En 2006 el Tribunal de Justicia de Castilla y León anuló el proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués (Ávila), al ser un terrero protegido como Zona de Especial Protección para las Aves, que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama. En el proyecto estaban implicados, además de la empresa y el Ayuntamiento, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y la Diputación de Ávila, todos del PP. La ilegal urbanización tuvo bastante repercusión en los medios por la imputación de altos dirigentes políticos autonómicos. La acusación fue llevada, una vez más, por asociaciones ciudadanas, hartas de la impunidad delictiva de las distintas administraciones. Ahora hay que esperar que la justicia sea justa y sepa condenar el amiguismo y la corrupción urbanística existente en las filas 'populares' de Castilla y León.
"ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* : Seis años después del inicio de las diligencias por el caso de la “Ciudad del Golf” de Las Navas del Marqués (Ávila), el Juzgado de lo Penal nº2 de Valladolid inicia este lunes el juicio oral contra cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para los que la Fiscalía y la acusación particular de Centaurea y Ecologistas en Acción piden 8 años de inhabilitación por el delito de prevaricación ambiental. La duración prevista del juicio es de cinco días.
Los técnicos imputados son el actual Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz, su antecesor en el cargo y hasta fechas recientes Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre Antón, el actual Jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Molina García, el entonces Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este último Servicio, Sabas Yagüe Bosch.
El auto de imputación de enero de 2012, tras resumir el cúmulo de informes falsos realizados por los procesados para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental positiva de la Consejera de Medio Ambiente, señalaba que “la actuación de los imputados bien de forma concertada o bien por sometimiento a los dictados del superior de todos ellos, de forma deliberada y con conocimiento de lo que hacía, sustituyeron el informe que debieron dar con respeto a la normativa medio ambiental aplicable que conocían, variando incluso en algún caso, la correcta interpretación sostenida inicialmente, y acordaron informar favorablemente -aunque con medidas correctoras- el informe que se les había solicitado a fin de hacer factible la construcción pretendida”.
Centaurea y Ecologistas en Acción aprovechan el inicio del juicio para denunciar que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ampare los comportamientos presuntamente delictivos de sus subordinados y máximos responsables de la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, haciéndose cómplice de sus actuaciones contra la naturaleza, de cuya conservación siguen siendo los responsables. Los ecologistas consideran penoso el mensaje que se envía a la sociedad, confirmando la muy extendida impresión de que la generalidad de los políticos profesionales de esta región y país son unos corruptos y se protegen entre ellos.
También lamentan que la Consejera de Medio Ambiente en aquel momento, la hoy senadora María Jesús Ruiz, siga aferrada a su cargo y su sueldo público y no se siente en el banquillo de los acusados.
El caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués es un ejemplo notorio de la confusión entre intereses públicos y privados que ha caracterizado la acción pública de María Jesús Ruiz y de la Junta de Castilla y León, promoviendo y/o alentando operaciones inmobiliarias especulativas en espacios naturales protegidos. El protagonismo de la ex-Consejera es indudable en otros escándalos similares como la “Ciudad del Medio Ambiente” de Soria o la estación de esquí de San Glorio (Palencia y León), al igual que la “Ciudad del Golf” con sentencias judiciales contrarias, incluida la recientemente dictada por el Tribunal Constitucional.
En el caso de Las Navas del Marqués, hay que recordar que se investiga la aprobación de la urbanización de 215 hectáreas de terrenos integrantes del Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves “Pinares del Bajo Alberche” y los ámbitos de los Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León, afectando a un Área Crítica para la conservación de esta última especie, que fue modificada para acomodar el proyecto e incluir sus 1.600 viviendas, zona hotelera y dos campos de golf.
* Ecologistas en Acción - 28.2.14
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad del Golf - aviladigital.com
Comienza el juicio oral por la Ciudad del Golf de Ávila
Condenan al alcalde de Tolox en otras cuatro causas por prevaricación urbanística
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El Juzgado de lo Penal nº8 de Málaga ha condenado al alcalde de la localidad malagueña de Tolox, J.Vera (Convergencia Andaluza), a 15 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público en una causa por prevaricación urbanística por autorizar una licencia para 772 viviendas. Según fuentes judiciales, hay otras tres sentencias condenatorias dictadas en el mismo sentido y por el mismo delito, aunque por distintos permisos de obra. Como se ve en este pequeño municipio eran prácticamente ilegales todas las construcciones que se realizaban, un auténtico récord de corrupción urbanística en el país.
"ELDIARIO* : De estas resoluciones, según las fuentes, en dos se condena a Vera, al arquitecto municipal y a un letrado contratado para hacer informes jurídicos; mientras que en otras dos, se condena a los dos primeros, pero se absuelve a la que era secretaria municipal. Estas sentencias se suman a la dictada el pasado mes de febrero, en la que el regidor fue condenado también a 15 meses de prisión y 10 de inhabilitación por autorizar 24 viviendas en suelo no urbanizable.
Según se declara probado en una de las sentencias dictadas ahora, el alcalde, el arquitecto municipal y el letrado externo se pusieron de acuerdo "con unidad de acción y propósito" para proceder al crecimiento urbanístico del municipio "sin respetar las normas vigentes y aplicables". Para ello, entre otros trámites, se elaboró un expediente de licencia para la construcción de 772 apartamentos en varias parcelas consideradas no urbanizables.
El alcalde concedió la licencia "a pesar de constarle que la misma no se ajustaba a la realidad vigente", dice la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press. Previamente, el arquitecto municipal había informado de forma favorable a la ejecución de las obras sabiendo "que no se ajustaban a la legalidad", al igual que el tercer acusado, que había sido "contratado expresamente por Juan Vera para la emisión de informes jurídicos en determinados expedientes".
El juzgador recuerda, como ya hizo en la anterior sentencia, que se trata de un municipio con no más de 3.000 habitantes "donde existen aproximadamente unas 800 viviendas construidas", considerando "notorio y evidente que estamos ante un exceso de licencias concedidas", que podrían suponer casi triplicar la población. Se muestra en esta causa la "orgía urbanística que cegó a muchos y uno de los causantes de la crisis en nuestros días".
Por esto, entiende el juez que "no sólo estamos ante una conducta ilícitamente reprochable, sino que los acusados llevaron a cabo una multitud de autorizaciones que dieron lugar a que incluso el órgano controlador y disciplinario de la legalidad urbanística --Junta de Andalucía-- pusiera los hechos en conocimiento del ministerio fiscal al entender que el volumen de licencias era tal que excedía de ese crecimiento exagerado propio del momento".
La licencia se considera ilegal. En relación con el alcalde, el juez indica que no puede alegarse ignorancia y que "no estamos ante un simple error de apreciación, sino que se concedió una licencia para la construcción de 772 viviendas", lo que a cualquier ciudadano medio, "sea o no alcalde de un municipio de no más de 3.000 habitantes, le puede cuanto menos sorprender que pueda llegar a concederse".
Tampoco se admite el argumento de los informes favorables. Al respecto, se apunta a una acción "conjunta" y se incide en que fueron 772 viviendas, "concesión que por muchos informes favorables que el acusado tuviera debía denegar", considerando que Vera actuó "con conocimiento de que la construcción era del todo imposible tanto por los suministros existentes en el municipio como por la modificación que ello provocaría en el desarrollo urbanístico de la localidad".
En lo que respecta al arquitecto municipal, condenado a multa de 2.160 euros e inhabilitación para empleo público por siete años, reconoció los hechos por los que le acusa el ministerio fiscal y sólo contestó a una pregunta, admitiendo que elaboró el informe técnico a sabiendas de su ilegalidad. Pero, se indica que "no estamos ante una responsabilidad en cadena, esto es, que como el técnico informó favorablemente ya todos los demás tienen la obligación de informar".
Sobre el asesor jurídico, condenado a multa de 4.500 euros e inhabilitación por siete años, se apunta que se le contrató "para acelerar el informe jurídico necesario" para la resolución, entendiendo que es un "auténtico informe a la carta". También se señala en la sentencia que aceptó el encargo y "obvió groseramente los mínimos legales de deontología profesional que debería respetar todo aquel que ostenta un cargo en la administración".
De los siete juicios celebrados en este Juzgado de lo Penal, quedan pendientes dos sentencias, de las que se ha pedido aclaración; y aún faltan por celebrarse otros siete juicios. Asimismo, falta por dictarse resolución en otro juzgado por un procedimiento sobre la concesión de varios permisos para construir y segregar una parcela particular. Cabe recordar que la Audiencia de Málaga revocó una sentencia condenatoria por un delito urbanístico y lo absolvió.
* El Diario - EP - 26.2.14
Foto: Tolox (Málaga) - J.Rojas, ELPAIS.com
El TSJCV abre juicio contra Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y diputado del PP
El conflictivo urbanismo de Alicante ha estado desde hace 20 años bajo la batuta de este personaje, símbolo significativo de la corrupción en el país. Primero como alcalde hasta 2008 en que pasó a ser diputado autonómico 'popular', y hasta el día de hoy a través de su discípula aventajada S.Castedo. Ambos tienen varias imputaciones judiciales por manejos ilegales en el urbanismo alicantino, contando con empresarios amiguetes como E.Ortiz, uno de los beneficiados en esta trama mafiosa. Alperi fue exculpado en 2009 por una justicia injusta, sin asumir responsabilidades políticas, y en 2011 acusado también en el caso de corrupción Brugal. Es decir, una carrera impresionante de irregularidades urbanísticas varias, mientras los ciudadanos seguían dándole mayorías electorales, incomprensiblemente.
"ELDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha abierto juicio oral por tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio al actual diputado autonómico del PP y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, y a tres empresarios.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en el auto el juez establece una fianza por posibles responsabilidades derivadas de los dos delitos imputados de 2,3 millones para Díaz Alperi, otros 1,5 millones para el empresario Antonio Moreno y 900.000 euros para el también empresario Antonio Solana.
Para el tercer empresario, Javier Palacio López, el fiscal sólo le imputa un delito de cohecho y no solicita el establecimiento de fianza alguna.
La investigación se abrió tras una denuncia presentada en marzo pasado por el ministerio público ante la Sala de Lo Civil y Penal del TSJCV.
La Fiscalía cree que Díaz Alperi pudo, presuntamente, defraudar a la Hacienda Pública por 682.681 euros durante los años 2007, 2008 y 2010 a través de sociedades en las que participaba.
Díaz Alperi está también imputado en la rama del caso Brugal que investiga supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, al apreciar el juez indicios de supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
Tras culminar las actuaciones por el presunto delito fiscal, el juez dio traslado de lo actuado, en un auto del 13 de diciembre de 2013, al ministerio Fiscal y a la acusación personada (Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria) para que solicitasen la apertura del juicio oral, el sobreseimiento que pudiera proceder o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
En el auto de apertura del juicio oral, el magistrado consideraba que los hechos imputados a Díaz Alperi podrían ser constitutivos de tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio.
En esa resolución, el tribunal recoge el contenido de los escritos de acusación presentados tanto por el ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado y determina que es la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV el órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa.
La Fiscalía considera en su acusación que Díaz Alperi pudo, presuntamente, defraudar a la Hacienda Pública por 682.681 euros durante los años 2007, 2008 y 2010.
La denuncia detalla que la mayor parte de la cantidad supuestamente defraudada (405.351 euros) se refiere a 2007, cuando el dirigente popular tuvo unos ingresos reales de 1.004.878 euros y únicamente declaró unas retribuciones de 113.250,89 euros por sus cargos públicos.
De 2008, se considera que defraudó por 144.862 euros por incremento patrimonial no declarado en torno a la adquisición de una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora, bautizada con el nombre de "Akra Uno", para lo que habría usado la sociedad instrumental "Andarx Business SL".
Del tercer y último ejercicio analizado, 2010, la Fiscalía considera que la cantidad que Díaz Alperi debió pagar a la Agencia Tributaria asciende a 132.468 euros, también en relación al catamarán, aunque por cambios en la propiedad del mismo junto a uno de los otros imputados.
La Abogacía del Estado solicitó también la apertura del juicio oral contra el exalcalde y dos de los empresarios, Antonio Moreno y Antonio Solana por tres delitos contra la hacienda pública.
* El Diario - EFE - 1.2.14
Foto: Alicante, alcaldes Castedo y Alperi - elpais
La movilización popular impulsa la lucha contra la corrupción
Aunque parezca mentira esta noticia es de hace exactamente un año... reír por no llorar. Es terrible que haya pasado todo este tiempo y la situación de la corrupción en este país sea igual o peor que entonces. El caso Bárcenas y la ilegal financiación del PP, con comisiones de empresas de la construcción y altos cargos políticos, continúa en el mismo punto, es decir, en el de salida, porque prácticamente no se ha avanzado nada o, mejor dicho, no se ha querido que avanzara. Bárcenas ha reculado sospechosamente, callando, y la justicia, presionada, no ha realizado correctamente su trabajo de perseguir los graves delitos que imputaban a dirigentes del partido 'popular'. La movilización ciudadana ha seguido manifestándose en la calle, pero sin que los poderes del Estado, partidistamente, les hayan hecho el mínimo caso. Algo lamentable que demuestra en qué sitio tan oscuro nos encontramos.
"DANIEL RIPA* : Recortes sociales y casos de corrupción se suceden ante una ciudadanía, envenenada de paciencia, cuyas movilizaciones no parecen alterar la ‘hoja de ruta’ de una mayoría absoluta. Aunque las Mareas del 23F demostraron que la oposición al Gobierno seguía bien viva, urge encontrar resquicios que arrinconen a Rajoy. Eso buscan dos acusaciones populares que, entre el 21 y el 28 de febrero, se han querellado contra Luis Bárcenas.
La primera de ellas viene desde el barcelonés Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y cuenta con el apoyo de CC OO, UGT y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. La segunda, presentada por Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados y Federación Los Verdes, acusa de hasta 12 delitos al extesorero y a los exministros Acebes, Rato y Trillo, así como a ocho directivos de empresas de construcción que aparecen en los papeles de Bárcenas como presuntos donantes del PP a cambio de posibles concesiones de obra pública.
“¿Cómo es posible que tras dos meses de noticias sobre el caso Bárcenas la Fiscalía no haya actuado?”, se pregunta Antonio Segura, miembro de la Asociación Libre de Abogados “¿Cómo es posible que tras dos meses de noticias sobre el caso Bárcenas la Fiscalía no haya actuado?”, se pregunta Antonio Segura, miembro de la Asociación Libre de Abogados y uno de los impulsores de esta querella. Lo explica: la Fiscalía depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia y de Rajoy. “¿De qué ha hablado Gallardón en la reunión que ha tenido este 4 de marzo con el fiscal general Torres-Duce en el Ministerio de Justicia?”, cuestiona irónicamente. Nada nuevo: la estrategia de la Fiscalía en estos casos es “decir que están investigando pero esperar hasta que los delitos prescriban o se archiven”. Esta opinión la comparte Jaume Asens, abogado de DESC en esta querella y de la acusación del caso Palau-Millet. Asens no quería “que pasara lo mismo” que en casos como los de Dívar (archivado) o Garzón y el Banco Santander (prescrito), aunque se lamenta de que la Fiscalía haya dinamitado parte de la investigación: “No ha llevado a cabo ningún registro de domicilios o de ordenadores de Bárcenas y esa información estará ahora destruida”.
La dejadez de la Fiscalía y la necesidad de evitar la prescripción de los delitos (diez años, en el mejor de los casos) explica la celeridad con la que se ha presentado la demanda. Era “urgentísimo parar el reloj y que dejara de correr el tiempo”, explica Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. En caso de que el juez admita a trámite la querella, algo que diversas fuentes dan por seguro, se ‘salvarían’ los delitos aparecidos en los papeles de Bárcenas de 2003 y 2004, cuando el PP estaba en el Gobierno.
¿La corrupción está relacionada con los recortes? Rotundamente sí, responden los entrevistados. Asens señala que “los 17 mayores casos de corrupción han causado una pérdida de ingresos de más de 7.000 millones de euros”. ¿La corrupción está relacionada con los recortes? Rotundamente sí, responden los entrevistados. Asens señala que “los 17 mayores casos de corrupción han causado una pérdida de ingresos de más de 7.000 millones de euros”. Más allá va el ecologista Paco Segura, para quien “estamos en el país que más fondos dedica a grandes obras en porcentaje del PIB, con récords en kilómetros de autovías y líneas de AVE o aeropuertos deficitarios, en contraste con los escasos fondos para atención social”.
Sin embargo, a pesar de la creciente deuda pública (el grupo Fomento, formado por el Ministerio de Fomento, Aena y Adif, acumula 40.000 millones, más que los recortes en 2012 y 2013), “seguíamos invirtiendo en infraestructuras, pero los papeles de Bárcenas demuestran que la justificación no era económica”. Los pagos que aparecen en esos documentos han puesto en el punto de mira a alguna de esas obras faraónicas: el Metro Ligero Oeste de Madrid, construido por OHL (presidido por Villar Mir), costó 585 millones de euros y cuenta con un peaje en la sombra por el que la Comunidad de Madrid paga cinco euros por pasajero. Ninguna de las inversiones en el AVE cumple la recomendación de la UE de que exista una demanda mínima de nueve millones de pasajeros. Paco Segura recuerda, además, que el Gobierno de Zapatero aumentó la inversión en el Plan de infraestructuras (15.000 millones/año), por lo que “no nos extrañaría encontrar algo similar en ese partido”.
En cualquier caso esta querella “se dirige contra el eje de poder en este país”, señala el abogado Antonio Segura. Los papeles de Bárcenas parecen sugerir que “existía una organización criminal dentro del PP”, que recibía pagos que adulterarían elecciones y concesiones públicas. De hecho, alerta que de la propia investigación “podrían surgir nombres nuevos”. No es extraño que la primera amenaza les llegara unas horas después de presentar la querella: el PP anunciaba llevar a juicio a los demandantes. Por ello iniciaron la campaña “Queréllate tú”, que ha recabado más de 16.000 apoyos en apenas 24 horas. Y es que los entrevistados aclaran que “sin presión popular y mediática, una acusación popular no puede hacer nada”.
Aunque “Bárcenas tendrá todos los medios del Estado para retrasar el procedimiento”, es optimista porque la sociedad empuja: “Queremos desenmascarar a la justicia y que se posicione ante la corrupción”. Antonio Segura recuerda que “en Italia hubo jueces valientes que persiguieron a la mafia incrustada en los partidos. Aquí, tras dos décadas hemos llegado al mismo lugar, los pagos parecen sistemáticos y es sólo la punta del iceberg”. La mañana del lunes, el juez Gómez Bermúdez ha anunciado la admisión a trámite de la querella contra Bárcenas: entre el 25 y 27 de marzo tendrán que declarar Bárcenas y el resto de imputados por el juez. No obstante, puede haber un conflicto de competencias con el también magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, quien la pasada semana incluyó el caso Bárcenas en su investigación sobre la trama Gürtel.
Sobrevivir a los Austrias y los Borbones
La acusación popular nació con el derecho romano, sobrevivió a los Austrias y a los Borbones y se incluyó en la Constitución. Para Jaume Asens, es necesaria cuando la Fiscalía tiene desgana en actuar (GAL, corrupción, etc.) y cuando “se ejecuta al margen del poder público, incluso ante su oposición”. Mientras la derecha la ha utilizado Manos Limpias, en la izquierda no ha sido tan habitual. Permite presentar y requerir pruebas y datos fiscales, perseguir un crimen, pedir medidas cautelares y conseguir una condena, aunque el fiscal se oponga.
Se requiere poseer una entidad jurídica, denunciar los hechos y personarse en el procedimiento, abonando una fianza que oscila entre mil y 3.000 euros, a los que se sumarían gastos judiciales y de administración. Por su carácter de “democratización de la justicia”, inquieta al poder. Por ello, Gallardón ya ha movido ficha: en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los partidos y sindicatos no podrán ser acusación popular y se prevén trabas para que el fiscal “sea el único que pueda acusar”.
* Diagonal - Daniel Ripa - 5.3.13
Foto: Bárcenas, peineta - tiempodehoy
El Supremo para un proyecto de 1.247 viviendas en Villanueva de la Cañada
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De nuevo ha sido la acción ciudadana la que no ha permitido que se hiciera una gran urbanización ilegal en los alrededores de Madrid. La Comunidad del PP lleva dando el visto bueno a su ejecución desde el año 2003-2004 en que aprobó esta enorme urbanización en Villanueva de la Cañada, que se iba a realizar sobre terrenos protegidos de gran valor medioambiental. Ilegalmente se permitía urbanizar sin el preceptivo informe de evaluación ambiental, hasta que una asociación vecinal llevó el caso ante la justicia que, tras casi 10 años (diez) ha resuelto finalmente su paralización definitiva. Lo que haría falta también es la imputación de los culpables de las distintas administraciones en estos casos evidentes de urbanismo ilegal y salvaje.
"ELPAÍS* : La Comunidad de Madrid publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial el fallo del Tribunal Supremo de julio de 2012 que paró la urbanización de 103 hectáreas en el Sector 3 (El Castillo) de Villanueva de la Cañada, gobernado por el PP. El desarrollo urbanístico fue denunciado por la asociación Iniciativa Ciudadana Sostenible debido a que el 70% del suelo afectado cuenta con protección o es de interés ambiental. Un total de 207.947 metros cuadrados está clasificado como suelo no urbanizable de protección y 519.016 como suelo no urbanizable.
La decisión judicial anula dos acuerdos del Gobierno regional, uno de febrero de 2003, por el que se aprobaba la modificación del plan general de Villanueva de la Cañada, que permitía el desarrollo urbanístico, así como el que dio el visto bueno al plan parcial de noviembre de 2004. El Tribunal Supremo señala que no existe ni motivación ni justificación para convertir el suelo del Sector 3 en urbanizable y que no se ha llevado a cabo la correspondiente evaluación ambiental.
“El Gobierno regional acata así la sentencia del Supremo que data de julio de 2012, la hace fehaciente”, explica Miguel Ángel Hernández, presidente de Iniciativa Ciudadana Sostenible de Villanueva de la Cañada. “Y se para también un nuevo intento de hace un año en el que el Ayuntamiento pretendía comenzar de nuevo la tramitación de la actuación urbanística”, añade. Fuentes del Consistorio han declinado realizar ninguna declaración al respecto.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada lleva años intentando sacar adelante este proyecto. En 1998, la Comunidad de Madrid aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, aunque denegó la urbanización del Sector 3. El ámbito no se podía clasificar como urbano porque estaba incluido en un régimen de protección preventivo para el curso medio del Río Guadarrama y su entorno.
Cuatro años después, el Ayuntamiento solicitó la revisión de esta decisión, porque vulneraba su autonomía local y las deficiencias eran subsanables. Con la nueva documentación sobre la mesa, la Comunidad desbloqueó el ámbito y lo aprobó en 2003. Pero el proyecto municipal tropezó con la asociación Iniciativa Ciudadana Sostenible de Villanueva de la Cañada, que denunció al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el atropello que, a su juicio, se iba a cometer con el medio ambiente. El TSJM se pronunció en 2009 dando la razón a la asociación vecinal. “Los jueces sentenciaron que el plan carecía de eficacia porque no había sido publicado”, comenta Hernández. Una explicación insuficiente según la asociación debido a que no recogía sus denuncias sobre la ocupación de suelo protegido. Decidieron recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
Los jueces admitieron dos de sus principales argumentos. La sentencia sostiene que no se tuvo en cuenta la existencia de montes preservados, que contaban con protección. Y aunque el proyecto incluía este terreno como sistemas generales (que son no urbanizables), no se elaboró una justificación de las razones de interés general por las que se debía construir allí una urbanización. El tribunal considera “indudable” que podían producirse afecciones en su preservación debido a su proximidad a los usos residenciales previstos. Sobre todo en el monte preservado C, que quedaría rodeado de edificaciones.
La sentencia también recuerda que la actuación se presenta como “prácticamente irreversible” y que puede afectar a otros recursos naturales. La zona colinda con el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama y es Lugar de Interés Comunitario (LIC) incluido en la Red Natura 2000. El tribunal añade que la urbanización que se proyecta se encuentra “disgregada del núcleo urbano”, lo que supone una vuelta al urbanismo disperso.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 26.2.14
Foto: Imagen de uno de los montes preservados a los que afectaría la urbanización - elpais
El juez amplía la imputación del alcalde de Castellón por Gürtel
El escándalo sigue con la trama de corrupción Gürtel, en este caso en la Comunidad Valenciana y en concreto en la ciudad de Castellón. Si ya el pasado año fue imputado su alcalde 'popular', A.Bataller, ahora vuelve a serlo de nuevo por las contrataciones ilegales llevadas a cabo hace 6 años, cuando era consejero de Sanidad. En su declaración ante el juez ha señalado a dos exconsejeros del expresidente de la Generalitat Francisco Camps como responsables de contratar con la trama Gürtel. Como se ve, aquí estaban casi todos implicados y solo hace falta que la justicia sea capaz de tirar de la manta para que el castillo de naipes 'popular' se venga abajo y los culpables sean sentenciados de una vez.
"ELPAÍS* : El juez José Ceres, instructor del caso Gürtel en Valencia, ha ampliado la imputación del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, por las contrataciones con la empresa de la red que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. Bataller, que fue imputado el pasado año y declaró en junio por el contrato para la celebración del Acto Premios Salud y Sociedad 2007 cuando era subsecretario de la Consejería de Sanidad, ha sido citado de nuevo. En esta ocasión, el juez le ha llamado para ampliar su declaración como imputado en relación con la facturación de un vídeo elaborado por Orange Market para la ampliación del hospital Clínico de Valencia.
La cita del regidor será este miércoles 26 de febrero.
La ampliación de esta imputación llega después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara al magistrado y este dictara nuevas diligencias. Entre ellas, la declaración de una funcionaria que apuntó directamente al alcalde castellonense y aseguró que los contratos para la celebración de los premios de 2007 se llegaron a firmar antes de que la consejería tuviera todas las ofertas. En esta declaración, la testigo habría apuntado además a nuevas irregularidades con la facturación del vídeo promocional que costó 47.172 euros.
La de Bataller no es la única nueva imputación efectuada por el juez José Ceres. A raíz de las pesquisas que mantuvo en secreto durante meses, el magistrado ha estrechado el cerco respecto a la adjudicación de la empresa de Medio Ambiente de la Generalitat Vaersa a Orange Market de un contrato que tenía como objeto la grabación de un vídeo para una campaña de concienciación sobre el uso del contenedor amarillo, por cerca de 140.000 euros. El magistrado ha citado como imputada a Patricia Callagham, jefa de Sección ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Entre los nuevos documentos incluidos en el sumario, figuran abundantes correos entre Callagham y empleados de la trama que versan sobre los detalles de dicha contratación, así como de las gestiones de Orange Market por cobrar. La investigación de Ceres también reveló que la trama elaboró directamente acuerdos jurídicos entre Vaersa y Orange Market relativos a la mencionada campaña de medioambiente, sustituyendo así en sus funciones a los servicios jurídicos de la Generalitat. Callagham ya había declarado como testigo.
El magistrado cita igualmente a Santo Juan, que fue responsable de prensa de Vaersa y ya está imputado en la causa, ha vuelto a ser citado a declarar el mismo 5 de marzo.
La nueva declaración de Bataller en calidad de imputado complica su futuro político en el Ayuntamiento. Recientemente se postuló como candidato a la alcaldía al mostrarse convencido de que sus problemas con la justicia se resolverían en breve. Poco después, manifestó que dejaba su cargo a lo que decidiera el partido.
Tras conocer la nueva citación, el regidor ha manifestado a través de un comunicado que tiene “la conciencia muy tranquila” porque “siempre” ha actuado “con transparencia y honestidad”. “Estoy tranquilo y con la conciencia de que he actuado bien y deseo aclarar ante el juez cualquier cuestión que quiera preguntarme. Voy a seguir colaborando con la Justicia como ya lo hice en mi comparecencia del pasado mes de junio”, ha indicado.
* El País - LORENA ORTEGA / IGNACIO ZAFRA - 24.2.14
Foto: El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, en el centro, acude a declarar al Tribunal Superior valenciano. / TANIA CASTRO (EL PAÍS)
Los jueces, impotentes ante la escasa ejecución de las sentencias urbanísticas
La noticia es equívoca, hay que decirlo claramente. Los jueces no pueden venir ahora quejándose de que no les hacen caso, cuando han sido ellos mismos los que han permitido que se llegara a esta lamentable situación en casos de delitos urbanísticos. La justicia ha sido lenta, lentísima, cuando no cómplice necesaria en la enorme corrupción urbanística que ha habido en los últimos años (décadas) en este país. El Urbanismo y la Ordenación Territorial han sido considerados por esta casta judicial como algo accesorio o sin importancia, y han permitido por acción tardía u omisión que estos delitos pasaran de largo o prescribieran, que viene a ser lo mismo. Multitud de políticos, empresarios y financieros se han lucrado ilícitamente con esta actividad, debido a la pasividad judicial, bien para beneficio personal como de sus partidos. Respecto a las sentencias urbanísticas que no se cumplen, habría qué decir que la justicia tiene la llave para hacerlo y que si no lo hace es por pura presión política o financiera, lamentablemente."ELNORTEDECASTILLA* : Se ponen muchas sentencias, todas hay que cumplirlas, pero solo un ínfimo porcentaje se ejecutan de manera voluntaria cuando se habla de licencias, edificios y suelo. Los expertos juristas que protagonizaron ayer las ponencias de la jornada técnica amparada por la Consejería de Fomento y organizada por la ‘Revista de Derecho Urbanístico’ reconocieron que el urbanismo es «la zona gris» de la jurisdicción contenciosa administrativa en España en lo que a ejecuciones de sentencia se refiere.
El magistrado Ramón Sastre, afirmó con rotundidad que una licencia que ha sido anulada por sentencia firme «conlleva la demolición del edificio y, si se trata de planes urbanísticos, supone su anulación inmediata». Ponente de numerosísimas sentencias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León en Valladolid, reconoció que la principal ‘zona gris’ con la que se encuentra la jurisdicción contenciosa administrativa es, precisamente, la ejecución de las sentencias. Puntualizó también que si se anula una licencia y la sentencia firme obliga a la demolición, cualquier persona, aunque no haya sido parte directa en el recurso, puede instar al derribo, y hay un plazo para hacerlo de hasta 15 años, transcurridos dos meses desde que la sentencia firme ha sido comunicada. Además de la demolición, subrayó, la ley contempla multas coercitivas, e incluso la responsabilidad penal por desobediencia.
Ante un público especializado de más de sesenta técnicos y responsables de urbanismo de administraciones públicas de Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid José Manuel Díaz, aseguró que las dos últimas sentencias del Tribunal Constitucional que anulan las leyes singulares de la Junta de Castilla y León sobre el centro de tratamiento de residuos de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, y la Ciudad del Medio Ambiente, en Soria, dan un vuelco a la jurisprudencia mantenida por el Tribunal Constitucional durante 30 años, a partir de la expropiación de Rumasa, que no la declaró inconstitucional. Ahora, afirmó el catedrático, tanto el Estado como las comunidades autónomas se lo van a tener que pensar cuando promulguen leyes singulares porque vulneran el derecho a la tutela judicial, es decir, impiden, a través de declaraciones como la de «interés regional», el derecho a recurrir. El experto incidió en que España no puede permitirse este tipo de legislación extrordinaria porque «es más propia de los tiempos de Franco, y Europa nos puede poner la cara colorada».
Precisamente, respecto de la Ciudad del Medio Ambiente, el director de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta, Ángel Marinero, avanzó que el decreto consecuencia de la sentencia que declara inconstitucional la ley regional será aprobado antes de que acabe el año. Esta tramitación ordinaria busca «adecuar un proyecto del año 2000 a la realidad de hoy y permita la creación de empleos especializados para aprovechar el potencial medioambiental y las tecnologías en la zona».
«Demasiados recursos persiguen eludir el fallo judicial»
No tuvo problema alguno, la magistrada, en respuestá a una urbanista y política gallega asistente a la jornada, en asumir la parte de culpa correspondiente de los tribunales de Justicia en la situación, pero Martínez Olalla insiste en que « la falta de lealtad institucional» es una de las causas por las que las sentencias urbanísticas no se ejecutan de forma voluntaria y ello contribuye a que se dilatan los procedimientos durante años.
Muchas veces, insistió, «los recursos le sirven a la administración para ganar tiempo, a sabiendas de que no van a prosperar, con el fin de eludir el cumplimiento de la sentencia» y se mostró firmemente partidaria de favorecer la ejecución provisional de las mismas «con el fin de evitar que se haga irreversible la situación de ilegalidad», por ejemplo en casos de planes urbanísticos, o edificaciones.
Para la presidenta de la sala vallisoletana de lo contencioso, los intereses económicos «no pueden primar sobre la legalidad, porque esto sería una selva», e insistió en que la ejecución de las sentencias en capital para el Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva.
* El Norte de Castilla - Ciclo de la Justicia - 20.2.14
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Anticorrupción pide de nuevo cárcel para Pacheco por su gestión en Jerez
El que fuera alcalde Jerez entre 1979-2004 en las filas andalucistas, P.Pacheco, fue condenado el pasado año por prevaricación a más de 4 años de cárcel, y ahora, nuevamente, vuelve a estar imputado por fraude en la venta de la antigua estación de autobuses de la ciudad. La fiscalía pide 7 años, pero ya veremos en qué queda la supuesta condena, dada la laxitud judicial. Aparte de su figura prepotente y sus tropelías urbanísticas en la alcaldía jerezana durante tantos años, quizás el problema que le ha llevado a las sucesivas condenas judiciales haya sido el no pertenecer a los dos grandes partidos nacionales, con lo que sus agarraderas políticas han sido menores que en casos semejantes.
"ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción acusa al exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al exgerente de la empresa municipal de suelo Miguel Ballesteros, a dos empresarios y a tres testaferros de un supuesto fraude en la enajenación de la antigua estación de autobuses de Jerez. El fiscal pide hasta siete años de cárcel y seis de inhabilitación para el histórico líder andalucista por vender más de 4.000 metros cuadrados de terreno a un empresario afín y su socio sin concurso público y con “total desprecio de las normas administrativas y legales de contratación pública en perjuicio del interés general”.
Pacheco fue condenado el año pasado a cuatro años de cárcel por enchufar a compañeros del partido en el Ayuntamiento. Entonces la fiscalía pidió seis años de prisión.
Para los siete acusados, el fiscal solicita una indemnización conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Jerez de 1.695.000 euros, cantidad que el Consistorio dejó de percibir por la operación.
Según la acusación, Pacheco, cuando era delegado de Urbanismo y presidente de Emusujesa (Empresa Municipal de Suelo), y el gerente de la misma sociedad pública, “con la única finalidad e intención de perjudicar a las arcas municipales” y “beneficiar a los empresarios José Luis López (conocido como El Turronero) y Francisco Chávez, con los cuales Pedro Pacheco mantenía vínculos de amistad”, diseñaron un procedimiento de enajenación de la antigua estación de autobuses de Jerez que supuso “un grave quebranto del erario público”.
¿A cuánto asciende el fraude? Según Anticorrupción, la cifra oscila entre 1,7 y 5,4 millones de euros. El escrito de Anticorrupción detalla que el inmueble se transmitió en 2006 por precio notablemente inferior a su valor real, concretamente por la cantidad de 2,7 millones, pese a que la tarifa de mercado de la finca nunca podría ser inferior a 4,4 millones.
La venta se realizó partiendo de una tasación de 2004 que no se actualizó y el procedimiento para llevarla a cabo limitó las ofertas a las empresas de López y Chávez, quienes utilizaron a tres testaferros para dar “la apariencia ficticia de estar ante diferentes empresas” y “ocultar la verdadera identidad de los compradores”. De esta forma, “los acusados pudieron fijar el precio que estimaron por conveniente sin ajustarse a criterios de mercado”. Solo tres meses después de adquirir el terreno, El Turronero, uno de los mayores operadores de suelo de la zona, y su socio dividieron la parcela en dos y la transmitieron a terceros, obteniendo unos beneficios de 415.000 euros.
Para medir el quebranto a las arcas municipales, la fiscalía destaca en su escrito que una tasación bancaria hecha en 2006 fijó el valor de mercado de las dos parcelas de la estación de autobuses en 8,1 millones de euros, una cifra muy lejana a los 2,7 millones que pagó López y su empresa Ingeniería Jienense SL a Emuvijesa.El Turronero estaba detrás de las tres ofertas que recibió el Consistorio para comprar los 4.000 metros cuadrados de terreno, pero no figuraba en ninguna de ellas. Ángel Monereo fue el hombre de paja colocado en la empresa que adquirió el suelo en 2006 “para ocultar la identidad de los verdaderos administradores”.
En el extenso escrito de acusación, la fiscalía concluye que Pacheco, el técnico municipal, López y su socio vulneraron “de manera grotesca y flagrante la normativa administrativa”. Los acusa de ejecutar la venta “evitando la concurrencia de terceros en términos de igualdad” y ocasionando un “grave perjuicio al patrimonio público”. Para los tres testaferros, el mencionado Ángel Monereo, Vicente Cervera y Joaquín López, la fiscalía pide tres años y medio de prisión por delitos de fraude a la administración y falsedad en documento oficial.
Para los empresarios se reclama seis años de cárcel. Uno de ellos, José Luis López, ya cuenta con una condena de dos años por fraude a la seguridad social en el caso Karlos, en el que resultó condenada también María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique. La fiscalía cree que Pacheco firmó y dirigió la venta del suelo. Para él reserva la mayor pena de prisión: siete años por prevaricación, fraude y falsedad documental.
* El País - ANA HUGUET - 19.2.14
Foto: Jerez, Pacheco en el juzgado (archivo) - lainformacion
El juez imputa al alcalde de Valladolid por el caso de los áticos de Zorrilla
Después que un juez decidiese hace pocos meses archivar esta causa contra el alcalde de Valladolid, De la Riva, ahora viene la Audiencia provincial y le vuelve a imputar, en este caso por desobediencia. Como se ve las contradicciones judiciales están a la orden del día, probablemente debidas a fuertes presiones políticas o económicas. El beneficiado de este embrollo ha sido el desgraciadamente conocido alcalde 'machista' pucelano, que ha ido sorteando en el filo de la navaja su imputación judicial, no solo en esta causa de los áticos ilegales del edificio donde él mismo vive, sino en otras como el escandaloso 'cambiazo' a posteriori de los documentos del Plan General municipal. Un dirigente 'popular' que parece estar por encima de la ley.
"ELDÍA* : El alcalde de Valladolid ya está oficialmente imputado por un delito de desobediencia en el caso de los áticos de Zorrilla. El juez encargado del asunto acata así el dictamen de hace unos días de la Audiencia Provincial de Valladolid que le obligó a imputar a Francisco Javier León de la Riva por su papel en este proceso.
En concreto, según informaron fuentes judiciales, César Gil Margareto, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, ha ordenado mediante un auto conocido ayer que continúe el procedimiento por si los hechos imputados a Francisco Javier León de la Riva fueren constitutivos de un presunto delito de desobediencia, terminando así la investigación de los hechos y solicitando la apertura de juicio oral.
En el citado documento, el juez Gil Margareto considera que las razones aportadas por la Audiencia Provincial en la respuesta al recurso que planteó la Fiscalía le obligan a la imputación del alcalde, por su "reiterada actuación tendente a eludir el cumplimiento de lo que le mandaba la sentencia respecto a demoler, en el plazo señalado, las obras de rehabilitación realizadas en el edificio de la plaza de Zorrilla así como a la reconstrucción de los elementos protegidos, ilegalmente demolidos o modificados", según se concreta.
Archiva el proceso respecto de los dos arquitectos. Por otro lado, el juez acuerda el sobreseimiento de la causa respecto de los dos técnicos escuchados como imputados en la misma, al entender que "no concurren los elementos de desobediencia". El auto explica que un mismo acto no puede ser considerado desobediencia y a la vez prevaricación, y sobre el delito de prevaricación ya fueron investigados y hubo un sobreseimiento de los hechos, según detallan estas fuentes.
Contra esta resolución no cabe ya recurso alguno con respecto al alcalde pero sí cabe presentar con respecto a la decisión sobre los técnicos un recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación, o recurso de apelación directo dentro de los cinco días.
* El Día de Valladolid, 22-2-14
Foto: Valladolid, edificio áticos CajaDuero - elmundo
Barcelona.- Los saqueadores confesos del Palau de la Música afrontan su primer juicio
Casi cinco años después de que estallase el caso Palau en Barcelona, los ex responsables de esta institución cultural, F.Millet y J.Montull, ambos cercanos a Convergencia, se sientan en el banquillo. Lo hacen no por el presunto saqueo, del que también están acusados, sino procesados por intentar influenciar en la tramitación urbanística del hotel que se quería construir a pocos metros del Palau de la Música. También son procesados en esta primera fase los máximos dirigentes del urbanismo municipal en la época del alcalde socialista Hereu, por su complicidad en acelerar los trámites para construir el hotel. Como se ve toda una trama corrupta en la que estaban inmersos los grandes partidos catalanes, nacionalistas o no.
"LAMAREA* : El que fue presidente del Palau de la Música y miembro de una de las familias más bien conectadas con las instituciones, empresas y burguesía catalana, Fèlix Millet, y su entonces mano derecha en la entidad cultural, Jordi Montull, se sientan desde este lunes en el banquillo de los acusados. Junto a ellos se situará la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, entonces gobernado por el socialista Jordi Hereu, con el exteniente alcalde Ramón García Bragado a la cabeza. Comienza el primer juicio del conocido como ‘Cas Palau’, dividido en tres piezas separadas. La vista que arranca no dirime el saqueo de la institución –de cerca de 30 millones de euros- perpetrado, como ellos mismos confesaron, por Millet y Montull, sino la construcción de un hotel de lujo cerca del auditorio.
Fue el intenso trabajo de las asociaciones de vecinos el que llevó finalmente a la Fiscalía a presentar cargos por la construcción del hotel y paralizarlo. El Fiscal Antonio Pelegrín señala que Millet y Montull “promovieron una operación urbanística dirigida a conseguir importantes ganancias económicas para ellos dos”. Según el Ministerio Público, Millet y Montull habrían conseguido tramitar el hotel de forma irregular gracias a la connivencia de cargos municipales, y se habrían quedado con una importante comisión – de 900.000 euros- del empresario hotelero Manuel Valderrama, a quien cedieron las obras del hotel.
El proyecto consistía en la construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música. Para ello, los acusados –según el relato del fiscal- contactaron en enero de 2002 con el Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas, para que la Fundación del Palau –que dirigía Millet- adquiriese los inmuebles propiedad de la institución religiosa. Sin embargo, las fincas estaban calificadas como equipamiento educativo, y para tirar adelante el negocio era necesario conseguir su recalificación. “Actuando en todo momento de mutuo acuerdo hicieron valer el prestigio que les otorgaba el reconocimiento y la estima que la Fundación Orfeó-Palau de la Música tenía en la sociedad catalana (…), así como aprovecharon las relaciones personales con autoridades y funcionarios de la Administración Autonómica y del Ayuntamiento de Barcelona”.
Diez años de cárcel por este caso
La acusación implica a García-Bragado, a quien el caso le terminó costando su carrera política, en la operación de permuta de la calificación urbanística. El fiscal le reclama cuatro años y siete meses de prisión, la misma pena que solicita para el exgerente de Urbanismo, Ramon Massaguer; el exjefe del servicio jurídico, Enric Lambies; y el arquitecto Carles Díaz, todos ellos acusados de los delitos de falsedad documental, prevaricación.
La pena solicitada para Fèlix Millet y Jordi Montull se eleva a los 10 años y dos meses de reclusión, por tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y prevaricación.
Millet y Montull solo han pisado la cárcel durante 13 días, precisamente en el marco del caso del Hotel del Palau como prisión preventiva. Millet, que otrora formara parte, como él mismo reconoció, de las “400 familias” que dominaban el poder político y empresarial en Cataluña, se enfrenta junto a su socio a dos procesos más. El primero, el que les acusa de apropiarse de 30 millones de euros del Palau de la Música, una acusación que ya han reconocido. El segundo, el que investiga el presunto pago de comisiones a Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) por parte de Ferrovial –en el que el Palau, por vía de Millet, habría actuado de intermediario- a cambio de la adjudicación de importantes obras públicas como la Ciutat de la Justicia y la Línea 9 del metro. Por este caso, CDC tiene actualmente su sede embargada.
* La Marea - Brais Benítez - 24.2.14
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com
Andratx.- Condena máxima por suma de penas por corrupción urbanística
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En 2006, estalló el escándalo del caso Andratx (Mallorca), señalado por la fiscalía como un paradigma de la corrupción urbanística. No fue una macrocausa porque se desgranó en 78 piezas distintas. De los 27 juicios celebrados, 25 han sido de condena. Junto al exalcalde, el principal encausado fue J.Massot, exdirector general de Ordenación del Territorio de Baleares en la época del presidente Matas, y actualmente en la cárcel. Pero según parece ya no puede acumular más penas referentes al caso Andratx al haber llegado al máximo permitido, algo insólito que vuelve a mostrar la injusticia de una justicia que no sanciona como debe a los grandes capos de la corrupción urbanística en este país.
"ELPAÍS* : Es el preso con currículo político más veterano de la cárcel de Palma. Hace cuatro años que Jaume Massot ingresó en la cárcel, condenado a un total de siete años y medio, por delitos de corrupción ligados al urbanismo salvaje. Este lunes ha aceptado una nueva condena de ocho meses por auspiciar la concesión de una licencia ilegal para la construcción de una vivienda unifamiliar en terreno protegido. Sin embargo, ya no acumulará más penas de cumplimiento: es una cadena de condenas por un delito continuado.
Massot suma las penas máximas posibles en el caso Andratx, según razona su letrado, Fernando Mateas: “No puede ser condenado en distintos juicios por hechos idénticos, en tiempos sucesivos. Estaba en la misma mesa, decidía en el mismo ámbito municipal, seguía en el mismo cargo”.
Massot era considerado el cerebro más fino de la ordenación territorial en Baleares, quien más conocía los recovecos de los planes urbanísticos y las leyes sobre suelos y solares edificables. Así fue elegido director general balear del área por el expresidente balear Jaume Matas, del PP, (2003-2007) y su consejera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, actual portavoz parlamentaria. Era el funcionario de más peso y veteranía del municipio mallorquín, un territorio residencial apetecido por residentes y turistas y ejemplo de los desastres ligados a una gestión corrupta, probada por los jueces.
Las sentencias de la Audiencia de Palma contra Masso por el caso Andratx, instadas por la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, resultaron ratificadas en el Tribunal Supremo. El núcleo del escándalo se centró en hechos semejantes: chalets levantados gracias a trámites y certificados falsos y generalmente en terrenos protegidos. En algunas causas se ha condenado a otros reos por cohecho, fraude, falsedad, negociaciones prohibidas y ya se han derribado al menos tres edificios levantados gracias a esos fraudes.
Dos de los chalés derribados son el del edil del PP Eugenio Hidalgo, condenado a cuatro años en distintas causas, y el del celador de obras de Andratx Jaume Gibert, arrepentido que pactó con la fiscalía cinco años de prisión. Este lunes, Gibert aceptó dos años más de cárcel, aunque ya cumple en tercer grado y solo va a dormir al centro penitenciario.
En 2006, estalló el escándalo del caso Andratx, señalado por la fiscalía como un paradigma de la corrupción urbanística. No fue una macro causa porque se desgranó en 78 piezas distintas. Se han celebrado 27 juicios, 25 con condena y solo dos se han cerrado con la absolución de los imputados. La mitad de las piezas se resolvieron con sobreseimiento o archivo porque los indicios no se concretaron y la legalidad urbanística local cambio durante la instrucción.
* El País - ANDREU MANRESA - 17.2.14
Foto: Andratx (Mallorca), costa urbanismo salvaje - elmundo.es
Madrid.- Centro Acuático: otros cinco millones enterrados
Hay muchos restos del naufragio que supuso la fallida doble intentona olímpica en la ciudad de Madrid. El exalcalde, hoy ministro, Ruíz Gallardón, fue el principal culpable de las construcciones faraónicas que se hicieron, o planificaron, sin tener la certeza de la concesión de los Juegos Olímpicos. El Centro Acuático es uno de esos edificios-esqueleto que han quedado varados a medio construir en la capital y sin una salida de uso posible. El despilfarro delictivo de estas erróneas decisiones político-urbanísticas de hace ya más de 10 años, es una enorme deuda económica municipal que afecta gravemente al día de hoy cualquier iniciativa urbana por mejorar los excesos producidos.
"ELPAÍS* : El Centro Acuático será una instalación deportiva “de vanguardia” que “beneficiará a todos los madrileños y, en especial, a los 150.000 residentes de San Blas”, dijo en 2006 el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Diez años después de iniciarse la obra, cuando ni siquiera pervive el sueño olímpico que la originó, el Centro Acuático sigue siendo un esqueleto a medio construir y el único beneficiado hasta la fecha es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que recibirá 4,9 millones de euros en concepto de IVA por una operación en apariencia inocua. El Ayuntamiento, propietario de la instalación, se la ha transferido a sí mismo, pero por ese cambio de titularidad dentro de la organización municipal se ha visto obligado a abonar a Hacienda en concepto de IVA el 21% del valor que atribuye al esqueleto, que es 23,5 millones de euros.
El Centro Acuático debía albergar las pruebas de natación, saltos y waterpolo de la candidatura olímpica de 2012 primero, 2016 después, 2020 finalmente. Gallardón, experto en modificar la realidad cambiando su nomenclatura (fabricó el barrio de Las Letras, la catedral de las Nuevas Tecnologías, etcétera), bautizó esta instalación como “Ciudad del Agua” y comparó sus dimensiones con el estadio Santiago Bernabéu y el Centro Pompidou de París.
La realidad, más prosaica, se encargó de traducir esas cifras a millones de euros y años transcurridos. Las obras se iniciaron en noviembre de 2004 con un presupuesto de 137 millones y un plazo de 27 meses. Comenzaron bajo responsabilidad del Ayuntamiento, que se las cedió en 2006 a la empresa Madridec, cuya deuda no computaba como municipal. Días después, el presupuesto se disparaba a 164 millones y el plazo a 41 meses. Cumplidos estos, en 2008, el presupuesto volvió a subir, hasta 185 millones, y la fecha límite cambió a julio de 2010. Agotado el nuevo plazo, la obra se paró y ya nunca más volvió a retomarse. Eso sí, el presupuesto volvió a subir, hasta 192,5 millones.
En julio de 2012, el Ayuntamiento decidió liquidar Madridec, quebrada por la enorme deuda de inversiones como esa. Sus bienes (Caja Mágica, Palacio de Congresos, etcétera) pasaron a otra empresa municipal, a excepción de los activos tóxicos (por su elevada hipoteca o gasto pendiente), que asumió el Ayuntamiento. Entre ellos, el Centro Acuático.
Esos traspasos no estaban sujetos a IVA, excepto precisamente en el caso de esta instalación.
¿Por qué? El resto de bienes son “unidades económicas autónomas capaces de desarrollar una actividad empresarial” (como el Palacio de Congresos), mientras que el Centro Acuático no es “susceptible de producir efectos económicos más allá de la mera transmisión” de Madridec de vuelta al Ayuntamiento.
“A día de hoy, no existe intención de desarrollar una actividad económica” con la instalación, pues el sueño olímpico de Gallardón es pasado perfectivo. Así, “el Ayuntamiento ha tomado la decisión de no continuar las obras con el proyecto original”, aducen fuentes municipales.
El hecho de que se trate de suelo de uso deportivo público impide además su venta “a corto plazo” y, por ende, “una actividad económica rentable”. Lo que, legalmente, obliga al Ayuntamiento a pagar un IVA millonario por quedarse lo que ya es suyo.
Este es el resumen de la operación que hace el líder municipal de UPyD, David Ortega: “El Ayuntamiento construye un edificio innecesario que asigna a una empresa también innecesaria. Hace quebrar la empresa, devuelve el edificio al Ayuntamiento y, como consecuencia, tiene que pagar cinco millones de IVA. Nos traspasamos algo que ya es nuestro y por el camino perdemos unos cuantos millones. Hacienda debe estar contenta. UPyD cree que alguien tiene que responder de este despropósito que desmiente el mito de la buena gestión del PP”.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 19.2.14
Foto: El esqueleto del Centro Acuático, en marzo de 2013. / ULY MARTÍN
Roquetas pide a Costas reducir la franja de protección de su litoral
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"IDEAL* : La organización ecologista Greenpeace ha alertado estos días de los riesgos que entraña la reciente reforma de la Ley de Costas, aprobada por el Gobierno y que permite reducir las franjas de protección marítima hasta prácticamente hacerlas desaparecer en algunos casos concretos. La reforma es para Greenpeace «una gran barra libre a aquellos municipios que menos respetaron la Ley de Costas del año 88 y que más urbanizado han dejado su frente litoral». Una medida que además entraña sus riesgos y la organización ecologista así lo ha puesto de manifiesto tras los recientes temporales que han azotado sobre todo el norte de España y que a su juicio demuestran que el cambio climático está afectando a todo el litoral español.
Los municipios que así lo soliciten al Ministerio de Medio Ambiente podrán acogerse a esta medida, y según un listado del propio Gobierno, en respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso, en el caso de la provincia de Almería solo Roquetas ha solicitado incluirse en esta disposición.
En el listado elaborado por el Gobierno, aparecen 100 de los 500 municipios con litoral de toda la geografía española, que a fecha de 15 de octubre solicitaron acogerse al cambio legal. Se trata de un 20% del litoral español perteneciente a municipios que en muchos casos «son viejos conocidos de Greenpeace porque han aparecido reiteradamente en las publicaciones sobre la 'Destrucción a Toda Costa'», asegura la organización ecologista.
Se desconoce por el momento si en los últimos meses se han unido a esta disposición otros municipios almerienses, ya que desde la Subdelegación del Gobierno en Almería no se ha facilitado más información a IDEAL hasta el momento sobre el asunto.
El Gobierno negó en su día que la reducción de la protección se fuera a producir de forma generalizada, ya que según se indicó cuando se aprobó la norma, la nueva Ley de Costas lo que hace es regular mejor esa reducción cuya posibilidad ya aparecía contemplada en la Ley de 1988.
Fuentes especializadas en la materia han destacado a IDEAL que la modificación legislativa afecta a los municipios que hayan clasificado en la franja costera como suelo urbano en sus planes generales con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Pueden solicitar acogerse a la petición de reducción en aquellos casos que reúnan los requisitos de consolidación edificatoria y de dotación de servicios (un tercio junto con los servicios correspondientes o dos tercios si carecieran de alguno de los enunciados en la disposición). El Gobierno tendrá 18 meses para pronunciarse sobre si procede la reducción de la servidumbre de protección a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, en lugar de los 100 metros contemplados en la Ley de Costas de 1988.
En caso del municipio roquetero, pocos detalles se conocen hasta el momento del alcance y la intencionalidad de la solicitud de acogerse a este decreto que afectará a las zonas ya consolidadas y que en algunos casos ya fueron deslindadas por Costas en los últimos años. Hasta el momento el Ayuntamiento no ha informado del paso dado para pedir la reducción, ni tampoco de sus planes y motivos que impulsan esta medida que ha sido duramente criticada por los ecologistas.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los 16 kilómetros de costa del litoral roquetero ya están desarrollados urbanísticamente, la modificación puede tener importantes novedades en este terreno en los próximos años, no solo porque puede facilitar la construcción de nuevos edificios en zonas en su día afectadas por deslinde y cuyos propietarios están actualmente en litigios con Costas tras perder la propiedad de los inmuebles, sino también en los casos en los que queden franjas de terreno sin urbanizar.
Uno de los aspectos que más dudas despiertan, es el futuro de las franjas de terreno que tuvieron que dejarse libres con la anterior Ley de Costas que obligaba a retranquear las nuevas construcciones a 100 metros de la costa. Es el caso de la existente en Las Salinas o en el paseo marítimo de la zona de Villa África, en principio consideradas zonas libres y que no han sido acondicionadas como parque y cuyo destino no parece claro con esta medida. En principio el Gobierno asegura que en estos casos no se podrán construir nuevas edificaciones, pero ya hay quien alerta de la contradicción de permitirlo en las zonas que no tuvieron que reservar ese espacio.
* Ideal - JULIO VALDIVIA - 16.2.14
Foto: El municipio ha pedido acogerse a la nueva Ley de Costas que permite reducir la franja de protección de 100 metros a solo 20. :: IDEAL
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La contrarreforma del paisaje
Con cualquier excusa, el poder político-financiero ha alentado el 'desarrollismo', la destrucción de los motivos que generan el deseo de habitar, ver, mirar y visitar un entorno. Esta es la conclusión que se puede sacar visto el panorama desolador del urbanismo y la ordenación territorial de los últimos 50 años en el país. Todo empezó en la dictadura, sí, pero sus herederos han contribuido a acrecentar esta lacra social que tiene más que ver con la corrupción y la especulación delictiva que con las necesidades de la población. En las islas Baleares, como en tantos lugares de nuestra geografía, una auténtica mafia urbanística ha operado en todo este tiempo a su antojo y, prácticamente, sin apenas oposición legal o social.
"ANDREU MANRESA* : En Brasil quemaron selva, deforestaron parte de su Amazonia, sembraron soja y cosecharon semillas para producir biodiésel. Tienen tierras desiertas con polvo y latifundios uniformes sin pobladores nativos, árboles, plantas, animales, sin la riqueza de biodiversidad y su paraíso. Hace más de tres décadas, en Baleares, durante una de las cíclicas sobredosis de desarrollismo salvador con urbanizaciones y más oferta, un capitalista, el copropietario de la Banca March, Juan March III, advirtió del riesgo de la sobre explotación compulsiva del paisaje, de la auto inmolación. Aludió al “pan para hoy y hambre para mañana”.
El poder político-patronal está en su apostolado: cree que todos los parajes son minas de oro inmobiliario y turístico, que todo cuanto se ve puede ser parcelado para hoteles, chalets, campos de golf y macro centros comerciales. Con esta mirada y —tolerancia social— se arrasó sin sentido ni mesura el borde del mar y más allá.
Los propietarios March han predicado con el ejemplo —en este campo—, por privacidad e interés no han explotado sus tierras en la costa y los montes. Juan March, el nieto, en los 80, aportó en vano la tesis de la moderación sobre el apostolado del crecimiento en espiral. En lo político, su casa optó por la inercia del pasado y apoyó la alianza a la derecha del primer Gobierno autonómico de Alianza Popular (PP) con Unió Mallorquina (UM), con el interés del conservador del rico Abel Matutes, sempiterno urbanizador.
El banquero March habló mientras existía la inicial amenaza de la urbanización de Es Trenc, la playa joya, un capital popular salvado por la presión social. Hoy el arenal gigante es atractivo para el negocio común, está en uso masivo y siempre es acechado. Los bordes de su área natural sufren la fiebre de proyectos salvadores de la patria chica, Campos. Ahora es el macrohotel de Sa Ràpita.
La alerta del pan-para-hoy-hambre-para-para-mañana es vigente. La idea medicinal tenía autor. En su origen la advertencia fue del socialdemócrata alemán Helmut Smchidt. March lo citó. Consumir tu alimento a dentelladas (capital/paisaje) provoca un hartazgo y una gran miseria.
Agotar las reservas, el medio y la entidad del país, conduce al colapso, al hundimiento. Se crece pero se destroza el formato del paisaje y el estilo de vida. Es una acción suicida porque destruye los motivos que generan sensaciones personales intangibles, emocionales, el deseo y el placer de ver y mirar, habitar o visitar un entorno. Eso es, la vida, y el turismo.
En esa época gris, de hambre, sin figuraciones porque la crisis tiene efectos brutales, retorna la necesidad de apelar a la contención, al freno ante las pasiones expansivas. Las excavadoras, el país en obras privadas, son vistas por el poder como ángeles, panaceas contra todos los males, son el simbólico pan de hoy.
Con la excusa de luchar contra la hecatombe económico laboral, todo vale, se apela a la necesidad de consentir grandes construcciones turísticas y comerciales, porque —dicen— son inversiones que crean puestos de trabajo y generan riqueza.
Es el nuevo progreso que se pregona y retorna. Toda reflexión o alegato proteccionista son descalificados por contra sociales. La neorealidad llegó urgente: urbanizaciones, asfalto, cemento, diques, puertos, clubes náuticos y tarifas disparatadas. Lo público tiene un precio caro.
Es la apoteosis de la economía libre, la explotación privada del ámbito común —la calle, la costa, el mar—, la oferta y demanda contra la pervivencia de espacios de interés general. El refugio-hotelito de Cabrera es un detalle.
Todas las licencias son exprés, se hacen leyes de manga ancha que autorizan lo inimaginable, deshacen el orden y legalizan lo furtivo. Se liberan trabas de protección en zonas cuya integridad ganó la sociedad. Una baldosa de suelo rústico en Ibiza será edificable.
La demagogia es el eje del discurso oficial, hiriente. Se apela al bolsillo, al fantasma de las indemnizaciones y se revitalizan urbanizaciones anuladas por insolentes, hijas el boom destructor.
Sucede una derrota, es una contra reforma, otra reconquista urbanizadora. La respuesta de la sociedad que pierde derechos no nace, queda nublada por el frente único de combate cultural educativo, justo, que alude a las esencias simbólicas.
* El País - Crónica - 16.2.14
Foto: La contrarreforma territorial existe pero se ve un frente de combate simbólico cultural (fotomontaje). / TOLO RAMON
Valencia.- El 81,7 % de Planes urbanísticos en zonas inundables no se sometieron al Plan Territorial
Así es, por increíble que parezca: durante 10 años todos los Planes urbanísticos en terrenos inundables de la Comunidad Valenciana no se sometieron al Plan especial para estos casos particulares (Patricova). Algo que, más que un absurdo, parece un grave delito por las consecuencias trágicas que ha podido o pudiera tener en el futuro. Las inútiles y politizadas Comisiones de Urbanismo dieron, además, el visto bueno a esta enorme irregularidad territorial, con lo que está clara su implicación delictiva en esta falta de informes. Pero también es responsabilidad de la Consellería de la Generalitat valenciana que debió supervisar esta cantidad de Planes Urbanísticos ilegales, con lo que la lista de culpables se amplía notablemente.
"LEVANTE* : El 81,7 % de los planes urbanísticos en suelo inundable aprobados por las comisiones territoriales de urbanismo (CTU) entre 2003 y 2012 no se sometió al visto bueno del Plan de acción territorial contra el riesgo de inundación (Patricova), según admite la Conselleria de Territorio en la memoria del plan. Traducido a cifras concretas, las comisiones territoriales de urbanismo dieron vía libre a urbanizar 11.084 hectáreas de superficie inundable de las que sólo han sido informadas «favorablemente por el Patricova» un total de 2.031, el 18,3 %.
Territorio achaca este desfase entre los proyectos urbanísticos aprobados por las comisiones territoriales y los que se han sometido a la «lupa» del Patricova a que existía «en tramitación un considerable número de expedientes urbanísticos» cuando se aprobó el plan antirriadas (el 28 de enero de 2003). «Por su diferente estado de avance algunos de ellos fueron sometidos a consulta del Patricova, frente a otros que no fueron informados», según Territorio en aplicación de la ley urbanística valenciana (LUV) de diciembre de 2005, que no entró en vigor hasta febrero de 2006.
Esta falta de aplicación del «filtro Patricova» (para prevenir las riadas e inundaciones) «se produjo durante los tres primeros años desde la aprobación del Patricova, momento a partir del cual, las modificaciones o revisiones de planeamiento son informadas en prácticamente la totalidad de casos por el plan de actuación territorial».
Visto al detalle y según la clasificación del suelo, los peores resultados se produjeron en las reclasificaciones de suelo: de las 8.348 hectáreas de proyectos urbanísticos aprobadas en suelo no urbanizable inundable por las CTU, sólo el 14 % (1.246 hectáreas) pasaron el examen del Patricova. En el caso del suelo urbano, de 1.039 hectáreas en suelo inundable sólo 273 hectáreas fueron informadas favorablemente por el Patricova. Respecto al suelo urbanizable, sólo 751 hectáreas lograron el visto bueno de plan antiavenidas de un total de 1.616 hectáreas con proyectos tramitados en las comisiones de urbanismo. Por último, de 81 hectáreas sin planeamiento, con permiso para urbanizar concedido por las CTU, lograron informe favorable del Patricova un total de 34 hectáreas, según Territorio.
* Levante - LAURA BALLESTER - 11.2.14
Foto: Inundaciones_Comunidad_Valenciana (archivo) - elpais.com
El AVE andaluz a ninguna parte
Es la historia de nunca acabar: el despilfarro en infraestructuras de transporte asoma por todas partes. Da lo mismo que sea el norte que el sur del país. Y en este delito público han caído todas las administraciones, no solo la central, que parece más evidente. En Andalucía 77 km de carísima línea de AVE están sin uso, en vía muerta, debido al empeño inútil de la Junta de unir Antequera con Sevilla. La falta de previsión y la confrontación con el Gobierno central han hecho posible este nuevo descalabro económico (279 millones) que, por otra parte, tampoco tenía justificación técnica para ser abordado como se ha pretendido hacer. Como siempre los culpables no aparecen, ni nadie se interesa, y el peso cae sobre los sufridos ciudadanos vía impuestos o recorte de servicios básicos.
"ELPAÍS* : El futuro no eran los coches voladores. Eran los veloces trenes en los que se iría de una capital andaluza a otra en un pispás. En 2007, el futuro estaba a la vuelta de la esquina y la promesa era que el 90% de la población de la comunidad estaría a menos de una hora de una estación de alta velocidad en 2013, según anunció el expresidente de la Junta Manuel Chaves. Pero el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013, que incluía la construcción de la primera línea regional de AVE, fue desbaratado por la crisis. Un jirón de aquel sueño está en el corazón de la comunidad, entre las provincias de Málaga y Sevilla.
La Junta de Andalucía ha gastado 279 millones de euros en un tramo que arranca en Antequera y desemboca en una parcela agrícola a las afueras de Marchena. Estos 77 kilómetros forman parte ya del catálogo español de infraestructuras sin uso.
La obra, a medio terminar, no sirve para nada y solo genera gastos: desde que las obras se pararon a principios de 2012 se han tenido que pagar 435.000 euros para labores de mantenimiento, según la Consejería de Fomento, que ha asumido ahora "con recursos propios" estas tareas.
En junio de 2009, cuando el crédito empezaba a escasear, la Junta suscribió un préstamo de 200 millones con el Banco Europeo de Finanzas para financiar este tramo. Gracias al crédito se construyeron más de medio centenar de viaductos y puentes, además de la plataforma de 77 kilómetros sobre la que se deberían colocar las vías y catenarias.
En los Presupuestos andaluces nada hay que indique que se vaya a resucitar el proyecto. Fuentes de la Consejería de Fomento reconocen que no tienen previsto reanudar las obras de la alta velocidad regional. "Constituye una empresa actualmente inabordable", apunta el departamento de Elena Cortés. La crisis lo hace inviable, argumenta la consejería.
El tramo abandonado de 77 kilómetros forma parte de la conexión de AVE de 128,4 kilómetros prevista entre Sevilla y Antequera que se comprometió a construir la Junta en 2004 y que debía estar terminada en 2013. Pero la exconsejera andaluza de Obras Públicas Josefina Cruz reconoció en 2011 que no había dinero para continuar con el proyecto, que tenía un coste total de 1.100 millones de euros.
La crisis ha dejado a medio terminar esta infraestructura. La conexión entre Antequera y la parcela de las afueras de Marchena está hecha. Pero del tramo entre Marchena y Sevilla nada se sabe, tan solo que en diciembre de 2009 se licitaron las obras entre la capital andaluza y el túnel de los Alcores (incluidas en ese tramo) por 353 millones. Las obras, según el actual departamento de Fomento, "tendrían que haberse iniciado en la primavera de 2010, una vez formalizados los contratos, pero se incluyeron en la reprogramación de la consejería anunciada en agosto de 2010". Es decir, están congeladas y sin fecha de reanudación.
Josefina Cruz ofreció al Ministerio de Fomento en 2011 la cesión de lo ya construido para que fuera el Gobierno el que rematara la obra. El PSOE, que entonces estaba en La Moncloa, parecía receptivo a esta propuesta. Pero el cambio de Gobierno tras las elecciones generales de noviembre de 2011 hizo que no se cerrara el trato.
La Junta ha vuelto ahora a plantear algo parecido al ministerio. Las consejerías de Fomento y de Economía han ofrecido al Estado que se utilice el tramo de 77 kilómetros sin uso para instalar allí la pista de pruebas de trenes de alta velocidad —conocida como el anillo ferroviario— que el Gobierno central ideó para Antequera, otro proyecto que no tiene visos de salir adelante. El Ministerio de Fomento ha rechazado también esta propuesta argumentando que no reúne los requisitos técnicos necesarios.
Esta negativa vuelve a dejar en vía muerta los 77 kilómetros construidos. El equipo de Elena Cortés era consciente del problema que tenía desde que entró en la Consejería de Fomento tras las elecciones andaluzas de 2012. Los técnicos, según fuentes de este departamento, empezaron a trabajar en el proyecto de trasladar ahí el anillo ferroviario en octubre de 2012. Tras meses de negociaciones con el Ministerio de Fomento, las consejerías de Economía y Fomento decidieron hace diez días hacer pública su propuesta. Entre los argumentos que ofrecieron está el riesgo de que se pierdan 269 millones de fondos europeos que estaban otorgados para el anillo de Antequera, una pista de pruebas de alta velocidad que también está encallada ante la dificultad de que alguna empresa privada se haga cargo del proyecto.
La negativa de Fomento vuelve a situar el problema en 2011, cuando la Junta abandonó la idea de terminar la conexión directa entre Sevilla y Antequera con alta velocidad. En verdad, la capital andaluza y esta ciudad malagueña ya están conectadas con trenes Avant, pero a través de Córdoba. Existe también desde hace años un plan b para acondicionar la línea convencional que existe ahora entre Sevilla y Marchena y así completar el proyecto hasta Antequera. El coste de esta obra, que supondría darle uso a los 77 kilómetros ya construidos, ronda los 180 millones y, según la consejería, solo lograría reducir en 15 minutos el trayecto actual entre Sevilla y Antequera a través de Córdoba. La consejería sostiene que es "una inversión que no parece eficiente en el actual contexto". En resumen, que no hay a la vista una solución para que los 279 millones invertidos sirvan para algo.
* El País - MANUEL PLANELLES - 16.2.14
Foto: Plataforma del AVE Antequera-Sevilla en Marchena. / JULIÁN ROJAS
El 90% del parque de viviendas español derrocha energía
Otro tipo de despilfarro delictivo es el que se ha dado en la construcción de viviendas respecto a la calidad energética. En primer lugar por la tardía norma específica que controlaba este importante aspecto económico; hasta 1979 no se reguló con unos requisitos mínimos y luego en 2006 con la aprobación del Código Técnico que endureció las exigencias. Pero también porque se ha edificado atropelladamente, sin lógica ni sentido común, desde el primer boom de la construcción en la época de la dictadura hasta la última y salvaje burbuja inmobiliaria que ha llenado el paisaje de urbanizaciones chapuceras y mal hechas por las prisas (cuando están acabadas, claro). El resultado lamentablemente está a la vista, con un derroche energético que viene a agravar la crisis-estafa que padece este país, donde, además, parece que se ha olvidado 'interesadamente' la rehabilitación.
"ELPAÍS* : Los vecinos del nº15 de la calle de 'La del manojo de rosas' de Madrid, en el barrio de Ciudad de los Ángeles, llevan años perdiendo calor por las ventanas. Y por los muros, el tejado, los cimientos. El edificio, construido en la década de los cincuenta del siglo pasado, “es como un radiador que emite constantemente energía al exterior. Un derroche”, asegura el arquitecto José Luis López. Pero tiene remedio. “Aislamiento de lana vertical de ocho centímetros, reforma de la cubierta, ventanas y contraventanas más eficientes, renovación de las instalaciones eléctricas y centralización de calderas. Con estas reformas vamos a conseguir un ahorro mensual de energía por encima del 50%, y posiblemente los vecinos solo necesitarán poner la calefacción un par de horas al día para tener su casa caliente”, augura López.
Como este edificio, cuya rehabilitación forma parte de un programa piloto impulsado por la organización conservacionista WWF y la Fundación Reale en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, el 90% de los 25 millones de viviendas que existen en España suspende en eficiencia energética. El dato se extrae de un estudio realizado por Certicalia, una red de más de 2.000 técnicos que realizan certificados energéticos en toda España, que deben tener obligatoriamente desde junio todas las casas que salgan a la venta o en alquiler. El informe, basado en una muestra representativa de 6.000 viviendas, refleja que ninguna alcanza la calificación A en consumo de energía (la más alta) y solo el 11% logra una B, C o D, que se consideran aprobados. El resto se queda en las letras E, F o G, que se consideran no eficientes.
¿Cómo se ha llegado a este grado de ineficiencia? “Primero, porque hasta 1979 no se introdujo la primera ley que incluía unos mínimos requisitos de aislamiento en las construcciones. Y hasta 2006, con la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE), no se endurecen las exigencias para los edificios de nueva construcción para poder alcanzar al menos una calificación D”, explica Inés García, portavoz de Certicalia. Esto quiere decir que prácticamente todo el parque de viviendas se levantó sin tener en cuenta la eficiencia energética, porque desde 2007 hasta ahora se han edificado poco más de un millón de casas, según el Instituto Nacional de Estadística. “Y si consideráramos las nuevas exigencias para las nuevas construcciones que impone el nuevo CTE, que entra en vigor en marzo, prácticamente todas las casas estarían caducadas energéticamente”, apunta García.
“En España se ha legislado demasiado tarde, y a veces porque nos ha denunciado o multado la Unión Europea. Durante años no se ha pensado en las consecuencias que esto pudiera tener, como la pobreza energética, porque había dinero para pagar los recibos de la luz y el gas y las facturas no eran tan altas”, subraya Adrián Sánchez Molina, presidente de la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece). Según el estudio más reciente, realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales, en 2010 lo sufría el 10% de la población, un porcentaje que puede haber subido varios puntos desde entonces.
“Ni siquiera ahora, cuando el problema está ya sobre la mesa, el Gobierno apuesta por la eficiencia. Primero, porque introduce trabas a las energías renovables. Y segundo, porque no está dando publicidad suficiente a la certificación energética. La muestra es que de los dos millones de viviendas que se calcula que deben tener el certificado por estar a la venta o en alquiler, solo medio millón lo han registrado”, añade Sánchez Molina.
Hay otros factores, aparte de la normativa tardía, que han contribuido a esta situación. “Con el boom inmobiliario se construyó mucho sin tener en cuenta el factor geográfico, ni la orientación de las fachadas, ni el emplazamiento, y eso tiene como resultado edificios que dependen de los sistemas mecánicos de climatización para calentarse o refrigerarse. En la arquitectura tradicional encontramos ejemplos mucho más eficientes: en el norte de España se construían galerías acristaladas, que captaban el calor del sol a modo de invernadero; en cambio, en el sur son tradicionales los patios sombreados y las ventilaciones cruzadas para refrescar las viviendas”, comenta la portavoz de Certicalia.
La nueva legislación garantiza que los nuevos edificios van a ser más eficientes, pero ¿qué pasa con ese 90% de los que ya construidos que suspende? “La única solución es la rehabilitación energética. Para cumplir con los objetivos energéticos y de emisiones de la UE para 2050, España debe establecer como meta una tasa de reforma de 400.000 viviendas anuales, el 1,5% del parque actual, frente a la tasa actual del 0,3%”, advierte Georgios Tragopoulos, técnico de eficiencia energética de WWF España. “Países como Alemania y Reino Unido ya han desarrollado políticas efectivas para financiar la rehabilitación de construcciones antiguas. España debería tomar nota, porque aquí está casi todo por hacer”, concluye.
Un ahorro seguro
1. El coste medio de una rehabilitación energética es de 14.000 euros por vivienda media (calculada en 81 metros cuadrados), según una guía elaborada por WWF y Fundación Reale.
2. Una intervención energética debe incorporar tanto medidas pasivas (aislamiento de muros y cubierta, instalación de elementos de sombreado...) como activas (centralización de calderas y sustitución por otras más eficientes, instalación de energías renovables o renovación de electrodomésticos).
3. Una rehabilitación total puede conseguir un ahorro hasta del 80% en el consumo energético. Se calcula que la inversión puede recuperarse en solo 10 años.
4. La rehabilitación energética no solo ayuda a reducir el consumo, sino también reduce la entrada de ruidos, mejora la calidad del aire interior y contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vivienda.
* El País - RAQUEL VIDALES - 16.2.14
Foto: Rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia energética en Madrid. / LUIS SEVILLANO
La mancha de la corrupción se extiende por las ciudades gallegas
La sombra de la corrupción en Galicia no cesa. Con el levantamiento del secreto del sumario de gran parte de la operación Pokémon, ha habido una nueva actuación policial relacionada también con concesiones públicas, esta vez dirigida por un juzgado de Vigo, que ha provocado la detención de al menos cinco personas, entre ellas la de un concejal del PP. La redada amplía el delito sobre las contratas públicas a seis municipios, entre ellos Vigo, sedes de la Xunta en esa ciudad y la Diputación de Pontevedra. Con ello la operación Pokémon de corrupción urbanística se extiende prácticamente por toda Galicia y sus principales administraciones, con algunas ramificaciones también fuera de ella. Absoluto escándalo político-empresarial.
"ELPAÍS* : Con las provincias de Lugo, A Coruña y Ourense enfangadas hasta arriba en la Operación Pokémon, solo la de Pontevedra parecía resistir al azote de las investigaciones judiciales por corrupción política. Un consuelo menor que quedó ayer aplastado por la entrada en tromba de policía y funcionarios judiciales en los consistorios de Vigo, Pontevedra, Nigrán y Ponteareas, la sede de la Xunta en Vigo y un consorcio participado por ambas entidades en la misma ciudad, así como la Diputación de Pontevedra además de los ayuntamientos de Santiago y Ourense.
El despliegue forma parte de la Operación Patos que dirige el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, y ha acarreado también el arresto del concejal de Obras de Nigrán, José Álvarez Valverde, del PP, y a otras cuatro personas. Una de ellas es el delegado en Galicia de Ferrovial, cuya filial Cespa, especializada en servicios de limpieza y ajardinamiento, es junto a Construcciones Eiriña la empresa por las que más se han interesado los agentes en sus reclamaciones de expedientes.
Los registros se realizaron casi simultáneamente. En la delegación de la Xunta en Vigo duró seis horas que sirvieron para recoger expedientes en los departamentos de obras, parques y limpieza, relacionados con Cespa y Eiriña. El alcalde, Abel Caballero, señaló en rueda de prensa que el gobierno local está dispuesto “a la máxima cooperación y transparencia”. Las pesquisas también abarcan a las empresas Enalvi e Intermediación Medioambiental, Inversiones Patos y Reciclaje y Gestión Medioambiental. Estas tres, junto a Eiriña, son administradas por Enrique Alonso, padre de la edil del PP en Vigo Alexia Alonso, según informa Europa Press. La Autoridad Portuaria negó que se registrasen sus instalaciones, aunque así lo tenía previsto la policía. Los agentes también visitaron el Consorcio Casco Vello de Vigo, un ente mixto con participación mayoritaria de la Xunta.
En la Diputación de Pontevedra los agentes llegaron sobre las nueve de la mañana y empezaron a llenar cajas, acompañados del secretario del ente. Un portavoz precisó que los documentos que reclamaron aludían a obras de dos campos de fútbol en Coia y Coruxo (Vigo) y otros contratos en Nigrán, Moraña y Poio. El presidente de la Diputación, Rafael Louzán, estaba de viaje y no realizó declaraciones.
Cuando los funcionarios terminaron en la sede provincial se fueron directamente al Ayuntamiento, situado a unos cien metros, donde esperaban la mayoría de ediles de BNG y PSOE. El alcalde, que volvía de una entrevista radiofónica, explicaba mientras subía las escaleras apresuradamente que le acababan de avisar y que creía que eran cuatro expedientes. El concejal de Facenda, Raimundo González, aprovechó una rueda de prensa prevista por otro tema para dar cuenta de que, efectivamente, había un registro en marcha sobre el que no “sacaba conclusiones positivas o negativas”. Dijo que la investigación versaba sobre las “andanzas” de una empresa y aunque no dio datos sobre los expedientes, fuentes conocedoras del caso aseguran que se trata de tres, relacionados todos con Construcciones Eiriña: las obras de reforma del área de Santa Clara (676.200 euros), de urbanización de la avenida de Lugo (1,1 millones) y la cabalgata de Reyes de este año, en la que la compañía puso una carroza.
En Ourense la investigación gira en torno a un concurso de mantenimiento de parques y jardines de 856.000 euros que ya suscitó controversia en el pasado. Cespa gestiona uno de los cinco distritos de la ciudad desde que el PP se lo entregó en 2006. Cuatro años después, con el PSdeG ya en el poder, otros dos distritos fueron privatizados y adjudicados a Acciona. Pero en septiembre de 2013, la junta de Gobierno local concedió a Cespa los tres distritos privatizados a través de un nuevo concurso. Tras un recurso judicial interpuesto por una empresa excluida del proceso, la adjudicación a Cespa fue suspendida el 2 de octubre. José Carlos Martínez-Pedrayo, entonces concejal de Contratación, del PSdeG, dimitió 20 días más tarde “por razones personales”, según explicó entonces. Consultado ayer ante la coincidencia de fechas, el exedil matizó que su renuncia “no tuvo nada que ver” con la contrata. Susana Bayo, actual responsable de Medio Ambiente, asegura que se trata de un proceso “transparente y sin irregularidades”. La sociedad PAU del Grupo Vendex —eje central de la presunta trama corrupta de la Pokémon— quedó como la segunda opción más puntuada.
En Santiago también fue Cespa la empresa en el foco de los agentes, que requirieron los contratos de acondicionamiento de la histórica Finca do Espiño y de la remodelación del estanque del parque de la Alameda, entre otros Fue en la capital gallega donde se detuvo al jefe de Ferrovial para Galicia y Asturias, posteriormente trasladado a la sede compostelana de Cespa, filial de la constructora, para asistir a su registro.
El fiscal jefe de Vigo, Juan Carlos Horro, descartó que la operación contra la corrupción política en Galicia derive de la Pokémon También excluyó que las pesquisas comenzasen por la denuncia de un particular, y aclaró que esta “es una investigación iniciada hace varios meses”.
* El País - PABLO TABOADA / VÍCTOR HONORATO - 18.2.14
Foto: Policías salen con una persona de la empresa Cespa / XOAN REY (EFE)
