Imputado por corrupción urbanística el alcalde que gobernó 23 años Castelldefels
Marina declarará mañana ante el juez, pero en el centro de la presunta trama de corrupción destacan sobre todo otros tres imputados, el matrimonio formado por Antonio Gomà y María Dolores Irún, ambos empleados municipales que, según la investigación, acumulan «un patrimonio no acorde con sus ingresos por sus profesiones, cargos y empleos en el ayuntamiento», y Manuel Marín López, empresario supuestamente beneficiado por la trama, que terminó por contratar a Marina cuando dejó la alcaldía.
Durante la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo del 2011, según revela la investigación, el PSC, CiU y el PP recibieron una serie de cartas anónimas en las que se denunciaba muy detalladamente el caso, tanto que la sospecha general era que la garganta profunda de esas gruesas acusaciones era en realidad un funcionario municipal muy bien informado. Nadie, sin embargo, le hizo caso entonces. Pasados unos meses, Manuel Reyes, actual alcalde de la ciudad y militante del PP, recibió de nuevo esos anónimos, esta vez en su domicilio particular. Los remitió a la Guardia Civil, que, aunque con reservas iniciales, investigó a fondo las acusaciones.
* El Periódico - CARLES COLS / MAYKA NAVARRO - 5.2.13
Foto: Finca de la calle de Dolores Uribarri que la pareja promovió y luego adquirió. JOAN CORTADELLAS
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La PAH arremete contra la banca y la connivencia política ante los diputados en el Congreso
Han sido 45 minutos en los que el Congreso de los Diputados ha oído por vez la voz de Colau, y ha escuchado sus reproches a la desidia de los políticos durante años frente al problema de los desahucios, y también para que quedara constancia de sus propuestas, avaladas por un millón de firmas en forma de Iniciativa Legislativa Popular.
Colau afirmó "que no se firmaban contratos libremente, contratos llenos de cláusulas abusivas de las que nunca se informó, por lo que es una obligación moral reaccionar ante la violación de derechos fundamentales, incluso saltándose leyes injustas".
En este sentido, replicó a la intervención que le precedió, del vicesecretario de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero, a quien llamó "criminal" mientras mostraba sobres a los diputados. "Que la gente que nos ha hundido en la miseria diga 'no' a la dación en pago nos reafirma", argumentó.
En cuanto a las propuestas, Colau detalló "los mínimos" que recoge la ILP que se debatirá el martes en el Congreso gracias a que el PSOE ha sustituido su propuesta por la de la PAH: "No vamos a aceptar una solución sin efectos retroactivos. Que paguen los estafadores, no los estafados. Pedimos la paralización de los desahucios de vivienda habitual y de deudores de buena fe, así como la dación en pago retroactiva". Estos mínimos, "avalados por un millón de firmas" deben tenerse en cuenta, según Colau: "Si ustedes se creen la democracia y que el Congreso es un órgano de representación de esa democracia, deberían escuchar las demandas ciudadanas. Los desahucios son la mayor violencia contra el derecho a la vivienda; el Estado pone todo el aparato policial y judicial al servicio de los desahucios. Apelamos a los diputados, con nombre y apellidos, y quienes desprecien la voluntad ciudadana, serán señalados, sin violencia, pero serán señalados allá donde vayan".
Tanto la califición de "criminal" al representante de la AEB como la apelación al señalamiento de los diputados que voten en contra de la ILP de la PAH, fueron motivo de enfrentamiento entre el presidente de la Comisión, Santiago Lanzuela (PP) y Colau al final de la comparecencia. Lanzuela pidió que retirara "las ofensas". "No nos amenace", dijo. A lo que respondió Colau: "Lo que ha faltado es esta llamada de atención a quien me ha precedido".
En su intervención, Colau también insistió en que "las casas que están en manos de las entidades financieras, deben constituir el parque en alquiler social, cuya renta no debería superar el 30% de la renta familiar. Las 6.000 viviendas del fondo previsto en el último decreto son migajas".
Antes de Colau, intervinieron en la Comisión el expresidente del Banco Hipotecario y de la Caja de Ahorros de Granada, Julio Rodríguez, y el vicesecretario general de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero.
La comparecencia de Rodríguez Pellitero fue duramente contestada por Colau posteriormente, lo que motivó el enfrentamiento entre la portavoz de la PAH y el presidente de la Comisión de Economía.
El vicesecretario de la Asociación de Banca defendió el marco legal: "No hay que cambiar la ley. Si la situación actual es consecuencia de la crisis, que es transitoria, las medidas deben ser también temporales, como las que ha aprobado el Gobierno". Rodríguez Pellitero defendió que "los desahucios no son un negocio para la banca: "Se pierde un cliente, su familia, hay que incurrir en gastos de abogados, de gestión del piso, el IBI, la comunidad, y luego montar todo un sistema de gestión del piso. Sólo cuando no queda otra opción, el banco inicia la ejecución hipotecaria, porque no hacerlo pondría en riesgo la solvencia del banco". En conclusión, según Rodríguez Pellitero: "El sistema hipotecario no es tan malo. Sí la crisis económica".
El expresidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, sí vio insuficientes los decretos aprobados, el de marzo de 2012 sobre el código de buenas prácticas de la banca, y el de noviembre, sobre la moratoria de desahucios: "Habría que prolongar un año más la moratoria y ampliar el campo de personas que puedan acogerse a ella. Además, el código de buenas prácticas, que permite la dación, debería ser de cumplimiento ordinario por los bancos, no como ahora. Y, también, debería rebajarse el interés de demora, que ahora está en torno al 12%: después de la moratoria, la familia se encuentra en la calle y con una deuda multiplicada".
Además, Rodríguez puso el énfasis en la falta de datos "para calibrar la magnitud del problema: las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial no distinguen entre primera vivienda y segunda vivienda. Es muy pobre. Y las estadísticas oficiales tampoco se publican todas, se usan políticamente en la Cámara".
Por último, Rodríguez insistió en "modificar la ley hipotecaria sin amenazar la solvencia del sistema financiero. Lo más urgente es la reforma del procedimiento y que el código de buenas prácticas sea común en el día a día de los bancos".
* El Diario - Andrés Gil - 5.2.13
Foto: Protesta de Plataforma afectados Hipoteca en Madrid (archivo) - afectadosporlahipoteca
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Colectivos cívicos ante la llegada de Eurovegas: "Profundizará la corrupción generalizada"
El anuncio oficial de la ubicación de Eurovegas es inminente. Previsiblemente, este viernes la Comunidad ratificará la elección de Alcorcón como sede del complejo de casinos, hoteles y campos de golf que promueve el magnate Sheldon Adelson. La cercanía de este anuncio ha reactivado las protestas de los colectivos ciudadanos contrarios a la instalación de esta infraestructura en Madrid. "Eurovegas profundizará la corrupción generalizada en España", lamentó uno de estos grupos cívicos, Detengamos Eurovegas Alcorcón.
El número dos de Las Vegas Sands, Michael Leven, insinuó este lunes que la ubicación final de su complejo será Alcorcón, en el sur metropolitano de Madrid. "Nos inclinamos por Alcorcón, en este momento es el candidato más fuerte", aseguró Leven. Sin embargo, matizó que la Comunidad "tiene la última palabra", ya que la construcción del complejo estará sujeta a la celebración de un concurso público para adjudicar la obra, según prometió el presidente de la Comunidad, Ignacio González.
Sin embargo, los críticos con Eurovegas creen que este concurso es una mera formalidad: "¿De qué sirve un concurso público si la administración que lo convoca ha llegado ya a un acuerdo en particular con una empresa privada?", se preguntan Ecologistas en Acción y Detengamos Eurovegas. En su opinión, este acuerdo previo "es una estafa" a los madrileños, ya que "se impone a la ciudadanía sin informarla ni consultarla".
Por otro lado, los colectivos críticos recuerdan que los terrenos ofrecidos en Alcorcón (en La Venta de la Rubia) son terreno rústico, no urbanizable, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que invalidó un acuerdo de la Comunidad. "Se saltarían no solo el planeamiento urbanístico municipal sino la sentencia del TSJM", denuncian.
Otro motivo de indignación está en los cambios legislativos "en favor de la empresa de un multimillonario". Se refieren a la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, el pasado diciembre, que incluía rebajas de impuestos y bonificaciones fiscales para una nueva categoría urbanística: los Centros Integrados de Desarrollo (CID). El proyecto de Eurovegas encaja dentro de esta categoría, por la cual se le permitiría pagar solo un 10% de sus ingresos por el juego (frente al 45% actual) y se le bonificaría por la compra de material.
* 20 Minutos - MARIO TOLEDO. 05.02.2013
Foto: Centenares de personas protestan en Madrid contra la "estafa" de Eurovegas.- (EFE)
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Denuncian que el Gobierno de Cospedal quiere vender montes públicos para hacer cotos de caza
La organización ecologista, que se opone rotundamente a esta medida, considera que esta venta supone “un intento de expolio de los bienes patrimoniales de todos los ciudadanos y un paso atrás sin precedentes en materia de protección ambiental y de gestión forestal” de Castilla-La Mancha.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Agricultura han asegurado que a pesar de que cada día se estudian cientos de medidas que contribuyan a sanear las cuentas públicas “en estos momentos, no existe un documento de trabajo” que plantee la venta de montes públicos.
Estas mismas fuentes han apuntado que esta medida puede haber sido planteada por otra comunidad autónoma, dentro del trabajo que vienen realizando para sanear las cuentas públicas, si bien, han afirmado, que en Castilla-La Mancha no se está trabajando en esta medida.
Ecologistas en Acción, por el contrario, mantiene que a lo largo de las últimas semanas han recabado datos de la iniciativa de la Junta por diversas fuentes y que, finalmente, ésta decisión le “ha sido confirmada” por el director general de Montes y Espacios Naturales en una reunión celebrado este jueves mismo.
La actuación, según los conservacionistas, se enmarcaría dentro de un plan de enajenación de bienes de titularidad pública que ha impulsado la consejería de Hacienda y en el que está colaborando la consejería de Agricultura.
Según los ecologistas, el plan ya está avanzado y ha dado sus primeros pasos, por lo que, según esta organización, “se ha elaborado una lista inicial de montes susceptibles de venta que se han seleccionado con criterios de ausencia de cargas, disponibilidad para desarrollar explotaciones forestales y cinegéticas y de dotación de infraestructuras que los puedan hacer más atractivos a posibles compradores”.
Potenciales clientes
Entre los potenciales compradores -afirma EA- ya han comenzado a circular listas ofreciendo montes en concreto y la Consejería de Agricultura ya ha empezado a escuchar algunas ofertas.
Según la organización ecologista, los montes pueden interesar a empresarios con alto poder adquisitivo, gestores cinegéticos y también a latifundistas colindantes que quieran ampliar sus posesiones, a los que se les ofrecería la posibilidad de precios muy ventajosos dada la situación actual del mercado inmobiliario.
La Junta de Castilla-La Mancha es titular de 228 montes públicos que ocupan 171.228 hectáreas de superficie, de la que se ofertarían entre 34.000 y 51.000 hectáreas.
Entre los primeros montes en venta figuran cuatro refugios de fauna toledanos, se trata de los montes el Dehesón del Encinar en Oropesa, Nava de Don Diego en los Navalucillos y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, en Los Yébenes.
Ecologistas en Acción considera que este plan incumple las vigentes Leyes de Montes (estatal y autonómica) sobre el régimen jurídico al establecer que “Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Por ello, la asociación ecologista avisa de que acudirá a los tribunales no sólo para defender la titularidad pública de estos espacios sino para denunciar a los políticos y gestores que puedan llevar adelante tan flagrante ilegalidad.
* La República - EFE - 1.2.13
Foto: Bosque público - publico
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Canarias.- Primer juicio por corrupción en el PP de la era Soria
El ministerio público pide un año y ocho meses de cárcel, 120.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación especial para ejercer todo empleo o cargo público al que fuera portavoz del PP en el Parlamento de Canarias entre 2003 y 2007.
En un auto fechado el 28 de enero, la Sala de lo Civil y Lo Penal, que está presidida por Antonio Castro, presidente del TSJC, establece las sesiones para los días 27 y 28 de febrero; 1 y 8 de marzo; 4,5,29 y 30 de abril, y 2 y 3 de mayo. Durante los cuatro primeros días declararán los siete imputados, entre los que se encuentran, además de Jorge Rodríguez, el jefe de servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena; el de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, o el propio denunciante de la trama, Francisco Cambreleng.
Las declaraciones de los veinte testigos de esta causa tendrán lugar entre el 4 y el 29 de abril. Francisco Valido, exalcalde de Telde, prestará declaración el día 5, mientras que el 29 lo harán cuatro funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
La Sala no ha admitido que se incorporen a la causa pruebas documentales propuesta por la defensa de Jorge Rodríguez, entre las que se encontraban ejemplares de revistas y periódicos, al considerar que de las diligencias practicadas y de los escritos de calificación de las partes no se deduce la necesidad de practicar más pruebas que las ya admitidas.
Jorge Rodríguez es el acusado de mayor relevancia en este caso, que surge de una pieza separada del caso Faycán. El de nuevo diputado autónomico del PP –dimitó en 2007 después de que saltara el escándalo en Telde, está acusado de interceder en favor del Grupo Europa y cobrar por ello al menos 64.000 euros con trabajos de intermediación ante ayuntamientos canarios gobernados por su propio partido.
El fiscal Luis del Río recogió en su escrito de acusación que había constancia documentales en las cuentas anuales de la empresa Grupo Europa de los pagos al diputado entre los años 2003 y 2006, momento en el que estalla el caso Faycán, con múltiples ramificaciones en Telde.
Para el ministerio público, la actuación de Rodríguez fue determinante para que Grupo Europa resultase adjudicataria de un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa.
Las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas sobrepasan entre todos los acusados los 27 años de cárcel y las multas ascienden a más de 1,3 millones de euros por unos hechos considerados constitutivos de doce delitos, y que entre 2004 y 2006 bajo el gobierno de PP y Ciuca pretendieron situar la política de viviendas sociales en medio de un negocio ilícito a través de la obtención de beneficios otorgando al suelo gratuito municipal un coste irreal.
* Canarias Ahora - 2.2.13
Foto:Santa Cruz Tenerife, parlamento Canarias - canariasahora
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Las constructoras de la lista de Bárcenas tenían al menos 6.600 millones de euros en obra pública en los años de las donaciones
Las grandes ampliaciones del AVE; los accesos y circunvalaciones a Madrid (como el faraónico soterramiento de la M-30 o las radiales fantasma); la T-4; miles de kilómetros de autopistas... estas obras públicas son algunos de los ejemplos del negocio que se repartieron en el momento algunas grandes constructoras, en concreto, FCC, Sacyr Vallehermoso y OHL.
Estas tres cotizadas no eran las más grandes del momento, los ranking de la época señalan a ACS (presidida por Florentino Pérez) y Ferrovial como las líderes del sector, pero estas tres pasarán por otros motivos a la posteridad. Así, los nombres de los responsables de las tres constructoras aparecen manuscritos en los apuntes de caja que este jueves publicó El País como posible contabilidad en B del Partido Popular.
Según los papeles a los que tuvo acceso El País, Luis del Rivero (presidente de Sacyr) dio dos pagos de hasta 380.000 euros entre los años 2004 y 2006. Juan Miguel Villar Mir (OHL) aparece asociado a tres ingresos que suman un total de 530.000 euros en tres pagos, los dos mayores en 2006 y 2008. Por último, José Mayor Oreja, que dirige la filial de construcciones del gigante FCC, está asociado a dos pagos en 2008 que ascienden a 165.000 euros.
Lo que podría ser una donación de estos empresarios al Partido Popular suma un millón de euros en estos tres años. Una abultada cifra que queda completamente ridiculizada por la cifra de negocio que estas tres empresas manejaron solo en obra civil en España en los mismos años que se hicieron los pagos. Al menos 6.600 millones de euros.
De estas tres constructoras, la mayor es FCC y también es su cartera de obra civil la más abultada. La cifra de negocio por este concepto ascendía en 2008 a casi 3.000 millones de euros (el desglose es un cálculo de los datos que ofrecen en su informe anual de la parte de la cartera en construcción que tienen en España y la proporción de obra civil sobre el total).
Sacyr es la segunda en tamaño. En 2004, primer año en el que figura una supuesta donación de Del Rivero, la cartera de obra civil en España de esta constructora ascendía a 854,3 millones de euros. En 2006, fecha del segundo pago, superaba ya los 1.222 millones de euros.
La tercera de este trío de cotizadas, OHL, tiene una cartera más modesta pero centrada en las grandes infraestructras del transporte. La información de las cuentas de 2004 (primer año del pago) no está disponible en su página web. En 2006, la cartera de la constructora suponía ya 939 millones de euros en obra civil y en 2008, último pago, ya había sufrido los rigores del primer año de la crisis y se había recortado hasta 620,5 millones de euros.
Por el momento, los portavoces de las tres empresas han rechazado la veracidad de estos datos, aunque FCC pidió más tiempo a El País para revisar su contabilidad.
Según la ley de financiación de partidos, las empresas que tengan contratos vigentes con las administraciones públicas, no podrán hacer donaciones a las agrupaciones políticas. Cabe señalar que los apuntes recogen los nombres de estos empresarios como particulares, y no ligados a las constructoras que les respaldaban.
Además, otras constructoras pequeñas o medianas aparecen también como donantes en estos apuntes así como la cadena de supermercados de Juan Roig. En total, según los cálculos de El País (que tiene obviamente acceso a todos los apuntes contables, además de los publicados en el diario), los donativos sumarían 7,5 millones de euros.
Con excepción de Mercadona, la rara avis del listado, el resto de empresas son constructoras de mucho menor tamaño y, por lo tanto, de mucha más complicada fiscalización ya que al no cotizar en bolsa no tienen obligación de hacer públicas sus cuentas. Entre ellas aparecen los nombres de los responsables en el momento de Ploder, Bruesa, Romero Polo, Rubau, Sando o Constructora Hispánica.
En la época de la bonanza algunas lograron cifras de negocio considerables. Así, Sando llegó a ser la undécima constructora de España por cifra de negocios en 2008, superando los mil millones de euros. (Para más información ver cuadro adjunto). Por su tamaño, su negocio estaría más centrado en obra local o autonómica, y la cifra de cartera en obra pública que pudieron llegar a tener es casi imposible de calcular por la fragmentación de ese mercado.
* El Diario - Belén Carreño / Ana Requena Aguilar - 2.2.13
Foto: Sacyr, FCC y OHL construyen miles de obras civiles. EUROPA PRESS
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De la corrupción generalizada y de algunos sorprendentes premios políticos
El juez se inhibirá en los próximos días a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Será esta instancia la que decidirá si le toma declaración como imputado. Los diputados, también los autonómicos, tienen la condición de aforados. En 2011, el TSJC ya recibió una querella de la Fiscalía Anticorrupción que investigaba el caso. Ni siquiera la admitió a trámite: no había suficientes indicios contra don Crespo. ¡Mecachis! ¡Qué pena!
Se arrestó el pasado lunes a un cargo público del consistorio, ahora, en el momento en que escribo, en libertad. Con cargos eso sí. Se trata del actual primer teniente de alcalde, Josep Valls, que fue responsable de Urbanismo en la etapa en la que don Crespo ejerció de alcalde. Don Valls-convergente es, además, presidente del Club de Fútbol Lloret. Se le imputan los delitos de prevaricación y cohecho.
La sospecha de la fiscalía: Andrei Petrov, el líder, el Urdangarin de esta trama, patrocinó a los equipos locales de hockey y de fútbol (unos 270 mil euros, cheques cuatrimestrales de 30 mil). ¿Por amor al deporte? No o no tan sólo. Petrov dio también “otras prebendas a cambio de recibir trato de favor por parte del Gobierno municipal en la etapa de Crespo”. Petrov, en prisión sin fianza desde el lunes, ha admitido ante el juez “que los patrocinios empezaron después de que el Ayuntamiento le otorgase la gestión del 35% de un centro comercial que construyó en la antigua plaza de toros”. El 65% restante está en manos municipales).
Las obras no están limpias. El pleno municipal del Ayuntamiento, con los votos sumados de CiU y el PP (¡qué unidos siempre en estos asuntos!), condonó el pago de 133.500 euros a Petrov en tributos. ¿Por qué? Porque las obras eran de interés general. Punto y aparte.
Crespo, y el actual alcalde de Lloret, Romà Codina, han salido en defensa de Valls. El diputado convergente dijo que pondría “la mano en el fuego” por el edil. Ya veremos cómo sale de ésta. Codina no quiso quemarse: “Pongo la mano en el fuego hasta que se demuestre lo contrario”. ¡Qué hábil! Don Artur Mas voluntat-d’un-poble, ha hecho lo mismo -y con la misma preocupación que Codina- en el caso de Crespo. Goza de todo su apoyo hasta que no se “demuestre” su implicación en la trama. ¡Son las estrategias aprendidas en Aula!
Ha habido viajes a Rusia por supuesto. Según Marc Fuertes, un edil crítico del consistorio, los desplazamientos fueron pagados por Petrov. Codina, responsable entonces de Infraestructuras, dice que no, que esos viajes los pagó el Ayuntamiento. Veremos si llegamos a ver.
Hay más, las redes convergentes-unionistas dan mucho de sí.
La fiscalía indaga además el papel que jugó “el actual secretario general de Deportes de la Generalitat en su etapa como edil de la ciudad, Ivan Tibau”. IT fue concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Lloret durante el mandato de Crespo y entrenador del Club Hockey Lloret. ¡Todo un secretario general!
En cuanto al dinero de la trama, la fiscalía sospecha que la red blanqueó unos 56 millones de euros en dos años “con la ayuda en parte del Gobierno de la ciudad”. Nada, una propinita.
Pero hay, además, una derivada insospechada, una curiosa coincidencia [2].
El señor ex alcalde de Lloret, el diputat Crespo, ha sido nombrado vicepresidente de una comisión del Parlament. ¿Qué comisión? La de Empresa y Empleo (la conselleria está en manos del ex de Interior, de don Felip el Puig). No se acaban las sorpresas. ¿Cuántos votos se han levantado contra este nombramiento? El de la CUP, el de David Fernández (por favor, se lo ruego: no confundir con Daniel Fernández). ¿Y quién ocupará la secretaría de la comisión? Juli Fernández. ¿De? Del PSC efectivamente. ¿Y quién ostentará la presidencia de la comisión? Rafael Luna… del PP. ¡Bingo también! El triángulo CiU-PP-PSC une sus vértices armoniosamente.
El diputat Crespo cobrará como vicepresidente de la comisión un suplemento anual de unos 5 mil euros, que se añadirán a su sueldo de 63.409 euros (dietas de desplazamiento incluidas). Unos 70 mil euros anuales en total. No está mal, nada mal.
Parece ser que Iniciativa, PP, ERC, y Ciutadans, que no votaron en contra, cargaron contra CiU y PSC por “proponer para los cargos a personas que están implicadas en casos de corrupción”. Socialistas y nacionalistas esgrimieron un argumento sofisticado: ni Fernández ni Crespo están formalmente imputados. Luego, por tanto,… la mano en el fuego hasta que no se demuestre lo contrario. El portavoz y conseller del Gobierno de los mejores privatizadores, Francesc Homs, siguió la senda del presidente Mas: “Me fío de Crespo”. Tomemos nota de todo ello.
Y la nave va… sigue yendo por otros territorios con idéntico perfume tóxico.
El juez del caso Palau ha imputado a un “dirigente histórico” de CiU -diputado hasta 2003 en los heroicos tiempos de don Jordi Pujol, el intocable- por recibir dinero del Palau. Se trata de Jaume Camps. El asunto de fondo: las aportaciones en concepto de mecenazgo de Ferrovial iban a parar en realidad a las arcas de CDC. Una generosa contrasprestación por la adjudicación de obras públicas: línea 9, Ciutat de la Justicia, polideportivo de Sant Cugat,… Nada, cuatro cositas. A las arcas de CiU… ¿y algún lugar más?
En síntesis y evitando cualquier generalización apresurada: Catalunya y España, como dicen los nacionalistas (incluyendo en España a naciones-nacionalidades como Euskadi y Galicia), hermanadas por una corrupción extendidísima. ¿A que no somos tan diferentes?
¿Se imaginan dónde se ubicarían estos casos, cuanto menos durante los primeros (y segundos) años, en el caso de que “Catalunya” tuviera estructuras propias de Estado, que fuera un nuevo (y viejísimo) Estado? Exacto, en la papelera. En el fondo, es una de sus razones: que nadie les tosa, que pueden hacer los que les venga en gana, a ellos y a las 400 familias que tan sabiamente representan.
Notas:
[1] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/29/catalunya/1359460489_338746.html
[2] http://www.eldiario.es/politica/ex-alcalde-Lloret-vicepresidente-Parlament-investigarlo_0_95540710.html
Tomo pie en las informaciones de R. CARRANCO y J. GARCÍA en el diario global-imperial [1] y también en otros medios complementarios
* Rebelión - Opinión - 1.2.13
Foto: Corrupcíon, montaje foto - terra.es
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Greenpeace pide a Junta que retire competencia urbanística a Carboneras por mantener urbanizable El Algarrobico
Según ha informado, Greenpeace ha remitido al TSJA el escrito en el que se opone a este recurso y un segundo en el que le comunica al Alto Tribunal andaluz que el Ayuntamiento de Carboneras mantiene en su planeamiento urbanístico en vigor desde 2009 la clasificación de urbanizable para el paraje de El Algarrobico.
Cabe recordar que el TSJA ya falló con respecto a la normativa ambiental de Cabo de Gata en una sentencia firme de 11 de junio de 2012 en la que anulaba la calificación que al suelo le había dado la Consejería andaluza de Medio Ambiente y declaraba el sector en el que se levanta el hotel "espacio protegido no urbanizable". Otra resolución, en este caso dictada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2011, clasificaba el paraje en los mismos términos.
Según ha señalado la responsable de la campaña de Costas de la organización, Pilar Marcos, la Junta de Andalucía "tiene la obligación de vigilar" a los ayuntamientos en aras de que respeten la legalidad urbanística, un extremo que no se da en el caso del Consistorio carboneras, que "está incumpliendo el PORN y numerosas sentencias".
"Debe obligar a Carboneras a rehacer su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya que los pleitos sobre El Algarrobico pueden postergarse durante varios años si el Ayuntamiento sigue desobedeciendo a la justicia al considerar urbanizable esa parcela", ha advertido.
DENUNCIA DE FISCALÍA
Marcos ha asimilado esta situación a la que llevó a la Junta a retirar las competencias en esta materia al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y ha considerado que procede "hacer lo mismo". "El Ayuntamiento de Carboneras ha adoptado una postura de insumisión legal y judicial totalmente inadmisible", subrayado.
El TSJA apercibió en mayo de 2010 al exalcalde de Carboneras, el socialista Cristóbal Fernández, por un posible delito de desobediencia en caso de que promoviese algún tipo de actuación urbanística en el paraje de El Algarrobico.
Por otro lado, El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, denunció el pasado mes de julio al actual regidor, el independiente Salvador Hernández (Gicar), ante el Juzgado de Instrucción Decano de Almería por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación en los que habría incurrido al no ejecutar las recientes sentencias que declaran "espacio protegido no urbanizable" el paraje del Algarrobico y sitúan el hotel de Azata del Sol al margen de la Ley de Costas.
* Europa Press - 1.2.13
Foto: EUROPA PRESS/GREENPEACE/ARCHIVO
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Una sentencia irrevocable obliga a derrocar el complejo de ocio Les Bruixes de Altafulla
La sentencia judicial es "irrevocable" y "obliga a restituir la zona alterada", por lo que el consistorio ha explicado que los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento se pondrán a trabajar para "encontrar una solución". Asimismo, el alcalde, Fèlix Alonso (Alternativa Altafulla), ha anunciado que se pondrán en contacto con la Generalitat "porque es ella quien dio el visto bueno de las obras" y la aprobación definitiva de las modificaciones del POUM.
Alonso ha mostrado su sorpresa por la resolución y ha recalcado que el actual equipo de gobierno es "heredero" de esta situación pues el proyecto de urbanización se llevó a cabo en 2003, cuando el alcalde era Manel Ramon (Aupa). El centro Les Bruixes se inauguró en el 2005, en principio como un gran centro de ocio con cines, restaurantes, bolera, una inmobiliaria y una tienda de golosinas, una inversión que financió y gestionó la empresa privada Altafulla-Fomexcom, que sigue como propietaria del complejo.
En mayo del 2009 el TSJC ya estimó el recurso presentado por la Comunidad de Propietarios y anuló la licencia de obras del complejo, por lo que la incertidumbre provocó el cierre de diversos negocios excepto el multicine con siete salas y la cafetería. Alonso ha lamentado la posible pérdida del cine, se ha mostrado convencido de que el consistorio no deberá pagar el derribo y ha avanzado que el Ayuntamiento de Altafulla y Urbanismo de la Generalitat se reunirán esta semana o a principios de la próxima para analizar la sentencia.
Según los servicios jurídicos municipales, la sentencia se tiene que aplicar porque solo se podría recurrir a instancias europeas, algo que han descartado.
Alonso tampoco considera que el municipio tenga que indemnizar a la empresa que tiene la concesión de los cines si finalmente son derruidos, y sería entonces un conflicto entre la concesionaria y la propietaria del edificio.
Y otro punto importante de la reunión con la Generalitat será saber qué uso se le podrá dar a aquellos terrenos, donde el consistorio tiene previsto que se instale un centro de Mercadona.
Por su parte, el propietario de las salas de cine, Joan Montserrat, ha mostrado su sorpresa por la sentencia y ha indicado que han puesto el tema en manos de sus abogados, además de señalar que el derribo conllevará la pérdida de 13 puestos de trabajo.
* La Vanguardia - EFE - 29/01/2013
Foto: Altafulla (Tarragona), centro Les Bruixes - eleconomista
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La energía de las ciudades, un factor más del cambio climático
Investigadores de varios centros estadounidenses han unido sus fuerzas para incorporar el calor que resulta del consumo de energía de origen fósil a los modelos de clima globales. Han encontrado que los efectos de este factor, tales como el calentamiento en invierno de hasta 1 grado centígrado en Rusia, el norte de Asia y la zona central de Canadá son similares a los que se han observado en la realidad durante la segunda mitad del siglo XX. También explica el enfriamiento de hasta un grado centígrado que se ha observado en Europa occidental durante el invierno.
“La quema de combustibles fósiles no solo emite gases de efecto invernadero sino que también afecta directamente a las temperaturas debido al calor que escapa de fuentes como edificios y automóviles”, explica Aixe Hu, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, (NCAR), que ha participado en el estudio, publicado en Nature Climate Change. “Aunque gran parte de este calor desaprovechado se emite desde las grandes ciudades, puede cambiar los patrones atmosféricos de forma que afecte a las temperaturas a distancias muy considerables
Dado que las mayores concentraciones urbanas se encuentran en el hemisferio Norte, el efecto se produce sobre todo en esta mitad del mundo. Además de las zonas citadas, en China hay un calentamiento de medio grado en invierno, mientras que en otoño el enfriamiento afecta extensamente a Rusia, Canadá, el medio oeste de Estados Unidos, mientras que se calienta el norte de Europa. Entre los cambios observados en la circulación atmosférica está un desplazamiento hacia el ecuador de la corriente de chorro invernal de latitudes medias, la que afecta a Europa occidental.
Aunque el efecto neto sobre las temperaturas medias globales de la energía emitida por las grandes áreas urbanas es prácticamente despreciable, a escala regional este efecto es cuantificable en algunas zonas. El calor residual total producido por la actividad humana constituye solo el 0,3% del calor total transportado en latitudes altas por las circulaciones atmosférica y oceánica, señalan los expertos citados por el NCAR.
* El País - 29.1.13
Foto: En la imagen de la Tierra vista de noche, desde satélite, destacan las concentraciones urbanas por la iluminación. / NASA
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La CHJ advierte de que la presión urbanística de Alzira y Carcaixent dificulta el plan antirriadas
Más allá de la dificultad económica del momento para acometer obras, el documento pone de relieve otro problema que dificulta la concreción de una solución: el de la creciente ocupación urbana del entorno, que, en opinión de los técnicos, dificulta cualquier actuación.
Según el estudio del acondicionamiento del tramo entre Carcaixent y la autovía AP-7, la creciente presión sobre los cauces, fundamentalmente urbanística, y de infraestructuras, reduce «día a día» el espacio fluvial, y merma las funciones ambientales, la prevención de inundaciones y la prestación de otros servicios ambientales que cumple el dominio público hidráulico.
«Situación muy compleja»
Así, en el punto en el que se trata el acondicionamiento de los barrancos de la Casella, Vilella y Estret, los técnicos de la CHJ destacan «la fuerte presión urbanística que padecen, que ha reducido el espacio del que disponen, un hecho que unido a que el Xúquer impone una elevada cota de desagüe, hace que se produzcan desbordamientos en los terrenos colindantes». El problema de la presión urbanística provoca, advierten, una situación «especialmente compleja» ya que las inundaciones que han sufrido los dos núcleos urbanos han sido provocadas frecuentemente no por el río Xúquer, sino por los caudales que aportan los barrancos que drenan en su entorno o en los propios núcleos urbanos.
Además, la escasa capacidad del cauce del Xúquer provoca que, en situaciones de avenida las aguas se desborden también por la presión de barrancos y afluentes. También advierten de la presencia de otras infraestructuras aguas abajo que dificultan la solución como la propia autopista AP-7 o el ferrocarril Valencia-Gandía. «Una vez superada la cota del terraplén del ferrocarril las aguas vierten por encima y se quedan embalsadas entre el propio ferrocarril y el cordón litoral, inundando las urbanizaciones existentes en la costa». Y los daños se ven agravados por la gran duración de las inundaciones, debido a la escasa pendiente del terreno y a la presencia del cordón litoral, que dificultan el drenaje. La principal salida la constituye el Estany de Cullera, pero la presencia del ferrocarril y los espigones construidos en la desembocadura reducen la capacidad de desagüe del canal.
El estudio sitúa las presas de laminación como elemento clave
El estudio sometido a participación pública del tramo entre Carcaixent y la AP-7 asegura que en la actualidad existe un considerable riesgo de inundación en la Ribera, en buena parte por las aportaciones no controladas de los ríos Magro (aguas abajo de la presa de Forata), Sellent y Cànyoles (afluente del río Albaida aguas abajo de la presa de Bellús). Incluso a pesar de la importante reducción de caudales que se conseguiría con las presas de laminación de Sellent, Montesa y Marquesat, ésta descartada, continuaría existiendo un elevado riesgo de inundación en el tramo final del Xúquer que afectaría a numerosas poblaciones (en particular a Alzira y Carcaixent), a infraestructuras y extensas superficies de cultivo. Este riesgo elevado se debe fundamentalmente a la reducida capacidad del cauce del Xúquer y a sus características, puesto que lo definen como «un cauce colgado» respecto a la llanura de inundación. Las actuaciones del Plan Global implican un elevado coste econo?mico, «pero se ha comprobado que los beneficios serán mucho mayores en conjunto. Es necesario que esta vez las obras se acometan antes de la próxima gran riada», aseguran.
* Levante - CARLOS ALÓS - 27.1.13
Foto: Inundación del Xúquer en el tramo bajo del río, con el casco urbano de Riola al fondo. vicent m. pastor
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Las constructoras de los papeles de Bárcenas tienen cinco concesiones de hospitales en Madrid
A comienzos de 2012, las empresas propietarias de los ocho hospitales promovidos con este sistema ya habían recuperado el total de la inversión, de forma que hasta dentro de 30 años el canon supondrá un beneficio anual estimado en más de cien millones de euros.
Esta cantidad representa más de la mitad de los 83 millones de euros anuales que el Gobierno regional de Ignacio González pretendía recaudar con la tasa de un euro por receta. Por su parte, la plataforma de defensa de la salud pública Mi Salud No es un Negocio reseña que el coste a través de los cánones de estos hospitales es entre cuatro y cinco veces más caro que la gestión pública directa.
Sacyr: pioneros en Parla y Coslada
La filtración de los documentos aporta informaciones sobre supuestos pagos por parte de Luis del Rivero, presidente entre 2004 y 2011 de Sacyr Vallehemoso, por valor de 120.000 euros en 2004 y de 260.000 euros en 2006 a la presunta trama de pagos en B organizada por los extesoreros del Partido Popular, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Desde que ganara el concurso público en 2005, Sacyr Vallehermoso dirige el hospital de partenariado público-privado (PFI) Infanta Cristina de Parla, por el que la constructora recibe 13,7 millones de euros anuales en concepto de canon hasta que termine la concesión de 30 años firmada con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En junio de 2005, la empresa, presidida entonces por Luis del Rivero, recibió la adjudicación para la financiación, construcción y explotación del Hospital del Henares, de Coslada, con un canon de 14 millones anuales durante tres décadas. La inversión inicial de la constructora en ambos hospitales ascendió a 90 millones en cada caso.
Sacyr es contratista de los servicios no sanitarios, tales como limpieza o restauración, así como de la gestión de personal, aunque el Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Comunidad de Madrid en diciembre, supondrá también la gestión privada de los servicios sanitarios. En los últimos años, la empresa se ha adjudicado dos centros hospitalarios en Portugal y Chile.
OHL: el hospital del Sureste, uno de los rescatados por Aguirre
Obrascon-Huarte-Lain, OHL, es otra de las adjudicatarias habituales de obras públicas en la Comunidad de Madrid. Su presidente, Juan Miguel Villar Mir, exministro de Hacienda durante el Franquismo, y nombrado marqués en 2011, aparece en la relación de nombres que supuestamente aportaron fondos para los pagos a la contabilidad oculta establecida por la tesorería del PP. Según la información desvelada por el diario del grupo Prisa, Bárcenas habría recibido 100.000 (2004), 180.000 (2006) y 250.000 euros (2008) de parte del marqués de Villar Mir.
Beneficiada también por el soterramiento de la M30, OHL es la concesionaria, en consorcio junto a FCC y Cajamadrid (hoy Bankia) del Hospital del Sureste, situado en Arganda del Rey. Dicho hospital fue uno de los que recibió el rescate por parte del Gobierno regional: cuando fue adjudicado, la Comunidad se comprometió a abonar un canon de cerca de diez millones de euros anuales. Sin embargo, en 2010, el Gobierno de Esperanza Aguirre aumentó en medio millón esa partida, en una medida que también favoreció a los otros cinco hospitales de gestión semiprivada.
No ha sido el único capote que ha echado la Comunidad a OHL: el portal Ecomovilidad denunciaba que en enero de 2012 el Gobierno regional había perdonado una penalización a OHL por el abandono de las obras del tren de cercanías a Navalcarnero.
FCC: una de las importadoras del 'modelo Alzira' en Madrid
En los documentos de Luis Bárcenas también aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008 José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción dentro del grupo de energía, construcción y servicios FCC, y hermano de Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior con Aznar. El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó en 2009 la construcción y explotación del hospital de Torrejón de Ardoz durante 30 años a una Unión Temporal de Empresas formada por Asisa, Ribera Salud y FCC.
Tras la venta de la parte de Ribera Salud a Sanitas, la constructora conserva un 5% de participación, con lo cual le correspondería un canon anual de aproximadamente 6,95 millones de euros de un total de 76. Torrejón es uno de los tres hospitales construidos en la Comunidad de Madrid bajo el modelo PPP (de financiación pública y gestión enteramente privada), siguiendo el 'modelo Alzira' ya implantado en la Comunidad Valenciana.
FCC recibió anteriormente, junto con Caja Madrid, la adjudicación de la construcción y explotación a 30 años del Hospital del Sureste por un importe de 278 millones de euros y un canon anual de 10. La empresa ha construido o reformado, según su página web, hospitales en Madrid, Barcelona, Asturias, Tenerife y Santander, y ha recibido concesiones para la construcción y gestión a 30 años del primer hospital de gestión mixta de Irlanda del Norte y para la construcción de una ciudad hospitalaria en Panamá.
La empresa, presidida desde hoy jueves por Esther Koplowitz, su principal accionista, se ha beneficiado, entre otros muchos contratos, de concesiones para la construcción de más de 200 kilómetros de línea de AVE y de la mayoría de las estaciones para trenes de alta velocidad.
Sacyr en la Calle 30
Al margen de los hospitales, la historia de Sacyr ha estado ligada asimismo a las obras de soterramiento de la M-30, cuyo coste aproximado superó los 4.000 millones de euros, parte importante de la deuda de 7.000 millones del Ayuntamiento de Madrid. Sacyr forma parte de la empresa mixta Calle 30, que gestionó la construcción de la radial y resultó adjudicataria de distintos tramos, como el enlace de la M30 con la A3 (187 millones) o el soterramiento de la avenida de Portugal (166 millones).
Algunas informaciones sobre otras adjudicaciones de Sacyr: en 2009 se adjudicó un lote de acuerdos en la Comunidad de Madrid por valor de 117 millones de euros. Se trata en su mayor parte de contratos de gestión de residuos en distintos municipios de la región. Ese mismo año, Sacyr se adjudicó el concurso de ampliación de la línea 9 de Metro en Madrid por un importe de 112,5 millones de euros en consorcio con Ferrovial. En la ciudad, la constructora se hizo en 2012 con el concurso de adjudicación del servicio de limpieza urgente por un importe de nueve millones al año.
El grupo Sacyr obtuvo un beneficio antes de las deducciones por impuesto o resultado bruto de explotación (ebitda) de 399,5 millones de euros en los nueve primeros meses de 2012.
* Diagonal - PABLO ELORDUY, GLADYS MARTÍNEZ LÓPEZ Y DIEGO SANZ PARATCHA - 31.1.13
Foto: Coslada (Madrid), hospital - seap
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El juez pide la imputación del exalcalde de Lloret de Mar
Hace dos años, el TSJC ya recibió una querella de la Fiscalía Anticorrupción que investigaba el caso. Pero entonces ni siquiera la admitió a trámite al considerar que no había suficientes indicios contra Crespo. Con la intención de recabar pruebas y desmantelar la presunta red de blanqueo, la Guardia Civil y la fiscalía aterrizaron el pasado viernes en la localidad. Los agentes se llevaron expedientes del ayuntamiento y registraron diversos domicilios particulares. Desde entonces, ocho personas han sido detenidas, entre ellas el presunto cabecilla de la red, Andrei Petrov, que guardaba un fusil Kaláshnikov en su casa.
Al goteo de arrestados se sumó ayer el del primer cargo público, el actual primer teniente de alcalde, Josep Valls. Poco después de las 8.30 horas, agentes de la Guardia Civil le detuvieron en su casa y le trasladaron a la comandancia de la ciudad. El edil fue responsable de Urbanismo en la etapa en la que Crespo ejerció como alcalde. Más allá de su cargo público, los investigadores analizan su papel como presidente del Club de Fútbol Lloret. Está previsto que hoy declare ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de cohecho.
La fiscalía sospecha que Petrov patrocinó a los equipos locales de hockey y de fútbol y dio otras prebendas a cambio de recibir trato de favor por parte del Gobierno municipal en la etapa de Crespo. Petrov pagó en total 270.000 euros a ambos clubes. El presunto mafioso, a través de su empresa Development Diagnostic Company (DDC), entregaba un cheque de 30.000 euros cada cuatro meses al equipo de hockey. Y desde este se transferían 10.000 euros (una tercera parte) al de fútbol. Y así durante tres años, según fuentes de la investigación. Joan Perarnau, presidente del Club de Hockey Lloret, también fue detenido el sábado pasado en su domicilio. El lunes, el juez le dejó en libertad con cargos tras tomarle declaración, acusado igualmente de un delito de cohecho.
El propio Petrov, que se encuentra en prisión sin fianza desde el lunes, admitió ante el juez de la Audiencia Nacional que los patrocinios empezaron después de que el Ayuntamiento le otorgase la gestión del 35% de un centro comercial que construyó en la antigua plaza de toros (el otro 65% está en manos municipales).
Esas obras se encuentran en el punto de mira, después de que el pleno municipal del Ayuntamiento, con los votos del CiU y del PP y la opinión contraria del resto del cartapacio, condonase el pago de 133.500 euros a Petrov en tributos al considerar las obras de interés general.
Ante la nueva detención de ayer, tanto Crespo como el actual alcalde, Romà Codina, salieron en defensa del primer teniente de alcalde Josep Valls. Como ya hiciese con Perarnau, Crespo dijo que pondría “la mano en el fuego” por el edil. Codina, sin embargo, fue algo más prudente. “Pongo la mano en el fuego hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó.
Crespo, Valls y Codina conocían a Petrov. Los dos primeros comieron con él en un lujoso restaurante de Barcelona, Botafumeiro, para exigirle pagos atrasados que adeudaba a los clubes deportivos. Codina defendió ayer la legalidad de esos patrocinios, que asegura que fueron a parar al club, según le contó el propio Valls.
Además, los tres viajaron a Rusia en el contexto de la feria de turismo del país. Según el jefe de la oposición en Lloret, Marc Fuertes, esos desplazamientos fueron pagados por Petrov. Aunque Codina —entonces era responsable de Infraestructuras— lo negó y explicó que esos viajes los pagó el Ayuntamiento.
También Petrov habló sobre los polémicos desplazamientos. Ante el juez, declaró que había costeado dos viajes a Crespo: uno con su familia y otro a él para asistir a una feria de turismo. El exalcalde solo admitió que el presunto cabecilla de la mafia rusa le sufragó una visita a Rusia para conocer la empresa que este tenía en el país asiático. La asistencia a la feria de turismo, indicó, corrió a cargo del Ayuntamiento. Uno de esos viajes fue en primera clase y Petrov se gastó unos 12.000 euros, según fuentes del caso.
La fiscalía indaga también qué papel jugó el actual secretario general de Deportes de la Generalitat en su etapa como edil de la ciudad, Ivan Tibau. El exjugador de hockey ejerció de concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Lloret durante el mandato de Crespo y fue además entrenador del Club Hockey Lloret, que se encuentra en el epicentro de la trama investigada.
El deporte es hasta el momento el área principal bajo sospecha en el Ayuntamiento de Lloret. Cuando mandaba en la ciudad, Crespo decidió incentivar el turismo deportivo para intentar frenar lo que se conoce como “turismo de borrachera”. El Consistorio se centró en crear estancias deportivas en la ciudad, torneos privados y competiciones oficiales, aunque no logró quitarse el estigma de los visitantes en busca de alcohol barato y largas noches de fiesta.
La fiscalía sospecha que la presunta red corrupta blanqueó 56 millones de euros en dos años, con la ayuda en parte del Gobierno de la ciudad. El juez ha encarcelado hasta el momento a Petrov, a su arquitecta Pilar Gimeno y al que considera su lugarteniente, además de cuñado, Konstantin Mischanin. Su secretaria, su padre y la hermana de Gimeno están en libertad con cargos. Ahora el TSJC estudiará si proceder contra Crespo.
* El País - R. CARRANCO / J. GARCÍA - 30 ENE 2013
Foto: Lloret de Mar (Girona) - J.Sánchez (El País)
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El juez imputa a un dirigente histórico de CiU por recibir dinero del Palau
En una de esas anotaciones está escrito: “Jaume Camps. Pago 105.000. Ferrovial”. Y, justo debajo, aparece la palabra “autopista”.
Los investigadores consideran que las aportaciones en concepto de mecenazgo de la empresa constructora al Palau iban a parar, en realidad, a las arcas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como contraprestación por la adjudicación de obras públicas —la línea 9 del metro, la Ciudad de la Justicia, un polideportivo en Sant Cugat...— bajo el Gobierno de Jordi Pujol. El expresidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, ejercían supuestamente como intermediarios de esos pagos y recibían por ello una comisión.
A propuesta del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, el juez Josep Maria Pijuan tomará declaración el próximo 19 de febrero a Camps, que está apartado de la política desde hace años y actualmente ejerce como abogado en Barcelona.
Una de las notas que vinculan a Camps con los pagos del Palau.
Otros escritos encontrados en el Palau vinculan a Camps con el cobro de comisiones. Un documento mecanografiado que data del 12 de febrero de 2003 recoge una “propuesta de pago de marzo a octubre de 2003”, con unas cantidades variables mes a mes. La anotación correspondiente a marzo aparece con la expresión pagat [pagado] vinculada a un importe de 10 millones de pesetas [60.000 euros]. De ese dinero, se indica, más de la mitad corresponden a “J. Camps” y el resto, a Carles Torrent, que fue tesorero de Convergència hasta su muerte, en 2005. Le sucedió en el cargo Daniel Osácar, uno de los imputados en el caso por ayudar a desviar el dinero del Palau al partido nacionalista.
El fiscal ha basado su petición, además, en las distintas reuniones que mantuvieron Millet y Camps. Así figura en la agenda personal del expresidente del Palau que, en su día, fue puesta a disposición del juzgado. “Jaume Camps. Lunes 24/3”, aparece en una de esas anotaciones. En la agenda de Millet que corresponde a la semana del 24 al 29 de marzo de 2003 aparece otra cita para las 11.00 del lunes con “J. Camps”.
El exdiputado de CiU fue salpicado en el caso Grand Tibidabo, en 1999, tras haber ingresado 163,4 millones procedentes del Grupo Torras. Su imputación es, probablemente, la última de la instrucción del Palau y estrecha aún más el cerco sobre Convergència, que tiene su sede central de Barcelona embargada como aval para hacer frente a una fianza de 3,2 millones. Según el juez y el fiscal, el partido de Artur Mas se benefició en esa cantidad del saqueo del Palau de la Música perpetrado por Millet y Montull. El dinero llegó a CDC por dos vías: las entregas opacas de dinero en efectivo y las aportaciones a la Fundación Trias Fargas (ahora Catdem), afín a Convergència.
La instrucción del caso toca a su fin. La Intervención General de la Generalitat ha remitido al juzgado su informe definitivo sobre los pagos indebidos del Consorcio del Palau de la Música en la etapa de Millet. Las cantidades pagadas “incorrectamente” dado que “no han estado destinadas a finalidades del Consorcio”, según el informe, ascienden a 3,6 millones de euros. El organismo no ha podido acreditar el destino de la mayor parte de ese dinero (2,8 millones). El resto de cantidades corresponden a la contratación de obras, bienes y servicios para domicilios particulares de Millet (677.000 euros) y Montull (157.000). La cifra global del saqueo de la entidad musical asciende a 23 millones.
* El País - JESÚS GARCÍA - 30 ENE 2013
Foto: Barcelona, dirigentes CIU - elmundo (archivo)
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Los juzgados tramitan treinta causas sobre corrupción en la Región murciana
Los hilillos de plastilina de la corrupción se han convertido al cabo en marea negra que encenaga las administraciones públicas por toda la Región. De norte a sur y de este a oeste. No ha sido de un día para otro. Probablemente estuvo ahí desde siempre, en mayor o menor medida, pero nunca como ahora se había podido atisbar -con datos objetivos, como son los derivados de los procedimientos judiciales que están en marcha- su auténtica extensión.
Han transcurrido siete años y catorce días desde aquel 13 de enero de 2006 en que Manuel López Bernal asumió el cargo de Fiscal Superior de Murcia con el solemne anuncio -en realidad, una advertencia- de que la corrupción, los delitos económicos de 'cuello blanco' y la delincuencia organizada pasaban a constituir la primera y prioritaria preocupación del Ministerio Público.
El discurso marcó de alguna forma el arranque de un proceso en una Justicia de paquidérmico paso, tan lento como implacable, que desde entonces ha venido instruyendo un gran número de asuntos relacionados con la corrupción, las desviaciones en el ejercicio del poder, el tráfico de influencias... Supuestas ilegalidades vinculadas casi unánimemente con el urbanismo y que tenían al medio ambiente como principal perjudicado.
En la actualidad, según informaciones recabadas por 'La Verdad' en fuentes de toda solvencia, son 35 las causas judiciales en tramitación o ya juzgadas contra cargos públicos y altos funcionarios de la Administración Pública. Si se restan los ya solventados, queda una treintena de procedimientos en fase de instrucción que otros tantos jueces tratan de llevar adelante, con mayor o menor agilidad y acierto, pero que en su mayor parte parecen avanzar de manera inexorable hacia la sala de vistas.
Varias sentencias firmes
Dos de esos asuntos de corrupción, una parte del 'caso Tótem' y el 'caso Limusa', están cerrados con sentencia firme, habiendo dejado tras de sí un buen puñado de condenas y a los dos principales responsables, el exalcalde y exdiputado popular Juan Morales, y el exgerente de la empresa pública de limpieza de Lorca, Francisco Gil Eguino, purgando sus culpas entre rejas. El primero, por haber pedido comisiones de hasta 15 millones de euros por tramitar convenios urbanísticos, y el segundo por convertir las arcas de la empresa pública de limpieza de Lorca en fuente de financiación de todo tipo de asuntos particulares, incluidas juegas con prostitutas.
También está cerrado definitivamente el 'caso de la compra de votos' en Fortuna, que el pasado octubre acabó desalojando al popular Matías Carrillo de la Alcaldía fortunera, en la que se enrocó hasta ser condenado en firme por el Tribunal Supremo.
Cierto es que no todos los asuntos que han llegado a juicio se han cerrado con sentencias condenatorias. El alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, acusado de prevaricación por autorizar la apertura de un restaurante en la Torre Vieja, un monumento de especial protección arqueológica, resultó absuelto. La sentencia no es firme, ya que se encuentra recurrida.
También en 2008 el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), salió absuelto del delito de malversación de fondos públicos. El Ministerio Fiscal había sostenido que los supuestos adelantos de sueldo que recibió el concejal independiente Domingo Valera eran «meros regalos con dinero público», a cambio del apoyo del Partido Independiente al PP de Mazarrón. En su fallo exculpatorio, la Audiencia puso el acento «en la ausencia de normativa legal en torno a la entrega de anticipos».
Casi la mitad de municipios
En esos 35 asuntos judicializados -hay varias decenas más en investigación en la Fiscalía, que en buena parte serán archivados de oficio y no llegarán a adoptar la forma de denuncia o querella ante un juzgado- se han visto inmersos 19 alcaldes y exalcaldes (15 del PP y 4 del PSOE), algunos de ellos por partida doble y hasta triple; seis directores generales (todos del PP), tres diputados regionales y nacionales (dos del PP y uno del PSOE), un exsenador socialista y hasta quien fue dos veces consejero del Gobierno Regional (Sanidad y Medio Ambiente) y delegado del Gobierno, Francisco Marqués, imputado por prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales por el 'caso Zerrichera'.
Además de varias decenas de concejales, mayoritariamente de Urbanismo, y un buen puñado de altos funcionarios, entre los que sobresalen secretarios y arquitectos municipales y jefes de urbanismo.
Instrucciones ya concluidas
Algunos de esos alcaldes están a un paso de sentarse en el banquillo. De forma más inminente, el ex primer edil totanero del PP José Martínez Andreo, que será juzgado a partir del 4 de febrero y para quien el fiscal solicita penas que suman 8,5 años de cárcel por presuntos delitos de falsedad documental, fraude, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.
Previsiblemente le seguirán en ese trance el exalcalde y exsenador Manuel Hurtado (PSOE), acusado de falsear un expediente de contratación para justificar las obras de un polideportivo que ya estaba construido e inaugurado; el exalcalde socialista de Campos del Río, Ricardo Valverde, atrapado por el 'caso Trampolín', y los primeros ediles Daniel García Madrid (Torre Pacheco) y María Antonia Conesa (Fuente Álamo), ambos del PP y respectivamente imputados en los casos 'Camelot' y 'Pagamenta'.
También están ya concluidas las investigaciones judiciales sobre el 'caso Puerto Mayor', que conducirá a juicio al ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y el 'caso San Esteban', que arrastrará hasta la sala de vistas al ex director general de Bienes Culturales y actual responsable del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón. Los dos asuntos ya están calificados por el fiscal, por lo que el señalamiento de los juicios parece cuestión de poco tiempo.
Todo apunta así a que los próximos dos o tres años serán un continuo trasiego por el banquillo de cargos públicos. Casi todos ellos, por cierto, en activo. Porque lo evidente es que, al margen del resultado final que puedan tener estos asuntos, nadie o casi nadie está asumiendo hasta ahora responsabilidad política alguna. Si al final se tienen que marchar, lo harán, pero empujados por la Justicia.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 27.1.13
Foto: Parlamento Murcia - turismo
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Detenido el teniente de alcalde de Lloret de Mar, Josep Valls
El teniente de alcalde de Lloret de Mar, Josep Valls, ha sido detenido a primera hora de este martes en el marco de la operación Clotilde contra la mafia rusa que se inició el pasado viernes con la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad rusa y el registro del ayuntamiento del municipio. Además de su cargo en el consistorio, Valls es el presidente del equipo de fútbol de Lloret que, junto al de hockey patines del mismo municipio, habría recibido el patrocinio del empresario Andrey Petrov, cabecilla de la trama.
La detención de Valls también ha sido confirmada por el alcalde del municipio, Romà Codina (CiU), quien ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio que tiene constancia de la detención del dirigente consistorial y que está convencido de su inocencia, hasta el punto de que pondría la mano en el fuego por él y por todo su equipo hasta que se demuestre lo contrario.Además de teniente de alcalde de Lloret, Valls fue concejal de urbanismo durante la anterior etapa de Crespo como alcalde.
Fuentes próximas a la investigación han informado de que Valls ha sido detenido a primera hora de la mañana por agentes de la Guardia Civil que han acudido a su domicilio.
Registradas las dependencias del Club de Fútbol de Lloret
Tras ser detenido, los agentes de la Guardia Civil le han trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Lloret de Mar y después ha sido llevado en un vehículo a las dependencias del Club de Fútbol de Lloret de Mar, donde los agentes han iniciado un registro en las dependencias acompañados por el arrestado.
Cuando el primer teniente de alcalde de Lloret de Mar era trasladado de la Comandancia al vehículo varios vecinos le han insultado llamándole "chorizo" y criticando que se apropiara presuntamente de cantidades de dinero cuando "hay tanto paro".
Ocho detenidos; tres en prisión
Con la detención del teniente de alcalde, la operación anticorrupción iniciada el pasado viernes por la Guardia Civil en Lloret se ha saldado por el momento con ocho detenidos, tres de ellos permanecen en prisión.
El arresto de Valls llega un día después de que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dictara este lunes prisión incondicional para Petrov, que afirmó que pagó dos viajes a Rusia al exalcalde Crespo. Velasco tomó declaración a seis detenidos y dictó prisión incondicional para Petrov, para su cuñado y mano derecha, Konstantin Mischanin, y para la arquitecta Pilar Gimeno, que presuntamente sirvió de vínculo entre Petrov y el consistorio.
A Petrov se le imputa pertenencia a organización criminal por sus relaciones con la mafia rusa, blanqueo de capitales en el seno de organización criminal, falsedad en documento mercantil y cohecho, mientras que a los otros dos encarcelados solo los últimos tres delitos. Petrov reconoció durante su comparecencia ante el juez que financió dos viajes a Rusia de Xavier Crespo, uno de ellos en compañía de su familia, según informaron fuentes jurídicas.
Blanqueo de 56 millones de euros
La detención de Valls se une a la del presidente del Club Hoquei Lloret, Joan Lluis Perarnau, que fue apresado el pasado sábado. La empresa de Petrov, Development Diagnostic Company (DDC), era patrocinadora del Club Hoquei Lloret, así como también del club de fútbol de la localidad, y la marca aparecía impresa en las camisetas de los jugadores. La vicepresidenta del Club es Guadalupe Oliva Pujol, la mujer del exalcalde de Lloret, Xavier Crespo.
Como DDC, Petrov había creado una serie de empresas que, contando con la colaboración y asesoramiento de numerosas personas, se habían infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando múltiples operaciones. Así, el 'empresario' habría blanqueado unos 56 millones de euros
El presunto cabecilla de la organización admitió ante el juez que esponsorizó al Club Hoquei Lloret cuando el ayuntamiento le adjudicó el 35% de la gestión del centro comercial construido en la antigua plaza de toros de la localidad, que incluyó la creación de 400 plazas de garaje; la administración local gestionaba el 65% restante. En concreto, la remodelación corrió a cargo de la empresa , una compañía propiedad de Petrov que tenía un capital social de un millón de euros y se dedicaba a la compraventa de inmuebles e intermediaciones en operaciones inmobiliarias en la comarca de La Selva.
* La Vanguardia - 29/01/2013
Foto: Lloret_de_Mar (Girona) - wikipedia.org
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Segovia.- Los miniapartamentos, ilegales según el TSJ
El fallo contempla también una sanción de 122.500 euros para el arquitecto, Tomás Sanz, y otra de 17.500 euros para el arquitecto técnico, Javier Lobo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha fijado en total una multa de 350.000 euros para los promotores de estas dependencias que tenían como finalidad alojar a estudiantes.
Tal y como dio a conocer el alcalde, Pedro Arahuetes, el pasado viernes, el TSJ tipifica la infracción urbanística como “muy grave” al considerar que no hay duda de que la construcción de la ribera del Eresma se realizó en suelo no urbanizable con protección especial.
Para Arahuetes con esta decisión judicial se cierra el círculo sobre estos ‘miniapartamentos’ después de siete años. “La responsabilidad está definida y el asunto tiene ya muy poco recorrido” apuntaba el alcalde.
Arahuetes señaló además que en ella se contempla la intención “perversa y de forma maliciosa de llevar a cabo la ejecución de la obra” de los responsables.
Esta decisión judicial, fechada el 18 de enero, es uno de los tres recursos de apelación que debe resolver el TSJ sobre la sanción que impuso el Ayuntamiento de Segovia por la edificación irregular.
Cabe recordar que en noviembre del pasado año el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia decretó la demolición de los ‘miniapartamentos’ por no estar incluidos en la licencia aprobada y no ser compatibles con el plan urbanístico; aunque calificaba la infracción como “grave”.
* El Acueducto - 28.1.13
Foto: Miniapartamentos - Javier Segovia
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El Consell deja en manos de los ayuntamientos la autorización de obras en zonas monumentales
De haberse aprobado antes esta modificación, el portavoz del PP en el Consell y exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, no habría tenido que sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevarización al autorizar las obras de un aparcamiento junto al jardín monumental de Monforte sin haber recabado la autorización de la Dirección General de Patrimonio. Bellver, como se ha publicado, salió finalmente absuelto.
Sea para evitar o no casos como el de Jorge Bellver y reforzar al mismo tiempo las competencias e independencia de los ayuntamientos en las intervenciones que afecten al patrimonio histórico, el Consell ha aprovechado la ley de Acompañamientos para modificar el artículado de la ley de patrimonio en lo que algunos consideran una relajación de la obligación de la Generalitat de fiscalizar la conservación del patrimonio histórico.
Se ha modificado la ley para que los ayuntamientos que hayan aprobado planes especiales de protección para sus bienes de interés cultural asuman plenas competencias en las intervenciones en los entornos de los bienes de interés cultural. Los ayuntamientos podrán eludir así el siempre incómodo filtro de la Conselleria de Cultura en obras de urbanización de calles, de nueva planta, de demolición, de ampliación de edificios existentes, de reconstrucción, incluidas las cubiertas, las fachadas y los elementos artísticos y ornamentales.
Como la redacción de planes especiales es un proceso largo y técnicamente complejo se ha introducido una situación de excepcionalidad que, entretanto se redactan los planes, establece que aquellos ayuntamientos que cuenten con una comisión técnica en la que exista un representante de la Conselleria de Cultura, podrán solicitar la delegación de las competencias para la concesión de licencia.
El Ayuntamiento de Valencia entra en la excepcionalidad por que ya disponen de una comisión municipal de cultura que se encarga de supervisar las obras que afectan al patrimonio protegido.
49 planes en tramitación
El ayuntamiento del «cap i casal», que aplaude la modificación de la ley de patrimonio porque evita duplicidades, tramita en estos momentos los planes de protección de 49 bienes de interés cultural entre ellos las Torres de Serranos, la Lonja, la Catedral, el Mercado Central, los jardines de Monforte y el Botánico.
En la ley de patrimonio cultural ha habido otras excepciones, siempre polémicas,como la que abrió la puerta para modificar la declaración de bienes de interés cultural, un supuesto que se podría aplicar de llegar el caso al conjunto histórico del barrio del Cabanyal de Valencia, tras el cual hay un enquistado conflicto entre los vecinos y el consistorio que preside Barberá.
La ley de acompañamiento del Consell también modifica la ley de patrimonio para que revisar la protección genérica como bien de relevancia local de los pozos de nieve, las chimeneas industriales anteriores a 1940, los molinos de viento, las barracas tradicionales de la huerta valenciana anteriores al siglo XIX, los calvarios y los paneles cerámicos cuando se acredite que no reúnen valores culturales suficientes.
* Levante - H. GARCÍA - 24.1.13
Foto: El Ayuntamiento de Valencia tramita estos días el plan de protección del entorno de las Torres de Serranos.- Ferran Montenegro
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Granada.- Sólo cinco municipios han adaptado sus planes urbanísticos a la norma andaluza
Todos los demás -163- se verán afectados de una u otra forma por el decreto ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral andaluz, que entró en vigor el 27 de noviembre de 2012 tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por no hacer aprobado aún sus planes de desarrollo urbanísticos.
Los únicos municipios que quedan totalmente exentos de la nueva norma por tener adaptados ya su futura planificación urbanística al POTA, según confirmó la delegada, son Armilla, Alhama de Granada, Baza, Montefrío y Marchal.
Ninguno de estos municipios están en la Costa granadina, por lo que todos los municipios del litoral de la provincia les afecta la suspensión cautelar que el decreto plantea de los proyectos urbanísticos previstos en los terrenos urbanizables de la zona costera hasta que se desarrolle el llamado Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que establecerá los objetivos y criterios de protección de los primeros 500 metros de Costa. Este plan se espera tener listo este mes con la intención de que se someta a trámite de información pública sobre junio. A partir de entonces, las medidas cautelares afectarán a los terrenos que no superen ese examen y, en el caso de que el plan se retrase, el decreto ley tiene un plazo de vigencia de dos años.
Sobre la incidencia que la suspensión puede tener sobre los proyectos en la Costa, Sandra García alega que "ahora mismo todos los planes parciales que estén aprobados seguirán su tramitación, los que no lo están tendrán que esperar seis meses, que es el compromiso que tiene la Consejería para hacer el avance del Plan". "A pesar de que no esté terminado ese Plan del Litoral, todos los planeamientos que se presenten tendrán que tener un informe sobre si se adaptan a ese documento inicial y si se adaptan, que es lo más importante, al Plan del Ordenación del Territorio de Andalucía", explica la delegada.
Sobre la finalidad del proyecto de la Junta, García alega que "el Decreto de Protección del Litoral lo que pretende son dos cosas, por un lado hacer un plan de protección del litoral y que todos los ayuntamientos se adapten al POTA, que establece unos límites que afecta no sólo a los municipios de la Costa por lo que hay que hacer una lectura más amplia del decreto".
Ante la preocupación que los planes de la Junta generó entre las entidades locales y el sector empresarial de la Costa, Sandra García explica que ya ha habido reuniones para explicar en profundidad los textos, cuyo objetivo principal "es hacer un modelo de desarrollo más equilibrado".
"Entendemos que hay muchos ayuntamientos que teniendo en sus planeamientos suelos aptos para desarrollar con clasificación de urbanizable han tenido bastante tiempo para desarrollarse y que no lo han hecho", recuerda la delegada, que insiste en que "lo que pretendemos es que los planeamientos de adapten al POTA".
* Granada Hoy - R. GARRIDO / A. ASENSIO - 21.1.13
Foto: Armilla (Granada), ayuntamiento - ser
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