Alcaucín.- Procesan a 51 personas por el 'caso Arcos' contra la corrupción urbanística

Este pueblecito de la Axarquía malagueña, al igual que otros cercanos, tiene un elevado número de viviendas ilegales por todo su territorio, lo que convierte a esta comarca en un importante centro del salvajismo urbanístico que se ha acrecentado en los últimos años por todo el país. La culpa es de los que tienen la autoridad, tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones y autonomías, que 'a sabiendas' no cumplen su cometido de control de la ordenación territorial.
"SUR* : La jueza del 'caso Arcos' contra la corrupción urbanística, que investiga una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía, ha procesado a 51 personas en esta causa, entre ellas el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba. El auto de procesamiento abreviado dictado por la jueza, cuenta con trescientos folios, y también establece el sobreseimiento de quince personas, según fuentes cercanas a la investigación.
Múltiples presuntos delitos contra la ordenación del territorio, supuestos cohechos, prevaricación urbanística y falsedad documental se le imputa al exregidor Martín Alba, que dimitió de la Alcaldía que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel en marzo de 2009, aunque abandonó la prisión tres meses después de hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.

En esta causa también se ha visto implicado el que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora, quien también pasó por la prisión y quedó en libertad unos meses después tras el pago de la misma fianza que el exalcalde.
La supuesta red de corrupción política-empresarial tiene su origen en asuntos vinculados al urbanismo y va a sentar en el banquillo de los acusados además de Martín Alba y José Francisco Mora a varios constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias empresas, vecinos del municipio y algunos extranjeros.
Según se desprenden de las investigaciones, a las que ha tenido acceso Efe, el exregidor podría haber dado sistemáticamente licencias ilegales sin informes técnicos y jurídicos, algunas de ellas el mismo día que eran solicitadas y sin estudio de su viabilidad.
Las fuentes han explicado a Efe que en algunos casos se trata de promociones grandes y en otras de construcciones aisladas, donde grandes constructores compraban solares no urbanizables y los vendían.
En otras ocasiones los beneficiarios eran vecinos que vendían, otros compraban y luego se revendían los terrenos.
De la investigación se desprende una trama que construía y posteriormente legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía.
Ya en septiembre de 2008 en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se advertía de que de resultar ciertas las informaciones de las que disponían, el entonces alcalde "se habría enriquecido a cambio de permitir determinados actos".
El municipio de Alcaucín estuvo durante varios años en el punto de mira de los ecologistas, hasta que saltó el caso de supuesta corrupción, que denunciaban el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se ha construido unas 20.000 viviendas.
El sumario cuenta con unos 50.000 folios, donde 25.000 son autos principales, 19.000 son atestados policiales y el resto piezas documentales y periciales.
Durante los registros llevados a cabo por la Guardia Civil en el 2009 en la casa del exregidor, quien se negó a dar la llave de la caja fuerte, se encontraron más de 150.000 euros bajo un colchón.


* Sur - EFE - 11.6.13
Foto: Alcaucín (Málaga), ayuntamiento - diariosur.es



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Miles de madrileños viven en casas levantadas ilegalmente por toda la región

La dejadez en el cumplimiento de las normas urbanísticas durante lustros ha terminado produciendo la saturación de viviendas ilegales en todo el Territorio, no solo madrileño. Evidentemente en esta Comunidad, con la complicidad y, a veces apoyo implícito de sus autoridades, el asunto se ha desmadrado totalmente con la enormidad del número de estas viviendas construidas en grandes zonas rústicas protegidas.
"20MINUTOS* : Comprar una parcela, levantar una casa y esperar a que, como contempla la ley, la infracción prescriba a los 4 años. Eso es todo lo que tiene que hacer un particular en Madrid para tener un chalé con piscina en medio del campo. Ni permisos, ni pago de impuestos, ni engorrosos trámites administrativos. El descontrol y la falta de vigilancia es tal que, según el Cuerpo de Agentes Forestales, "muy mal se tiene que dar" para que el delito no se archive antes de que se levante acta y el caso llegue a un juzgado. Las edificaciones fuera de planeamiento urbanístico en la Comunidad se cuentan por miles, según los datos recogidos por los forestales, Ecologistas en Acción e investigadores ambientales.

Muchas de ellas corresponden a urbanizaciones hechas ilegalmente en suelo rústico, forestal o protegido que se desarrollaron durante los años 80, hasta 137 núcleos según el catálogo de la época. Otras son fruto del boom de la construcción vivido entre 1996 y 2008. La mayoría nunca fueron legalizadas y hoy, a pesar del estallido de la burbuja del ladrillo, el negocio continúa a menor escala.

Zonas más afectadas

La vega del río Tajuña, con unas 700 construcciones y no menos de 300 piscinas, es una de las zonas más afectadas. Acumula más de 150 denuncias de los agentes forestales, pero de nada sirve que los suelos sean rústicos o que muchas de ellas se encuentren en las zonas protegidas.

Chinchón se sitúa a la cabeza. En su término municipal se sitúan enclaves como Valbosque y Valromeroso, con decenas de casas que siguen ampliándose; o Las Cubillas, donde un grupo de feriantes ha creado su particular barrio. La alcaldesa, Luisa Fernández (PP), asegura que la "falta de medios" le impide controlar su término municipal. Lo mismo ocurre en el vecino Morata de Tajuña, apunta la organización Arba Bajo Jarama.

San Martín de la Vega alberga la urbanización Pingarrón, situada en zona inundable. Según su alcaldesa, Carmen Guijorro (PP), el núcleo está en proceso de legalización a pesar de que en una de sus calles aún se mantiene un cartel en el que la Consejería de Medio Ambiente advierte que cualquier construcción en terreno rústico será demolida. Este ayuntamiento permite la existencia de un complejo con dos viviendas, huerto, piscina y un aparcamiento para maquinaria de obra que ha levantado irregularmente una conocida familia del pueblo en pleno Parque del Sureste.

En El Molar, la vía pecuaria que enlaza las casas del Camino Viejo de Madrid a Burgos ha sido asfaltada con el consentimiento del Ayuntamiento. Otras 200 casas se desperdigan aquí repartidas, en ocasiones, en terrenos arcillosos de poca estabilidad. "Es un peligro. Y también pasa en Valdetorres, Talamanca, Pedrezuela...", denuncian los geógrafos Daniel Devesa y Antonio Romero, autores de la web pensandoelterritorio.com.

La Cañada Real de Madrid, con 2.500 viviendas entre Madrid, Coslada y Rivas, también es un ejemplo de urbanismo descontrolado.

La ley no funciona

Ecologistas en Acción acusa a la Comunidad de Madrid de desentenderse de la problemática (en incluso de fomentarla con la nueva ley que permite contruir en suelo rural) y a los ayuntamientos, que tienen las competencias en materia disciplinaria, de obviarlo la mayor parte de las veces. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente aseguró a 20minutos que cada denuncia que llega se tramita, aunque responsabilizó a los ayuntamientos de hacer cumplir la normativa.

Según la ley autonómica del suelo, tanto las infracciones como las sanciones prescriben a los 4 años de cometerse. Las multas van de 600 a 3.000.000 de euros, pero estas raramente se ejecutan y no disuaden a los infractores. Medio Ambiente asegura que tramita todas las denuncias que le llegan, pero la maraña normativa, la tardanza judicial y la propia ley del suelo benefician a los incumplidores.

Empresas se ofrecen a construir casas desde 50.000 euros.Para eludir la norma que impide subdividir parcelas, los terratenientes venden pequeñas porciones de suelo rústico de una misma unidad a varios propietarios mancomunados por un precio de entre 6 y 20 euros el metro cuadrado, mucho más barato que el suelo urbanizable.

Una vez hecho, los compradores instalan casas prefabricadas o se construyen la suya propia. Incluso hay empresas que se ofrecen a hacer chalés por unos 50.000 euros. Una vivienda móvil o un bungalow va desde los 3.000 euros de las más modestas a los 65.000 o más, dependiendo del número de habitaciones y los extras.

Dado que se construyen sin permiso, la mayoría de las viviendas cuentan con paneles solares o generadores de gasoil para conseguir electricidad. El agua se saca de pozos. Las confederaciones hidrográficas permiten hacerlos, aunque la mayoría de los consumidores ni siquiera lo comunican. Los desechos se tiran a fosas sépticas o pozos negros que ninguna autoridad supervisa.

Si no hay denuncia ni procedimiento administrativo o judicial iniciado, la infracción no tiene consecuencias. Como los ayuntamientos no incluyen estos núcleos en el planeamiento, quedan en situación alegal, en un limbo. Muchas corporaciones ni siquiera las tiran para evitarse la demolición, que puede rondar los 60.000 euros en caso de que el propietario se niegue a hacerlo. Cobrárselo después es una odisea, admite la alcaldesa de Chinchón.


* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 11.06.2013
Foto: Viviendas ilegales en Chinchón - AC



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Cartagena.- Un juzgado cita a declarar a la cúpula de Urbanismo en un caso de posible prevaricación

Este caso viene de 2006 y es ahora cuando la justicia cita a declarar a los principales implicados municipales. Parece mucho tiempo para otra 'posible' corrupción urbanística, al expropiar el ayuntamiento unos terrenos con el fin de la construcción de un centro cívico, algo que nunca sucedió.
"LAVERDAD* : El juzgado de Instrucción nº2 de Cartagena comunicó ayer la admisión de la querella de la empresa promotora de unos apartamentos turísticos en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil en La Azohía contra el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, y dos altos funcionarios por presunta prevaricación y expropiación ilegal de esos terrenos para hacer un centro cívico que finalmente no se ha construido.

Por estos hechos, el juzgado remitirá a los querellados la citación correspondiente para tomarles declaración en próximas fechas.
Los hechos objeto de la causa se remontan a julio de 2006 cuando la empresa Apartamentos Turísticos La Azohía SL pidió la licencia de obra para edificar un complejo de dos alturas con 24 alojamientos. Eligió para ello el solar del viejo cuartel de la Benemérita. Esa parcela está dentro del Plan Parcial de la Chapineta, amparado por el planeamiento urbano de 1987. En él, ese terreno estaba catalogada como de uso comercial y hotelero, compatible con el de equipamiento privado.


Según la sociedad querellante, tras la petición de licencia de obra y la inspección previa de los técnicos municipales, solo quedaba su expedición a partir de 2009. Pero en la querella se denuncia que el permiso nunca llegó y fue anulado del nuevo plan general que cambió el uso por el de equipamiento público. Apartamentos Turísticos La Azohía SL acusa a la cúpula de Urbanismo de hacer caso a una asociación local que estaba en contra de su proyecto por unos intereses medioambientales que a los demandantes les parecen guiados por cuestiones privadas.
La petición de responsabilidades se divide entre Segado (por presunta prevaricación y expropiación ilegal), el gerente de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, (lo mismo) y la que entonces era jefa jurídica de Urbanismo, Paloma Rodríguez (solo por prevaricación).


* La Verdad - ERK - 12.6.13
Foto: Cartagena, ayuntamiento - cartagena.es



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Mantienen la imputación a 17 personas en el caso Arona

El caso de corrupción urbanística en Arona (Tenerife) lleva ya desde 2007 en manos judiciales y parece que aún queda bastante para que se celebre el juicio y se ejecute la sentencia. Arona es un gran municipio turístico con antecedentes numerosos de ilegalidades urbanísticas, pero se merece una justicia más ágil y efectiva.
"DIARIODEAVISOS* : El caso Arona, que cursa la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife tras haber practicado la instrucción el Juzgado 2 de Arona, mantiene la imputación a 17 personas, tras desestimar un recurso de apelación de éstas, cuyos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por presunta corrupción urbanística, relacionada con la concesión irregular de licencias, favores y otras cuestiones que implican a la administración local de Arona y más personas.

Sin embargo el caso, en esta parte, ha quedado “reducido” en el número de imputados tras el sobreseimiento libre y archivo de otras doce personas, entre las que se encuentran el consejero de Carreteras del Cabildo, José Luis Delgado, tal y como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS. También quedan fuera del este proceso judicial la actual concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Clara María Pérez, ya que no se halla delito de tráfico de influencias alguno al acusarla de haber creado y ofertado una plaza en la oficina de atención a las víctimas de delito de Arona para “colocar a una recomendada”, dice el documento, por el que fuera alcalde, José Alberto González Reverón.

Tampoco se aprecia el mismo delito, ni igualmente prevaricación, en el concejal de Seguridad, Manuel Reverón, porque no influyó para modificar puntualmente el plan insular de ordenación en Cabo Blanco para evitar la demolición de su casa. Sin embargo, el auto no estima el recurso de apelación del actual edil de Medio Ambiente, Antonio Sosa, y también de Urbanismo entre 2007 y 2011, ya que “en contra de lo que él alega”, dice dicho auto, “sí que existen vestigios de la posible comisión por su parte, por lo menos de prevaricación, como fue la contratación de cuatro personas que solían trabajar en las dependencias municipales sin formar parte del personal laboral, según escuchas telefónicas y según Administración de Personal del Ayuntamiento, donde se corrobora que no estaban contratadas y cobraban mensualmente por estudios realizados, explica el auto. También se le acusa al edil de no paralizar las obras del hotel Sir Anthony a pesar de saber que carecía de la licencia municipal.

Igualmente se desestiman las objeciones de Hortensia García citada como subinspectora de la Policía Local de Arona a la que se le achaca tráfico de influencias y prevaricación por mediar a favor de un opositor a un puesto de Policía Local. El Juzgado mantiene igualmente la imputación al cabo de la Guardia Civil, José Rodríguez, por un supuesto tráfico de influencias.

Con respeto al exalcalde se mantiene que existen posibles delitos contra la ordenación del territorio al conceder licencias de obras con informes desfavorables de los técnicos de Urbanismo. También, testigos “clave”, como Ansorena Carrera, dieron lugar , mediante grabaciones de conversaciones a otras “conductas delictivas” de funcionarios de la administración local que en principio “nada tenían que ver con los hechos investigados”,dice el auto.

El aparejador del Consistorio Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal o Jorge Menéndez y Zenón Rodríguez, también arquitectos, siguen imputados en la causa.

Cabe citar que todas estas diligencias se derivan de febrero de 2007, cuando se efectuó una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal ante el Juzgado Decano de la instrucción en Arona para que se investigase un presunto delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y cuyos denunciados eran el alcalde y el resto de miembros de la Junta de Gobierno 2003- 2007. La denuncia fue formulada a raíz de la que puso en enero de 2007 en Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en Madrid el edil del PSOE en Arona, Francisco Santamaría, y que se remitió a la Audiencia Provincial.

Luego vinieron las diligencias previas en marzo de 2007 hasta este último auto, fechado el pasado 5 de junio.


* Diario de Avisos - NICOLÁS DORTA - 8.6.13
Foto: Arona (Tenerife), juzgados - diariodeavisos.com



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Madrid.- Demolida una casa blasonada del XVII

El ayuntamiento de Madrid, con la complicidad de la Comunidad, continúa con su labor de destrucción del Patrimonio histórico artístico de la ciudad. Si hace unos días era el Palacio de Sueca, ahora se trata de otro edificio céntrico protegido que era propiedad del mismo ayuntamiento. Otra barbarie más en la pérdida de valores monumentales que sigue sufriendo la capital por culpa de la equivocada gestión de sus munícipes.
"ELPAÍS* : Madrid tiene desde marzo una casa solariega del siglo XVII menos y un solar más. El Ayuntamiento ha demolido el edificio de su propiedad, situado en la calle de Embajadores 18, por amenazar ruina inminente. El inmueble tenía un nivel 2 de protección y formaba parte del conjunto histórico de la Villa de Madrid, Cerca y Arrabal de Felipe II. “Desde que pasó a manos municipales no se ha hecho nada para su mantenimiento y, al cabo del tiempo, resulta que es irrecuperable”, critica Vicente Patón, presidente de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que lucha por conservar lo que todavía queda del legado histórico, artístico y cultural de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento indican que la casa ya tenía un expediente de expropiación por ruina de 1963. Además, añaden, en el Plan General de 1997 se obligaba a que pasara a manos del Consistorio por el mal estado en el que se encontraba. La tramitación de la expropiación se inició en 1999. Hace dos años se cedió el edificio al Área de Hacienda y pasó a formar parte del inventario de bienes del Ayuntamiento.

La vieja casona presentaba un blasón de los Osorio-Villalobos en la fachada, escudo de armas que podría haber desaparecido en las labores de derribo. El arquitecto Álvaro Bonet, también miembro de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, asegura que cuando preguntó a los operarios que estaban demoliendo el edificio por el destino del blasón, le contestaron que se había desplomado y “hecho añicos contra el suelo”. Les pidió los trozos, pero le respondieron que el Ayuntamiento se iba a hacer cargo de ellos.

Bonet describe la casa como un palacete castellano, “probablemente del XVII por su estructura”. Presentaba un amplio corral o patio interior donde crecían un par de robustos árboles. “Llamaba la atención la potente caja de escaleras, de esas que se alzan sobre recios pies derechos de madera, árboles que debieron crecer allá por el siglo XV o XVI, antes de ser convertidos en la estructura del inmueble”, describe. Como prueba de la solidez de la escalera, relata que en la demolición los trabajadores la usaron para subir y bajar durante las labores de demolición.

En algunos lugares los ventanales estaban tapiados y apuntalados. “Pero el resto del edificio, el que daba hacia la calle de San Cayetano, se veía muy sólido”, apunta el arquitecto. La propia demolición demostró, en su opinión, la fuerza de los muros. “El desmontaje se realizó a mano y tardaron unos tres meses. Si la ruina era inminente, no te entretienes en quitar ladrillo a ladrillo”. Admite que en puntos concretos podía presentar algún tipo de pudrición por efecto de las goteras. “Esa parte podría estar afectada, pero se puede llevar a cabo una intervención puntual, pero no se han molestado”.

Ahora, el solar resultante, de 712 metros cuadrados, se ha incluido en el Plan de Gestión Patrimonial, y se prevé construir un edificio moderno que albergue servicios municipales, bien de tipo administrativo, de equipamiento social o cultural. Pero habrá que esperar a que se disponga de los créditos suficientes para ello, según informó Isabel Pinilla, directora general de Gestión Urbanística a Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Unida, que preguntó en una comisión del 20 marzo sobre la demolición, que costó 250.000 euros.

En la misma intervención, Pinilla aclaró que el edificio lo había demolido la Dirección General de Control de la Edificación y que el solar se ha incluido en el Plan de Gestión Patrimonial, que pretende “optimizar los bienes inmuebles de propiedad municipal y reducir los costes de arrendamiento, entre otros”.

“Es incomprensible que en estos tiempos, porque ya no estamos en los años sesenta, se siga teniendo este concepto del patrimonio histórico artístico. Ha sido una barbaridad”, se queja Bonet. El arquitecto recuerda que no es el único caso. Entre ellos destaca el palacio de la duquesa de Sueca, en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, que data de 1850 y con el máximo grado de protección. El Ayuntamiento lo expropió en 1998 y lo abandonó, lo que condujo a que 15 años después se decretara su ruina y demolición. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación y ha paralizado el derribo. El edificio de Embajadores ha corrido peor suerte.


* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 7.6.13
Foto: Imagen de la fachada de la casa con el escudo de armas antes de su desaparición. / ENRIQUE F. ROJO

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El TSJC declara ilegal un edificio de 136 pisos en Sant Carles de la Ràpita

Otro caso paradigmático de la forma ilegal de actuar de la clase político-financiera en cuanto a Urbanismo se refiere. Ahora en Tarragona. Se concede ilegalmente una licencia para un gran edificio, con apoyo de las distintas administraciones, luego la justicia llega tarde y dicta sentencia condenatoria cuando el edificio está terminado y vendido. Y ahora se pretende que dicha obra sea derribada. ¿A ver quién lo consigue y cómo se sanciona a los implicados en este atentado urbanístico?
"EFE* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado que la licencia urbanística que autorizó la construcción de un bloque de 136 pisos y 136 aparcamientos en Sant Carles de la Ràpita es nula de pleno derecho, han informado a Efe fuentes judiciales. El edificio afectado, situado en la manzana formada por las calles Alcañiz, Molí y Les Oliveres, se construyó a mediados de los 2000 por la promotora sabadellense Arriaz SA, a partir de una licencia concedida el 26 de enero de 2006 por el equipo de gobierno socialista, encabezado entonces por el alcalde y también concejal de Urbanismo, Miquel Alonso.

La construcción del bloque finalizó hace unos cuatro años y, según los cálculos del ayuntamiento, alrededor de un 30 % de las viviendas se encuentran ya en manos de particulares. La sentencia del TSJC, notificada a las partes el 18 de abril de 2012, es firme y no admite recurso.

El pasado 26 de marzo el juzgado contencioso administrativo de Tarragona ordenó en un auto al consistorio, por segunda vez, la ejecución de la sentencia en el plazo de dos meses, que ya han transcurrido.

El ayuntamiento ha presentado un recurso de apelación contra este último auto, que deberá resolver el TSJC, para evitar el derribo y reclama abrir una vía para legalizar el edificio.

La sentencia es la consecuencia del litigio entre la propietaria de unos terrenos rústicos (en suelo urbano programado) adyacentes al bloque, Josefa Bernaltes, el ayuntamiento y la misma Arriaz, que entró en el proceso como parte codemandada.Bernaltes denunció el caso a los tribunales en abril de 2008, tras presentar 5 instancias al consistorio sin obtener respuesta y al constatar que en la construcción del bloque se pretendían ocupar de forma irregular hasta 284,05 m2 de sus terrenos.

El mismo día que el consistorio otorgaba la licencia, el alcalde, Miquel Alonso, y Pau Castro, en representación de Arriaz, firmaron un convenio para modificar "los volúmenes, la fijación de alineaciones y urbanización del entorno de la isla", un documento no sometido al "principio de publicidad" y que sería el desencadenante de una vulneración del Plan General, según la primera sentencia del juzgado contencioso administrativo número 1 de Tarragona.

El juez sustituto de esta sala, Ángel Elías Pérez Núñez, basó buena parte de su argumentación en el informe pericial que encargó al arquitecto Jose María Grandes Carreras, quien concluyó que "el solar resultado del convenio ocupa parcialmente el vial del Plan General", así como una plaza pública (que actualmente se encuentra enmarcada en el recinto del edifico) y "con la circunstancia que bajo la plaza pública existiesen dos plantas de sótano destinadas a aparcamiento, con lo que se ha edificado en suelo público".

El informe pericial constata, de hecho, que si bien el Plan General preveía en esta parcela la construcción de un edificio en forma de 'J', la ejecución final basada en el convenio firmado acabó dando un edificio en forma de 'S' para la modificación del trazado y la anchura de la calle Alcañiz y que incurriría en las irregularidades expuestas.

Tanto el contencioso administrativo de Tarragona como el TSJC han determinado la "nulidad de pleno derecho" tanto de la licencia urbanística como del convenio entre el ayuntamiento y Arriaz.

Pese a que el último auto requiere la ejecución de la sentencia en 2 meses, el consistorio asegura en la apelación que ha presentado ante el TSJC que la sentencia es "declarativa" y que por tanto "no es susceptible de ejecución, y que la ejecución no puede pretender nunca el derribo de lo construido al amparo de la licencia".

Admite, sin embargo, que "si se entendiera que la sentencia es susceptible de ejecución, habría que entenderlo en el sentido de iniciar el correspondiente procedimiento de legalización", siendo la orden de derribo "el último paso en caso de que fuera imposible la legalización de toda o parte de la edificación".

No lo entiende así la parte denunciante, que ha pedido la ejecución de la sentencia ante "la pasividad" del consistorio. "A la declaración de nulidad de una licencia de obras, sigue, como complemento material, el derribo", asegura Bernaltes en respuesta al recurso del ayuntamiento, y cree que el consistorio hace "una huida hacia adelante para no cumplir la sentencia".

Mientras tanto, en declaraciones a Efe, el alcalde de la población, Joan Martín Masdeu (CiU), explica que "desde el ayuntamiento se han iniciado los trámites para informar a los posibles afectados de esta situación y sobre las consecuencias que puede representar la sentencia".


* El País - EFE - 10.6.13
Foto: Sant Carles de la Rapita (Tarragona), aérea - turismo



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Tres alcaldes y la patronal defienden un hotel ilegal en Pontevedra

Este caso del Hotel Talaso es una muestra clara de cómo se realizan las ilegalidades urbanísticas en todo el país. Primero se construye 'por las buenas' un complejo hotelero en una zona rústica, con ayuda de las distintas administraciones amigas, luego se trata de obstruir a la débil justicia que, cuando por fin dicta sentencia, ya llega tarde. Y el remate de la jugada ilegal político-financiera es criticar, a través de los medios afines, a la propia justicia y a las normas urbanísticas existentes, forzando la no aplicación de la ley. Más claro, agua!
"ELPAÍS* : El dueño del Hotel Talaso Atlántico, J. Pérez Gil, salió ayer en rueda de prensa al contraataque ante las reiteradas resoluciones administrativas y judiciales contra el complejo, levantado junto a la costa de Oia en suelo rústico y pendiente de derribo desde que en 2009 el Tribunal Superior de Xustiza declaró nula su licencia de construcción. Estuvo acompañado del presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), José Manuel Fernández Alvariño, que reclamó “soluciones urbanísticas” y el alcalde de Oia, Alejandro Rodríguez. Los regidores de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, y Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, no pudieron asistir pero enviaron cartas de apoyo, según el propietario.

“Este señor invirtió con la legalidad por delante”, sostuvo Fernández Alvariño, que pidió “seguridad jurídica para los empresarios” y apoyó un centro “de gran importancia no solo para la zona donde se ubica sino para toda Galicia”.

El alcalde de Oia también defendió la supervivencia del hotel. Su apoyo no es una novedad; el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra le advirtió expresamente el pasado diciembre de que se expone a ser multado si no ejecuta el derribo antes de final de 2013. Las licencias son nulas porque se basan en una ordenanza que no se llegó a aprobar, un fallo administrativo, según justificó ayer, ante el que busca soluciones como una eventual legalización a través del nuevo plan de ordenación municipal, según recoge Europa Press.

“En este momento en el que estamos viviendo no se puede derribar porque los perjuicios serían enormes”, defendió más tarde el dueño, que dijo que su centro es “referencia en Europa” y es “la primera empresa del municipio en pago de impuestos”. También agitó el fantasma del paro: “Tenemos 60 empleos directos y 100 indirectos, mañana pueden ser unos más de los des desahuciados”.

El Talaso Atlántico abrió sus puertas en 2003. Fue el resultado de un proyecto visto con cariño por la Xunta, que lo regó con hasta 4,5 millones de euros, entre ayudas a la construcción e indemnizaciones por el desastre del ‘Prestige’. Desde entonces ha tenido un recorrido judicial y administrativo accidentado, que incluye una investigación por sus vertidos fecales y una seria amenaza de Costas del Estado, que amagó el pasado febrero con retirarle la concesión sobre el dominio público porque sus instalaciones exceden considerablemente lo autorizado. El propietario aseguró que las informaciones sobre sus problemas responden a filtraciones que buscan hundirlo y ofreció como indicio que salgan a la luz al inicio de las épocas de vacaciones.


* El País - VÍCTOR HONORATO - 6.6.13
Foto: Oia (Pontevedra), aérea hotel Talaso ilegal - elpais



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La liberación de viviendas vacías coge el testigo de la ILP antidesahucios

Vista la negativa del gobierno y parlamento 'populares' a aceptar la básica iniciativa (ILP) sobre el desahucio de viviendas, la PAH busca nuevas vías de actuación, como la ocupación de alguna de los millones de viviendas vacías que existen en el país. Y en esto sí somos campeones mundiales, todo un contrasentido.
"DIAGONAL* : La Iniciativa Legislativa Popular antidesahucios se quedó atascada en la mesa de Economía del Congreso el 18 de abril, el mismo día que el Instituto Nacional de Estadística publicaba su censo de viviendas vacías. Mientras trascendía a la opinión pública que el número estimado de casas sin habitantes alcanzó en 2011 los 3,4 millones, el texto defendido en solitario por el Partido Popular llegaba al Senado sin incluir ninguna de las tres medidas defendidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): la dación en pago retroactiva, la moratoria de desahucios y el alquiler social".

“Nos quedan las dos líneas de trabajo de desobediencia que ya hemos empezado: el Stop Desahucios por un lado, y por otro lado insistir en lo que no hemos conseguido por la vía legislativa: liberar los bloques y las viviendas vacías”, explica Pau Llonch, miembro de la PAH en Sabadell, una localidad que cuenta por sí sola con tres bloques enteros y varios pisos ocupados.

La campaña de recuperación de viviendas vacías, iniciada con el nombre paródico de “Obra Social la PAH”, va cobrando protagonismo y poco a poco se cuela en la agenda mediática y política. Catalunya (ocho bloques) y Andalucía (14, localizados en Sevilla y Málaga) encabezan esta campaña por la que personas en peligro de desahucio, o ya desahuciadas, entran a vivir en pisos o bloques enteros, por lo general fincas que con la crisis han pasado a formar parte del balance de invendidos de cajas y bancos.

Un encuentro de las distintas plataformas celebrado en enero ya fijó la recuperación y liberación de espacios como el siguiente objetivo del movimiento. Según explica Llonch, el grupo que coordina la campaña en Catalunya ya está trabajando en un dossier formativo sobre las “cuestiones técnicas, legales, organizativas y de comunicación” que se han mostrado más útiles en los bloques pioneros de la Obra Social.

Tras un encierro en la Conse­jería andaluza de Vivienda, los habitantes de uno de los bloques ocupados de Sevilla, la llamada corrala Utopía, conseguían reunirse el 16 de abril con la secretaria general de Vivienda de la Junta, Amanda Meyer. El Gobierno autonómico acababa de aprobar la expropiación temporal de las viviendas con procesos de ejecución hipotecaria pendiente y el registro de viviendas vacías, con sanción incluida.

Según una portavoz de la intercomisión de vivienda del 15M, el decreto abre la vía a que a las entidades, Ibercaja en el caso de la Utopía, “les salga más a cuenta conceder el alquiler social para las familias que han entrado a habitarlas que pagar la multa por tenerlas vacías”. Teniendo en cuenta la mayor de las sanciones previstas en el decreto (9.000 euros por piso vacío), Ibercaja tendría que pagar 324.000 euros anuales en sanciones por mantener vacío este inmueble.

Esta posibilidad se mantiene abierta a través de una mesa de negociación entre la Utopía, Ibercaja, la Junta, el Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo andaluz. No obstante, no existe ningún proceso de negociación entre el conjunto de las corralas y la consejería. Además, Meyer excluyó la posibilidad de expropiar estos bloques vacíos, ya que el Decreto sólo abre la posibilidad de la expropiación para los pisos habitados por personas con contrato hipotecario.

En Catalunya, las negociaciones con las entidades ya han arrancado el realojo de 14 familias por cinco años en otro edificio en Sabadell con un alquiler social de 150 euros. Dos bloques más en Sabadell y Terrassa tienen pendiente la firma del alquiler social. “Estamos haciendo un poco de para-Estado”, dice Llonch medio en broma. La entrada en escena del SAREB (el banco malo'), que solicitó el desalojo cautelar de uno de los bloques de la PAH en Sabadell, ha abierto otra vía para el conflicto y supuso por unos días una carga adicional para sus habitantes, que ya se encuentran en situación límite.


* Diagonal - DIEGO SANZ PARATCHA - 9.5.13
Foto: Una de las corralas ocupadas en Sevilla. En toda Andalucía son 14 los inmuebles mantenidos como ocupaciones colectivas. / HAZEINA RODRIGUEZ

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Andalucía.- Seis líneas regionales y 16 trenes se han suprimido en apenas dos semanas

Ya ha empezado la criba mercantilista de Renfe, apoyada por el gobierno de las tijeras. En Andalucía se han suprimido 6 líneas regionales esenciales para el desarrollo de la zona por donde pasaban. Dicen que son poco rentables, pero las han dejado morir los mismos que las cierran y que, después, vendrán con la privatización del servicio con líneas de autobuses. Como si fuera lo mismo, porque ¿qué ocurrirá con las mercancías, por ejemplo? El suprimir una línea como Algeciras-Ronda deja desconectado por tren al mayor puerto español. ¿Alguien lo entiende?
"ELPAÍS* : En Andalucía, la mayor parte del plan de ajuste previsto por Renfe ya se ha ejecutado, al menos en lo concerniente a supresión de líneas. Y es que en las dos últimas semanas se han cerrado seis líneas y han dejado de circular 16 trenes. El pasado 19 de mayo se cerraron las líneas Córdoba-Bobadilla y Algeciras-Ronda, mientras que el pasado domingo 2 de junio dejaron de circular los trenes de las líneas Huelva-Jabugo-Zafra, Sevilla-Llerena y los que unían Linares-Baeza con Almería y con Granada.

La supresión de estas líneas ha supuesto la eliminación de 42 paradas, una medida que los sindicatos estiman que afecta a unos 30.000 usuarios. Sin embargo, Renfe se escuda en que ninguna de las líneas cerradas cubría los gastos de explotación ni su aprovechamiento alcanzaba el 15% exigido por el Ministerio de Fomento para declararlas como de obligado servicio público.

De cara a las próximas semanas, el plan de ajuste planteado por Renfe contempla la reestructuración de otras líneas que va a suponer supresiones de paradas intermedia. Es el caso, por ejemplo, del corredor Sevilla-Huelva, donde se propone la parada en la estación de Villarrasa, y en la línea Sevilla-Cáceres, donde podrían cerrarse las paradas de Cantillana, Brenes y La Rinconada.

De las líneas interregionales, hay previstos ajustes en el corredor Jaén-Madrid (con supresión de algunas paradas y cambios de horarios). Y en el corredor Málaga-Sevilla-Barcelona, la supresión de cuatro trenes se compensa con la creación de otros tantos adaptados a nuevos enlaces. También se proponen nuevas paradas, como la de Antequera en el corredor Sevilla-Almería, mientras que en la relación entre Madrid y Huelva se plantea una reestructuración importante con nuevos trenes y horarios, en especial en época veraniega.


* El País - GINÉS DONAIRE - 5.6.13
Foto: Algeciras, tren cerrado - turismo



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Imputado un ex teniente de alcalde de Barcelona por el sobrecoste del Sant Pau

En el nuevo edificio del hospital de Sant Pau se incumplieron las normas públicas de contratación, lo que finalizó con un sobrecoste elevado en su construcción, por lo que ya hay más de 20 imputados de distintas administraciones y partidos políticos por delitos de malversación y prevaricación.
"ELPAÍS* : La investigación en marcha en el juzgado nº22 de Barcelona que trata de poner luz al cúmulo de adjudicaciones y pagos irregulares registrados en la última década en el hospital de Sant Pau salpica ya a prácticamente todos los gestores y políticos que intervinieron en la construcción entre 2001 y 2009 del nuevo edificio del centro sanitario, que registró un monumental sobrecoste desde los 216 millones de euros previstos inicialmente hasta los 293 millones, un 35%, según han revelado documentos internos del hospital".

En un auto dictado, el magistrado Juan Emilio Vilá Mayo llama a declarar como imputados por los delitos de malversación y prevaricación a otras nueve personas (que se suman a la docena ya imputadas), entre las que destaca el ex teniente de alcalde por el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas y la del expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat Domènech. La imputación de Casas se debe a que ocupaba en representación del municipio un sillón en la Muy Ilustre Administración (MIA) de Sant Pau, su máximo órgano directivo y en el que están representados la Iglesia, la Generalitat y el Ayuntamiento.

El auto destaca que entre 2001 y 2005 fueron adjudicados contratos por decenas de millones de euros sin la correspondiente licitación pública. Lo destacable del caso es que pese a era la Generalitat la que financiaba las obras, fue la MIA la que las adjudicó y supervisó, a menudo incumpliendo la normativa. Este hecho explica en buena medida el desaguisado registrado en el proyecto de construcción del hospital.

El juez detalla en las cinco páginas del auto la adjudicación por casi 100 millones de euros "sin acudir a ningún procedimiento de contratación", es decir, sin concurso público, de dos de las cuatro fases de construcción del hospital (la segunda y la tercera). El auto también recoge la adjudicación directa de contratos de jardinería a la empresa Green Project por 473.482 euros y de la asesoría del traslado de los servicios del hospital desde los antiguos al nuevo edificio a la empresa Consultoria i Gestió, filial del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC).

Junto a Casas también han sido imputados como representantes de la MIA en los años investigados Joan Jarque Jutglar y Josep Anton Arenas Sampera. El juez también ha incluido en la lista de imputados a Malaquías Zayas Cuerpo, ya fallecido.

El auto también llama a declarar al exgerente Jordi Colomer (2004 a 2007) y a su antecesor en el cargo Josep Anton Grau i Reinés, que fue director del Institut Català del Sòl (Incasòl) con el primer Gobierno de Artur Mas. Asimismo ha sido imputado Jordi Bachs Ferrer, gerente de la fundación que gestiona el patrimonio de la institución.

El auto también llama a declarar al exconsejero de Sanidad de la Generalitat, Josep Laporte, fallecido en 2005. El juez ha incluido a Laporte por su posición como presidente del patronato de Sant Pau en los primeros años de la pasada década.

Entre la lista de imputados destaca también la inclusión Josep Prat Domènech, quien está siendo investigado (fue detenido el pasado febrero) por varios delitos en la empresa municipal del Ayuntamiento de Reus, Innova. Prat formó parte de los órganos de dirección de la fundación que gestiona el hospital.

La gran investigación judicial sobre la gestión del hospital de Sant Pau arrancó hace poco más de un año tras la querella presentada contra la cúpula del hospital por sindicatos y trabajadores del centro sanitario. El juez ha imputado ya a una veintena de personas por el caso y ha dividido la causa en tres líneas de investigación. La primera, la que justifica el auto de hoy, investiga el sobrecoste y las adjudicaciones irregulares en la construcción del nuevo edifico del hospital. La segunda indaga los contratos irregulares a personas como Ricard Gutiérrez Martí, quien estuvo siete años cobrando como gerente adjunto del hospital pese a que ya no trabajaba en el centro.

La tercera línea de investigación indaga si la estructura del hospital, dividida en tres fundaciones, perjudica a pacientes y trabajadores, como afirman los denunciantes. Según esta hipótesis, la fundación que gestiona el ingente patrimonio del hospital (formada por más de un millar de propiedades recibidas como donaciones) se queda con las rentas de estos bienes sin transferirlas a la fundación que gestiona el hospital, en contra de lo que habrían establecido los donantes.

La crisis que vive el hospital se ha visto agitada tras revelar EL PAÍS que el actual presidente del patronato de la fundación que gestiona el centro sanitario, Xavier Pomés (ex consejero de Sanidad con los Gobiernos de Jordi Pujol, de CiU), es consejero en dos empresas privadas con importantes intereses sanitarios en Cataluña. La reacción de Pomés, negando tener relación económica con ambas compañías, provocó las críticas de buena parte de los partidos de la oposición, que pidieron su dimisión.


* El País - ORIOL GÜELL - 4.6.13
Foto: Nuevo hospital de Sant Pau en Barcelona. / CARLES RIBAS

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Enladrillar a toda costa

Gracias a la retrógrada Ley de Costas aprobada por el gobierno y el parlamento 'populares' han salido ganando quienes cometieron ilegalidades urbanísticas, porque ellos lo valían, y nos quedamos con cara de tonto los ciudadanos que no incumplimos las normas. Una lección impagable de cómo se hacen las cosas en este país, con la justicia, como siempre, mirando hacia otro lado.
"ANDRÉS BOIX* : Si en enero ya avisábamos de que Generalitat valenciana y sospechosos habituales han decidido reactivar la economía encomendándose de nuevo a la gallina de los huevos de cemento, la reforma de la Ley de Costas (por medio de una ley llamada “de protección y uso sostenible del litoral”, por si queda alguna duda a alguien respecto de qué va la película) finalmente publicada ya en el BOE, deja muy claro que desde el Gobierno central tampoco hay más ideas. Lo de siempre, con los errores de siempre, a mayor gloria de los de siempre".

No voy a aburrirles reiterando una y otra vez hasta qué punto es suicida destrozar nuestro patrimonio natural para conseguir algo de riqueza a corto plazo. Vista la escasísima reacción crítica ante destrozos pasados y barbaridades presentes como la nueva reforma o la manera en que los lobbies ladrillísticos empiezan a cocinar esa “ley urbanística valenciana menos absurdamente respetuosa con el medio ambiente” está claro que tiene poco sentido. Por lo visto, necesitamos más evidencias, en forma de desastres futuros (económicos, ambientales, de modelo social, de igualdad…) para entender hasta qué punto son nefastos estos peculiares programas de reactivación económica basados en salir de la crisis en que estamos metidos por culpa del ladrillazo y del copazo sin control… con más ladrillazo y copazo (y mucho menos control sobre sus agentes privilegiados).

Sin embargo, de los efectos de este tipo de reformas, que amnistían miles de ilegalidades en nuestras costas y les dan carta de naturaleza jurídica futura, que amplían las posibilidades de privatización de bienes públicos, que degradan el medio ambiente de todos para disfrute y ganancia de unos pocos… ya sea en este ámbito o en el urbanismo, sí que vale la pena hablar analizando qué comportamientos incentivan y los correspondientes ganadores y perdedores:

-Ganan quienes cometieron ilegalidades porque ellos lo valían (casas ilegales, chiringuitos fuera de medida…) y nos quedamos con cara de tonto los ciudadanos que no incumplimos las normas, viendo cómo no sólo no obtuvimos ventaja pasando de la ley sino que ahora los pillastres consolidan para siempre el rédito logrado con su caradura.

-Ganan quienes controlan ciertos resortes económicos que les han permitido durante años usar y abusar de bienes públicos en perjuicio del resto de ciudadanos y además, para más escarnio, lo hacen invocando esos poblados de pescadores y de gente humilde que sirven como grotesca pantalla mediática para tapar una apropiación tremenda de bienes y espacios de gran valor (y de todos) en beneficio de ciertas oligarquías.

-Ganan actividades económicas que tienen cautivo el rendimiento de espacios y bienes públicos (y una sorprendente capacidad de control de las decisiones políticas), no se sabe bien por qué razón, y perdemos quienes deseamos una economía más dinámica en sectores abiertos o incluso en esos mismos pero en régimen de libre competencia, condenados por una economía esclerotizada y que drena recursos a favor de estas actividades de poco valor añadido.

Ganancias todas ellas amparadas en un discurso que apela a la “necesidad” de no desaprovechar ciertas oportunidades en tiempos tan duros como los presentes. Ocurre, sin embargo, que esas “oportunidades” no rentan igual a todos. A ver si vamos aprendiendo.

@Andres_Boix, blog en http://blogs.elpais.com/no-se-trata-de-hacer-leer/


* El País - Opinión - 2.6.13
Foto: Aguilas (Murcia) - bahía del hornillo - greenpeace 2006



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Mallorca.- Román Sanahuja confiesa un caso de corrupción por un negocio de 600 chalets

Se conocía ya bastante de la enorme corrupción urbanística existente en Mallorca, con dos partidos implicados principalmente: UM y PP. Ahora uno de los más importantes empresarios inmobiliarios lo reconoce públicamente y con ello parece aclararse algo más toda la trama mafiosa de los últimos años en la isla. Solo falta que la justicia esté a la altura de las circunstancias y sepa sancionar debidamente estos graves actos delictivos.
"ELPAÍS* : El nudo secreto con el que se ató un caso de supuesta corrupción política en Mallorca ha sido deshecho por dos protagonistas, quien pagó y quien cobró parte del cohecho. El gran patrón de la que fue una de las principales inmobiliarias españolas, Sacresa, Román Sanahuja Pons, asumió ayer por escrito ante la Audiencia de Palma que pagó un soborno de cuatro millones a dirigentes de Unió Mallorquina (UM). “El dinero fue solicitado y entregado al intermediario”, dijo el millonario, en dos lugares públicos de Mallorca. Un político de UM asumió haber cobrado 600.000 euros, Tomeu Vicens, antes, el caso y retornó una parte de la comisión, 120.000 euros".

UM que controlaba el Consell de Mallorca, ayudó a Sanahuja a lograr el que era un negocio apetitoso en 2005, en plena burbuja: la construcción en can Domenge, en Palma, de un barrio nuevo con 600 viviendas, que incluía un proyecto de Jean Nouvel. Al frente del Consell estaba la presidente de Maria Antònia Munar, con sus alfiles, Miquel Nadal y Tomeu Vicens.Sacresa abonó al Consell 30 millones por el terreno de 46.000 metros cuadrados al Consell aunque otro competidor, José Luís Núñez, ofertó el doble, 61 millones. La obra nunca se ejecutó, Sacresa entró en concurso de acreedores y el solar, hipotecado, fue embargado y vendido a muy bajo precio en 2012, por siete millones.

Unió Mallorquina saltó por los aires en 2010 por sus reiterados escándalos y detenciones, tras dominar el poder y los negocios oficiales –en especial Urbanismo y Carreteras- a lo largo de dos décadas, desde 1983, tanto en el PP como con el PSOE y el PSM.

El caso de este solar de Can Domenge está en los tribunales porque José Luís Núñez, expresidente del Barça, tras perder la partida de aquella operación (y por otras adversidades a causa de decisiones urbanísticas del UM) presentó una querella criminal contra los políticos al frente del Consell, UM y entonces el PP. Nuñez dijo que la política en Mallorca era “más o menos” como Marbella.

El inmobiliario y expresidente del Barça acusó al equipo de Munar-Nadal-Vicens y compañía de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración. Anticorrupción se sumó a la línea abierta por la querella e impulsó la acción penal. Los fiscales pese a sus esfuerzos con la policía, con numerosos registros, nunca pudieron obtener pistas ciertas y poder acusar por cohecho, la corrupción que ahora confiesan el el empresario y antes un político.

La dádiva de Sacresa se la repartió, en teoría, la antigua troika que dirigió por UM el Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Tomeu Vicens. Los tres tomaron 600.000 euros cada uno, dos millones fueron para el partido y el resto para intermediarios, según el ‘arrepentido’ Vicens, preso desde hace tres años.

El corrupto Tomeu Vicens –con dos condenas firmes por malversación- pactó semanas atrás con la Fiscalía y desencadenó, directamente, la confesión de Román Sanahuja, que había efectuado en 2010 una confesión mínima, parcial, en la que detalló solo tráfico de información privilegiada, sin soborno. Ambos ‘arrepentidos’ lograrán los beneficios de la colaboración con la justicia, penas mínimas de estancias en la cárcel.

Aquel episodio de corrupción asumida y confesa ha reventado a las puertas del juicio ante la Audiencia de Palma cuyo inicio está previsto para este miércoles, día 5 de junio. Los principales imputados (Munar, Nadal y Miquel Angel Flaquer, otro político de UM) cargan con peticiones de seis años de cárcel por delitos de fraude a la administración , revelación de secretos y prevaricación.

El delito de cohecho ahora apuntado no consta en la primera acusación, deberá ser instruido en una pieza nueva o agregado al sumario, más adelante. Munar descolocada por la delación de su mano derecha Vicens y después de Sanahuja, maniobró cambiando de abogado dos días antes, para intentar retrasar la vista.

El dueño de Sacresa en su declaración escrita afirma desde el Consell -Miquel Nadal- le exigieron los cuatro millones para cambiar la decisión del jurado que valoró las ofertas por el solar. “Sacresa accedió a las exigencias” escribe Román Sanahuja que mandó a su hijo en avión y en un bar hizo dos entregas a un emisario comisionista de UM, Miquel Llinás, ‘Cameta’, de Campos.

Sacresa dice ignorar como se repartió la dádiva, relato que corresponde a Tomeu Vicens. Sanahuja asegura que era dinero propio de su compañía, de sus cuentas. “Reconoce el grave error cometido accediendo a pagar esa cantidad de dinero. Reitero mi arrepentimiento y deseo de cooperar con la Administración de Justicia”, concluye.

Representantes de Sacresa, Mario Sanz y el ex consejero mde Cultura de CIU, Joan Maria Pujals, en el mes de junio de 2005, ocho meses antes de anunciarse el concurso oficial para enajenar el solar se vieron con la cúpula de UM para abordar el negocio. Sacresa formó una unión temporal de empresa (UTE) con un socio insular en minoría Ferrá Tur (que cobró 200.000 euros de la dádiva, según Tomeu Vicens). El letrado de Sacresa en Palma Santiago Fiol (hermano del politico del PP, Francisco Fiol) también está imputado por revelar secretos del concurso.


* El País - ANDREU MANRESA - 5.6.13
Foto: Palma, Can Domenge - concatel



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Madrid.- La Fiscalía investiga la ruina del palacio de Sueca y paraliza su derribo

Los delitos contra el Patrimonio histórico artístico son, lamentablemente, muy frecuentes en todo el país, pero que lo haga también un ayuntamiento como el de Madrid es algo que clama al cielo. Así ocurre con el céntrico Palacio de Sueca que, después de ser expropiado, fue abandonado ilegalmente a su suerte ruinosa, con una intención claramente especulativa.
"ELPAÍS* : Probablemente la investigación judicial sobre la ruina y derribo del palacio de la Duquesa de Sueca, un edificio del centro de la capital que goza de la máxima protección histórico-artística, no conduzca a una emocionante historia de novela negra, porque nace de la confesión del autor del crimen: el Ayuntamiento de Madrid. Tras expropiar el inmueble en 1998, el gobierno municipal, dirigido por José María Álvarez del Manzano (1991-2003), Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (los tres, del Partido Popular), descuidó su obligación legal de conservarlo, tal y como reconoce en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS".

El total abandono sufrido durante los últimos 15 años llevó al Área de Urbanismo a decretar en abril su ruina, y a ordenar su inmediato derribo por el riesgo que supone para viandantes y bloques vecinos, entre ellos el patio de un colegio.

A partir de la información desvelada por este diario, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, ha abierto una investigación cuya primera consecuencia ha sido la paralización del derribo. La Fiscalía concluye que “existen indicios racionales de que los daños sufridos lo han sido como consecuencia de una falta de conservación y de mantenimiento flagrante”.

Tras la apertura de la investigación, la Guardia Civil se hizo con el citado informe de Urbanismo; comprobó los daños sufridos por el inmueble; tomó declaración a técnicos municipales; y recabó el testimonio de la directora del instituto público San Isidro, cuyas instalaciones están amenazadas por el posible derrumbe del palacio, hasta el punto de que un patio del centro se encuentra vallado para evitar que los niños puedan resultar heridos.

La Fiscalía comprobó que el Ayuntamiento tuvo que apuntalar el edificio en 1988, cuando aún era de propiedad privada. Diez años después, en 1998, se detectó que los daños se habían agravado, y se adoptaron nuevas medidas de seguridad. Ese mismo año, el Ayuntamiento expropió el inmueble. Sin embargo, en su inspección de abril, Urbanismo constató que desde entonces “no se ha acometido ninguna reparación”, y “la estabilización del edificio corresponde a intervenciones de carácter provisional con más de 15 años de antigüedad, sin que haya mediado desde entonces ninguna revisión de dichas medidas de seguridad”.

La actuación de Urbanismo se debió a la denuncia del instituto, que temía que el palacio se le cayera a los niños encima. Cabe destacar que el abandono no se puede imputar a Urbanismo, sino al área municipal de Hacienda, de quien depende el edificio.

A partir de estos hechos, la Fiscalía ha abierto diligencias informativas, y el Ayuntamiento ha paralizado por ahora el derribo.

El propio Consistorio había admitido ya su culpa en su informe de abril: “El deterioro y agravamiento de los daños existentes en la finca son fruto del total abandono en el que se encuentra la edificación. El incumplimiento del deber de conservación implica, además de los problemas de seguridad derivados, un incumplimiento en el deber de protección del Patrimonio Histórico”.

Urbanismo recordaba que la Ley regional del Suelo obliga a los propietarios de un edificio a “mantenerlo en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlo”. Así mismo, la Ley regional de Protección del Patrimonio dicta: “Los propietarios de bienes integrantes del Patrimonio Histórico están obligados a conservarlos, mantenerlos, custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro”.

El portavoz de IU, Ángel Pérez, pidió explicaciones al PP por este asunto: “¿Cómo se puede llegar a tanta desidia e irresponsabilidad como para permitir dilapidar de esta manera el patrimonio histórico de la ciudad?”. “No se hace lo que se promete ni se cuida lo que se tiene”, añadió, en referencia al compromiso de Gallardón de convertir el palacio en viviendas de alquiler para jóvenes, y de instalar allí una biblioteca o una escuela de música. El portavoz de UPyD, David Ortega, se mostró preocupado por la falta de seguridad que supone el estado actual del inmueble, llamó la atención sobre el “descuido del patrimonio” e inquirió al Ayuntamiento por “el coste de este desastre para los madrileños”.

15 años de negligencia municipal

El palacio de la Duquesa de Sueca se alza en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, data del año 1850, tiene 7.200 metros cuadrados de superficie, y fue expropiado en 1998 por el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), para convertirlo en sede de la Concejalía de Asuntos Sociales.
Alberto Ruiz-Gallardón (PP) aparcó ese proyecto tras ganar las elecciones municipales de 2003, y encargó al arquitecto portugués Álvaro de Siza que rehabilitara el inmueble para albergar 205 pisos de alquiler para jóvenes. En la planta baja se iba a ubicar una escuela infantil o de música, o una biblioteca. El proyecto costaría 12,5 millones y concluiría en 2006.
El alto grado de protección del edificio (el máximo posible) rebajó el proyecto a tan solo 60 viviendas. Además, el uso del suelo, dotacional, llevó a Gallardón a retorcer el lenguaje para convertir esos pisos en “alojamientos municipales”.
En 2007, cuando el proyecto ni siquiera había comenzado precisamente por los trámites urbanísticos para cambiar el uso del suelo, un juez dio la razón a la constructora a la que se le había expropiado el edificio, y dictó que se le devolviera, puesto que el Ayuntamiento dijo que lo iba a usar para dotaciones y estaba haciendo pisos. Ambas partes mantienen ahora un litigio judicial para acordar el precio de reversión. El Ayuntamiento espera compensar con ese dinero no sólo el coste de la expropiación (4,4 millones de euros en 1998), sino también el gasto en vigilancia para evitar okupas (470.000 euros).


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 5 JUN 2013
Foto: El palacio de la duquesa de Sueca, en la calle Duque de Alba. / SAMUEL SÁNCHEZ

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Alicante.- Stop al plan Rabasa: La lucha ha merecido la pena

El Plan Rabasa de Alicante fue finalmente anulado por la justicia que encontró numerosas irregularidades en la contratación y adjudicación a dedo al empresario 'amigo' Ortiz, que en la ciudad, bajo el mandato de los alcaldes del PP Alperi y Castedo, era algo así como el jefe de Urbanismo. Aquí tenemos el testimonio de un ciudadano.
"MANUEL ALCARAZ RAMOS* : Ya hay sentencias que anulan el Plan Rabasa. Y faltan más, incluida la de la PIC. Cuando hace 8 años varios ciudadanos nos levantamos contra el Plan lo hicimos con un manifiesto titulado: "Por la dignidad de Alicante, no al Plan Rabasa". Eso molesto a algunos. Peor para ellos. Pero estaba claro lo que queríamos decir: en una ciudad a la que se le robaba futuro con decisiones urbanísticas destructivas y en la que una trama se repartía los despojos, el Plan Rabasa era la línea roja: resumen de toda la irracionalidad de una época puesta al servicio de un personaje y de sus monaguillos municipales, destruía la posibilidad de diseñar un Alicante practicable con desequilibrios poblacionales, desastre medioambiental, carencias dotacionales y problemas de comunicación.

Pero el Plan Rabasa, sobre todo, siempre fue la historia de una mentira. Porque las élites de codicia ilimitada vendieron el producto como la solución al problema de la vivienda y al paro. Nunca hubo tal, pero demostrarlo era tarea casi imposible. Fuimos atacados, presionados y amenazados, bloqueados con campañas de publicidad e insultados. Y eso que empezamos siendo muy pocos: los que queríamos que cuando se escribiera la historia de Alicante nuestros nombres constaran a pie de página como los que no nos resignamos. Por eso la lucha contra el Plan Rabasa fue, ante todo, una lucha por la ética, por introducir otros valores en el horizonte ciudadano; una lucha pedagógica por convencer a la mayoría de nuestras razones alternativas. Creo que eso lo conseguimos, sobre todo cuando la troika de la que hay que rescatar Alicante -Alperi, Castedo, Ortiz- fue retratándose con perfiles más fuertes y sus voces quedaron indeleblemente grabadas en registros policiales. Quedaba la nulidad jurídica: sin ese clima ciudadano no se hubiera conseguido. Pero aquí esta. Hemos ganado. Y otros han perdido. Un minuto de respiro y de alegría se nos puede permitir.
Sobre todo porque era importante que la victoria fuera un hecho tangible. Que el Plan Rabasa, como gran maniobra especulativa, no se iba a completar era algo que sabíamos, pues lo importante era que unos políticos que desprecian a la ciudad confiaran a un empresario que la hace sangrar el control de suelo suficiente para condicionar el mañana. Por eso la sentencia es esencial: castiga los errores, describe la incuria e impericia de munícipes y empresario, nos enseña hasta qué punto se sintieron impunes, meras máquinas de trasegar fortunas; pero, sobre todo, como aviso imperecedero, sirve para sanciona su insolencia.
Pero ya vuelven a las andadas, ya regresan al engaño y a hablar de Ikea y a decir -nuestra todavía alcaldesa- que son "problemas formales" -¿y qué otra cosa se iba a dilucidar en un contencioso?-. Tiempo habrá de analizar la letra pequeña, pero valgan unas palabras contra las nuevas mentiras. ¿Empequeñecer el asunto? El Plan Rabasa figura en el PGOU paralizado en la Generalitat como "en ejecución". O sea, que una infinidad de actuaciones previstas en el proyecto han de enlazar con las previsiones del Plan. Desaparecido el Plan, lo que queda es un vacío de 4 millones de metros cuadrados y un desequilibrio insoportable. Ya puede sentarse Castedo a esperar que le aprueben el PGOU en estas condiciones. Y, si lo hacen, ya tendremos tiempo de nuevos recursos y de enredar un poco más bajo las pisadas de las pesquisas judiciales. Lo único decente es retirar el PGOU.
No me opongo a Ikea, e incluso creo que podría ponerse en territorio del extinto Plan Rabasa. Pero hay varios problemas. El primero es que Ikea no consta en el Plan Rabasa: mentira sobre mentira, Castedo se esfuerza en ligar la caída del Plan con su juguete sueco, cometiendo, otra vez, la obscenidad de traer a su pantomima la necesidad de empleo. Ikea apareció sólo a los pocos días de que la Generalitat aprobara definitivamente el Plan, aunque ahora sabemos que algunos estaban ya al tanto de la maniobra. Se trataba de multiplicar las ganancias de Ortiz, ese no amigo de Alperi y Castedo. Por lo tanto las sentencias no aluden a Ikea. El segundo es que Ikea es Ikea y dos megacentros comerciales que arrasarían los precarios equilibrios comerciales y, quizá, acabaran por provocar más paro. El inconveniente es que nunca el PP ha querido abordar esa cuestión en conjunto, porque lo importante de verdad era su ubicación en el Plan Rabasa. El tercero es que, pese a los desaforados esfuerzos del Ayuntamiento, la sentencia ha llegado antes de que las instancias implicadas den solución al gran problema de los accesos y el tráfico. Y sobre eso Castedo sigue callando. Así que avisan de un posible Plan B. Muy bien. Avanzo posibilidades jurídicas de Plan B: la tramitación de una Declaración de Interés Comunitario o de una Actuación Territorial Estratégica. Pero hay una complicación: ha de aprobarlas la Generalitat. ¿Va a aprobar Fabra esto cuando el Brugal escruta a Castedo, Alperi y Ortiz sobre el Plan Rabasa?, ¿cuando cada piedra de Rabasa es sospechosa de haber cometido delito? Que la Generalitat moviera esta pieza sería tanto como amnistiar a priori a cohechadores y prevaricadores. Están los tiempos para eso. Y lo que Fabra quiere es que Castedo y Alperi se vayan. O sea, que si hay unos culpables de que Ikea no se construya, por su empecinamiento en llevarlo a Rabasa, son Ortiz, Alperi y Castedo. El círculo se cierra.
Puestas así las cosas sólo cabe preguntarse: ¿qué va a ser de la gran pieza territorial del anulado Plan? Como no hay ningún cartel que diga "Reservado a Ortiz", deberíamos empezar a hablar en serio del asunto. Y, más cerca, lo dicho: hemos ganado. El PP ha sufrido su mayor derrota desde que gobierna y hunde esta ciudad. Sus aliados se han reducido un poco más y sus vergüenzas se quedan al aire. Castedo y Alperi deberían dimitir. No insistiré, ¿para qué? Crepusculares, Rabasa es el Waterloo de su poder. Ahora pueden lamentarse, tratar apenas de justificarse. Allá ellos si quieren sumar a su cobardía el ridículo. La dignidad de la mayoría está salvada. La lucha ha merecido la pena.


* Información - Opinión - 2.6.13
Foto: Alicante, cartel protesta en Rabasa - laverdad.es



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Madrid.- La empresa que hizo el informe de Metrosur realizó parte de la obra

Esto es lo que ha pasado con muchas grandes infraestructuras realizadas en los últimos años. Este caso de Metrosur en Madrid es paradigmático de la tremenda corrupción urbanística: la misma empresa 'amiga' que hacía los informes técnicos, luego era premiada con la adjudicación de las obras que ella misma aconsejaba. Es decir, era juez y parte en la trama mafiosa.
"ELPAÍS* : Las obras que la Consejería de Transportes efectuó el verano pasado en Metrosur —línea que fue cortada durante mes y medio— eran imprescindibles por la posible “rotura súbita” de la plataforma por la que transcurren los trenes y por el “grave riesgo de daños materiales y personales”. Esto era lo que indicaba el informe encargado a una auditora externa por Metro y Transportes. Pero la empresa que alertaba de la necesidad urgente de la obra, Geocisa, resultó luego adjudicataria de parte del trabajo requerido. Se encargó de consolidar el terreno en uno de los tramos, por 2,2 millones de euros, un 17,3% del presupuesto total del proyecto.

Metrosur, la línea 12 que conecta los municipios del sur de la región, sufrió un corte en dos tramos. La versión oficial de la Consejería de Transportes e Infraestructuras fue que se trataba de un trabajo de “mantenimiento” habitual para el que se aprovechó el verano para “molestar lo menos posible” a los vecinos, según señaló entonces el consejero, Pablo Cavero. Días antes de que se produjera el corte, Izquierda Unida denunció que se habían previsto unas obras por temas de seguridad, un extremo que Transportes negó entonces.

Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la consejería contrató la obra por la vía de emergencia, un procedimiento reservado a “situaciones que supongan grave peligro”, según la normativa sobre contratos del sector público, y que es el modelo que permite tramitar con más velocidad y menos controles. Transportes justificó esa necesidad imperiosa con un informe de la Unidad de Seguimiento, Auscultación y Control (USAC), una Unión Temporal de Empresas formada por tres empresas: Europea de Ingeniería y Servicios, SA; Ingerop T3 SA y Geocisa. Esta última fue una de las adjudicatarias de la obra.

La Dirección General de Infraestructuras, dependiente de la consejería, contrató entonces a tres empresas para la reparación de la plataforma de vía y otras tres para la consolidación de los terrenos. Una séptima sociedad fue contratada como responsable de la vigilancia de las obras, organizadas en turnos de 24 horas al día durante siete días a la semana, y en las que falleció un trabajador. El presupuesto total ascendió a 12,7 millones de euros, la mitad de la partida anual destinada a la mejora de infraestructuras ferroviarias de la Consejería de Transportes.

La consultora USAC inició una inspección en Metrosur el 22 de mayo de 2012 “a petición conjunta de la Dirección General de Infraestructuras y de Metro de Madrid”, según consta en el propio informe. Todos los trabajos de inspección terminaron el 20 de junio y Metro recibió el documento el día 26. El corte se produjo el 17 de julio. El informe alerta de la “posible rotura súbita de la plataforma de la vía” en los tramos que luego se cortaron. Transportes se basó en este estudio para elaborar el documento con el que justificó la contratación por procedimiento de emergencia de las obras, en el que señalaba el “elevado riesgo de descarrilamiento” de los trenes si no se iniciaban los trabajos de forma inmediata.

Las empresas que participan en los documentos preparatorios de un contrato “no podrán concurrir a las licitación” en contratos con las Administraciones públicas “siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadas”, según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Un portavoz de Transportes señaló ayer que “no se incumple la normativa” y alegó distintos motivos. En primer lugar, la USAC tiene un contrato con Metro desde el 21 de mayo de 2012 y quien contrata es la Dirección General de Infraestructuras, “con una personalidad jurídica distinta”, según el portavoz, si bien la propia consultora señala en su informe que el encargo provino de ambos organismos y tenía un contrato con Transportes hasta un día antes de iniciar la inspección, el 21 de mayo.

El citado portavoz añade que solicitaron cinco ofertas para ese tramo “como mecanismo adicional de garantía”, aunque el mecanismo de emergencia “permite contratar libremente”. Geocisa, que declinó hacer declaraciones a este periódico, ofreció la tarifa más económica. La misma empresa se postuló para otro tramo en el que la adjudicataria ofreció un presupuesto de 1,63 millones y Geocisa de 1,59, aunque no resultó elegida.


* El País - PILAR ÁLVAREZ / JOSÉ MARCOS - 4.6.13
Foto: El Metrosur, a su paso por Fuenlabrada. / CLAUDIO ÁLVAREZ

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El alcalde de Baltar (Ourense) autoriza obras sin licencia a la constructora de su socio

Otro caso más de evidente corrupción urbanística. Este alcalde empresario 'popular' está ya procesado por otro asunto y ahora sale a la luz este nuevo caso en el que se adjudicaba obras sin licencia a sí mismo, a través de su socio en el turbio negocio de la construcción. Parece que la Diputación ourensana está plagada de alcaldes como éste, que cierran filas tras su jefe 'popular', el también denunciado J.M.Baltar.
"ELPAÍS* : La actividad promotora de José A.Feijóo (alcalde del PP del Ayuntamiento ourensano de Baltar procesado por supuestas amenazas y coacciones a candidatos del PSOE de su municipio) choca con su gestión al frente de la institución local. Feijóo, vinculado a seis empresas constructoras con sede en la comarca de A Limia a la que pertenece el municipio que preside, comparte socios con una adjudicataria de obra pública de su propio Ayuntamiento. El alcalde tiene, además, varias empresas en común con otro promotor que ejecuta obras para particulares y que ha reconstruido una casa sin licencia en una localidad del municipio, Meaus, cuyo suelo está calificado como rústico.

La vivienda que el socio del alcalde levantó sobre la ruina de una planta baja sin los permisos oportunos está en el radio de acción de un crucero catalogado.

Meaus es, además, uno de los tres pueblos que conforman el Couto Mixto, zona fronteriza con Portugal de singulares características catalogada como enclave histórico-cultural por el Congreso de los Diputados y el Parlamento gallego. El planeamiento urbanístico que está redactando el Ayuntamiento de Baltar y que sustituirá a las normas subsidiarias de 1991 por las que se rige ahora, incluirá la protección específica de las tres localidades del Couto Mixto, entre las que se encuentra Meaus. José Antonio Feijóo ha mirado hacia otro lado mientras una de las empresas de su socio Francisco Andrade reconvertía unas ruinas de planta baja en una vivienda de bajo y dos alturas en Meaus. “No nos consta que haya hecho ahí ninguna obra significativa”, disculpa el alcalde en declaraciones a este diario la intervención en esa zona en la que no se puede edificar. “Sé que se hacen algunas chapuzas, arreglos, esas cosas propias de los pueblos”, justifica el regidor. Feijóo no es capaz de precisar si es necesaria licencia municipal para esas actuaciones. “Tratándose de obras menores, yo creo que no hace falta licencia”, señala y resta importancia a la intervención de su asociado apuntando que “se han hecho varias casas por ahí”.

El alcalde de Baltar se refiere a Andrade como “un señor que creo que tiene una constructora en Calvos de Randín”, ayuntamiento limítrofe. Pero Feijóo y Andrade están asociados en al menos dos empresas: Inversiones Inmobiliarias Xinzo, SL, y Promociones Terra da Limia, SL. Ambas carecen de empleados aunque obtienen beneficios. La primera cerró el ejercicio de 2010 con un activo de 611.929,16 euros y un patrimonio neto de 296.970,71 euros. La segunda, con un activo total de 6,6 millones de euros. Las dos constructoras, que comparten domicilio social, fueron constituidas con menos de 4.000 euros de capital.

A quien sí asegura conocer el alcalde es al dueño de Construcciones Rodríguez, una de las empresas que ejecuta obra municipial en Baltar. “Sí, a Ángel Rodríguez lo conozco, aunque apenas hace obra pública aquí”, resuelve el alcalde. Pero el empresario, que comparte socios con el regidor de Baltar en algunas promotoras, ha construido el colegio de Educación Primaria del ayuntamiento y ha sido beneficiado con la adjudicación de la carretera Baltar-Xinzo que financia la Diputación. El alcalde-promotor del Ayuntamiento de Baltar está inmerso en un conglomerado empresarial de tal calibre en la comarca de A Limia que no solo comparte socios con los promotores a los que adjudica obras, sino también sede social.

Inversiones Inmobiliarias Xinzo, SL, integrada por José Antonio Feijóo, Francisco Andrade Quelle, José Rodríguez García y José Antonio Carrasco, tiene el mismo domicilio social, el número 6-B de la calle San Sebastián, que Promociones Val do Salas, la inmobiliaria de la que fue administrador Rudesindo Alvar Mayo, el socio en varias inmobiliarias del empresario que ejecuta ahora obra pública en el municipio. La actividad constructora es una de las características de Feijóo. Él fue uno de los alcaldes que contrató obras a la empresa del exalcalde de Os Blancos José Antonio Rodríguez Ferreiro (autoproclamado devoto “de Dios, la Virgen y Baltar”, por el expresidente de la Diputación ourensana) cuando este iba ya a ingresar en la cárcel condenado a cinco años y tres meses por un delito de malversación (se había llevado 200.000 euros de las arcas municipales). Feijóo le echó entonces un capote y permitió que la empresa del condenado realizara, mediante subcontrata, la obra del pabellón polideportivo de Baltar.

Un procesado para la ‘marca Ourense’

José Antonio Feijóo preside el Ayuntamiento de Baltar con un pie en el juzgado (la vista de su procesamiento por amenazar y acosar a militantes del PSOE está fijada para el 7 de octubre) y el otro fuera del PP, partido en el que causó baja a marchas forzadas tras su procesamiento pero al que sigue perteneciendo de facto en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial de Ourense, en donde vota disciplinariamente.

Imputado y procesado, Feijóo se resistió a causar baja en el partido, e incluso encontró respaldo en el presidente provincial, pero la dirección gallega anunció la apertura de un expediente disciplinario contra el regidor, y este anunció entonces que él mismo renunciaba a la militancia. Lo hizo pero, pese a ello, sigue al frente del Ayuntamiento e incluido en el grupo de gobierno de la Diputación. El alcalde-constructor y diputado provincial a quien José Manuel Baltar designó responsable de la promoción y la imagen de la provincia de Ourense, tiene un considerable patrimonio en fincas, inmuebles, vehículos, acciones y sociedades inmobiliarias, según consta en los datos patrimoniales que él mismo hizo públicos. En la demanda por el supuesto acoso y amenazas que sufrieron los candidatos socialistas —y otras personas del pueblo que secundaron la denuncia— en las municipales de 2011, el PSOE atribuye los presuntos delitos por los que será juzgado a su intento por lograr una mayoría suficiente “para conseguir más dinero para él”. Feijóo obtuvo una aplastante mayoría: siete concejales frente a dos.


* El País - CRISTINA HUETE - 5 JUN 2013
Foto: Vivienda en la que, según el alcalde, se ha ejecutado una obra menor. / NACHO GÓMEZ

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Alicante.- El TSJCV anula la aprobación del plan Rabasa y su adjudicación al empresario Enrique Ortiz

El macroproyecto del Plan Rabasa en Alicante fue aprobado por el ayuntamiento 'popular' en 2006 y en 2009 recibió el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente. Es decir, estaban todos implicados en esta irregular actuación, como finalmente ha sancionado la justicia, que demuestra que se vulneró la ley de contratación pública para otorgar a dedo, al conocido, por sus ilegalidades, empresario E.Ortiz... Más corrupción imposible.
"EUROPAPRESS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la aprobación provisional de plan parcial de Rabasa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006 a una empresa del empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', y deja sin efecto también la posterior aprobación del mismo planeamiento urbanístico concedida por la Generalitat Valenciana en mayo de 2009.

En una sentencia del 30 de abril, que incluye el voto particular de uno de los magistrados que no está de acuerdo con el fallo ni con los razonamientos de la sentencia, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal valenciano estima el recurso interpuesto por dos particulares al considerar que se vulneró la Ley de Contratos.

Por ello, ordena anular la resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, que en mayo de 2009 aprobó la Homologación y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa de Alicante.

Además, deja sin efecto el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006, por el cual se aprobó provisionalmente la homologación, el plan parcial y PAI de la U.E. única del sector Rabasa, en cuanto la adjudicación al agente urbanizador, la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L., propiedad del empresario Enrique Ortiz.

En la demanda presentada en 2009, los dos particulares mantenían que esta actuación urbanística "sólo perseguía el enriquecimiento y beneficio propio del urbanizador, en perjuicio de los propietarios" y para ello "se servía de instituciones públicas, con fines contrarios al interés público".

Los demandantes, además, consideraban que la mercantil adjudicataria del PAI, Viviendas Sociales del Mediterráneo, no se había ajustado a la ley de Contratos, dado que no reunía los requisitos legales para ser agente urbanizador, ni había constancia de que estuviera debidamente calificada para contratar con la administración y el procedimiento de adjudicación del PAI.

Vulneración de la ley de contratos

Ahora, el TSJCV estima su recurso y accede a anular el acuerdo plenario del consistorio al considerar que sí se vulneró la ley de contratos por falta de publicidad del instrumento de adjudicación en el ámbito europeo, y que además no quedó acreditada la solvencia económica, técnica y financiera y profesional de la sociedad que resultó adjudicataria del Programa.

En este sentido, la sala entiende que "no se han cumplido los principios de publicidad y libre concurrencia" en la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) a la que está sometido esta adjudicación y aún cuando sea de aplicación la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Por otra parte, los demandantes aludían en su recurso a la falta de recursos hídricos y recordaban que el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) era "desfavorable".

En este sentido, los magistrados sostienen que el plan parcial de Las Lagunas de Rabasa ha sido sometido a sucesivas modificaciones después de 2009, —entre ellas las referidas en el convenio con IKEA Ibérica SAU, aprobado en julio de 2012— por lo que afirman desconocer a día de hoy si el informe favorable relativo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluye también previsiones para esta zona.

En todo caso, puntualiza la sentencia, el plan Rabasa requeriría de un informe "preceptivo y vinculante favorable de la CHJ" sobre esta concreta actuación urbanística, dado que proyecta la recalificación de 3,6 millones de m2 de suelo y la previsión de edificación de 12.503 viviendas.

Por otra parte, la sala rechaza que este plan parcial tal y como mantenían los demandantes, vulnere el principio general del uso sostenible del suelo por ser iniciativa privada tramitada al margen del Plan General.

En este punto, recuerdan que el plan Rabasa está "congelado en el tiempo en junio del 2009 por motivos procesales", y que su calificación anterior era de suelo urbanizable.

En principio, añade la resolución, "no pude apreciarse una imposibilidad legal absoluta y total para que, por medio del instrumento de modificación de un plan parcial, pueda recalificarse suelo no urbanizable en suelo urbanizable y programarse el sector reclasificado, ni con la normativa de la LRAU, ni con la actual LUV".

El tribunal aclara que el recurso presentado no hace referencia a las modificaciones sucesivas de la homologación y del plan parcial, por lo que tampoco cabe su pronunciamiento al respecto.


* 20 Minutos - EP - 30.5.13
Foto: Alicante, terrenos Plan Rabasa - información



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El plan de urbanismo de A Estrada fue avalado por la archivera

Los intereses económicos que hay detrás de los planes de urbanismo quedan retratados en este caso de A Estrada (Pontevedra). Aprovechando las vacaciones del secretario municipal, el alcalde y su corporación aprobaron un controvertido Plan General solo con el aval de la archivera del ayuntamiento, miembro, además, del mismo partido político. Creo que se ve a la legua la intención claramente ilegal del alcalde 'popular'.
"ELPAÍS* : El alcalde de A Estrada y ex diputado autonómico del PP, José López Campos, logró eludir el preceptivo informe del secretario municipal del Ayuntamiento, José Naveira, sobre el Plan General aprovechando sus vacaciones para que ese dictamen lo avalase la archivera municipal, María Jesús Fernández Bascuas, compañera del regidor en el comité local del PP estradense. La documentación que obra en poder de este diario demuestra que el plan para evitar los posibles reparos del secretario titular del Ayuntamiento al documento urbanístico no fue casual.

El 2 de octubre de 2012, el regidor remitió una carta en la que emplazaba al funcionario a solicitar las vacaciones pendientes de aquel ejercicio en menos de 24 horas. El secretario municipal fijó entre el 19 de noviembre y el 12 de diciembre sus días pendientes de disfrutar pero, en vísperas de la aprobación provisional del Plan General, comprometió su “más completa disposición a variar el calendario propuesto”. Previendo lo que podía pasar, el funcionario avisó de que “dada la trascendencia del asunto, lo idóneo es que la aprobación del expediente se produzca actuando como secretario de la Corporación su titular y no ningún otro”. Al no recibir respuesta del alcalde, el funcionario le envió una segunda comunicación recomendando que durante sus vacaciones le sustituyera el jefe del servicio jurídico de Urbanismo en ese Ayuntamiento, la misma persona que otras veces había cubierto sus libranzas. Y justificaba su consejo puesto él mismo debería “retomar” a la vuelta de vacaciones la gestión del plan general.

Ninguna de esas cautelas fue tomada en cuenta por el regidor, que designó como secretaria accidental del Ayuntamiento a una persona de su confianza, la archivera y compañera en la dirección del PP estradense, María Jesús Fernández Bascuas. Fue ella quien dio su bendición al planeamiento urbanístico con un dictamen, firmado el 26 de noviembre, en plenas vacaciones del secretario titular, y la que avaló una por una todas las variaciones introducidas por el gobierno municipal. Pero la víspera de que se celebrase el pleno para aprobar provisionalmente el plan general, el secretario titular presentó un segundo informe que enmendaba el de su sustituta y repleto de reproches al documento del gobierno. El dictamen realizado en solo cinco días por el técnico a su vuelta de vacaciones defendía que la propuesta de planemiento no presta “la mínima atención” a la Lei do Solo de 2010 pese a que la adaptación a esta debía ser “uno de sus principales objetivos”. El dictamen, con fecha de 17 de diciembre de 2012, critica la clasificación de varios terrenos como suelo urbano no consolidado pese a que no estaban urbanizados.

Las salvedades al documento no se paran ahí: el dictamen del secretario también argumenta que los cambios introducidos en el plan desde que este había sido expuesto a información pública, durante el otoño e invierno de 2009 (con el anterior gobierno municipal socialista) obligan a repetir ese trámite para volver a exhibirlo a los vecinos.

Todas esas pegas jurídicas llevaron a la oposición a exigir, en la sesión plenaria del pasado 18 de diciembre, que el polémico plan quedase sobre la mesa. Pero el regidor decidió tirar hacia adelante, su mayoría absoluta lo refrendó y el documento salió camino de la Xunta, que ha empleado los últimos meses en analizarlo. Finalmente, el planeamiento ha obtenido el sí de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que preside Agustín Hernández, compañero de escaño del alcalde hasta 2011, cuando López Campos dimitió tras vencer en las municipales. El pasado lunes, Hernández anunció que la Xunta da luz verde al polémico ordenamiento urbanístico para llenar un vacío normativo de 35 años y dejar sin validez las vetustas normas subsidiarias de los años setenta.

Desde que estalló el conflicto, el secretario municipal, erigido en enemigo público número uno del alcalde, no ha vuelto a ejercer. Primero se tomó un permiso para casarse y cuando le tocaba reincorporarse presentó una baja laboral. Como sustituta, sigue ejerciendo la archivera del Ayuntamiento, abogada de formación, que ya percibe un complemento por sustituir al técnico titular. Los tres sindicatos con representación en el Ayuntamiento (UGT, CC OO y CIG) han denunciado su situación y la de otros funcionarios que también han asumido tareas que no le competen, señalados por el dedo del alcalde.

Entretanto, la Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano amenaza con pleitear contra el futuro plan. No será la primera vez: la asociación vecinal ya llevó hasta el final —y con victoria— su pelea por la supresión de una normativa urbanística provisional que acabó tumbando el Tribunal Supremo.


* El País - JOSÉ PRECEDO - 5.6.13
Foto: Vista general del casco urbano de A Estrada. / ÓSCAR CORRAL

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El juez cita al alcalde y exalcalde de Benicolet (Valencia) por consentir 60 construcciones sin licencia

A la Comunidad Valenciana le crecen los corruptos urbanísticos como hongos y, curiosamente, casi todos son del partido popular que parece que gobierna todas las administraciones allí sin ningún reparo ni escrúpulo. Ahora es el caso del municipio de Benicolet donde los dos últimos alcaldes autorizaban construcciones al margen del Plan General de Ordenación.
"LEVANTE* : Al alcalde de Benicolet, Mateo Prats (PP), a su antecesor en el cargo, Antonio Pastor (GIBE), al secretario de la corporación municipal, Enrique Piera Ribera, al concejal de Urbanismo, José Manuel Boscá, y el exregidor de este área, Fernando Climent. El magistrado investiga la construcción de alrededor de 60 edificaciones ilegales en el pueblo cuyas obras podrían haberse ejecutado sin licencia y en suelo no autorizado, según la normativa urbanística.

Se estima que en Benicolet, donde conviven menos de 600 habitantes, hay alrededor de 300 inmuebles que no se adaptan a la legalidad. El proceso judicial parte de la querella presentada por un vecino y empresario de la población ante la proliferación desde hace años de chalés, naves y almacenes ejecutados al margen del PGOU, localizados en suelo agrícola o en parcelas sometidas a algún tipo de protección urbana y paisajística. La parte demandante acusa a los imputados de no actuar mediante la imposición de sanciones y de permitir la consolidación de obras ilegales sin licencia pese a ser conocedores de las irregularidades, dadas las reiteradas denuncias existentes en el ayuntamiento -algunas de la propia Generalitat-.


* Levante - SERGIO GÓMEZ - 4.6.13
Foto: Benicolet (Valencia) - todopueblos



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Alcalá.- El Supremo declara ilegal el campo de golf que Aguirre construyó en una finca protegida

La expresidenta de la Comunidad madrileña era especialista en saltarse 'a la torera' las normas urbanísticas. En el caso de los campos de golf fue evidente. Aun se preguntan los madrileños cómo es posible un campo dentro del estadio de Vallehermoso que, con el visto bueno de Gallardón y del actual presidente I.González, se hizo en pleno centro de la ciudad. Ahora vemos otro ejemplo en Alcalá de Henares, en una zona también protegida.
"20MINUTOS* : El Tribunal Supremo ha declarado ilegal el campo de golf de El Encín, el recinto que la Comunidad de Madrid autorizó en la finca protegida del mismo nombre y que integró en el centro de la centro de naturaleza, educación ambiental y ocio Naturalcalá de Alcalá de Henares. Ecologistas en Acción recurrió el proyecto por considerar que en el camino se habían cometido un gran número de irregularidades.

Ahora, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo da la razón al colectivo y anula el acuerdo de septiembre de 2007 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se aprobó definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá.

Este acuerdo, que el Supremo considera "contrario al ordenamiento jurídico", no se sometió al procedimiento de evaluación ambiental estratégica a la que están obligados todos los planes aprobados después del año 2004. En este caso, la modificación puntual se aprobó en 2007 y sirvió para introducir como uso tolerable el Deportivo Grupo III en 150 hectáreas de las 500 que tiene la finca, propiedad de la Comunidad y dedicada a la investigación agrícola.

El cambio era imprescindible para la construcción del campo de golf de 18 hoyos que la propia presidenta regional inauguró el 21 de marzo de 2011. Hasta ese momento, la Ley del Suelo de la Comunidad —que Aguirre también modificó ad hoc para soslayar los informes técnicos y jurídicos— y el PGOU de Alcalá imposibilitaban la operación, ya que los terrenos eran no urbanizables y estaban calificados como de especial protección agropecuaria. Esto los hacía incompatibles con la creación de un campo de golf.

El complejo ni siquiera es de gestión pública, sino que fue adjudicado durante 50 años a la empresa Desprosa S.A., que invirtió 33 millones de euros y esperaba obtener un retorno de 13 millones anuales. Ahora, Ecologistas en Acción exige que se devuelva el uso agrícola de los terrenos y que reviertan a la Comunidad como dominio público.

Macrocomplejo de ocio

El día de su apertura, Aguirre declaró que los poderes públicos tenían "la obligación" de promocionar el golf. "No es ni un deporte caro ni un deporte de viejos. No es cosa de ricos. Eso es un prejuicio y un tópico", zanjó.

El campo de golf que queda en situación de ilegalidad tras la sentencia del Supremo no es el único que estaba proyectado en El Encín. Junto a este iban a levantarse otros dos más (uno de 18 hoyos y otro de 9), cuatro pistas de tenis, 20 pistas de pádel y una escuela deportiva.


* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 31.05.2013
Foto: Aguirre jugando al golf - 20minutos



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