FARODEVIGO* : La anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en 2003 por el gobierno del PP presidido por Manuel Cabezas, y ratificado después por la Xunta de Galicia, con el actual presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo como titular de la Consellería de Política Territorial, podría costar al Concello de Ourense 110 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial. Es la cantidad que suman las 35 reclamaciones registradas en el ayuntamiento y remitidas a la Xunta por particulares y empresas perjudicados por la pérdida de vigencia del planeamiento, anulado por sentencia firme del Tribunal Supremo, dictada el 9 de marzo de 2001.
El pasado jueves finalizó el plazo establecido legalmente para presentar este tipo de demandas, por lo que la cantidad máxima requerida al gobierno municipal por empresas y particulares afectados por la caída del plan ya es definitiva. La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, manifestó ayer que el Concello de Ourense, como responsable solidario, se enfrenta a una situación "complicada" con consecuencias "muy gravosas" para el ayuntamiento que "si no se defiende bien" podría generar una situación de seria dificultad al ayuntamiento en los próximos diez años, mientras se mantenga abierta la vía judicial y se vayan cerrando los procesos abiertos.
El gobierno local advierte de que los daños y perjuicios reclamados surgen de actuaciones iniciadas en virtud de la "confianza legítima en la validez del PXOM 2003 y de su contenido". La existencia de un documento aprobado y ratificado ofrecía plena seguridad a promotores y empresas para desarrollar y urbanizar los terrenos adquiridos en base a la calificación urbanística que ostentaban en el momento de su adquisición pero que quedaron en suspenso al caerse el plan.
La edila explicó que la defensa jurídica del gobierno local frente a estas demandas se basará en la legislación de ámbito estatal que regula que "la modificación de la clasificación urbanística no es indemnizable".
En todo caso, Soto matiza que aunque "no hay amparo para la indemnización", el cambio de calificación sí puede ser objeto de discusión en los tribunales, por lo que "hay que estudiarlo bien jurídicamente" . De hecho, las reclamaciones presentadas hacen referencia al artículo 25 de la Ley del Suelo que acredita que es indemnizable la pérdida de facultad de participar en los desarrollos urbanísticos.
La concejala también precisó que las reclamaciones por gastos realizados para el desarrollo de los ámbitos urbanísticos "tienen dudosa indemnización" si están tramitados "en plazo".
Los 35 particulares y empresas que reclaman se han acogido al artículo 6 del Real Decreto 429/93 para exigir al Concello cantidades que van desde los 20.000 euros a los 40 millones de euros. Justifican y motivan su petición de compensación económica en el perjuicio que han sufrido por la caída del PXOM de 2003, señalando varias consecuencias. Una de ellas es que la nulidad del planeamiento altera las condiciones urbanísticas debido al cambio de ordenación territorial y urbanística. Áurea Soto se refirió a suelos clasificados con una edificabilidad y unas plusvalías generadas que se han perdido al retornar el urbanismo de la ciudad a las condiciones del plan de 1986, que recuperó su vigencia al quedar anulado el de 2003.
También se han registrado reclamaciones de promotores o empresas que, debido a la alteración de la clasificación del suelo, no han podido ejecutar actuaciones de nueva urbanización previstas. En el tercer paquete de demandas se reclaman indemnizaciones por los gastos derivados de la actividad empresarial, costes y financiación realizados para iniciar y promocionar las actuaciones de urbanización que han caído en saco roto.
Las 35 reclamaciones se suman a los once recursos interpuestos contra la ordenación provisional
Las 35 reclamaciones presentadas por particulares y empresas se registraron en el Concello de Ourense y este las ha remitido a la Xunta de Galicia. La edila de Urbanismo recuerda que la jurisprudencia reitera la "solidaridad" entre las administraciones en la responsabilidad por la nulidad de instrumentos de planeamiento, y apunta que "estamos colaborando con la Xunta como administración corresponsable".
Además, estas reclamaciones se suman a otras de naturaleza judicial contra actos municipales y a los 11 recursos interpuestos contra la ordenación urbanística provisional que entró en vigor en octubre de 2011 y suspende la aplicación del PXOM de 1986 en áreas de especial interés. El documento ordena y regulariza un total de 31 ámbitos, a los que posteriormente y por demanda específica del Concello se incluyó el desarrollo urbanístico en As Burgas.
Este orden provisional pretende evitar la paralización de la ciudad desarrollando actuaciones de carácter dotacional público de interés general o que están incluidas en un plan estratégico municipal.
* Faro de Vigo - S. DE LA FUENTE - 14.8.12
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
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ELPAÍS* : La Cidade da Cultura es la construcción en obras más grande de Santiago y posiblemente la única que no cuenta con un jubilado haciendo de capataz. El complejo que parecía que le iba a disputar el interés turístico a la Catedral se asemeja a un desierto este mes de agosto. Los obreros tienen que conformarse con la compañía de los motores que de cuando en vez resuenan por la Avenida Manuel Fraga. El camino que conecta al Gaiás con la civilización es para muchos el mejor homenaje al mecenas de la obra de arte esculpida por el arquitecto Peter Eisenman.
A las 12 del mediodía, una treintena de coches están aparcados a las puertas del gigante, muchos menos que en cualquier hipermercado.
La ciudadanía no es ajena a una polémica que acompaña a la Cidade da Cultura desde que fue ideada y que sigue creciendo. Unos trabajadores que transportan material bromean sobre cómo se tomó la decisión de llevar adelante el proyecto: “Había que darle un premio al que le tomó el pelo a Fraga con esto”. A los turistas que suben a curiosear el edificio les invaden las dudas, como un explorador que descubre el Machu Picchu. Ninguno sabe muy bien qué es lo que hay ahí ni por qué se hizo.
Estos días uno puede reflexionar y deleitarse con la pintura de Eugenio Granell, gozando de la mayor tranquilidad. Las piezas del artista republicano están expuestas en un Arquivo de Galicia que rara vez cuenta con más de cuatro visitantes al mismo tiempo. Un vídeo que ilustra la vida y obra de este militante del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) se repite infinidad de veces en una sala de paredes negras siempre vacía. El único público son algunos cuadros del propio Granell o el impasible soldado del cartel propagandístico de Arturo Ballester con la leyenda “Salud, heroico combatiente de la libertad. CNT”.
Sobre unas vallas verdes de obra se superpone el rótulo Gallaecia Petrea anunciando la entrada a la exposición más publicitada esta temporada en el Gaiás. Aunque cuenta con mucho más público que Granell, el propio guardia de seguridad reconoce que no viene mucha gente. “Hoy tuvimos dos visitas muy numerosas, de 40 personas cada una. La traía el Imserso. Pero los que vienen a curiosear por su cuenta suelen ser turistas”. No todo son curiosos. También hay quién va específicamente a ver el Gaiás, como un matrimonio vasco que veranea en Carnota y se acercó a Santiago solo por la exposición.
La cafetería es casi siempre el espacio más animado de la Cidade da Cultura, pero siguen sobrando los dedos de las manos para contar a los que se refrescan bajo las sombrillas, al menos durante la mañana. “Por la tarde hay más personas, aunque si hace buen día [COMO HOY]la gente prefiere ir a la playa”, comenta un camarero. Hacia las siete de la tarde el sol deja de cocer las piedras del golem del Gaiás. Una vecina de la zona que suele ir habitualmente a ver obras de arte protesta por la falta de prevención ante las inclemencias climáticas: “Aquí no hay ni un árbol para taparse del sol, durante el día no se puede venir si no quieres morir de calor. El mejor momento es la puesta de sol, pero dura poco. A partir de las nueve y pico empieza a hacer un frío terrible. Para ver los conciertos de los Atardeceres no Gaiás hay que traer ropa de abrigo si uno no quiere congelarse”.
La biblioteca es un excelente lugar para la lectura. La ausencia de gente y el silencio ayudan al lector a concentrarse. La única interrupción es el eco, que se forma fácilmente en esta gran sala. Unos cómodos sillones invitan a uno a quedarse todo el día acompañado por libros. A diferencia de cualquier otra biblioteca, apenas hay mesas para estudiar, pero no supone un problema ya que pocos escolares cuentan con un medio para ir al Gaiás y optan por las bibliotecas de la universidad.
Los visitantes locales suelen usar su coche particular para hacer la visita, ya que ir dando un paseo desde el centro de Santiago lleva no menos de 40 minutos. Los turistas, en general, prefieren el autobús urbano que parte cada hora desde el centro. Algunos de estos vehículos viajan con solo dos pasajeros. Su conductor afirma que es lo habitual. Otros van más llenos y alguno completanente vacío.
La mayoría de los visitantes reconoce que va para ver el continente y que no sabe cuál es el contenido. Aunque todo ayuda. Una pareja madrileña que está de vacaciones por Santiago comenta durante el trayecto de autobús que van hacia el final de la tarde para ver la actuación musical. Se refieren al concierto del Colectivo Oruga, uno del ciclo Atardecer no Gaiás, que presenta nuevas bandas varias noches a partir de las nueve. Unas cien personas acurrucadas en pufs asisten al espectáculo. “Son gente de aquí, de Santiago o de Galicia, que ya conocen al grupo. También se queda siempre algún turista que estaba viendo los edificos y la música le pilla por sorpresa”. La trabajadora que cuenta esto confirma que el público de los atardeceres suele rondar siempre en torno a las 100 o 150 personas.
“Aquí no viene ni Dios”. Una señora que se toma una caña en la cafetería se queja de lo que ella considera un agujero de dinero público. “Solo hay visitas de ancianos. Los turistas vienen a Santiago para ver la Catedral y la Zona Vieja. Quitas eso y a la Cidade da Cultura no viene ni el Tato”, ironiza. Aunque le gusta disfrutar de los conciertos, reconoce estar en contra del proyecto: “Esto es un mausoleo faraónico que lo hizo quien lo hizo. Vienen aquí como quién va a ver una pirámide”.
Cuando la luz se va yendo también desaparece la gente que pudiera quedar. Un ilustre personaje de la cultura gallega, que prefiere guardar el anonimato, echa mano de la retranca para definir el escenario: “A partir de las ocho de la tarde lo único que hay aquí es el viento y las almas que vienen en Santa Compaña”. A la salida, una joven pareja de arquitectos franceses termina la visita con una pregunta en la boca: “¿Cuándo va a estar terminado esto?”.
* El País - RAÚL RÍOS Santiago 15 AGO 2012
Foto: Una pareja pasea junto a uno de los edificios de la Cidade da Cultura, la pasada semana. / ÓSCAR CORRAL
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ELPAÍS/Alicante* : El alcalde de Finestrat, Honorato Algado, del PP, habita un chalé ilegal construido en una parcela de suelo rústico de 4.508 metros desde septiembre de 2007, fecha en la que fue escriturada su compra. Algado ganó las elecciones municipales en mayo de ese año y adquirió la vivienda el 21 de septiembre, menos de cuatro meses después de conocer el resultado electoral.
Según figura anotado en el Registro de la Propiedad, se trata de “una vivienda unifamiliar compuesta de una sola planta, consta de tres dormitorios, un cuarto de baño, un aseo, un salón-comedor con cocina con barra americana” que “se halla dotado de los adecuados servicios e instalaciones de agua, alumbrado y saneamientos, reuniendo las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas”. Está ubicada en el conocido como paraje Areneta del término municipal de Finestrat con excelentes vistas a la bahía de Benidorm.
Para comprar el chalé, Algado solicitó una hipoteca de 130.000 euros con un vencimiento de 29 años.
El regidor explicó a este periódico que “la vivienda se construyó hace más de 30 años y nunca ha estado en situación ilegal”. “Le compré la casa a una inmobiliaria de Finestrat y antes de hacerlo confirmé en el Ayuntamiento que no había ninguna infracción urbanística”, añadió, “porque tras entrar en política quería algo legal; si no, no me hubiera metido”.
Algado asegura que la licencia de obras data del 28 de octubre de 1981, antes de promulgarse las normas subsidiarias de Finestrat, aún vigentes. El alcalde defiende la legalidad de la obra “en base a que la superficie exigida para edificar en suelo rústico era entonces de 2.500 metros cuadrados”. El regidor incide en que el pleno del Ayuntamiento le dio licencia de obra.
Sin embargo, aunque la Ley de Suelo no Urbanizable de la Comunidad Valenciana de 1992 permitió edificar en parcelas rústicas de una hectárea si se cumplen una serie de requisitos, la legislación urbanística del Estado, que se superpone a la autonómica, siempre ha mantenido la prohibición de construir viviendas en suelo no urbanizable. El problema en Finestrat es que entre 1979 y 2007, el periodo en el que fue alcalde Miguel Llorca, del PSPV, el Ayuntamiento consintió todo tipo de irregularidades urbanísticas sin siquiera abrir los correspondientes expedientes de infracción, como así sucedió con la vivienda que compró Algado, hasta el punto de que en 2006 el Consell barajó retirarle las competencias urbanísticas al Consistorio, como hizo finalmente con Catral, en La Vega Baja.
El mismo concejal de Urbanismo, Juan Francisco Pérez, confirmó que al chalé del regidor “nunca se le abrió un expediente de infracción urbanística” y que las licencias de obra menor solicitadas posteriormente por Algado, o la que pidió para construir una piscina, “pasaron por la comisión de Gobierno y tenían los preceptivos informes técnicos favorables”. En todos los casos, además, el alcalde se abstuvo de votar.
El procedimiento seguido por Finestrat y otros muchos Ayuntamientos valencianos durante décadas para consentir las edificaciones en suelo no urbanizable fue no actuar en el plazo de cuatro años que la Administración tiene para conseguir la demolición de la casa levantada ilegalmente. Tras ese periodo, la casa se queda en una especie de limbo jurídico porque a pesar de que no puede ser ya derribada, sigue estando a todos los efectos fuera de ordenación y solo se pueden realizar en ella obras de mera conservación, pero nunca de mejora o ampliación.
En una entrevista a EL PAÍS publicada el pasado 22 de julio, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Territorio de Valencia, Joaquín Baños, abogó por la retirada de las competencias urbanísticas a los municipios y reconoció que en la Comunidad Valenciana existen entre 30.000 y 40.000 viviendas ilegales, sin que haya llegado a demolerse ninguna. Baños anunció: “Vamos a perseguir a los Ayuntamientos que no han tirado las construcciones ilegales” en una ofensiva de oficio por no ordenar la demolición de estas casas tras haber cobrado sanciones urbanísticas.
* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 20 AGO 2012
Foto: Vivienda del alcalde de Finestrat, Honorato Algado, construida sobre una parcela de suelo rústico.- elpais
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ANDALUCÍAINFO/Málaga* : La Guardia Civil ha imputado a 10 personas, entre los que se encuentran un promotor, arquitectos, cuatro técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena y tres dependientes de la Junta de Andalucía por, al parecer, estar relacionados con la construcción de forma ilegal de un apartahotel en e este municipio malagueño.
La operación 'Minas', relacionada con la construcción de un apartahotel durante 2005 en la zona denominada 'Monte Alto', comenzó en 2009 a raíz de una información aportada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga, que, tras realizar una inspección rutinaria, pudieron comprobar que se había construido un inmueble, supuestamente para ser utilizado como establecimiento hotelero.
No obstante, a simple vista los agentes apreciaron que una parte de la citada construcción podría estar invadiendo zonas verdes, según han informado desde la Guardia Civil a través de un comunicado. Por ello, se realizaron comprobaciones más exhaustivas y se confirmó que el inmueble no disponía de los elementos necesarios para ser utilizado como complejo hotelero, ya que, al parecer, carecía de un recinto adecuado para la recepción de clientes y, por el contrario, su aspecto se asimilaba más a un complejo estándar de viviendas, similar al de las edificaciones de su entorno.
Tras los hechos, se procedió a solicitar información al Ayuntamiento de Benalmádena, relacionada con la documentación del expediente urbanístico del referido apartahotel, mientras que, por otro lado, se confirmó la interposición de una demanda por parte de una comunidad de propietarios de la zona.
Además, se emitió fallo judicial anulando la licencia concedida, siendo el argumento que la construcción "no respetaba los parámetros establecidos de edificabilidad para este tipo de complejos, llegando a constar en dicho procedimiento un informe técnico municipal confirmando que se había edificado en una zona verde". También del análisis efectuado sobre la documentación recopilada en la investigación se determinó la línea de actuación de los imputados en tres direcciones. En concreto, en la primera de ellas se encontraría la actuación del promotor y arquitectos redactores, "falseando el proyecto sobre el techo de viviendas e instalaciones necesarias, así como la reserva de plazas de aparcamientos". En segundo lugar, la línea de actuación de los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena, en relación con la tramitación del expediente urbanístico, "sin realizar las comprobaciones previas a la ejecución de las actuaciones, consiguiendo que se tramitara y se concediera una licencia urbanística en el plazo récord de tres días".
Asimismo, en tercer lugar, estaría la línea de los técnicos dependientes de la Junta de Andalucía, "omitiendo su labor inspectora en evitación de posibles perjuicios urbanísticos y sobre el dominio hidráulico".
Por los hechos, en las localidades de Málaga y Sevilla, se procedió a imputar al promotor de la construcción por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio; a los dos arquitectos redactores del proyecto por delitos de falsedad documental, y a cuatro técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena por los delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
Además, se ha imputado a tres técnicos dependientes de la Junta de Andalucía por los delitos de prevaricación y omisión en el deber de perseguir delitos, todo ellos por encontrarse directamente relacionados con la redacción, tramitación y control del expediente urbanístico investigado.
Las diligencias, una vez informadas, han sido entregadas en el Juzgado competente de Torremolinos (Málaga) para continuar con la instrucción.
Las actuaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.
* Andalucía Información - EP - 17.8.12
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
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DIAGONAL* : Catorce pueblos okupados y colectividades se reunieron entre el 6 y el 9 de agosto en la Puebla de la Sierra (Madrid) para avanzar en la construcción de una red estatal de colectivos de okupación y agitación rural.
El centro de educación ambiental de la Puebla de la Sierra se convirtió durante cuatro días en un espacio para el intercambio de experiencias, y para la reflexión sobre las motivaciones, limitaciones y objetivos comunes de pueblos okupados y colectividades rurales que funcionan bajo las premisas del asamblearismo, la autonomía, y la autogestión ligadas a la vida en naturaleza y al aprovechamiento local de los recursos naturales.
La cooperativa Los Apisquillos de la Puebla (Madrid) fue el colectivo anfitrión de este cuarto encuentro de grupos rurales que están trabajando desde hace dos años en la creación de una red estatal que sirva para fomentar el apoyo mutuo, intercambiar recursos y divulgar experiencias rurales que ponen en un brete los modelos de vida capitalistas urbanos, donde prima el consumismo e individualismo.
Desde prácticas y orígenes diferentes, los 14 colectivos que participaron en el encuentro comparten presupuestos políticos (ruralidad, anticapitalismo, antipatriarcado), formas de funcionamiento (horizontales, asamblearias, autogestionadas, economías compartidas y vinculadas a la tierra y a los recursos locales), y proyectos (actividades agrícolas, ganaderas y artesanales, labores de aprovechamiento forestal e hídrico, autonomía energética, formas no autoritarias de crianza, autonomía energética...).
Esta vez en la sierra norte de Madrid se dieron cita pueblos okupados como Sieso de Jaca (Huesca), Arizkuren (Navarra), Rala (Navarra), Aineto (Huesca), Lakabe (Navarra), Hontanillas (Guadalajara), colectividades rurales como Los Apisquillos de la Puebla (Madrid), Manzanares (Soria), La Artesa de Villasur (Burgos), Alendar (Cantabria), el BAH! (Bajo el Asfalto está la Huerta) de Valladolid, y espacios okupados como la Casa Calabaza (en las Alpujarras de Granada) o los barceloneses Can Masdeu, Can Pascual, Kan Mussol y Can Piella, que prefieren estar cerca de la metrópoli para intervenir en ella.
Los colectivos presentes defendieron la reapropiación de tierras y la legitimidad de la okupación frente a la especulación urbanística y turística, así como la implicación en luchas sociales desde los pueblos. En el Estado español se contabilizan a fecha de 2011 más de 9.000 pueblos deshabitados (sin contar caseríos). Es complicado censarlos todos, pues habría que diferenciar entre “deshabitados” y “abandonados”, pero se puede hacer una búsqueda orientativa en el INE (núcleos poblacionales con cero habitantes). Huesca es la provincia con más pueblos deshabitados.
Los pueblos okupados y las colectividades rurales que vuelven a cultivar la tierra y a tener ganado entran en conflicto con el modelo actual de socialización en los pueblos (servir de ocio para la gente de la ciudad), la Política Agraria Común (PAC) de la UE, el desmontaje y sedentarización del sector primario vinculado a la agricultura y la ganadería. Por eso resulta tan importante “estudiar, comprender e incidir en el medio rural”. Acción local frente a amenazas globales
A finales de los años ’70 y sobre todo durante los ’80, se consolida el movimiento neorural con la coordinadora MAR (Movimiento Alternativo Rural). El movimiento antinuclear participa en las okupaciones y mantiene un vínculo con las experiencias de años anteriores (‘la primera oleada’). De esta época son los pueblos okupados de Matallana (Guadalajara), Bergua (Huesca), Lakabe (Navarra) o Matavenero (León).
En la actualidad no existe una coordinadora estatal de pueblos como pudo ser el MAR. De ahí la importancia de esta nueva red, que comenzó a cobrar forma en el verano de 2010, cuando una serie de colectivos rurales deciden reunirse en enero de 2011, en el cortijo El Manzano (Granada), para hacer el I Encuentro de colectivos y jornadas de pre-okupación y agitación rural. El segundo encuentro se haría en junio de ese año en Lakabe (Navarra) y el tercero, seis meses después en Sieso de Jaca (Huesca).
Como herramienta de coordinación de proyectos de okupación rural funciona desde el año 2000 el veterano fanzine La Llamada del Cuerno, cuya próxima edición está en manos de “los cans” barceloneses (Can Masdeu, Can Pascual, Can Piella y Kan Mussol).
La vida en el centro
Ligada implícitamente a la idea de una economía social y alternativa desde los pueblos, las relaciones sociales y económicas que se crean desde estas colectividades rompen con los intermediarios económicos y también con los agentes clásicos de la política (gobierno, partidos, sindicatos).
Aunque la red, que está en proceso de construcción, no estuvo presente en nuevos espacios que se han abierto con el 15M, los colectivos que la forman tienen un vínculo con las asambleas de los pueblos, y acudieron al I Encuentro Rural 15M Rurales Enredadxs (diciembre de 2011, Piedralaves, Ávila).
Las experiencias de estas colectividades muestran nuevas y viejas formas de vida en el medio rural que hoy alimentan un repertorio nuevo de luchas sociales y movimientos de protesta. Cooperativas y colectivos cuyas necesidades se cubren a través de iniciativas de producción a pequeña escala, que recuperan los trabajos comunales (llamados ’agabias’ en Aragón, ’auzolan’ en Euskadi, ’averedas’ en Cantabria, ’endechas’ en Aturias) y cuya forma de existencia vuelve a poner la vida en el centro.
El próximo encuentro de la red se hará este invierno, en la finca okupada Somonte, en Palma del Río (Córdoba). Será una reunión más interna. El objetivo, seguir creando espacios de confianza dentro del colectivismo rural y tejer nuevas alianzas con el sur.
Antes de esta cita, la red internacional Reclaim the Fields (RTF) organizará en Francia a finales de agosto su próximo encuentro. Formada por personas y colectivos rurales europeos que trabajan por la reapropiación de la tierra, la soberanía alimentaria y la construcción de alternativas a la producción industrial de alimentos, esta red organiza encuentros periódicos y campos de trabajo en diferentes lugares de Europa y también participa en las movilizaciones de protesta junto a Vía Campesina.
* Diagonal - LAURA CORCUERA (REDACCIÓN WEB) - 11.8.12
Foto: Belchite (Zaragoza), ejemplo de pueblo abandonado - google
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ELPAÍS* : La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente —que desde las pasadas elecciones tiene entre sus competencias la ordenación del territorio— tiene contabilizados unos 700 expedientes contra viviendas ilegales que en este momento se están tramitando en los tribunales. "Buena parte pueden ser causa de demolición", señala el departamento que dirige Luis Planas. "Desde que se interpone la denuncia hasta que existe sentencia firme de demolición pueden transcurrir una media de ocho o diez años", advierte esta consejería.
La Junta de Andalucía tiene registrados 43 casos de casas ilegales demolidas entre mediados de 2005 y mediados de 2012, que llegaron a los tribunales tras "la actividad inspectora" de los servicios autonómicos.
Estos 43 derribos son un pobre balance, sobre todo, si se compara con las 80.422 viviendas edificadas en suelo no urbanizable que la Junta dice haber identificado en los últimos cuatro años, 22.196 de ellas en zonas de especial protección. Uno de los motivos es la lentitud de los procesos y las reticencias de muchos órganos judiciales a la hora de ordenar las demoliciones. Sin embargo, la fiscalía también apunta a la falta de colaboración de las Administraciones a la hora de ejecutar las sentencias.
Patricia Navarro, fiscal especializada en Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, sostiene que en muchos de los casos en los que los jueces aprecian delito, al estar la vivienda en una zona no urbanizable, y dictaminan que las excavadoras deben actuar, los propietarios se declaran insolventes para hacer frente a la demolición. En ese momento, "la Junta y los Ayuntamientos deben actuar subsidiariamente", afirma Navarro. Y vuelve a generarse otro tapón en el proceso. "Hay sentencias de demolición paralizadas desde 2007", indica. "Muchos Ayuntamientos alegan insuficiencia presupuestaria", añade la fiscal.
Pero, según Navarro, en algunos casos hay otras razones que llevan a los Consistorios a "no querer mojarse". El fenómeno de las casas ilegales está muy arraigado en muchos municipios. Un ejemplo clarísimo es el de Chiclana (Cádiz), donde el PP gobierna en coalición con el denominado Partido Vecinal Regionalista, que prometió durante la campaña de las últimas municipales que regularizaría la situación de unas 15.000 viviendas ilegales de la localidad.
"Los Ayuntamientos no quieren ser los malos y tirar las casas", explica Navarro, quien, como su antecesor en la fiscalía gaditana especializada en urbanismo, Ángel Núñez, mantiene una batalla legal en la defensa del ordenamiento urbano.
La participación de la fiscalía en los procesos que abordan este tipo de conductas solo se da cuando van por la vía penal. Es decir, cuando la construcción de la casa se considera un delito, normalmente por levantarse en zona de suelo no urbanizable, protegido o no.
Navarro afirma que últimamente está notando más implicación de los jueces y magistrados. "Se nota un fuerte impulso", añade esta representante del Ministerio Público. Uno de los motivos, en opinión de esta fiscal especializa, es el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un derribo en El Puerto de Santa María (Cádiz). El propietario había sido condenado, entre otros asuntos, por un delito contra la ordenación del territorio, pero, como ocurre en muchos casos, la demolición no se había ejecutado. La Audiencia Provincial se opuso por considerarla "desproporcionada" ya que la casa estaba rodeada por otras similares. La fiscalía decidió recurrir y el Supremo le dio la razón y respalda el derribo como única forma de que no se consolide la ilegalidad cometida.
Navarro sostiene que es la primera vez que la sala de lo penal del Supremo se pronuncia sobre los derribos de casas ilegales. En su opinión, supone un respaldo a las tesis que ha venido defendiendo la fiscalía especializada en temas urbanísticos. Además, Navarro recuerda que el Ministerio de Justicia no ha admitido hasta ahora los indultos de viviendas edificadas en suelos no urbanizables.
* El País - MANUEL PLANELLES Sevilla 15 AGO 2012
Foto: Vivienda ilegal derribada en la sierra de Córdoba en abril de 2008.- elpais
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CANARIASAHORA/Gran Canaria* : El Ayuntamiento de Mogán concedió el pasado mes de mayo la licencia de apertura a los 40 apartamentos de una llave que conforman el complejo Sol y Paz, propiedad de la entidad mercantil Lorimar Sur, que tiene como único socio a Tomás Lorenzo, concejal de Urbanismo del municipio, quien compaginó en el mandato 2007-2011 sus responsabilidades públicas con las de administrador único de la mencionada empresa.
Los portavoces de Ciuca y NC en el consistorio sureño, Mencey Navarro e Isabel Santiago, advierten en una nota de prensa que la concesión de esta licencia puede suponer una "grave irregularidad administrativa", puesto que el alcalde, para poder firmarla, "primero debería haber avocado las competencias que, en materia de Urbanismo, delegó en el concejal Tomás Lorenzo". La avocación de competencias, es decir, su traslado para casos concretos desde el órgano titular -el edil de Urbanismo- hasta el superior jerárquico -el alcalde- debe estar motivada y debe notificarse a los interesados.
Ambas formaciones recuerdan que la actividad económica de la empresa está "estrechamente relacionada" con las áreas que gestiona el edil, Turismo y Urbanismo. Esta situación, tal y como expresan ambos portavoces municipales, "pone de manifiesto que el PP de Mogán es perjudicial a los intereses municipales, pues dedican sus esfuerzos a gestionar sus intereses privados".
Aunque Tomás Lorenzo cesó como administrador único de Lorimar Sur el 7 de junio de 2011, sigue siendo socio único de la mercantil, según consta en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. La compatibilidad del cargo de Lorenzo en al Ayuntamiento de Mogán con el ejercicio de su actividad privada fue debatida en el consistorio en el pleno extraordinario del 12 de julio de 2007, apenas un mes después de acceder al puesto. El Ayuntamiento determinó entonces que ambas actividades eran compatibles, gracias a los nueve votos favorables del grupo de gobierno. Los cinco concejales del grupo CCN-CC-PCS-PSOE votaron en contra. El 5 de julio de 2011, tras un nuevo debate en el pleno, el consistorio aprobó conceder la dedicación exclusiva al concejal, que había dejado de ser administrador único de Lorimar Sur.
Para los portavoces de CIUCA y NC, "la incompetencia del grupo de gobierno, y la defensa de los intereses privados/particulares, frente a la defensa del interés general, explica que después de 9 años de gobierno del PP de Mogán, con el alcalde a la cabeza, siga sin Plan General".
* Canarias Ahora - 13.8.12
Foto: Los apartamentos Sol y Paz. (CANARIAS AHORA)
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LEVANTE* : La lista de implicados en sumarios por presuntas corruptelas económicas, tributarias y urbanísticas supera el número de habitantes de 78 municipios valencianos - Instituciones municipales, provinciales y autonómicas se han visto salpicadas.
Cerca de 250 personas, o lo que es lo mismo, una población superior a los habitantes de 78 municipios valencianos se encuentran imputadas actualmente en casos de corrupción en la Comunitat Valenciana. Las presuntas corruptelas económicas, tributarias y urbanísticas han salpicado a instituciones municipales, provinciales y autonómicas, y a sectores como el empresarial o el de los funcionarios públicos. No se han salvado ni las organizaciones no gubernamentales o la Casa Real. En la actualidad, los juzgados valencianos instruyen más de una quincena de casos y el Tribunal Superior de Justicia se prepara para recibir dos sumarios más, además del macroproceso Gürtel.
Sin duda el caso con más implicados es la causa Brugal, acrónimo de «Basuras Rurales Gestión Alicante», que por su gran volumen ha tenido que desgranarse en tres partes, una de las cuales acabará en el TSJ al solicitar el fiscal la imputación de los diputados del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por presuntamente haber amañado el Plan General de Alicante para favorecer al pluriimputado empresario Enrique Ortiz. En esta pieza separada de Brugal hay 16 encausados a falta de la decisión del alto tribunal sobre Castedo y Alperi.
Otra parte importante de Brugal es la presunta concesión irregular de la recogida de basura en la Vega Baja en la que acabó acusado el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y el empresario Ángel Fenoll. En esta causa hay ya 40 imputados, uno de los cuales es el socialista Antonio Amorós. La tercera pata de Brugal llegó hasta Calp y tiene como denominador común a Fenoll. Once imputados están siendo investigados en esta causa.
Si Brugal tiene a gala ser el caso con más encausados, el escándalo de corrupción de Emarsa es en el que, de momento, más dinero presuntamente se ha defraudo. Según el magistrado, al menos 25 millones de dinero de los contribuyentes fue desviado de la gestión de la depuradora de Pinedo. En esta caso están siendo investigados empresarios, políticos del PP y hasta el enfermero Esteban Cuesta, que fue el gerente de la planta de aguas entre 2004 y 2010.
En la actualidad, el juez instructor ya ha imputado a 32 personas y el número podría aumentar, así como el volumen de dinero defraudado si la investigación se retrotrae más allá de 2004. El exalcalde de Manises Enrique Crespo ha sido el político de mayor rango que se ha llevado por delante esa investigación.
Pero a Emarsa y Brugal no le van a la zaga las dos cajas de ahorros más importantes de la Comunitat Valenciana y el Banco de Valencia. Lo que fuera el tercer sistema financiero en volumen de activos es ahora un enjambre de imputados: 33 en el ya caso Bankia, 20 en el Banco de Valencia, intervenido por el Estado, y cinco por la quiebra de la CAM. En estas investigaciones se ha imputado al expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas.
La Administración autonómica también se ha visto salpicada por casos de corrupción. La extinta Conselleria de Solidaridad, la de Turismo y hasta RTVV, en estos dos últimos departamentos por el escándalo Gürtel, donde ya van 30 imputados. El caso del fraude de las ONG podría alcanzar también a otras carteras si la juez instructora continúa la investigación de los contratos que Industria y Bienestar Social dieron al empresario preso Augusto César Tauroni.
En esta causa, donde se investiga un presunto fraude de 4,5 millones de euros en ayudas al Tercer Mundo hay 27 imputados, cinco de ellos funcionarios públicos, y el TSJ lo asumirá si decide imputar al portavoz del PP Rafael Blasco como piden la juez, la fiscalía y hasta la Generalitat. En el caso Urdangarin, en el que se investigan los pagos de la Generalitat al duque de Palma, hay otros siete ex cargos públicos o funcionarios imputados.
Las dos causas más longevas por la duración de la instrucción son el caso Fabra y el Ivex, que investiga un fraude multimillonario y pagos, entre otros, al cantante Julio Iglesias. Con cuatro imputados cada uno, los instructores llevan más de siete años intentando abrir el proceso oral. Un ex director general continúa fugado, José María Tabares, y el expresidente de la Diputación de Catelló, Carlos Fabra, nunca dimitió.
Alcaldes y exediles con problemas
Algunos ayuntamientos también se han visto salpicados por presunta corrupción. El actual alcalde de Loriguilla continúa imputado por la presunta adjudicación de obras del consistorio a empresas propiedad suya y de su familia. El exalcalde de Torrevieja y diputado, Pedro Hernández Mateo, está imputado por delitos de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de basuras.
Otros, como el exalcalde del PSPV en Elx Diego Maciá, imputado por tráfico de influencias, o el exalcalde del PP de Polop Juan Cano, inmerso en la causa del asesinato de su predecesor, también tiene problemas, así como la exalcaldesa de Redován. El alcalde de Chiva, José Manuel Haro, ha sido encausado por un delito de prevaricación, y el actual edil de Montroi Antonio Polo y su predecesor, Francisco Carrión, están inmersos en una causa urbanística.
* Levante - SERGI PITARCH - 12 de agosto de 2012
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
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ELPAÍS/Almería* : El arquitecto defiende el proyecto que diseñó en Almería, paralizado por invadir dominio público.
Los obreros soltaron las herramientas con rapidez, pensando en un pronto regreso. Era la mañana del 23 de febrero de 2006 y varios agentes de la Policía Local de Carboneras (Almería) se habían presentado en el hotel que la empresa Azata del Sol construía desde 2003 en la playa de El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, para ordenar la paralización de los trabajos por resolución judicial.
Seis años después, nada se ha vuelto a tocar en el edificio fantasmagórico. Desde sus pasillos sobrecogedores y sin ventanas se escucha el mar. Un ambicioso proyecto turístico en un enclave privilegiado ha hecho agua por la lucha ecologista.
El Algarrobico contaba con todas las licencias pese a que para levantar el inmueble iba a ser necesario hacer desaparecer un monte en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y a tan solo 28 metros de la orilla del mar. Durante más de dos años se trabajó hasta llegar al 94% de la estructura del hotel de 20 niveles y más de 400 habitaciones sin que nadie se inmutase.
La paralización “nos provocó estupor, porque nosotros hemos tenido clara conciencia en todo momento de estar actuando de acuerdo con el derecho”, afirma Ubaldo Gómiz, arquitecto del hotel. “Nos dieron licencia de obra y el proyecto obtuvo luz verde por parte del Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Costas y la Consejería de Medio Ambiente. Debe de ser el expediente administrativo más limpio de España porque lo han mirado con lupa por indicación de la exministra”, ironiza. Se refiere a Cristina Narbona.
Una vez que la denuncia ecologista prosperó y un juez de Almería abrió diligencias —que culminaron en la paralización cautelar de la obra a la espera de revisar su licencia municipal—, Narbona aseguró que el hotel sería una prioridad para el Gobierno. “Puede que tengan que pasar seis años más o que no se resuelva nunca”, se resigna el arquitecto quien acata, aunque puntualiza, las resoluciones judiciales adoptadas. “Esta es materia muy específica y los magistrados se deben formar en ello. Normalmente, se apoyan en los testimonios de los peritos y, muchas veces, les marean. Imagino que se han desbordado con tantos datos. Es muy difícil que alguien llegue a comprender la complejidad de este expediente”, dice. Se han emitido decenas de resoluciones, todas tendentes al derribo del hotel. Las más importantes, en el último año. El Tribunal Supremo resolvió que invade en unos 80 metros la servidumbre de paso en el límite del dominio público establecido a 100 metros desde el mar hacia la costa. Es decir, al menos parte de su estructura se ha levantado sobre dominio público y sería ilegal. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga al Gobierno regional a devolver al suelo la calificación de “no urbanizable”, nivel de protección que tenía antes de 1994. Resta ver si este tribunal revoca la licencia de obra que permitió levantar un hotel que ha sido calificado de “aberración”.
“No me afecta. Yo me siento muy orgulloso de lo que he diseñado ahí. He hecho miles de proyectos a lo largo de más de 30 años de carrera. El hotel es muy bueno y ha sido muy difícil diseñarlo donde está”, defiende con orgullo Gómiz. Solo le ve un pero. “El Ayuntamiento se empeñó en que fuese blanco cuando yo lo diseñé en tonos ocre para que estuviera en armonía con el entorno”. Pese a todo lo vivido y lo que está por llegar, Gómiz repetiría la experiencia. “Claro que sí. A mí no me remuerde la conciencia. Me siento muy orgulloso de la obra. Como arquitecto, creo que es muy buena y he recibido felicitaciones de los colegas”. Más grave le parece la “inseguridad jurídica” que ha generado este expediente, que, además, “ha ahuyentado la inversión”.
* El País - MARTA SOLER 14 AGO 2012
Foto: Gómiz cree que los jueces están desbordados por el caso. / FRANCISCO BONILLA
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LEVANTE* : La anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló del año 2000, que dicta una sentencia del Tribunal Supremo, paralizará el desarrollo de 138 de los 185 ámbitos de suelo a urbanizar (74%) que se incorporaron en el actual PGOU y que el ayuntamiento tiene pendiente de ejecutar. El fallo dejará sin validez el urbanismo de los últimos 14 años mientras se materialice la resolución judicial -de septiembre a abril de 2013-, tal como reconoce el equipo de gobierno en el borrador del Plan General corregido. De la sentencia se salvarán las unidades ya urbanizadas (47).
El nuevo planeamiento incorporará la legislación vigente y las modificaciones urbanísticas aprobadas desde 2000, según exige el Alto Tribunal, que retrotrae el plan al momento de aprobación provisional (1999) y ordena que se repita una segunda exposición al público, un trámite que ya dictó en otra sentencia en 2008 pero que el consistorio, afirma, realizó incorrectamente al no recoger las circunstancias materiales y jurídicas del momento.
El documento redactado por los servicios municipales, que ya ha sido facilitado a los grupos de la oposición y que ayer avanzó Levante de Castelló, recoge la situación actual de las 185 nuevas zonas a desarrollar incluidas en el plan de 2000 y constata que la mayor parte de las mismas (74%), están todavía en fase de tramitación y pendientes de consolidación. Estas quedarán sin paraguas legal cuando el ejecutivo local lleve a cabo el periodo de alegaciones. La sentencia también dejará en suspenso el centenar de modificaciones del PGOU que se han ido validando desde 2000. Entre otros proyectos que no se han materializado están el plan especial de la Marjaleria, Mestrets o las últimas unidades de expansión en Lledó y Sensal.
A fin de evitar una paralización total del planeamiento municipal, el Consell decretará en Castelló un régimen urbanístico transitorio, una norma por la que aspira a suplir el PGOU en el tiempo que permanezca anulado. Esta medida se ha utilizado en otros municipios de la Comunitat Valenciana cuando han renovado su planes generales. No obstante, en el caso de Castelló es dudoso que el decreto pueda evitar la suspensión provisional del planeamiento al provenir de una sentencia judicial.
El Supremo dictamina, señala la memoria del PGOU, "que todo lo actuado tras la aprobación provisional de 1999 no es válido". "De hecho -continúa- no ha existido para el mundo del derecho y desaparece la presunción de legalidad del Plan General que daba amparo a las actuaciones posteriores llevada a cabo desde marzo de 2000".
El grupo municipal socialista ha propuesto sin éxito otro decreto del Consell por el que se salvaguarden los planes del puerto, del raval de la Universitat Jaume y de la plataforma logística de Parc Castelló. Los socialistas que estos usos pueden quedar al margen de la sentencia al haber nacido al margen del Plan General.
Sea como fuere, el gobierno local ya tiene ultimado el camino para dar solución al PGOU de Castelló y, tras meses de incertidumbre y declaraciones contradictorias, expondrá el 7 de septiembre el planeamiento revisado, en el que estará adecuado al momento presente con todas las consecuencias que implica la adaptación de su contenido a las disposiciones legales vigentes".
El suelo urbanizable copa el 34%
El plan corregido reserva el 34% del término municipal al desarrollo urbano o urbanizables con cerca de 4.000 hectáreas, estando el resto protegido de cualquier actuación. El ejecutivo de Alfonso Bataller ha tardado seis meses en redactar el borrador y prevé finalizar la exposición al público en otro medio año, según ha subrayado el primer edil.
Hace cuatro años, este mismo trámite se prolongó más de un año, y en aquel momento no se incluyeron las novedades urbanísticas y legislativas que ahora exige el Alto Tribunal. Los partidos de la oposición reclaman que aproveche la crisis para redactar un nuevo PGOU.
* Levante - J.MESTRE - 11.8.12
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
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VALENCIAPLAZA/Alicante* : La sección 2ª de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha fijado en 3.832.858 euros la sanción a la empresa promotora del hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa (Alicante), tras la decisión del Supremo de ordenar revisar el fallo del TSJCV que anulaba la multa de 12 millones de euros impuesta por la Generalitat a la mercantil por el exceso de obra construida en el complejo porque este importe fue notificado 15 días después de que expirara el plazo legal.
En una sentencia del pasado 13 de julio, el TSJCV considera que el porcentaje para calcular la multa debe hacerse sobre el estado real de la obra en el momento de su paralización y no sobre el total, es decir, sobre lo construido en ese momento, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de La Vila, que ha decidido no recurrir el fallo. Asimismo, ha apuntado que la Generalitat tampoco ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia.
Según el consistorio, el TSJCV ha fijado la sanción a pagar por los promotores del Hotel Atrium Beach de La Cala en 3.832.858 euros, una cantidad que deberá abonarse al Ayuntamiento de La Vila Joiosa.
El concejal de Fomento Económico y Sostenible de la localidad, Jerónimo Lloret, ha explicado que el Ayuntamiento de La Vila Joiosa no tiene previsto recurrir al Tribunal Supremo esta decisión.
Según el consistorio, la sentencia del TSJCV desestima el recurso de los promotores del hotel Atrium Beach en todos sus puntos, excepto en uno, y considera que el valor a tener en cuenta a efectos de determinar la sanción es "el correspondiente al estado real de la obra ilegal en el momento de su ilegalización y no el presupuestado para la obra acabada ni el relativo a su valor de mercado".
El informe elaborado por el secretario municipal a raíz de la sentencia del TSJCV indica que el valor real se fijó pericialmente en 25.552.391 euros, "sobre el que hay que aplicar la correspondiente sanción conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en este caso, un 15 por ciento, por importe de 3.832.858" euros.
El Ayuntamiento ha decidido no recurrir porque, según Jerónimo Lloret, "la sentencia da la razón al Ayuntamiento en todos los puntos, excepto en la cuantía de la sanción a los promotores del Atrium Beach por exceso de edificación" y el secretario municipal en su informe considera que un recurso ante el Tribunal Supremo sería "jurídicamente poco viable", dado que el TSJCV "ha interpretado correctamente el Reglamento de disciplina urbanística".
Según Lloret, este artículo especifica que se sancionará con multa del 10 al 20 por ciento de su valor el exceso de edificación. "En este caso, se ha sancionado con un 15 por ciento, es decir, con 3.832.858 euros, que es la cantidad que ingresarán las arcas municipales", ha indicado.
"EXCELENTE NOTICIA"
El consistorio ha recordado que la sentencia del TSJCV resuelve el recurso presentado en su día por el Hotel Luna (Atrium Beach), y lo desestima en todos sus puntos, excepto en la cuantía de la sanción por exceso de edificación. "El TSJCV redujo a cero la cuantía a pagar por la promotora del Atrium Beach. Ahora, el mismo tribunal ha vuelto a considerar la multa, elevándola a 3,8 millones de euros. Por lo tanto, se trata de una excelente noticia para el Ayuntamiento y de un éxito de la Administración", ha considerado Jerónimo Lloret.
En septiembre de 2003, la Generalitat valenciana aprobó el expediente sancionador del Ayuntamiento de La Vila, con una multa de 12 millones de euros impuesta a la mercantil por el exceso de obra en el hotel. Esta sanción, la más alta de tipo urbanístico acordada hasta la fecha en España, se impuso por la realización de más de 14.470 metros cuadrados de obras sin licencias destinadas a la construcción del hotel y una galería comercial.
El TSJCV anuló en 2008 la multa al considerar que la sanción fue notificada 15 días después de expirar el plazo legal. Contra esta decisión recurrieron ante el TS el consistorio y el Consell, que aceptó sus recursos y ordenó al alto tribunal valenciano revisar el caso y dictar una nueva resolución. Ahora, el TSJCV, en una sentencia de 13 de julio donde indica que el exceso de edificabilidad ha sido probado suficientemente por la administración, fija la sanción en 3.832.858 euros.
* Valencia Plaza - 12.8.12
Foto: Villajoyosa (Alicante), complejo hotelero Atrium - diarioinformacion.com
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CANARIASAHORA/Tenerife* : La Plataforma ciudadana que lucha contra esta construcción asegura que se personará de inmediato en el Juzgado de Guardia.
Son ya varias las voces que se han posicionado a favor de la paralización de los trabajos que se están desarrollando para la construcción del puerto de Granadilla después de que el Tribunal Supremo (TS) acordara recientemente mantener los sebadales dentro del catálogo de especies amenazadas, al menos de forma provisional.
La Plataforma ciudadana en contra de esta actuación se encontraba hoy estudiando las fórmulas legales para pedir la ejecución inmediata del fallo que bajo su punto de vista sólo puede implicar que se paren los trabajos.
Para este colectivo, en boca de uno de sus miembros, Antonio Linares, la sentencia ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por medio de la cual se llegaron a paralizar las obras. "Por lo tanto nosotros entendemos que ahora debe ocurrir lo mismo", indicó.
La intención de los miembros de esta Plataforma es personarse de forma inmediata en el Juzgado de Guardia, dado que durante el mes de agosto permanece inactivo el TSJC y ante el Servicio Para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para exigir que las palas dejen de realizar su trabajo. "Nosotros tenemos claro que el Supremo les ha mandado paralizar las obras pero ahora estamos consultando la fórmula legal para que se ejecute esta orden".
Por otro lado, el concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, exigió este martes la paralización inmediata de los trabajos después de conocer el contenido de la sentencia. "Creo que estamos frente a otra razón más para paralizar las obras que allí se están llevando a cabo", dijo Guigou.
El concejal indica que el TS ha plasmado su apuesta firme por anteponer los valores medioambientales al desarrollo económico "y ahora no cabe sino tomar buena nota de lo que se acaba de decir de forma muy clara. Estamos donde estamos y el fallo judicial es muy elocuente y rotundo". Por ello, Guigou exige a la Autoridad Portuaria que paralice de forma inmediata estos trabajos con el fin de no dañar a los sebadales que se encuentran en este entorno.
El portavoz de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, Pedro Anatael Meneses, advirtió que aún no conocía el contenido de la sentencia pero que una vez visto el "destrozo" que se ha llevado a cabo con las actuaciones, "me parece que poco se puede hacer ya ahora".
De todas formas indicó que si el propio Tribunal Supremo ha decidido mantener esta especie como protegida hasta que haya un fallo definitivo, "me parece que lo normal y lo lógico es que se cumpla la sentencia, pero quien tiene que hablar ahora es el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria", dijo.
En este fallo judicial los magistrados anteponen los daños medioambientales que se puedan ocasionar a esta especie a los perjuicios económicos que se deriven de la paralización de los trabajos. Eso sí, se trata de unas medidas cautelares hasta que los tribunales decidan de forma definitiva si los sebadales siguen siendo una especie protegida, lo que puede demorarse aún durante bastantes años.
* Canarias Ahora - Noé Ramón - 7.8.12
Foto: Granadilla (Tenerife), obras puerto - elpais
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ELPAÍS* : La asociación agraria ASAJA ha denunciado que el Ayuntamiento de Alicante ha acordado o exigir a los agricultores de la partidas rurales licencias de obra menor para la limpiar y preparar sus campos para plantar productos hortícolas, como alcachofas, brócolis y lechugas. "No permitiremos jamás que para preparar una finca, instalar el riego por goteo y poner 10.000 plantas de alcachofa, tengamos que solicitar una licencia de obra menor", ha afirmado en un comunicado el presidente de ASJA-Alicante, Eladio Aniorte.
Aniorte mantiene que en una reunión con la Gerencia de Urbanismo de Alicante "se nos ha comunicado que es necesario disponer de una licencia municipal urbanística para poder limpiar y preparar el campo para plantar". "Poner alcachofas, brócoli o lechugas no es hacer un plan parcial", ha añadido. El dirigente agrario ha señalado que esas licencias para estos supuestos es "ilegal y, por supuesto, inmoral". "Nunca hasta ahora un Ayuntamiento había mostrado su intención de poner el cazo para cobrar por desarrollar esta tarea agraria", ha aseverado.
Aunque ha asegurado desconocer "la motivación real" que ha impulsado al consistorio alicantino a aplicar esta medida "nunca antes vista", Aniorte se ha preguntado si será "el afán recaudatorio, la ignorancia o la prepotencia". A lo mejor, según ha añadido, es que ante "el frenazo de la construcción, están como locos -en alusión al consistorio- por conseguir nuevas fuentes de ingresos para mantener su estructura obsoleta, ineficaz y sobredimensionada".
* El País - 7.8.12
Foto: Alacant_desde_la_Serra_Grossa - ecologistasenaccion.org
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LAVOZ/Ourense* : La muralla de Verín le sale cara al Concello, condenado a pagar ahora los daños causados a Construcciones Paco Limia e Hijos SL que compró una parcela en la calle Elle, clasificada como suelo urbano consolidado por el PGOM, cuando el propio Ayuntamiento conocía con antelación que allí hay restos arqueológicos de la muralla y que no se puede construir. El Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Ourense deja claro que el Concello erró sabiendo de la presencia del monumento. Lo que deberá abonar al perjudicado son varias cantidades que aún no se han cuantificado, ante el daño causado por haber comprado la parcela bajo un régimen jurídico urbanístico erróneo y el consiguiente lucro cesante derivado de la imposibilidad de materializar los aprovechamientos y usos edificatorios que aquel plan general permitía.
El Concello abonará, además, 37.863,76 euros por los gastos facturados del estudio de arquitectura para solicitar las licencias. Por último, pagará el 70 % de las tasas de solicitud de la licencia de derribo.
Construcciones Paco Limia e Hijos, el día 21 de noviembre del 2003, adquirió las fincas urbanas del número 14 de la calle Elle para edificar garajes, locales y viviendas y pidió al Concello licencia para derribar las edificaciones existentes. Como no hubo contestación en plazo, solicitó la acreditación de silencio positivo, denegada por decreto de Urbanismo, en junio del 2005, amparándose en la presencia de restos de una muralla del siglo XVII. La sentencia indica que solo ante las acciones iniciadas por la constructora, y no antes, el ayuntamiento dice conocer la presencia de la muralla, alterando el carácter jurídico de la parcela comprada y previendo en el PGOM su delimitación como zona de protección de grado 1, bien de interés cultural. El 23 de octubre del 2003 el TSXG anuló el plan urbanístico de Verín.
Máximo cuatro alturas
El juez dice que la empresa compró la parcela clasificada como suelo urbano consolidado. Y que el PGOM de Verín permitía construir un máximo de cuatro alturas. Pero al aparecer los restos arqueológicos ese régimen jurídico fue cambiado para protegerlos. La sentencia ve «indiscutible» que el Concello perjudicó a la empresa: «La Administración conocía la existencia de la muralla y no adoptó ninguna medida tendente a garantizar su protección como bien integrante del patrimonio cultural de Galicia». Añade como prueba el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio en cuyo inventario arqueológico se recogen los vestigios de la muralla, desde 1991.
La sentencia refleja que en el PGOM, al publicarse sin los dictámenes de la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico, «no se incluyó este y otros elementos, por lo que la muralla quedó sin protección específica en la normativa urbanística». Para el juez es más revelador aún que la propia consellería advirtió en diversas fases de la tramitación del Plan General de Verín, de la existencia de restos de la muralla en la parcela.
Para el juez, hubo una «pésima actuación del Concello al elaborar el PGOM, obviando los informes de Cultura y no confiriendo la protección adecuada a la muralla», lo que causó los perjuicios sufridos por la constructora debido a la merma de sus expectativas urbanísticas. Y da por demostrado que el Concello conocía la existencia de la muralla cuando elaboró el plan urbanístico, «de modo que en ningún caso puede ahora alegar una supuesta sorpresa por tal hallazgo, sino que lo que debió hacer es acoger los informes de Cultura y otorgarle en el plan general la protección que le correspondía».
* La Voz de Galicia - JESÚS MANUEL GARCÍA - 9.8.12
Foto: Verín (Ourense), muralla - lavoz
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ECODIARIO/Madrid* : La Plataforma 'Eurovegas No' publica hoy un informe sobre el impacto económico y fiscal del proyecto Eurovegas en el que concluye que la construcción del complejo de ocio "no sólo no ayudará a salir de la crisis, sino que saldrá caro a las ya mermadas arcas públicas".
En el nuevo informe, colgado hoy en internet, la Plataforma estima el coste económico que tendrían durante los primeros diez años "las exenciones en materia fiscal y privilegios legislativos" que ha puesto sobre la mesa la empresa estadounidense Las Vegas Sands Corp.
La Plataforma cifra en "alrededor de 2.000 millones de euros" las inversiones en infraestructuras necesarias para la primera fase de construcción del complejo (6 años); en "un mínimo de 870 millones" las exenciones en la tasa sobre el juego, y "en 35 millones de euros" las deducciones en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante los seis años iniciales.
Frente a ello, la Plataforma estima en "tan sólo 1.861 millones de euros" la recaudación que generaría el complejo de ocio y juego en ese periodo, y advierte que "si durante la 1ª fase (6 años), el proyecto no se considera suficientemente rentable y se abandona, el perjuicio económico sería enorme".
Para un período de diez años, el impacto de la exención de la tasa sobre el juego sería "de 1.450 a 7.485 millones de euros", y de 58 millones de euros en exenciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), mientras que las administraciones públicas "mediante el Impuesto de Sociedades, podrían recaudar como máximo 3.102 millones de euros en esos años".
A ello habría que añadir otros beneficios fiscales en "cotizaciones a la Seguridad Social, IVA, impuestos de construcción, transferencia de patrimonio, financiación, etc", exenciones que la Plataforma asegura no haber podido valorar "por falta de información".
Según la Plataforma, "es muy posible que las bonificaciones y exenciones fiscales, además de otros beneficios como suelo, infraestructuras, etc, puedan contrarrestar los potenciales ingresos fiscales provenientes del complejo", además de establecer una "zona franca dentro del territorio nacional".
En la misma línea, el informe apunta que "habrá beneficios para los inversores y muy pocos o nulos para las administraciones públicas y la ciudadanía española".
Para la Plataforma, el apoyo directo de las Administraciones (infraestructuras, expropiaciones) así como el indirecto (tratamiento fiscal especial, créditos garantizados), suponen "costes para la ciudadanía".
"Quizás el más grave por sus consecuencias sea precisamente el que no se ve: el coste de oportunidad que supone no dedicar los recursos que se van a consumir, regalar y/o bonificar en este megaproyecto, a otros fines posibles", añade.
Otra consecuencia será "la de producir incentivos para un abandono escolar a edad más temprana", ya que el modelo de Eurovegas "no se apoya en la economía del conocimiento y tampoco genera actividad económica de excelencia y con valor añadido", sino que "fomenta puestos de trabajo de baja y muy baja cualificación", asegura el informe.
Entre los integrantes de la plataforma figuran Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Amigos de la Tierra, ATTAC o asambleas populares vinculadas al Movimiento 15-M.
* Ecodiario - EFE - 9.8.12
Foto: Eurovegas no, cartel (Madrid) - plataforma Eurovegas no
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CANARIASAHORA/Tenerife* : La Asociación Ben Magec- Ecologistas en Acción manifesta que "aplaude" la sentencia del Tribunal Supremo en el que avala la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que suspendía en 2009 la orden de la Consejería de Medioambiente que descatalogaba "arbitrariamente" un sector del sebadal del litoral de Granadilla, estableciendo la paralización cautelar de las obras del puerto, por los daños irreversibles que podía causar al medioambiente.
Ante la noticia, la Federación ha puesto de manifiesto que la sentencia "viene a confirmar una vez más que el Puerto de Granadilla, además de ser ilegal, no reportará ningún beneficio a la isla sino que, al contrario, traerá aparejado graves perjuicios ambientales, sociales y económicos (despilfarro de dinero público en una obra innecesaria y afección a otros sectores como el pesquero). Así lo ratifican multitud de sentencias legales, informes científicos, peritajes técnicos y estudios económicos llevados a cabo por instituciones y expertos".
Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción, sin embargo, se muestran pesimistas y cree que la decisión del Supremo llevará al Gobierno canario a alegar que "ya da igual lo que se diga", porque el sebadal de Granadilla ya no está protegido por la ley. "Es necesario recordar que, precisamente, la siguiente artimaña legal utilizada por el Gobierno de Canarias para saltarse la paralización de las obras fue la aprobación por ley de un nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas que, sin ningún rigor científico y sin participación ciudadana, rebajaba de categoría de protección a la seba como especie, dejándola a efectos prácticos desprotegida en casi todo el Archipiélago".
Una vez aprobado el nuevo listado, según los ecologistas "la estrategia del Gobierno de Canarias ha sido valerse de la política de hechos consumados, y comenzar la construcción del puerto pese a no haberse levantado la suspensión cautelar. Desde la Federación Ecologista le pedimos al Gobierno de Canarias que cese de una vez en su empeño y le exigimos la paralización inmediata de las obras".
Para Ben Magec, la sentencia del Supremo que es resultado de un recurso interpuesto por la federación ecologista, pone de manifiesto nuevamente "la cantidad de chanchullos y artimañas que el ejecutivo regional ha tenido que llevar a cabo para seguir adelante con el proyecto del puerto de Granadilla pese al amplio rechazo social que éste concita". Con la sentencia del TS en la mano, Ben Magec- Ecologistas en Acción estudiará la situación y analizará posibles contestaciones en el ámbito jurídico y social a la vista de que el fallo ratifica que esas actuaciones "son un disparate y, una vez más, vuelve a dar la razón a la Federación Ecologista y a la sentencia inicial". En ambos pronunciamientos jurídicos se apuesta por mantener los sebadales como especie amenazada de forma cautelar hasta que se produzca un pronunciamiento firme sobre esta cuestión.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 9.8.12
Foto: Obras del Puerto de Granadilla. (GREENPEACE)
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Supremo ha dado un duro varapalo a uno de los proyectos que más sombras han generado en el urbanismo de Benidorm durante los últimos años. Y no precisamente por la altura de sus torres, levantadas a escasos metros del mar, sobre la zona conocida como la Punta Llisera. Una sentencia dictada el pasado 23 de julio por la sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha decretado la anulación del permiso que la Generalitat Valenciana concedió en el año 2005 a la mercantil Edificaciones Calpe SL para construir el complejo residencial comercializado con el nombre de Gemelos 28, en la zona de servidumbre de protección marítimo-terrestre. El fallo anula por tanto el permiso de construcción otorgado por la Dirección General de Puertos y Costas hace ahora siete años y deja fuera de ordenación las dos torres de 21 alturas y sus 168 viviendas, muchas de las cuales ya están vendidas y habitadas desde hace más de un año.
La sentencia del Supremo deriva de un recuso presentado por los abogados del Estado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en junio de 2008 se pronunció a favor de la autorización concedida por la Generalitat. Esta primera sentencia sirvió para que la mercantil promotora del complejo decidiera seguir adelante con unas obras cuya tramitación se inició dos décadas antes, en 1988, y que sufrió continuas paralizaciones por cuestiones administrativas, pero también legales, entre las que se incluyó un expediente de expropiación forzosa iniciado por el Gobierno central en el año 2007 -y paralizado en 2009- por considerar que el proyecto contravenía la Ley de Costas.
Ahora, el Supremo reconoce que la sentencia del TSJ "incurrió en error (...) al seleccionar la normativa aplicable" e incide en que cuando se dictó la autorización por parte de la Generalitat, en el año 2005, ya estaba en vigor una disposición de la Ley de Costas que prohibe la construcción de edificaciones residenciales en la zona de servidumbre de protección, a excepción de casos puntuales, aunque ninguno de ellos "se tuvo en cuenta en la autorización concedida", añaden los magistrados.
Un cúmulo de errores
El fallo no sólo hace alusión al permiso otorgado por la dirección autonómica de Costas en 2005 y al posterior dictamen del TSJ. También se retrotrae al inicio del expediente en sí. La sala reconoce que la licencia inicial, concedida por decreto en 1988 por el entonces alcalde socialista Manuel Catalán Chana, se firmó el 6 de junio en favor del anterior propietario del suelo Achille Cafarelli. Este documento estaba condicionado a la aprobación de un estudio de detalle, que el pleno aprobó inicialmente el 15 de julio de ese mismo año, catorce días antes de que entrara en vigor la Ley de Costas.
Catorce meses después, en septiembre de 1989, el mismo acalde invalidó el acuerdo plenario por no haberse adoptado con el quórum de la mayoría especial que legalmente se requería y no fue hasta el año 1996, cuando ya gobernaba el popular Vicente Pérez Devesa, cuando se aprobó definitivamente el estudio de detalle, un trámite que el Supremo recuerda que debía ser "previo o simultáneo a la concesión de la licencia".
Entre ambas fechas, concretamente en diciembre de 1994, el Tribunal Supremo ordenó al Ayuntamiento que continuase con la tramitación del estudio de detalle, estimando parcialmente un recurso de la mercantil Inmobiliaria y Promociones Cafarelli contra la inacción del Consistorio durante todos esos años.
El alto tribunal apunta por un lado que "no es descartable que la premura en la concesión" de esta licencia y la aprobación inicial del estudio de detalle "obedeciera al intento de evitar la aplicación de la Ley de Costas", a la vez que recuerda que el primer estudio, aprobado inicialmente en 1988 y anulado en 1989, "no generó ningún derecho de edificar, careciendo de efectos de cara a otorgar eficacia a la licencia".
Para el TS, la licencia otorgada por el Consistorio "desplegó sus efectos" ocho años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, en concreto a partir de 1996, cuando el pleno dio definitivamente luz verde a dicho estudio de detalle. A partir de ahí, la mercantil Edificaciones Calpe adquirió la propiedad, tumbó la estructura del antiguo edificio y obtuvo en 2005 la autorización de la Dirección General de Costas para edificar un proyecto distinto al que había autorizado el Ayuntamiento en 1988. Y ahora, cuando el complejo lleva más de un año completamente acabado, es cuando el Supremo ha fallado la anulación de aquel permiso y, por tanto, concluye que las dos torres no pueden considerarse dentro del ordenamiento urbanístico.
¿Y ahora qué?
La sentencia dictada el pasado 23 de julio por el Supremo decreta la invalidez de la licencia con la que se sustentó la construcción de este proyecto urbanístico, pero no entra a valorar cuáles son los pasos que deberán darse ahora. Fuentes judiciales indicaron ayer a este diario que el futuro del complejo Gemelos 28 está ahora condicionado a lo que se dicte con la ejecución de la sentencia y que se abre todo un abanico de posibilidades. Entre ellas, que el fallo se declarara inejecutable, dado que las torres están completamente construidas y habitadas; pero también se podrían dar otras situaciones, como que el Estado decidiera seguir adelante con el proceso de expropiación que inició en 2009, algo que haría que el promotor y a los actuales propietarios de las viviendas se vieran obligados a negociar con el Estado una salida favorable a todas las partes.
Causas pendientes
Y todo ello, sin obviar que aún hay varias causas judiciales abiertas y que están por dirimir. Entre ellas, las denuncias de un particular sobre las irregularidades en la concesión de las cédulas de habitabilidad por parte del actual alcalde, Agustín Navarro, en 2011 o el presunto exceso de edificabilidad en las torres.
* Información - R. PAGÉS - 8.8.12
Foto: Benidorm, torres Punta Llisera - elpais
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ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Valencia aseguró a los vecinos del barrio de Nazaret que no había realizado estudios sobre la repercusión económica del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la ciudad después de que la alcaldesa, Rita Barberá, anunciara a los medios de comunicación un impacto de 40 millones de euros. En una queja remitida a la Sindicatura de Greuges, la Asociación de Vecinos de Natzaret critica que el Consistorio no haya atendido su petición de información sobre la repercusión económica del circuito urbano de fórmula 1 que albergó la ciudad en junio de 2011.
Ocho meses después de que los vecinos pidieran estos datos al Ayuntamiento de Valencia —días después de que finalizara el Gran Premio, en julio de 2011—, se dirigieron al Síndic, José Cholbi, para protestar por la falta de respuesta del Consistorio. Consultado por la Sindicatura acerca de esta cuestión, el Ayuntamiento aclaró en un escrito que la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 es “competencia de la Generalitat”. “En relación a ello —añadía la Corporación—, la Fundación Deportiva Municipal y el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Valencia no han realizado ningún estudio sobre la repercusión económica que este evento haya podido suponer a la ciudad de Valencia y, en concreto, al barrio de Natzaret”.
Tras conocer la respuesta del Ayuntamiento, los vecinos recordaron al Síndic que el día después de la celebración de la carrera, la alcaldesa de Valencia había manifestado a los periodistas que la organización del Gran Premio había tenido un impacto económico que superaba “los 40 millones de euros”, además de una “repercusión indirecta” por la promoción que se había hecho de la ciudad. Cholbi, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, lamenta que el Consistorio no haya respondido a la petición de información de los vecinos y recuerda que el plazo máximo de resolución administrativa es de tres meses.
Obligada a responder
“La Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, sin dar más de lo que puede y debe hacer, pero tampoco menos de lo que razonablemente puede esperarse, y lo mínimo que ha de ofrecer al ciudadano es una respuesta directa, rápida, exacta y legal”, remarca el Síndic. Por ello, recomienda al Ayuntamiento que dicte una resolución motivada en contestación a todas las cuestiones planteadas por los autores de la queja.
* El País - EFE - 5.8.12
Foto: Valencia, circuito F1 cerrado y abandonado - levante-emv.com
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ELPAÍS/A Coruña* : Frente a la corrupción o tráfico de influencias en las Administraciones públicas, la Fiscalía Superior de Galicia aboga por crear un nuevo organismo de fiscalización externa “y prevención de los riesgos de gestión”, a semejanza del que existe en otros países como el vecino Portugal. Es necesario, aseguró ayer el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, “un mayor control para evitar que sean desviados o mal utilizados los fondos públicos”. Varela puso como ejemplo el Tribunal de Cuentas luso, que cuenta con un consejo de prevención encargado de determinar los riesgos de los departamentos de cada Administración pública a la hora de gestionar los presupuestos.
Esta propuesta está incluida en la memoria anual de la Fiscalía de Galicia, presentada ayer en A Coruña. Otra de sus apuestas es el proyecto denominado Iglesia Segura para reforzar la protección de los bienes culturales eclesiásticos. Una iniciativa que podrían adoptar todos aquellos a quienes les “parezca interesante”, precisó Varela al restar importancia a la falta de respuesta que ha recibido su propuesta por parte de las diócesis gallegas.
Los delitos contra la seguridad viaria volvieron el año pasado a ser los más numerosos e incluso se incrementaron: representan el 45% de los 310.011 escritos de acusación o calificación presentados por el ministerio público en la comunidad gallega a lo largo de 2011. De esa cifra, casi dos de cada tres son contra personas que conducían bajo los efectos del alcohol. En segundo y tercer lugar aparecen los delitos de lesiones (16%) o los patrimoniales y socioeconómicos (otro tanto).
El pasado año, no obstante, se estabilizó el número total de procedimientos penales por delitos en el conjunto de la comunidad autónoma. Solo aumentaron un 0,89% en comparación con 2010. Pero de nuevo el fiscal jefe remarcó que solo el 4,86% de los procesos tramitados acabaron con una sentencia judicial. Quedaron pendientes al finalizar 2011 casi el 19% de los procedimientos, mientras que la inmensa mayoría de los demás casos, sobre todo los delitos contra el patrimonio o en el ámbito socioeconómico, “no pasan el filtro de la fase inicial”. Dos de cada tres procedimientos acaban en sobreseimiento o archivados, o finalizan de forma anticipada, antes de llegar a una sentencia, al acumularse con otros o por inhibición.
La Fiscalía Superior de Galicia volvió ayer a achacar este pobre resultado al “deficiente sistema organizativo”, provocado, asegura el ministerio público, por “el gran desajuste” entre los juzgados y el volumen de asuntos tramitados.
* El País - PAOLA OBELLEIRO A Coruña 31 JUL 2012
Foto: Tribunal Constitucional (Madrid) - publico.es
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