CANARIASAHORA/Gran Canaria* : El Ayuntamiento de Mogán concedió el pasado mes de mayo la licencia de apertura a los 40 apartamentos de una llave que conforman el complejo Sol y Paz, propiedad de la entidad mercantil Lorimar Sur, que tiene como único socio a Tomás Lorenzo, concejal de Urbanismo del municipio, quien compaginó en el mandato 2007-2011 sus responsabilidades públicas con las de administrador único de la mencionada empresa.
Los portavoces de Ciuca y NC en el consistorio sureño, Mencey Navarro e Isabel Santiago, advierten en una nota de prensa que la concesión de esta licencia puede suponer una "grave irregularidad administrativa", puesto que el alcalde, para poder firmarla, "primero debería haber avocado las competencias que, en materia de Urbanismo, delegó en el concejal Tomás Lorenzo". La avocación de competencias, es decir, su traslado para casos concretos desde el órgano titular -el edil de Urbanismo- hasta el superior jerárquico -el alcalde- debe estar motivada y debe notificarse a los interesados.
Ambas formaciones recuerdan que la actividad económica de la empresa está "estrechamente relacionada" con las áreas que gestiona el edil, Turismo y Urbanismo. Esta situación, tal y como expresan ambos portavoces municipales, "pone de manifiesto que el PP de Mogán es perjudicial a los intereses municipales, pues dedican sus esfuerzos a gestionar sus intereses privados".
Aunque Tomás Lorenzo cesó como administrador único de Lorimar Sur el 7 de junio de 2011, sigue siendo socio único de la mercantil, según consta en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. La compatibilidad del cargo de Lorenzo en al Ayuntamiento de Mogán con el ejercicio de su actividad privada fue debatida en el consistorio en el pleno extraordinario del 12 de julio de 2007, apenas un mes después de acceder al puesto. El Ayuntamiento determinó entonces que ambas actividades eran compatibles, gracias a los nueve votos favorables del grupo de gobierno. Los cinco concejales del grupo CCN-CC-PCS-PSOE votaron en contra. El 5 de julio de 2011, tras un nuevo debate en el pleno, el consistorio aprobó conceder la dedicación exclusiva al concejal, que había dejado de ser administrador único de Lorimar Sur.
Para los portavoces de CIUCA y NC, "la incompetencia del grupo de gobierno, y la defensa de los intereses privados/particulares, frente a la defensa del interés general, explica que después de 9 años de gobierno del PP de Mogán, con el alcalde a la cabeza, siga sin Plan General".
* Canarias Ahora - 13.8.12
Foto: Los apartamentos Sol y Paz. (CANARIAS AHORA)
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LEVANTE* : La lista de implicados en sumarios por presuntas corruptelas económicas, tributarias y urbanísticas supera el número de habitantes de 78 municipios valencianos - Instituciones municipales, provinciales y autonómicas se han visto salpicadas.
Cerca de 250 personas, o lo que es lo mismo, una población superior a los habitantes de 78 municipios valencianos se encuentran imputadas actualmente en casos de corrupción en la Comunitat Valenciana. Las presuntas corruptelas económicas, tributarias y urbanísticas han salpicado a instituciones municipales, provinciales y autonómicas, y a sectores como el empresarial o el de los funcionarios públicos. No se han salvado ni las organizaciones no gubernamentales o la Casa Real. En la actualidad, los juzgados valencianos instruyen más de una quincena de casos y el Tribunal Superior de Justicia se prepara para recibir dos sumarios más, además del macroproceso Gürtel.
Sin duda el caso con más implicados es la causa Brugal, acrónimo de «Basuras Rurales Gestión Alicante», que por su gran volumen ha tenido que desgranarse en tres partes, una de las cuales acabará en el TSJ al solicitar el fiscal la imputación de los diputados del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por presuntamente haber amañado el Plan General de Alicante para favorecer al pluriimputado empresario Enrique Ortiz. En esta pieza separada de Brugal hay 16 encausados a falta de la decisión del alto tribunal sobre Castedo y Alperi.
Otra parte importante de Brugal es la presunta concesión irregular de la recogida de basura en la Vega Baja en la que acabó acusado el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y el empresario Ángel Fenoll. En esta causa hay ya 40 imputados, uno de los cuales es el socialista Antonio Amorós. La tercera pata de Brugal llegó hasta Calp y tiene como denominador común a Fenoll. Once imputados están siendo investigados en esta causa.
Si Brugal tiene a gala ser el caso con más encausados, el escándalo de corrupción de Emarsa es en el que, de momento, más dinero presuntamente se ha defraudo. Según el magistrado, al menos 25 millones de dinero de los contribuyentes fue desviado de la gestión de la depuradora de Pinedo. En esta caso están siendo investigados empresarios, políticos del PP y hasta el enfermero Esteban Cuesta, que fue el gerente de la planta de aguas entre 2004 y 2010.
En la actualidad, el juez instructor ya ha imputado a 32 personas y el número podría aumentar, así como el volumen de dinero defraudado si la investigación se retrotrae más allá de 2004. El exalcalde de Manises Enrique Crespo ha sido el político de mayor rango que se ha llevado por delante esa investigación.
Pero a Emarsa y Brugal no le van a la zaga las dos cajas de ahorros más importantes de la Comunitat Valenciana y el Banco de Valencia. Lo que fuera el tercer sistema financiero en volumen de activos es ahora un enjambre de imputados: 33 en el ya caso Bankia, 20 en el Banco de Valencia, intervenido por el Estado, y cinco por la quiebra de la CAM. En estas investigaciones se ha imputado al expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas.
La Administración autonómica también se ha visto salpicada por casos de corrupción. La extinta Conselleria de Solidaridad, la de Turismo y hasta RTVV, en estos dos últimos departamentos por el escándalo Gürtel, donde ya van 30 imputados. El caso del fraude de las ONG podría alcanzar también a otras carteras si la juez instructora continúa la investigación de los contratos que Industria y Bienestar Social dieron al empresario preso Augusto César Tauroni.
En esta causa, donde se investiga un presunto fraude de 4,5 millones de euros en ayudas al Tercer Mundo hay 27 imputados, cinco de ellos funcionarios públicos, y el TSJ lo asumirá si decide imputar al portavoz del PP Rafael Blasco como piden la juez, la fiscalía y hasta la Generalitat. En el caso Urdangarin, en el que se investigan los pagos de la Generalitat al duque de Palma, hay otros siete ex cargos públicos o funcionarios imputados.
Las dos causas más longevas por la duración de la instrucción son el caso Fabra y el Ivex, que investiga un fraude multimillonario y pagos, entre otros, al cantante Julio Iglesias. Con cuatro imputados cada uno, los instructores llevan más de siete años intentando abrir el proceso oral. Un ex director general continúa fugado, José María Tabares, y el expresidente de la Diputación de Catelló, Carlos Fabra, nunca dimitió.
Alcaldes y exediles con problemas
Algunos ayuntamientos también se han visto salpicados por presunta corrupción. El actual alcalde de Loriguilla continúa imputado por la presunta adjudicación de obras del consistorio a empresas propiedad suya y de su familia. El exalcalde de Torrevieja y diputado, Pedro Hernández Mateo, está imputado por delitos de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de basuras.
Otros, como el exalcalde del PSPV en Elx Diego Maciá, imputado por tráfico de influencias, o el exalcalde del PP de Polop Juan Cano, inmerso en la causa del asesinato de su predecesor, también tiene problemas, así como la exalcaldesa de Redován. El alcalde de Chiva, José Manuel Haro, ha sido encausado por un delito de prevaricación, y el actual edil de Montroi Antonio Polo y su predecesor, Francisco Carrión, están inmersos en una causa urbanística.
* Levante - SERGI PITARCH - 12 de agosto de 2012
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
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ELPAÍS/Almería* : El arquitecto defiende el proyecto que diseñó en Almería, paralizado por invadir dominio público.
Los obreros soltaron las herramientas con rapidez, pensando en un pronto regreso. Era la mañana del 23 de febrero de 2006 y varios agentes de la Policía Local de Carboneras (Almería) se habían presentado en el hotel que la empresa Azata del Sol construía desde 2003 en la playa de El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, para ordenar la paralización de los trabajos por resolución judicial.
Seis años después, nada se ha vuelto a tocar en el edificio fantasmagórico. Desde sus pasillos sobrecogedores y sin ventanas se escucha el mar. Un ambicioso proyecto turístico en un enclave privilegiado ha hecho agua por la lucha ecologista.
El Algarrobico contaba con todas las licencias pese a que para levantar el inmueble iba a ser necesario hacer desaparecer un monte en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y a tan solo 28 metros de la orilla del mar. Durante más de dos años se trabajó hasta llegar al 94% de la estructura del hotel de 20 niveles y más de 400 habitaciones sin que nadie se inmutase.
La paralización “nos provocó estupor, porque nosotros hemos tenido clara conciencia en todo momento de estar actuando de acuerdo con el derecho”, afirma Ubaldo Gómiz, arquitecto del hotel. “Nos dieron licencia de obra y el proyecto obtuvo luz verde por parte del Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Costas y la Consejería de Medio Ambiente. Debe de ser el expediente administrativo más limpio de España porque lo han mirado con lupa por indicación de la exministra”, ironiza. Se refiere a Cristina Narbona.
Una vez que la denuncia ecologista prosperó y un juez de Almería abrió diligencias —que culminaron en la paralización cautelar de la obra a la espera de revisar su licencia municipal—, Narbona aseguró que el hotel sería una prioridad para el Gobierno. “Puede que tengan que pasar seis años más o que no se resuelva nunca”, se resigna el arquitecto quien acata, aunque puntualiza, las resoluciones judiciales adoptadas. “Esta es materia muy específica y los magistrados se deben formar en ello. Normalmente, se apoyan en los testimonios de los peritos y, muchas veces, les marean. Imagino que se han desbordado con tantos datos. Es muy difícil que alguien llegue a comprender la complejidad de este expediente”, dice. Se han emitido decenas de resoluciones, todas tendentes al derribo del hotel. Las más importantes, en el último año. El Tribunal Supremo resolvió que invade en unos 80 metros la servidumbre de paso en el límite del dominio público establecido a 100 metros desde el mar hacia la costa. Es decir, al menos parte de su estructura se ha levantado sobre dominio público y sería ilegal. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga al Gobierno regional a devolver al suelo la calificación de “no urbanizable”, nivel de protección que tenía antes de 1994. Resta ver si este tribunal revoca la licencia de obra que permitió levantar un hotel que ha sido calificado de “aberración”.
“No me afecta. Yo me siento muy orgulloso de lo que he diseñado ahí. He hecho miles de proyectos a lo largo de más de 30 años de carrera. El hotel es muy bueno y ha sido muy difícil diseñarlo donde está”, defiende con orgullo Gómiz. Solo le ve un pero. “El Ayuntamiento se empeñó en que fuese blanco cuando yo lo diseñé en tonos ocre para que estuviera en armonía con el entorno”. Pese a todo lo vivido y lo que está por llegar, Gómiz repetiría la experiencia. “Claro que sí. A mí no me remuerde la conciencia. Me siento muy orgulloso de la obra. Como arquitecto, creo que es muy buena y he recibido felicitaciones de los colegas”. Más grave le parece la “inseguridad jurídica” que ha generado este expediente, que, además, “ha ahuyentado la inversión”.
* El País - MARTA SOLER 14 AGO 2012
Foto: Gómiz cree que los jueces están desbordados por el caso. / FRANCISCO BONILLA
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LEVANTE* : La anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló del año 2000, que dicta una sentencia del Tribunal Supremo, paralizará el desarrollo de 138 de los 185 ámbitos de suelo a urbanizar (74%) que se incorporaron en el actual PGOU y que el ayuntamiento tiene pendiente de ejecutar. El fallo dejará sin validez el urbanismo de los últimos 14 años mientras se materialice la resolución judicial -de septiembre a abril de 2013-, tal como reconoce el equipo de gobierno en el borrador del Plan General corregido. De la sentencia se salvarán las unidades ya urbanizadas (47).
El nuevo planeamiento incorporará la legislación vigente y las modificaciones urbanísticas aprobadas desde 2000, según exige el Alto Tribunal, que retrotrae el plan al momento de aprobación provisional (1999) y ordena que se repita una segunda exposición al público, un trámite que ya dictó en otra sentencia en 2008 pero que el consistorio, afirma, realizó incorrectamente al no recoger las circunstancias materiales y jurídicas del momento.
El documento redactado por los servicios municipales, que ya ha sido facilitado a los grupos de la oposición y que ayer avanzó Levante de Castelló, recoge la situación actual de las 185 nuevas zonas a desarrollar incluidas en el plan de 2000 y constata que la mayor parte de las mismas (74%), están todavía en fase de tramitación y pendientes de consolidación. Estas quedarán sin paraguas legal cuando el ejecutivo local lleve a cabo el periodo de alegaciones. La sentencia también dejará en suspenso el centenar de modificaciones del PGOU que se han ido validando desde 2000. Entre otros proyectos que no se han materializado están el plan especial de la Marjaleria, Mestrets o las últimas unidades de expansión en Lledó y Sensal.
A fin de evitar una paralización total del planeamiento municipal, el Consell decretará en Castelló un régimen urbanístico transitorio, una norma por la que aspira a suplir el PGOU en el tiempo que permanezca anulado. Esta medida se ha utilizado en otros municipios de la Comunitat Valenciana cuando han renovado su planes generales. No obstante, en el caso de Castelló es dudoso que el decreto pueda evitar la suspensión provisional del planeamiento al provenir de una sentencia judicial.
El Supremo dictamina, señala la memoria del PGOU, "que todo lo actuado tras la aprobación provisional de 1999 no es válido". "De hecho -continúa- no ha existido para el mundo del derecho y desaparece la presunción de legalidad del Plan General que daba amparo a las actuaciones posteriores llevada a cabo desde marzo de 2000".
El grupo municipal socialista ha propuesto sin éxito otro decreto del Consell por el que se salvaguarden los planes del puerto, del raval de la Universitat Jaume y de la plataforma logística de Parc Castelló. Los socialistas que estos usos pueden quedar al margen de la sentencia al haber nacido al margen del Plan General.
Sea como fuere, el gobierno local ya tiene ultimado el camino para dar solución al PGOU de Castelló y, tras meses de incertidumbre y declaraciones contradictorias, expondrá el 7 de septiembre el planeamiento revisado, en el que estará adecuado al momento presente con todas las consecuencias que implica la adaptación de su contenido a las disposiciones legales vigentes".
El suelo urbanizable copa el 34%
El plan corregido reserva el 34% del término municipal al desarrollo urbano o urbanizables con cerca de 4.000 hectáreas, estando el resto protegido de cualquier actuación. El ejecutivo de Alfonso Bataller ha tardado seis meses en redactar el borrador y prevé finalizar la exposición al público en otro medio año, según ha subrayado el primer edil.
Hace cuatro años, este mismo trámite se prolongó más de un año, y en aquel momento no se incluyeron las novedades urbanísticas y legislativas que ahora exige el Alto Tribunal. Los partidos de la oposición reclaman que aproveche la crisis para redactar un nuevo PGOU.
* Levante - J.MESTRE - 11.8.12
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
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VALENCIAPLAZA/Alicante* : La sección 2ª de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha fijado en 3.832.858 euros la sanción a la empresa promotora del hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa (Alicante), tras la decisión del Supremo de ordenar revisar el fallo del TSJCV que anulaba la multa de 12 millones de euros impuesta por la Generalitat a la mercantil por el exceso de obra construida en el complejo porque este importe fue notificado 15 días después de que expirara el plazo legal.
En una sentencia del pasado 13 de julio, el TSJCV considera que el porcentaje para calcular la multa debe hacerse sobre el estado real de la obra en el momento de su paralización y no sobre el total, es decir, sobre lo construido en ese momento, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de La Vila, que ha decidido no recurrir el fallo. Asimismo, ha apuntado que la Generalitat tampoco ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia.
Según el consistorio, el TSJCV ha fijado la sanción a pagar por los promotores del Hotel Atrium Beach de La Cala en 3.832.858 euros, una cantidad que deberá abonarse al Ayuntamiento de La Vila Joiosa.
El concejal de Fomento Económico y Sostenible de la localidad, Jerónimo Lloret, ha explicado que el Ayuntamiento de La Vila Joiosa no tiene previsto recurrir al Tribunal Supremo esta decisión.
Según el consistorio, la sentencia del TSJCV desestima el recurso de los promotores del hotel Atrium Beach en todos sus puntos, excepto en uno, y considera que el valor a tener en cuenta a efectos de determinar la sanción es "el correspondiente al estado real de la obra ilegal en el momento de su ilegalización y no el presupuestado para la obra acabada ni el relativo a su valor de mercado".
El informe elaborado por el secretario municipal a raíz de la sentencia del TSJCV indica que el valor real se fijó pericialmente en 25.552.391 euros, "sobre el que hay que aplicar la correspondiente sanción conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en este caso, un 15 por ciento, por importe de 3.832.858" euros.
El Ayuntamiento ha decidido no recurrir porque, según Jerónimo Lloret, "la sentencia da la razón al Ayuntamiento en todos los puntos, excepto en la cuantía de la sanción a los promotores del Atrium Beach por exceso de edificación" y el secretario municipal en su informe considera que un recurso ante el Tribunal Supremo sería "jurídicamente poco viable", dado que el TSJCV "ha interpretado correctamente el Reglamento de disciplina urbanística".
Según Lloret, este artículo especifica que se sancionará con multa del 10 al 20 por ciento de su valor el exceso de edificación. "En este caso, se ha sancionado con un 15 por ciento, es decir, con 3.832.858 euros, que es la cantidad que ingresarán las arcas municipales", ha indicado.
"EXCELENTE NOTICIA"
El consistorio ha recordado que la sentencia del TSJCV resuelve el recurso presentado en su día por el Hotel Luna (Atrium Beach), y lo desestima en todos sus puntos, excepto en la cuantía de la sanción por exceso de edificación. "El TSJCV redujo a cero la cuantía a pagar por la promotora del Atrium Beach. Ahora, el mismo tribunal ha vuelto a considerar la multa, elevándola a 3,8 millones de euros. Por lo tanto, se trata de una excelente noticia para el Ayuntamiento y de un éxito de la Administración", ha considerado Jerónimo Lloret.
En septiembre de 2003, la Generalitat valenciana aprobó el expediente sancionador del Ayuntamiento de La Vila, con una multa de 12 millones de euros impuesta a la mercantil por el exceso de obra en el hotel. Esta sanción, la más alta de tipo urbanístico acordada hasta la fecha en España, se impuso por la realización de más de 14.470 metros cuadrados de obras sin licencias destinadas a la construcción del hotel y una galería comercial.
El TSJCV anuló en 2008 la multa al considerar que la sanción fue notificada 15 días después de expirar el plazo legal. Contra esta decisión recurrieron ante el TS el consistorio y el Consell, que aceptó sus recursos y ordenó al alto tribunal valenciano revisar el caso y dictar una nueva resolución. Ahora, el TSJCV, en una sentencia de 13 de julio donde indica que el exceso de edificabilidad ha sido probado suficientemente por la administración, fija la sanción en 3.832.858 euros.
* Valencia Plaza - 12.8.12
Foto: Villajoyosa (Alicante), complejo hotelero Atrium - diarioinformacion.com
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CANARIASAHORA/Tenerife* : La Plataforma ciudadana que lucha contra esta construcción asegura que se personará de inmediato en el Juzgado de Guardia.
Son ya varias las voces que se han posicionado a favor de la paralización de los trabajos que se están desarrollando para la construcción del puerto de Granadilla después de que el Tribunal Supremo (TS) acordara recientemente mantener los sebadales dentro del catálogo de especies amenazadas, al menos de forma provisional.
La Plataforma ciudadana en contra de esta actuación se encontraba hoy estudiando las fórmulas legales para pedir la ejecución inmediata del fallo que bajo su punto de vista sólo puede implicar que se paren los trabajos.
Para este colectivo, en boca de uno de sus miembros, Antonio Linares, la sentencia ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por medio de la cual se llegaron a paralizar las obras. "Por lo tanto nosotros entendemos que ahora debe ocurrir lo mismo", indicó.
La intención de los miembros de esta Plataforma es personarse de forma inmediata en el Juzgado de Guardia, dado que durante el mes de agosto permanece inactivo el TSJC y ante el Servicio Para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para exigir que las palas dejen de realizar su trabajo. "Nosotros tenemos claro que el Supremo les ha mandado paralizar las obras pero ahora estamos consultando la fórmula legal para que se ejecute esta orden".
Por otro lado, el concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, exigió este martes la paralización inmediata de los trabajos después de conocer el contenido de la sentencia. "Creo que estamos frente a otra razón más para paralizar las obras que allí se están llevando a cabo", dijo Guigou.
El concejal indica que el TS ha plasmado su apuesta firme por anteponer los valores medioambientales al desarrollo económico "y ahora no cabe sino tomar buena nota de lo que se acaba de decir de forma muy clara. Estamos donde estamos y el fallo judicial es muy elocuente y rotundo". Por ello, Guigou exige a la Autoridad Portuaria que paralice de forma inmediata estos trabajos con el fin de no dañar a los sebadales que se encuentran en este entorno.
El portavoz de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, Pedro Anatael Meneses, advirtió que aún no conocía el contenido de la sentencia pero que una vez visto el "destrozo" que se ha llevado a cabo con las actuaciones, "me parece que poco se puede hacer ya ahora".
De todas formas indicó que si el propio Tribunal Supremo ha decidido mantener esta especie como protegida hasta que haya un fallo definitivo, "me parece que lo normal y lo lógico es que se cumpla la sentencia, pero quien tiene que hablar ahora es el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria", dijo.
En este fallo judicial los magistrados anteponen los daños medioambientales que se puedan ocasionar a esta especie a los perjuicios económicos que se deriven de la paralización de los trabajos. Eso sí, se trata de unas medidas cautelares hasta que los tribunales decidan de forma definitiva si los sebadales siguen siendo una especie protegida, lo que puede demorarse aún durante bastantes años.
* Canarias Ahora - Noé Ramón - 7.8.12
Foto: Granadilla (Tenerife), obras puerto - elpais
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ELPAÍS* : La asociación agraria ASAJA ha denunciado que el Ayuntamiento de Alicante ha acordado o exigir a los agricultores de la partidas rurales licencias de obra menor para la limpiar y preparar sus campos para plantar productos hortícolas, como alcachofas, brócolis y lechugas. "No permitiremos jamás que para preparar una finca, instalar el riego por goteo y poner 10.000 plantas de alcachofa, tengamos que solicitar una licencia de obra menor", ha afirmado en un comunicado el presidente de ASJA-Alicante, Eladio Aniorte.
Aniorte mantiene que en una reunión con la Gerencia de Urbanismo de Alicante "se nos ha comunicado que es necesario disponer de una licencia municipal urbanística para poder limpiar y preparar el campo para plantar". "Poner alcachofas, brócoli o lechugas no es hacer un plan parcial", ha añadido. El dirigente agrario ha señalado que esas licencias para estos supuestos es "ilegal y, por supuesto, inmoral". "Nunca hasta ahora un Ayuntamiento había mostrado su intención de poner el cazo para cobrar por desarrollar esta tarea agraria", ha aseverado.
Aunque ha asegurado desconocer "la motivación real" que ha impulsado al consistorio alicantino a aplicar esta medida "nunca antes vista", Aniorte se ha preguntado si será "el afán recaudatorio, la ignorancia o la prepotencia". A lo mejor, según ha añadido, es que ante "el frenazo de la construcción, están como locos -en alusión al consistorio- por conseguir nuevas fuentes de ingresos para mantener su estructura obsoleta, ineficaz y sobredimensionada".
* El País - 7.8.12
Foto: Alacant_desde_la_Serra_Grossa - ecologistasenaccion.org
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LAVOZ/Ourense* : La muralla de Verín le sale cara al Concello, condenado a pagar ahora los daños causados a Construcciones Paco Limia e Hijos SL que compró una parcela en la calle Elle, clasificada como suelo urbano consolidado por el PGOM, cuando el propio Ayuntamiento conocía con antelación que allí hay restos arqueológicos de la muralla y que no se puede construir. El Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Ourense deja claro que el Concello erró sabiendo de la presencia del monumento. Lo que deberá abonar al perjudicado son varias cantidades que aún no se han cuantificado, ante el daño causado por haber comprado la parcela bajo un régimen jurídico urbanístico erróneo y el consiguiente lucro cesante derivado de la imposibilidad de materializar los aprovechamientos y usos edificatorios que aquel plan general permitía.
El Concello abonará, además, 37.863,76 euros por los gastos facturados del estudio de arquitectura para solicitar las licencias. Por último, pagará el 70 % de las tasas de solicitud de la licencia de derribo.
Construcciones Paco Limia e Hijos, el día 21 de noviembre del 2003, adquirió las fincas urbanas del número 14 de la calle Elle para edificar garajes, locales y viviendas y pidió al Concello licencia para derribar las edificaciones existentes. Como no hubo contestación en plazo, solicitó la acreditación de silencio positivo, denegada por decreto de Urbanismo, en junio del 2005, amparándose en la presencia de restos de una muralla del siglo XVII. La sentencia indica que solo ante las acciones iniciadas por la constructora, y no antes, el ayuntamiento dice conocer la presencia de la muralla, alterando el carácter jurídico de la parcela comprada y previendo en el PGOM su delimitación como zona de protección de grado 1, bien de interés cultural. El 23 de octubre del 2003 el TSXG anuló el plan urbanístico de Verín.
Máximo cuatro alturas
El juez dice que la empresa compró la parcela clasificada como suelo urbano consolidado. Y que el PGOM de Verín permitía construir un máximo de cuatro alturas. Pero al aparecer los restos arqueológicos ese régimen jurídico fue cambiado para protegerlos. La sentencia ve «indiscutible» que el Concello perjudicó a la empresa: «La Administración conocía la existencia de la muralla y no adoptó ninguna medida tendente a garantizar su protección como bien integrante del patrimonio cultural de Galicia». Añade como prueba el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio en cuyo inventario arqueológico se recogen los vestigios de la muralla, desde 1991.
La sentencia refleja que en el PGOM, al publicarse sin los dictámenes de la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico, «no se incluyó este y otros elementos, por lo que la muralla quedó sin protección específica en la normativa urbanística». Para el juez es más revelador aún que la propia consellería advirtió en diversas fases de la tramitación del Plan General de Verín, de la existencia de restos de la muralla en la parcela.
Para el juez, hubo una «pésima actuación del Concello al elaborar el PGOM, obviando los informes de Cultura y no confiriendo la protección adecuada a la muralla», lo que causó los perjuicios sufridos por la constructora debido a la merma de sus expectativas urbanísticas. Y da por demostrado que el Concello conocía la existencia de la muralla cuando elaboró el plan urbanístico, «de modo que en ningún caso puede ahora alegar una supuesta sorpresa por tal hallazgo, sino que lo que debió hacer es acoger los informes de Cultura y otorgarle en el plan general la protección que le correspondía».
* La Voz de Galicia - JESÚS MANUEL GARCÍA - 9.8.12
Foto: Verín (Ourense), muralla - lavoz
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ECODIARIO/Madrid* : La Plataforma 'Eurovegas No' publica hoy un informe sobre el impacto económico y fiscal del proyecto Eurovegas en el que concluye que la construcción del complejo de ocio "no sólo no ayudará a salir de la crisis, sino que saldrá caro a las ya mermadas arcas públicas".
En el nuevo informe, colgado hoy en internet, la Plataforma estima el coste económico que tendrían durante los primeros diez años "las exenciones en materia fiscal y privilegios legislativos" que ha puesto sobre la mesa la empresa estadounidense Las Vegas Sands Corp.
La Plataforma cifra en "alrededor de 2.000 millones de euros" las inversiones en infraestructuras necesarias para la primera fase de construcción del complejo (6 años); en "un mínimo de 870 millones" las exenciones en la tasa sobre el juego, y "en 35 millones de euros" las deducciones en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante los seis años iniciales.
Frente a ello, la Plataforma estima en "tan sólo 1.861 millones de euros" la recaudación que generaría el complejo de ocio y juego en ese periodo, y advierte que "si durante la 1ª fase (6 años), el proyecto no se considera suficientemente rentable y se abandona, el perjuicio económico sería enorme".
Para un período de diez años, el impacto de la exención de la tasa sobre el juego sería "de 1.450 a 7.485 millones de euros", y de 58 millones de euros en exenciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), mientras que las administraciones públicas "mediante el Impuesto de Sociedades, podrían recaudar como máximo 3.102 millones de euros en esos años".
A ello habría que añadir otros beneficios fiscales en "cotizaciones a la Seguridad Social, IVA, impuestos de construcción, transferencia de patrimonio, financiación, etc", exenciones que la Plataforma asegura no haber podido valorar "por falta de información".
Según la Plataforma, "es muy posible que las bonificaciones y exenciones fiscales, además de otros beneficios como suelo, infraestructuras, etc, puedan contrarrestar los potenciales ingresos fiscales provenientes del complejo", además de establecer una "zona franca dentro del territorio nacional".
En la misma línea, el informe apunta que "habrá beneficios para los inversores y muy pocos o nulos para las administraciones públicas y la ciudadanía española".
Para la Plataforma, el apoyo directo de las Administraciones (infraestructuras, expropiaciones) así como el indirecto (tratamiento fiscal especial, créditos garantizados), suponen "costes para la ciudadanía".
"Quizás el más grave por sus consecuencias sea precisamente el que no se ve: el coste de oportunidad que supone no dedicar los recursos que se van a consumir, regalar y/o bonificar en este megaproyecto, a otros fines posibles", añade.
Otra consecuencia será "la de producir incentivos para un abandono escolar a edad más temprana", ya que el modelo de Eurovegas "no se apoya en la economía del conocimiento y tampoco genera actividad económica de excelencia y con valor añadido", sino que "fomenta puestos de trabajo de baja y muy baja cualificación", asegura el informe.
Entre los integrantes de la plataforma figuran Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Amigos de la Tierra, ATTAC o asambleas populares vinculadas al Movimiento 15-M.
* Ecodiario - EFE - 9.8.12
Foto: Eurovegas no, cartel (Madrid) - plataforma Eurovegas no
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CANARIASAHORA/Tenerife* : La Asociación Ben Magec- Ecologistas en Acción manifesta que "aplaude" la sentencia del Tribunal Supremo en el que avala la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que suspendía en 2009 la orden de la Consejería de Medioambiente que descatalogaba "arbitrariamente" un sector del sebadal del litoral de Granadilla, estableciendo la paralización cautelar de las obras del puerto, por los daños irreversibles que podía causar al medioambiente.
Ante la noticia, la Federación ha puesto de manifiesto que la sentencia "viene a confirmar una vez más que el Puerto de Granadilla, además de ser ilegal, no reportará ningún beneficio a la isla sino que, al contrario, traerá aparejado graves perjuicios ambientales, sociales y económicos (despilfarro de dinero público en una obra innecesaria y afección a otros sectores como el pesquero). Así lo ratifican multitud de sentencias legales, informes científicos, peritajes técnicos y estudios económicos llevados a cabo por instituciones y expertos".
Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción, sin embargo, se muestran pesimistas y cree que la decisión del Supremo llevará al Gobierno canario a alegar que "ya da igual lo que se diga", porque el sebadal de Granadilla ya no está protegido por la ley. "Es necesario recordar que, precisamente, la siguiente artimaña legal utilizada por el Gobierno de Canarias para saltarse la paralización de las obras fue la aprobación por ley de un nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas que, sin ningún rigor científico y sin participación ciudadana, rebajaba de categoría de protección a la seba como especie, dejándola a efectos prácticos desprotegida en casi todo el Archipiélago".
Una vez aprobado el nuevo listado, según los ecologistas "la estrategia del Gobierno de Canarias ha sido valerse de la política de hechos consumados, y comenzar la construcción del puerto pese a no haberse levantado la suspensión cautelar. Desde la Federación Ecologista le pedimos al Gobierno de Canarias que cese de una vez en su empeño y le exigimos la paralización inmediata de las obras".
Para Ben Magec, la sentencia del Supremo que es resultado de un recurso interpuesto por la federación ecologista, pone de manifiesto nuevamente "la cantidad de chanchullos y artimañas que el ejecutivo regional ha tenido que llevar a cabo para seguir adelante con el proyecto del puerto de Granadilla pese al amplio rechazo social que éste concita". Con la sentencia del TS en la mano, Ben Magec- Ecologistas en Acción estudiará la situación y analizará posibles contestaciones en el ámbito jurídico y social a la vista de que el fallo ratifica que esas actuaciones "son un disparate y, una vez más, vuelve a dar la razón a la Federación Ecologista y a la sentencia inicial". En ambos pronunciamientos jurídicos se apuesta por mantener los sebadales como especie amenazada de forma cautelar hasta que se produzca un pronunciamiento firme sobre esta cuestión.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 9.8.12
Foto: Obras del Puerto de Granadilla. (GREENPEACE)
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Supremo ha dado un duro varapalo a uno de los proyectos que más sombras han generado en el urbanismo de Benidorm durante los últimos años. Y no precisamente por la altura de sus torres, levantadas a escasos metros del mar, sobre la zona conocida como la Punta Llisera. Una sentencia dictada el pasado 23 de julio por la sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha decretado la anulación del permiso que la Generalitat Valenciana concedió en el año 2005 a la mercantil Edificaciones Calpe SL para construir el complejo residencial comercializado con el nombre de Gemelos 28, en la zona de servidumbre de protección marítimo-terrestre. El fallo anula por tanto el permiso de construcción otorgado por la Dirección General de Puertos y Costas hace ahora siete años y deja fuera de ordenación las dos torres de 21 alturas y sus 168 viviendas, muchas de las cuales ya están vendidas y habitadas desde hace más de un año.
La sentencia del Supremo deriva de un recuso presentado por los abogados del Estado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en junio de 2008 se pronunció a favor de la autorización concedida por la Generalitat. Esta primera sentencia sirvió para que la mercantil promotora del complejo decidiera seguir adelante con unas obras cuya tramitación se inició dos décadas antes, en 1988, y que sufrió continuas paralizaciones por cuestiones administrativas, pero también legales, entre las que se incluyó un expediente de expropiación forzosa iniciado por el Gobierno central en el año 2007 -y paralizado en 2009- por considerar que el proyecto contravenía la Ley de Costas.
Ahora, el Supremo reconoce que la sentencia del TSJ "incurrió en error (...) al seleccionar la normativa aplicable" e incide en que cuando se dictó la autorización por parte de la Generalitat, en el año 2005, ya estaba en vigor una disposición de la Ley de Costas que prohibe la construcción de edificaciones residenciales en la zona de servidumbre de protección, a excepción de casos puntuales, aunque ninguno de ellos "se tuvo en cuenta en la autorización concedida", añaden los magistrados.
Un cúmulo de errores
El fallo no sólo hace alusión al permiso otorgado por la dirección autonómica de Costas en 2005 y al posterior dictamen del TSJ. También se retrotrae al inicio del expediente en sí. La sala reconoce que la licencia inicial, concedida por decreto en 1988 por el entonces alcalde socialista Manuel Catalán Chana, se firmó el 6 de junio en favor del anterior propietario del suelo Achille Cafarelli. Este documento estaba condicionado a la aprobación de un estudio de detalle, que el pleno aprobó inicialmente el 15 de julio de ese mismo año, catorce días antes de que entrara en vigor la Ley de Costas.
Catorce meses después, en septiembre de 1989, el mismo acalde invalidó el acuerdo plenario por no haberse adoptado con el quórum de la mayoría especial que legalmente se requería y no fue hasta el año 1996, cuando ya gobernaba el popular Vicente Pérez Devesa, cuando se aprobó definitivamente el estudio de detalle, un trámite que el Supremo recuerda que debía ser "previo o simultáneo a la concesión de la licencia".
Entre ambas fechas, concretamente en diciembre de 1994, el Tribunal Supremo ordenó al Ayuntamiento que continuase con la tramitación del estudio de detalle, estimando parcialmente un recurso de la mercantil Inmobiliaria y Promociones Cafarelli contra la inacción del Consistorio durante todos esos años.
El alto tribunal apunta por un lado que "no es descartable que la premura en la concesión" de esta licencia y la aprobación inicial del estudio de detalle "obedeciera al intento de evitar la aplicación de la Ley de Costas", a la vez que recuerda que el primer estudio, aprobado inicialmente en 1988 y anulado en 1989, "no generó ningún derecho de edificar, careciendo de efectos de cara a otorgar eficacia a la licencia".
Para el TS, la licencia otorgada por el Consistorio "desplegó sus efectos" ocho años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, en concreto a partir de 1996, cuando el pleno dio definitivamente luz verde a dicho estudio de detalle. A partir de ahí, la mercantil Edificaciones Calpe adquirió la propiedad, tumbó la estructura del antiguo edificio y obtuvo en 2005 la autorización de la Dirección General de Costas para edificar un proyecto distinto al que había autorizado el Ayuntamiento en 1988. Y ahora, cuando el complejo lleva más de un año completamente acabado, es cuando el Supremo ha fallado la anulación de aquel permiso y, por tanto, concluye que las dos torres no pueden considerarse dentro del ordenamiento urbanístico.
¿Y ahora qué?
La sentencia dictada el pasado 23 de julio por el Supremo decreta la invalidez de la licencia con la que se sustentó la construcción de este proyecto urbanístico, pero no entra a valorar cuáles son los pasos que deberán darse ahora. Fuentes judiciales indicaron ayer a este diario que el futuro del complejo Gemelos 28 está ahora condicionado a lo que se dicte con la ejecución de la sentencia y que se abre todo un abanico de posibilidades. Entre ellas, que el fallo se declarara inejecutable, dado que las torres están completamente construidas y habitadas; pero también se podrían dar otras situaciones, como que el Estado decidiera seguir adelante con el proceso de expropiación que inició en 2009, algo que haría que el promotor y a los actuales propietarios de las viviendas se vieran obligados a negociar con el Estado una salida favorable a todas las partes.
Causas pendientes
Y todo ello, sin obviar que aún hay varias causas judiciales abiertas y que están por dirimir. Entre ellas, las denuncias de un particular sobre las irregularidades en la concesión de las cédulas de habitabilidad por parte del actual alcalde, Agustín Navarro, en 2011 o el presunto exceso de edificabilidad en las torres.
* Información - R. PAGÉS - 8.8.12
Foto: Benidorm, torres Punta Llisera - elpais
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ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Valencia aseguró a los vecinos del barrio de Nazaret que no había realizado estudios sobre la repercusión económica del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la ciudad después de que la alcaldesa, Rita Barberá, anunciara a los medios de comunicación un impacto de 40 millones de euros. En una queja remitida a la Sindicatura de Greuges, la Asociación de Vecinos de Natzaret critica que el Consistorio no haya atendido su petición de información sobre la repercusión económica del circuito urbano de fórmula 1 que albergó la ciudad en junio de 2011.
Ocho meses después de que los vecinos pidieran estos datos al Ayuntamiento de Valencia —días después de que finalizara el Gran Premio, en julio de 2011—, se dirigieron al Síndic, José Cholbi, para protestar por la falta de respuesta del Consistorio. Consultado por la Sindicatura acerca de esta cuestión, el Ayuntamiento aclaró en un escrito que la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 es “competencia de la Generalitat”. “En relación a ello —añadía la Corporación—, la Fundación Deportiva Municipal y el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Valencia no han realizado ningún estudio sobre la repercusión económica que este evento haya podido suponer a la ciudad de Valencia y, en concreto, al barrio de Natzaret”.
Tras conocer la respuesta del Ayuntamiento, los vecinos recordaron al Síndic que el día después de la celebración de la carrera, la alcaldesa de Valencia había manifestado a los periodistas que la organización del Gran Premio había tenido un impacto económico que superaba “los 40 millones de euros”, además de una “repercusión indirecta” por la promoción que se había hecho de la ciudad. Cholbi, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, lamenta que el Consistorio no haya respondido a la petición de información de los vecinos y recuerda que el plazo máximo de resolución administrativa es de tres meses.
Obligada a responder
“La Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, sin dar más de lo que puede y debe hacer, pero tampoco menos de lo que razonablemente puede esperarse, y lo mínimo que ha de ofrecer al ciudadano es una respuesta directa, rápida, exacta y legal”, remarca el Síndic. Por ello, recomienda al Ayuntamiento que dicte una resolución motivada en contestación a todas las cuestiones planteadas por los autores de la queja.
* El País - EFE - 5.8.12
Foto: Valencia, circuito F1 cerrado y abandonado - levante-emv.com
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ELPAÍS/A Coruña* : Frente a la corrupción o tráfico de influencias en las Administraciones públicas, la Fiscalía Superior de Galicia aboga por crear un nuevo organismo de fiscalización externa “y prevención de los riesgos de gestión”, a semejanza del que existe en otros países como el vecino Portugal. Es necesario, aseguró ayer el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, “un mayor control para evitar que sean desviados o mal utilizados los fondos públicos”. Varela puso como ejemplo el Tribunal de Cuentas luso, que cuenta con un consejo de prevención encargado de determinar los riesgos de los departamentos de cada Administración pública a la hora de gestionar los presupuestos.
Esta propuesta está incluida en la memoria anual de la Fiscalía de Galicia, presentada ayer en A Coruña. Otra de sus apuestas es el proyecto denominado Iglesia Segura para reforzar la protección de los bienes culturales eclesiásticos. Una iniciativa que podrían adoptar todos aquellos a quienes les “parezca interesante”, precisó Varela al restar importancia a la falta de respuesta que ha recibido su propuesta por parte de las diócesis gallegas.
Los delitos contra la seguridad viaria volvieron el año pasado a ser los más numerosos e incluso se incrementaron: representan el 45% de los 310.011 escritos de acusación o calificación presentados por el ministerio público en la comunidad gallega a lo largo de 2011. De esa cifra, casi dos de cada tres son contra personas que conducían bajo los efectos del alcohol. En segundo y tercer lugar aparecen los delitos de lesiones (16%) o los patrimoniales y socioeconómicos (otro tanto).
El pasado año, no obstante, se estabilizó el número total de procedimientos penales por delitos en el conjunto de la comunidad autónoma. Solo aumentaron un 0,89% en comparación con 2010. Pero de nuevo el fiscal jefe remarcó que solo el 4,86% de los procesos tramitados acabaron con una sentencia judicial. Quedaron pendientes al finalizar 2011 casi el 19% de los procedimientos, mientras que la inmensa mayoría de los demás casos, sobre todo los delitos contra el patrimonio o en el ámbito socioeconómico, “no pasan el filtro de la fase inicial”. Dos de cada tres procedimientos acaban en sobreseimiento o archivados, o finalizan de forma anticipada, antes de llegar a una sentencia, al acumularse con otros o por inhibición.
La Fiscalía Superior de Galicia volvió ayer a achacar este pobre resultado al “deficiente sistema organizativo”, provocado, asegura el ministerio público, por “el gran desajuste” entre los juzgados y el volumen de asuntos tramitados.
* El País - PAOLA OBELLEIRO A Coruña 31 JUL 2012
Foto: Tribunal Constitucional (Madrid) - publico.es
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EUROPAPRESS/Cádiz* : La Plataforma Ciudadana Salvemos Valdevaqueros ha conseguido reunir a cientos de personas en la playa de Tarifa para mostrar, una vez más, su rechazo al proyecto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad gobernado por el PP y con el apoyo del PSOE y el PA, que se pretende levantar en la zona costera gaditana, que incluye la construcción de aparcamientos y un gran hotel.
La portavoz de la plataforma, Noelia Jurado, ha manifestado su satisfacción por la "buena respuesta" que ha tenido esta convocatoria, cuya participación había sido alentada desde distintos foros y redes sociales y a la que se han sumado una treintena de colectivos como Agaden, Verdemar, Equo, IU o movimientos ciudadanos como los Indignados o la Asamblea 15M de Tarifa, lamentando que algunos no han podido acudir a tiempo debido a las retenciones de tráfico producidas.
Durante toda la jornada, que tiene carácter reivindicativo y festivo, son varias las muestras de protesta que se llevan a cabo en la playa tarifeña. Un mosaico, formado por varias personas, indica bien a las claras el lema de la plataforma, 'Salvemos Valdevaqueros'. También se están repartiendo pulseras con ese mismo mensaje y se está ofreciendo información a los turistas que, en gran número, se dan cita en Tarifa para pasar las vacaciones de agosto.
Previamente, se ha realizado una 'bicicletada' procedente de Algeciras, cuyos integrantes han llegado en torno a las 11,20 horas a la duna de Valdevaqueros, donde varios de los allí congregados han leído manifiestos en favor de mantener este enclave de la costa gaditana, con intervenciones espontáneas desde la de un trabajador de la construcción hasta algunos turistas extranjeros que llevan varios años veraneando en la zona y temen por su pervivencia, según ha señalado Jurado.
Pese al éxito de la convocatoria, los organizadores dicen que seguirán trabajando en pos de evitar el desarrollo del Plan Parcial SL1 de Valdevaqueros y contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tarifa (Cádiz), que contempla la construcción de cientos de apartamentos y un gran hotel. Desde el Ayuntamiento, que también sigue informando a la ciudadanía, mantienen que el desarrollo es sostenible y además no se ubicará en primera línea de playa.
* Qué - EP - 4.8.12
Foto: Manifestación en Valdevaqueros, Tarifa (Cádiz)/ A.Carrasco Ragel (Efe)
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ELPAÍS/Alicante* : Fenoll levantó un imperio a base de extorsiones y sobornos.
—¿Qué ha dicho? No le he entendido.
—Licenciado, lo que mi padre quiere decir es que todos esos residuos que están vertiendo en nuestra tierra no es basura.
—Es veneno.
Este diálogo pertenece a la película Gomorra, de Matteo Garrone, basada en el libro del mismo nombre del escritor Roberto Saviano. El final del ciclo de los clanes mafiosos, de acuerdo con el recorrido de Saviano por la lógica del poder de esos grupos, es la basura y el enterramiento masivo de residuos, tóxicos y no tóxicos, que convirtió el sur de Italia en la “terminal de la escoria de la producción”, en palabras del autor.
El panorama que describe Saviano al final de su libro se puede extrapolar, salvo las dosis de violencia inherentes a la camorra napolitana, al sur de la Comunidad Valenciana.
En el límite entre Alicante y Murcia, a caballo entre las poblaciones de Orihuela y Abanilla, irrumpió a mediados de los ochenta Ángel Fenoll, hijo de un chatarrero. A la sombra del PP, que en aquellas fechas también tomó el poder local en ambos Ayuntamientos, Fenoll ha levantado en tres décadas un imperio económico basado en la basura.
Al velo político que envolvió su negocio, Fenoll añadió métodos rayanos en las técnicas mafiosas. La afirmación no es gratuita. La sostiene la policía y la Fiscalía Anticorrupción en el sumario del caso Brugal. Policía y ministerio público sitúan a Ángel Fenoll a la cabeza de esta mayúscula trama corrupta político-empresarial, que se gestó en Orihuela y cuyas raíces se extienden hasta por 11 poblaciones de Alicante y tres de Murcia.
El cabecilla del caso Brugal ha completado su andadura a ritmo de grabadora. Incluso se agenció un detective para preparar celadas a empresarios y políticos, a quienes después amenazaba con hacerlas públicas.
La joya de la corona del entramado empresarial de Fenoll es la planta de tratamiento de basuras y vertedero (tres vasos inicialmente, y un cuarto a partir de 2002) que en 1998 ubicó entre Orihuela y Abanilla. El emplazamiento es tan sutil que los topógrafos han tenido que hilar fino para dirimir su ubicación. La planta está en Abanilla y los permisos son competencia del Gobierno de Murcia, pero parte del vertedero y un zoo invaden el término de Orihuela.
Cerco político y vecinal al "capo" de la basura
El control y supervisión de la actividad de la planta, con solo autorización para reciclar y verter residuos no contaminantes, se ha caracterizado por la laxitud y no ha se ha intensificado hasta el estallido del caso Brugal. “Yo he empujado con un buldócer harinas de vacas locas, tal cual. Allí se han descargado plumas, tripas de pollo de mataderos, neumáticos. Era tan impresionante... Hasta camiones de Logroño viajaban con animales de matadero”, relata el exoperario Roberto Sebastián Belmonte, que denunció los vertidos incontrolados a la Fiscalía Anticorrupción.
“Había siete u ocho pozos y cuando el suelo empezaba a supurar lixiviados yo metía el tubo y drenaba. Luego, el 60% del líquido lo vertía en un descampado y el 40% restante lo volvía a echar a la basura. No sé si se puede hacer. Yo hacía lo que mandaban”, recuerda Luis, nombre ficticio de otro exempleado.
El exoperario Roberto apunta un comentario que pone en duda tanto el rigor del empresario a la hora cumplir con las normas de seguridad e higiene como de las inspecciones del Seprona. “Me he tirado casi once años allí y la única protección que me han dado fueron unas botas con las que no se podía trabajar. A mí no me han dado ni una máscara o gorra que me protegiera del sol”, asevera. “Solo nos las poníamos para las inspecciones. En la empresa nos avisaban el día antes. Sabían si venía Medio Ambiente, si venían los de prevención de riesgos laborales... Lo sabían, nos avisaban y veníamos en condiciones”, añade.
En su declaración al fiscal Roberto dijo: “Siempre eran los mismo agentes, un tal Manolo y un tal Salvador, de servicio en Murcia. No giran en realidad, no inspeccionan sino que Manolo echa de comer a los animales y acaba en el bar privado de Fenoll”. El jaque judicial al clan Fenoll tuvo su puntilla con el cambio de Gobierno de Orihuela. En mayo de 2011, el PP perdió su hegemónica mayoría absoluta y un tripartito (PSPV, Los Verdes y Los Liberales) le sucedió. El alcalde, Monserrate Guillén, de Los Verdes, dejó claras las intenciones del nuevo Gobierno: “Se ha acabado el factótum Fenoll”.
El Gobierno local ha cumplido el vaticinio del regidor verde. Fenoll ya no campa a sus anchas por un Consistorio que en las últimas décadas se ha plegado a sus intereses.
El Ayuntamiento de Orihuela ha retirado la contrata de la basura a la firma que en octubre de 2008 se la adjudicó el Gobierno del PP, una UTE integrada por dos firmas falsas, que según la policía son una tapadera de Fenoll. El ejecutivo del tripartito ha completado su ofensiva contra Fenoll con el precintado de parte de las instalaciones del vertedero y la planta que invaden parte de su término, entre ellas la bascula de pesaje y el zoológico. Y como colofón ha abierto siete expedientes por realizar actividades sin permiso en su término municipal.
En paralelo a presión judicial y política, el movimiento vecinal, aglutinado entorno a la asociación Asojoven y la plataforma Vertivega, ha dejado atrás su secular miedo y ha plantado cara al empresario. Los vecinos han instalado un campamento de verano ante la planta. Su determinación es firme y aseguran que no claudicaran hasta ver el cese definitivo de la actividad de la industria. Los acampados resisten ya más de tres semanas.
A principios de la pasada década, Asojoven comenzó a movilizarse en contra del vertedero, pero “la gente no apoyaba y el Ayuntamiento de Orihuela no tenía intención alguna de ayudar”, señala el actual alcalde pedáneo, José María Almarcha: “Con el cambio de gobierno, queríamos luchar contra el vertedero, pero no teníamos base”. “Un buen día”, continúa, “la asociación El Agudo quiso establecer una ruta de senderismo por la Rambla Salada y fue una gente del Ayuntamiento a ver el terreno y vieron que dentro de la rambla había una plantación de cítricos. Siguieron inspeccionando y observaron que en las laderas había jeringuillas, móviles, cucharas, de todo... Y empezamos a investigar. El dueño, Francisco Poveda, decía que era compost, pero aquello no podía ser compost. Se siguió investigando y Roberto dijo que conocía más vertidos”.
Los nuevos vertidos estaban junto a la finca Los Corrales, en otras dos conocidas popularmente como la Finca Grande y la Finca Pequeña, propiedad de Francisco Poveda. “Una de ellas tenía una plantación de cítricos y hace poco ha vuelto a plantar, esta vez en la otra”, explica.
Estos vertidos por los huertos de alrededor de la planta es la máxima preocupación de los vecinos. Sospechan que puedan convertirse en un problema de salud pública. “Tenemos nueve o diez fincas controladas, pero sólo tres verificadas. La gente ha ido perdiendo el miedo”, apostilla Almarcha.
Estos hechos se investigan en el juzgado del caso Brugal. Un informe de un perito (un ecotoxicólogo forense), a petición de la juez instructora, concluye así: “Supone un riesgo de gravedad para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas expuestas por lo que debería procederse a la retirada de los residuos depositados”. La juez también ha imputado en esta causa a Fenoll por un supuesto delito contra el medio ambiente. Tras su interrogatorio, el líder de Brugal, restó importancia a los vertidos. “Es simplemente abono”, dijo el empresario.
Fuentes del centro de salud auxiliar de la Murada también inciden en este aspecto. “Hay un aumento de casos de alergias y asmas. No hay un estudio de salud pública por lo que, científicamente, no se pueden vincular a la actividad de la planta”, señalan esas fuentes. “Sería interesante la realización de ese estudio”, añaden.
La Generalitat Valenciana y el Gobierno de Murcia se han sumado en los últimos años al acoso al industrial. El Consell, a través del director general de calidad Ambiental, Vicente Tejedo, destaca que los vasos que tocan el término de Orihuela están “sellados y se controlan periódicamente”. El consejero de Presidencia de Murcia, Manuel Campos, destaca que, en la actualidad, no hay ningún vaso en activo. “Y la autorización para ampliar el tercero está pendiente de la autorización ambiental integrada, que a tenor de los antecedentes podría ser desfavorable”, señala el consejero. Campos asegura que en septiembre de 2011 su departamento clausuró el tercer vaso, diseñado para una capacidad de 195.000 toneladas, pero que al final llegó a las 495.000. El consejero añade que en febrero pasado, se abrió un expediente tras detectar un vertido en otro vaso ya clausurado y sellado. En total, el Gobierno murciano ha abierto tres expedientes sancionadores a la empresa, con una sanción global de 127.500 euros.
El recorrido de Fenoll por el alambre de la ilegalidad tuvo un punto de inflexión en marzo de 2006 cuando decidió poner en manos del fiscal Anticorrupción de Alicante una grabación con un supuesto soborno por la contrata de basura. Las cañas se volvieron lanzas. El fiscal tiró del hilo a la inversa y destapó el entramado de extorsiones del empresario, que dio con sus huesos en la cárcel (ahora está en libertad bajo fianza). Fenoll comenzó su ascenso en los ochenta, cuando el exalcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena le adjudicó a dedo la basura de la costa. Ahora, controla 18 contratas en La Vega Baja y otros pueblos de la provincia. En la mayoría de los casos, a base de sobornos a los cargos locales, como ha probado la policía en las grabaciones incautadas en su empresa. En algunas de ellas se ve a Fenoll contando fajos de billetes y a los sobornados introduciéndolos en bolsas negras.
Ninguna de las causas de Brugal en las que está imputado Fenoll junto a cargos del PP, como el líder provincial, José Joaquín Ripoll y la exalcaldesa de oriolana Mónica Lorente, ha llegado a juicio. Fenoll fue condenado por comprar votos para el PP.
“Es una persona que le da igual todo. Él dice por aquí, y por aquí. A veces hablabas con él y accedía a algo, pero a su sobrino le llamábamos el pequeño Franco. Su frase era ‘por mis cojones’”. Así define a Fenoll y a su sobrino, Ginés, el extrabajador Roberto. Fenoll está de baja por enfermedad. Este periódico contactó con su sobrino que aseguró que la planta no vierte en sus vasos. “Llevamos los residuos a otros vertederos”, dijo.
En el subsuelo de la Murada, quizás, anidan los efectos más letales del método Fenoll.
* EL País - SANTIAGO NAVARRO / RUBEN ESQUITINO Alicante 4 AGO 2012
Foto: Terrenos del vertedero de Ángel Fenoll entre La Murada y Abanilla. / DAVID RODRÍGUEZ
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CANARIASAHORA/Tenerife* : El Alto Tribunal sin embargo elude entrar a valorar los efectos que sobre el medio ambiente causa esta industria.
El Tribunal Supremo (TS) ha anulado una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había reforzado la permanencia de la Refinería de Santa Cruz en su actual emplazamiento. La industria ocupa una parcela de más de 587.000 metros cuadrados y por ello el TS no duda en calificar las dimensiones del solar como "desmesuradas" y suponer "un obstáculo para el desarrollo" urbanístico de la ciudad. En el primer fallo judicial se consideraba que este suelo era urbano consolidado y que por lo tanto contaba con todos los servicios básicos de alcantarillado, aceras, alumbrado y grado de consolidación.
Pero ahora el Supremo se pone del lado de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz y del Gobierno de Canarias y determina que se trata de suelo urbano no consolidado y por lo tanto de menor valor. Además, la industria está sujeta ahora a la cesión obligatoria del 10% del suelo al Ayuntamiento para dotaciones locales y sistemas generales, tales como espacios libres o aparcamientos, entre otros. Esta obligación implica que Cepsa tendrá que entregar a Santa Cruz alrededor de 58.000 metros cuadrados, una superficie que es algo inferior a la que, por ejemplo, ocupa el Parque García Sanabria.
Eso sí, el TS elude entrar a valorar los efectos que sobre el medio ambiente causa esta industria. Al respecto el tribunal rechaza discutir si la Refinería por su proximidad a la ciudad puede transformarse en el futuro hacia un uso industrial no contaminante o su posible traslado tal y como se preveía en la adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, que actualmente está siendo estudiado por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que ahora deberá reflejar el contenido de esta sentencia. "Para cambiar el uso previamente será necesario resolver el problema del cierre de la instalación, para luego desarrollar un plan especial y los nuevos viales previstos" en el PGO. "En tanto que esto no se produzca la instalación es una fábrica de hidrocarburos en activo, ubicada en una parcela con todos los servicios previstos para su funcionamiento".
En el Plan General actualmente en vigor desde el año 1992 se mantiene como objetivo la futura evolución de la parcela de Cepsa hacia otras actividades "mas compatibles con su posicionamiento urbano". En el nuevo PGO se delegaba a un Plan Especial Territorial el traslado de esta actividad. Así lo acordó la Cotmac en el año 2008 pero aunque se llevó a cabo la adjudicación de este documento jamás se ha llegado a conocer nada de su contenido e incluso en varias ocasiones se ha admitido desde el Cabildo que ni siquiera se ha iniciado su redacción. El TS considera que pese a la integración de la Refinería en la malla urbana, "constituye una realidad singular que se encuentra desligada del entramado del resto de la ciudad desde el punto de vista urbanístico. Y en este sentido es evidente que la dotación de urbanización perimetral no es apta para servir a las necesidades de suelo urbano consolidado". En los sucesivos planes generales se ha reconocido la necesidad de crear un nuevo entramado viario público en el interior de la parcela que le una al resto de la ciudad. "En caso de que el suelo de la Refinería permanezca en su estado de urbanización actual lo configura como un obstáculo que, a modo de isla, aparece en la realidad como desligado de la misma ciudad, aunque esté inserta en la malla urbana de Santa Cruz".
En caso de que el suelo hubiese seguido siendo considerado como urbano consolidado habría tenido un valor cercano a los 42 millones de euros y hubiese implicado un volumen de negocio futuro para la industria cercano a los 1.800 millones de euros, tal y como apuntó uno de los abogados defensores de Cepsa ante los tribunales. Cifras que ahora se reducen notablemente al cambiar el uso del suelo, obligarse a la industria a ceder un 10% del solar y además significar un varapalo a las pretenciones de la Refinería de blindar en los tribunales su continuidad en el actual emplazamiento.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 4.8.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, refinería - rinconcitocanario
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ATLÁNTICO* : La mayor urbanización prevista en el Plan General en el centro de la ciudad, el Peri de A Seara, ha sufrido un nuevo revés, fruto de la decisión tomada por el Concello en su día de conceder una licencia de construcción en una parcela contemplada como zona verde.
Una sentencia judicial anula dicho Peri y da autorización al propietario del edificio, situado en López Mora, para continuar las obras, que habían sido paralizadas por Urbanismo.
La actuación de A Seara lleva más de quince años de espera, pero las trabas urbanísticas no parecen facilitar el desarrollo de un Peri con la mayor franja de terreno a desarrollar en el centro, en concreto 57.000 metros cuadrados, desde detrás del Centro Comercial de Camelias hasta el cruce de Tomás Alonso con López Mora.
La puntilla a un complejo y largo proceso la puso el propio Concello al conceder la licencia al mencionado edificio, al amparo del anterior Plan de Urbanismo, y cuando el actual, de 2008 ya había sido aprobado por la Xunta y sólo estaba pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia para que entrara en vigor. No obstante, la concesión de dicha licencia, impedía ejecutar el PGOM o tendría que cambiarse, lo que obligó a Urbanismo a paralizar las obras. Los propietarios del edificio esperaban una señal del Concello para seguir adelante o una indemnización pero finalmente ha tenido que ser la justicia quien decida en favor de los primeros.
El fallo judicial entiende que la obra tiene permiso para continuar con lo que deja sin efecto toda la actuación prevista en la zona. Ahora, el Concello puede apelar dicha decisión que, de momento, vuelve a poner sobre la mesa la penosa situación en la que se encuentra el Urbanismo municipal en Vigo, a pesar de la aprobación del nuevo Plan General, que cumple este mes de agosto cuatro años en vigor.
El edificio comenzó a construirse y actualmente su esqueleto está levantado aunque sin obras desde hace un par de años, cuando el Concello decidió dar la orden de paralizarlo.
De mantenerse este reciente fallo judicial, habría que reiniciar todo el proceso de desarrollo de la urbanización, otros diez años de espera para poder revitalizar una zona muy degradada y que en los últimos años ha sufrido el derrumbamiento de alguno de sus inmuebles en ruina.
Una ordenación con 400 viviendas y nuevas calles
A Seara resulta clave para el centro de Vigo porque plantea una modificación radical de un espacio de 57.000 metros cuadrados. El desarrollo incluye la construcción de unas 400 viviendas, así como locales comerciales y la apertura de varias calles: además de la nueva Seara, habrá una comunicación directa desde López Mora a la Coruña a través de un vial que se inicia en un paso elevado y desemboca en un glorieta.
Entre la ordenación prevista en el Plan de Urbanismo vigente para el ámbito del Peri de A Seara destaca la concentracio´n de los nuevos edificios, tapando así las traseras de los inmuebles de la calle Coruña. El resto dela superficie quedaría ocupada por los nuevos viales (entre López Mora y Coruña y desde esta última a Seara) y zonas verdes. La vivienda en construcción estaría en una parcela que tenía que formar parte del parque previsto.
* Atlántico - 4.8.12
Foto: El edificio polémico que da a López Mora y al camino de A Seara - atlantico
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EUROPAPRESS/Marbella* : El juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), ha quedado este lunes visto para sentencia, después de que 17 de los 86 procesados hayan ejercido su derecho a la última palabra, entre ellos el principal acusado, Juan Antonio Roca, que ha lamentado "profundamente el daño que se le ha causado a la ciudad de Marbella y a los ciudadanos con motivo de esta causa". El Tribunal dictará una sentencia "justa", previsiblemente en seis u ocho meses.
Roca ha sido el primero en dirigirse al Tribunal y ha pedido una reflexión sobre su situación penitenciaria y sobre por qué se le pide más años de cárcel que a otras personas, incidiendo en que "estoy pasando mi séptimo verano en prisión" y si el Tribunal acepta la petición del ministerio fiscal, de 30 años de cárcel, "sería pasar el resto de mi vida en prisión".
Ha recordado que un día un recluso con el que compartía mesa le preguntó qué delito había cometido para pedirle más años de prisión que a él y no supo qué contestarle. "El recluso que me hizo esa pregunta era Santiago del Valle, que varios meses después fue condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Mariluz Cortés", ha explicado, relatando que al entrar en la cárcel conoció a un hombre condenado a 14 años por el asesinato de su mujer, al que ya se le ha concedido el tercer grado penitenciario y "está disfrutando de un régimen de semilibertad".
Ha asegurado que "el nombre de Marbella se ha visto asociado en los últimos años inexorable y negativamente a esta causa" y que, en su caso, "se ha pretendido reescribir mi pasado de una forma un tanto parcial, incluso mi pasado muchos años antes de vincularme con el Ayuntamiento de Marbella, incluso he podido oír en esta sala a algún funcionario de Policía decir que soy un delincuente cuasi patológico, casi genético". Ha pedido perdón al Tribunal por ser "más vehemente de lo que debía haber sido" en sus interrogatorios.
Ha lamentado la situación del resto de imputados, tanto de su familia, como son su cuñado y su mujer, ambos acusados; como de "los que ni siquiera conocía antes de llegar aquí y se les acusa de estar relacionados conmigo", así como de los "excelentes profesionales que contraté y se han visto involucrados", de los empresarios con los que se relacionó y "de mis amigos, algunos han estado aquí exclusivamente por ser mis amigos míos".
Ha agradecido al Tribunal en general, y en concreto al presidente, José Godino, las facilidades y el trato "tan extraordinario y exquisito" recibido; a la secretaria judicial y a los funcionarios su profesionalidad y "porque he podido ver y experimentar el lado más humano de la justicia"; y a su abogada, Rocío Amigo; pero sobre todo ha dado las gracias a su familia, asegurando que "ni viviendo 1.000 años podré devolverles el cariño que me han prestado".
El exalcalde Julián Muñoz ha ejercido su derecho y ha afirmado que se le conoce "como un ladrón porque un iluminado de Dios y la justicia le ha dado por decir eso", recordando que no tiene condenas por quedarse con dinero y estuvo en la cárcel tres años por dar licencias según lo que decían los técnicos, tras un pacto del que no se arrepiente. Ha dicho que se le ofreció la libertad "si decía lo que el juez Torres quería" y que los empresarios acusados intentaron "que Marbella fuera una ciudad habitable, segura y limpia".
La exedil socialista Isabel García Marcos ha proclamado su inocencia y ha recordado la situación vivida cuando fue detenida. Ha dicho que es "inocente activa" porque siempre "he mirado papeles" y no hubo resolución "donde no nos hayamos ajustado a lo que nos han informado". Ha reiterado que fueron "empujados por nuestro grupo político para firmar la moción de censura" y que "siempre" ha actuado dentro de la legalidad.
Ha criticado el "ensañamiento" y la "hostilidad absurda" que a su entender han sufrido y ha pedido a la Sala, con la voz quebrada, que "nos devuelvan la fe en la justicia" y "acaben con esta causa general que se ha abierto contra nosotros y con esta forma de hacer las cosas, porque España no merece una justicia así". La exalcaldesa Marisol Yagüe ha dirigido unas palabras a la Sala, pero sin micrófono, mostrando su agradecimiento.
También ha intervenido el exedil Tomás Reñones, quien ha insistido en que "lo único que he hecho es trabajar muchísimo, lo que me ha reportado un sueldo y estar aquí". La exconcejala Carmen Revilla ha ejercido este derecho también, al igual que el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, que ha insistido en que siempre actuó "conforme a la legalidad".
El exprimer teniente de alcalde Pedro Román ha dicho que el fiscal le pide 21 años de prisión "probablemente más de lo que me queda de vida" y ha exigido una sentencia "en la que se aplique la ley y no se tenga en cuenta que me llamo Pedro Román, o que estuve hace años al lado de Jesús Gil". "Prefiero entrar 1.000 veces más en prisión a que un solo ciudadano piense que cogí un solo euro del Ayuntamiento", ha apostillado, asegurando que "el paso del tiempo me absolverá".
El empresario Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokán', ha indicado que el daño que se le hizo a él y su familia al detenerle "es irreparable para toda la vida", señalando, como muestra de lo que han sufrido, que "mi mujer el otro día me preguntó: oye Falete, no te ha dado nunca por ahorcarte?". Llorando, ha asegurado que "nos han señalado para siempre" y que "el daño más grande ha sido el de dejar a casi 10.000 familias sin trabajo".
También han intervenido los constructores José Ávila Rojas, quien ha asegurado que el caso 'Malaya' "fue el comienzo de la crisis en España" y que le han "destrozado la vida"; Tomás Olivo, que ha criticado la instrucción que "de un plumazo se llevó por delante el honor" de los empresarios; y Cristóbal Peñarroya, quien, visiblemente afectado, ha dicho que el ver a su mujer llorando es algo que "no se lo perdonaré ni al juez Torres ni al fiscal que tengo aquí". Todos los que han intervenido han reiterado su inocencia y agradecido el trato dado por el Tribunal, secretaria judicial y funcionarios.
EL MAGISTRADO
Antes de decir "visto para sentencia", el presidente del Tribunal se ha dirigido a los procesados, asegurando que la Sala dictará "con absoluta independencia e imparcialidad" una sentencia "justa, sin necesidad de ningún otro calificativo". Ha señalado que las previsiones son que esta resolución esté en un plazo de entre seis u ocho meses.
Ha subrayado que el Tribunal se ha esforzado en atender las peticiones de las defensas, para "subsanar en la medida de lo posible las deficiencias que se hubiesen producido en tan compleja instrucción", y en dar un trato "respetuoso y digno" a todos los acusados. Ha expresado su agradecimiento a las instituciones, que han puesto los medios personales y materiales para la celebración de un juicio "de esta naturaleza", máxime en esta situación de crisis.
También se ha dirigido a los otros dos miembros del Tribunal, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, "magníficos magistrados y aún mejores amigos", asegurando que "es un lujo tenerlos" y agradeciendo su "discreta pero decisiva ayuda"; y a la secretaria judicial, de la que ha subrayado su profesionalidad y ser "perfecta coordinadora"; así como al fiscal, Juan Carlos López Caballero, letrados y procuradores por su colaboración y "lealtad procesal".
El presidente ha dicho sentirse "orgulloso" de todos los funcionarios que han hecho posible el desarrollo del juicio, destacando que su labor ha sido "un verdadero ejemplo de lo que debe ser un servidor público en cuanto a atención al justiciable y eficacia en el trabajo" y ha hecho mención a los periodistas que "día a día durante casi dos años han venido ofreciendo una información veraz y objetiva" del juicio.
* Europa Press - 30.7.12
Foto: Marbella, juicio Malaya - EP
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LAINFORMACIÓN/Málaga* : El Gobierno ha indultado al exalcalde del PP en el municipio malagueño de Valle de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal, condenado por delitos continuados de prevaricación urbanística cometidos entre los años 2001 y 2004.
El Boletín Oficial del Estado publica la resolución del Ministerio de Justicia en relación con el expediente de indulto de Gómez Arrabal, condenado en octubre de 2009 por el Juzgado de lo Penal nº9 de Málaga como autor de 12 delitos de prevaricación urbanística, nueve de ellos de carácter continuado.
De este modo, se le conmutan las penas privativas de libertad impuestas por otra única de dos años de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación de este decreto.
En concreto, a Gómez Arrabal, que fue regidor de Valle de Abdalajís entre 1995 y 2007, año en que fue desbancado por el PSOE, se le condenó como autor de tres delitos de prevaricación urbanística a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años por cada delito.
Asimismo, se le condenó por otros cuatro delitos continuados de prevaricación urbanística y cinco continuados de prevaricación urbanística, a la pena, por cada uno, de un año de prisión, con la accesoria también de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años, con el máximo de cumplimiento efectivo de tres años de prisión.
Para conmutar las penas, se han considerado los informes del Tribunal y de la Fiscalía, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del pasado 29 de junio.
Tras la sentencia que condenaba al exregidor, así como a otros ediles más, Gómez Arrabal recibió el apoyo de sus vecinos; incluso, se creó una plataforma para evitar su ingreso en prisión y solicitar su indulto.
* La Información - EP - 18.7.12
Foto: Valle de Abdalajís (Málaga) - ayuntamiento.es
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