón (CPCI) Ciempozuelos, Madrid, IMPUTADO blanqueo de dinero, cohecho y falsedad documental
85- Fernando Muguruza (ACAI) Castro Urdiales, Cantabria, IMPUTADO prevaricación
86- Gerardo Pérez García (PP) Navas del Marqués, Málaga, IMPUTADO caso “Ciudad del Golf”
87- María Elía Blanco (PSOE) Plasencia, IMPUTADA delito en adjudicación de obras
88- Teresa Roca (PSOE) Moraleja, Cáceres, IMPUTADA prevaricación
89- José Antonio Arrojo (PP) Casar del Palomero, IMPUTADO delito electoral y prevaricación
90- Salvador Álvarez (PP) Calamonte, IMPUTADO prevaricación
91- Dionisio Muñoz (PSOE) Melilla, IMPUTADO delito electoral, falsedad documental, obstrucción a la justicia
92- María José Lara Mateos (PSOE) Grazalema de la Sierra, Cádiz, IMPUTADA corrupción urbanística por cobro de comisiones
93- Miguel Uroz (PSC) Querol, Tarragona, IMPUTADO corrupción urbanística, tráfico de influencias, uso de inf. privilegiada
94- Manuel Vallejo (PSOE) Quesada, Jaén, CONDENADOe inhabilitado por omisión al deber de perseguir delitos urbanísticos; tiene recurrida la sentencia.
95- Pedro Clavero Salvador (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio
96- Francisco Javier Maldonado (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio
97- Antonia Muñoz (IU) Manilva, Málaga, IMPUTADA contratar presuntamente en el Ayuntamiento a 17 miembros de la lista de su partido y a 57 familiares de estos; incluidos varios familiares suyos
98- José Manuel Cendán (PP) Ares, Galicia, IMPUTADO delito electoral: alteración del censo
99- Manuel Taboada (PP) O Pino, La Coruña, IMPUTADO delitos urbanísticos
100- Jesús Vázquez Almuiña (PP) Bayona, Pontevedra, IMPUTADO prevaricación
101- Alfonso Puente (PP) Barreiros, Lugo, IMPUTADO prevaricación
102- Josep Marí Ribas (PSOE) Sant Josep de sa Talaia, Ibiza, IMPUTADO cobro de comisiones en adjudicación de obras
103- José Alberto González Reverón (Coal. Canaria) Arona, Tenerife, IMPUTADO presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra
104- Juan José Dorta (PSOE) Los Vinos, Tenerife, IMPUTADO prevaricación y delitos medioambientales
105- Macario Benítez (PSOE) El Rosario, Tenerife, IMPUTADO delitos urbanísticos
106- María del Carmen Castellano (PP) Telde, Gran Canaria, IMPUTADA malversación y cohecho
107- Francisco González (PP) Mogán, Gran Canaria, IMPUTADO prevaricación, “caso Góndola”
108- David Valadez (PSOE) Estepona, Málaga, IMPUTADO por pagar sueldos municipales con el dinero de los convenios
109- Luis Díaz-Alperi (PP) Parlamento Autonómico, Alicante, IMPUTADO prevaricación
110- Francisco Muñoz (PSOE) Torrox, Málaga, IMPUTADO delito urbanístico
111- Cristobal Torreblanca (PSOE) Almogía, Málaga, IMPUTADO prevaricación
112- Joaquín Villanova (PP) Alhaurín de la Torre, Málaga, IMPUTADO malversación
113- José Manuel Martín Alba (Independiente) Alhaucín, Málaga, IMPUTADO prevaricación
114- Antonio Torres (PP) Béjar, Málaga, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
115- Ana Mula Redruello (PP) Fuengirlo, Málaga, IMPUTADA falsedad documental
116- José Ignacio Crespo (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso Reina)
117- Manuel Reina (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso Reina)
118- Ruyman García (PSC) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO prevaricación, malversación, tráfico de influencias
119- Ana Lupe Mora (PSC) El Rosario, Tenerife, IMPUTADA prevaricación, tráfico de influencias (caso Varadero)
120- Juan Vera (Conv. por Andalucía) Tolox, Málaga, IMPUTADO delitos urbanísticos
121- Enrique Bolíns (BOLI) Benalmádena, Málaga, IMPUTADO concesión de licencias ilegales
122- Javier Trujillo Bernal (PP) Cabildo Gomera, IMPUTADO prevaricación
123- Jorge Bellver (PP) Parlamento Valenciano, IMPUTADO prevaricación
124- Esteban Bethencourt (PP) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO malversación
125- César Manrique (PP) Ciudad Real, IMPUTADO cohecho y falsedad documental
126- Ernesto Silva (Foro Andaluz) Villanueva de la Concepción, Málaga, IMPUTADO cohecho
127- Manuel González Jarana (PSOE) El Cuervo, Sevilla, IMPUTADO por prevaricación, tráfico de influencias y trato de favor
Bonus:
RELACIÓN DE POLITICOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN EXCLUIDOS POR SU PARTIDO
Jesús Javier García García (UPyD) Seseña Toledo, IMPUTADO por cohecho EXCLUIDO por su partido.
Antonio Martín Lara, actualmente detenido, ha sido expulsado del PSOE, partido en el que militaba como tránsfuga tras haber pasado por el PP y el GIL.
* Vavel - Junio 14
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Cartagena.- El magistrado de 'Novo Carthago' ordena investigar los bienes de consejeros de Valcárcel
El urbanismo ilegal en Murcia afronta uno de sus casos más esperados y de mayor repercusión, la urbanización salvaje de Novo Carthago, ubicada en el término municipal de Cartagena en primera línea del Mar Menor. Se trata de un complejo diseñado sobre una superficie de 5,600.000 m2 para hoteles y unas 10.000 viviendas en una zona de alta protección medioambiental. El juez instructor y el fiscal anticorrupción insisten en la línea del cohecho, convencidos de que la tramitación del plan urbanístico se realizó con pagos a cargos públicos y altos funcionarios de los gobiernos municipales y autonómicos, entre otros a varios consejeros de gobiernos del presidente murciano Valcárcel. Es de suponer, por tanto, que dada la envergadura del delito urbanístico, el propio Valcárcel estuviera al tanto de esta operación fraudulenta, algo que, de momento, la justicia no se ha atrevido siquiera a considerar.
"LAVERDAD* : Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) e inspectores fiscales llevan unas semanas metiendo las narices en el patrimonio de un grupo de ilustres imputados del caso Novo Carthago, entre los que se encuentran el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el que fue su compañero en el Consejo de Gobierno, el exconsejero de Medio Ambiente y exdelegado del Gobierno en Murcia, Francisco Marqués, junto a varios alcaldes de Cartagena y al exconsejero y actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana.
La existencia de una investigación patrimonial ya en marcha contra los principales sospechosos en las diligencias por presunta corrupción urbanística se ha conocido ahora, a raíz del informe presentado ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano.
En el apartado de conclusiones de su escrito, el representante del Ministerio Fiscal se muestra partidario de no remitir todavía la causa al Tribunal Supremo y sí de «llamar al proceso penal» a la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro. Lozano considera que, antes de decidir si existen indicios de delito suficientes contra la primera edil cartagenera como para desprenderse del asunto en favor del Alto Tribunal, es necesario agotar la investigación practicando nuevas diligencias. Entre éstas, tal como ayer publicó este periódico, se encontraría la de tomar declaración en calidad de imputado al exconsejero de Obras Públicas y actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, a quien se refiere como, «en puridad, el autor último de la prevaricación».
El fiscal también reclama que se impute al exdirector general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; al asesor jurídico Luis R.A.; al exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y al exdirector general de Ordenación del Territorio, José María Bernabé, «todos ellos verdaderos cooperadores de la reclasificación» del proyecto urbanístico Novo Carthago «en su fase de aprobación definitiva».
Otra de las gestiones que, en su opinión, deben ser concluidas antes de plantearse la remisión del caso al Supremo es «la investigación patrimonial ya interesada respecto a los imputados y en relación a la mercantil Hansa Urbana». Aunque el fiscal no especifica quiénes son los sospechosos cuyo patrimonio está siendo escrutado, fuentes de la investigación confirmaron ayer que la orden afecta al grupo de principales encartados. Entre ellos figuran el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá; su excompañero Francisco Marqués; el exdirector general del Medio Natural, Carlos Brugarolas; la exsecretaria general de Medio Ambiente, María Reyes Sánchez; el aún subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada; la antigua asesora de Cerdá, María Antonieta Fernández; el exvicealcalde de Cartagena, Agustín Guillén; la arquitecta municipal Mónica Lavia, y el jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Consistorio cartagenero, Pascual Lozano.
En busca de las razones
La petición del magistrado Manuel Abadía de que se investigue el patrimonio de los imputados y su posible origen se justifica por su voluntad de insistir en la senda de los posibles cohechos, toda vez que tanto el instructor como el fiscal anticorrupción parecen íntimamente convencidos de que la tramitación del megaproyecto urbanístico junto al Mar Menor se &lsquoengrasó&rsquo con pagos a altos responsables de las administraciones regional y/o municipal.
Desde la hipótesis de investigación que ambos mantienen, y que se centra en la adopción de decisiones supuestamente ilegales para impulsar Novo Carthago, no les queda otra opción que tratar de hallar las razones de esa supuesta prevaricación en cadena o, como la define el fiscal, &lsquode tracto sucesivo&rsquo. Desde un punto de vista teórico, una razón podría hallarse en posibles pagos, que es una línea a la que ya apuntan algunos datos. A modo de ejemplo, puede señalarse que la exasesora de Cerdá, María Antonieta Fernández, ingresó en esa época en una de sus cuentas 120.000 euros, cuyo origen no fue capaz de justificar en un primer momento. Luego aseguró que procedía de una comunidad de bienes, aunque el instructor consideró «poco creíble» la explicación.
Otro dato que no pasó desapercibido al instructor fue la nota hallada en un registro de la sociedad inmobiliaria Aifos, en la que podían leerse «los nombres de Jacinto Martínez Moncada, gerente de Urbanismo de Cartagena, y del concejal Agustín Guillén, con la cifra 120.000-coste».
Ya meses atrás, a raíz de esos datos, el magistrado ordenó que se averiguaran los movimientos bancarios de ocho imputados, lo que ofreció algunos resultados tan llamativos como las 48 cuentas que gestionaba el exedil Guillén.
En el mismo plano teórico, cabe la posibilidad de que la prevaricación presuntamente cometida por cargos públicos y altos funcionarios no estuviera motivada por cohechos, sino por otras razones, entre las que habría de considerarse el aparente beneficio social y económico que iba a generar el proyecto.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ/JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ - 13.6.14
Foto: Cartagena, proyecto Novo Carthago - osmobra
Un alto cargo del Ayuntamiento de Valladolid se embolsó 2,7 millones, y el polémico alcalde sin enterarse
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Hay noticias que se repiten como el ajo, en este país tan propio del condimento. Que un alcalde, o miembros de su gobierno, se lucren beneficiando a empresas contratistas de obras está dentro de lo más 'normal'. Si, encima, esto ocurre en la ciudad de Valladolid, donde el machista alcalde 'popular L.dela Riva manda a su antojo, es más que normal: casi una vulgaridad. Así pasó con el jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento, que se autoadjudicó 451 contratos a través de empresas familiares, embolsándose por la cara cerca de 3 millones de euros. Por supuesto, el alcalde dice no saber nada y que no tiene responsabilidad en el delito, faltaría más, no se puede romper con facilidad la ley mafiosa de la Omertá.
"ELPLURAL* : El jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid se embolsó, al menos, en los últimos tres años, 2,7 millones de euros gracias a la autoadjudicación de 451 contratos, a través de 11 empresas, a su propio nombre o los de su hijo y su primo, según denuncia el Grupo socialista en el Consistorio, que se pregunta cómo el alcalde, Javier León de la Riva, no controlaba o vigilaba el proceder del funcionario municipal.
Lo denunciarán ante la Fiscalía
Los socialistas llevarán este lunes a la Fiscalía de Valladolid todos los datos reclamados en diciembre y recibidos de la Intervención hace pocas semanas, coincidiendo con la apertura del expediente disciplinario al empleado municipal, según ha avanzado la SER.
Reclaman una comisión de investigación
El Grupo socialista en el municipio sospecha que esta manera de actuar puede haberse prolongado durante décadas, puesto que una de las empresas, precisamente la que está a nombre del propio jefe de Mantenimiento fue creada en 1990. Los socialistas reclaman una Comisión de Investigación para aclarar las responsabilidades políticas.
Qué hizo el alcalde todo este tiempo
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Óscar Puente, ha declarado que no entiende cómo nadie controlaba o vigilaba el proceder del funcionario municipal, y afirma que le cuesta creer que “aquí nadie se enteró de nada”, ni que el alcalde, Javier León de la Riva, que presume de entrar por la puerta del Consistorio cada día a las 8 de la mañana y controlar todo lo que sucede en él, “tampoco se enteraba, ni de esto, ni de lo del Plan General, ni del caso Zambrana, ni de las obras de los áticos de su casa”.
* El Plural - 15.6.14
Foto: Valladolid, pleno municipal - EP (archivo)
El exalcalde de Almonte y sus ediles, a juicio por la compra del campo de golf
Como ya sabemos, en numerosas ocasiones son los propios gobiernos municipales los actores de la especulación urbanística delictiva, es decir que no es necesario que haya empresarios intermediarios en las ilegalidades territoriales. Así ocurre en Almonte (Huelva) donde el anterior grupo de gobierno adquirió un campo de golf de una manera irregular y tasándolo por un precio superior al del mercado, con lo cual la corrupción urbanística era evidente y, probablemente, fuera delito también individual en la figura del exalcalde socialista, F.Bella. Ahora, él mismo y 12 de sus concejales deberán rendir cuentas a la justicia, 5 años más tarde de cometido este delito preocupante.
"ELPAÍS* : El anterior alcalde de Almonte, el socialista Francisco Bella, y 12 concejales del resto de su equipo en la legislatura 2007-2011 tendrán que dar cuenta ante los tribunales de la compra del campo de golf Dunas de Doñana en 2009, de 54 hectáreas y 18 hoyos. Los ediles están acusados de supuestos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas. La Sección Tercera de la Audiencia de Huelva ha desestimado los recursos de apelación contra el auto dictado el 27 de febrero de 2014 en el Juzgado de la Palma del Condado.
Los procesados son 13 y no los 14 del grupo porque la concejal Rocío Márquez se encontraba entonces de baja maternal. La justicia ha desestimado igualmente los recursos de reforma y la apelación de los empresarios propietarios y vendedores, Exclusivas Doñana.
En el auto, la audiencia señala que “en las actuaciones existen una serie de indicios documentados que permiten a la acusación sostener que la operación de adquisición a Exclusivas Doñana, propietaria a su vez del campo de golf de Matalascañas, pudo presentar algunas irregularidades que, de probarse en juicio la desproporción entre los bienes que el consistorio de Almonte adquirió y los que a cambio se entregaron y la falta de procedimiento administrativo oportuno, pudieran ser constitutivas de delito”.
La sala deja a la acusación la acción de “perfilar respecto a cada imputado, de manera singularizada y pormenorizada, su posible participación en tales hechos”. Será el juez de instrucción el que determine la apertura de juicio oral contra ellos.
El entonces gobierno liderado por Francisco Bella adquirió el campo de golf por 7,5 millones de euros, a razón de 2.569.230 euros divididos en seis mensualidades, una hipoteca por valor de 750.000 euros y 14 parcelas en El Rocío cuantificadas en 4.030.000 euros. Se daba la circunstancia de que la empresa arrojaba pérdidas de 500.000 euros anuales.
El ex alcalde socialista pagó por el campo de golf una cifra superior a su coste real. Según la evaluación de los técnicos municipales. El campo (antes de la crisis inmobiliaria) costaba 3.000.000 euros, una cifra que fue corroborada por la empresa Taxo, tras una tasación encargada por el juez de la Palma que investigaba el caso.
El Ayuntamiento de Almonte ha recordado en una nota que en un pleno extraordinario de 31 de enero de 2014 se aprobó la nulidad de esta operación después de que el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminara un mes antes que esa venta era “nula de pleno derecho”.
En el Ayuntamiento de Almonte gobiernan ahora los populares con ocho concejales, tras la pérdida de uno que se pasó al grupo no adscrito. IU posee dos y PSOE diez.
* El País - LUCÍA VALLELLANO - 5.6.14
Foto: Usuarios del campo de golf de Almonte. / IVÁN BOZA
El TSJ impide declarar urbanizables tierras de regadío de Zamora
Los seguidores de aquel ínclito presidente que estuvo en las Azores y su lugarteniente A.Cascos, el del 'todo vale en urbanismo', se esconden por todos los rincones del país. Algo tan evidente como la existencia esencial de los terrenos de regadío en la cuenca del río Duero en Zamora, quieren que sean urbanizables porque sí, porque lo digo yo. Así lo aprobaron en el Plan General municipal y ahora, lógicamente, ha sido anulado por la justicia que, tarde, a veces llega a intervenir. En una población como la zamorana, que va a menos, esto solo se podría calificar de pelotazo urbanístico descarado, donde las empresas constructoras siguen especulando a la sombra de los políticos (o tal vez es al revés).
"NORTEDECASTILLA* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la clasificación como suelo urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zamora de siete sectores de la capital, concretamente de terrenos de regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de San Frontis.
Concretamente, se trata de los sectores 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, y la sentencia ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Comunidad de Regantes del Canal de San Frontis “por no justificarse debidamente la necesidad de ese suelo para satisfacer las necesidades de desarrollo de Zamora”.
Así, la sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por la comunidad de regantes contra la Orden FYM/895/2011, de 5 de julio, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la que se aprobó definitivamente la revisión del PGOU de Zamora, y declara la nulidad de pleno derecho del suelo clasificado como urbanizable en estos siete sectores, y que se clasificará como suelo rústico de protección agropecuaria o, en todo caso, como suelo rústico común.
La sentencia desestima otras pretensiones del recurso contra la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Zamora como la anulación de los sistemas generales de espacios libres públicos 16, 17 y 24, y los sistemas generales de equipamiento 42A, 42B, 43, 52 y 53.
El TSJ ha considerado que no existía justificación para este incremento de suelo urbanizable cuando la población de Zamora ha decrecido desde el año 1991 y “las razones que se dan para ignorar este dato son insuficientes por incurrir en meras generalidades y no justificar tampoco el incremento de suelo urbanizable”.
Contra este sentencia, las administraciones demandadas pueden interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de diez días desde su notificación.
* El Norte de Castilla - Alicia Pérez - 12.6.14
Foto: Zamora - wikipedia.org
Ourense.- El TSXG confirma la nulidad de la licencia de la residencia universitaria
Continúan los casos de ilegalidad urbanística en Galicia, en donde la provincia de Ourense parece un pozo sin fondo de irregularidades. Ahora se trata de la nueva Residencia Universitaria de la capital la que se encuentra fuera de normativa y, por tanto, se debe proceder a su inmediato cierre y posterior derribo reglamentario, si fuera necesario. La residencia fue autorizada por el Ayuntamiento con licencias de obra y de ocupación luego anuladas, por lo que la responsabilidad recae íntegramente sobre las autoridades municipales infractoras.
"FARODEVIGO* : Un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) viene a confirmar la nulidad de la licencia de la residencia universitaria de Ourense, que se encuentra en la "más absoluta ilegalidad", al desestimar el recurso de nulidad del Concello de Ourense que había presentado contra otra sentencia del alto tribunal gallego. Este incidente se había presentado para intentar "dilatar" el cierre de la residencia universitaria, impidiendo que de esa forma el pleito regrese hasta ahora al juzgado de Ourense para su ejecución, como recalcó ayer el abogado de la empresa, Antonio Feijóo.
Es especialmente significativo el auto del TSXG en los razonamientos jurídicos, al señalar que "que los preceptos legales y reglamentarios impiden, sin excepción, el otorgamiento de la licencia de ocupación cuando las obras de urbanización no han sido hechas", con lo que rechaza de plano la incidencia de nulidad planteada por el Concello, al que además le impone las costas, que ascienden a 300 euros.
Después del auto del tribunal gallego, y a la espera de que resuelva la ejecución de la misma el Juzgado de Ourense, el letrado advierte de que el Concello de Ourense, y en concreto el grupo de gobierno municipal, "debe ser consciente de la situación en que está", ya que al ser anuladas la licencia de obra y de ocupación, la residencia es "absolutamente ilegal", con lo que eso supone, de no proceder al precintado y cierre de la misma.
Y además de criticar abiertamente la actitud que en este, así como en otros asuntos, mantuvo la concejal de Urbanismo, Áurea Soto, sobre la concesión de licencia de ocupación se sustancia una querella en el Juzgado de Instrucción Número dos.
Precisamente ayer prestó declaración, en calidad de testigo, un técnico minucia, que entendió sobre el asunto, y después de que declarasen en calidad de imputados la propia edil de Urbanismo y otro técnico del Concello de esa área y que emitió informes favorables a la concesión de una licencia que viene de anular definitivamente el TSXG, ya que contra la misma no cabe recurso alguno.
A lo que hizo alusión ayer el letrado Feijóo Miranda es que la única forma de resolver el problema es que la junta de compensación de esa zona realice las obras de urbanización, para lo cual tiene el correspondiente proyecto, y cuyo coste económico asumiría, pero revela que "para eso tienen que dejar que lo hagamos", en referencia a la postura que sobre esa cuestión adoptó Áurea Soto enfrentada al promotor.
* Faro de Vigo - VR - 12.6.14
Foto: Residencia Universitaria de Ourense. // Iñaki Osorio
El exministro Arias Cañete premio 'Atila 2014'
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Cañete ha conseguido este premio Atila a pulso tras su desastroso paso por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, donde todo lo ha hecho mal, favoreciendo incluso a lobbies mafiosos como el de los constructores o los cazadores. Lo extraño es que haya salido indemne de su aventura ministerial, rumbo a Europa, tras sus intereses reconocidos con petroleras y otras empresas contaminantes en el sur de España. A pesar de la débil justicia, este personaje machista y retrógrado, ha dirigido normativas tan perjudiciales para el país como la Ley de Costas, un monumento a la delincuencia en el litoral que traerá graves consecuencias, o la Ley de Montes, especialmente diseñada para terratenientes y abusadores de la Caza como una atracción de pandereta más. Probablemente el peor ministro que haya pasado nunca por medioambiente (y ya es decir).
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El exministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se ha alzado este año con el Premio Atila, mientras que la multinacional petrolera Repsol ha sido distinguida con el Caballo de Atila. Los galardones, que Ecologistas en Acción concede tradicionalmente en vísperas del Día del Medio Ambiente, distinguen a personas o instituciones que muestran especial empeño en la destrucción del entorno y la naturaleza. Arias Cañete se va a Bruselas con un merecido galardón bajo el brazo. Ha sido protagonista del desmantelamiento de buena parte de la legislación ambiental española y un gran defensor de la mercantilización de la naturaleza en aras del desarrollo económico peor entendido.
El jurado ha valorado especialmente su papel en la elaboración de la nueva Ley de Costas, que desprotege buena parte del litoral y sus valores naturales. También ha tenido en cuenta la creación de los Bancos de Conservación, que invitan a comerciar con los valores ambientales como si fueran cromos.
En su periodo como ministro también contribuyó a la reforma del Decreto de Especies Exóticas, que consiente la introducción de especies que pueden suponer unos graves problemas ambientales, pero que generan beneficios a empresas dedicadas a la peletería, caza o pesca. Y nunca defendió el medio ambiente frente a otros ministerios, como el de Industria, en su apuesta por las energías sucias y contra las renovables.
Por todo ello, el jurado y las votaciones populares se decantan por Arias Cañete, esperando que el político reciba orgulloso un premio que lleva el nombre de otro varón de gran superioridad intelectual: Atila, el rey de los hunos
La multinacional Repsol también se ha ganado a pulso una distinción. A esta le corresponde el premio Caballo de Atila, aquel que por donde pasaba no crecía la hierba. La corporación parece empeñada en arrasar tierra, mar y aire, promoviendo un modelo energético basado en energías supercontaminantes y peligrosas. La presión que Repsol ejerce sobre el Gobierno, ha permitido que este autorizara la semana pasada los sondeos previos a las prospecciones petrolíferas en Canarias. Buscar petróleo bajo el mar pone en serio peligro ecosistemas marinos y litorales y pasa por alto la voluntad de la inmensa mayoría de la población.
Repsol ha recibido además esta semana su primer gran cargamento de crudo de arenas bituminosas provenientes de Canadá. Para extraerlo se devastan tierras, dejan lagos tóxicos, desplazan poblaciones y además emite un 23 % más de dióxido de carbono que los petróleos convencionales. Repsol es además una de las empresas que, junto con Cepsa, presiona para rebajar los estándares de detección de fugas de hidrocarburos en tanques de gasolineras, lo que supone un gravísimo problema para nuestros acuíferos.
Al igual que otros años, el jurado expresa su esperanza en que la concesión de estos premios llame a la reflexión a los premiados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta, y cambien radicalmente su actitud.
* Ecologistas en Acción - 4.6.14
Foto: Ley de Costas - wikipedia
El puerto seco de Vigo sigue inservible tras 100 millones de inversión
Los casos de despilfarro en infraestructuras y otras construcciones son infinitos en estos años del 'boom' y la locura de las distintas administraciones. Que se sepa todavía no hay nadie en la cárcel por semejantes actos delictivos contra los ciudadanos, que los han sumido en la mayor crisis/estafa de la historia del país. Cerca de Vigo en la que iba a ser la Plataforma logística del Puerto hay un descampado de más de 400 hectáreas donde antes había naturaleza. El asunto viene de hace 14 años y ha supuesto un despilfarro público de 100 millones, nada menos. Tampoco aquí parece haber culpables del grave delito y la justicia, desde su poltrona, no sabe o no se quiere enterar, lamentablemente.
"ELPAÍS* : Tras 14 años de trámite infernal, lo que iba a ser la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) es un descampado de 419 hectáreas donde antes había un monte. El puerto seco de Vigo, infraestructura vital, segundo polígono-industrial de España por extensión de entre los de su género y comunicado con el resto del mundo por una autovía fantasma sigue dormitando. La Xunta no sabe cuándo estará operativo ni tampoco cuando se acabará de pagar a los propietarios originales.
Entre expropiaciones, movimientos de tierra y accesos se han gastado ya más de 90 millones de euros, que podrán superar los 100 cuando se completen las liquidaciones.
“Yo no voy a dar fechas”, se despachó el pasado miércoles Teresa Gutiérrez, directora general del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en la Comisión de Industria del Parlamento. El instituto depende de la Xunta, una de las tres instituciones que promovieron la infraestructura junto a la Autoridad Portuaria de Vigo y la Zona Franca, que depende del Ministerio de Economía. Lejos quedan los tiempos de la campaña de Feijóo en 2009 y el inicio de legislatura, cuando el PP insistía en que el área iba a ser el destino de Mitsubishi y su fábrica de baterías de litio. Un proyecto ingente que parece haberse fundido como el reactor de Fukushima.
El proceso coqueteó con la chapuza desde el inicio. La expropiación de los terrenos contó sobre plano y mal las fincas afectadas y desdeñó que parte del terreno era suelo de especial protección forestal, como constató el Tribunal Supremo hace cuatro años. 100 de las 400 hectáreas quedaron inutilizadas para el desarrollo industrial tras esa sentencia, con el añadido de que el sector, denominado MI (multifuncional industrial), era justamente la parte que correspondía a la Zona Franca. Las tres administraciones se avinieron a deshacer la segregación y regresar a un condominio, pero llevan un año de trámites para acordarlo. “Esperemos que se haga en breve”, lanzó Gutiérrez. La Xunta asegura que se trata de un “proyecto” estratégico pero que su relanzamiento depende de Zona Franca y el puerto de Vigo.
El centenar de hectáreas que quedó inutilizado debía restituirse a los propietarios iniciales, pero estos no quieren recuperar un terreno que era monte arbolado y ahora es, como describieron sucesivamente en el Parlamento los diputados Carme Adán (BNG) y Abel Losada (PSdeG), un “horizonte lunar” o un “paisaje de catástrofe nuclear con estética 'Mad-Max”, incluida una laguna en el medio de más de 20 metros de profundidad. Los vecinos quieren una indemnización y confían en la doctrina del Supremo en casos similares, que suele acarrear un icremento del 25% sobre el justiprecio abonado.
A ello se suma el homérico asunto de los derechos mineros, que los vecinos llevan más de una década peleando por ver reconocidos. Las negociaciones con el bipartito dejaron un acuerdo para abonar 7,7 millones de euros que quedó frustrado con el cambio de Gobierno. Fueron literalmente miles los procedimientos judiciales que se suscitaron, casi tantos como fincas en el área. Todavía no se han pagado, aunque el acuerdo parece próximo, según señala Alejandro Rodríguez, portavoz de los afectados.
Mientras tanto, la vida sigue. Con el suelo sin uso, la Zona Franca se plantea comprar 120.000 metros cuadrados en Mos o Porriño para un centro logístico. Preguntada por la cuestión por la nacionalista Carme Adán, la directora del IGVS empleó el poderosos argumento de que un parque de Xestur en Mos está a 24 kilómetros del puerto y la Plisan a 33. “Estamos en los proyectos de urbanización, que empezarán por la zona sur", acertó a decir sobre el futuro. Queda pendiente del Supremo la enésima causa, esta vez porque en el modificado del proyecto inicial para reestructurar el polígono tras el recorte en superficie no se incluyó la evaluación ambiental. “Se sometió a consulta y el órgano competente estimó la no necesidad. No tengo más que decir”, despachó la directora del IGVS. Los vecinos discrepan. Otra vez.
Descampado millonario
V. H.
Según el cálculo de la plataforma vecinal, el metro cuadrado de terreno de la Plisan se valoró finalmente, tras múltiples vaivenes, en una media de 14 euros; es decir, 56 millones de euros en total, de los que se han abonado 48. La autovía AG-51, un vial de menos de cinco kilómetros que lleva un año en pie sin funcionar, costó otros 22 millones. A esto se le suman los 20 millones enterrados en el movimiento de tierras de 2007.
Los vecinos siguen negociando por los derechos mineros, calculados en 2009 en 7,7 millones, que pueden ser menos si prosperan las conversaciones con la Administración. Y hay que contar también con la prima sobre el justiprecio del 25% para las 100 hectáreas de terreno excluidas por el Supremo, también susceptibles de rebaja pactada pero que de apreciarse totalmente podrían suponer otros 3,5 millones.
Respecto a la urbanización, en 2011 se anunció una inversión de 14,7 millones. Meses después la concesionaria se rindió casi antes de empezar, víctima de la crisis. De modo que el coste total supondrá una factura que como mínimo roza los 100 millones de euros pero que podría acabar rondando los 125.
* El País - Victor Honorato - 6.6.14
Foto: Estado actual de los terrenos del puerto seco de Vigo, entre Salvaterra y O Rosal. / LALO R. VILLAR
El juez imputa al exgerente de Urbanismo de Dénia y a dos técnicos por malversación
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El urbanismo en la Marina Alta alicantina sigue lleno de irregularidades, prácticamente desde la ciudad de Alicante hay un rosario de núcleos urbanos inmersos en la corrupción urbanística. Denia es un buen ejemplo de esto, ahora un juzgado abre diligencias por falsedad documental en el supuesto sobrecoste de 259.000 euros en las obras del colector de Les Deveses, imputando al exgerente de Urbanismo y 2 técnicos. Según parece hubo una desviación de los fondos públicos hacia bolsillos privados. Lo de siempre, vamos, aunque no sería descartable que, según avanza la investigación, caigan también en la red otros peces gordos de la política.
"LASPROVINCIAS* : El caso sobre el supuesto sobrecoste de 259.000 euros en las obras del colector de Les Deveses se ha convertido en un escándalo en la ciudad de Dénia. El titular del juzgado nº1 de Dénia, que investiga el caso, citará a declarar en calidad de imputados por un presunto delito de malversación y falsedad documental, al exgerente de Urbanismo en la época del gobierno del PSPV- Bloc, Juan Frasés; al funcionario del Consistorio de Dénia, Daniel Ruiz, y al técnico de la empresa adjudicataria de los trabajos, Juan Vicente Lorenzo.
De hecho, según el TSJ, el juez como paso previo a la imputación ya ha requerido al consistorio, que está personado en la causa, para que facilite los datos para remitir la notificación a los tres implicados con el fin de que presten declaración.
Además, el juez ha acordado practicar las diligencias solicitadas por el fiscal con el fin de tratar de averiguar si hubo o no falsificación de documentos y malversación de fondos.
Sospechas
Las sospechas de que podía haber posibles irregularidades en los trabajos para realizar el colector de Les Deveses, se produjeron en 2011, cuando se adjudicó el contrato para acabar las obras y se constató con la sorpresa de que faltaban 120 metros de tubería que debería de haber instalado la empresa Ecisa, que inició los trabajos del colector en 2005.
En ese momento desde Contratación se encargó un primer informe al que siguió otro de información reservada que fue remitido a Fiscalía con el fin de que fuera conocedor de los hechos. El fiscal tras tener conocimiento de los mismos denunció los hechos al juzgado que ahora ha abierto diligencias.
El instructor del documento de información reservada, tras las pertinentes investigaciones a las que se suma un informe externo de un ingeniero de Caminos, concluyó que hubo «una desviación, a favor del contratista de partidas que se han certificado, abonado y no se han ejecutado». Esa desviación se valora en «259.940 euros».
Las obras para que los vecinos de Las Marinas tuvieran alcantarillado se iniciaron en agosto de 2005, aunque días después, la empresa adjudicataria Ecisa, indicó una serie de deficiencias y un modificado del proyecto inicial valorado en 510.005 euros, lo que suponía un incremento de más del 59% sobre la adjudicación. A raiz de esta petición, según apunta el funcionario en el informe, «siguiendo las instrucciones de mis superiores» se inician los estudios para una posible modificación de las obras, mientras seguían con la ejecución de las mismas. Además, según comenta, al no haber proyecto modificado que sirviera de soporte real a las certificaciones que se iban generando, «siguiendo instrucciones de mis superiores, se certifican partidas que no están totalmente ejecutadas».
Coste del modificado
En febrero de 2007, la Gerencia de Urbanismo remitió a la Junta de Gobierno Local (JGL) una propuesta para aprobar modificación del proyecto que ya ascendía a 1.522.919 euros, por lo que el coste total de las obras del colector era de 2,5 millones de euros.
El modificado no se aprobó, pero las obras siguieron y se emitieron certificaciones de obras de trabajos que figuran en el modificado (documento que se estaba empezando a tramitar) y no del proyecto original.
En enero de 2008, la JGL aprobó el modificado pero días después se acordó dejarlo sobre la mesa tras el informe desfavorable de los Servicios Jurídicos. Por lo que en febrero se decidió resolver el contrato de la obra e iniciar un nuevo expediente para contratar el modificado.
Ya en 2011 con la llegada del nuevo ejecutivo, se adjudicó la finalización del colector a FCC y fue cuando al ir a conectar las nuevas obras con las que ya habían sido ejecutadas, se dieron cuenta de que faltaban 120 metros de tubería.
* Las Provincias - C.Pastor - 5.6.14
Foto: Imagen del Palau de Justicia de Dénia, donde el juzgado de instrucción número uno que lleva el caso del alcantarillado de Deveses:: R. G.
Pelotazo urbanístico en favor de la prima de Felipe VI en Lanzarote
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Yaiza, el conflictivo municipio urbanístico del sur de Lanzarote, mantenía un Plan General desde 1973, desbordado por todas partes, con grandes bolsas de suelo, planes parciales sin entregar, una lista interminable de ilegalidades: más de veinte complejos con licencias anuladas por los tribunales, ocupación de zonas verdes o pleitos por la propiedad de terrenos, y unos poderes fácticos que no renunciaban a seguir influyendo en su favor. Un desastre urbanístico mayúsculo. Actualmente se ha aprobado un nuevo Plan General, permisivo en numerosos casos, como el del marido de Alexia de Grecia, arquitecto, que de estar imputado en el 'caso Unión' ha pasado a legal con su lujosa mansión (en zona antes prohibida) y la posibilidad de edificar 60 nuevas viviendas. Un pelotazo urbanístico en toda regla auspiciado por el condenado exalcalde de CC-PNL, JF.Reyes, y la también imputada alcaldesa G.Acuña.
"DIARIOLANZAROTE* : De estar imputado por un delito contra la ordenación del territorio en una de las piezas del caso Unión por la construcción ilegal de su ‘mansión’ de más de 1.500 metros, el arquitecto C.Morales, marido de Alexia de Grecia, ha pasado a ser bendecido en el nuevo Plan General de Ordenación de Yaiza como promotor de una de las pocas bolsas de suelo que se recalifican en todo el municipio, con la posibilidad de levantar más de 60 viviendas. Y todo en poco más de un año.
El nuevo Plan General, cuya elaboración y aprobación el Ayuntamiento de Yaiza entregó al Gobierno de Canarias, califica como suelo urbanizable sectorizado no ordenado la franja de suelo de 85.000 metros cuadrados que separa las urbanizaciones de Puerto Calero y Cortijo Viejo. Es decir, bastará con presentar un documento en el que se defina dónde irán las villas y dónde las calles para que el Ayuntamiento dé vía libre a su ejecución.
Hasta ahora, la zona estaba vedada a nuevas construcciones. Otro arquitecto, Fernando Higueras, considerado uno de los más destacados profesionales del siglo pasado en España y estrecho colaborador de César Manrique, estableció en el Plan General de Yaiza de 1973, que todavía está vigente, una disposición avanzada para la época, en los albores del turismo: la obligación de dejar una franja de 50 metros de zona verde en los bordes de las futuras urbanizaciones, para evitar la sensación de masificación.
La franja de terreno que separa Puerto Calero de Cortijo Viejo tiene unos 115 metros de ancho. El equipo redactor del Plan General de Yaiza, encabezado por el urbanista Jorge Coderch, reconoce que esa obligación de dejar zonas verdes entre las urbanizaciones “supuso la inviabilidad de hecho” de cualquier desarrollo urbanístico.
En esa franja de terreno, en la que no se podía construir, el matrimonio formado por Carlos Morales y Alexia de Grecia compró 5.134 metros el 11 de abril de 2005. Luego Morales adquirió otros 5.135 metros el 18 de octubre del mismo año a través de la sociedad Island Kowledge on Settlement. Quien le vendió la primera finca fue un ciudadano llamado Heinrich Becker. Pagó 257.000 euros y en la escritura se detalla con claridad que lo que se vende es una finca rústica.
Ese mismo año, el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, le concede la licencia de construcción de una vivienda en primera línea y la urbanización de las inmediaciones. El vendedor declararía ante la Guardia Civil que había intentado construir y que ni el Ayuntamiento ni el Cabildo se lo habían autorizado.
Las licencias de la casa de Alexia de Grecia y Carlos Morales fueron investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Unión. Morales estuvo imputado junto al ex alcalde de Yaiza. Al arquitecto el Juzgado número 5 de Arrecife le archivó la causa penal en marzo del año pasado, mientras que Reyes sigue implicado por vulnerar “las más básicas reglas” de la “normativa urbanística aplicable” al dar licencias sin informe jurídico y sin el dictamen “preceptivo y vinculante” del Cabildo.
Cuando le quitó de encima la losa de la imputación, el Juzgado recalcó que “las obras ejecutadas”, una espectacular vivienda de 1.511 metros distribuidos en tres plantas y piscina, sobre el paseo de Puerto Calero, eran “claramente ilegales” y que “nunca” se debió autorizar su construcción, pero que la actuación de Morales no alcanzaba “la infracción penal sino la administrativa”. El Juzgado se limitó a pedir a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) que le abriese un expediente.
Fue clave que el redactor del nuevo Plan General y la Consejería de Política Territorial del Gobierno adelantasen en sus declaraciones en el Juzgado la intención de recoger los terrenos como un sector urbanizable en el nuevo planeamiento de Yaiza, que está pendiente de aprobarse de forma definitiva, nueve años después de la licencia para construir otorgada por el Ayuntamiento.
En julio de 2012, unos ocho meses antes de que el Juzgado archivase su imputación, Carlos Morales, Alexia de Grecia y Puerto Calero SA, sociedad propietaria de 4.030 metros en la citada franja, registran un convenio urbanístico en el Ayuntamiento de Yaiza para que se incorpore al Plan General. Piden que se les autorice el uso residencial, con 18.005 metros cuadrados de superficie edificable. Ahora el Gobierno de Canarias les concede, en el nuevo Plan General de Ordenación, 12.559 metros cuadrados y 62 viviendas. Un negocio redondo.
Desechadas las alegaciones
El Gobierno de Canarias ha desechado las alegaciones que se presentaron para impedir la recalificación de los terrenos entre Puerto Calero y Cortijo. Entidades como la Fundación César Manrique (FCM) y Transparencia Urbanística (TU), partidos como Alternativa Ciudadana y el PSOE, que forma parte del propio Ejecutivo regional, presentaron objeciones en tal sentido.
En las alegaciones, la FCM destacó que se estaba “incumpliendo” la legislación y TU subrayó que la recalificación estaba “forzada por las situaciones urbanísticas irregulares”. Para el equipo redactor, los terrenos “carecen en la actualidad de valor ambiental alguno” y “su consideración como suelo urbanizable responde a una estructura territorial lógica que elimine los vacíos” entre suelos “ya transformados o en avanzado estado de transformación”.
* Diario de Lanzarote - M.Riveiro - 7.6.14
Foto: Yaiza (Lanzarote), terrenos recalificados marido prima Rey - diariolanzarote
Dimite el alcalde de Santiago, imputado en el 'caso Pokémon'
El urbanismo en Santiago ha hecho dimitir ya 2 alcaldes 'populares' en 2 años, algo totalmente inaudito y que demuestra el punto al que ha llegado la corrupción también en Galicia. Mientras tanto el presidente de la Comunidad, A.Feijóo, continúa sin mover un músculo con la caradura del cómplice necesario para que estas irregularidades sucedieran entre sus más cercanos colaboradores. Tras la imputación judicial de 7 concejales del Ayuntamiento y la dimisión de otros 2 más, el alcalde, A.Currás, se ha visto obligado a lo que debía haber hecho hacía ya tiempo: dimitir. Habrá que esperar a que la justicia se atreva de una vez a actuar con más contundencia ante la corrupción urbanística y que toda esta gran trama mafiosa no se quede, como siempre, en agua de borrajas.
"REPÚBLICA* : Ángel Currás, sobre quien pesa una imputación en la Operación Pokémon y otra en una causa por supuesto acoso a un policía local, accedió a la Alcaldía de Santiago de Compostela tras la dimisión forzada, en abril de 2012, de Gerardo Conde Roa, que había sido imputado por fraude fiscal, un delito por el cual acabó por ser condenado a dos años de prisión. Currás era el candidato de Conde Roa para relevarlo en la Alcaldía, frente a las preferencias de la dirección autonómica por Paula Prado, quien, sin embargo, también ha tenido que dimitir como portavoz del PPdeG al resultar también salpicada por la Pokémon, aunque por el momento no está imputada.
Ángel Currás ha cedido ante la presión de la dirección del PPdeG y ha anunciado que presenta su dimisión como alcalde de Santiago de Compostela, cargo en el cual será sustituido por el conselleiro de Medio Ambiente e Infraestruturas, Agustín Hernández, que había ocupado el último puesto de la lista del partido en las municipales de 2011. En una rueda de prensa que había sido convocada para desvelar quiénes serían las personas que cubrirían las nueve vacantes en el Gobierno de la capital de Galicia, tras las siete renuncias forzadas por una sentencia judicial por prevaricación y otras dos dimisiones de ediles imputados en la Operación Pokémon, Ángel Currás ha confirmado que deja el bastón de mando tras reconocer que "no han sido fáciles las condiciones de gobierno" y desvelar que "aparca" el equipo que había diseñado en los últimos días fundamentalmente con concejales no electos.
Tras días en los cuales el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, evitó respaldar públicamente al regidor compostelano y había dejado en sus manos “tomar la decisión que considere oportuna”, esta mañana el presidente de la Diputación de A Coruña y secretario general del PP en la provincia coruñesa, Diego Calvo, había instado a Ángel Currás a que “reconsidere su opción”, al ser preguntado si debería presentar su dimisión. “Que lo piense bien y decida”, señaló.
La permanencia de Currás al frente del Pazo de Raxoi se había hecho insostenible, después de dimitir, en cuestión de días, nueve de los trece miembros que conformaban su gabinete: siete condenados por prevariación y dos, ambos imputados en la operación Pokémon, por decisión propia. Para cubrir la vacante de la alcaldía, Feijóo ha decidido apostar fuerte, nombrando al titular de la consellería más inversora del Gobierno gallego, lo que lo convierte en la tercera persona con más poder en la Xunta, después de Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.
El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy Fraga, dijo el domingo que la dirección del partido y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, estaban actuando “con mucho respeto” a la autonomía local. Asimismo, respecto a la inclusión de ediles no electos para suplir las vacantes, Puy recordó que “todos los partidos, mismo los que más critican esto, recurrieron en aplicación de la Ley a esa capacidad que tienen los responsables de registrar las listas de proponer suplentes fuera de ellas”. Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gómez Besteiro, no descartó una moción de censura en Santiago. “Las cuestiones son valorables, existe esa posibilidad”, indicó aún reconociendo que la mayoría absoluta del PP la hubiera tumbado.
* República - EP - 9.6.14
Foto: Santiago de Compostela, alcalde Currás y ayuntamiento - eldiario
Botín, 'concejal' de Urbanismo de Madrid
Que el banquero Botín sea considerado 'concejal' de urbanismo de Madrid no es ninguna novedad. En realidad, sería más bien el 'ministro' de urbanismo del país entero, dada su enorme influencia económica en todas partes. Que el urbanismo sea considerado una forma de hacer dinero, fácil y corrupta, por encima de otras consideraciones técnicas o humanísticas también lo sabemos ya desde hace tiempo, lamentablemente. Botín es capaz de influir en Planes municipales como el de Madrid, como ocurre con la gran operación del complejo Canalejas o la del edificio España, porque es su propietario. Otra cosa es que lo sea legal o ilegalmente, a través de ingeniería financiera, pero en cualquier caso esto ha sido permitido y alentado por una clase política corrupta y servil hasta extremos impensables.
"ELCONFIDENCIAL* : El patrimonio arquitectónico se crea, se destruye o se transforma, según requieran los tiempos o las necesidades. En los últimos meses, Madrid ha visto cómo dos de sus inmuebles más monumentales, con máxima categoría de protección o clasificación como bien de interés cultural, serán sometidos a una profunda y polémica transformación. Y en ambos casos, detrás del Complejo Canalejas (antiguas sedes de Banesto, Banco Zaragozano y Banco HispanoAmericano) y del Edificio España ha estado la mano vendedora del Banco Santander, es decir, de Emilio Botín, propietario durante años de estos activos singulares en pleno corazón de la capital.
Ayer jueves, la entidad financiera comunicó la venta del rascacielos ubicado en Plaza de España al inversor chino Wang Jialin, magnate del emporio de centros comerciales Dalian Wanda, por un importe de 265 millones de euros. El Banco Santander ha tardado nueve años, crisis mediante, en dar salida al inmueble, adquirido en 2005 por el fondo Banif Inmobiliario por 390 millones, pero mucho menos en gestionar los cambios normativos que permitirán transformar el rascacielos a los deseos del nuevo propietario, que pretende desarrollar en los 67.000 metros cuadrados un gran espacio comercial, además de un hotel y varios centenares de viviendas de lujo.
En el caso del Edificio España y del Complejo Canalejas, la administración pública representada por Comunidad y Ayuntamiento de Madrid ha accedido a las solicitudes de vendedor/comprador modificando la categoría monumental de los edificios, clasificación que bloqueaba la capacidad de transformar los activos para dotarlos de nuevos usos. Estos requisitos han sido superados (o serán) gracias a cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una excepcionalidad que ha desatado las críticas de distintos colectivos (arquitectos, vecinos…), indignados por el visto bueno oficial a una “destrucción” del patrimonio arquitectónico madrileño.
Visto con perspectiva, ambas operaciones han seguido patrones muy parecidos. Del lado vendedor, el Banco Santander ha operado con gran celeridad para ejecutar el pase de estos activos a medida que el interés de los grandes inversores por entrar en el mercado inmobiliario iba desapareciendo. El primero fue el Complejo Canalejas, que tras varios intentos frustrados echó a rodar a la vuelta del verano de 2012, cuando este diario destapó el interés del empresario Juan Miguel Villar Mir por hacerse con la histórica manzana inmobiliaria, aunque no ha sido hasta finales de 2013 cuando el proyecto ha contado con todos los parabienes oficiales.
Resuelto el primer marrón inmobiliario, Emilio Botín reactivó por enésima vez la venta del Edificio España con el arranque de 2014. Para ello, Banco Santander requirió los servicios de los estudios Lamela y Foster, a quienes encargó el proyecto de transformación que deberían aprobar Comunidad y Ayuntamiento para que el rascacielos pudiera ser vendido con otro uso, algo muy parecido a lo que ya se consiguió antes para el Complejo Canalejas, donde el mismo estudio de arquitectura español ha diseñado la reconversión hotelera, comercial y residencial que Villar Mir desarrollará de la mano del operador Four Seasons en una operación de 285 millones de euros.
Para justificar su actuación, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han apelado al factor económico, como generador de empleo, para dar luz verde a las modificaciones técnicas de los inmuebles, pues considera que estos aspectos deben supeditarse a cuestiones de otra índole, como "favorecer la puesta en valor de un edificio muy degradado (Edificio España) en los últimos años debido a su inactividad". Este argumento es muy similar al empleado para el Complejo Canalejas, cerrado a cal y canto desde que Banco Santander se mudó a la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte y en progresivo estado de deterioro por su abandono operativo.
A la luz de los hechos, las consecuencias de la crisis han permitido al vendedor y a sus compradores reconducir la sensibilidad de la Administración a planteamientos muy próximos a sus intereses. En el caso del banco, a su objetivo único de vender, sí o sí, parte de su ingente patrimonio inmobiliario; y en del comprador, a tirar y levantar tabiques según convenga, a excepción de las fachadas. Para desesperación de los más críticos, la ejecución de estas operaciones inmobiliarias, que han permitido al Banco Santander hacer caja pese a las minusvalías generadas, hacen que Emilio Botín parezca el nuevo responsable de Urbanismo de Madrid.
* El Confidencial - Carlos Hernanz - 6.6.14
Fotos: Madrid, proyecto manzana Canalejas - vozpopuli
Alicante, ciudad imputada por su urbanismo
Si hay una capital provincial donde se ejemplifica con mayor amplitud lo que significa la corrupción urbanística, sin duda es Alicante. Lo que lleva sucediendo de especulación delictiva en esta ciudad desde hace décadas es digno de pasar a los anales de la historia por el descaro e impunidad con que han actuado sus últimos alcaldes. Tras el imputado 'popular' Alperi, todavía diputado y sin pisar la cárcel, llegó su discípula aventajada S.Castedo, que aplicó con destreza las enseñanzas de su oscuro mentor. Un tercero en discordia podría ser el empresario Ortiz, presidente del Hércules CF, y capo mafioso en la construcción e inmobiliarias de la provincia. Sobre ellos pesa la imputación judicial en los graves casos de corrupción urbanística: Brugal y Gürtel, que la justicia, lamentablemente, no se atreve a juzgar todavía.
"PÚBLICO* : Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, está imputada --como su antecesor en el cargo-- por presuntos delitos relacionados con el desarrollo urbanístico de la ciudad. Pese a ello y su reciente renuncia a su acta de diputada autonómica, se aferra a la Alcaldía, ante una tibia reacción ciudadana. Solo ella conoce la verdadera dimensión de los "motivos personales" por los que hace unas semanas renunció a su acta de diputada en Les Corts valencianas pero decidió no tomar la misma senda respecto a la alcaldía que ostenta en la ciudad de Alicante.
Numerosos juristas y la oposición política no han dudado en considerar que la decisión, a la vista de que dilata su encuentro con los tribunales que desde hace meses le imputa la presunta comisión de varios delitos realizados en el ejercicio de la alcaldía, no responde a otra cosa que a entorpecer la justicia.
De lo que no cabe duda es de que su imputación --sumada a la de su predecesor y mentor en la alcaldía, Luis Díaz Alperi--, unida a su negativa a abandonar el Consistorio, salpican la imagen de la institución y la ciudad a la que representa. ¿Pero cómo asisten los alicantinos a todo ello? "Castedo y Alperi han convertido Alicante en un símbolo, en el paradigma de la corrupción urbanística, y la ciudadanía se divide entre los que lo viven con rabia y luchan por cambiar las cosas, y los que lo llevan con abatimiento y resignación".
Así describe el ambiente en la ciudad Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat d'Alacant y promotor -entre otros- de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, organización que da altavoz desde hace años a numerosos movimientos ciudadanos de la urbe. Del mismo modo, Alcaraz no duda a la hora definir a Castedo: "Como le enseñó Alperi, practica una política concebida como una manera de crear condiciones para que algunos puedan enriquecerse, lo que no quiere decir que ella robe o se enriquezca necesariamente a partir de esa acción. Es ese liberalismo banal, que asegura que la gran riqueza luego acabará bajando a otras clases sociales. Y aquí el prototipo de la riqueza es su amigo Enrique Ortiz".
Sin conciencia de ciudad
Ortiz, empresario de la construcción, y poseedor del 70% del suelo urbanizable de Alicante, es una de las dos figuras -el otro es el empresario Ángel Fenoll- en el epicentro del caso Brugal, y ha arrastrado consigo a Alperi y Castedo, a los que se les imputan los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias por haber amañado -presuntamente- el plan general urbano de Alicante a su medida.
¿Y no indigna este trapicheo a la ciudadanía? "En los primeros años de la transición sí hubo grandes movilizaciones por motivos urbanísticos -como el plan de hacer un puerto en 1980 en la playa de la Albufereta-, pero ahora se ha perdido la conciencia de ciudad. Ahora, con el problema del soterramiento de las vías, se manifiestan los vecinos del entorno, pero el resto no lo consideran como si fuera un problema suyo", explica José Ramón Navarro, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio Universitat d'Alacant.
"A los mismos profesores, mis compañeros -añade Navarro- no les interesa ningún tema de estos. Sí, si los trazados urbanísticos son bonitos o feos, pero no todo lo que hay detrás, y eso es fundamental. El trasfondo político es necesario llevarlo al aula para que los alumnos entiendan que el urbanismo no es una cuestión puramente tecnocrática y racional, sino que se ve afectada por otras dimensiones. ¿Como si no se van a mover después los alumnos en la vida real?".
Popular y populista
Esta apatía respecto a la corrupción urbanística podría ser la clave por la que Castedo aún retendría la alcaldía con el beneplácito del PP y el silencio cómplice de Alberto Fabra y su presunta línea roja contra la corrupción: que según las encuestas en poder del Consell, la imputada aún supusiera un gancho electoral para que el PP retuviera votos en la capital.
Sin embargo, Alcaraz -que tras haber sido diputado en el congreso en 1996 con Esquerra Unida, regresó recientemente a la política de partidos en Compromís- no da crédito a ese respaldo masivo a Castedo: "¿Quién ha visto esas encuestas? Hay otras públicas que sí hablan de una gran bajada del PP, que a lo sumo podría gobernar pactando con UPyD".
"Es cierto que, tras un deteriorado Alperi, Castedo, joven y populista, caló en mucha gente. Sin embargo, la época de poner flores y acudir a todas las fiestas --Castedo irrumpió en el Ayuntamiento anunciando la creación de una Concejalía de Estética y tuvo como acción más destacada y personal su campaña Alicante. ¡Guapa, guapa, guapa!-- se acabó", dice Alcaraz. Y se acabó, añade, porque se acabó el dinero. ¿Y hora qué?
"Pues bueno, ella sabe que hay que arreglar la entrada sur de Alicante o que sería bueno haber creado la estación intermodal para el AVE, y que hacerlo son votos, pero también da votos ir a las fiestas de un barrio y ponerse a bailar embarazada, salir de capataz en Semana Santa o vestirse de Bellea del Foc. Todo aquello que le dé unos votitos más a ella le vale", dice el profesor de Derecho Constitucional.
Pese a ello, Alcaraz, autor también del ensayo Alicante especulación, está seguro de que en 2015, si Castedo se presenta a la reelección, no lo tendrá tan fácil. "Durante muchos años no tuvo oposición, pero ahora una parte del PSOE, una Esquerra Unida muy activa, y Compromís desde fuera del consistorio, le están plantando cara. Es cierto que el PP parte de una mayoría muy potente y es una ventaja, pero estoy seguro de que ella misma no está muy tranquila".
¿Y cuál sería su herencia urbanística? Con los principales planes urbanísticos salpicados por la sombra de la corrupción y paralizados actualmente por la justicia, José Ramón Navarro apunta que -sin entrar en otro tipo de consideraciones- deberían retirarse definitivamente por estar realizados "sin las debidas garantías"; y ya sin ellos, considera que la ciudad -como el resto de urbes- "tiene vitalidad y saldría adelante".
No obstante, el catedrático de Urbanística advierte desde la ciudad en que se rodó Crematorio: "no creo que el fin de la burbuja inmobiliaria vaya a traducirse en un cambio por sí solo. Están las mismas personas, los mismos criterios que entonces, y si no hay un cambio político importante en esta comunidad, si las cosas vuelven a estar mejor, volveremos a lo mismo".
La corrupción agota la lista del PP alicantino en Les Corts
El número de diputados autonómicos del PP alicantino imputados, procesados o condenados en casos de corrupción es tan elevado, que se ha dado la circunstancia de que para relevar a Sonia Castedo, el partido ha tenido que recurrir al número el número 32 de los 35 candidatos de la lista que presentó a los alicantinos en las elecciones autonómicas de 2011. Para alcanzar ese número, antes han renunciado o se han visto forzados u obligados a dejar su escaño Milagrosa Martínez, alcaldesa de Novelda, y Angélica Such, ambas procesadas en uno de los juicios del caso Gürtel; el condenado ex alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo; la ex consejera Alicia de Miguel; y los ex alcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi, (acusado de múltiples delitos en dos causas) y Sonia Castedo.
No obstante, la salida de Castedo y la entrada en su lugar de Guillermo Moratal, alcalde de L'Orxa, puede no suponer el fin de estos relevos, pues la gestión de éste al frente del ayuntamiento de la pequeña localidad alicantina, también está siendo investigada por la fiscalía, tras observar indicios de posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el manejo de un millón de euros de subvenciones de fondos europeos para el desarrollo rural, que actualmente continúa investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
* Público - JUAN E. TUR - 2.6.14
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
“La mitad de la costa andaluza está destruida por decisiones políticas”
Algo que parece evidente tras recorrer el litoral andaluz, el urbanismo salvaje apenas ha dejado resquicios en toda la zona costera. Las zonas protegidas son escasas y siempre están rodeadas de unos niveles contaminantes altísimos, lo que produce graves problemas en la población. En este sentido Andalucía no es demasiado diferente a toda la costa mediterránea, donde este fenómeno delictivo se repite Comunidad tras Comunidad. La voracidad del ladrillo y el dinero fácil, unido a una clase política de cortas miras y amplios bolsillos, han hecho el resto. Desde aquellos inicios turísticos timoratos de los años 50-60 en Torremolinos, se ha llegado al desastre urbanístico y medioambiental actual, donde solo una masiva demolición de lo construido (mal) podría solucionar el triste panorama costero andaluz.
"ELPAÍS* : El catedrático Juan Manuel Barragán propone un consejo costero o un foro para divulgar aspectos de interés del litoral. ¿Por qué la Dirección General de Costas ha decidido invertir miles de euros en aportar arena cada año a la playa de Fuentebravía en El Puerto de Santa María y no en recuperar el desecado río Roche de Conil? En ningún documento oficial habrá contestación a esa pregunta. Tampoco ningún técnico asumirá la respuesta. Porque no depende de él. Ésta y todas las demás cuestiones que afectan a la gestión de la costa española y andaluza dependen de decisiones políticas.
Es la conclusión que el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán (Cádiz, 1958), ha extraído tras un cuarto de siglo estudiando la gestión del litoral en el mundo.
“A diferencia de otros países, en España esas decisiones no se explican. Tampoco se coordinan o se buscan propuestas basadas en la cooperación. Y el problema es grave. El 50% de las costas está ya destruido”, sentencia el profesor citando datos del Ministerio de Medio Ambiente. Cree que hay medidas para conservar lo que tenemos e incluso recuperar parte de lo perdido. Y los Gobiernos tienen en su poder la decisión.
Barragán tiene tras de sí 25 años de trabajo en 20 países diferentes. En su libro Política y Gestión del litoral. Una nueva visión de la gestión integrada de áreas litorales (Editoral Tebar. 2014), presentado la semana pasada, ha querido resumir propuestas de cambio que sirvan para estudiantes, profesores, investigadores y políticos. Un manual de buenas prácticas. Porque cree que, sobre todo, en España faltan. “Cuando empecé a estudiar pensé que la gestión del litoral era algo científico y académico, que la dinámica natural era lo que marcaba la pauta y que después se tomaban decisiones políticas. Quizá todo era más sencillo y no había que esperar 25 años, pero ahora estoy convencido de que la lógica es la contraria. Son las decisiones políticas las que han marcado la evolución de nuestros ecosistemas”.
Son las políticas públicas, en palabras de Barragán, las que han cambiado las cosas y las que han venido a agravar la situación del litoral. Pero, “aunque ningún país es perfecto”, el catedrático está convencido de que en algunos estados sí se ha empezado a actuar de manera más efectiva para detener esta destrucción. “La gestión del litoral debe enfocarse a cómo se toman las decisiones. Si es algo político, ¿cómo se puede hacer para encontrar la mejor decisión?”. En su recorrido por el mundo descubrió los casos de Australia, Estados Unidos o Sudáfrica. Allí se han creado órganos de coordinación y cooperación. “El Gobierno central o federal se suele sentar en una misma mesa, en una especie de consejo costero, a todas las partes implicadas. Ahí están las regiones, los empresarios, los ecologistas. Y en ese marco se buscan soluciones y propuestas”.
Barragán destaca las políticas de transparencia de otros países donde las inversiones en la costa se explican y se publican para conocer por qué se actúa en unos proyectos y otros no. “En Estados Unidos el Gobierno federal financia las iniciativas cuando los estados presentan proyectos consensuados. Y, si decide acometer alguna inversión, pregunta a los estados qué les parece. Es una auténtica cultura federal. Y eso no existe en España aunque tengamos un sistema político similar”.
Barragán es muy crítico con la ley de Costas española y con su más reciente reforma. “No incluye ni un solo medio de coordinación, cooperación o transparencia”, lamenta. También cuestiona el papel de la comunidad andaluza porque recuerda que, junto a Cataluña, ya puede gestionar el dominio público marítimo terrestre, la zona posterior a la costa. “Andalucía debería asumir más responsabilidades. Cuenta con más de 20 agencias u organismos con competencias en el litoral pero no ha creado ni uno solo para coordinarlos”. El catedrático propone un consejo costero andaluz o un foro que permita divulgar aspectos de interés como la subida del nivel del mar.
Y la destrucción de la costa no es baladí. Lo resume en su libro recordando que el mar aporta gratuitamente servicios básicos de abastecimiento (alimentos, madera…), regulación (las dunas frenan la erosión, las praderas submarinas protegen de los efectos de las tormentas…) y cultura (las playas como zonas de ocio). Todo eso era gratis pero, al degradarse, los Gobiernos han tenido que invertir para compensar lo perdido. Barragán advierte de que la artificialidad de la costa no es rentable y puede agotarse el dinero. “Si acabamos con las playas, podemos construir piscinas. Si acabamos con los estuarios, podemos cultivar peces en piscifactorías. Pero vamos a pagar por lo que la naturaleza daba gratis”.
El catedrático recuerda que gran parte de la destrucción de la costa se hizo en pro del desarrollo y el empleo. “Un ejemplo. El litoral andaluz y español se llenó de apartamentos y casas a pie de playa para atraer millones de turistas. Y la conclusión es que medio siglo después la mitad de la costa está destruida y hay seis millones de parados”.
La opción de reinundar Las Aletas
El catedrático Juan Manuel Barragán cree que la situación de destrucción de la costa tiene solución si se aplican desde ya nuevas políticas que vayan más allá de detener el proceso de degradación del litoral. Y pone ejemplos concretos: en la bahía de Cádiz el Gobierno central y la Junta tienen proyectado en unas marismas desecadas de Puerto Real el que iba a ser el segundo parque logístico más importante de Andalucía, Las Aletas.
Diversas sentencias lo detuvieron por no justificarse convenientemente la ocupación de suelos de dominio marítimo terrestre. “En pro del desarrollo se puede plantear que en 300 o 400 hectáreas se quiera crear un polígono industrial para crear empleo. Pero, ¿alguien se ha planteado que también sería posible recuperar esas marismas? Además de esas hectáreas, hay otras 3.000 que podrían reinundarse y volver a dar recursos de forma gratuita”, propone. Ahora mismo Las Aletas es un terreno yermo junto a la autovía que la rodea. “Se desecó porque hace 50 años alguien pensó que allí se podía plantar arroz”, dice. Entonces quedó un desierto al que se quiere dar un uso industrial.
“Aquí se ha dicho que si viniera dinero europeo se podía plantear, además del parque logístico, un proyecto de reinundación. Es decir, que solo si viene dinero de fuera nos hacemos cargo de este problema”, cuestiona.
Barragán pone más ejemplos de malos planteamientos: el río Roche, en Conil, se terminó desecando por la construcción de un puerto pesquero. Se supone que esta infraestructura iba a ayudar al sector y, al final, le ha terminado perjudicando porque se ha eliminado un lugar rico de peces. “Si los pescadores lo hubiesen sabido no habrían querido ese puerto”, explica Barragán. Ahora la Diputación tiene un proyecto para mejorar ese estuario.
* El País - Pedro Espinosa - 1.6.14
Foto: Benalmádena vistas 1956 - 2006 - 20minutos
Venecia se ahoga con la corrupción en torno al proyecto que iba a salvarla del 'acqua alta'
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Ya sabemos que la corrupción urbanística no es única de España, aunque lo que llama la atención aquí es la impunidad en que se desenvuelve. En Italia es famoso el caso 'Tangentopoli' en los 90, que acabó con la antigua clase política. Ahora sale a la luz la enorme corrupción del proyecto 'Moisés' que permitiría dar un respiro al 'acqua alta' en la laguna veneciana. El propio alcalde de Venecia, junto a 34 altos cargos de la ciudad y la región de diferentes formaciones políticas, ha sido arrestado. Un suceso gravísimo, evidentemente, ya que se vuelve a hablar de una estructura mafiosa entre la casta política y el consorcio constructor de esta gran obra pública. A todos se les acusa de desvío de fondos en este superproyecto de esclusas móviles. Ya se verá al final si en Italia hay otra vara de medir judicial.
"ELCONFIDENCIAL* : Los flamencos han vuelto a Venecia. La noticia la daba el martes por la tarde el consorcio de empresas constructoras encargadas del proyecto Moisés, un sistema de diques móviles para proteger a esta ciudad patrimonio de la humanidad y a su laguna del acqua alta, las inundaciones que cada vez con mayor frecuencia e intensidad sufren los venecianos. El comunicado venía acompañado por unas imágenes en las que se veía a estas hermosas aves gozando en una marisma, mientras al fondo refulgía la torre del Campanile de la basílica de San Marcos.
Menos de doce horas después de que el consorcio Venezia Nuova diera la noticia, se sabía que los fotogénicos flamencos rosas no habían sido los únicos beneficiarios del proyecto Moisés antes incluso de que estuviera concluido. La Guardia de Finanzas, la policía financiera italiana, realizaba la pasada madrugada una gran operación en la que fueron detenidas 35 personas por ser supuestamente partícipes del sistema de corrupción surgido en torno a la gigantesca obra. El proyecto, completado en casi un 80%, cuesta más de 5.000 millones de euros y debería estar terminado antes de 2016.
Entre los detenidos está la cúpula del sistema político local y regional, sin distinciones políticas: hay dirigentes tanto del izquierdista Partido Democrático (PD), la formación del primer ministro, Matteo Renzi, como del derechista Forza Italia, la marca electoral de Silvio Berlusconi. Incluso está apresado un exgeneral de la Guardia de Finanzas, Vincenzo Spaciante, precisamente el cuerpo policial que llevaba tres años investigando el escándalo.
El alcalde de Venecia, un exministro…
Los detenidos más significativos son: el alcalde de Venecia, Giorgio Orsini, del PD, y Renato Chisso, miembro de FI y consejero de Transportes e Infraestructuras de la región del Veneto, cuya capital es Venecia. Se espera además la inmediata puesta a disposición judicial del diputado Giancarlo Galan, expresidente regional véneto y ministro de Agricultura durante el último Gobierno de Berlusconi. Los magistrados solicitaron al Parlamento la autorización para poder arrestarlo.
La mayoría de los sospechosos están acusados de corrupción, concusión, lavado de dinero negro y malversación de fondos públicos. “Cada uno de ellos, durante años, ha subordinado la función pública que debía tutelar a los intereses de un grupo económico criminal, logrando una serie impresionante de beneficios personales de todo tipo”, escribe el juez de instrucción preliminar que ordenó las detenciones. A los arrestados se les incautaron fondos y bienes por valor de 40 millones de euros. Según la Fiscalía, lo sucedido en Venecia es un caso similar a Tangentopoli, el escándalo de corrupción que acabó fulminando a los principales partidos políticos italianos en los años 90.
El paralelismo con aquel terremoto judicial y político, que dejó un vacío de poder aprovechado por Berlusconi, es muy acertado. Una parte de los 25 millones de euros que los acusados se habrían embolsado del consorcio constructor por medio de facturas falsas podría haber acabado en las cajas del PD y de FI. De hecho, el alcalde de Venecia sólo está acusado de financiación ilícita a su formación política por valor de 400.000 euros.
“Vemos implicados a exponentes políticos de primer plano”
Las cifras en torno a Galan son mucho más altas. El hombre de referencia del partido del líder derechista en la rica región del Véneto habría estado directamente a sueldo del consorcio. Según la acusación, recibió un millón de euros anuales desde 2005 hasta 2011. Además, le habría entregado otras cantidades adicionales y le habría pagado una reforma en su chalet valorada en 1,1 millones de euros. A cambio, aprobó normativas que beneficiaron a los constructores. También habría estado en nómina de Venezia Nuova un magistrado del Tribunal de Cuentas, quien recibió de 300.000 a 600.000 euros cada año. Tanto el exministro de Agricultura como el resto de sospechosos defendieron ayer su inocencia.
Roberto Papetti, director de Il Gazzettino, el principal diario veneciano, consideró “inquietante” que haya surgido este sistema de corrupción alrededor de una de las más grandes e innovadoras obras públicas del país. “La investigación muestra un cuadro preocupante porque vemos implicados a exponentes políticos de primer plano, como el exgobernador regional o el alcalde de Venecia, junto a financieros y a un general de la Guardia de finanzas”. Para Papetti resulta “desconcertante” que en Italia “no pueda hacerse ninguna gran obra pública sin que se registren episodios como este”.
Entre la cascada de reacciones que provocaron las detenciones por el escándalo del proyecto Moisés destacaron las que hizo el ministro del Interior, Angelino Alfano. Muestran a las claras cómo la corrupción se acepta como algo habitual e intrínseco del sistema y que lo único que importa para muchos es el poder. En lugar de denunciar el escándalo, Alfano subrayó que los partidos a los que pertenecen los detenidos “habían tenido el privilegio” de que la operación policial se realizara después de las elecciones.
“A otras fuerzas políticas no se les reservó el mismo privilegio a pocos días del voto”, se quejó, haciendo referencia al arresto en plena campaña de un dirigente de su formación, Nuevo Centroderecha, en la región sureña de Campania.
* El Confidencial - Darío Menor - 5.6.14
Foto: Varias personas caminan por las calles inundadas de Venecia tras unos días de fuertes lluvias en noviembre de 2012. (Reuters)
