ELPAÍS/Madrid* : Casi todo el urbanismo de Boadilla del Monte está bajo sospecha. En total, la suma de las adjudicaciones de las que podría haberse beneficiado la trama del caso Gürtel podría alcanzar los cien millones de euros. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, ha acordado que la empresa municipal del suelo de este municipio madrileño (EMSV) envíe toda la documentación referida a las adjudicaciones de las que fueron beneficiarias tres empresas que aparecen en el sumario de la red corrupta: Teconsa, Ortiz y el Grupo Rafael.
El juez quiere cotejar, entre otros, el expediente municipal de la adjudicación del Auditorio Escuela de Música de Boadillla del Monte. El Ayuntamiento de Boadilla, con el imputado en el caso Arturo González Panero de alcalde, otorgó esta obra, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a la sociedad Ortiz, por un valor de 5,35 millones de euros.
Pero el magistrado ha ido un poco más allá al requerir a la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado (IGAE) para que emita un informe que determine el grado de cumplimiento de los contratos otorgados a la empresa Tecnologías de la Construcción (Teconsa), por un montante que supera los 25 millones de euros.
La petición de Ruz siembra ahora la sospecha sobre otras adjudicaciones que, hasta el momento, no estaban incluidas en el sumario. Se trata de la construcción de una piscina municipal cubierta en el Polígono de Las Eras, por un importe de 2,94 millones de euros; la adjudicación de dos colegios, uno de primaria y otro de secundaria, por un valor de 3,97 millones de euros; y tres promociones de viviendas de protección pública, de 96, 80 y 57 viviendas cada una, y más del doble de plazas de garaje. Solo esta última, las 57 viviendas, superan los 8 millones de euros. En total, y según estimaciones del caso, Ruz pone el foco en las adjudicaciones de Teconsa y Ortiz, que suponen una inversión superior a los 30 millones de euros procedentes del Consistorio, que entonces gobernaba Arturo González Panero, alias El albondiguilla, con Juan Siguero como número dos. Ambos están imputados en la causa.
Además, y fuera del urbanismo, el magistrado reclama a la empresa municipal del suelo de Boadilla toda la documentación referida a la adjudicación, facturación y pago de 16 eventos que supuestamente beneficiaron a la red de Correa. Ruz investiga si Correa se benefició también de la organización de estos 16 actos públicos realizados por sus empresas. Según un auto del pasado 17 de mayo se trata de tres campañas sobre la Ora; dos sobre la implantación del SER en Boadilla; dos promociones publicitarias sobre el ahorro de agua; cuatro publicidades sobre viviendas públicas; dos campañas del festival Summercase 2006; otras dos sobre la celebración de una gala en una televisión privada; así como la inauguración de la sede del PP de Boadilla del Monte el 19 de julio de 2006. Este acto contó con la presencia e Arturo González Panero, pero también de quien entonces era secretario general del PP madrileño Francisco Granados, de la actual delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Adrados.
Esta decisión judicial constituye un paso firme e importante, pues hasta el momento las adjudicaciones bajo sospecha en Boadilla del Monte se limitaban a la edificación de un polideportivo por parte de la sociedad Constructora Hispánica (30 millones de euros), la pavimentación de varias calles del centro de Boadilla, también a Hispánica (500.000 euros); la adjudicación de una parcela por 27 millones a la firma UFC, de José Luis Ulibarri, así como la adjudicación directa a Easy Concept, una de las empresas del presunto cerebro de la red, Francisco Correa, de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), que superaba los 7,2 millones de euros. Otra de las adjudicaciones de las que se benefició la red corrupta, más de un centenar de locales comerciales y plazas de garaje en la promoción Residencial Siglo XXI está valorada en 6 millones de euros. Todo por un montante muy superior a los más de 60 millones de euros.
A ello hay que añadir que el exjuez Baltasar Garzón logró abortar una operación de la trama Gürtel en la urbanización Prado del Espino (Boadilla) por la que el Ayuntamiento de este municipio perdía un mínimo de 13 millones de euros, según un informe de la policía.
Si a los últimos 30 millones de Teconsa y Ortiz se suman los más de 60 millones sospechosos que se habían detectado hasta el momento, el beneficio de la red podría haber superado ampliamente los 90 millones de euros, según las valoraciones de las adjudicaciones municipales. Incluyendo actos e ingresos que se dejaron obtener, la red Gürtel pudo tener un beneficio cercano a los 100 millones de euros,
Los informes que forman parte de las diligencias judiciales apuntan también al ingreso en las cuentas de la trama de 1,8 millones de euros que posteriormente se repartieron tanto Correa como Pablo Crespo, su número dos. La policía apunta que se trata de "una cantidad muy elevada para vincularla a un solo pago, y más teniendo en cuenta que en otras actuaciones realizadas con Teconsa el pago de la comisión correspondía a un porcentaje de un 3% sobre el precio de adjudicación de la obra". Por ello considera que el importe "no se correspondería con el pago de una comisión, sino que aglutinaría varias adjudicaciones de las que ha sido beneficiaria Teconsa en Boadilla del Monte [Madrid]". Estas adjudicaciones son las que está investigando ya Ruz, que también trata de determinar la participación de Teconsa en la organización de la visita del Papa a Valencia.
* El País - TONO CALLEJA Madrid 3 JUN 2012
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais
El urbanismo de Boadilla, bajo sospecha
La voracidad urbanística se come a bocados la costa española y las mejores playas
20MINUTOS* : El proyecto urbanístico que amenaza la playa virgen de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz), es el enésimo ataque contra un paraíso natural en España. En el país donde se tuvo que inventar la palabra ladrillazo para denominar los excesos cometidos por los promotores inmobiliarios, no hay arenal protegido ni paraiso natural que frene el avance de las excavadores.El proyecto de Valdevaqueros afecta a 700.000 m2 con una edificabilidad de 84.000 m2, prevé la construcción de un complejo hotelero de 1.450 plazas y 350 viviendas, y está promovido por la empresa GMT, con el arquitecto Juan Muñoz –marido de la periodista Ana Rosa Quintana– a la cabeza. La Comisión Europea está estudiando la denuncia presentada por Verdemar-Ecologistas en Acción por posibles infracciones en la playa de Los Lances y en la duna de Valdevaqueros.
El mismo día que esa playa acaparaba titulares, se conocía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba la protección ambiental dada por la Junta de Andalucía en 2008 al paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) en el que se proyecta la macrourbanización 'Marinas de Aguamarga' con 350 viviendas en parcelas de uso residencial y un hotel con 300 habitaciones.
Pero antes que Valdevaqueros y Aguamarga, hubo otros nombres de playas paradisíacas que se han hecho tristemente famosos por las agresiones o amenazas sufridas. Repasamos algunos de ellos con ayuda del informe que cada año elabora la organización Greenpeace.
Paisajes amenazados
Es trenc. El Gobierno balear ha dado su aval al proyecto de construcción de un complejo hotelero a 150 metros de la playa virgen de Es Trenc. Es un arenal de más de cuatro kilómetros que había sido preservado por la norma estatal de costas. Curiosamente la playa de Es Trenc fue elegida por nuestros lectores como la mejor playa balear de 2011.
Marina de Cope. La Región de Murcia promueve el proyecto turístico e inmobiliario más ambicioso de la comunidad: convertir 21 millones de metros cuadrados de costa virgen en un megacomplejo urbanístico. En el proyecto de Marina de Cope se prevé la construcción de unas 5.000 viviendas y 20.000 plazas hoteleras, así como cinco campos de golf, centros deportivos y de ocio, así como una marina interior para 2.000 embarcaciones.
Jaizkibel. El proyecto de construir un puerto exterior adosado al monte Jaizkibel (Hondarribia) está en stand by después de que un informe ministerial concluyese que alteraba "de forma irre-versible" los LIC –ecosistemas protegidos– de Jaizkibel y Ulía. Euskadi, con 253 kilómetros de costa, tiene protegido "sólo un 14,2% de su litoral,el porcentaje más bajo de todo el Estado", según un informe de Greenpeace y Jaizkibel Bizirik.
Puerto Mayor-Puerto Maestre. En 2005 se paralizaron cautelarmente las obras del puerto deportivo Puerto Mayor, en La Manga (Murcia). Más de la mitad de la superficie que se ganará al mar se dedicará a la creación de un campo de golf y a la construcción de viviendas. Las obras continuaron durante meses a pesar de la petición de paralización del ministerio de Medio Ambiente. En 2008 el TSJ autorizó al promotor a terminar la dársena deportiva, pero no la urbanización.
Paisajes destruidos
Algarrobico. El Supremo falló en marzo que el hotel Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre. La sentencia sentencia desetimaba el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN). Sin embargo, el PP busca ahora la fórmula para sortear la ley.
Marina D'Or. El mega complejo urbanístico de Marina d'Or (Castellón) tenía en 2010 el dudoso honor de superar el índice de 30 pisos sin vender por cada 1.000 habitantes, la media española está en 13,3 por cada 1.000 personas. Contra todo pronóstico, en abril de 2010, la Generalitat aprobó el Proyecto de Actuación Integrada (PAI) para la construcción de 35.000 nuevas viviendas en Marina d'Or Golf (en Cabanes y Oropesa).
Acantilados de Andratx. (Mallorca). "Un desastre urbanístico", según el Tribunal Supremo, que en diciembre de 2009 condenó a sus principales responsables. El alcalde del pueblo, Eugenio Hidalgo, ingresó en prisión después de haber sido condenado a 4 años de cárcel por haber construido un chalé en una zona rústica protegida. El alto tribunal justificó entonces que se acudiera al Derecho Penal "ante la inoperancia administrativa" para frenar la destrucción paisajística.
Urbanización Calafat. Otro ejemplo de saturación urbanística, tan propia de la costa de Tarragona, donde en pocos años, la sobreedificación ha ocasionado una barrera continua. En la primera mitad de la década, la mayor concentración de nuevas construcciones en la costa catalana se ha producido en el entorno del delta del Ebro. Además, en esta zona con escasez de agua, se han producido desarrollos urbanísticos alrededor de campos de golf.
Las cifras de la destrucción
(Según datos de Greenpeace)
El 44% de la población española vive en los municipios costeros, que apenas representan el 7% del territorio.
En los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día.
En algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial.
En la actualidad en España hay suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20 millones de viviendas.
Entre 1990 y 2000 la urbanización en España aumentó un 25,4%, la población, un 5%.
En 2007 los ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de 3.000.000 de nuevas viviendas.
En la actualidad hay en España 416 campos de golf. Un campo de golf necesita al año una cantidad de agua equivalente al consumo de una población de 10.000 habitantes.
En 2008 la venta de pisos en la costa descendió un 30%. En 2009 había un millón de viviendas sin vender, casi la mitad en la costa mediterránea.
En 2004, el presupuesto necesario para mantener las infraestructuras turísticas (aeropuertos, puertos, hoteles, playas, etc.) superó en un 25% a los ingresos producidos por el turismo.
Siete de cada diez alcaldes acusados de corrupción fueron reelegidos en las elecciones municipales de 2007.
En 2010, 38 ciudades españolas incumplen la normativa de depuración de aguas, cuyo plazo vencía en diciembre de 2000.
* 20 Minutos - 31.5.12
Foto: Tarifa (Cádiz), playa Valdevaqueros - martindearriba
Fomento dará 1,2 millones para la red que legalizará viviendas en Barreiros
ELPAÍS/Lugo* : El Estado pondrá dinero en Barreiros. El convenio por el que Xunta, Diputación de Lugo y Ayuntamiento pretenden arreglan el estropicio urbanístico de la villa costera con 14 millones de euros para saneamiento, servicios e infraestructuras viarias contará también con algo más de 1,2 millones que abonará el Ministerio de Fomento al municipio, a cuenta de la cesión de varios tramos de la carretera nacional para su conversión en travesía urbana. Los fondos estatales contribuirían así a la aportación municipal prevista en el convenio, siete millones que hasta ahora se suponía que se iban a obtener de los promotores inmobiliarios con intereses en la zona. Con ello se pretende dar viabilidad al crecimiento inmobiliario autorizado por el alcalde, el popular Alfonso Fuente Parga, que dio licencia para levantar 3.000 edificios, casi tantos como los habitantes del lugar.
La contribución de Fomento se suma a los 5,2 millones que sí han consignado los promotores ante el Ayuntamiento a través de avales, según sostuvo ayer en la comisión de Ordenación Territorial del Parlamento la secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, a preguntas del diputado socialista Ismael Rego. Este salió de inmediato al paso. “Van a implicar también al Estado. ¿No quedamos en que el 50% lo ponían los promotores?”, preguntó, para arremeter contra el “ultraje” de que se financie “el gran pelotazo” con impuestos “mientras otros viajan en Mercedes y se desplazan a países exóticos”.
El debate trató también sobre la renuncia de la Xunta a los contenciosos con el Ayuntamiento a cuenta de la manga ancha de este al autorizar licencias, que en algunos casos suscitó también el interés de la fiscalía. Rivas apeló al informe de la asesoría jurídica que supuestamente avala este cambio de postura frente a la beligerancia de la Xunta del bipartito, que llegó a suspender el planeamiento municipal. La modificación de la ley de ordenación del territorio de 2010, que elimina la obligación de los parcelaciones en núcleos rurales, y el propio convenio multilateral fueron motivo para el desistimiento, según argumentó. Rego volvió a reclamar que se entregue tal informe, que la cámara reclama sin éxito desde hace un año.
Los vaivenes doctrinales de los servicios jurídicos de las Administraciones salieron también a colación en el debate previo sobre los núcleos rurales costeros. El nacionalista Bieito Lobeira reclamó que la Xunta pida al Estado que retire el recurso contra la Lei de Vivenda de 2008, aprobada en Galicia por consenso y que trataba de regular la cuestión. El Gobierno de Zapatero recurrió la ley por invasión de competencias y la cuestión sigue pendiente en el Tribunal Constitucional. “Se nos dijo que si el PP gobernaba el recurso se retiraba”, recordó Lobeira, que anticipó una resolución desfavorable del Constitucional. Rivas apuntó que el PP ya recurrió al tomar posesión en la Xunta. Entonces en el Gobierno central estaba el PSOE, pero volver a pedir la retirada ahora que gobierna el PP sería al entender de la secretaria de Urbanismo “trasladar el mal ejemplo de que las decisiones de la Abogacía del Estado son tuteladas por el Gobierno de turno”. Después insistió en que Xunta y Ministerio de Medio Ambiente negocian una solución para los núcleos.
El BNG, por último, quería “exigir” al Gobierno central que en ningún caso la concesión a la fábrica de celulosas de Ence en Pontevedra siga más allá de 2018. Los populares optaron por “instar”, y no hubo acuerdo.
* El País - VÍCTOR HONORATO Pontevedra 31 MAY 2012
Foto: Panorámica de edificios en construcción en Barreiros, donde el Ayuntamiento dio licencia para construir unos 3.000 / ANXO IGLESIAS
El Supremo invalida el plan de usos de la Albufera a seis meses de caducar
LASPROVINCIAS/Valencia* : Una sentencia del Tribunal Supremo del 10 de mayo anula el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque de la Albufera. Este plan, que está en vigor desde el 19 de noviembre de 2004, caduca este año ya que su plan de vigencia era de ocho años.
Acció Ecologista-Agró interpuso esta demanda en 2005 al considerar que el plan permitía extender el suelo urbano al territorio protegido (sobre todo en terrenos de Pinedo, El Palmar y El Perelló) y al entender jurídicamente que esta norma no podía estar por encima de la del Plan Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Las acciones legales comenzaron ese año y en 2008 consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia les diera la razón, aspecto que ahora ha ratificado el Supremo, cuatro años más tarde. Sin embargo, la nulidad llega un poco tarde puesto que el PRUG era un plan que nació con la caducidad de ocho años, es decir que este año tiene que actualizarse.
De hecho la Consellería de Medio Ambiente ya ha comenzado la ronda de contactos para cambiar la norma.
Desde d'Acció Ecologista-Agró se recibió ayer la noticia con alegría. El representante de la agrupación en la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, Víctor Navarro, explicaba que la sentencia es muy positiva porque «anula todas las autorizaciones que se han hecho sobre la zonificación de la zona. Lo que ha dicho el Supremo es que no cabe extender el suelo urbano al terreno protegido», decía ayer. El miembro de Agro tildaba tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de «temerarios» al haber pensado que el PRUG podía estar por encima de una norma superior como es el PORN. Y expresaba que la sentencia lo dice muy claro al «imponerles el pago de los 6.000 euros que suponen las costas del juicio», que tendrán que repartirse a partes iguales las dos instituciones.
Navarro entiende que desde la Conselleria y el Ayuntamiento se van a tener que revocar ahora algunas de las autorizaciones que se han dado para hacer «algunas casas de aperos, pequeñas casas vallados y, por ejemplo, la licencia de los casas de madera que se hicieron en un camping cercano al Palmar».
Navarro entiende que «los 300 chalets que Valencia quería hacer en la zona de Pinedo ya no se van a poder hacer» y apunta hacia un lugar que tendría mucha más repercusión porque se trata de una obra que ya está terminada: «Habrá que ver si la reforma y ampliación del Parador del Saler es legal o no».
El ecologista lo tiene claro: «Ahora lo que tienen que hacer es anular todas las autorizaciones que han dado desde el 2004 y si no actúan entonces podremos empezar a hablar de prevaricación». «Ahora lo que vamos a hacer nosotros es revisar todas las autorizaciones que se han dado y vamos a priorizarlas dependiendo del daño que ecológico que hayan podido producir».
El Ayuntamiento de Valencia no quiso pronunciarse al no tener constancia aún de la sentencia condenatoria. En los últimos años se han realizado importantes actuaciones como la regeneración de las playas, la demolición de una fábrica y un colegio en la playa y la plantación de árboles y arbustos autóctonos de la Devesa de El Saler.
* Las Provincias - 1.6.12
Foto: Parque Natural de la Albufera - turismo
Proteger solo al casero no potencia el mercado de alquiler
Las medidas del Gobierno prevén que los propietarios puedan recuperar su vivienda en cualquier momento con independencia de lo que establezca el contrato, mientras que el inquilino también podrá dejar el piso comunicándolo con un mes de antelación. Hasta ahora los contratos tenían una duración de cinco años —la llamada prórroga forzosa— y de tres más si ninguna de las partes decía lo contrario. El Ejecutivo quiere que el periodo de prórroga forzosa sea de tres años y otro más de forma tácita. Es decir, el límite legal para permanecer en un piso de arriendo se reducirá a la mitad, de ocho a cuatro años.
España ha adolecido siempre de un mercado de alquiler muy débil por la primacía de la cultura de la propiedad. Los últimos datos de Eurostat, de 2010, indican que el 83% de los ciudadanos vive en un piso de su propiedad, mientras que solo el 17% reside con otro régimen de tenencia, sobre todo alquiler. La excepción es la ciudad de Barcelona, cuyo parque de viviendas de alquiler siempre ha oscilado entre el 25% y el 30%. Varios países superan esa proporción, todos ellos del este de Europa (ver cuadro). En Dinamarca, Francia, Reino Unido o Países Bajos entre el 30% y el 40% de los ciudadanos vive en régimen de alquiler, mientras que en Alemania esa proporción llega al 46,8%. En Suiza, incluso, el porcentaje de gente que arrienda (55,7%) es mayor que el de compra. La carencia es todavía más elevada en el alquiler social, que, según el Comité Europeo por la Vivienda Social, supone el 1% del parque de viviendas en España, frente al 19% de Francia, por ejemplo. ¿Servirán las medidas del Gobierno para corregir esos déficits?
“El Gobierno vuelve a equivocarse”, asegura con rotundidad el vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, quien considera que el problema actual en el mercado de alquiler “no es de oferta, sino de demanda”. “No hay suficiente gente que demande viviendas de alquiler. Los inmigrantes vuelven a sus países, la gente que se cambia de ciudad por trabajo ha disminuido y los jóvenes que se independizan de sus padres también descienden. Por primera vez hay un exceso de oferta y por eso los precios están bajando, y mucho”, sostiene Bernardos.
Las condiciones de ahora del mercado inmobiliario pueden resumirse en una demanda que ya no puede acceder a la compra y debe ir al alquiler y, a la vez, otra que ya ni puede permitirse arrendar. El año pasado, 58.200 familias fueron desalojadas de su hogar, un 22% más que en 2010, según el Consejo General del Poder Judicial. Muchas, además, están acudiendo al alquiler por obligación: no pueden pagar sus cuotas hipotecarias y llegan a un acuerdo de dación en pago con la entidad acreedora para seguir en el piso en régimen de alquiler. “No creo que las medidas sirvan para impulsar el alquiler. Va a ser más el mercado el que fuerce a la gente que se plantee alquilar en vez de comprar”, asegura Miguel Hernández, experto en el sector inmobiliario de IE Business School. Hernández recuerda que, antes de la crisis, la brecha entre la compra y el alquiler estaba en el precio: salía más a cuenta hipotecarse que alquilar. Es decir, el arraigado mantra de que alquilar es tirar el dinero. “Algunas medidas eran necesarias, pero debe haber un diferencial entre el alquiler y la compra”, afirma.
Por el lado de la oferta, a finales de 2010 había 687.523 viviendas vacías que no hallaban comprador. Pero eso era solo de obra nueva. El Censo de Población y Viviendas de 2001 estaba en más de tres millones en las casas vacías. Y, a falta de que estos datos se actualicen este año, los expertos estiman que la cifra va a escalar. La exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, considera que el principal problema del stock de viviendas es que muchas no son aptas para el alquiler, ya sea por su tipología o por su ubicación. El profesor Bernardos, en cambio, propone que el Gobierno actúe por el lado de la oferta. Por ejemplo, movilizando el parque de viviendas que está en manos de la banca con un alquiler máximo de unos 150 euros mensuales, “asequible para una familia que lo esté pasando mal”.
La insolvencia de la demanda, también en el alquiler, está obligando a bajar precios. Según el último informe del portal inmobiliario Idealista.com, líder en España, en 31 de 42 capitales de provincia analizadas hubo descensos de precios en el primer trimestre del año. Y muchas llevaban encadenando varias bajadas. La oferta de pisos de alquiler, además, casi se ha duplicado entre 2009 y 2011. El Gobierno catalán, que dispone de datos oficiales porque es obligatorio depositar las fianzas de los pisos en la empresa pública Incasòl, ha registrado en ese periodo un incremento del 30% de los nuevos contratos de alquiler. Si en 2008 había 80.000 arriendos anuales, hoy hay casi 130.000.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha defendido en el Senado que el borrador que ha preparado pretende “preservar la libertad de arrendatarios y arrendadores” y asegurar una mayor “equidad” en sus relaciones, puesto que los inquilinos podrán dejar su vivienda sin ninguna penalización económica si deben trasladarse de ciudad por motivos económicos. Bernardos discrepa: “Todas las medidas están pensadas para mejorar la rentabilidad del propietario de vivienda, pero se olvida que el alquiler tiene un componente social muy importante. El Gobierno lo ve como un asunto de mercado estrictamente, pero los contratos de alquiler estaban muy acotados por ese factor social”, afirma.
Ahí coincide la exministra Beatriz Corredor, que opina que el Gobierno considera “el alquiler como un bien de inversión y no como una forma de acceso a la vivienda”. “Se trata de dar al alquiler un mínimo nivel de dignidad”, afirma Corredor. Una de las claves para ampliar el mercado de alquiler es “darle un mínimo nivel de dignidad”. Para Corredor, el fomento del alquiler pasa por igualar las condiciones fiscales de uno y otro modo de residencia y estimular la emancipación de los jóvenes. Y el Gobierno, recuerda, de momento ha decidido suprimir la renta básica de emancipación por las medidas de austeridad y, en cambio, ha vuelto a generalizar las desgravaciones fiscales para la compra de una vivienda habitual.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno, además, está la desaparición del IPC como referencia para actualizar los precios del alquiler. Serán las partes, según ha anunciado el Gobierno, quienes acuerden esa subida. Corredor desconfía de esa medida y recuerda que la liberalización de los alquileres de la ley de Boyer, en 1995, no consiguió movilizar el parque de viviendas hacia el alquiler, sino que se aumentaran las rentas. Tampoco Bernardos considera adecuada esa medida, puesto que la reforma debería proteger al más débil, “al inquilino”. “No se da una situación de igualdad entre arrendador y arrendatario”, afirma.
Fernando Encinar, de Idealista.com, opina que “para el inquilino no hay mejoras sustanciales, y todas las medidas favorecen al propietario”. “La medida de no tener como referencia el IPC da una inseguridad enorme al inquilino. El propietario puede venir y decirle que tiene una oferta mejor y que le sube el arrendamiento de golpe si quiere quedarse”, advierte.
¿Se ha pasado el proyecto de ley, pues, al proteger demasiado al propietario en detrimento del inquilino? En época de bonanza, las patronales venían asegurando que si no había más alquileres era por la inseguridad jurídica del propietario. Y ello a pesar de que la tasa de morosidad del alquiler, en esa época, era mucho más baja que la de la compra, de alrededor del 1%. Otra de las medidas de la ley consiste en agilizar los desahucios de los inquilinos morosos. La propuesta de Fomento pasa por que, si así lo propone el contrato, el impago pueda desembocar a la resolución del arrendamiento, sin más exigencia que un previo requerimiento notarial o judicial y sin necesidad de una sentencia declarativa. El responsable de Infraestructuras de KPMG, Cándido Pérez Serrano, asegura que la norma dará “más protección jurídica” a los propietarios. “A largo plazo, también será mejor para los demandantes, porque habrá un parque de viviendas más amplio donde elegir”, afirma.
El coordinador general del Observatorio de la Vivienda del Consejo del Notariado, Ignacio Navas, aplaude toda medida que dé “seguridad jurídica” al arrendador, pero critica que se pueda producir una semiliberalización, es decir, que la liberalización acabe siendo “excesiva” para el inquilino. “Sería partidario de que se deje libertad a las partes cuando sean dos particulares, pero no cuando el arrendador sea una sociedad”, asegura.
Más rotunda es la organización Cáritas Barcelona, que media entre bancos y ciudadanos para evitar desahucios. La organización ha pedido al Gobierno que retire ese proyecto al considerar que trata de responder a las exigencias “del sector financiero” para poder alquilar viviendas en un corto plazo de tiempo, sin apenas compromisos y con “las máximas facilidades para los desahucios”. En su opinión, España tiene hoy una oportunidad única de tener un parque de vivienda social en alquiler si movilizara el parque de viviendas “ocioso” que ahora está en manos de las entidades que ha nacionalizado. Y más en un momento en el que un alquiler barato sería la solución para miles de familias que están al borde de la exclusión social.
* El País - LLUÍS PELLICER / LUIS DONCEL Barcelona / Madrid 29 MAY 2012
Foto: Se alquila - elmundo.es
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Los privilegios de las concesionarias de autopistas
Las concesionarias de autopistas en España disfrutan de un beneficio fiscal tan obsoleto como el de la Iglesia en cuanto a pago de tributos a las Haciendas Locales. Desde 1972, las concesionarias están bonificadas con el pago del 95% del IBI que corresponde a los municipios por los que discurren sus carreteras de pago. La norma preconstitucional se perpetuó con el cambio de legislación que tuvo lugar en 1988 con la entrada en vigor de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y continúa hasta el momento actual. Aunque la norma prevé que las nuevas autovías sí paguen el tributo, en la práctica no se ha materializado este cambio ya que o bien las concesiones se han prorrogado en el tiempo o bien la Justicia ha entendido que una nueva autopista era la continuación o mejora de una ya existente. Además, las carreteras gratuitas se encuentran totalmente exoneradas del pago de este impuesto municipal.
La compensación por parte del Estado de esta bonificación, o su derogación, es una petición histórica de la Federación Española de Municipios (FEMP), que conviene recordar en mitad de la presión de las concesionarias por extender los peajes en sombra o la famosa ‘euroviñeta’ por todo el entramado de carreteras español. Los ‘lobbies’ de las concesionarias de las autopistas (ASETA) y el de las grandes constructoras (SEOPAN) han articulado su discurso de presión alrededor del peaje en las autovías por la necesidad de concienciar a los ciudadanos de que “los servicios públicos no son gratuitos”.
Sin embargo, estas empresas se han olvidado de explicar en sus informes que lo que sí es gratuito para ellas es el paso por los municipios españoles, un beneficio fiscal que ha sustraído miles de millones de euros a las arcas públicas locales.
Por apuntar un ejemplo de lo que este regalo fiscal retrae de las arcas públicas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló en 2010 a favor de las protestas de un grupo de pequeños ayuntamientos que solicitaban la compensación por parte del Estado del cobro de este impuesto. Así, el TSJM reconoció que Monasterio de Rodilla, un municipio de Burgos de 215 habitantes por el que discurre la AP-1, tenía derecho a una compensación de más de 425.000 euros por el impuesto no cobrado desde 2006.
La sentencia reconocía el derecho a cobrar el 100% del IBI desde 1983, pero los pagos anteriores a 2006 se consideraron prescritos. Finalmente, el Tribunal Supremo falló a favor de la Administración General del Estado en el recurso final, y Monasterio tuvo que devolver los primeros 200.000 euros que ya había cobrado por los años 2006 y 2007.
Aunque no hay cálculos de lo que este impuesto podría suponer para el conjunto de los ayuntamientos de España a los que afecta, es fácil imaginar lo que se están ahorrando las concesionarias de autopistas si una pedanía de 200 habitantes como Monasterio se queda sin cobrar al año 100.000 euros por este IBI.
En total, en la sentencia del TSJM desestimada por el Supremo, se le había reconocido el resarcimiento de 4,5 millones de euros en concepto de IBI a una veintena de pequeños municipios atravesados por la AP-1. Por su parte, los diez regidores de los ayuntamientos afectados por la autopista del Huerna aseguran que dejan de ingresar al año seis millones de euros por la bonificación impuesta por la Administración General del Estado.
Los estudios que maneja ASETA sobre la recaudación que se obtendría con la Euroviñeta hablan de unos ingresos anuales de 2.700 millones, aunque la patronal SEOPAN rebaja sus aspiraciones a 1.800 millones. En cualquier caso, ambas cifras no estarían muy alejadas del montante que supondría para el Estado por la recuperación del IBI para las haciendas locales, un verdadero chute de liquidez para los famélicos ayuntamientos.
Las patronales justifican el pago del peaje por el uso y deterioro de la red viaria por parte de aquellos conductores que lo utilizan pero de nuevo omiten recordar que los vecinos de un municipio cargan con la bonificación de este impuesto, tanto usen la autopista como si no. El origen de este incentivo fiscal en los setenta, e incluso de su continuación en los ochenta, se puede entender en un contexto de infradesarrollo de la red viaria del país y del intento del Estado de impulsar la iniciativa privada en la construcción de autopistas. Pero, ¿es sostenible que las grandes constructoras reclamen el cobro de un peaje generalizado y el disfrute al mismo tiempo de una bonificación de impuestos indiscriminada?
Como apunte final, y para que el lector se haga una buena composición de lugar del tipo de presión al que las concesionarias someten al Gobierno del PP, cabe recordar que el presidente de la patronal de las autopistas (ASETA) es José Luis Feito, el mismo que ha ejercido durante años de mentor intelectual de la CEOE y que recientemente ha hecho declaraciones tan singulares como que los parados deberían aceptar un trabajo en Laponia.
Feito era del equipo de confianza de la vicepresidencia de Economía liderada por Rato a comienzos de la década pasada, y trabajó codo con codo con el actual ministro del ramo, Luis de Guindos.
* El Diario.es - Opinión - 29.5.12
Foto: Autopistas de peaje vacías - elpais.com
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A más ladrillo, más deudas
Es el caso de Finestrat, el municipio valenciano más endeudado de entre las poblaciones con menos de 20.000 habitantes. Sumando la deuda financiera y los pagos pendientes a proveedores, esta localidad, de apenas 6.000 habitantes, que ha triplicado su población desde el año 2000 por su proximidad a Benidorm, debe 22 millones de euros.
La remisión de facturas impagadas al Gobierno para someterse a un plan de ajuste suma 12 millones de euros y su remanente negativo de tesorería a finales de 2010 —último ejercicio auditado por la Sindicatura de Comptes— fue de casi 9,6 millones. Ese mismo año, en plena crisis, el Consistorio, gobernado por el PP desde 2007 con mayoría absoluta, tuvo un desfase presupuestario negativo de 970.664 euros sobre un presupuesto de 14 millones.
Cuando el PP alcanzó el poder, la deuda era de ocho millones de euros. El actual portavoz socialista, Vicente Martínez, se queja de que “han estado camuflándola para no disparar las alarmas y no sobrepasar el límite máximo legal de endeudamiento que, ahora, cuando han reconocido que se deben 22 millones, está más que rebasado”· “Se ha desbordado todo porque el gasto sigue descontrolado”, prosigue Martínez, para quien “Finestrat podría ser un pueblo rico si se toman medidas”, ya que “solo del Impuesto de Bienes Inmuebles ingresa casi siete millones de euros”. Pero no se trata solo de la deuda, de la que el PSPV culpa al anterior edil de Hacienda, Juan Francisco Pérez. Hoy, en Finestrat, hay siete urbanizaciones diseminadas y otra media docena por desarrollar.
Frente a esta fallida aventura, otro municipio, Parcent (1.123 habitantes), en La Vall de Pop de La Marina Alta, decidió rebelarse ante el frenesí urbanizador que se desató tras las elecciones de 2003 con la alcaldesa del PP, María del Carmen López. El movimiento vecinal que surgió para oponerse a los tres PAI aprobados en enero de 2006, que preveían la construcción de 1.800 viviendas, acabó generando la llamada doctrina Parcent, al posicionarse en contra el Tribunal Superior de Justicia y denunciar luego el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo la política urbanística valenciana. De aquella movilización surgió el Gobierno local de Coalición Democrática de Parcent, hoy con una amplia mayoría, que dio carpetazo al plan general ideado por sus predecesores y se comprometió con la transparencia.
Cada año el Ayuntamiento de Parcent hace públicas sus cuentas. Este ejercicio manejará un presupuesto de 626.775 euros —que llegó a ser de 2,31 millones en 2006—, solo un 0,6% inferior al del año anterior, en plena crisis y caída generalizada de ingresos para la mayoría de municipios valencianos. No ha necesitado un plan de ajuste y mantiene una única deuda de 22.532 euros con la empresa de los contenedores soterrados de recogida de residuos, con la que ha pactado el pago cuando el Ayuntamiento cobre el Plan Confianza. Las cuentas de 2011 se cerraron con 27.000 euros de superávit y el Consistorio incluso adelantó 43.000 euros de salarios que debería haber abonado la Generalitat.
* El País - ARTUR BALAGUER - 27.5.12
Foto: La localidad de Parcent, que evitó la urbanización de sus montes, vista desde el Coll de Rates. / NATXO FRANCÉS
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Imputan a funcionarios de Benalmádena por irregularidades urbanísticas
Las pesquisas, dirigidas por un juzgado de la provincia, se iniciaron a raíz de la denuncia de una persona del entorno del ayuntamiento benalmadense, que puso en conocimiento de la Benemérita una serie de supuestas irregularidades en la construcción de una promoción de viviendas en el municipio, explicaron las fuentes consultadas.
El expediente sobre el que han puesto el foco los investigadores data de hace varios años. Los especialistas de la Guardia Civil indagan en una operación en la que al parecer se habría conseguido un aumento de edificabilidad en la construcción de unos inmuebles utilizando unos documentos aparentemente falsificados. Esas supuestas irregularidades habrían colocado en el punto de mira de la investigación a varios funcionarios que trabajan -o lo habrían hecho en el pasado- en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Benalmádena.
Fase de explotación
Tras varios meses gestándose en los despachos de los agentes que llevan el caso, la operación ha entrado esta semana en su fase de explotación. En los últimos días han sido citados para prestar declaración varios funcionarios y trabajadores municipales. Algunos de ellos han sido interrogados en calidad de imputados y se les ha informado de que van a ser citados por el titular del juzgado que instruye las diligencias.
El peso de la investigación lo ha llevado el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona); los mismos grupos que trabajaron, en un mano a mano con el Cuerpo Nacional de Policía, en la 'operación Majestic' contra una supuesta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de Casares.
No en vano, las dos investigaciones se han simultaneado en el tiempo. 'Majestic', que llevaba cocinándose en comisaría y en la comandancia desde finales de 2010, saltó a la palestra el pasado 14 de mayo, cuando un equipo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil precintó el Ayuntamiento de Casares para proceder a su registro.
La redada se saldó aquella jornada con las detenciones del exalcalde Juan Sánchez, su esposa, un abogado y una mujer. Durante los días siguientes, varias personas desfilaron por el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona para ser interrogadas por su presunta implicación en la trama. La primera fase de 'Majestic' se cerró la semana pasada con doce imputados, aunque con los dos principales sospechosos en busca y captura.
* SUR - JUAN CANO / JAVIER RECIO - 30.5.12
Foto: Benalmádena (Málaga), ayuntamiento - guiadebenalmadena
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La Plataforma por una Vivienda Digna exige que se depuren responsabilidades civiles, penales y también políticas por la burbuja inmobiliaria
La asociación de carácter estatal Plataforma por una Vivienda Digna inició sus pasos en el año 2003, en los tiempos en los que el precio de la vivienda crecía a un 17% anual mientras desde el Ministerio de Economía capitaneado por Rodrigo Rato, se nos decía -como si eso fuese motivo de orgullo- que “si la vivienda estaba cara era porque los españoles podían pagarla”. Tras el trabajo de análisis preliminar, pronto nos dimos cuenta de que eso no era exactamente así, sino que la vivienda estaba tan cara porque los bancos podían financiarla a esos precios trayendo recursos del extranjero y por ende, comprometiendo nuestro futuro, convirtiendo el tristemente famoso “milagro económico” en una falacia de proporciones históricas, porque era obvio que posteriormente llegaría el día en el que tendríamos que pagar las enormes deudas. Desde entonces llevamos denunciando adonde nos llevaba esto.
Ha pasado mucho tiempo desde aquel momento y con tremenda incomprensión y desazón hemos contemplado año tras año, como prácticamente todas las medidas en materia fiscal, urbanística o de política de vivienda que han ido tomando los distintos ejecutivos nacionales y autonómicos, de uno u otro partido, no sólo no ayudaron a reconducir la situación del mercado inmobiliario, sino que sólo sirvieron para empeorarla. A pesar de nuestras repetidas denuncias, todo, absolutamente todo el marco regulatorio se ha puesto durante años al servicio de la compraventa de viviendas a precios disparatados, relegando otras opciones que existen y que son tan dignas como la propiedad, en el objeto de que la ciudadanía satisfaga su necesidad vital de alojamiento.
Esta aciaga reiteración en los errores de la clase política, llevó a esta organización a participar de las manifestaciones multitudinarias de 2006-2007 que vinieron a denunciar la profunda ruptura social y económica que estaba ya provocando el modelo de “gente sin casas y casas sin gente” –ya se habla de seis millones de viviendas vacías-. Incluso en aquella ocasión, las medidas que se tomaron por una “vivienda digna” al calor de la protesta social, salvo tenues avances que fueron deshechos poco después, se utilizaron subrepticiamente para fomentar aún más la compraventa de viviendas a precios desorbitados y con ello, el sobreendeudamiento generalizado de la población en base a sus necesidades vitales. La PVD por aquel entonces atónita ante lo que estaba sucediendo, llegó a pedir la dimisión del ministro de Economía, Pedro Solbes -al que se obsequió con un ladrillo gigante- por negarse a frenar o limitar en algún modo la espiral crediticia con la aprobación de la Ley Hipotecaria, una Ley que se redactó de espaldas a la ciudadanía al dictado de las entidades financieras y que, por cierto, contó con el apoyo del Partido Popular y de CiU –quizás el único precedente en toda aquella legislatura de sumo enfrentamiento político-.
Cuando el castillo de naipes construido sobre la necesidad de vivienda de los ciudadanos comenzó a tambalearse, nos dijeron primero que no pasaría nada, que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo, luego que eran pequeñas turbulencias provocadas por los avatares internacionales y que sería algo pasajero, posteriormente llegaron las ayudas públicas a los bancos para “garantizar el crédito y poder seguir creciendo” y cuando llegó el cambio de gobierno, que “se sabía lo que había que hacer” para arreglar el desaguisado. Y mientras, por otro lado se seguía haciendo “mas de lo mismo” y negando una burbuja inmobiliaria –y con ello la corresponsabilidad-, que por no ir más lejos fue calificada de “topicazo” por el actual ministro de Hacienda hace tan solo unos meses. Y ahora llegan las grandes nacionalizaciones y el traspaso ingente de la deuda odiosa a los ciudadanos, un quebranto monumental e histórico por el que no se tiene intención ninguna de responder.
Entre tanta declaración falaz y oscurantista destacó por doloroso el tópico de “nadie nos avisó”, “nadie fue capaz de prever esto”…Tajantemente falso: los avisos fueron constantes y reiterados tanto a nivel interno, como originados en el extranjero durante años. El propio Jaime Caruana ya en 2002 alertaba del aumento de riesgo por el endeudamiento de las familias, a lo que también el actual Ministro de Hacienda replicó “que eso era bueno ya que la compra de un piso programa a largo plazo un incremento del nivel de ahorro”1. Nos consta también que la intervención del Banco de España conocía al menos desde el año 2006 los grandes desequilibrios con los que el mercado inmobiliario estaba amenazando a la banca española. Y si fuera sólo eso…en esta asociación hemos tenido la oportunidad de examinar numerosísimos estudios e informes –los primeros datados en el año 2000-, y muchos otros como los de la ONU, el BdE, el CSCAE, The Economist, los servicios de estudios de distintas entidades financieras internacionales, la OCDE, el FMI, los distintos informes emitidos desde la Unión Europea y un largo etcétera incluyendo a los de esta asociación, que coincidían en desaconsejar la política de vivienda, fiscal y urbanística que se estaba practicando en España. Los casos más sangrantes se dan con los estudios que el propio gobierno encargó a sus órganos consultivos para pasar a olvidarlos a continuación: Consejo de Estado, Observatorio de la Vivienda, etc. Y la pregunta que surge es ¿por qué no hicieron nada ante las numerosas alertas? Quizás porque como dijo el comisario europeo Almunia “hubiese sido retirar la ginebra a mitad de la fiesta”. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿la fiesta de quién? Porque es obvio que alguien se ha pegado un gran festín en el mercado inmobiliario y ahora no quiere pagar la cuenta, que es bastante abultada.
Sin olvidar la parte de responsabilidad que también reside en entidades europeas, es tal el cúmulo de sinrazones y despropósitos, que sólo los intereses espurios de los que nos han gobernado a nivel personal, de sus formaciones políticas a nivel colectivo y de su interrelación con las entidades financieras y otros negocios privados, pueden explicarlos. Con un país al borde del colapso económico y social, creemos firmemente que de una vez por todas se ha de romper la baraja y que ha llegado la hora de que se depuren responsabilidades y que los que han perpetrado el “festín inmobiliario” paguen por el inmenso daño que han causado a la sociedad española.
Es por ello por lo que esta asociación ha decidido presentar varios escritos en las más altas instancias del Estado y de la Unión Europea: La Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, instándoles a iniciar un proceso indagatorio y de investigación que confiamos lleve a delimitar responsabilidades de todo tipo allá donde las haya. Hay mucho, mucho que investigar. No se puede aceptar, si queremos tener un futuro democrático y en libertad, que quienes han provocado el caos actual, sigan disfrutando de sus pingües sueldos y pensiones e incluso tomando decisiones, mientras a los ciudadanos –que ya estamos en una situación límite y somos los únicos que hemos pagado el “festín” hasta la fecha- se nos condena a lustros de degradación de nuestro sistema de bienestar social, a más empobrecimiento, a un desempleo fuera de todo orden y a una enorme exclusión social.
Y aún al borde del default, seguimos echando leña al fuego
Y hablando de todo ello ¿qué ha hecho el nuevo gobierno para enderezar esta situación? Pues la respuesta es simple: acelerar exponencialmente las mismas políticas del desastre. Esta asociación ya anunció el continuismo con las políticas del gobierno anterior, cuando en plenas navidades el ejecutivo incluía en un Real Decreto-Ley, a escondidas, una línea de avales para la banca de nada menos que 100.000 millones de euros. Poco después se anunció la aplicación de un IVA superreducido para todas las viviendas, incluyendo las residencias de lujo. También, resultó muy elocuente, el reforzamiento retroactivo de las deducciones a la compra de viviendas para nuevos demandantes, unas “ayudas” que realmente han venido terminando en manos de bancos y promotoras -77.560 millones desde 1979 nada menos2- y que todos los estudios e instituciones coinciden que han contribuido como nadie a que se infle la enorme burbuja inmobiliaria que hemos sufrido en España y que, por si fuera poco, a estas alturas están detrayendo unos recursos necesarios e imprescindibles a los servicios sociales básicos de la ciudadanía.
Ya más recientemente el gobierno ha anunciado más “cambios” regulatorios en el mercado de la vivienda, amenaza con precarizar aún más el mercado del alquiler con un lamentable anteproyecto de ley –favoreciendo así aún más la compra-, ha congelado vergonzantemente los módulos de protección oficial cuando lo que se debe hacer con ellos es reducirlos drásticamente y por si fuera poco, ahora se anuncian exenciones fiscales adicionales en impuestos inmobiliarios que son determinantes para el presupuesto de las comunidades autónomas. Todo ello persigue el mismo fin: que si tiene que bajar el precio de la vivienda, que sea la porción que disfruta el Estado y no la de las entidades privadas la que baje. Es absolutamente desquiciante comprobar que se sigue sin comprender que para deshacer el agujero negro inmobiliario que decía el gran profesor Naredo, sólo existe un camino que radica en la profunda desinversión y en la bajada drástica en el precio de la vivienda hasta volver a unos precios razonables en relación a los salarios y eso mientras se afianza una política de vivienda realmente social para garantizar el derecho al alojamiento a los más necesitados.
No damos crédito a que todavía aún hoy, se siga intentando echar más leña a una hoguera que ha abrasado ya el país y que se siga obviando que cada persona que se endeuda en exceso por la compra de una vivienda, contribuye a afianzar aún más las insolvencias bancarias y la sequía del crédito tan necesario para generar empleo. Algunas veces hemos aludido al país que van a dejar nuestros gobernantes a las generaciones venideras, pero ahora vamos a probar con la dimensión trascendente de la persona, porque la Historia, esa eterna huella, juzgará a todas estas personas como lo que son, ni más, ni menos. De todo esto y dada la gravedad del asunto, tengan a buen seguro que algún día se escribirá, ya habrá un Pascual Madoz que lo cuente porque no se puede engañar a todos todo el tiempo.
* Plataforma por una Vivienda Digna - Mayo 2012
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El Gobierno no puede amparar la ilegalidad urbanística fomentando la impunidad
Durante los años felices de la burbuja inmobiliaria se han construido miles de viviendas ilegales. Los controles administrativos para que esto no sucediera no han servido de nada. Los diferentes controles con los que cuenta la Administración, tanto local como autonómica, han fallado. En torno a la construcción se ha creado un mundo de especulación y corrupción en la que han participado políticos de todos los colores. De hecho, los controles han fallado porque no se ha querido que funcionasen.
La administración de justicia tampoco ha estado a la altura de las circunstancias: procedimientos muy lentos y poco eficaces, junto a jueces poco proclives a dictaminar paralizaciones cautelares, han facilitado que terceros de buena fe hayan comprado viviendas que posteriormente han sido declaradas ilegales.
La construcción de estas viviendas ha propiciado ingentes beneficios a promotores, constructores e intermediarios y, en muchos casos, políticos corruptos. Sólo son terceros de buena fe los que hayan comprado sin conocer las circunstancias de esas viviendas, pero no todos los compradores desconocían lo que estaban comprando. Y en los casos en los que así haya sido pueden estudiarse salidas alternativas como que la indemnización sea costeada con los beneficios de quienes han construido y propiciado esas viviendas ilegales. Sin olvidar que aunque los propietarios hayan actuado de uena fe, los gestores responsables de esos permisos irregulares deberían pagar por estas prevaricaciones.
Ecologistas en Acción considera que el Gobierno, una vez más, está utilizando la excusa de daños a terceros para amparar intereses especulativos. Y si, como se comprueba cada día, apenas hay consecuencias para los responsables del desastre urbanístico en España y tampoco existe el temor a la demolición, la impunidad será total.
Para Ecologistas en Acción la actuación debería ser justo la contraria a la que pretende el Gobierno popular: agilizar los procedimientos judiciales para que las sentencias se dicten antes de que las construcciones se finalicen y los jueces y tribunales dicten paralizaciones cautelares para evitar que se finalice las actuaciones ilegales.
* Ecologistas En Acción - 31.5.12
Foto: Aguilas (Murcia) - bahía del hornillo - greenpeace 2006
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Fomento estudia una amnistía para miles de viviendas ilegales
Fomento ha preparado un documento de 58 páginas “a favor de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas”, en el que incluye cambios en la Ley del Suelo, la de Propiedad Horizontal, la de Economía Sostenible y un decreto ley de 2011 de racionalización del gasto público. El ministerio insiste en que queda un largo camino por delante, que muchas partes pueden sufrir cambios y que es un texto muy técnico, “sin respaldo político”, para recibir sugerencias y alegaciones.
El texto intenta facilitar la renovación y rehabilitación de viviendas, la salida natural para el sector de la construcción. El borrador destaca que “existe actualmente suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos 45 años” mientras que “el stock de la ya construida, sin vender y vacía, está tan sobredimensionado”, que la construcción de vivienda nueva ha caído un 88%.
Entre reformas para facilitar la rehabilitación, figura un cambio en la Ley del Suelo de calado. Ahí, con una redacción algo críptica, señala que “será causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia o acto administrativo firmes, en virtud de los cuales haya de demolerse una edificación, el hecho de que los propietarios de todo o parte de la misma hubieren adquirido su derecho” de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, el que hace referencia a la inscripción en el registro de los terceros de buena fe.
Es decir, que quienes compraron casas en Marbella que luego fueron declaradas ilegales, si lo hicieron con todos los papeles municipales, no deberían temer el derribo. En muchos casos (el Puerto de Santa María, la Axarquía de Málaga, el interior de Almería o la costa cántabra), los Ayuntamientos dieron licencia a chalés y urbanizaciones en terreno rústico. Esas licencias fueron anuladas por los tribunales cuando las casas estaban ya vendidas e inscritas.
Un caso típico es el de la comarca de la Axarquía, en Málaga, donde puede haber unas 10.000 viviendas construidas sobre terreno rústico. Allí, los dueños parcelaban terrenos en los que solo estaba permitido una casa para los aperos de labranza y levantaban chalés con el visto bueno de los municipios. Con frecuencia eran vendidos a británicos que luego descubrían que eran ilegales.
Aunque se actuara por la vía penal contra los regidores que dieron licencias, ejecutar la demolición de las viviendas era mucho más complicado. En la costa de Cantabria también hay urbanizaciones enteras con sentencia de derribo y con cientos de propietarios que compraron con permiso.
El texto de Fomento añade que para beneficiarse de este cambio legal, las construcciones deberían cumplir cuatro condiciones. Las viviendas deben estar terminadas (no se aplica a obras aún en marcha). Además, la compraventa debe ser posterior al fin de la obra, de forma que no sea el promotor quien se beneficie de la amnistía, y no debe exceder la licencia o el plan urbanístico que fue declarado ilegal. Por último, no puede estar en dominio público (cauces de ríos o en primera línea de playa) ni de defensa y no suponer un riesgo para las personas.
La norma no afectaría a las casas construidas directamente sobre la playa, el dominio público marítimo-terrestre. Para las levantadas allí legalmente antes de la Ley de Costas, de 1988, el Ministerio de Medio Ambiente prepara una reforma de la Ley de Costas. Según ha anunciado a su Consejo Asesor, lo construido en terrenos degradados podrá desafectarse de forma sencilla. Ese es el trámite para convertir el dominio público en privado y afectaría a barrios enteros como El Palo, en Málaga.
La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo relata la dificultad para ejecutar las sentencias de demolición y cómo en algunas zonas hay un conflicto social por el tema. La Fiscalía de Cádiz resalta la existencia de “verdaderos grupos de presión para la regularización de viviendas ilegales, evitándose con ello las procedentes demoliciones”. “Los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística [...] Tales grupos no solo exigen la legalización de sus edificaciones —muchas de ellas incursas en procedimientos penales— sino que, con base en su supuesta incapacidad de hacer frente a los gastos, tratan además de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos [...] se financie con fondos públicos”.
En enero pasado, la Junta de Andalucía, del PSOE, aprobó un decreto que daba “reconocimiento jurídico” a entre 300.000 y 350.000 viviendas aisladas. “Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas”, explicó la entonces consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.
El documento de Fomento también plantea un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal para favorecer la aprobación de ciertas obras en las comunidades de vecinos. Para instalar obras de telefonía o paneles solares, solo hará falta un tercio de los votos de los propietarios, frente a los tres quintos actuales. Para los postes de recarga de coches eléctricos en el aparcamiento bastará con notificarlo a la comunidad.
* El País - RAFAEL MÉNDEZ - 30 MAY 2012
Foto: Vista aérea de urbanizaciones levantadas en Marbella. / JULIÁN ROJAS
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Baleares.- El Parlament aprueba la reforma que abre la puerta a construir más en rústico
La ley de medidas urbanísticas urgentes es una ley promovida desde la macroconselleria que dirige Biel Company, que el viernes anunció su incorporación al PP para ocupar un cargo en la dirección. «Esta ley es un asalto a la arquitectura territorial de Balears», dijo el portavoz adjunto del PSIB.
La era Matas
Más duro se mostró el diputado Antoni Alorda (PSM-IniciativaVerds-Entesa), que señaló que «volvemos a las normas de Jaume Matas y a las de su director general, Jaume Massot, que ahora está en la cárcel». Mabel Cabrer (PP) dijo que esta declaración es una muestra de «la demagogia» de la oposición.
La diputada popular Virtudes Marí explicó que se han aceptado algunas enmiendas de la oposición, como una del PSM para dar cobertura legal a los ayuntamientos para que puedan multar a los propietarios de los edificios que no quieran pasar inspecciones técnicas. «Los ayuntamientos no podían poner sanciones y todo quedaba en papel mojado y ahora se crea esta nueva infracción urbanística, que es un tema muy importante para mejorar la calidad del parque de viviendas», indicó Marí, que señaló que también han llegado a un acuerdo con el PSOE para que las cesiones en suelo urbano y urbanizable sean del 15% y para la simplificación de los trámites en la delimitación de ámbitos de actuación. Asimismo, se ha pactado otra enmienda con el PSM sobre las competencias de tramitación de los expedientes de disciplina urbanística.
* Última Hora - T.B./C.R. | Eivissa | 28/05/2012
Foto: Palma, parlamento balear fachada - fotonoticia
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Sevilla.- Vecinos del Prado reclaman al TSJA que el fallo de la biblioteca se cumpla "en sus justos términos"
Así lo han explicado a Europa Press fuentes del caso, que han añadido que debe ser ahora la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal, que ya dio una prórroga para que Universidad y vecinos de la zona alcanzaran un acuerdo consensuado sobre qué hacer con lo ya construido, la que se pronuncie sobre qué hacer al respecto.
Pedir el cumplimiento de la resolución fue el punto acordado por unanimidad por los residentes tras reunirse éstos en Junta, según indicó a Europa Press el presidente de la comunidad, José Cubiles, que ha señalado que los vecinos entienden que la sentencia del TSJA, confirmada por el Supremo y reiterada en los ocho recursos restantes, "constituye jurisprudencia, formando parte del ordenamiento jurídico según la ley, y debe ser respetada, acatada y cumplida por todo el mundo, más aún por la demandada, la Universidad de Sevilla , y sus rectores, que al parecer, y desgraciadamente, no están por esa labor".
La comunidad de vecinos asegura lamentar "el costo producido al erario público" por la obra ejecutada y la "demora" en "el derribo de lo ilegalmente construido y el restablecimiento de la situación anterior". Al respecto, su presidente alude a "las excusas y maniobras evasivas" y a los recursos que "previsiblemente" incoará la demandada, si bien aduce que la responsabilidad de todo ello debe recaer "exclusivamente" en los que adoptaron y consintieron los acuerdos de edificación "que han sido declarados nulos y contrarios a derecho".
Según ya confirmaron a Europa Press fuentes de la US, el equipo jurídico de la institución académica y los representantes de los vecinos han estado manteniendo reuniones estos días con la intención de llegar a algún acuerdo que "no desaproveche" la inversión realizada en la zona por la Hispalense, cuantificada en "unos seis millones de euros" entre el diseño del proyecto encargado a la arquitecta Zaha Hadid y la puesta en marcha de las obras.
Esta posible solución consensuada con los vecinos no podía ir en ningún caso en contra del espíritu de la sentencia del Alto Tribunal que establece que no se puede construir la biblioteca en este lugar.
Hasta la fecha, una de las posibles reutilizaciones de lo edificado que se ha puesto sobre la mesa es el uso como parking subterráneo, algo que no ha contado con el visto bueno de la comunidad de vecinos, que sólo quiere que los Jardines del Prado vuelvan a su estado original como zona verde.
* El Correo de Andalucía - EP - 29.5.12
Foto: Sevilla, obras paralizadas biblioteca el Prado (archivo) - elpais
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Citan como imputado al alcalde de Murcia en una investigación de corrupción urbanística
Según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, la toma de declaración del alcalde Cámara se ha fijado para las 10 horas de ese día. Este juzgado investiga desde octubre de 2010 una presunta trama de corrupción urbanística en Murcia conocida como operación Umbra que comenzó con el registro de la sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia y de otras dependencias oficiales y privadas. Según fuentes judiciales, la imputación de Cámara se ha acordado a instancias del fiscal, que considera necesaria su declaración como firmante de los convenios urbanísticos investigados.
Cámara firmó el 7 de octubre de 2010 un decreto para la personación del Ayuntamiento en las diligencias que afectan a la Gerencia de Urbanismo, cuyo entonces concejal, Fernando Berberena, y director, Alberto Guerra, estaban imputados.
El 22 de diciembre de 2010 el juzgado acordó la devolución de la fianza de 60.000 euros exigida al gerente de Urbanismo del ayuntamiento de la capital e imputado, Alberto Guerra, y a principios de ese mes también la devolvió a otro imputado, el profesor Higinio Pérez.
La resolución judicial incluía también el levantamiento de todas las demás medidas cautelares adoptadas en su día contra Guerra, entre ellas, la obligación de personarse periódicamente en el Juzgado y la prohibición de salir del territorio nacional si no contaba con la preceptiva autorización del juez. El Plan General de Ordenación Urbana de Murcia de 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, y seis de esos convenios son los que han sido investigados.
* 20 Minutos - EFE - 29.5.12
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org
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Quieren hacer 350 viviendas y 1400 plazas de hotel en el paraíso de Valdevaqueros en Tarifa
El espacio de 700.000 m. cuadrados se encuentra entre el Parque Natural del Estrecho y el Parque de Los Alcornocales y sería urbanizado bajo la coordinación de Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana.
Actualización 21h, 29 de Mayo.
A pesar de todas las peticiones y la rápida movilización de miles de ciudadanos en las redes el proyecto ha sido aprobado. Jose Carlos Luque informa del resultado de la votación sobre la urbanización de Valdevaqueros: PP, PSOE, PA han votado a favor. Abstención de ULT y el único voto en contra de IU.
Según el diario Europa Sur, “el Plan Parcial Sector Litoral 1 Valdevaqueros será llevado al pleno previsto hoy martes. Son más de 700.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 84.000 metros cuadrados, dentro de los cuáles se prevén 350 viviendas y un total de 1.423 plazas hoteleras. “Propiciará que en Valdevaqueros se habilite una zona de servicios turísticos que significará en los próximos años reiniciar el desarrollo urbanístico, mejorar y ampliar la infraestructura turística y la reactivación de todo un sector con la consecuente creación de empleo”, dijo el equipo de gobierno del PP”.
Equo rechaza la urbanización de Valdevaqueros, playa virgen de alto valor ecológico.
Según la web oficial del Ayuntamiento de Tarifa: “La Junta de Compensación de Valdevaqueros, representada por el famoso arquitecto Juan Muñoz, ligado a la popular presentadora de televisión y editora, Ana Rosa Quintana, será ahora la encargada de promover y desarrollar un proyecto urbanístico apropiado”.
Regulada en la Ley del Suelo de 1976 , la Junta de Compensación es una entidad urbanística colaboradora, con personalidad jurídica propia que asume la ejecución de la urbanización.
Según informó en 2009 el Diario de Sevilla: El juez lleva al banquillo a 15 implicados por presunta corrupción en Alhendín. El ex alcalde del PP, tres concejales, una decena de empresarios y un técnico son acusados de delitos urbanísticos “groseros de ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa”. Una decena de empresarios también son imputados: Juan Leocadio Muñoz -marido de la comunicadora Ana Rosa Quintana-, Fernando Muñoz, el padre de ambos, Fernando Muñoz Noguera y otros. (…) Según el juez instructor, el que fuera concejal de Urbanismo “concertó con Fernando y Juan Leocadio Muñoz” el concurso en el que se adjudicarían las obras a las que presentaba Tarje, la empresa de ambos, también señalados en otro caso de presunta corrupción en San Roque, Cádiz en 2006.
Según informó en 2009 el Diario de Cádiz: ”la empresa Chival del Grupo Tarje, reflotará el histórico proyecto para construir en la playa de El Palmar -Vejer- dos apartahoteles con más de 1.300 plazas .(…) Juan Leocadio Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana está al frente del Grupo Tarje“. El proyecto de El Palmar se paralizó tras una fuerte campaña de oposición de miles de personas.
El Ayuntamiento de Tarifa está gobernado por una coalición entre el Partido Popular y el Partido Andalucista. La Corporación Municipal está integrada por 17 concejales, lo que convierte la mayoría absoluta en nueve. El Equipo de gobierno está formado por siete concejales del Partido Popular y dos del Partido Andalucista. El actual alcalde de Tarifa fue candidato por 4 partidos: PA, IU, TAIP y PP. Y Alcalde con tres de ellos.
Según el grupo en Facebook, Salvemos Valdevaqueros (Tarifa):
Ayer ”tarde hubo reunión con la oposición (decepcionante); al parecer no está confirmado al 100% pero lo más probable es que tod@s voten el SI. Asistió un miembro del PSOE, un miembro de Unión Liberal Tarifa. Con excepción de Izquierda Unida (que tampoco nos dieron seguridad, lo que decida el partido).
Este plan parcial será aprobado (hoy) martes 29. La información que tenemos a esta hora de la tarde, tras la reunión y diversas conversaciones con Asociaciones Ecologistas, prensa, Partidos... son: Los 700.000 metros cuadrados, es decir, 70 hectáreas (equivalente 70 campos de fútbol) quedan fuera del Parque del Estrecho y del Parque de Los Alcornocales (pero justo en medio) y frente al Parque del Estrecho, los separa la carretera e intentan vendernos que no generará impacto….
Pero a tan sólo 5 metros (espacio aproximado de la carretera), lo cuál creará impacto sí o sí. Por otro lado, el estudio de impacto que hay es obsoleto y del año 90 (cuando en el año 2000 se entró en Red Natura 2000) y la concesión como Parque del Estrecho es desde 2003. Obsoleto desde hace 17 años y prescrito (caduca a los 5 años).
No hay prospecciones arqueológicas en la zona. Toca 7 puntos de interés comunitario por Red Natura 2000 (este concepto es creado por la UE para dar protección a especies en peligro de extinción).
Todo se traduce a que darán un SÍ, con distintas excusas que dependen de lo que digan en las reuniones del partido…. bla bla bla y esto, con total naturalidad. (…)
Ahora lo importante es vernos a las 7.00 de la tarde en la plaza del ayuntamiento de Tarifa con camisetas con el texto SALVEMOS VALDEVAQUEROS (aunque sea escrito con rotuladores tipo edding) y a las 8.00 será el pleno en el que aprobarán este plan parcial con total normalidad, a nadie le irrita que sean 700.000 metros cuadrados de ladrillo???
No obstante, para la semana que viene empezaremos a colgar modelos de denuncias para aquellos que quieran sumarse a la denuncia colectiva que llegará tanto a UE (Bruselas), como a UNESCO (Límite de Reserva de la Biosfera) así como a Fiscalía Anticorrupción.
Por otro lado, habrá quién piense que es una buena oportunidad para conseguir trabajo tal y como están las cosas, pero, actualmente las promociones que se están construyendo en Tarifa, de que tiran o de que tiraron? de mano de obra barata traída de fuera que llegaban en autobuses”.
* Periodismo Humano - 29.05.12
Foto: Tarifa (Cádiz), salvemos Valdevaqueros
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Valencia.- FGV dio contratos por 2,7 millones a una empresa que investiga la fiscalía
La información detallada de los contratos adjudicados a dedo a Med Seguridad SA la ha conseguido el diputado del PSPV y portavoz de Infraestructuras, Francesc Signes, quien presentó una bateria de preguntas a la Conselleria de Hacienda para conocer las adjudicaciones conseguidas por una de las mercantiles a la que investiga la fiscalía.
La sorpresa ha sido comprobar que la misma empresa también ha sido contratada por el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) desde 2003, cuando la gerencia estaba ocupada por Marisa Gracia, así como por el Gestor de Transportes y Puertos (GTP), que depende de la Conselleria de Infraestructuras. Precisamente de este ente gestor depende la contratación de la vigilancia del circuito de Fórmula 1 de Valencia, que también se adjudicó a Med Seguridad SA en 2008, 2009 y 2011. Los otros contratos adjudicados por GTP a Med Seguridad se refieren a la vigilancia de estaciones en el TRAM de Alicante, que también explota FGV.
Otros departamentos de la Generalitat también han contratado los servicios de Med Seguridad SA para la vigilancia de dependencias de las «conselleries» de Bienestar Social, Agricultura, Sanidad y el Consell Valencià de Cultura por un valor total de 5,6 millones de euros, como mínimo. La cifra podría ser mucho más voluminosa ya que en las respuestas facilitadas al diputado Francesc Signes, la Conselleria de Hacienda no aclara cuánto se ha pagado a esta empresa por la vigilancia del circuito, contratada a través de GTP. Se limita a informar de que se abonaba una tarifa de 18,52 euros por hora y por vigilante en 2008 y 2009 y otros 19,94 euros euros por hora y por vigilante en 2011. El diputado Signes ya ha exigido una aclaración complementaria de la información «sesgada», denuncia el diputado, que Hacienda ha facilitado en estas respuestas.
La cantidad de 5,6 millones tampoco incluye los contratos de vigilancia en Metrovalencia y el TRAM de Alicante, a 849.000 y 998.000 euros, que FGV adjudicó en 2007 a Med Seguridad y que fueron rescindidos el pasado mes de marzo porque FGV se retrasaba en los pagos y la mercantil presentó su renuncia alengado que «no podía continuar prestando el servicio».
Fuentes del sector de la vigilancia consultadas por Levante-EMV se sorprenden del éxito de Med Seguridad en toda esta batería de concursos, ya que está considerada como una empresa de tamaño «pequeño-media» en este mundo.
Un éxito sorpresivo y varias "coincidencias"
El diputado del PSPV y portavoz de Infraestructuras, Francesc Signes, se sorprende del «éxito» conseguido por las empresas del Grupo MED que han conseguido entre 2003 y 2011 contratos públicos por un importe muy superior a los 6 millones de euros por trabajos de todo tipo: en seguridad y vigilancia privada, información y limpieza de edificios. E incide en dos coincidencias. «El inicio de las relaciones contractuales de dicha empresa con el GTP, gestor del circuito, coincide con la llegada a la dirección general del Circuito del Motor y Promoción deportiva de Julio García, hermano del ex director de RTVV, Pedro García». Y también resulta «curioso» para Signes que «coincida el enorme desembarco del grupo Med con la llegada de Mario Flores a la Conselleria de Infraestructuras».
* Levante - LAURA BALLESTER - 28.5.12
Foto: Valencia, ferrocarrils - lainformacion
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Una sentencia en firme anula la licencia de un edificio habitado en Boiro
Este último fallo judicial, contra el que no cabe recurso alguno, desestima las alegaciones presentadas tanto por el Concello de Boiro como por la empresa promotora contra una resolución anterior dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santiago.
Esa primera sentencia daba la razón a los propietarios que interpusieron el recurso y anulaba los acuerdos de la junta de gobierno local presidida por Xosé Deira en los que se aprobaba el expediente de reorganización de fincas en suelo urbano consolidado y se concedía la licencia urbanística para levantar un inmueble de cuatro plantas en el cruce entre la avenida de Barraña y la calle número 5. Entre las peticiones formuladas en el recurso de apelación, se solicitaba que se declarase «inadmisible o desestimable» el contencioso-administrativo interpuesto, algo que el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechaza, aunque difiere en algunos de los razonamientos recogidos en la primera sentencia.
Defectos de procedimiento
Por ejemplo, se alude a los defectos de procedimiento en el expediente de reorganización de las fincas en las que se construyó el edificio que esgrimieron los demandantes, y se desestiman uno a uno utilizando distintos argumentos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sí les da la razón en un asunto primordial que tiene que ver con la «compra forzosa» o «adsorción por compra» de una parte de los terrenos del solar. Y es que, según se recoge en la sentencia, «la solución adoptada en el proyecto de normalización aprobado respecto de la parcela 3 no es conforme a derecho» y, en consecuencia, se confirman los «pronunciamientos anulatorios» recogidos en la primera sentencia, dictada en diciembre del año 2010, «con la consiguiente desestimación del recurso de apelación».
* La Voz de Galicia - MARTA GÓMEZ - 27.5.12
Foto: El edificio está situado en la avenida de Barraña. SIMÓN BALVÍS
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Ibi.- El mecano de la corrupción
Cada uno de los exediles es la punta de lanza de otras tantas piezas de un mecano de corrupción que los dos juzgados de la localidad tratan de desentrañar. La base de las tres supuestas tramas corruptas es el pago de comisiones a cambio de contratas, obras y planes urbanísticos.
La cainita disputa entre los dos antiguos sectores del PP alicantino, ripollistas y campistas, está en el origen de la investigación. En pleno pulso entre ambos sectores, la alcaldesa expulsó a principios de 2009 del Grupo Popular a la edil ripollista Felicidad Peñalver.
La reacción de Peñalver fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados patrimonio de sus excompañeros. La denuncia de Peñalver situó en el ojo del huracán a la alcaldesa y su hombre fuerte y presidente local del PP, Miguel Ángel Agüera. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi abrió en 2010 una causa que dos años más tarde aún es secreta.
La cainita disputa entre los dos antiguos sectores del PP alicantino, ripollistas y campistas, está en el origen de la investigación. En pleno pulso entre ambos sectores, la alcaldesa expulsó a principios de 2009 del Grupo Popular a la edil ripollista Felicidad Peñalver.
La reacción de Peñalver fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados patrimonio de sus excompañeros. La denuncia de Peñalver situó en el ojo del huracán a la alcaldesa y su hombre fuerte y presidente local del PP, Miguel Ángel Agüera. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi abrió en 2010 una causa que dos años más tarde aún es secreta.
Además, de estas tres causas principales, en los dos juzgados de Ibi hay más denuncias (de particulares y de políticos) sobre supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Ibi. El lapso de tiempo que los jueces están investigando abarca desde 2003 hasta 2010. En ese periodo el Ayuntamiento ha estado en manos de PP, bien en minoría, como en la actualidad, o con mayoría absoluta, entre 2007 y 2011.
Y en ese período el Consistorio ha puesto sobre el tapete tres grandes obras, dos grandes contratas y un macroplan urbanístico. Y en la mayoría de los casos con importantes desvíos sobre el presupuesto inicial.
El mayor programa urbanístico ha sido el PAI del Alamí. El plan, que prevía 1.200 casas, se adjudicó en 2004 a la firma La Generala, la oferta más cara, por 17 millones. Esta empresa se comprometió a construir un pabellón y un vial. Ocho años más tarde, la zona del PAI, 350.000 metros cuadrados, es un erial, y ni hay pabellón ni vial. La adjudicación del PAI motivó la primera denuncia en los tribunales a cargo del promotor local José Gimeno por una supuesta estafa de 12 millones de euros contra la mercantil La Generala.
Una de las obras más importantes ha sido la piscina climatizada, que adjudicó el PSPV en 2002 por 1,8 millones a la firma Electrosur. En 2003, el PP revocó la adjudicación y se la dio a la mercantil Intersa-Levante, por 2,5 millones. La obra ha acabado costando 3,1 millones. Además, la reforma del Teatro Río, adjudicado a la firma Intersa-Levante por 3,9, al final ha costado nueve millones, y el coste del palacio de justicia se elevó de 1,3 a 1,7 millones.
Las dos grandes contratas son la del agua, a la firma Aquagest, por 25 años y un canon de 1,1 millones de euros, y la limpieza y recogida de la basura, pendiente de adjudicar. Hasta ahora estas dos concesiones iban por separado: la primera, en manos de FCC y la segunda, de Urbaser. El nuevo contrato ha salido por 36 millones y 18 años. La mesa de contratación lo adjudicó a la firma Secopsa-Utesa, pero está pendiente de un informe de la junta consultiva de la Generalitat.
* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 27 MAY 2012
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es
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