ELPAÍS* : La asociación agraria ASAJA ha denunciado que el Ayuntamiento de Alicante ha acordado o exigir a los agricultores de la partidas rurales licencias de obra menor para la limpiar y preparar sus campos para plantar productos hortícolas, como alcachofas, brócolis y lechugas. "No permitiremos jamás que para preparar una finca, instalar el riego por goteo y poner 10.000 plantas de alcachofa, tengamos que solicitar una licencia de obra menor", ha afirmado en un comunicado el presidente de ASJA-Alicante, Eladio Aniorte.
Aniorte mantiene que en una reunión con la Gerencia de Urbanismo de Alicante "se nos ha comunicado que es necesario disponer de una licencia municipal urbanística para poder limpiar y preparar el campo para plantar". "Poner alcachofas, brócoli o lechugas no es hacer un plan parcial", ha añadido. El dirigente agrario ha señalado que esas licencias para estos supuestos es "ilegal y, por supuesto, inmoral". "Nunca hasta ahora un Ayuntamiento había mostrado su intención de poner el cazo para cobrar por desarrollar esta tarea agraria", ha aseverado.
Aunque ha asegurado desconocer "la motivación real" que ha impulsado al consistorio alicantino a aplicar esta medida "nunca antes vista", Aniorte se ha preguntado si será "el afán recaudatorio, la ignorancia o la prepotencia". A lo mejor, según ha añadido, es que ante "el frenazo de la construcción, están como locos -en alusión al consistorio- por conseguir nuevas fuentes de ingresos para mantener su estructura obsoleta, ineficaz y sobredimensionada".
* El País - 7.8.12
Foto: Alacant_desde_la_Serra_Grossa - ecologistasenaccion.org
.................................... Leer más...
LAVOZ/Ourense* : La muralla de Verín le sale cara al Concello, condenado a pagar ahora los daños causados a Construcciones Paco Limia e Hijos SL que compró una parcela en la calle Elle, clasificada como suelo urbano consolidado por el PGOM, cuando el propio Ayuntamiento conocía con antelación que allí hay restos arqueológicos de la muralla y que no se puede construir. El Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Ourense deja claro que el Concello erró sabiendo de la presencia del monumento. Lo que deberá abonar al perjudicado son varias cantidades que aún no se han cuantificado, ante el daño causado por haber comprado la parcela bajo un régimen jurídico urbanístico erróneo y el consiguiente lucro cesante derivado de la imposibilidad de materializar los aprovechamientos y usos edificatorios que aquel plan general permitía.
El Concello abonará, además, 37.863,76 euros por los gastos facturados del estudio de arquitectura para solicitar las licencias. Por último, pagará el 70 % de las tasas de solicitud de la licencia de derribo.
Construcciones Paco Limia e Hijos, el día 21 de noviembre del 2003, adquirió las fincas urbanas del número 14 de la calle Elle para edificar garajes, locales y viviendas y pidió al Concello licencia para derribar las edificaciones existentes. Como no hubo contestación en plazo, solicitó la acreditación de silencio positivo, denegada por decreto de Urbanismo, en junio del 2005, amparándose en la presencia de restos de una muralla del siglo XVII. La sentencia indica que solo ante las acciones iniciadas por la constructora, y no antes, el ayuntamiento dice conocer la presencia de la muralla, alterando el carácter jurídico de la parcela comprada y previendo en el PGOM su delimitación como zona de protección de grado 1, bien de interés cultural. El 23 de octubre del 2003 el TSXG anuló el plan urbanístico de Verín.
Máximo cuatro alturas
El juez dice que la empresa compró la parcela clasificada como suelo urbano consolidado. Y que el PGOM de Verín permitía construir un máximo de cuatro alturas. Pero al aparecer los restos arqueológicos ese régimen jurídico fue cambiado para protegerlos. La sentencia ve «indiscutible» que el Concello perjudicó a la empresa: «La Administración conocía la existencia de la muralla y no adoptó ninguna medida tendente a garantizar su protección como bien integrante del patrimonio cultural de Galicia». Añade como prueba el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio en cuyo inventario arqueológico se recogen los vestigios de la muralla, desde 1991.
La sentencia refleja que en el PGOM, al publicarse sin los dictámenes de la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico, «no se incluyó este y otros elementos, por lo que la muralla quedó sin protección específica en la normativa urbanística». Para el juez es más revelador aún que la propia consellería advirtió en diversas fases de la tramitación del Plan General de Verín, de la existencia de restos de la muralla en la parcela.
Para el juez, hubo una «pésima actuación del Concello al elaborar el PGOM, obviando los informes de Cultura y no confiriendo la protección adecuada a la muralla», lo que causó los perjuicios sufridos por la constructora debido a la merma de sus expectativas urbanísticas. Y da por demostrado que el Concello conocía la existencia de la muralla cuando elaboró el plan urbanístico, «de modo que en ningún caso puede ahora alegar una supuesta sorpresa por tal hallazgo, sino que lo que debió hacer es acoger los informes de Cultura y otorgarle en el plan general la protección que le correspondía».
* La Voz de Galicia - JESÚS MANUEL GARCÍA - 9.8.12
Foto: Verín (Ourense), muralla - lavoz
.................................... Leer más...
ECODIARIO/Madrid* : La Plataforma 'Eurovegas No' publica hoy un informe sobre el impacto económico y fiscal del proyecto Eurovegas en el que concluye que la construcción del complejo de ocio "no sólo no ayudará a salir de la crisis, sino que saldrá caro a las ya mermadas arcas públicas".
En el nuevo informe, colgado hoy en internet, la Plataforma estima el coste económico que tendrían durante los primeros diez años "las exenciones en materia fiscal y privilegios legislativos" que ha puesto sobre la mesa la empresa estadounidense Las Vegas Sands Corp.
La Plataforma cifra en "alrededor de 2.000 millones de euros" las inversiones en infraestructuras necesarias para la primera fase de construcción del complejo (6 años); en "un mínimo de 870 millones" las exenciones en la tasa sobre el juego, y "en 35 millones de euros" las deducciones en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante los seis años iniciales.
Frente a ello, la Plataforma estima en "tan sólo 1.861 millones de euros" la recaudación que generaría el complejo de ocio y juego en ese periodo, y advierte que "si durante la 1ª fase (6 años), el proyecto no se considera suficientemente rentable y se abandona, el perjuicio económico sería enorme".
Para un período de diez años, el impacto de la exención de la tasa sobre el juego sería "de 1.450 a 7.485 millones de euros", y de 58 millones de euros en exenciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), mientras que las administraciones públicas "mediante el Impuesto de Sociedades, podrían recaudar como máximo 3.102 millones de euros en esos años".
A ello habría que añadir otros beneficios fiscales en "cotizaciones a la Seguridad Social, IVA, impuestos de construcción, transferencia de patrimonio, financiación, etc", exenciones que la Plataforma asegura no haber podido valorar "por falta de información".
Según la Plataforma, "es muy posible que las bonificaciones y exenciones fiscales, además de otros beneficios como suelo, infraestructuras, etc, puedan contrarrestar los potenciales ingresos fiscales provenientes del complejo", además de establecer una "zona franca dentro del territorio nacional".
En la misma línea, el informe apunta que "habrá beneficios para los inversores y muy pocos o nulos para las administraciones públicas y la ciudadanía española".
Para la Plataforma, el apoyo directo de las Administraciones (infraestructuras, expropiaciones) así como el indirecto (tratamiento fiscal especial, créditos garantizados), suponen "costes para la ciudadanía".
"Quizás el más grave por sus consecuencias sea precisamente el que no se ve: el coste de oportunidad que supone no dedicar los recursos que se van a consumir, regalar y/o bonificar en este megaproyecto, a otros fines posibles", añade.
Otra consecuencia será "la de producir incentivos para un abandono escolar a edad más temprana", ya que el modelo de Eurovegas "no se apoya en la economía del conocimiento y tampoco genera actividad económica de excelencia y con valor añadido", sino que "fomenta puestos de trabajo de baja y muy baja cualificación", asegura el informe.
Entre los integrantes de la plataforma figuran Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Amigos de la Tierra, ATTAC o asambleas populares vinculadas al Movimiento 15-M.
* Ecodiario - EFE - 9.8.12
Foto: Eurovegas no, cartel (Madrid) - plataforma Eurovegas no
.................................... Leer más...
CANARIASAHORA/Tenerife* : La Asociación Ben Magec- Ecologistas en Acción manifesta que "aplaude" la sentencia del Tribunal Supremo en el que avala la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que suspendía en 2009 la orden de la Consejería de Medioambiente que descatalogaba "arbitrariamente" un sector del sebadal del litoral de Granadilla, estableciendo la paralización cautelar de las obras del puerto, por los daños irreversibles que podía causar al medioambiente.
Ante la noticia, la Federación ha puesto de manifiesto que la sentencia "viene a confirmar una vez más que el Puerto de Granadilla, además de ser ilegal, no reportará ningún beneficio a la isla sino que, al contrario, traerá aparejado graves perjuicios ambientales, sociales y económicos (despilfarro de dinero público en una obra innecesaria y afección a otros sectores como el pesquero). Así lo ratifican multitud de sentencias legales, informes científicos, peritajes técnicos y estudios económicos llevados a cabo por instituciones y expertos".
Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción, sin embargo, se muestran pesimistas y cree que la decisión del Supremo llevará al Gobierno canario a alegar que "ya da igual lo que se diga", porque el sebadal de Granadilla ya no está protegido por la ley. "Es necesario recordar que, precisamente, la siguiente artimaña legal utilizada por el Gobierno de Canarias para saltarse la paralización de las obras fue la aprobación por ley de un nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas que, sin ningún rigor científico y sin participación ciudadana, rebajaba de categoría de protección a la seba como especie, dejándola a efectos prácticos desprotegida en casi todo el Archipiélago".
Una vez aprobado el nuevo listado, según los ecologistas "la estrategia del Gobierno de Canarias ha sido valerse de la política de hechos consumados, y comenzar la construcción del puerto pese a no haberse levantado la suspensión cautelar. Desde la Federación Ecologista le pedimos al Gobierno de Canarias que cese de una vez en su empeño y le exigimos la paralización inmediata de las obras".
Para Ben Magec, la sentencia del Supremo que es resultado de un recurso interpuesto por la federación ecologista, pone de manifiesto nuevamente "la cantidad de chanchullos y artimañas que el ejecutivo regional ha tenido que llevar a cabo para seguir adelante con el proyecto del puerto de Granadilla pese al amplio rechazo social que éste concita". Con la sentencia del TS en la mano, Ben Magec- Ecologistas en Acción estudiará la situación y analizará posibles contestaciones en el ámbito jurídico y social a la vista de que el fallo ratifica que esas actuaciones "son un disparate y, una vez más, vuelve a dar la razón a la Federación Ecologista y a la sentencia inicial". En ambos pronunciamientos jurídicos se apuesta por mantener los sebadales como especie amenazada de forma cautelar hasta que se produzca un pronunciamiento firme sobre esta cuestión.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 9.8.12
Foto: Obras del Puerto de Granadilla. (GREENPEACE)
.................................... Leer más...
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Supremo ha dado un duro varapalo a uno de los proyectos que más sombras han generado en el urbanismo de Benidorm durante los últimos años. Y no precisamente por la altura de sus torres, levantadas a escasos metros del mar, sobre la zona conocida como la Punta Llisera. Una sentencia dictada el pasado 23 de julio por la sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha decretado la anulación del permiso que la Generalitat Valenciana concedió en el año 2005 a la mercantil Edificaciones Calpe SL para construir el complejo residencial comercializado con el nombre de Gemelos 28, en la zona de servidumbre de protección marítimo-terrestre. El fallo anula por tanto el permiso de construcción otorgado por la Dirección General de Puertos y Costas hace ahora siete años y deja fuera de ordenación las dos torres de 21 alturas y sus 168 viviendas, muchas de las cuales ya están vendidas y habitadas desde hace más de un año.
La sentencia del Supremo deriva de un recuso presentado por los abogados del Estado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en junio de 2008 se pronunció a favor de la autorización concedida por la Generalitat. Esta primera sentencia sirvió para que la mercantil promotora del complejo decidiera seguir adelante con unas obras cuya tramitación se inició dos décadas antes, en 1988, y que sufrió continuas paralizaciones por cuestiones administrativas, pero también legales, entre las que se incluyó un expediente de expropiación forzosa iniciado por el Gobierno central en el año 2007 -y paralizado en 2009- por considerar que el proyecto contravenía la Ley de Costas.
Ahora, el Supremo reconoce que la sentencia del TSJ "incurrió en error (...) al seleccionar la normativa aplicable" e incide en que cuando se dictó la autorización por parte de la Generalitat, en el año 2005, ya estaba en vigor una disposición de la Ley de Costas que prohibe la construcción de edificaciones residenciales en la zona de servidumbre de protección, a excepción de casos puntuales, aunque ninguno de ellos "se tuvo en cuenta en la autorización concedida", añaden los magistrados.
Un cúmulo de errores
El fallo no sólo hace alusión al permiso otorgado por la dirección autonómica de Costas en 2005 y al posterior dictamen del TSJ. También se retrotrae al inicio del expediente en sí. La sala reconoce que la licencia inicial, concedida por decreto en 1988 por el entonces alcalde socialista Manuel Catalán Chana, se firmó el 6 de junio en favor del anterior propietario del suelo Achille Cafarelli. Este documento estaba condicionado a la aprobación de un estudio de detalle, que el pleno aprobó inicialmente el 15 de julio de ese mismo año, catorce días antes de que entrara en vigor la Ley de Costas.
Catorce meses después, en septiembre de 1989, el mismo acalde invalidó el acuerdo plenario por no haberse adoptado con el quórum de la mayoría especial que legalmente se requería y no fue hasta el año 1996, cuando ya gobernaba el popular Vicente Pérez Devesa, cuando se aprobó definitivamente el estudio de detalle, un trámite que el Supremo recuerda que debía ser "previo o simultáneo a la concesión de la licencia".
Entre ambas fechas, concretamente en diciembre de 1994, el Tribunal Supremo ordenó al Ayuntamiento que continuase con la tramitación del estudio de detalle, estimando parcialmente un recurso de la mercantil Inmobiliaria y Promociones Cafarelli contra la inacción del Consistorio durante todos esos años.
El alto tribunal apunta por un lado que "no es descartable que la premura en la concesión" de esta licencia y la aprobación inicial del estudio de detalle "obedeciera al intento de evitar la aplicación de la Ley de Costas", a la vez que recuerda que el primer estudio, aprobado inicialmente en 1988 y anulado en 1989, "no generó ningún derecho de edificar, careciendo de efectos de cara a otorgar eficacia a la licencia".
Para el TS, la licencia otorgada por el Consistorio "desplegó sus efectos" ocho años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, en concreto a partir de 1996, cuando el pleno dio definitivamente luz verde a dicho estudio de detalle. A partir de ahí, la mercantil Edificaciones Calpe adquirió la propiedad, tumbó la estructura del antiguo edificio y obtuvo en 2005 la autorización de la Dirección General de Costas para edificar un proyecto distinto al que había autorizado el Ayuntamiento en 1988. Y ahora, cuando el complejo lleva más de un año completamente acabado, es cuando el Supremo ha fallado la anulación de aquel permiso y, por tanto, concluye que las dos torres no pueden considerarse dentro del ordenamiento urbanístico.
¿Y ahora qué?
La sentencia dictada el pasado 23 de julio por el Supremo decreta la invalidez de la licencia con la que se sustentó la construcción de este proyecto urbanístico, pero no entra a valorar cuáles son los pasos que deberán darse ahora. Fuentes judiciales indicaron ayer a este diario que el futuro del complejo Gemelos 28 está ahora condicionado a lo que se dicte con la ejecución de la sentencia y que se abre todo un abanico de posibilidades. Entre ellas, que el fallo se declarara inejecutable, dado que las torres están completamente construidas y habitadas; pero también se podrían dar otras situaciones, como que el Estado decidiera seguir adelante con el proceso de expropiación que inició en 2009, algo que haría que el promotor y a los actuales propietarios de las viviendas se vieran obligados a negociar con el Estado una salida favorable a todas las partes.
Causas pendientes
Y todo ello, sin obviar que aún hay varias causas judiciales abiertas y que están por dirimir. Entre ellas, las denuncias de un particular sobre las irregularidades en la concesión de las cédulas de habitabilidad por parte del actual alcalde, Agustín Navarro, en 2011 o el presunto exceso de edificabilidad en las torres.
* Información - R. PAGÉS - 8.8.12
Foto: Benidorm, torres Punta Llisera - elpais
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Valencia aseguró a los vecinos del barrio de Nazaret que no había realizado estudios sobre la repercusión económica del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la ciudad después de que la alcaldesa, Rita Barberá, anunciara a los medios de comunicación un impacto de 40 millones de euros. En una queja remitida a la Sindicatura de Greuges, la Asociación de Vecinos de Natzaret critica que el Consistorio no haya atendido su petición de información sobre la repercusión económica del circuito urbano de fórmula 1 que albergó la ciudad en junio de 2011.
Ocho meses después de que los vecinos pidieran estos datos al Ayuntamiento de Valencia —días después de que finalizara el Gran Premio, en julio de 2011—, se dirigieron al Síndic, José Cholbi, para protestar por la falta de respuesta del Consistorio. Consultado por la Sindicatura acerca de esta cuestión, el Ayuntamiento aclaró en un escrito que la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 es “competencia de la Generalitat”. “En relación a ello —añadía la Corporación—, la Fundación Deportiva Municipal y el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Valencia no han realizado ningún estudio sobre la repercusión económica que este evento haya podido suponer a la ciudad de Valencia y, en concreto, al barrio de Natzaret”.
Tras conocer la respuesta del Ayuntamiento, los vecinos recordaron al Síndic que el día después de la celebración de la carrera, la alcaldesa de Valencia había manifestado a los periodistas que la organización del Gran Premio había tenido un impacto económico que superaba “los 40 millones de euros”, además de una “repercusión indirecta” por la promoción que se había hecho de la ciudad. Cholbi, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, lamenta que el Consistorio no haya respondido a la petición de información de los vecinos y recuerda que el plazo máximo de resolución administrativa es de tres meses.
Obligada a responder
“La Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, sin dar más de lo que puede y debe hacer, pero tampoco menos de lo que razonablemente puede esperarse, y lo mínimo que ha de ofrecer al ciudadano es una respuesta directa, rápida, exacta y legal”, remarca el Síndic. Por ello, recomienda al Ayuntamiento que dicte una resolución motivada en contestación a todas las cuestiones planteadas por los autores de la queja.
* El País - EFE - 5.8.12
Foto: Valencia, circuito F1 cerrado y abandonado - levante-emv.com
.................................... Leer más...
ELPAÍS/A Coruña* : Frente a la corrupción o tráfico de influencias en las Administraciones públicas, la Fiscalía Superior de Galicia aboga por crear un nuevo organismo de fiscalización externa “y prevención de los riesgos de gestión”, a semejanza del que existe en otros países como el vecino Portugal. Es necesario, aseguró ayer el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, “un mayor control para evitar que sean desviados o mal utilizados los fondos públicos”. Varela puso como ejemplo el Tribunal de Cuentas luso, que cuenta con un consejo de prevención encargado de determinar los riesgos de los departamentos de cada Administración pública a la hora de gestionar los presupuestos.
Esta propuesta está incluida en la memoria anual de la Fiscalía de Galicia, presentada ayer en A Coruña. Otra de sus apuestas es el proyecto denominado Iglesia Segura para reforzar la protección de los bienes culturales eclesiásticos. Una iniciativa que podrían adoptar todos aquellos a quienes les “parezca interesante”, precisó Varela al restar importancia a la falta de respuesta que ha recibido su propuesta por parte de las diócesis gallegas.
Los delitos contra la seguridad viaria volvieron el año pasado a ser los más numerosos e incluso se incrementaron: representan el 45% de los 310.011 escritos de acusación o calificación presentados por el ministerio público en la comunidad gallega a lo largo de 2011. De esa cifra, casi dos de cada tres son contra personas que conducían bajo los efectos del alcohol. En segundo y tercer lugar aparecen los delitos de lesiones (16%) o los patrimoniales y socioeconómicos (otro tanto).
El pasado año, no obstante, se estabilizó el número total de procedimientos penales por delitos en el conjunto de la comunidad autónoma. Solo aumentaron un 0,89% en comparación con 2010. Pero de nuevo el fiscal jefe remarcó que solo el 4,86% de los procesos tramitados acabaron con una sentencia judicial. Quedaron pendientes al finalizar 2011 casi el 19% de los procedimientos, mientras que la inmensa mayoría de los demás casos, sobre todo los delitos contra el patrimonio o en el ámbito socioeconómico, “no pasan el filtro de la fase inicial”. Dos de cada tres procedimientos acaban en sobreseimiento o archivados, o finalizan de forma anticipada, antes de llegar a una sentencia, al acumularse con otros o por inhibición.
La Fiscalía Superior de Galicia volvió ayer a achacar este pobre resultado al “deficiente sistema organizativo”, provocado, asegura el ministerio público, por “el gran desajuste” entre los juzgados y el volumen de asuntos tramitados.
* El País - PAOLA OBELLEIRO A Coruña 31 JUL 2012
Foto: Tribunal Constitucional (Madrid) - publico.es
.................................... Leer más...
EUROPAPRESS/Cádiz* : La Plataforma Ciudadana Salvemos Valdevaqueros ha conseguido reunir a cientos de personas en la playa de Tarifa para mostrar, una vez más, su rechazo al proyecto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad gobernado por el PP y con el apoyo del PSOE y el PA, que se pretende levantar en la zona costera gaditana, que incluye la construcción de aparcamientos y un gran hotel.
La portavoz de la plataforma, Noelia Jurado, ha manifestado su satisfacción por la "buena respuesta" que ha tenido esta convocatoria, cuya participación había sido alentada desde distintos foros y redes sociales y a la que se han sumado una treintena de colectivos como Agaden, Verdemar, Equo, IU o movimientos ciudadanos como los Indignados o la Asamblea 15M de Tarifa, lamentando que algunos no han podido acudir a tiempo debido a las retenciones de tráfico producidas.
Durante toda la jornada, que tiene carácter reivindicativo y festivo, son varias las muestras de protesta que se llevan a cabo en la playa tarifeña. Un mosaico, formado por varias personas, indica bien a las claras el lema de la plataforma, 'Salvemos Valdevaqueros'. También se están repartiendo pulseras con ese mismo mensaje y se está ofreciendo información a los turistas que, en gran número, se dan cita en Tarifa para pasar las vacaciones de agosto.
Previamente, se ha realizado una 'bicicletada' procedente de Algeciras, cuyos integrantes han llegado en torno a las 11,20 horas a la duna de Valdevaqueros, donde varios de los allí congregados han leído manifiestos en favor de mantener este enclave de la costa gaditana, con intervenciones espontáneas desde la de un trabajador de la construcción hasta algunos turistas extranjeros que llevan varios años veraneando en la zona y temen por su pervivencia, según ha señalado Jurado.
Pese al éxito de la convocatoria, los organizadores dicen que seguirán trabajando en pos de evitar el desarrollo del Plan Parcial SL1 de Valdevaqueros y contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tarifa (Cádiz), que contempla la construcción de cientos de apartamentos y un gran hotel. Desde el Ayuntamiento, que también sigue informando a la ciudadanía, mantienen que el desarrollo es sostenible y además no se ubicará en primera línea de playa.
* Qué - EP - 4.8.12
Foto: Manifestación en Valdevaqueros, Tarifa (Cádiz)/ A.Carrasco Ragel (Efe)
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Alicante* : Fenoll levantó un imperio a base de extorsiones y sobornos.
—¿Qué ha dicho? No le he entendido.
—Licenciado, lo que mi padre quiere decir es que todos esos residuos que están vertiendo en nuestra tierra no es basura.
—Es veneno.
Este diálogo pertenece a la película Gomorra, de Matteo Garrone, basada en el libro del mismo nombre del escritor Roberto Saviano. El final del ciclo de los clanes mafiosos, de acuerdo con el recorrido de Saviano por la lógica del poder de esos grupos, es la basura y el enterramiento masivo de residuos, tóxicos y no tóxicos, que convirtió el sur de Italia en la “terminal de la escoria de la producción”, en palabras del autor.
El panorama que describe Saviano al final de su libro se puede extrapolar, salvo las dosis de violencia inherentes a la camorra napolitana, al sur de la Comunidad Valenciana.
En el límite entre Alicante y Murcia, a caballo entre las poblaciones de Orihuela y Abanilla, irrumpió a mediados de los ochenta Ángel Fenoll, hijo de un chatarrero. A la sombra del PP, que en aquellas fechas también tomó el poder local en ambos Ayuntamientos, Fenoll ha levantado en tres décadas un imperio económico basado en la basura.
Al velo político que envolvió su negocio, Fenoll añadió métodos rayanos en las técnicas mafiosas. La afirmación no es gratuita. La sostiene la policía y la Fiscalía Anticorrupción en el sumario del caso Brugal. Policía y ministerio público sitúan a Ángel Fenoll a la cabeza de esta mayúscula trama corrupta político-empresarial, que se gestó en Orihuela y cuyas raíces se extienden hasta por 11 poblaciones de Alicante y tres de Murcia.
El cabecilla del caso Brugal ha completado su andadura a ritmo de grabadora. Incluso se agenció un detective para preparar celadas a empresarios y políticos, a quienes después amenazaba con hacerlas públicas.
La joya de la corona del entramado empresarial de Fenoll es la planta de tratamiento de basuras y vertedero (tres vasos inicialmente, y un cuarto a partir de 2002) que en 1998 ubicó entre Orihuela y Abanilla. El emplazamiento es tan sutil que los topógrafos han tenido que hilar fino para dirimir su ubicación. La planta está en Abanilla y los permisos son competencia del Gobierno de Murcia, pero parte del vertedero y un zoo invaden el término de Orihuela.
Cerco político y vecinal al "capo" de la basura
El control y supervisión de la actividad de la planta, con solo autorización para reciclar y verter residuos no contaminantes, se ha caracterizado por la laxitud y no ha se ha intensificado hasta el estallido del caso Brugal. “Yo he empujado con un buldócer harinas de vacas locas, tal cual. Allí se han descargado plumas, tripas de pollo de mataderos, neumáticos. Era tan impresionante... Hasta camiones de Logroño viajaban con animales de matadero”, relata el exoperario Roberto Sebastián Belmonte, que denunció los vertidos incontrolados a la Fiscalía Anticorrupción.
“Había siete u ocho pozos y cuando el suelo empezaba a supurar lixiviados yo metía el tubo y drenaba. Luego, el 60% del líquido lo vertía en un descampado y el 40% restante lo volvía a echar a la basura. No sé si se puede hacer. Yo hacía lo que mandaban”, recuerda Luis, nombre ficticio de otro exempleado.
El exoperario Roberto apunta un comentario que pone en duda tanto el rigor del empresario a la hora cumplir con las normas de seguridad e higiene como de las inspecciones del Seprona. “Me he tirado casi once años allí y la única protección que me han dado fueron unas botas con las que no se podía trabajar. A mí no me han dado ni una máscara o gorra que me protegiera del sol”, asevera. “Solo nos las poníamos para las inspecciones. En la empresa nos avisaban el día antes. Sabían si venía Medio Ambiente, si venían los de prevención de riesgos laborales... Lo sabían, nos avisaban y veníamos en condiciones”, añade.
En su declaración al fiscal Roberto dijo: “Siempre eran los mismo agentes, un tal Manolo y un tal Salvador, de servicio en Murcia. No giran en realidad, no inspeccionan sino que Manolo echa de comer a los animales y acaba en el bar privado de Fenoll”. El jaque judicial al clan Fenoll tuvo su puntilla con el cambio de Gobierno de Orihuela. En mayo de 2011, el PP perdió su hegemónica mayoría absoluta y un tripartito (PSPV, Los Verdes y Los Liberales) le sucedió. El alcalde, Monserrate Guillén, de Los Verdes, dejó claras las intenciones del nuevo Gobierno: “Se ha acabado el factótum Fenoll”.
El Gobierno local ha cumplido el vaticinio del regidor verde. Fenoll ya no campa a sus anchas por un Consistorio que en las últimas décadas se ha plegado a sus intereses.
El Ayuntamiento de Orihuela ha retirado la contrata de la basura a la firma que en octubre de 2008 se la adjudicó el Gobierno del PP, una UTE integrada por dos firmas falsas, que según la policía son una tapadera de Fenoll. El ejecutivo del tripartito ha completado su ofensiva contra Fenoll con el precintado de parte de las instalaciones del vertedero y la planta que invaden parte de su término, entre ellas la bascula de pesaje y el zoológico. Y como colofón ha abierto siete expedientes por realizar actividades sin permiso en su término municipal.
En paralelo a presión judicial y política, el movimiento vecinal, aglutinado entorno a la asociación Asojoven y la plataforma Vertivega, ha dejado atrás su secular miedo y ha plantado cara al empresario. Los vecinos han instalado un campamento de verano ante la planta. Su determinación es firme y aseguran que no claudicaran hasta ver el cese definitivo de la actividad de la industria. Los acampados resisten ya más de tres semanas.
A principios de la pasada década, Asojoven comenzó a movilizarse en contra del vertedero, pero “la gente no apoyaba y el Ayuntamiento de Orihuela no tenía intención alguna de ayudar”, señala el actual alcalde pedáneo, José María Almarcha: “Con el cambio de gobierno, queríamos luchar contra el vertedero, pero no teníamos base”. “Un buen día”, continúa, “la asociación El Agudo quiso establecer una ruta de senderismo por la Rambla Salada y fue una gente del Ayuntamiento a ver el terreno y vieron que dentro de la rambla había una plantación de cítricos. Siguieron inspeccionando y observaron que en las laderas había jeringuillas, móviles, cucharas, de todo... Y empezamos a investigar. El dueño, Francisco Poveda, decía que era compost, pero aquello no podía ser compost. Se siguió investigando y Roberto dijo que conocía más vertidos”.
Los nuevos vertidos estaban junto a la finca Los Corrales, en otras dos conocidas popularmente como la Finca Grande y la Finca Pequeña, propiedad de Francisco Poveda. “Una de ellas tenía una plantación de cítricos y hace poco ha vuelto a plantar, esta vez en la otra”, explica.
Estos vertidos por los huertos de alrededor de la planta es la máxima preocupación de los vecinos. Sospechan que puedan convertirse en un problema de salud pública. “Tenemos nueve o diez fincas controladas, pero sólo tres verificadas. La gente ha ido perdiendo el miedo”, apostilla Almarcha.
Estos hechos se investigan en el juzgado del caso Brugal. Un informe de un perito (un ecotoxicólogo forense), a petición de la juez instructora, concluye así: “Supone un riesgo de gravedad para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas expuestas por lo que debería procederse a la retirada de los residuos depositados”. La juez también ha imputado en esta causa a Fenoll por un supuesto delito contra el medio ambiente. Tras su interrogatorio, el líder de Brugal, restó importancia a los vertidos. “Es simplemente abono”, dijo el empresario.
Fuentes del centro de salud auxiliar de la Murada también inciden en este aspecto. “Hay un aumento de casos de alergias y asmas. No hay un estudio de salud pública por lo que, científicamente, no se pueden vincular a la actividad de la planta”, señalan esas fuentes. “Sería interesante la realización de ese estudio”, añaden.
La Generalitat Valenciana y el Gobierno de Murcia se han sumado en los últimos años al acoso al industrial. El Consell, a través del director general de calidad Ambiental, Vicente Tejedo, destaca que los vasos que tocan el término de Orihuela están “sellados y se controlan periódicamente”. El consejero de Presidencia de Murcia, Manuel Campos, destaca que, en la actualidad, no hay ningún vaso en activo. “Y la autorización para ampliar el tercero está pendiente de la autorización ambiental integrada, que a tenor de los antecedentes podría ser desfavorable”, señala el consejero. Campos asegura que en septiembre de 2011 su departamento clausuró el tercer vaso, diseñado para una capacidad de 195.000 toneladas, pero que al final llegó a las 495.000. El consejero añade que en febrero pasado, se abrió un expediente tras detectar un vertido en otro vaso ya clausurado y sellado. En total, el Gobierno murciano ha abierto tres expedientes sancionadores a la empresa, con una sanción global de 127.500 euros.
El recorrido de Fenoll por el alambre de la ilegalidad tuvo un punto de inflexión en marzo de 2006 cuando decidió poner en manos del fiscal Anticorrupción de Alicante una grabación con un supuesto soborno por la contrata de basura. Las cañas se volvieron lanzas. El fiscal tiró del hilo a la inversa y destapó el entramado de extorsiones del empresario, que dio con sus huesos en la cárcel (ahora está en libertad bajo fianza). Fenoll comenzó su ascenso en los ochenta, cuando el exalcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena le adjudicó a dedo la basura de la costa. Ahora, controla 18 contratas en La Vega Baja y otros pueblos de la provincia. En la mayoría de los casos, a base de sobornos a los cargos locales, como ha probado la policía en las grabaciones incautadas en su empresa. En algunas de ellas se ve a Fenoll contando fajos de billetes y a los sobornados introduciéndolos en bolsas negras.
Ninguna de las causas de Brugal en las que está imputado Fenoll junto a cargos del PP, como el líder provincial, José Joaquín Ripoll y la exalcaldesa de oriolana Mónica Lorente, ha llegado a juicio. Fenoll fue condenado por comprar votos para el PP.
“Es una persona que le da igual todo. Él dice por aquí, y por aquí. A veces hablabas con él y accedía a algo, pero a su sobrino le llamábamos el pequeño Franco. Su frase era ‘por mis cojones’”. Así define a Fenoll y a su sobrino, Ginés, el extrabajador Roberto. Fenoll está de baja por enfermedad. Este periódico contactó con su sobrino que aseguró que la planta no vierte en sus vasos. “Llevamos los residuos a otros vertederos”, dijo.
En el subsuelo de la Murada, quizás, anidan los efectos más letales del método Fenoll.
* EL País - SANTIAGO NAVARRO / RUBEN ESQUITINO Alicante 4 AGO 2012
Foto: Terrenos del vertedero de Ángel Fenoll entre La Murada y Abanilla. / DAVID RODRÍGUEZ
.................................... Leer más...
CANARIASAHORA/Tenerife* : El Alto Tribunal sin embargo elude entrar a valorar los efectos que sobre el medio ambiente causa esta industria.
El Tribunal Supremo (TS) ha anulado una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había reforzado la permanencia de la Refinería de Santa Cruz en su actual emplazamiento. La industria ocupa una parcela de más de 587.000 metros cuadrados y por ello el TS no duda en calificar las dimensiones del solar como "desmesuradas" y suponer "un obstáculo para el desarrollo" urbanístico de la ciudad. En el primer fallo judicial se consideraba que este suelo era urbano consolidado y que por lo tanto contaba con todos los servicios básicos de alcantarillado, aceras, alumbrado y grado de consolidación.
Pero ahora el Supremo se pone del lado de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz y del Gobierno de Canarias y determina que se trata de suelo urbano no consolidado y por lo tanto de menor valor. Además, la industria está sujeta ahora a la cesión obligatoria del 10% del suelo al Ayuntamiento para dotaciones locales y sistemas generales, tales como espacios libres o aparcamientos, entre otros. Esta obligación implica que Cepsa tendrá que entregar a Santa Cruz alrededor de 58.000 metros cuadrados, una superficie que es algo inferior a la que, por ejemplo, ocupa el Parque García Sanabria.
Eso sí, el TS elude entrar a valorar los efectos que sobre el medio ambiente causa esta industria. Al respecto el tribunal rechaza discutir si la Refinería por su proximidad a la ciudad puede transformarse en el futuro hacia un uso industrial no contaminante o su posible traslado tal y como se preveía en la adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, que actualmente está siendo estudiado por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que ahora deberá reflejar el contenido de esta sentencia. "Para cambiar el uso previamente será necesario resolver el problema del cierre de la instalación, para luego desarrollar un plan especial y los nuevos viales previstos" en el PGO. "En tanto que esto no se produzca la instalación es una fábrica de hidrocarburos en activo, ubicada en una parcela con todos los servicios previstos para su funcionamiento".
En el Plan General actualmente en vigor desde el año 1992 se mantiene como objetivo la futura evolución de la parcela de Cepsa hacia otras actividades "mas compatibles con su posicionamiento urbano". En el nuevo PGO se delegaba a un Plan Especial Territorial el traslado de esta actividad. Así lo acordó la Cotmac en el año 2008 pero aunque se llevó a cabo la adjudicación de este documento jamás se ha llegado a conocer nada de su contenido e incluso en varias ocasiones se ha admitido desde el Cabildo que ni siquiera se ha iniciado su redacción. El TS considera que pese a la integración de la Refinería en la malla urbana, "constituye una realidad singular que se encuentra desligada del entramado del resto de la ciudad desde el punto de vista urbanístico. Y en este sentido es evidente que la dotación de urbanización perimetral no es apta para servir a las necesidades de suelo urbano consolidado". En los sucesivos planes generales se ha reconocido la necesidad de crear un nuevo entramado viario público en el interior de la parcela que le una al resto de la ciudad. "En caso de que el suelo de la Refinería permanezca en su estado de urbanización actual lo configura como un obstáculo que, a modo de isla, aparece en la realidad como desligado de la misma ciudad, aunque esté inserta en la malla urbana de Santa Cruz".
En caso de que el suelo hubiese seguido siendo considerado como urbano consolidado habría tenido un valor cercano a los 42 millones de euros y hubiese implicado un volumen de negocio futuro para la industria cercano a los 1.800 millones de euros, tal y como apuntó uno de los abogados defensores de Cepsa ante los tribunales. Cifras que ahora se reducen notablemente al cambiar el uso del suelo, obligarse a la industria a ceder un 10% del solar y además significar un varapalo a las pretenciones de la Refinería de blindar en los tribunales su continuidad en el actual emplazamiento.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 4.8.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, refinería - rinconcitocanario
.................................... Leer más...
ATLÁNTICO* : La mayor urbanización prevista en el Plan General en el centro de la ciudad, el Peri de A Seara, ha sufrido un nuevo revés, fruto de la decisión tomada por el Concello en su día de conceder una licencia de construcción en una parcela contemplada como zona verde.
Una sentencia judicial anula dicho Peri y da autorización al propietario del edificio, situado en López Mora, para continuar las obras, que habían sido paralizadas por Urbanismo.
La actuación de A Seara lleva más de quince años de espera, pero las trabas urbanísticas no parecen facilitar el desarrollo de un Peri con la mayor franja de terreno a desarrollar en el centro, en concreto 57.000 metros cuadrados, desde detrás del Centro Comercial de Camelias hasta el cruce de Tomás Alonso con López Mora.
La puntilla a un complejo y largo proceso la puso el propio Concello al conceder la licencia al mencionado edificio, al amparo del anterior Plan de Urbanismo, y cuando el actual, de 2008 ya había sido aprobado por la Xunta y sólo estaba pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia para que entrara en vigor. No obstante, la concesión de dicha licencia, impedía ejecutar el PGOM o tendría que cambiarse, lo que obligó a Urbanismo a paralizar las obras. Los propietarios del edificio esperaban una señal del Concello para seguir adelante o una indemnización pero finalmente ha tenido que ser la justicia quien decida en favor de los primeros.
El fallo judicial entiende que la obra tiene permiso para continuar con lo que deja sin efecto toda la actuación prevista en la zona. Ahora, el Concello puede apelar dicha decisión que, de momento, vuelve a poner sobre la mesa la penosa situación en la que se encuentra el Urbanismo municipal en Vigo, a pesar de la aprobación del nuevo Plan General, que cumple este mes de agosto cuatro años en vigor.
El edificio comenzó a construirse y actualmente su esqueleto está levantado aunque sin obras desde hace un par de años, cuando el Concello decidió dar la orden de paralizarlo.
De mantenerse este reciente fallo judicial, habría que reiniciar todo el proceso de desarrollo de la urbanización, otros diez años de espera para poder revitalizar una zona muy degradada y que en los últimos años ha sufrido el derrumbamiento de alguno de sus inmuebles en ruina.
Una ordenación con 400 viviendas y nuevas calles
A Seara resulta clave para el centro de Vigo porque plantea una modificación radical de un espacio de 57.000 metros cuadrados. El desarrollo incluye la construcción de unas 400 viviendas, así como locales comerciales y la apertura de varias calles: además de la nueva Seara, habrá una comunicación directa desde López Mora a la Coruña a través de un vial que se inicia en un paso elevado y desemboca en un glorieta.
Entre la ordenación prevista en el Plan de Urbanismo vigente para el ámbito del Peri de A Seara destaca la concentracio´n de los nuevos edificios, tapando así las traseras de los inmuebles de la calle Coruña. El resto dela superficie quedaría ocupada por los nuevos viales (entre López Mora y Coruña y desde esta última a Seara) y zonas verdes. La vivienda en construcción estaría en una parcela que tenía que formar parte del parque previsto.
* Atlántico - 4.8.12
Foto: El edificio polémico que da a López Mora y al camino de A Seara - atlantico
.................................... Leer más...
EUROPAPRESS/Marbella* : El juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), ha quedado este lunes visto para sentencia, después de que 17 de los 86 procesados hayan ejercido su derecho a la última palabra, entre ellos el principal acusado, Juan Antonio Roca, que ha lamentado "profundamente el daño que se le ha causado a la ciudad de Marbella y a los ciudadanos con motivo de esta causa". El Tribunal dictará una sentencia "justa", previsiblemente en seis u ocho meses.
Roca ha sido el primero en dirigirse al Tribunal y ha pedido una reflexión sobre su situación penitenciaria y sobre por qué se le pide más años de cárcel que a otras personas, incidiendo en que "estoy pasando mi séptimo verano en prisión" y si el Tribunal acepta la petición del ministerio fiscal, de 30 años de cárcel, "sería pasar el resto de mi vida en prisión".
Ha recordado que un día un recluso con el que compartía mesa le preguntó qué delito había cometido para pedirle más años de prisión que a él y no supo qué contestarle. "El recluso que me hizo esa pregunta era Santiago del Valle, que varios meses después fue condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Mariluz Cortés", ha explicado, relatando que al entrar en la cárcel conoció a un hombre condenado a 14 años por el asesinato de su mujer, al que ya se le ha concedido el tercer grado penitenciario y "está disfrutando de un régimen de semilibertad".
Ha asegurado que "el nombre de Marbella se ha visto asociado en los últimos años inexorable y negativamente a esta causa" y que, en su caso, "se ha pretendido reescribir mi pasado de una forma un tanto parcial, incluso mi pasado muchos años antes de vincularme con el Ayuntamiento de Marbella, incluso he podido oír en esta sala a algún funcionario de Policía decir que soy un delincuente cuasi patológico, casi genético". Ha pedido perdón al Tribunal por ser "más vehemente de lo que debía haber sido" en sus interrogatorios.
Ha lamentado la situación del resto de imputados, tanto de su familia, como son su cuñado y su mujer, ambos acusados; como de "los que ni siquiera conocía antes de llegar aquí y se les acusa de estar relacionados conmigo", así como de los "excelentes profesionales que contraté y se han visto involucrados", de los empresarios con los que se relacionó y "de mis amigos, algunos han estado aquí exclusivamente por ser mis amigos míos".
Ha agradecido al Tribunal en general, y en concreto al presidente, José Godino, las facilidades y el trato "tan extraordinario y exquisito" recibido; a la secretaria judicial y a los funcionarios su profesionalidad y "porque he podido ver y experimentar el lado más humano de la justicia"; y a su abogada, Rocío Amigo; pero sobre todo ha dado las gracias a su familia, asegurando que "ni viviendo 1.000 años podré devolverles el cariño que me han prestado".
El exalcalde Julián Muñoz ha ejercido su derecho y ha afirmado que se le conoce "como un ladrón porque un iluminado de Dios y la justicia le ha dado por decir eso", recordando que no tiene condenas por quedarse con dinero y estuvo en la cárcel tres años por dar licencias según lo que decían los técnicos, tras un pacto del que no se arrepiente. Ha dicho que se le ofreció la libertad "si decía lo que el juez Torres quería" y que los empresarios acusados intentaron "que Marbella fuera una ciudad habitable, segura y limpia".
La exedil socialista Isabel García Marcos ha proclamado su inocencia y ha recordado la situación vivida cuando fue detenida. Ha dicho que es "inocente activa" porque siempre "he mirado papeles" y no hubo resolución "donde no nos hayamos ajustado a lo que nos han informado". Ha reiterado que fueron "empujados por nuestro grupo político para firmar la moción de censura" y que "siempre" ha actuado dentro de la legalidad.
Ha criticado el "ensañamiento" y la "hostilidad absurda" que a su entender han sufrido y ha pedido a la Sala, con la voz quebrada, que "nos devuelvan la fe en la justicia" y "acaben con esta causa general que se ha abierto contra nosotros y con esta forma de hacer las cosas, porque España no merece una justicia así". La exalcaldesa Marisol Yagüe ha dirigido unas palabras a la Sala, pero sin micrófono, mostrando su agradecimiento.
También ha intervenido el exedil Tomás Reñones, quien ha insistido en que "lo único que he hecho es trabajar muchísimo, lo que me ha reportado un sueldo y estar aquí". La exconcejala Carmen Revilla ha ejercido este derecho también, al igual que el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, que ha insistido en que siempre actuó "conforme a la legalidad".
El exprimer teniente de alcalde Pedro Román ha dicho que el fiscal le pide 21 años de prisión "probablemente más de lo que me queda de vida" y ha exigido una sentencia "en la que se aplique la ley y no se tenga en cuenta que me llamo Pedro Román, o que estuve hace años al lado de Jesús Gil". "Prefiero entrar 1.000 veces más en prisión a que un solo ciudadano piense que cogí un solo euro del Ayuntamiento", ha apostillado, asegurando que "el paso del tiempo me absolverá".
El empresario Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokán', ha indicado que el daño que se le hizo a él y su familia al detenerle "es irreparable para toda la vida", señalando, como muestra de lo que han sufrido, que "mi mujer el otro día me preguntó: oye Falete, no te ha dado nunca por ahorcarte?". Llorando, ha asegurado que "nos han señalado para siempre" y que "el daño más grande ha sido el de dejar a casi 10.000 familias sin trabajo".
También han intervenido los constructores José Ávila Rojas, quien ha asegurado que el caso 'Malaya' "fue el comienzo de la crisis en España" y que le han "destrozado la vida"; Tomás Olivo, que ha criticado la instrucción que "de un plumazo se llevó por delante el honor" de los empresarios; y Cristóbal Peñarroya, quien, visiblemente afectado, ha dicho que el ver a su mujer llorando es algo que "no se lo perdonaré ni al juez Torres ni al fiscal que tengo aquí". Todos los que han intervenido han reiterado su inocencia y agradecido el trato dado por el Tribunal, secretaria judicial y funcionarios.
EL MAGISTRADO
Antes de decir "visto para sentencia", el presidente del Tribunal se ha dirigido a los procesados, asegurando que la Sala dictará "con absoluta independencia e imparcialidad" una sentencia "justa, sin necesidad de ningún otro calificativo". Ha señalado que las previsiones son que esta resolución esté en un plazo de entre seis u ocho meses.
Ha subrayado que el Tribunal se ha esforzado en atender las peticiones de las defensas, para "subsanar en la medida de lo posible las deficiencias que se hubiesen producido en tan compleja instrucción", y en dar un trato "respetuoso y digno" a todos los acusados. Ha expresado su agradecimiento a las instituciones, que han puesto los medios personales y materiales para la celebración de un juicio "de esta naturaleza", máxime en esta situación de crisis.
También se ha dirigido a los otros dos miembros del Tribunal, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, "magníficos magistrados y aún mejores amigos", asegurando que "es un lujo tenerlos" y agradeciendo su "discreta pero decisiva ayuda"; y a la secretaria judicial, de la que ha subrayado su profesionalidad y ser "perfecta coordinadora"; así como al fiscal, Juan Carlos López Caballero, letrados y procuradores por su colaboración y "lealtad procesal".
El presidente ha dicho sentirse "orgulloso" de todos los funcionarios que han hecho posible el desarrollo del juicio, destacando que su labor ha sido "un verdadero ejemplo de lo que debe ser un servidor público en cuanto a atención al justiciable y eficacia en el trabajo" y ha hecho mención a los periodistas que "día a día durante casi dos años han venido ofreciendo una información veraz y objetiva" del juicio.
* Europa Press - 30.7.12
Foto: Marbella, juicio Malaya - EP
.................................... Leer más...
LAINFORMACIÓN/Málaga* : El Gobierno ha indultado al exalcalde del PP en el municipio malagueño de Valle de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal, condenado por delitos continuados de prevaricación urbanística cometidos entre los años 2001 y 2004.
El Boletín Oficial del Estado publica la resolución del Ministerio de Justicia en relación con el expediente de indulto de Gómez Arrabal, condenado en octubre de 2009 por el Juzgado de lo Penal nº9 de Málaga como autor de 12 delitos de prevaricación urbanística, nueve de ellos de carácter continuado.
De este modo, se le conmutan las penas privativas de libertad impuestas por otra única de dos años de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación de este decreto.
En concreto, a Gómez Arrabal, que fue regidor de Valle de Abdalajís entre 1995 y 2007, año en que fue desbancado por el PSOE, se le condenó como autor de tres delitos de prevaricación urbanística a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años por cada delito.
Asimismo, se le condenó por otros cuatro delitos continuados de prevaricación urbanística y cinco continuados de prevaricación urbanística, a la pena, por cada uno, de un año de prisión, con la accesoria también de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años, con el máximo de cumplimiento efectivo de tres años de prisión.
Para conmutar las penas, se han considerado los informes del Tribunal y de la Fiscalía, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del pasado 29 de junio.
Tras la sentencia que condenaba al exregidor, así como a otros ediles más, Gómez Arrabal recibió el apoyo de sus vecinos; incluso, se creó una plataforma para evitar su ingreso en prisión y solicitar su indulto.
* La Información - EP - 18.7.12
Foto: Valle de Abdalajís (Málaga) - ayuntamiento.es
.................................... Leer más...
DIARIOPROGRESISTA* : Decenas de agricultores del Delta del Llobregat (Barcelona) que suministran frutas y verduras al mercado de la Boqueria, el más conocido de la capital catalana, han protestado este sábado frente a sus paradas contra el proyecto Eurovegas.
Convocados por la plataforma ´Aturem Eurovegas´, los agricultores han criticado que sus producciones están "amenazadas de muerte" por el complejo del magnate Sheldon Adelson.
En un comunicado, han lamentado que la Generalitat quiere "suplantar una sociedad que se había centrado en el esfuerzo y el ahorro, la pequeña empresa y el emprendimiento por la especulación y el juego".
Los agricultores han subrayado que su producción es "la despensa de Barcelona" y han resaltado sus tierras como un paisaje irrepetible en la comarca.
Además, han recalcado que los territorios que se expropiarían en el Parc Agrari del Baix Llobregat no son urbanizables según la planificación territorial actual, que debería ser modificada.
* Diario Progresista - 29.7.12
Foto: Barcelona, mercado Boquería - ep
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Almería* : Tras el consenso entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para demolerlo, el proyecto del hotel de El Algarrobico, en Carboneras, sufre un nuevo golpe. En este caso, a la actuación del alcalde de la localidad, Salvador Hernández. La Fiscalía de Medio Ambiente de Almería ha presentado una denuncia contra el primer edil por “tratar de legalizar la construcción del complejo”, según Ecologistas en Acción.
La fiscalía acusa al alcalde de un presunto delito de prevaricación y desobediencia por mantener la clasificación de El Algarrobico como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo dictasen lo contrario. También se le imputa un presunto delito de desobediencia al no respetar la servidumbre de protección de 100 metros establecida por el Supremo, según la sentencia del 21 de marzo de 2012. “El Ayuntamiento sigue manteniéndola en los 20 metros”, afirma el portavoz de los ecologistas en Almería, José Ignacio Domínguez.
El alcalde ha mostrado esta mañana su “respeto” a la decisión de la fiscalía y ha asegurado que no ha recibido ninguna notificación. El primer edil, quien ha abogado por la apertura del inmueble para “reactivar” el paraje, ha culpado a la Junta y al equipo de gobierno de la anterior legislatura —dirigido por el socialista Cristóbal Fernández— de la situación actual de El Algarrobico. “Esto no es de ahora, sino que viene de atrás. Este Gobierno no ha tocado nada del paraje, se mantiene tal como estaba desde 2009”, asegura.
Según el comunicado de la organización ecologista, que se personará como acusación popular en la causa abierta contra el regidor, a Hernández también se le acusa de instar a la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense y a la de Municipios del Bajo Almanzora a que aprueben mociones para urbanizar El Algarrobico.
“Vamos a ir tirando de la manta para pedir que se depuren responsabilidades y que todo aquel que haya apoyado este proyecto dé la cara”, reconoce Domínguez, quien cree que Fernández será el segundo en sentarse ante el fiscal ya que la licencia del proyecto se aprobó durante su mandato.
* El País - ANTONIO JESÚS MORA CABALLERO - 29.7.12
Foto: Algarrobico (Almería), ilegal - J.Rojas (El País)
.................................... Leer más...
ECOLOGISTASENACCIÓN* otorga esta año 79 Banderas Negras a los lugares más degradados y 12 Puntos Negros a los lugares más amenazados de la costa. De estos galardones, 20 corresponden a las obras e infraestructuras, 23 al urbanismo sin control, 33 a los vertidos al mar y 3 corresponden a los "residuos" generados por los grandes eventos.
Informe Banderas Negras 2012
Ecologistas en Acción ha presentado su informe anual Banderas Negras, con el titulo Poca vergüenza, que analiza la situación de la costa, mostrando la degradación y amenazas que sufre el litoral español. Así mismo, señala a responsables e implicados en este proceso de destrucción.
La gran proliferación de obras e infraestructuras ha provocado una rápida y descontrolada transformación del suelo. En la actualidad el 75 % del litoral se encuentra urbanizado o declarado urbanizable, el 44 % de la población vive en la costa y la industria del turismo desarrolla el 80 % de su actividad en la estrecha franja de 7 kilómetros, donde se estima pasan sus vacaciones 48 millones de personas.
El informe identifica 12 Puntos Negros, que señalan lugares que no sufren una transformación del territorio destacada y que se encuentran en estado semivirgen, pero amenazados por proyectos que pueden provocar la desaparición de los mismos. Algunos de estos casos son Valdevaqueros (Cádiz), Marina de Cope (Murcia) o la Playa de Ahuir en Gandía (Valencia).
El análisis del urbanismo denuncia la poca vergüenza de las Administraciones Públicas por seguir favoreciendo a los responsables del legado de la industria del ladrillo y la especulación, que con los usos del suelo han plagado la costa de activos tóxicos, es decir, procesos especulativos de antaño han pasado a ser a día de hoy viviendas y suelos sobrevalorados, claro ejemplo de ello son la zona de la Mangueta en Vejer (Cádiz) o Marina de Cope, entre otros. Nos encontramos ante más de 730.000 viviendas disponibles o en venta (entre 2004-2010), nada menos que el 65 % del total.
El informe detalla las obras costeras que, aunque en 2011 el presupuesto de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar se recortara a 100 millones de €, la inversión para artificialización de la costa se mantuvo: Construcción o culminación de obras de creación de paseos marítimos como los de Bolnuevo (Murcia), el Delta del Río Andarax (Almería), Gandía (Valencia), Badalona (Barcelona) o Cunit (Tarragona). El mantenimiento y consolidación de nuevos núcleos urbanísticos como Benicassim (Castellón), la Costa Occidental de Málaga o La Mamola (Granada). Y el aporte artificial de arena de yacimientos marinos o de cantera se reparte por toda la costa.
Otra obra costera con enorme impacto sobre el perfil costero es la elevada construcción de puertos deportivos, que provocan altos impactos sobre gran número de playas, como por ejemplo en: Barcelona, Tarragona, Valencia o Castellón.
Las infraestructuras de Puertos del Estado es causante de la destrucción de numerosas playas, como es el caso del Puerto de Valencia, con mayor incidencia en la Albufera, la ampliación de sus infraestructuras para la Copa América y la Fórmula 1, eventos que además han arruinado a la Generalitat Valenciana.
En términos globales las inversiones en infraestructuras portuarias, contenidas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020, son de 22.489 millones de € destinados a aumentar un 75 % la capacidad de los puertos.
Por último, el estado de las costas es cada vez más preocupante, en términos de calidad de aguas y situación de los ecosistemas. En este aspecto el déficit de infraestructuras y mala depuración de aguas residuales representa un grave problema que se suma al causado por los vertidos procedentes del sector industrial. En el informe Banderas Negras se considera necesario una adaptación de las depuradoras a la capacidad del territorio evitando así los continuos vertidos de aguas residuales mal depuradas, modificando la Ley de Responsabilidad Ambiental en materia de vertidos, para que estos dejen de ser rentables por encima de la afección y contaminación de los recursos públicos.
* Ecologistas en Acción - 26.7.12
Foto: Banderas Negras 2012 - EA
.................................... Leer más...
ABC/Sevilla* : Un total de 83 de las 90 sentencias relacionadas con el medio ambiente, el patrimonio histórico y el urbanismo emitidas durante el pasado año 2011 en Sevilla fueron condenatorias, siendo tan solo siete los casos en los que se obtuvo la absolución.
Según recoge la memoria de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo correspondiente a 2011, consultada por Europa Press, de las 90 sentencias dictadas durante ese año, el 80 por ciento estaban relacionadas con temas de ordenación del territorio y urbanismo, alcanzando el elevado número de 72 sentencias durante dicho año.
Muy por detrás del 80 por ciento copado por los temas de ordenación del territorio y urbanismo, se sitúan los relacionados con el medio ambiente, siete en total, que suponen un 7,7 por ciento del total. Con cuatro sentencias cada una, un 4,4 por ciento del total, se encuentran las sentencias emitidas en referencia a los incendios forestales y a la flora y fauna.
Tan solo dos sentencias emitidas durante todo 2011 se refieren a casos de malos tratos a animales domésticos --2,2 por ciento del total--, y, por último, el patrimonio histórico copa una sola sentencia de las 90 emitidas ese año.
En cuanto a los procedimientos judiciales llevados a cabo en el 2011, se han contabilizado 240, un volumen muy alto, aunque las diligencias de investigación han descendido con respectoa 2010.
En total, son 100 las diligencias incoadas en 2011, de las cuales 53 tienen relación con la ordenación del territorio --el campo que más diligencias de investigación acumula--, 32 con medioambiente, siete con flora y fauna y cuatro con patrimonio histórico y con incendios forestales. Es destacable que ninguna de las diligencias de investigación abiertas durante el pasado año 2011 guardan relación con malos tratos a animales domésticos.
* ABC - 27.7.12
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
.................................... Leer más...
MEDITERRÁNEO/Castellón* : El Ayuntamiento de Vinaròs no pudo celebrar anoche el pleno correspondiente al mes de julio. La sesión tenía previsto su inicio a las 21h, pero, media hora antes, frente al consistorio, estaba prevista una manifestación ciudadana, convocada de manera espontánea por las redes sociales, para mostrar la indignación ciudadana por los recortes con una sonora pitada y cacerolada que resultó masiva, ya que concentró a unas mil personas. Algunas accedieron al salón plenario e impidieron, con sus consignas contra el Gobierno central y el Consell, el inicio de la sesión.
Hubo incluso insultos al alcalde, Juan Bautista Juan, y a algunos concejales. El primer edil intentó iniciar sin éxito el pleno dos veces y decidió entonces convocar de manera urgente una junta de portavoces en la que se acordó posponerlo al lunes 30, en segunda convocatoria. Juan informó de que, en caso de que en esta ocasión se intente de nuevo impedir su celebración, tendrá lugar a puerta cerrada, una medida que decidió no adoptar ayer.
A la salida de edificio consistorial hubo momentos de tensión, ya que los manifestantes continuaban concentrados en la plaza y algunos de ellos increparon a los ediles, especialmente a los del equipo de gobierno. Varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta los alrededores de la plaza del Ayuntamiento ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos por el ánimo exaltado de algunos de los concentrados. De hecho, tal y como ha podido saber este diario, el propio subdelegado del Gobierno, David Barelles, se puso en contacto con Juan. Además, la delegada del Ejecutivo central en la Comunitat, Paula Sánchez de León, también llamó al primer edil para conocer qué pasaba.
POR LA PUERTA DE ATRÁS // El alcalde salió finalmente por el acceso lateral, pero algunos manifestantes se percataron y cortaron momentáneamente la salida, por lo que tuvo incluso que ser escoltado por la Policía Local y la Benemérita, ante la actitud amenazante de un reducido grupo de algunos de ellos que le siguieron por la plaza Jovellar y calle Socorro. Un recorrido que varios prolongaron hasta un conocido restaurante en el que se habían citado los concejales del equipo de gobierno para cenar.
Asimismo, al edil de Obras y Medio Ambiente, José Ramón Tárrega, le tiraron un huevo. Y otro acabó impactando en la concejala del PSOE Ana Rosa Escuin.
La protesta fue convocada días atrás de forma espontánea a través de las redes sociales y muchos acudieron ayer con pitos, cacerolas y otros objetos sonoros y coreando varias frases como “este gobierno no nos representa”.
La manifestación ya ha vuelto a ser convocada, vía redes sociales, para el próximo día 30 de julio a las 20.00 horas, fecha en que está fijado el nuevo pleno.
* El Periódico Mediterráneo - J. FLORES // I. CASTELL 27/07/2012
Foto: Vinaròs (Castelló), ayuntamiento - puntcastello
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Valencia* : El Cabanyal no quiere esperar más. Necesita una “rápida regeneración, revitalización y dinamización” para escapar del deterioro urbano y social en el que está sumido tras años de abandono. La llamada de socorro surgió este viernes del corazón del barrio, de los vecinos y comerciantes que sufren día a día la falta de atención e inversiones en que ha derivado el largo conflicto en torno al plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez. La petición de auxilio, además, unió por primera vez a asociaciones con posturas opuestas sobre el proyecto del PP, con la intención de reclamar que se abra un proceso de diálogo con el “único objetivo” de conseguir “la mejora de las condiciones de vida de los vecinos del Cabanyal-Canyamelar”.
Así, el comunicado conjunto está firmado por Salvem El Cabanyal, la plataforma que se opone al plan desde su aprobación hace más de una década, y la asociación vecinal Sí Volem, nacida hace algo más de dos años en apoyo del proyecto, así como por la asociación de comerciantes Acipmar, y la Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar, muy crítica con la actuación municipal.
El texto deja claro que los firmantes no renuncian a sus “legítimos puntos de vista” sobre el polémico proyecto o a emprender otras iniciativas por separado, y al mismo tiempo envía a los partidos políticos y al Ayuntamiento el mensaje de que el barrio necesita “soluciones inmediatas” al margen de lo que ocurra en el futuro con la avenida.
El manifiesto, impulsado especialmente desde la Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar, comenzó a gestarse el pasado invierno, pero el consenso en torno a las reivindicaciones comunes a todos los colectivos no se alcanzó hasta hace unos días. “Es por el bien del barrio. Los puntos de acuerdo nos benefician a todos”, afirmó este viernes Amparo Moliner, miembro de la asociación Sí Volem. “Pero que quede claro que mantenemos nuestra postura a favor de la prolongación”, subrayó. Vicente Gallart, portavoz de la Associació de Veïns, destacó el acuerdo entre entidades de “distintas sensibilidades” y expresó su “esperanza de que muchas otras organizaciones del barrio apoyen la propuesta unitaria”. Por su parte, la plataforma Salvem El Cabanyal se felicitó por el "esfuerzo de todos por superar las diferencias" y apuntó que siempre ha creído que la división social que ha marcado los últimos tiempos era "más artificial que otra cosa". La plataforma aprovechó para recordar que el 27 de julio de 1998, hace 14 años, se aprobó en el pleno municipal el encargo de redactar el polémico plan, que en el pleno de este viernes volvió a creae polémica.
Mientras los vecinos aparcaban la polémica de la avenida de Blasco Ibáñez en aras del consenso, la alcaldesa, Rita Barberá, insistía desde el Ayuntamiento en que agotará la vía judicial para ejecutar su plan.
El comunicado de las entidades del barrio se centra en cinco reclamaciones básicas. La primera es la exigencia de que las Administraciones luchen contra los “focos delictivos” en el barrio, especialmente el tráfico de drogas. El segundo punto reivindica un “punto final a la degradación urbanística y social”, que pasa por una “urgente limpieza y cuidado de calles y solares” y un “estricto control” de las casas deshabitadas, muchas de ellas ocupadas por familias sin recursos “que las habitan en condiciones infrahumanas” y necesitan el respaldo de los servicios sociales.
Vecinos y comerciantes piden, además, un plan de rehabilitación de viviendas, para lo que solicitan al Ayuntamiento que levante la suspensión de licencias de obra que mantiene desde que en 2010 el Ministerio de Cultura del anterior Gobierno socialista ordenó parar el plan de partir en dos el barrio con el derribo de más de 400 casas por considerarlo un “expolio” al patrimonio histórico.
El manifiesto subraya también la necesidad de poner en marcha un plan para dinamizar y potenciar el comercio. Finalmente, los firmantes abogan por “la búsqueda del mayor consenso posible” y mesas de diálogo “entre todos los agentes implicados”. “La situación económica actual nos obliga a buscar puntos de encuentro que ayuden a la recuperación de nuestro barrio, no permitiendo que las diferentes posturas sobre el proyecto municipal nos dividan”, concluyen.
El consenso surgido del barrio se estrelló contra la postura inamovible de Barberá, que en el pleno municipal rechazó la petición de los socialistas de acatar la última —y enésima— sentencia que avala la orden ministerial de proteger El Cabanyal frente a los derribos, informa Alberto G. Palomo. El PP seguirá insistiendo en los tribunales y ante el Gobierno de Rajoy en desbloquear el plan. La alcaldesa, además, reiteró que no se darán licencias hasta que la situación legal se aclare. Y entonces, “no tengan la menor duda de que actuaremos”, espetó Barberá a la oposición.
El concejal socialista Vicent Sarrià criticó el “orgullo” de la alcaldesa al no aceptar las ofertas de diálogo de la oposición, vecinos y las universidades. “¿Por qué no empezamos ya a tratar los problemas del barrio?”, pidió el portavoz de Compromís, Joan Ribó. “Es el momento de conseguir el consenso social y ciudadano para un plan serio de rehabilitación”, apuntó también Amadeu Sanchis. El portavoz de Esquerra Unida destacó la “lección” dada por los vecinos, que han sido capaces de unirse para reivindicar un futuro para El Cabanyal y reprochó al Grupo Popular: “Les estáis dando una bofetada en la cara”.
Pero el PP no se movió. “Cuando se arreglen los problemas legales se podrá actuar”, declaró el vicealcalde, Alfonso Grau.
* El País - SARA VELERT Valencia 27 JUL 2012
Foto: Una calle del barrio de El Cabanyal en Valencia. / MÒNICA TORRES
.................................... Leer más...
