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Ayer mismo comentábamos aquí sobre la ordenación territorial salvaje e ilegal que ha ocurrido con la construcción del simbólico hotel almeriense de El Algarrobico. Pues ayer mismo, también, en una acción de protesta más, Greenpeace ocupaba esta horrenda mole frente al Mediterráneo y la pintaba de negro señalándola así como importante Punto Negro costero. La espectacular operación seguramente no tendrá mayores consecuencias, pero es un recordatorio a la ciudadanía de que en este país todavía existen colectivos que dan la cara frente a la corrupción generalizada y no se conforman con aquello del "y tú más", tan previsible e infantil. También hay que esperar que la justicia rectifique de una vez su lamentable trayectoria cómplice con estos atentados paisajístico y sentencie la demolición inmediata, exigiendo responsabilidades a los políticos y empresarios corruptos.
"EFE* : Más de cien activistas de Greenpeace se encuentran en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), para pintar un enorme punto negro en la fachada del hotel, de 21 plantas y 411 habitaciones construido por Azata, para exigir su desmantelamiento inmediato. La organización ecologista ha informado de que se trata de la sexta acción que lleva a cabo en estas instalaciones así como que es en la que más activistas han participado en la historia de Greenpeace en España, para reclamar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente que devuelvan este paraje natural a los ciudadanos.
"Algarrobico punto negro de la costa" y "Demolición ¡YA!" son algunas de las consignas que se leen en las pancartas de los ecologistas que participan en esta iniciativa contra el que "se ha convertido en el mayor punto negro del litoral español".
Exigen demolerlo y recuperar la zona
Greenpeace ha indicado que el hotel de El Algarrobico "es un ejemplo reconocido internacionalmente de la impunidad con la que se ha actuado en la costa del país en los últimos años, donde aún se pretende hacer prevalecer la normativa urbanística sobre la ambiental".
Este colectivo ha reclamado que se proceda a la demolición inmediata del inmueble y se inicie la recuperación de la zona, sin que la "maraña judicial que se ha creado" sirva como "escudo" a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente.
En este sentido, Greenpeace ha exigido al Gobierno andaluz que como "primer movimiento" ejerza su derecho de retracto sobre los terrenos, y que el Ministerio de Medio Ambiente aplique a continuación la Ley de Costas y la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para ordenar el desmantelamiento del hotel y la restauración de la playa a continuación.
Los ecologistas han instado además a ejecutar en protocolo de colaboración firmado entre ambas administraciones para la consecución de este objetivo.
Una larga maraña judicial
Greenpeace se ha referido además a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara urbanizable el suelo sobre el que se asienta el hotel, y que así estaba calificado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994, que "no hace más que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley".
El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha afirmado que "si se siguen permitiendo las estratagemas del Ayuntamiento de Carboneras y la promotora, Ministerio y Junta estarían amparando los intereses de una constructora, frente a la defensa del medio ambiente que prima la ley".
"Las dos administraciones no necesitan ninguna sentencia más, existe un hotel que invade una playa y un Parque Natural protegido internacionalmente, y lo único que deben hacer es cumplir la ley", ha apostillado Rodríguez.
* RTVE - EFE - 11.5.14
Foto: Una activista de Greenpeace muestra un cartel delante del hotel El Algarrobico - EFE/Mario Gómez
Greenpeace pinta de negro el hotel El Algarrobico
Zaragoza.- "Marcelino Iglesias cobró un millón de euros por desbloquear la operación urbanística"
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La corrupción urbanística abarca todas la Comunidades y los principales partidos políticos. Evidentemente es mayor en ciertas Autonomías como la valenciana y en partidos como el PP (según se ve en este blog), pero eso no implica que no exista en el resto, como lo atestigua esta noticia que, de verse corroborada por la justicia, es de una enorme gravedad, dado el cargo público del socialista M.Iglesias. En el tristemente corrupto municipio zaragozano de La Muela, una recalificación de terrenos fue favorecida por el expresidente de Aragón a cambio de un millón de euros, según denuncia un empresario vasco implicado también en la trama.
"ELCONFIDENCIAL* : "La empresa Construcciones Sagain entregó un millón de euros a Marcelino Iglesias en diciembre de 2008 por facilitar el cambio de calificación urbanística de la 6ª fase del polígono industrial Centrovía, en el municipio de La Muela, que había sido inicialmente denegada por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza". Quien lanza tan rotunda acusación contra el entonces presidente de Aragón y actual portavoz del PSOE en el Senado es el empresario vasco Santiago Sánchez Valor, que ha firmado una declaración jurada, en poder de este diario, en la que asegura: "Me consta, porque tuve conocimiento de ello en varias reuniones presenciales, que con el pago de esa comisión se desbloqueó la operación urbanística".
Quienes presuntamente pagaron esa mordida fueron los empresarios Francisco Aramburu e Ignacio Unsain -que tenían deudas contraídas con Sánchez Valor, su antiguo cliente-, actualmente imputados por varios delitos de corrupción en el conocido como caso La Muela, una monumental estafa urdida en el municipio del mismo nombre en torno a la entonces pujante industria eólica, que convirtió casi de la noche a la mañana a esa localidad situada a solo 20 kilómetros de Zaragoza en una de las más ricas de España. La exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla –que ya estuvo cuatro meses en prisión–, se enfrenta ahora a una pena de 37 años y al pago de una fianza de 66 millones de euros.
El fiscal del caso La Muela –instruido por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, en el que hay 45 imputados– acusa a Pinilla de haberse enriquecido ilícitamente favoreciendo con recalificaciones irregulares a varias empresas constructoras, entre ellas Construcciones Sagain, manejada por Unsain y Aramburu. Ninguno de ellos quiso ayer ofrecer a este diario su versión de los hechos.
Quienes presuntamente pagaron esa mordida fueron los empresarios Francisco Aramburu e Ignacio Unsain -que tenían deudas contraídas con Sánchez Valor, su antiguo cliente-, actualmente imputados por varios delitos de corrupción en el conocido como caso La Muela, una monumental estafa urdida en el municipio del mismo nombre en torno a la entonces pujante industria eólica, que convirtió casi de la noche a la mañana a esa localidad situada a solo 20 kilómetros de Zaragoza en una de las más ricas de España. La exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla –que ya estuvo cuatro meses en prisión–, se enfrenta ahora a una pena de 37 años y al pago de una fianza de 66 millones de euros.
El fiscal del caso La Muela –instruido por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, en el que hay 45 imputados– acusa a Pinilla de haberse enriquecido ilícitamente favoreciendo con recalificaciones irregulares a varias empresas constructoras, entre ellas Construcciones Sagain, manejada por Unsain y Aramburu. Ninguno de ellos quiso ayer ofrecer a este diario su versión de los hechos.
Iglesias, que gobernó Aragón durante 12 años (1999-2011) y fue número tres del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero, respondió ayer con un "no rotundo" a las acusaciones de cobro de comisiones, y aseguró que "no conoce" a Unsain y Aramburu. Este último, en conversación telefónica con este diario, se limitó a decir: "Gracias por llamar. Adiós". Sin embargo, un segundo empresario también muy cercano a la firma Construcciones Sagain –que responde a las iniciales C. P.– ha ratificado las acusaciones de Sánchez Valor, asegurando que la entrega del millón de euros al actual portavoz socialista en el Senado se hizo a través de Agapito Iglesias, dueño del Real Zaragoza C. F. y socio de Unsain y Aramburu en Inversiones Aguina S. L. , que acudió a recogerlo al hotel Meliá Zaragoza de la avenida César Augusto de la capital aragonesa pocos días antes del fallo de la Comisión de Ordenación del Territorio.
De suelo rústico a urbanizable
Construcciones Sagain adquirió en 2005 una dehesa de 239 hectáreas de suelo rústico, a tres euros el metro cuadrado, en el término municipal de La Muela. El pelotazo supuestamente urdido por Unsain y Aramburu, en connivencia con Pinilla, consistía en la recalificación de esos terrenos como suelo urbanizable de uso industrial para levantar en ellos la 6ª fase del polígono Centrovía. Eran los años del boom urbanístico e industrial de La Muela, que quintuplicó su población mientras surgían como setas cientos de molinos de viento y la alcaldesa subvencionaba con dinero público viajes al Caribe para sus vecinos. El negocio iba a ser redondo, porque el polígono se levanta junto a la autovía Madrid-Barcelona y muy cerca de la Plataforma Logística de Zaragoza y el aeropuerto de la capital. Sólo hacía falta que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza (CPOT) avalase la recalificación.
Pero la CPOT dijo no. En un informe emitido el 11 de agosto de 2008, la comisión, con su presidenta, Nuria Mas, a la cabeza, denegó la operación urbanística con el argumento de que la 5ª fase del polígono Centrovía aún estaba pendiente de ejecución, y que sus dimensiones eran más que suficientes para asegurar el desarrollo industrial de La Muela, por lo que era innecesario acometer las obras de la 6ª fase. Sin embargo, cuatro meses más tarde, en diciembre de 2008, la CPOT, sorprendentemente, cambió radicalmente de criterio y dio luz verde al proyecto.
Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, fechado en enero de 2009 y al que ha tenido acceso El Confidencial, afirma que la inesperada aprobación del proyecto de delimitación de la 6ª fase del polígono industrial de Centrovía "se produjo a pesar de que unos meses antes este mismo órgano [la CPOT] había rechazado ese mismo proyecto y que no habían cambiado las circunstancias que motivaron su denegación, es decir, continúa el excedente de suelo industrial en este municipio, puesto que la 5ª fase seguía sin arrancar".
Fuentes cercanas a la investigación judicial han asegurado a El Confidencial que Agapito Iglesias, dueño del Real Zaragoza C. F. y empresario muy cercano al expresidente de Aragón –con el que, pese a la coincidencia de apellidos, no tiene vínculo familiar alguno– y Carlos Escó, entonces viceconsejero de Obras Públicas y mano derecha de Marcelino Iglesias en el Ejecutivo autonómico, también jugaron "un papel decisivo" para torcer la voluntad de la CPOT en beneficio de Construcciones Sagain. De hecho, en otra conversación pinchada por la policía, la alcaldesa Pinilla "dice que ha hablado con Carlos Escó, que es el único que le puede dar la orden [a Nuria Mas] para meter lo de La Muela". Iglesias y Escó, además, están imputados en el llamado caso Plaza, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Aragón.
El pasado mes de febrero, un juez de Zaragoza pidió para Iglesias y Escó una fianza de responsabilidad civil de casi 19 millones de euros por su presunta implicación en el saqueo de decenas de millones de euros en la construcción y gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), una de las mayores de Europa. Escó es, además, el marido de Eva Almunia, exsecretaria de Estado de Educación con Rodríguez Zapatero y candidata socialista en las últimas elecciones autonómicas, que perdió frente a su rival del PP y actual presidenta, Luisa Fernanda Rudi. Las Cortes de Aragón aprobaron hace dos meses la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas del caso.
* El Confidencial - José L. Lobo - 8.5.14
Foto: La Muela (Zaragoza) - turismodezaragoza.es
El Algarrobico: jueces frente a la ecología
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Un tema que ya hemos debatido aquí hasta la saciedad: la responsabilidad de la justicia en los miles de casos de corrupción urbanística que ha habido en este país, solo en los últimos años. Evidentemente la acción inicial corresponde a las mafias político-financieras-empresariales, pero la justicia, lejos de solventar los problemas causados al medio ambiente y la Ordenación Territorial, ha sido cómplice la mayoría de las veces de este delito tan característico de nuestra tierra. Falta de medios se puede aducir en su defensa, pero la ignorancia atrevida y la prepotencia judicial con la que han acorralado a los que criticaban y denunciaban estos evidentes delitos, solo ha demostrado su mala fe en encontrar una solución aceptable. Jueces y fiscales han formado parte de esa élite trasnochada, proveniente de otra época, que se ha situado en primera línea contra el raciocinio actual y la legalidad ambiental europea más avanzada.
"MIGUEL A.BLANCO* : Los jueces no son ecologistas. Cuando se trata de hacer justicia (?) en asuntos que tienen que ver con cuestiones medioambientales y ecológicas, el resultado en la mayoría de los casos es desconcertante cuando no sorprendente. Como en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ante el caso del hotel del Algarrobico y lo que le rodea, en Carboneras. No hay muchas sentencias, más bien son pocas, que resuelvan desaguisados ambientales, a favor de denuncias ecologistas, según qué salas. En la mayoría de los casos, en que así sucede, lo más probable es que las sentencias no lleguen a ejecutarse.
Y de esta manera, urbanizaciones o edificaciones ilegales y destructoras del paisaje, que surgen por intereses particulares o municipales del negocio y del capital, sonríen en su interior cuando reciben la notificación de una sentencia en contra. Los medios de comunicación informan de ello, que la urbanización tiene que ser demolida. Los promotores y ayuntamientos que lo han permitido, tras haber sido comprados, sonríen en su interior, a sabiendas de que la urbanización seguirá adelante, en la mayoría de los casos. Y a los ecologistas sólo les queda el derecho a la crítica, a la protesta, a la denuncia, frente a quienes ven en la tierra, el paisaje, la naturaleza, como su propiedad para la oportunidad de hacer negocio. En la mayoría de los casos predomina el concepto de “propiedad privada”, como un derecho permanente e inalterable. Para nada, el trasfondo del bien social que tiene que emanar de toda propiedad pública o privada, que no es ni mucho menos inmutable.
Cuando, hace ya años, por ejemplo surgió un proyecto de urbanización en la Fabriquilla, en la costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la Junta de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente) lo rechazó porque afectaba al orden del Parque Natural. Al principio, las resoluciones judiciales fueron favorables a la Junta. Hasta que llegó al Tribunal Supremo, que falló a favor de los intereses de los promotores de la urbanización. En estos casos, es factible el llegar a un acuerdo para una permuta de terrenos o de una indemnización a los promotores o propietarios ante la inviabilidad de la urbanización, por la Junta, en este caso. En estas situaciones, el tribunal suele fijar la cantidad de la indemnización que, en este caso, si no recuerdo mal, la Junta de Andalucía estaba dispuesta a asumir. Sorprendentemente, el Tribunal Supremo resolvió que no había lugar a la indemnización, que no había más salida que la construcción de la urbanización de la Fabriquilla que, afortunadamente hasta ahora, no se ha levantado.
Y ahora nos encontramos con el dilema del hotel del Algarrobico, otro disparate que nunca tuvo que iniciarse. No sería mala idea que se hicieran públicas las actas de la Comisión provincial de Urbanismo donde se debatió el tema, para saber qué y cómo se votó, quiénes apostaron por el proyecto y quiénes no. No sé cómo quedará al final el tema del Algarrobico, pero personalmente creo que su destino tiene que ser la demolición y la puesta en evidencia pública de quienes lo permitieron y fueron cómplices de tal aberración.
Y así un asunto tras otro ante la Justicia (?), siempre con interese urbanísticos, que han planificado invadir el territorio donde y como sea. Son situaciones que suelen terminar en los tribunales, en la mayoría de los casos para nada. Para eso están los jueces, bueno, la mayoría de los jueces, en defensa de las razones, lamentablemente sagradas, de la propiedad privada y frente al espíritu, noble y justo, de la Ecología, del Paisaje y de la Tierra.
* Secreto Olivo - Miguel Ángel Blanco Martín - Abril 2014
Foto: Hotel El Algarrobico (Almería) - flickr
Segovia.- Varios VIPs se enfrentan a una macrodemanda por comprar viviendas 'Gürtel' que ahora no quieren pagar
Nos estamos acostumbrando cada vez más a las polémicas urbanísticas. Así, también le llegó el turno a Segovia, donde hace ya 7 años que distintas asociaciones denunciaron una serie de ilegalidades cometidas por la empresa Segovia 21 (participada por la Diputación de Segovia, Caja Segovia y la Cámara de Comercio) en torno al macroproyecto urbanístico situado en el margen de la carretera que une La Granja con Segovia. Ahora empresarios y políticos vinculados al antiguo Consejo de Administración de la empresa del pelotazo fallido se enfrentan a una demanda que acaba de ser presentada por no querer pagar viviendas que adquirieron entonces.
*VOZPÓPULI* : Empresarios y políticos de distinto pelaje se enfrentan a una macrodemanda por comprar viviendas de lujo que ahora no quieren pagar. Son personajes vinculados al antiguo Consejo de Administración de Segovia 21, un pelotazo fallido relacionado con la trama 'Gürtel' en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama. Entre los empresarios que adquirieron las viviendas del complejo sito en Palazuelos de Eresma figuran apellidos tales como Salazar-Simpson (SimpsonCars), Benatar (Fomento Territorial), o González (Ontex, participada por Goldman Sachs y TPG). Y entre los políticos, hay miembros de importantes familias populares locales, como Juárez o Beloqui (arquitecto jefe de la sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León) y socialistas, tal que Agudíez.
Sucede que Caja Madrid no financiaba la promoción si no estaba colocado el 65% de las viviendas. Así que estos VIPs pastoreados por el consejero delegado Atilano 'Milano' Soto, se apresuraron a hacer acopio de los pisos. Algunos se quedaron con varios, como los hijos del empresario francés Elías Benatar, que se hicieron con uno cada uno; o Jesús Sánchez, exdirector de Segovia 21. Otros compraron entre varios una de las casas, como los hijos del exsenador socialista Manuel Agudíez, imputado en el 'caso del Torreón de Lozoya'. El caso de Salazar-Simpson, cuestionado expresidente de la Fundación Centro Nacional del Vidrio de La Granja, es único: después de comprar pidió a Atilano Soto que le rescindiera el contrato, cosa que el expresidente de Caja Segovia hizo, sin más.
Pasado el tiempo, los adquirentes decidieron que ya no querían unas viviendas que no iban a colocar a otros primos ni a tiros. Los primeros de estos 'compradores fantasma', no contentos con no quedarse con los ladrillos, demandaron a Segovia 21 para reclamar las cantidades entregadas a cuenta y se encontraron con que el juez les condenó a escriturarlas a precio de 'boom' más IVA, intereses, aval y costas. Los 13 VIPs de esta macrodemanda, que acaba de ser presentada, se enfrentan a una causa similar por la compra de 16 de estas viviendas.
El complejo de lujo ha quedado en un 'bluf'
Segovia 21 ha sido un proyecto polémico desde sus inicios. A principios de 2013, su Consejo de Administración desfiló ante el fiscal jefe de Segovia Antonio Silva Jaraquemada, que terminó archivando el caso. A día de hoy, el flamante complejo se ha revelado un auténtico 'bluf': el vivero de empresas no tiene actividad, el NH Hoteles se quedó a medio hacer, el campo de golf no tiene socios suficientes y nadie quiere las viviendas de lujo. A mediados de abril, Segovia 21 entró en preconcurso de acreedores con una deuda de 17 millones de euros a su accionista Bankia y 850.000 euros a Hacienda.
* Voz Pópuli - Fátima Martín - 2.5.14
Foto: Segovia 21, construcciones sin acabar - vozpopuli
Imputados once ex altos cargos de Adif por el accidente de Santiago
Cuando parecía que el caso del accidente del AVE en Santiago, donde murieron 79 personas, estaba cerrado por 'orden gubernativa', ha surgido de improviso una imputación judicial contra ex-altos cargos de la empresa pública ADIF para exigir responsabilidades como potenciales autores de delitos contra la seguridad colectiva, homicidio y lesiones. Parece que nos ha oído algún juez en lo que desde este blog llevamos reclamando desde hace meses: que la culpabilidad debía estar más repartida por los responsables técnico-políticos que permitieron la catástrofe. A pesar de aplaudir esta iniciativa judicial, ésta debería ampliarse a responsables de Renfe y, sobre todo, del ministerio de Fomento, últimos capos del desastre que ha supuesto la instalación con prisas del AVE en este país, con el gravísimo despilfarro delictivo que ha supuesto para la economía en general, sin obtener un claro beneficio público que lo justifique.
"PÚBLICO* : El juez Luis Aláez, que instruye el caso por el accidente del Alvia el pasado 24 de julio en Angrois, donde murieron 79 personas, ha llamado a declarar como imputados al expresidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Antonio González Marín, al exdirector de Seguridad en la Circulación Andrés Cortabitarte López y a nueve miembros del consejo de administración del organismo cuando se abrió la línea Ourense-Santiago, según un auto notificado este viernes.
En concreto, llama a declarar el día 22 de mayo a las 10.00 horas al exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte López; el 23 de mayo a partir de las 9.30 horas a tres vocales del entonces consejo de administración de Adif, Juan Carlos Cáceres Díez (CC.OO.), Mercedes Rodríguez Arranz (por Fomento), Félix Díaz Martínez (UGT); el 26 de mayo a partir de las 9,30 horas a Juan Ángel Mairal Lacoma, Carlos Bartolomé Marín (también vocales y además, exjefes de gabinete de cargos de Fomento). Esa misma jornada declarará Javier Hurtado Domínguez, vocal por Fomento en el consejo de administración y exdirector de gabinete de José Blanco.
El 27 de mayo están citados a partir de las 9.30 horas Carlos María Juárez Cólera, quien fue director de gabinete de Blanco en 2009 y posteriormente director general de Infraestructuras Ferroviarias de Fomento; Mercedes Caballero Fernández (también vocal del consejo de administración) y Gerardo Luis Gavilanes Ginerés (otro vocal por Fomento). Por último, el magistrado llama al expresidente de Adif Antonio González Marín el 28 de mayo a las 10,00 horas.
Estas imputaciones se producen semanas antes de que se materialice el traslado de Aláez al Juzgado de lo Penal de la capital gallega, cuando asumirá la causa Andrés Lago Louro.
El auto explica que los informes preliminares entregados por cuatro de los seis peritos en los últimos días aportan información que, a su juicio, "acarrea una provisional atribución de responsabilidades penales a determinadas personas de Adif responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria como potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva, previsto y penado en el artículo 350 del Código Penal, y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones de los artículos 142 y 152 del Código Penal".
Sin las medidas de seguridad suficientes
El magistrado hace un repaso a la investigación y a decisiones técnicas que se adoptaron en la línea -nuevo proyecto, desconexión del sistema de control de velocidades ERTMS- y destaca que "no debe olvidarse que han sido responsables de Adif los que idearon esa conexión ferroviaria compleja y novedosa entre las estaciones de Ourense y Santiago de Compostela y los que sancionaron y su materialización y puesta en servicio".
"Son esos responsables de Adif los que ordenan ejecutar un novedoso y complejo enlace ferroviario que no tiene las medidas de seguridad suficientes", incide. En este sentido, hace hincapié en que no tiene "ya no las de una línea de alta velocidad (...) sino siquiera las adecuadas a la especial situación creada al no adoptar los cambios o innovaciones normativas que la seguridad exigía en el punto de conversión o entronque de la línea de alta velocidad en la línea convencional".
Con esa actuación, critica, "se ha incrementado el riesgo de forma muy significativa, pues al eliminar la implantación del sistema de supervisión continua, el ERTMS, en esos kilómetros en que se integra la curva de A Grandeira --donde se produjo el descarrilamiento--, no se ha dado a la situación de riesgo originada una solución adecuada".
Dice, a continuación, que "la solución adoptada para garantizar la seguridad en ese tramo puede ser tachada de ilegal a la par que insuficiente". "Pues es una medida específica para una línea de alta velocidad que se aplica a un trayecto que no dispone de un sistema de explotación propio de las líneas de tales características, el ERTMS o similar, y sin que se supla la deficiencia en modo alguno; y con la que se exporta el control de la velocidad del tren a los agentes de conducción o maquinistas para que lleguen a la curva a la velocidad adecuada de forma incorrecta, ya que en los instrumentos básicos de su trabajo, que son el libro horario y cuadro de velocidades máximas y la señalización en la vía, se le dan indicaciones imprecisas y contradictorias (...)", afirma.
Hasta el momento, el maquinista era el único imputado en la causa, tras admitir un despiste que hizo que no frenase antes de tiempo en la curva de A Grandeira. En definitiva, concluye, "se ha trasladado el control del tren en el tramo en que se encuentra la curva esencialmente al conocimiento que el maquinista debe tener de la línea (...)".
Delito contra la seguridad colectiva
Para el juez, esa actuación de los responsables de Adif "es la que puede incardinarse, en principio, en el delito contra la seguridad colectiva" y en las figuras de homicidios y lesiones imprudentes. "No solo ha puesto en peligro a cualquier persona que viajase por la línea, sino que, además, se ha materializado en el descarrilamiento de un tren con el resultado de múltiples fallecimientos y de lesiones para otras muchas de las personas que viajaban en él", sentencia.
En recuerdo de otras resoluciones, indica que la "ideación y construcción del enlace ferroviario entre Ourense y Santiago aparece influida presuntamente por intereses circunstanciales y superpuestos a la seguridad en la circulación: la pronta apertura de una línea ferroviaria que resultase atractiva al público". "Se trataba de publicitar, transmitir, a la sociedad el logro de la prometida llegada de la Alta Velocidad a Galicia, con la adelantada apertura de una nueva conexión ferroviaria entre Ourense y Santiago de Compostela que redujese los tiempos del viaje entre ambas ciudades", asevera.
En este sentido, Aláez señala que "un obstáculo a ese objetivo era su construcción en ancho universal, por las demoras que ocasionaban las operaciones o maniobras que había que hacer en los cambiadores de ancho". "Y para superar ese obstáculo no se dudó, presumiblemente, en tolerar el incremento de riesgo que conllevaba el recorte de la implantación del sistema ERTMS desde la estación de Santiago hasta unos kilómetros antes (...)", censura.
Por ello, concluye que "se han dejado prevalecer determinados intereses en la creación de ese nuevo enlace ferroviario entre Ourense y Santiago de Compostela por los responsables de velar prioritariamente por la seguridad". Algo que, según reitera, "condujo a la construcción de un complejo enlace ferroviario que no tiene las medidas de seguridad suficientes".
Insiste en la "manifiesta y clamorosa infracción normativa de la solución adoptada" para advertir, con todo, que "dicho discurso no puede hacerse extensivo, sin más, a quienes no habiendo tomado aquella importante decisión ni participado en el proceso constructivo de la línea han asumido con posterioridad responsabilidades en materia de seguridad en la circulación ferroviaria".
Por último, también subraya que "no hay obstáculo para valorar la posible relevancia penal de la decisión de desconexión (...) porque una cosa es que esa desconexión pueda conllevar un incremento del riesgo para la circulación en los 79 kilómetros en que está implantada la circulación al amparo del ERTMS y que la decisión al respecto pueda merecer algún reproche y otra es que el descarrilamiento del tren suponga la realización o materialización del peligro creado por esa desconexión conforme al juicio de previsibilidad o probabilidad que podía formarse quién la decidió".
* Público - agencias - 9.5.14
Foto: Santiago de Compostela, accidente AVE - EP
El exalcalde de Benalmádena E.Bolín, condenado a 10 años de inhabilitación para cargo público
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Resulta increíble que, a estas alturas de la película, todavía halla exalcaldes franquistas, como Bolín en Benalmádena (Málaga), que anden por la calle libremente. El destrozo urbanístico que ha realizado este personaje adinerado en el municipio es de proporciones faraónicas. En pocos lugares del país se puede observar con mayor asombro y rabia lo que ha significado el urbanismo salvaje y depredador. Los larguísimos años bajo el gobierno del ex-'popular' y luego independiente alcalde mafioso (al modo Gil) han convertido un pequeño municipio en uno de los más aberrantes, urbanísticamente hablando. Esta sentencia de ahora es de risa (ni siquiera cárcel) para todo lo que la justicia y la política le han permitido realizar ilegalmente desde el ayuntamiento en perjuicio de la mayoría de ciudadanos, aunque muchos de ellos también hayan sido cómplices al votarle repetidamente.
"SUR* : El excalde independiente de Benalmádena, Enrique Bolín, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, también se le condena a la pena de doce meses de multa a razón de diez euros al día por conceder unas licencias ilegales.
La Audiencia Provincial de Málaga revoca parcialmente la sentencia dictada en noviembre de 2013 por el Juzgado de lo Penal 1 de Málaga en la que se consideraba que el exregidor había cometido el mencionado delito de forma continuada y lo condenaba también a pena de prisión.
En los fundamentos de derecho se argumenta que aunque se trata de tres decretos firmados por el entonces alcalde -uno para la construcción de la vivienda, otra para la modificación de una caseta y la última para primera ocupación- se trata de una unidad de acción delictiva, realizada en el mismo expediente administrativo y relacionada con la misma vivienda.
Por todo ello, los magistrados entienden que los hechos se concretan en una sola lesión al bien jurídico protegido y por tanto da lugar a un único delito contra la ordenación del territorio.
Los hechos se remontan a junio de 2004 cuando el acusado en su condición de alcalde concedió a una mujer una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en una zona conocida como El Cerro, en Benalmádena, pese a que existía un informe técnico desfavorable por parte del arquitecto técnico municipal.
Posteriormente, en abril de 2005, concedió una licencia aprobando la modificación solicitada por la misma en relación al aumento de una caseta y en diciembre de 2006 otorgó licencia de primera ocupación.
En la sentencia se considera probado que Bolín concedió las licencias a pesar de existir un informe desfavorable y "siendo plenamente consciente de que la misma no reunía los requisitos exigibles para dicha autorización".
* Sur - EFE - 7.5.14
Foto: Benalmádena (Málaga), urbanismo costa - el pais
El urbanismo ‘patas arriba’ de La Vila
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Un titular que viene como anillo al dedo para este blog y que ejemplifica perfectamente lo que ha sido en los último años el urbanismo salvaje en la provincia de Alicante. En el importante municipio de la Vila Joiosa el PGOU realizado en 1999 contemplaba 37 sectores, que incluían la urbanización de 7,3 millones de metros cuadrados de suelo, de los que 31 llegaron a estar en fase de desarrollo. El Gobierno del PP quiso en 2006 ampliar los planes parciales con 19 zonas más que preveían un aumento de población hasta los 140.000 habitantes y 40.000 viviendas de nueva construcción. En la actualidad, el desarrollo de los 37 planes parciales del municipio está estancado y solo 6 han entregado las obras y se pueden considerar acabados.
"LAMARINAPLAZA* : El desarrollo urbanístico de La Vila iba a crecer a un ritmo frenético. Eso debió pensar el equipo de Gobierno del PP que mandaba en la ciudad hace más de una década y que adjudicó nada menos que 37 planes parciales en poco más de un lustro, todos ellos contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1999. Era la época, entre el año 2000 y 2006, de los grandes proyectos y los planes de reparcelación faraónicos repletos de viviendas. En ese último año, de los 37 planes parciales que incluían la urbanización de 7,3 millones de metros cuadrados de suelo en el término municipal, 31 llegaron a estar en fase de desarrollo.
Pero el PP que gobernaba en esos años, con el exalcalde José Miguel Llorca a la cabeza, condenado por ejercer de falso médico, no tenía suficiente. En 2006 se aprobó por pleno un concierto previo del PGOU que incluía más planes parciales y más terreno a urbanizar. Concretamente 19 sectores más que habilitaban 9,9 millones de metros cuadrados para urbanizar y 2,5 millones de metros cuadrados más para dotaciones.
En total, junto a los 3,3 millones de metros cuadrados que quedaban aún pendientes de ejecutar en ese momento del PGOU de 1999, el Gobierno popular vilero aspiraba a tener 15,8 millones de metros cuadrados en los que construir hasta 34.633 nuevas viviendas que elevaran la población hasta los 140.000 habitantes de los apenas 30.000 que tenía. Esos 19 nuevos PAIs incluían incluso la construcción de tres urbanizaciones y tres campos de golf.
Sin embargo, la realidad actual es muy distinta. Ese concierto previo que tanto defendieron los populares fue retirado por el cuatripartito formado por PSOE, EU, Bloc e Iniciativa Independiente tras ganar las elecciones de 2007. Pero aún hay más. De esos 37 planes parciales, a los que se les suman cinco unidades independientes, que debían desarrollarse por todo el municipio y recogidos en el PGOU de 1999, el Ayuntamiento ha recibido las obras de seis y lo que iba a ser una ciudad de 140.000 habitantes sigue siendo un municipio de poco más de 33.000 con uno de los peores resultados urbanísticos de la Comunidad Valenciana.
Excepto esos seis sectores o parte de ellos que sí han conseguido desarrollarse (el PP-2 UE 2 de Barberes Nord 1, el PP-3 L’Almàssera Tonda en dos de sus tres unidades, el PP-23 Gasparot 2, el PP-28 La Cala y el PP-32 Bulevar 2), según un informe de los técnicos del área de Urbanismo al que ha tenido acceso este diario, el resto está a medias, en proceso de quedarse incluso sin urbanizador o ni siquiera cuenta ya con su programación. Más de uno se encuentra en los tribunales por sentencias o recursos contenciosos administrativos.
El PP, el mismo partido que entonces quiso incluso ampliar el PGOU con 19 PAIs más, ahora está atrapado en una maraña de trámites para intentar salvar la situación urbanística. Con su mayoría plenaria, en el último año sobre todo ha resuelto la condición de agente urbanizador a tres planes parciales (PP-7 Barberes Sud, PP-8 Gasparot y PP-4 Xovaes, zona de terrenos que unen el barrio de la Ermita con la fábrica de Chocolates Valor).
A ellos se unen otros siete planes parciales o unidades de ejecución en proceso de que el gobierno local les aplique esa decisión. Y es que en la mayoría de ellos en los que ha pasado hasta una década desde que se adjudicaran, ni siquiera se ha movido una piedra ni se espera obra alguna.
Pero además de retirar la condición a más de un agente urbanizador, La Vila también cuenta con seis planes parciales “no programados” en la actualidad, según el mismo informe municipal. Así, el PP-20 Secanet, el PP-10 Calvari Plans, el PP-11, UE 2 La Tellerola 1, el PP-13 Almadraba, el PP-22 Secanet y el PP-37 Montesol están en esta situación; eso sí, en condiciones muy diferentes.
El de la Tellerola no está programado debido a una sentencia que anulaba el PAI presentado por el agente urbanizador Essir Ingest S.L. y que está recurrido, y para el PP-13 llegó una propuesta del urbanizador al pleno del enunciando a la tramitación del PAI. En el caso del PP-22 Secanet, de 110.479 metros cuadrados y adjudicado en 2005, donde se proyectaban 341 casas, una sentencia de julio de 2007 anuló la tramitación del plan parcial por falta de motivación en la elección de la mercantil adjudicataria.
El plan parcial denominado Montesol, adjudicado en diciembre de 2007, fue anulado por el TSJ en 2013 al no contar con la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la suficiencia de recursos hídricos. Además, el plan llevaba tiempo abandonado por la empresa.
Y entre toda esta maraña de procedimientos administrativos y planes parciales sin desarrollarse apenas, existen otros que se encuentran en situaciones llamativas. En el caso del PP-1 Cales i Atalaies, un proyecto con 1.046.920 metros cuadrados de terreno y con más de 4.400 viviendas proyectadas, está pendiente de ser sometido a información pública el proyecto de expropiación de los terrenos necesarios para la gestión del viario de conexión con la Nacional 332, según el mismo informe.
En el PP-17 UE 1 y 2 Bulevar 1 (2004) fue declarado desierto y archivado el concurso del proceso de licitación. En la U3 de la misma zona fue anulada su programación por una sentencia. Además, el PP-29 Paraís Sud, cuyo agente urbanizador era una AIU, quedó en noviembre de 2010 en manos del Ayuntamiento, es decir, se aprobó su gestión directa. Según el informe municipal, en estos momentos el Consistorio está redactando una alternativa técnica para poder gestionarlo.
Y de todos los demás planes parciales, hasta los 37 que se proyectaron, algunos están a la espera de trámites de los urbanizadores, como repartos de cuotas de urbanización, la recepción definitivamente las obras, la liquidación de cuentas o inscripciones de parcelas, entre otros. Con todo, y mientras todo esto llega, el gobierno local lleva prácticamente a todos los plenos en el último año alguna modificación del PGOU o de alguna unidad de ejecución para intentar que alguno de estos proyectos salga adelante.
Valgan como ejemplos que a la última de estas unidades se le ha dado más tiempo para presentar trámites, al no haber sido avisados los propietarios con tiempo. O la modificación del PGOU para que el PP-Xovaes 4 respete el Museo del Chocolate cuando se lleve a cabo su desarrollo urbanístico.
* Diario La Marina Plaza - Andrea Vicente - 28.4.14
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), plan parcial 23 - marinaplaza
Los españoles pagaremos el concurso de 'Marina d'Or': Sareb y CAM, sus acreedores
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No es la 1ª vez y, probablemente, tampoco será la última que este megacomplejo turístico viene a nuestro blog. El proyecto Marina d'Or cambió la fisonomía de la localidad castellonense de Oropesa del Mar (9.878 habitantes). El empresario Jesús Ger concibió en 1983 en la pequeña localidad costera una gran «ciudad de vacaciones». La realidad es que es un complejo urbanístico fuera de escala, desmesurado, insostenible y con graves implicaciones de corrupción en su realización y desarrollo. Ahora, lógicamente, la promotora ha entrado en concurso de acreedores. Esta empresa se encarga de la construcción y venta de apartamentos, pero es independiente de las que gestionan los hoteles, parques temáticos y balnearios del megacomplejo. Dados los principales acreedores de la promotora, Sareb y CAM, esta quiebra económica la terminaremos pagando los de siempre, mientras los auténticos responsables se van 'de rositas'.
"ELCONFIDENCIAL* : Los ciudadanos españoles somos los grandes perjudicados por el concurso de acreedores presentado por la filial promotora de Marina d'Or, puesto que sus principales acreedores son Sareb –participada al 45% por el FROB– y la CAM, cuya exposición inmobiliaria está cubierta por el EPA (esquema de protección de activos) concedido a su comprador, Banco Sabadell. Entre los dos acumulan 98 de los aproximadamente 100 millones de deuda de esta compañía. Los otros 2 corresponden a CaixaBank, mientras que Popular tiene otros 100 que segregó en 2012 en otras empresas que no ha entrado en concurso.
Según fuentes conocedoras de la situación, el banco malo acumula unos 82 millones de deuda de la compañía en concurso, Marina d'Or-Loger, cuyo nombre se ha cambiado por Comercializadora Mediterránea de Viviendas. El grueso procede de Bankia, unos 79 millones, y ha heredado otros 3 a partes iguales entre Banco de Valencia y la antigua Caixa Galicia. Por su parte, Sabadell tiene una exposición de 16 millones, la mayoría de los cuales proceden de la CAM y están cubiertos con EPA, aunque también hay una pequeña parte concedida por el propio banco catalán.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón ha declarado en concurso voluntario de acreedores a esta filial, encargada de comercializar los apartamentos en el complejo Marina d'Or, situado en la localidad castellonense de Oropesa del Mar. Según un auto de este juzgado con fecha 24 de abril de 2014, la empresa solicitó la declaración del concurso voluntario, que ha justificado en el estado de insolvencia y la imposibilidad de atender regularmente sus obligaciones.
Según las fuentes consultadas, han sido los acreedores los que han forzado esta declaración ante los meses acumulados de impago y la inviabilidad de llegar a un acuerdo con el propietario de Marina d'Or, Jesús Ger, por las "disparatadas pretensiones" de este. Las diferentes refinanciaciones del grupo desde 2008 habían reducido notablemente la deuda mediante la dación en pago de muchos apartamentos que posteriormente intentaron vender los bancos –el Sabadell ha sido particularmente activo con fuertes rebajas de precios, como hizo también con el residencial del 'Pocero' en Seseña–.
Pretensiones inasumibles por los acreedores
Estas refinanciaciones fijaban un calendario de pagos que Ger incumplía siempre por dos meses; es decir, siempre tenía dos recibos impagados, el límite para que no se le considerase moroso y no se le pudiera ejecutar. La situación empeoró hace siete meses, cuando dejó de abonar cualquier cuota, lo que provocó un último intento de los bancos por renegociar la deuda para evitar la suspensión de pagos. Sin embargo, el promotor de origen catalán se descolgó con unas condiciones inasumibles para los acreedores: quitas superiores al 50%, un notable alargamiento del plazo para el resto, unos tipos de interés propios de la burbuja, de Euribor más un punto, e incluso inyecciones adicionales de liquidez para acometer nuevos proyectos.
Ante esta situación, Ger ha optado por presentar el concurso voluntario antes de que lo hicieran los acreedores, porque en ese caso habría sido concurso doloso y habría tenido que asumir responsabilidades penales. Las fuentes consultadas aseguran que la única salida es la liquidación ordenada puesto que la empresa es inviable, pero que tiene el problema de que hay viviendas prevendidas a terceros que han pagado una señal y que están judicializadas. Por tanto, es preciso resolver ese problema antes de liquidar todos los activos.
Fin de un sueño megalómano
El grupo Marina d'Or insistió ayer en que el concurso afecta sólo a esta filial y deja fuera la empresa que gestiona los hoteles del complejo vacacional de Oropesa. Asimismo, aseguró que está al corriente de pago con los empleados y proveedores de la compañía concursada. Igualmente, afirmó que "el concurso de acreedores no es de liquidación, sino con una idea de continuidad de la empresa a la espera de que la actividad constructora se reactive".
En todo caso, implica el fin de uno de los sueños más megalómanos de la burbuja inmobiliaria, ya que en su cúspide Jesús Ger tenía el proyecto de salir a bolsa para realizar una ampliación de Marina d'Or de 18 millones de metros cuadrados con una inversión de 6.000 millones. Se trataba de un complejo de 40.000 viviendas, con cuatro hoteles que iban a reproducir los arrecifes del Caribe, los canales de Venecia, los Alpes (con una pista de esquí al aire libre de un kilómetro) y los jardines de Versalles, incluyendo el Arco de Triunfo y la Torre Eiffel. También iba a tener distintas zonas de ocio y comerciales que recreaban la torre de Pisa, un típico café americano, un poblado japonés o un volcán, así como un balneario y tres campos de golf.
* El Confidencial - Eduardo Segovia - 7.5.14
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), complejo Marina d'Or - elmundo
Madrid.- 250 años para el gran soborno municipal del 'caso Guateque'
ELMUNDO* : Sobornos a tutiplén, licencias falsificadas, informes robados, gente que corrompe y gente que se corrompe, dinero que corroe las estructuras del Estado, pero también las de varias empresas. Tras siete años, siete caminos de corrupción llegan a su final. La Fiscalía de Madrid ha formulado ya su escrito de acusación contra 34 personas, 19 de ellas funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, para que se les condene a prisión por el caso Guateque, el mayor escándalo de corrupción municipal de la última década, que estalló en noviembre de 2007. Entre los 34 acusados, peticiones de cárcel de más de 250 años, desde los 31 años para uno de los corruptores, hasta los 10 meses de un funcionario de una Junta de Distrito. El cohecho es común a todos, aderezado con prevaricaciones, tráficos de influencias o falsificaciones de documentos.
La Fiscalía distingue siete tramas de «tráfico ilícito de sobornos y favores», siempre con funcionarios municipales «que utilizaban sus cargos públicos para lucrarse».
El primer apartado que distingue la Fiscalía son las corruptelas de la empresa AB Sanz Escribano Ingenieros y Consultores S.L., a la que achacan el soborno directo. Los funcionarios incluso recomendaban a quien quería una licencia que contratara con Sanz: según la Fiscalía, sabían que se les pagaría el favor.
Un testigo protegido denunció que el acusado Antonio Sanz, administrador único de esa empresa, le pidió dinero para sobornar a Victoriano Ceballos, del Departamento de Evaluación Ambiental. Ceballos, al que piden 14 años de prisión, es uno de los funcionarios más corruptos del caso, siempre según el Ministerio Público.
La acusada Carmen Eulalia, de Gerencia de Urbanismo, emitió en otro caso un informe negativo sobre una sala de fiestas, y Sanz y Ceballos se repartieron un soborno para que el informe acabara siendo positivo.
Sara López, de la Junta de Distrito de San Blas, recomendó a un promotor contratar a Sanz Escribano, que a su vez pagó a López para que mediara a favor de esa licencia. Sara y Sanz también maniobraron para conseguir la apertura de una pizzería en la calle Julián Camarillo, explica la Fiscalía.
En la Junta de Chamberí, el técnico Juan Antonio Montesinos recomendó a un promotor que contratase a Sanz para los trámites de un restaurante en la calle Julián Romea, y luego pagó a Montesinos para que informara a su favor.
La segunda trama que distingue el Ministerio Público es la montada por el gestor Benjamín Valledor, que sobornó de nuevo a Victoriano Ceballos para conseguir la licencia a un restaurante de Hortaleza. El dinero agilizó el expediente. En el distrito de Fuencarral ocurrió lo mismo, aunque en esta ocasión Ceballos se repartió el soborno con su jefa, Ángeles León.
El tercer entramado lo protagoniza la empresa AC 93 Proyectos y Obras S.L., o lo que es lo mismo, la empresa de Santiago Castillo y Carmelo García, para los que se piden sendas condenas de 21 años de cárcel. Los siete casos que se consideran probados incluyen uno fallido, como la petición de 60.000 euros para sobornos al dueño de una tienda de animales, que no pagó y denunció los hechos.
También intentaron que la Clínica Ruber pagara por una licencia de obras. Intentaron sablearle 250.000 euros, a repartirse con el técnico de Gerencia de Urbanismo Fernando Ruiz Torrejón, aunque no se ha probado si se hizo el pago.
Sí se cree probada, en cambio, la relación de Seguros Ocaso con los corruptos, hasta el punto de que la Fiscalía pide siete años a cuatro altos directivos de esta empresa. Para conseguir legalizar obras y usos irregulares en las calles Princesa y Tutor, contrataron a AC 93, que les puso en contacto con el funcionario José Antonio Jodar, al que sobornaron para que robara expedientes negativos de su caso en Gerencia de Urbanismo. También se falsificaron licencias. La Fiscalía acusa al director general, al subdirector general, al director de la División Inmobiliaria y al coordinador de Servicios Generales e Inmuebles de Ocaso.
Pero la Fiscalía tiene más sobre AC 93. El dueño de un restaurante en el distrito Centro les contrató para conseguir la licencia, y ellos sobornaron a dos técnicos de Disciplina Urbanística para que no hicieran inspecciones, y a otros dos del área de licencias de la Junta de Centro.
En las calles Piamonte y Lavapiés, al ser descubiertos con obras ilegales, compraron a Jodar para que robara los expedientes negativos.
Agustino Proyectos
La cuarta red vista por la Fiscalía de Madrid, y la mayor, es la que lideraba Eduardo Agustino, al que pide 31 años y tres meses de cárcel por sus trampas con la empresa Agustino Proyectos e Instalaciones S.L.
El Ministerio Público le achaca 17 casos de corrupción: dos bares cuyos dueños se negaron a pagar sobornos, en las calles Hilera y Ave María; un proyecto para una sauna que jamás se realizó, pero se pagó el soborno a un funcionario del Distrito de Salamanca; otro soborno al mismo funcionario para un bar de la calle Montesa; igualmente para una zapatería de Conde de Peñalver; pagos a dos funcionarios de la Junta de Chamartín por rechazar arbitrariamente las alegaciones vecinales contra un bar de Alberto Alcocer; un soborno en Chamartín por la licencia de una cafetería en Concha Espina y otro local en Costa Rica; siete sobornos más en Chamartín, Carabanchel y la Inspección de Medio Ambiente para agilizar expedientes; pagos a Fernando Ruiz Torrejón, de Gerencia de Urbanismo, para que mediara ante una compañera a favor de su proyecto en el colegio Escolapios; y finalmente el proyecto, se cree que fallido, de montar un restaurante en Centro por parte de los propios responsables de Agustino Proyectos S.L., con pagos al ya famoso Victoriano Ceballos y al jefe del Departamento de Evaluación Ambiental, Joaquín Fernández de Castro.
En Evaluación Ambiental es donde la Fiscalía ve la quinta trama definida, con los trapicheos de los mencionados Fernández de Castro (le piden 11 años) y Carmen Eulalia (nueve y medio) a la cabeza. El Ministerio Público relata nueve casos muy parecidos: un proyecto que necesitaba por ley un informe ambiental se tramitaba sin él. Carmen Eulalia, de Gerencia de Urbanismo, firmaba que no era necesario contra la opinión de los técnicos. Fernández de Castro refrendaba. Hay casos de clínicas dentales, bares, farmacias, ludotecas infantiles, guarderías y tiendas de alimentación. No está probado que recibieran dinero, pero se consideran prevaricación.
La sexta trama son los negocios particulares de Victoriano Ceballos, que consistían en dejarse contratar por un promotor para proyectos que acababan en su despacho o en su área de influencia.
La Fiscalía resume seis casos, casi siempre en connivencia con una arquitecta: proyectos en un bar de copas, un restaurante o un centro de día, por ejemplo. Ella contrataba a Ceballos, y actuaban a veces en connivencia con Fernández de Castro.
El último de los senderos corruptos incluye tres sobornos, dos de ellos protagonizados de nuevo por Ceballos. El último, con víctima televisiva: Aída Nízar, que vivía al lado de un bar al que denunció por ruido. Uno de los corruptos hizo el paripé de ir a su casa para medir decibelios, e informar de que el bar había tomado medidas contra el ruido (era falso). Después le vieron recoger un sobre en el local.
El ladrillo de trasfondo
"La corrupción urbanística es la financiación ilegal de los partidos políticos". Así de directo y claro se expresaba y se expresa Santiago Torres, ex juez que durante el tiempo que estuvo en la magistratura se dedicó a levantar las alfombras del poder: Jesús Gill y Saqueo de Marbella y un largo etcétera que acaba con Guateque (trama de concepción de licencias Ayuntamiento de Madrid). Las presiones, soledad y hastío hicieron que Torres decidiera el pasado mes de julio dejar la judicatura y colocarse la toga de abogado en "Claim Abogados". Hoy, su investigación en la operación Guateque, ha sido refrendada. Hablar de Justicia, con mayúsculas, es hablar de Santiago Torres. / ANTONIO RUBIO
* El Mundo - QUICO ALSEDO | PABLO HERRAIZ - 28.4.14
Foto: Madrid, mapa trama Guateque (archivo) - elpais.com
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Exalcalde de Las Rozas declara como imputado por la Ciudad del Fútbol
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Por fin parece que llega la hora de la justicia en esta interminable trama del municipio madrileño de Las Rozas, famoso por su corrupción urbanística continua. El tema viene desde hace 16 años, nada menos, cuando el gobierno 'popular' aprobó la cesión de 115.000m2 a la Federación española en la llamada Ciudad del Fútbol. Tras múltiples sentencias contrarias, el exalcalde Bonifacio de Santiago (PP) se sienta en el banquillo acusado de prevaricación y utilización indebida de fondos públicos. Esperemos que la justicia sea más rápida y eficaz en este momento para terminar con este vergonzoso cambalache de terrenos municipales que han favorecido los intereses oscuros de la federación del capo del fútbol, A.Villar.
"EFE* : El diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de la localidad madrileña de Las Rozas Bonifacio de Santiago está citado como imputado por supuesta prevaricación al no ejecutar una sentencia para que la Real Federación Española de Fútbol devolviera al Ayuntamiento terrenos de la Ciudad del Fútbol. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por las reiteradas decisiones que se adoptaron en las juntas locales para no ejecutar una resolución de este mismo tribunal de 2007 sobre la devolución de los citados terrenos.
La resolución del TSJM confirmaba una sentencia que obligaba a la Real Federación Española de Fútbol a devolver al Ayuntamiento de Las Rozas el espacio de casi 115.000 metros cuadrados que ocupa la actual sede de la Ciudad del Fútbol.
La magistrada instructora del caso, Susana Polo, ha citado mañana a declarar a Bonifacio de Santiago en calidad de imputado, junto con los concejales de Innovación, Francisco Javier Espadas, y de Deportes, Antonio Garde.
Para el 8 de mayo están citados también como imputados el concejal de Hacienda, José Luis Álvarez de Francisco, y tres exediles del equipo de gobierno municipal, Isabel Grañeda Muñoz, Gema Matamoros Martínez y Juan Ramón Ruiz Fernández.
El TSJM ha adoptado estos acuerdos después de que el Juzgado número 1 de Majadahonda se inhibiera en favor de este tribunal al ser Bonifacio de Santiago miembro de la Asamblea de Madrid.
El citado Juzgado de Majadahonda había admitido en noviembre del año pasado a trámite la querella de la Fiscalía contra Bonifacio de Santiago y el resto de su equipo en dos juntas locales.
Estas juntas autorizaron por unanimidad conceder a la Real Federación Española de Fútbol una autorización provisional para emplear la finca conocida como la Ciudad del Fútbol, de titularidad municipal, después de que varias sentencias dictadas a partir de 2004 anulasen el acuerdo de cesión de los terrenos a la RFEF.
El TSJM había ordenado en julio del año pasado al Ayuntamiento la ejecución de una sentencia de 2007 que confirmó la ilegalidad de la cesión de suelo público efectuada en 1998 a la RFEF.
A raíz del fallo de 2007 que hacía firme una sentencia anterior de 2004, en junio de 2008 el Ayuntamiento otorgó una concesión administrativa a la RFEF, que según expuso en julio el TSJM "pretende burlar lo ordenado en sentencia firme".
Antes, en 2004, el Tribunal Supremo había anulado definitivamente la donación de la parcela y ordenado la devolución de la titularidad del suelo al Ayuntamiento.
La cesión del suelo fue aprobada por el Ejecutivo del entonces alcalde Bonifacio de Santiago en un pleno municipal celebrado en 1998, con los votos en contra del PSOE e IU.
Ambos partidos denunciaron entonces que la operación era contraria a la ley porque los terrenos estaban calificados en el Plan de Urbanismo como bienes de dominio público, lo cual impedía su donación a una entidad privada como es la RFEF, cuya actividad no está orientada al uso y servicio de los vecinos.
* La Vanguardia - EFE - 6.5.14
Foto: Las Rozas (Madrid), ciudad del fútbol - diariogol
El plan urbanístico de Cabanas enfrenta a Concello y vecinos
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El urbanismo impuesto a la fuerza a los ciudadanos, sin darles vías de participación efectiva, es siempre nefasto y falto de sensibilidad social, como se ha visto tradicionalmente en la mayoría de municipios de este país (y de otros, claro). Afortunadamente, la presión y protesta vecinal está haciendo que las cosas cambien, aunque todavía haya desde ciertos sectores fuertes resistencias económico-empresariales. Es lo que ocurre en el municipio coruñés de Cabanas, donde el alcalde 'popular' ofrece más de lo mismo ante las reivindicaciones vecinales, por muy justas y racionales que sean éstas.
*LAVOZDEGALICIA* : La reordenación de viales, el aumento del suelo urbanizable, o la previsión de ampliación del polígono Vilar do Colo son algunos de los aspectos que recoge el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cabanas (PXOM) que ha enfrentado a vecinos y Concello. El lunes termina el plazo para presentar las alegaciones y en los últimos días se han producido colas de vecinos en el concello para registrar sus críticas.
Una de las zonas más polémicas del plan es el área frente al pinar y la playa da Madalena. «En nuestro caso -explican desde la urbanización Os Castaños- el impacto principal afecta a los bloques ubicados en la parte superior de la avenida de la playa. Disponen de un vial privado que ahora lo convierten en público, atraviesa una zona que ahora está de solar para conectar con las viviendas de la urbanización Atalaya, y va a cruzar la vía del tren para conectar con la zona donde se va a aumentar el parque de viviendas», explican. Provocará, señalan, que tenga que salvar un desnivel de 6 metros, obligará a hacer desmontes y terraplenes y creará un bucle para los coches. Esta situación se repite en otras urbanizaciones de la zona que también se ven afectadas por las nuevas calles y critican que quedarán fuera de ordenación.
Los vecinos también critican que se vaya a ampliar más de cien mil metros cuadrados el suelo urbanizable entre la vía del tren y la carretera nacional, donde también habrá zona comercial. «La reordenación desembocaría en una nueva Costa Miño, con el esqueleto ruinoso de Fadesa-Martinsa como muestra de las necesidades de viviendas en la zona que alega plan», critican otros afectados.
Por su parte, desde el Concello destacan que el PXOM servirá para planificar el urbanismo a largo plazo. «Son as posibilidades de crecemento a longo prazo e non un proxecto constructivo», explican. Con respecto a la nueva zona de viviendas y comercial, aclaran: «Resulta falsa a acusación de querer construir un centro comercial, dentro das previsións de construcción resérvase unha parte para locais de uso comercial», y señalan el «gran beneficio para o municipio» que supondrá la previsión de construcción de viviendas sociales, «algo do que actualmente se carece». «O proceso de aprobación foi en todo momento transparente e claro», aseguran, y recalcan: «Todos estes convenios puideron ser revisados por quen así o desexase nas dependencias do Concello Vello, onde se expuxeron xunto co resto da documentación relativa».
Desde Anova aseguran, tras reunirse con el alcalde y el equipo redactor, que «impulsa auténticos pelotazos urbanísticos no litoral e deixa fóra de ordenación a maioría das vivendas tradicionais dos núcleos rurais.
* La Voz de Galicia - Carla Elías - 25.4.14
Foto: Cabanas (Coruña), vista - eltiempo
Barcelona.- Nueve detenidos por malversar 6 millones con sobreprecio en las obras del AVE
El despilfarro delictivo del AVE en España vuelve a primera plana con más escándalos de corrupción. Los sucesivos ministros de Fomento desde la época de Aznar han insistido en una carrera sin sentido de los fondos públicos de esta infraestructura de transporte, lo cual ha llevado a uno de los grandes fraudes económicos por los que ha pasado este país en los últimos años, siendo protagonista de la crisis/estafa que se padece. En todo este largo proceso ha habido empresas de construcción amigas que han sacado tajada y también múltiples comisiones a políticos aun sin aclarar. La entidad pública empresarial ADIF, dependiente de Fomento, ha sido la encargada de llevar a cabo las obras y su gestión. Ahora han aparecido en ella nuevos casos de corrupción, en la línea del AVE de Barcelona, con sobreprecios y malversación de caudales públicos en una operación judicial que todavía no está cerrada.
"EXPANSIÓN* : La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en una operación contra funcionarios de Adif y directivos de una contratista que supuestamente alteraron las mediciones en las obras del AVE entre Madrid y Barcelona para generar un sobreprecio y obtener ilícitamente unos 6 millones de euros. Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, en la operación, que se mantiene abierta desde primera hora de la mañana de forma simultánea en Barcelona y Madrid, se ha detenido a nueve personas y se han practicado once registros.
En la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, se investiga si directivos de la empresa contratista Corsan se concertaron con cualificados funcionarios públicos de Adif que se encargaban de las obras, así como con técnicos externos, para beneficiar económicamente a la sociedad en perjuicio de los fondos públicos gestionados por el gestor de infraestructuras Adif.
Un responsable de obras de Adif y el director de la línea de alta velocidad en la zona noreste son dos de los nueve detenidos hoy por la Guardia Civil. Entre los detenidos en la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, figuran un responsable de obras de Adif, Jaime G.G., que fue el responsable de las obras bajo sospecha, y el director de línea de alta velocidad de la zona noroeste, Rafael R., según las fuentes consultadas por Efe. Además, entre los arrestados también figura el delegado de la empresa adjudicataria Corsán en Barcelona, Marino V., según ha adelantado El País en su edición digital y han confirmado a Efe fuentes cercanas al caso.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los detenidos alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos realizados en las obras, falsearon posteriormente las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.
Con este mecanismo, la Anticorrupción estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista de unos 6 millones de euros. La Fiscalía también investiga si la propia adjudicación de la obra a la contratista -que se incardina en el proyecto del tramo del AVE entre Madrid y Barcelona-, pudo presentar irregularidades.
Los funcionarios de Adif implicados podrían haber recibido contraprestaciones económicas por su conducta ilícita, ordenadas por un directivo de la contratista, según la sospecha de la Fiscalía. Por este motivo, los detenidos están acusados, entre otros, de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental.
En la operación se han practicado en total once registros domiciliarios, de los que seis corresponden a diversas sedes sociales de la contratista Corsan en Barcelona y Madrid, de la consultora técnica externa que asiste a la dirección de obra y de la empresa pública Adif, en Barcelona y Madrid. Además, también se han registrado cinco domicilios particulares, de los principales implicados.
En la sede de Adif en la Sagrera, un vetusto edificio situado frente a las obras de lo que será la nueva gran estación del AVE en Barcelona, la Guardia Civil ha irrumpido a primera hora de la mañana, en búsqueda de documentos y expedientes sobre las obras bajo sospecha, con la previsión de permanecer en el local al menos hasta media tarde.
La mayoría de los trabajadores que se encontraban en el edificio de Adif en la Sagrera han sido invitados a marchar por los agentes del instituto armado, si bien algunos se han quedado, ya que podían colaborar en la investigación mostrando documentos y facilitando el acceso a ordenadores, según fuentes del caso consultadas por Efe.
En los registros, los agentes buscan los documentos en los que supuestamente se prepararon los artificios para falsear las mediciones técnicas y disimular después el falseamiento, según la fiscalía.
Los agentes también están tratando de localizar los documentos oficiales en los que se plasman estos proyectos, que tendrían que haber elaborado los funcionarios de Adif imputados, ante la sospecha de que no se incorporaron al expediente administrativo de las obras, que ya se halla en fase de liquidación final. Además, los agentes buscan documentos que puedan revelar posibles dádivas económicas en favor de funcionarios de Adif, diferentes de las que ya obran en la causa hasta el momento.
La investigación, que está bajo el secreto del sumario por orden del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, parte de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona el pasado mes de enero, tras ocho meses de indagaciones.
En marzo de 2008, Corsan Corviam, ahora integrada en Isolux Corsan, se adjudicó las obras del AVE en el tramo entre la futura estación de La Sagrera y el Nudo de la Trinidad por un importe de casi 68 millones. Isolux Corsán ha manifestado hoy "En el marco del secreto de sumario dictado por el juzgado que instruye el caso, Isolux Corsán no va a realizar ningún comentario más allá de dejar constancia de su total colaboración con la Justicia", inició el grupo constructor en un comunicado.
Adif colabora desde hace un año
Adif asegura que viene colaborando desde hace casi un año, desde junio de 2013, con la investigación judicial sobre las supuestas irregularidades en las obras del AVE. Así lo indica el ente público promotor y gestor de las infraestructuras ferroviarias, que detalló que estas presuntas irregularidades se habrían producido en un contrato adjudicado a comienzos de 2008 y concluido en noviembre de 2011.
En concreto, Adif detalló que "por la documentación solicitada", la causa "parece estar relacionada" con la actuación presuntamente incorrecta de empleados de Adif, "en connivencia con alguna empresa constructora", en relación con unas obras de plataforma de la línea de Alta Velocidad (AVE) a Barcelona que, según la empresa pública, fueron adjudicadas en febrero de 2008 y finalizadas en noviembre de 2011.
En un comunicado, el ente ferroviario público ha confirmado que a primera hora de la mañana de este lunes, la policía judicial se ha personado en sus oficinas de Madrid y Barcelona "para proceder al registro de las dependencias, en una actuación que se encuentra actualmente bajo secreto de sumario".
Adif reveló que, no obstante, "ya viene colaborando desde junio del pasado año con la investigación judicial abierta por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en torno a las supuestas irregularidades", ya que es "la primera interesada en su esclarecimiento".
* Expansión - Agencias - 5.5.14
Foto: línea AVE - ferropedia
Madrid.- Los Kikos quieren construir un cementerio en terreno municipal
La iglesia 'neocatecumenal' (los Kikos), planea la construcción de un cementerio en un terreno municipal del barrio de Carabanchel en Madrid. Otro tema disparatado y absurdo que confirma el caos y la especulación urbanística existente en la capital, pero detrás del cual se encuentran fuerzas poderosas como la propia iglesia católica, con su retrógrado arzobispo Rouco a la cabeza. Parece que aquí los vecinos han actuado con prontitud al enterarse del caso y han organizado protestas para exigir un uso social del terreno, dada las carencias que tiene el barrio. Habrá que esperar a la resolución de gobierno municipal de la 'popular' A.Botella, pero dados los precedentes especulativos del ayuntamiento es difícil que haya una actuación razonable y legal.
"TERCERA* : En 1998 Rouco Varela inauguró la iglesia de Santa Catalina Laboure en el madrileño barrio de Carabanchel. La iglesia Neocatecumenal, más conocida como los Kikos, por adquirir el nombre de su fundador, Kiko Arguello, expande así su influencia en Madrid. También está presente como grupo en Nuestra Sra de Covadonga, en la Pza de Manuel Becerra en Madrid. La iglesia ha vallado un terreno, contiguo a la misma, en previsión de construir un cementerio y un párking. Aunque los vecinos se enteraron de los planes de la iglesia de los Kikos gracias a unos folletos que se buzonearon con la información y que adjuntamos con el artículo. En seguida los vecinos se movilizaron porque esos terrenos son de propiedad municipal y estaba previsto un uso social para el mismo.
En la concentración de protesta ante el inminente comienzo de las obras una vecina nos comentaba que hace diez años el Ayuntamiento anunció un donativo de Miguel Indurain para la construcción de un Polideportivo en ese terreno. Así mismo el vocal de IU en el distrito de Carabanchel, Jorge Ruiz, informó que las obras se comenzarían de forma ilegal puesto que la cesión del terreno que hizo el exalcalde Álvarez del Manzano fue para uso de culto, lo que imposibilita cualquier forma de explotación comercial. En realidad eso explica que en su publicidad diga que en realidad se va a construir una “cripta en homenaje a la resurrección” eufemismo para hablar de nichos para alquilar o vender donde enterrar difuntos. Tampoco parece que esté en regla la propia licencia de construcción. En el mismo sentido se ha pronunciado el Concejal del PSOE de Carabanchel, Gabriel Calle. Los vecinos opinan que ya hay siete cementerios en el barrio y que hay carencias de otro tipo (no hay hospital de referencia, excasean los polideportivos, las bibliotecas, los centros de día o residencias municipales).
La primera piedra está prevista que la coloque el propio Rouco Varela el próximo 4 de mayo y la voluntad de los vecinos es que no llegué a suceder. Para ello están previstas varias concentraciones y moviliciaciones. La primera el martes 29 de abril a las 20:00 en la puerta de la iglesia, calle Aroyo de Opañel nº 29. Para más información se puede consultar la página que han creado en facebook.
Sobre la legitimidad del culto de los Kikos los vecinos y vecinas del barrio no han hecho ningún comentario, a pesar de los rumores que tildan de secta a este grupo aceptado por Juan Pablo II dentro de la Iglesia católica. El Camino Neocatecumenal surgió en el 66 en Madrid, y es una de las congregaciones surgidas al albor del franquismo, como los Legionarios de Cristo, del 45, congregación de la que forma parte la alcaldesa no electa, Ana Botella.
Los y las vecinas esperan que estas fuertes uniones entre la iglesia y el gobierno no enturbien lo que debería ser una gestión laica, no sólo aconfesional, de la gestión municipal que debería mirar fundamentalmente y por encima de todo las necesidades de los y las vecinas.
* Tercera información - Luisa Capel - 29.4.14
Foto: Protesta vecinal contra el proyecto - tercera
Absueltos de delito urbanístico cuatro policías locales de Córdoba
Este es un tema que, normalmente, no publicamos en este blog, pero que dada la gravedad del mismo, ejemplifica cómo está actuando de mal la justicia en este país cuando se trata de delitos urbanísticos. Se trata de una ilegalidad evidente cometida por unos policías locales en Córdoba al construirse una vivienda en terreno no autorizado y que, para más inri, pertenecían al servicio municipal de Medio Ambiente, es decir, los encargados de vigilar el cumplimiento de la normativa en la Ordenación del Territorio. La absolución por parte del Tribunal es infumable y delictiva, más aún cuando la propia sentencia reconoce el 'descontrol' que existía en la Comisaría Local a la hora de tramitar estos expedientes urbanísticos. O sea que parece que el 'descontrol' policial sea un atenuante para esta justicia cómplice con la irregularidad en el urbanismo. Terrible!!
"ELPAÍS* : Los cuatro policías locales de Córdoba acusados de falsedad cometida por funcionario en el ejercicio de sus funciones por su vinculación a una construcción ilegal en una urbanización irregular han sido absueltos. La sentencia entiende que la manipulación que se realizó del expediente por parte de los agentes en la tramitación de la denuncia “fue inocua” y destaca el caos con el que se funcionaba dentro de la comisaría. La fiscalía solicitaba para cada uno de los cuatro presuntos implicados tres años y nueve meses de prisión, una multa de 5.400 euros e inhabilitación durante cuatro años.
Los cuatro policías locales estaban adscritos al servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que controla el cumplimiento de la normativa urbanística. Dos de ellos, que son pareja, se habrían levantado un chalet en la parcelación irregular de Torreblanca. A los otros dos agentes del mismo cuerpo se les acusaba de haber hecho la vista gorda y no haber iniciado expediente alguno de infracción.
El acta de inspección no se cumplimentó hasta que el matrimonio de agentes que había acometido la construcción ilegal recibió la llamada de un periodista advirtiéndole de que iba a contar la historia en la prensa y señalándole la irregularidad que suponía que la infracción estuviese bloqueada.
La mujer del matrimonio de agentes reconoció que, asustada por la llamada del periodista, fue a la comisaría de la Policía Local para acelerar el cumplimiento del expediente y enviarlo a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Para ello, señala, usó una plantilla ya existente que se usa para facilitar el trabajo, pero dijo que no manipuló un documento anterior. Ella misma afirma que corrigió algunos datos del documento.
En su sentencia, que avanzó ayer Europa Prees, el tribunal atestigua el “descontrol” que existía en la Policía Local a la hora tramitar estos expedientes, pero señala que “no es solo atribuible a los que físicamente llevaban el registro o fichero informático, sino a sus superiores y a las instancias administrativas de quienes dependía el Servicio de Disciplina Urbanística”. Los jueces no consideran el registro informático como un documento oficial y, por tanto, las “alteraciones” que se realizaron de estos ficheros no supondrían una falsedad a efectos penales.
* El País - MANUEL J. ALBERT - 30.4.14
Foto: Los cuatro policías acusados por un delito urbanístico, durante una sesión del juicio. / JUAN MANUEL VACAS
Alicante le dio un contrato de 265 millones a Ortiz porque le debía 15
El Ayuntamiento de Alicante lleva años sumido en la especulación urbanística pura y dura. Tras el alcalde 'popular' Alperi, llegó su discípula S.Castedo, que ha sido siempre complaciente con uno de los capos inmobiliarios más denostado, el empresario Ortiz. Numerosos asuntos urbanísticos están pendientes de que la Justicia actúe y sentencie, si es que lo va a hacer algún día. El servicio de basuras de la ciudad es otro más de estos contratos irregulares realizados, ya hace años, por el Ayuntamiento del PP a favor del empresario mafioso. Ahora una jueza está investigando este caso, pero como siempre, parece que con poca convicción y urgencia urbana ante las presiones políticas existentes.
"ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Alicante mantenía una deuda de 15 millones con el empresario Enrique Ortiz correspondiente a un descubierto en el servicio de basuras que el promotor viene prestando desde el año 2000. Una deuda así permitió a la UTE que lideraba el constructor hacerse con la concesión por ocho años más a cambio de 265 millones. Todo un negocio. Si alguien aparte de Ortiz hubiera querido hacerse con el servicio hubiera debido pagar 15 millones a la UTE y 13 al Ayuntamiento. Vistos los números, la llamada “contrata del siglo”, solo tenía cierto sentido para el promotor.
Este miércoles, ante la juez que investiga estos hechos, denunciados por los socialistas al considerar que no se respetó la correspondiente concurrencia pública de la licitación del servicio de recogida de basuras municipales, declaró Sebastián Chicote, jefe de Ingeniería del Ayuntamiento. Sus declaraciones, muy matizadas y con recurrentes metáforas, dejaron la impresión de que el pliego de condiciones que el mismo redactó venía cocinado desde las dependencias municipales.
El pliego en cuestión debía contemplar la deuda con Ortiz y las inversiones realizadas por su empresa. Cualquier competidor debía afrontar ese gasto si quería tener opción a quedarse con la concesión. Chicote aseguró ante la juez que no era de su competencia valorar el tipo de contrato que debía realizarse o qué concurrencia pública correspondía, sino redactar un pliego de prescripciones técnicas de un documento que ya venía marcado de tal manera que condicionaba el tipo de contrato administrativo. Dicho en román paladino: los requisitos introducidos por los políticos evitaban la concurrencia pública de empresas de la Unión Europea.
El veterano técnico usó una metáfora en la que insinuó que lo que ocurriera más allá de la esencia del contrato no le competía y comparó el pliego de condiciones con un huevo frito, siendo la yema la esencia y la clara la forma del contrato. “Si la clara se desborda del plato no es competencia mía”, señaló sin más detalles.
Las declaraciones de Chicote hacen pensar que el único adjudicatario posible podía ser Ortiz. “Hacer un contrato a seis años hubiera sido un sinsentido, porque es imposible que alguien recupere así su inversión y difícilmente aplicable en ocho años”, explicó Chicote refiriéndose a la cantidad que debe amortizar la empresa. “Cuesta más liquidar un contrato que sacar uno nuevo” dijo ayer el jefe de ingeniería.
Para poder realizar un contrato de servicios como el firmado, además, debe existir un riesgo por parte de la empresa, hecho que intentaron demostrar los servicios jurídicos municipales y los de la UTE. En este apartado, esencial para la defensa del tipo de contrato redactado, resultó Chicote un tanto contradictorio. En varias ocasiones contestó que a la empresa se le exigían riesgos. Pero cuando fue preguntado sobre un caso concreto como quién pagaría un incremento del servicio en un barrio alicantino contestó que, según el pliego, “le corresponde al contratista”. “Otra cosa es que el contratista proteste y entremos en un tiro y afloja”. Es decir, los riesgos constan en el papel, pero no la forma de exigirles que los cumplan.
La juez que instruye el caso denunciado por el PSPV intenta dilucidar si el tipo de contrato que se hizo a la UTE Alicante (Unión Temporal de Empresas) fue el correcto o, como dice el concejal socialista que presentó el recurso, Gabriel Moreno, “un traje a medida para Ortiz”. La contrata más cara jamás firmada por el Ayuntamiento alicantino da a la UTE Alicante, la única que concurrió a la adjudicación, la posibilidad de desempeñar un servicio por el que se llevará 435 millones de euros hasta 2026.
La UE, vigilante ante los hechos
“Es un contrato ruinoso para el interés público, solo sirve para tejer redes clientelares”, dijo este miércoles Miguel Ángel Pavón, de Esquerra Unida. Su formación lleva también tiempo encima de UTE Alicante. A la pregunta del eurodiputado Willy Meyer sobre el posible incumplimiento de la directiva europea al no haberse publicitado en boletines oficiales europeos, la Comisión Europea contestó el pasado julio que “los hechos planteados merecen una mayor atención”, proponiéndose la creación de una investigación.
La oposición siempre le extrañó que ninguna empresa europea acudiera a una ciudad, de casi 340.000 habitantes, que siempre ha hecho caso a la consideración del Tribunal de Cuentas, según la cual los servicios municipales en núcleos de más de 90.000 personas son más rentables municipalizados. Cuando se presentó el pliego de contratación por parte de Atención Urbana se habló del interés de “muchas empresas”, pero al final solo se presentó la de Enrique Ortiz, que ya limpia los cementerios, los colegios, las dependencias públicas, etc.
La única concurrencia se explicó porque quien optara a la contrata debía pagar 150.000 euros en documentación, más 28 millones: 15 a Ortiz, 13 al Ayuntamiento. El edil socialista Gabriel Moreno sigue preguntándose “¿cómo podemos deber 15 millones a UTE Alicante? ¡Si les hemos pagado 50 en sobrecostes en los últimos dos años!”, exclamó.
La contrata de oro
El presupuesto base de la licitación fue de 265 millones de euros (sin IVA) durante 8 años prorrogables a 12 por un valor total de 435 millones.
El adjudicatario y único concurrente: UTE Alicante, conformada por dos empresas de Enrique Ortiz (Cívica e Inusa), FCC y Cespa (Ferrovial).
Al ser licitado como un contrato de gestión se evitó la publicitación del contrato en la UE.
150.000 euros costaba solo preparar la documentación para concurrir al concurso.
* El País - RUBEN ESQUITINO - 23.4.14
Foto: El promotor Enrique Ortiz, accede a los juzgados de Alicante, en una imagen de archivo. / JOAQUÍN DE HARO
Andalucía.- Los destrozos en el patrimonio al aire libre crecen por la falta de vigilancia
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El Patrimonio histórico-artístico de este país es uno de los 2 más relevantes del planeta, según se puede ver en la lista elaborada por la Unesco; pero que tradicionalmente ha sido mal conservado es un hecho conocido por todos desde al menos el siglo XIX. La burbuja inmobiliaria y la especulación urbanística de los últimos años ha terminado por dar la puntilla a todo un símbolo de la verdadera 'Marca España'. El Patrimonio que está situado al aire libre, principalmente el arqueológico, está sufriendo esta desgracia cultural en primera línea. Un ejemplo de este mal lo tenemos en Andalucía, donde literalmente está siendo destrozado por hordas de salvajes sin que las autoridades competentes, delictivamente, hagan nada para evitarlo a pesar de haber sido advertidas en numerosas ocasiones.
"ELPAÍS* : Los graves destrozos aparecidos la última semana en las pinturas rupestres de la Cueva de los Escolares, en Santa Elena (Jaén), junto al conjunto de arte esquemático y levantino declarado en 1998 por la Unesco 'Patrimonio Mundial', ha reabierto el debate sobre la fragilidad y desprotección que sufre este legado con miles de años de antigüedad. Andalucía, con más de 3.000 yacimientos arqueológicos catalogados, es uno de los lugares donde más proliferan los actos vandálicos, muchas veces alentados por un mercado negro que mueve millones de euros. La dispersión y difícil localización de este patrimonio, unido a la falta vigilancia, es el caldo de cultivo de las infracciones, que se han disparado en los últimos años.
La situación más precaria se da en los conjuntos patrimoniales que están al aire libre, como es el caso de las pinturas rupestres. El conjunto artístico reconocido por la Unesco data aproximadamente entre el 8.000 y 3.500 antes de Cristo y está formado por más de 700 sitios, de los que cerca de 50 se hallan en la provincia jiennense. A ellos hay que añadir más de 300 abrigos en la fachada atlántica de Cádiz. “La desprotección que sufre este patrimonio es un problema muy grave, Andalucía es una zona única en el mundo en arte rupestre”, apunta José Luis Sanchidrián, catedrático de Prehistoria.
Los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de plantear las soluciones para evitar los expolios. “En estos casos solo cabe el cerramiento de los yacimientos, pero a mí no me gusta porque indicamos al expoliador dónde está el bien. O hacer una alianza entre Cultura y Medio Ambiente para que la guardería medioambiental también se implique en la vigilancia de estos bienes”, señala Bartolomé Ruiz, director del conjunto de los Dólmenes de Antequera. Este yacimiento, que también aspira a su declaración como Patrimonio Mundial, es citado por los expertos como ejemplo de una buena preservación del patrimonio al aire libre.
José Luis Sanchidrián, quien fue conservador de las Cuevas de Nerja, también recela del vallado como solución más eficaz: “¿Quién le pone puertas al campo?”, se pregunta. Sin embargo, algunos grupos políticos, como es el caso del Partido Andalucista, han abogado por el vallado de estas pinturas y piden, incluso, la instalación de cámaras de seguridad en sus entornos. Cultura defiende su labor preventiva en los conjuntos cuya gestión tiene encomendada y cita como ejemplo los vallados en la Villa Romana de Bruñel (Quesada), en el yacimiento arqueológico de Puente Tablas (Jaén) o en el altozano Deán Pérez de Vargas (Andújar).
Con todo, tras los daños en las pinturas de Despeñaperros, todas las miradas se han dirigido hacia la Junta de Andalucía, como Administración tutelante de los bienes de carácter histórico. Sin embargo, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte defiende su labor en materia de protección y conservación preventiva del patrimonio arqueológico conforme a lo previsto en la Ley 14/ 2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía. El último año, la Junta abrió 170 expedientes sancionadores en la región por infracciones al patrimonio que está en lugares abiertos.
A pesar de no existir protocolos específicos de colaboración, la Junta valora la asistencia en esta materia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto Guardia Civil como policía autonómica e, incluso, la de los agentes de Medio Ambiente. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realiza cada año más de 500 actuaciones por expolios arqueológicos en el país, con Andalucía a la cabeza.
Desde el Seprona se advierte de que uno de los principales obstáculos para frenar los delitos contra el patrimonio es que no crean alarma social. “La sociedad avisa cuando hay vertidos a ríos o maltrato a animales pero raramente llaman para contar que se está produciendo un delito contra el patrimonio, no ha conciencia sobre ello”, indicó un portavoz del Seprona.
Con todo, los expertos alertan de la desprotección de estos bienes. “La solución pasa por reforzar la vigilancia, en especial cuando los bienes están dentro de un espacio natural protegido”, subraya Benito Navarrete, historiador de Arte. En su opinión, ya en 1986 se alertaba del abandono de las pinturas rupestres de la provincia de Cádiz y, ahora, la situación sigue siendo muy parecida. Pone como ejemplo los abrigos de las Cuevas de los Muñecos, en Despeñaperros, pinturas de estilo levantino con más de 6.000 años de vida que “están sistemáticamente saqueadas”. En los últimos tiempos están aumentando también los expedientes contra personas que utilizan detectores de metales en los yacimientos arqueológicos sin contar con autorización alguna para esa práctica.
Desde Cultura se llama la atención de que el 24% de los expedientes tramitados en los dos últimos años en Andalucía para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico pertenece a bienes del patrimonio arqueológico. Con relación al arte rupestre inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, la Junta de Andalucía está trabajando para la redacción del Plan de Gestión de los citados bienes, tal y como demanda la Unesco, conjuntamente con el resto de las comunidades autónomas implicadas en el expediente del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo.
La fiscalía, contra la “desidia” administrativa
La Fiscalía General del Estado se hace eco en su memoria de 2013 del reducido número de procedimientos que se tramitan por la vía penal en materia de patrimonio histórico. “En ocasiones, el problema reside en la inactividad de la Administración que está obligada a proteger tales bienes y no lo hace”, se apunta en la memoria, que alude a las quejas presentadas en este sentido desde las fiscalías de Huelva y Sevilla. Estas atribuyen parte del problema a la limitada remisión de denuncias o expedientes administrativos por parte de la Delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.
Las excavaciones ilegales son otras de las principales amenazas de las zonas arqueológicas. “Pero se suscitan problemas a la hora de imputar habida cuenta de la desidia de la Administración al no hacerse generalmente un inventario en la carta arqueológica o ante la falta de señalización de los yacimientos”, se indica en la memoria de la fiscalía.
Por el contrario, las actuaciones para castigar las pintadas con grafitis sobre bienes de valor histórico sí que ha aumentado en los últimos tiempos. No obstante, el ministerio público cree que este incremento se debe a las campañas para la erradicación de esas pintadas puestas en marcha desde diversas fiscalías, entre ellas la de Granada.
La Fiscalía de Cádiz valora una condena por el uso de aerosol de pintura sobre diversos monumentos de la ciudad. Mientras que la de Huelva pide que este tipo de conductas se consideren delictivas. “No constituye una solución proporcionada, justa y eficaz incardinar el tema en la falta de deslucimiento de inmuebles del artículo 626 del Código Penal”, subraya la fiscalía onubense.
Las leyes penales tan solo establecen multas de 10 a 20 días a los que causen daños en el patrimonio cuyo importe no exceda de 400 euros. Las penas pueden ir de uno a tres años de prisión cuando los daños se producen en bienes de valor histórico artístico o en yacimientos arqueológicos.
El fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ya se mostró partidario de endurecer las penas por delito de patrimonio. “Es la única manera de asegurar una protección suficiente del llamado patrimonio oculto, tan frecuente entre los bienes arqueológicos, incluida la arqueología subacuática, o de omitir actuaciones poco diligentes de las distintas administraciones culturales”, indicó García Calderón, quien abogó también por incluir como nuevas tipologías penales las excavaciones ilegales.
* El País - GINÉS DONAIRE - 28.4.14
Foto: Mosaico romano en Cástulo, descubierto en 2012. / JOSÉ MANUEL PEDROSA
