Reclaman a través de las redes sociales que el “Toblerone” sea un gran centro social-cultural para Almería

TELEPRENSA* : La fisionomía de la ciudad de Almería cambiará de forma irremediable una vez se lleven a cabo las primeras obras en los terrenos de Renfe y Adif. El próximo mes de junio, el Ayuntamiento aprobará un plan especial, informado de forma favorable por el Ministerio de Fomento, que, entre otros, dará luz verde a la construcción de edificios de hasta catorce plantas en los terrenos del “Toblerone” la antigua nave destinada a almacenar el mineral de las minas de Alquife.
El futuro está aún por escribir, pero ya han surgido las primeras voces que a través de las redes sociales, principalmente Facebook, han iniciado un movimiento para evitar la desaparición de uno de los elementos arquitectónicos más conocidos de Almería, reclamando que en este espacio se cree un gran centro social-cultural.

En Facebook existe un grupo cerrado que se llama precisamente “Plataforma Salvemos el Toblerone”, y por las páginas y perfiles de esta conocida red circula una fotografía -la que ilustra a este artículo-, acompañada por el siguiente texto:

“.... el Ayuntamiento de Almería pretende tirar abajo el Toblerone, figura emblemática de la arquitectura industrial almeriense y ubicación ideal para un gran centro social-cultural para Almería....”

“.... en una ciudad en la que existen miles de viviendas vacías, el Ayuntamiento anuncia una vulneración del procedimiento urbanístico normal y 'habilitar' la construcción de bloques de catorce plantas (más de mil viviendas, al parecer)...”

“.... ¿por qué tanta prisa?... ¿por qué se quiere construir más y más en una ciudad con miles de viviendas nuevas en venta, vacías, y cientos de viviendas abandonadas en un casco histórico absolutamente desamparado y descuidado por el ayuntamiento?...”
“.... merece la pena que todos los almerienses luchemos por contar con nuestro espacio, con el que nos corresponde, por conservar nuestro patrimonio...... ¡¡¡LUCHEMOS POR ELLO!!!”.

No obstante, no ha sido la única iniciativa para dar un nuevo valor al “Toblerone”. En el marco de la BEAU XI (Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo) fue presentado un proyecto (http://bit.ly/IDRzoO) que transformaba estas instalaciones en un centro de convenciones que se ubicaría en pleno corazón de la ciudad de Almería.

“La especulación del suelo ha marcado una fecha de caducidad para El Toblerone. La imposibilidad de calificar la nave como Bien de Interés Cultural, la ha sentenciado a muerte y su desmantelamiento es inminente. Con él se llevarán una parte del pasado y la historia de Almería, pero nosotros debemos salvarla”, señalaban los diseñadores del proyecto en su exposición, añadiendo que su idea “nace como una reacción ante tal desacertada decisión. El reciclaje y la reactivación de la nave daría respuesta a un conjunto urbano hoy obsoleto. Reinventando un nuevo ciclo cultural y social del Toblerone ayudamos a tomar conciencia de la importancia y riqueza del patrimonio industrial, promoviendo así el importante papel que la industrialización ha jugado en la evolución de la arquitectura contemporánea y el urbanismo en Almería .”


* Teleprensa - 2.5.12
Foto: Almería, edificio Toblerone - teleprensa

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La glotonería inmobiliaria de Lima

FREDERICK COOPER* : Hace algún tiempo viene publicándose información sobre el destino de los terrenos que ocupan en Lima el Puericultorio Pérez Araníbar y el Hospital Larco Herrera. El fin de semana pasado los rumores respecto al supuesto abandono de la tarea cautelar de la Beneficencia Pública de Lima para con los huérfanos que ocupan el Puericultorio se tornaron más precisos, especulándose respecto al potencial inmobiliario de ambas propiedades y señalándose que, si bien las condiciones establecidas en el legado que lo originó disponen inequívocamente la obligatoriedad de mantenerlo a perpetuidad para el fin filantrópico para el que fue concebido, en el caso del Hospital Larco Herrera parecería que podría obviarse esa limitación, sugiriéndose que podría destinarse a un desarrollo inmobiliario que permitiera paliar la estrechez económica de la Beneficencia.

Las especulaciones en torno al destino que podría darse a dos importantes predios urbanos concebidos originalmente para un uso social altruista, devaluados arquitectónicamente a consecuencia del deterioro de sus pabellones y de su entorno paisajista, evocan la depredación que ha sufrido Lima el último medio siglo como consecuencia del desperdicio urbanístico de instalaciones de significativa envergadura devenidas arquitectónicamente obsoletas, funcionalmente inoperantes, o caídas en desuso. Lamentablemente en el Perú esta experiencia, en vez de haber sido procesada por las entidades públicas encargadas de velar por el equilibrio urbano de manera de lograr que reditúe en beneficio de la ciudadanía, ha sido malversada en provecho de una expansión inmobiliaria a la que se le ha permitido desarrollarse fácilmente, no reciclando áreas urbanas servidas, tugurizadas o subutilizadas.

Una consecuencia de ello es la paupérrima tasa de áreas verdes o recreativas con que cuenta Lima, y la ubérrima disponibilidad de espacios vírgenes –como el del Hospital Larco Herrera– a los que en vez de preservar a efectos de ampliar la magra oferta de espacios recreativos, culturales o recreacionales de los que dispone Lima, se insiste en brindarlos a la voracidad de la demanda inmobiliaria. La sugerencia de hacer uso del predio que ocupa el Hospital Larco Herrera para hacer otro conjunto habitacional, comercial o mixto anuncia la misma suerte que corrieron los antiguos espacios urbanos que ocupaban el hipódromo de San Felipe, los aeropuertos de Santa Cruz, Corpac y Limatambo, la antigua Penitenciaría, los cuarteles de La Pólvora y San Martín, o la amenaza que se cierne sobre el aeropuerto de Collique entre otros muchos predios cuya plusvalía ha sido malversada al anteponer su valor inmobiliario por encima de su importancia social y urbanística. Si a este dispendio se añade la incomprensible imprevisión que ha permitido autorizar formalmente –o permitir por razones de oportunismo político– la ocupación del íntegro de los valles del Rímac y el Chillón, sin provisionar espacios públicos recreativos o para usos culturales, así como la presión municipal distrital por vender o dar en uso comercial los terrenos de la Costa Verde, o la amenaza urbanizadora que se cierne sobre el valle del río Lurín, el panorama del futuro de Lima se percibe como el de una ciudad a la que se le ha impuesto una distorsión urbanística agobiante y perversa.

Lima, y en general todas las ciudades peruanas que en los últimos años han crecido vertiginosamente, se ha expandido carente de una política sensata y justa respecto al aprovechamiento de las áreas naturales o de los predios destinados antiguamente a usos devenidos ahora obsoletos. Esta penosa condición es otra de las consecuencias de haber librado su desarrollo a gestos improvisados, y no a proveer a sus ciudadanías con entornos funcionales y gratificantes. La escandalosa falta de espacios públicos –culturales o recreativos– consecuencia de la política depredadora que se sugiere continuar al insinuarse el aprovechamiento inmobiliario del Hospital Larco Herrera, constituye una prueba más de la urgencia de abordar su evolución futura con un sentido integral, no fragmentario.

* Nacido en Lima, Perú, en 1939. Estudia arquitectura en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería (1957-1961), que le otorga el título de arquitecto en 1961.

* La República - Opinión - 28.4.12
Foto: Lima (Perú), borde costa - transporte

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Madrid.- Los peajes en sombra ya cuestan 103,6 millones de dinero del contribuyente

ELPAÍS* : La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, justifica su intención de cobrar peaje en las autovías madrileñas por su coste de conservación y mantenimiento, que cifra en 30 millones de euros al año. "Tenemos un montón [de autovías]", explica la presidenta en una entrevista publicada hoy en Abc, en la que cita como ejemplos la M-501 o la circunvalación M-45. Según el último presupuesto de la Comunidad, correspondiente a 2012, la reposición y mantenimiento de carreteras supone más del doble de esa cantidad, 65,5 millones de euros. Es un millón y medio más del dinero que se destinó en el presupuesto de 2011. La red principal de carreteras regionales tiene 661,8 kilómetros.

Una de las opciones posibles para cobrar al ciudadano por el tránsito en carretera es cambiar el modelo de peaje en sombra, un sistema de pago de peaje se financia a través de impuestos, que ya se aplica actualmente en la M-407, la M-45, la M-511 y la M-501. Los peajes en sombra suponen 103,6 millones de euros, según las cuentas de 2012.

Con este sistema el Gobierno regional paga a las empresas por los vehículos que circulen por estas carreteras a cambio de que las adjudicatarias las construyan y las gestionen. Una concesionaria construye una carretera y la Administración le abona un canon anual en función del número de vehículos que la transitan. El coste final suele ser superior al que pagaría la Administración si construyera la carretera con medios propios aunque se abona en un plazo más largo. En 2005, por ejemplo, este periódico publicó el coste que tendría el peaje en sombra de la M-45, para la que el presupuesto de 2012 reserva casi 82 millones de euros.

El coste de construcción de esta vía, que une la M-40 con la A-2 por San Fernando de Henares y Leganés, fue de 487 millones. El contrato de concesión administrativa a las distintas concesionarias durante 30 años reflejaba un pago cuatro veces superior: 1.670 millones de euros.

En cuanto al resto de carrteras donde se aplica el modelo, en la M-407 (de Leganés a Griñón, 16 kilómetros) supone 6,4 millones de euros. La M-45 (34,8 kilómetros entre San Fernando de Henares y Leganés, casi 82 millones. La M-501, la polémica carreteras de los pantanos, recorre 72,8 kilómetros por San Martín de Valdeiglesias hasta el límite con la provincia de Ávila. El peaje en sombra de esta vía y de la M-511 (que aparecen juntas en el presupuesto) asciende a algo más de 15 millones de euros.


* El País - PILAR ÁLVAREZ Madrid 3 MAY 2012
Foto: Madrid, obras carretera pantanos - publico.es

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Valencia.- Cotino autorizó el pago de 16,3 millones a Emarsa en 2010 sin el aval técnico

LEVANTE* : El convenio por el que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente del Consell, financió más de 120 millones de euros a Emarsa durante los años del saqueo era ilegal, según reveló en la comisión de investigación de las Corts el secretario de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), José Antonio Martínez. En 2009 la Emshi avisó a la Epsar mediante varios escritos de que no tenía constancia de este convenio de financiación, por lo que sus técnicos no habían acudido a ninguna de las reuniones celebradas desde 2004. Pese a estas reclamaciones, impulsadas por Martínez, que había llegado a finales de 2008 a la entidad metropolitana, el presidente de la Epsar en 2010, el actual presidente de las Corts, Juan Cotino, firmó el pago de 16,3 millones de euros en 2010.

De estos documentos, en poder de los diputados que han investigado la comisión de investigación, se desprende que la Epsar hizo caso omiso a las advertencias de la Emshi, propietaria y responsable de las cuentas de Emarsa, y continuó financiando la depuradora de Pinedo por un convenio ilegal. Este documento fue avalado por cuatro de los ahora imputados y principales acusados por el juez. El exgerente Esteban Cuesta, el expresidente Enrique Crespo y los exaltos cargos de la Epsar, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer.

Pero, ¿Por qué no se dio cuenta la Emshi hasta 2009 de que el convenio de 2004 era ilegal?. De hecho, fue sólo con la llegada de Martínez a la secretaría de la entidad metropolitana que se hizo público que la propietaria de Emarsa desconocía este convenio de financiación.

Este acuerdo ilegal fue el que cuestiona el juez que investiga el saqueo y que fijó el pago de 42 euros por tonelada de lodo tratado, muy por encima del coste real de 18 euros que se abonaba a la empresa que realmente hacía los trabajos. Además, el desconocimiento de este convenio evitó que ningún técnico de la Emshi estuviera en las comisiones de seguimiento.

Así, el 13 de octubre de 2009, el gerente de la Emshi se dirigía a la Epsar para que le aclararan la existencia de un convenio por el que en la época ya se habían transferido más de 100 millones de euros. Pese a ser conocedora de la situación, la Epsar volvió a abonar 16,3 millones de euros que Cotino firmó como presidente y conseller de Medio Ambiente.

Pero no fue la única vez en que la entidad metropolitana advirtió de las anomalías. El 28 de abril de 2010 la Emshi vuelve a recordar a la Epsar que desconocen el convenio de financiación y que no tienen las actas de las comisiones de seguimiento. Un mes después, la Epsar abonó la última remesa a Emarsa antes de su liquidación.

Desde el PSPV denunciaron que estos documentos avalan la petición de nuevas comparecencias. «Es imprescindible que Cotino comparezca en la comisión de investigación. Las responsabilidades penales deben aclararse en el juzgado, pero las políticas deben dirimirse en las Corts. Y estas informaciones requieren alguna explicación», solicitó la diputada socialista, Carmen Martínez.

Las Corts debaten las conclusiones de la comisión
La comisión de investigación de Emarsa en las Corts Valencianes encara la recta final. Los diputados se reunirán hoy para elaborar el dictamen de conclusiones, que se debatirá y votará el próximo viernes día 4 y donde se elegirá el portavoz que las defienda ante la Cámara. El martes 8 finaliza el plazo para presentar votos particulares. El 16 de mayo será el debate y votación en el pleno de las Corts. Difícil va a ser que los cuatro grupos políticos coincidan en las conclusiones, ya que desde PSPV, Compromís y EUPV se ha venido criticando que la comisión ha sido un «paripé» porque no se ha citado a declarar a los verdaderos responsables de la gestión de la depuradora de Pinedo durante los años del saqueo. Como en las comparecencias y en la petición de documentación, se impondrá seguramente la mayoría del PP en la redacción de las conclusiones. La mayoría absoluta del pleno las validará.


* Levante - SERGI PITARCH - 2.5.12
Foto: Valencia, depuradora Pinedo - levante

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Piden 4 años más de cárcel para el exjefe de Urbanismo de Andratx

EUROPAPRESS/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio más de cárcel para el exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot -quien en la actualidad ya cumple condena en la prisión de Palma dentro del caso Andratx-, así como seis meses para el exasesor jurídico Jacobo Rodríguez Miranda, hijo del exministro Santiago Rodríguez Miranda, quienes a partir del próximo lunes volverán al banquillo para ser juzgados junto a otros cinco acusados por la concesión de una licencia urbanística a sabiendas de su ilegalidad.

En concreto, el juicio, fijado hasta el jueves por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, está enmarcado en la pieza separada número 6 de este procedimiento judicial, dentro de la cual la acusación particular, ejercida por el Consistorio mallorquín, reclama por su parte diez años de prisión para Massot, sobre quien pesan presuntos delitos de prevaricación urbanística, falsedad y contra la ordenación del territorio, y dos años de privación de libertad para Rodríguez Miranda -prevaricación-.

Se da la circunstancia de que el hijo de quien fue ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el último gobierno de UCD, ya fue condenado por este mismo órgano judicial a siete años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros dentro de otro de los flecos de la causa -el número 9-, en el que por el contrario fue absuelto Massot.

Junto a los dos inculpados serán juzgados el excelador de obras del Ayuntamiento, Jaume Gibert, y los cuatro propietarios que adquirieron una parcela ubicada en suelo rústico "con el único fin de especular y a sabiendas de que no iban a tener impedimento alguno para obtener licencia de construcción", a pesar del nivel de protección del terreno, tal y como postulan las acusaciones en sus respectivos escritos de calificación, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento, representado por los abogados Josep de Luis e Isabel Fluxà, aseveran cómo Francisco R.M, Juana María R.V, Ole Jorgen P.R. y Marianne Y.R. adquirieron el solar de Can Mena -de 887 metros cuadrados-, con el objetivo de construir en él una vivienda unifamiliar de nueva planta pese a ser conscientes de la imposibilidad legal de esta pretensión. Sin embargo, los procesados no se limitaron a ejecutar estas obras sino que a éstas se sumaron terrazas de unos 168 metros cuadrados así como unas dependencias anexas de 33,2 metros, señalan.

Las acusaciones apuntan a que tan sólo cuatro días después de la compraventa, el 16 de julio del año 2000 Gibert emitió un certificado de antigüedad para hacer constar que en el terreno existía ya una casa en ruinas de más de 100 años de antigüedad -a fin de posibilitar su reforma- a pesar de que no existía vivienda alguna. Una actuación que presuntamente llevó a cabo siguiendo "expresas órdenes" de Massot, a fin de que los propietarios pudieran solicitar licencia para la 'rehabilitación de vivienda unifamiliar aislada existente'.

Tras ello, prosiguen, Massot informó favorablemente de la licencia mientras que Rodríguez Miranda emitió asimismo un informe favorable a pesar de conocer "sobradamente la inexistencia de una vivienda que reformar". "Dada su formación en derecho y el área en la que trabajaba era obvio que no podía informar favorablemente, pues no se cumplían los requisitos necesarios ni parámetros urbanísticos previstos por la Ley", indica la acusación particular, aseverando además que el letrado asesor "es la persona encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente".

Tras todos estos trámites, la licencia finalmente fue aprobada el 3 de mayo de 2002, si bien tres años después el propio Gibert emitió acta de suspensión de las obras por no ajustarse a la licencia otorgada, según la cual iba a reformarse un inmueble ya construido en la misma zona -y que en realidad no existía- cuando finalmente fue levantada una vivienda de nueva planta.

Cabe recordar que por esta misma causa ya se encuentran en prisión tanto Massot, también exdirector general de Ordenación del Territorio, como Gibert y el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. Tanto Massot como Hidalgo cumplen condena en la actualidad en el centro penitenciario de Palma por las dos primeras piezas del caso que fueron juzgadas dentro del caso Andratx, cuya complejidad provocó la apertura de un total de 77 piezas separadas.


* El Economista - EP - 3.5.12
Foto: Andratx (Mallorca), costa urbanismo salvaje - elmundo.es

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Torrevieja validó la planta de basura con un informe externo

ELPAÍS/Alicante* : El concejal de Urbanismo de Torrevieja, Francisco Moreno, declaró ayer como imputado en la causa que instruye el juzgado de Instrucción número 2 del municipio por la concesión en 2010 de la licencia para construir una planta de transferencia de residuos que funcionaba desde 2005. Moreno confirmó que la empresa concesionaria, Acciona, aportó con la solicitud de licencia un informe favorable firmado por la abogada Begoña Sancho Caravaca, elaborado a instancias de la mercantil, sin que fuera requerido por el Consistorio.

Moreno derivó toda la responsabilidad de su actuación hacia la Consejería de Infraestructuras. Pese a reconocer que había tres informes contrarios de otros tantos técnicos municipales, el edil aseguró que hizo valer dos documentos del Consell, de 2007, que abogaban por la innecesariedad de obtener la declaración de interés comunitario o la de impacto ambiental. También aseguró que él no hace los decretos, que no intervino en la adjudicación del contrato, que no tenía conocimiento de las denuncias del Seprona por el funcionamiento de la planta sin autorización y que fue nombrado concejal no electo de Urbanismo en 2007.

Licencia caducada

La causa se instruye a raíz de una denuncia del Grupo Socialista de Torrevieja, cuyas preguntas se negó a contestar el concejal. Moreno tuvo especial interés en recalcar que se decretó la caducidad de la licencia de obras solicitada en 2005 y que la licencia que concedió en 2010 a la misma concesionaria fue para otra actuación diferente de la derivada de la adjudicación del contrato. Y que, ahora sí, exigió la legalización de la actividad y la obtención de la correspondiente evaluación ambiental, en exposición pública.

La concesión de este contrato también está investigándose en el TSJ valenciano por el uso de un informe externo por parte del exalcalde y actual diputado, Pedro Ángel Hernández Mateo, que está imputado, para adjudicárselo a Acciona-La Generala contra la opinión de los técnicos municipales.


* El País - ARTUR BALAGUER - 2 MAY 2012
Foto: Torrevieja (Alicante), vertedero - levante-emv.com

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Málaga.- De la Torre busca uso para dos edificios en los que ha gastado casi 50 millones

ELPAÍS* : Después de llevar gastados en ellos casi 50 millones de euros, el gobierno municipal de Málaga que preside Francisco de la Torre (PP) no sabe qué hacer con los pabellones de la antigua fábrica de Tabacalera que iban a ser sede del frustrado museo de las gemas ni con el edificio que albergó los cines Astoria y Victoria y que ocupa uno de los laterales de la céntrica Plaza de la Merced. El desatino municipal hace que el Consistorio se vea además inmerso en ambos casos en litigios judiciales.
En ninguno de los dos casos la crisis económica puede ser una razón suficiente para explicar el vacío, y especialmente en el del edificio Astoria y Victoria, un emplazamiento estratégico que el Ayuntamiento se empeñó en comprar después de haber autorizado un proyecto de viviendas de lujo a una promotora privada, por lo que resultó muy caro, pero para el que nunca tuvo una idea de uso definida.

El Ayuntamiento incluso llegó a litigar contra la Junta porque ésta impuso una restricción de altura al proyecto de la promotora Baensa de construir 45 viviendas de lujo en el bloque de los antiguos cines. Pero a última hora, cuando la constructora ya tenía solicitada la licencia de obras, De la Torre decidió que el Ayuntamiento debía quedarse un edificio de emplazamiento tan estratégico para darle uso cultural.

Intentó primero que Unicaja, que tenía una hipoteca sobre el edificio y perseguía construir una sede para actividades culturales, se lo quedara, pero la indiscreción de De la Torre irritó al presidente de la entidad financiera, Braulio Medel, que se desentendió.

Tras unas laboriosas negociaciones con la propietaria, el Consistorio compró el edificio en diciembre 2010 por 20,7 millones de euros, 9,9 millones a pagar en efectivo y el resto en diferentes parcelas de suelo. Se pactó además una indemnización por los gastos “inútiles” realizados por Baensa en el proyecto residencial, pero no se fijó cantidad y la promotora ha presentado una reclamación judicial por 7,2 millones de euros.

Después de sugerir que un grupo alemán estaba interesado en un proyecto cultural, y anunciar en la campaña electoral que albergaría un “museo de museos”, el Ayuntamiento convocó un concurso sobre usos para el edificio del Astoria que hace una semana declaró desierto porque ninguna de las tres ofertas presentadas resultó suficientemente interesante ni solvente.

El alcalde insiste en que “no hay que precipitarse” para ocupar el edificio, que está abandonado y en estado ruinoso, y que lo importante es que el uso que se decida ofrezca garantías.

El Ayuntamiento insiste en que trabaja en “varias líneas” para dar uso al edificio, lo mismo que con los pabellones de Tabacalera que iban a albergar el museo Art Natura, de gemas y ciencias de la naturaleza. El Consistorio inició hace 10 días el proceso de rescisión de contrato con Royal Collections, la sociedad promotora, por incumplimiento y le ha dado un plazo de 15 días para que devuelva los edificios, en los que el Ayuntamiento ha gastado 21 millones de euros sin IVA en obras de rehabilitación, más los 5,6 millones de euros que le pagó en concepto de canon.

La rehabilitación se hizo ex profeso para Art Natura, lo que condiciona la reutilización. El equipo de gobierno confía en que “algún museo habrá”, pero baraja también ahora “talleres de teatro. de danza, o escuelas, o lo que sea... ”.


* El País - DIEGO NARVÁEZ - 30 ABR 2012
Foto: Málaga, cines Astoria y Victoria - elpais

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"Las hipotecas son la versión contemporánea de la esclavitud"

PÚBLICO/Entrevista* : Ada Colau, cofundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona, analiza el problema de los desahucios y la lucha colectiva por una vivienda digna.
Cuatro años antes de que el 15-M diera un nuevo impulso a la lucha por el derecho a una vivienda, nacía la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Barcelona (PAH). Tras extenderse por el resto del Estado, la PAH pasaría a realizar un papel protagonista, junto a los indignados, en la paralización de cientos de desahucios y en la reclamación de la dación en pago, entre otras demandas.
Ada Colau, actualmente portavoz de la PAH de Barcelona y una de sus fundadoras, acaba de publicar el libro "Vidas hipotecadas", en el cual analiza el problema de la vivienda y la historia del movimiento. Ya a la venta en catalán, la versión en castellano estará disponible a partir del próximo mes de junio.

La PAH comenzó a ser conocida a partir de mayo del año pasado, gracias al 15-M, pero, ¿cómo nace la organización?

La plataforma surgió en Barcelona hace mas de 3 años, a finales de 2009, y la fundamos gente que veníamos de movimientos como ‘V de Vivienda'. En seguida intentamos visibilizar el tema de la deuda hipotecaria y el de los desalojos.En un principio nos centramos en la dación en pago porque el proceso de ejecución hipotecaria, con la saturación que hay en los juzgados, tarda entre uno y dos años, por lo que lo primero fue las ejecuciones hipotecarias. Cuando comenzaron a llegar los desalojos arrancamos con la campaña 'Stop Desahucios', en noviembre de 2010. Esa campaña paró el primer desalojo, que grabamos en vídeo, el cual empezó a circular mucho por la red.

Y eso hizo que las iniciativas se extendieran...

Sí, ahora parece normal parar desalojos, pero para gente que no está politizada es muy complicado dar el paso y salir públicamente a contar su problema, con el añadido del fuerte estigma social que supone el desahucio en una sociedad individualista, donde todo el mundo sufre sus penas en soledad y escondido. Salir y decirlo no es fácil. Necesitábamos un imaginario para que la gente se lanzase a dar el paso, y por eso grabamos el primer desalojo.

¿Y qué supuso la aparición del 15-M?

Con la llegada del 15-M, se disparó aún más este imaginario. Vino a decir que juntos podemos cambiar las cosas, no tienes por qué sufrir en soledad tus problemas, no es una vergüenza lo que te está pasando. Fue tan importante el imaginario como la red de solidaridad. El 15-M pasó a movilizar a miles de personas. El 15-M amplificó la lucha y cuanto más se extiende una lucha más se legitima.Las asambleas de barrio en este tema son vitales. Puntualmente nos podemos desplazar para parar un desahucio, pero como es una cosa tan dramáticamente cotidiana, las redes tienen que ser lo más próximas posible, para que esto funcione de forma estable y sostenible. El 15-M ha sido clave en este sentido.

Cuando una persona es desahuciada es habitual oír que la culpa es suya, por haber firmado la hipoteca. ¿Qué hay de cierto en eso?

Lo primero que respondería es que la gente afectada no renuncia a asumir parte de su responsabilidad. El problema está en que la única que está asumiéndola, e incluso más de la que le toca, es precisamente la gente afectada. Es decir, ya es suficiente perder la propiedad de la vivienda, pero que además tengas que quedarte con una deuda de por vida y en la calle mientras la vivienda se queda vacía, no es de recibo. El del banco y el de las personas afectadas son dos niveles de responsabilidad distintos.Además de todo eso, hay que recordar en qué situación se firmaron esas hipotecas, donde no es verdad que existiera una libertad para firmarlas. Era un contexto en el cual había políticas públicas muy agresivas que incentivaban el acceso a la vivienda a través de la hipoteca. Fiscalmente desgravaba la compra, no el alquiler, estaba liberalizado el mercado del crédito y por tanto los bancos podían prestar todo el dinero que quisieran, como quisieran y a quien quisieran, porque el alquiler no era una alternativa real.De hecho, estamos entre los países donde el alquiler es más inestable, ya que a los cinco años te pueden echar, te pueden triplicar el precio, etc. Cualquiera que quiera hacer un plan tan legítimo como es hacer un plan de vida estable, formar un hogar, evidentemente no quiere al cabo de cinco años tener que trasladarse con todo. Entonces, en esas condiciones, decir que tú libremente elegiste comprar una vivienda no es del todo cierto.

¿Los poderes públicos han contribuido a esta situación?

Hay que recordar que la ministra de Vivienda salía constantemente en los medios de comunicación diciendo que era el momento de comprar, que comprar una vivienda era la mejor inversión o que la vivienda nunca bajaba.No es que el Gobierno haya dejado hacer al mercado hipotecario, es que ha intervenido activamente para potenciar el acceso a la vivienda a través de la hipoteca. A veces era más fácil hipotecarse que alquilar un piso, como en el caso de la población inmigrante, contra la que había un racismo brutal en el alquiler, mientras que con los bancos, desde el momento en que decidieron que en el crédito inmobiliario estaba el negocio, todo eran facilidades.Eso de que la gente se volviera loca, de que los españoles querían ser propietarios, vivir por encima de sus posibilidades, es mentira. En los años 50 más de la mitad de la población vivía en régimen de alquiler, y si en pocas décadas se ha experimentado un cambio tan dramático es porque ha habido unas políticas muy agresivas que han impulsado ese cambio.

Por otro lado, las dos partes firmantes del contrato no son iguales. Son contratos de adhesión, donde una parte marca todas las condiciones, y tú o lo firmas o no lo firmas. El banco tiene toda la información y tú, que eres panadero, mecánico, o lo que sea, se supone que tienes que tener un máster en economía o en derecho para hacer algo tan básico como es acceder a una vivienda que, recordemos, no es un capricho sino un bien de primera necesidad. Entonces, te encuentras con que, para acceder a algo que es un derecho, tienes que firmar un contrato hipotecario, que está escrito en un lenguaje totalmente incomprensible, seguramente de forma expresa, y que todas las condiciones las dicta la parte fuerte, que es quien tiene toda la información, quien tiene economistas, abogados y conoce las tendencias de los mercados internacionales. Hay que recordar cómo se dieron estos contratos en la época de la burbuja.

Si comprabas ladrillo todo eran ventajas...

Todo el mundo relata lo mismo, ibas al notario y te leía de forma rápida una parte del contrato. La gente no se enteraba de nada, pero el banco te decía: "o lo coges ahora o si no va a venir otro y se lo vendo". Parecía que habías perdido una oportunidad por cada día que pasaba.Lo más increíble es que cuando todo esto estalla, la parte fuerte, que es el banco, no tiene que asumir ningún tipo de responsabilidad, sino que la única recae en la parte más débil. La persona hizo eso porque necesitaba una vivienda, no quería un bien de lujo. La gente normal es la única que ha pagado la responsabilidad de la locura de la burbuja.

¿Por qué se han permitido entonces esos contratos?

Ha habido una estafa generalizada. Esa parte fuerte se ha enriquecido -mobiliarias, bancos, promotoras, constructoras, tasadoras, notarios...-, han hecho miles de millones de beneficios, mientras que la otra parte ha perdido todo para siempre. No es sólo cuestión de responsabilidades, sino de quién ha salido ganando y quién perdiendo. Es el negocio del siglo. Durante los años de la burbuja, la gente ha pagado intereses. Más tarde, cuando la cosa va mal, no sólo se te acumulan las cuotas que no puedes pagar, sino que te empiezan a cobrar los intereses, que son abusivos. Inmediatamente la deuda empieza a crecer y cuando llega el momento de la subasta puede darse el caso de que la deuda sea igual al momento inicial, tras los años que has pagado.

Los intereses de demora son elevadísimos. Si a esto le sumas los costes judiciales, la gente al final se encuentra con deudas inmensas. Es un delirio. Hay gente que ha pagado decenas de miles de euros pagando cuotas altas porque hubo el problema de la subida del Euribor. Tras pagar miles de euros, se queda sin casa y con una deuda igual que la inicial que además vuelve a generar nuevos intereses.

¿Qué le queda a una persona desahuciada?

Normalmente, el deudor es deudor de por vida. Aunque trabaje veinticuatro horas al día jamás va a pagar esa deuda. Es la forma de extorsión y de esclavitud perfecta. El banco se queda con todo lo que ha ingresado, con la vivienda a un precio ridículo, la cual inmediatamente puede poner en el mercado más cara -de hecho lo hacen a menudo-, y encima a ti te siguen reclamando el cobro de la deuda. Es la versión contemporánea de la esclavitud.


* Público - EDUARDO MURIEL - 01/05/2012

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Altruismo y negocios - El Roto




El Roto, altruismo y negocios - elpais - 30.4.12

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La lucha por la vivienda, el frente con más victorias del 15-M

PÚBLICO* : En su primer año de vida, el movimiento de los indignados ha paralizado más de cien desahucios sólo en Madrid.
El matrimonio de Tatiana y Anuar estaba dispuesto a plantar cara al inminente desahucio que se cernía sobre ellos y su hija y que amenazaba con echarlos de su piso de 55 metros cuadrados. Era el 15 de junio de 2011. Pocas semanas antes, Tatiana había visto en televisión un pequeño reportaje sobre unos activistas barceloneses que, utilizando técnicas de protesta pacífica, habían impedido que desalojaran a una familia en Catalunya. Ella no tenía nada que perder, así que llamó a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para pedir ayuda.

Cuando llegó el momento del desahucio, Tatiana no pudo dar crédito a lo que veía desde su ventana. Decenas de personas se habían acercado a paralizar su desahucio. El 15-M había acudido a su llamada de auxilio."Es una cosa que nunca se me olvida, lo más bonito que me ha sucedido", explica Tatiana. "Estuvimos intentando negociar con el banco hasta el último día, pero no querían cambiar de posición, así que fue increíble sentir la solidaridad de la gente, el apoyo mutuo", expresa.

El desahucio fue aplazado y la comisión judicial no volvió hasta muchos meses después. Al final, tras casi un año de lucha, el matrimonio consiguió que el banco le concediese la condonación de la deuda hipotecaria a cambio de las llaves del piso. "Nos quedamos en paro, no teníamos ayuda ni veíamos salida por ningún lado, y cuando te encuentras en esa situación es desesperante", recuerda, ya como algo lejano.

Aquel fue el primer 'Stop Desahucios' mediático. Desde entonces, Tatiana comenzó a participar activamente en la lucha por una vivienda digna, tanto dentro de las asambleas del 15-M como en la PAH. A su vez, el movimiento de los indignados encontró uno de sus activos más potentes: ayudar directamente a las familias, frente a la pérdida de uno de los derechos más básicos, como es el de la vivienda.

Triunfos inmediatos y simbólicos
El 15-M ha logrado gran parte de sus victorias en el frente de los desahucios, sobre todo logros palpables. Alfonso, de la comisión interbarrios de vivienda del 15-M, explica que la gente a la que se ayuda en un desahucio "de repente se dan cuenta de que no están solos".

"Algunos entienden que después de su desahucio viene el de mucha gente más, así que comienzan a implicarse para ayudar al siguiente vecino con problemas", asegura, y añade que "varios de los más activos vienen de ese proceso".

Los indignados vivieron aquel momento con "mucha ilusión" y sin esperarse el éxito que finalmente tuvo la convocatoria, recuerda Alfonso. "Fue una mañana muy alegre porque se consiguió totalmente el objetivo. A la comisión judicial les dio tanto miedo que tardaron meses en volver, se fueron sin plantear si quiera una fecha de retraso", señala.

Sin embargo, Alfonso admite que no se esperaban ese éxito, "incluso con la explosión del activismo social que provocó el 15-M, ya que era la primera vez que se lanzaba en Madrid una acción de este tipo".

La lucha por la vivienda digna, en el ADN del 15-M
Las organizaciones más nombradas a la hora de buscar promotores del movimiento de los indignados suelen ser Democracia Real Ya o Juventud Sin Futuro. Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que llevaba poco tiempo funcionando en Madrid —en Barcelona llevaba mucho más recorrido—, también está entre las convocantes de la manifestación del pasado 15 de mayo.

De hecho, la lucha por una vivienda digna ha sido uno de los grandes frutos que ha dado el 15-M pues, sólo en Madrid, la PAH ha paralizado junto a las asambleas de barrio más de cien desahucios. "Se creó una asamblea interbarrios en la que participa también la PAH y desde el principio se han hecho muchísimas reuniones conjuntas", explica Jose María Ruiz, portavoz de la PAH de Madrid. "La paralización del desahucio de Anuar y Tatiana fue coordinado por las asambleas de barrio, en concreto la de Tetuán", apunta.

"Desde aquel día lo que hemos hecho ha sido reforzar esa comunicación", narra. "La unión entre la PAH y el 15-M ha supuesto alcanzar muchos objetivos, muchas condonaciones de deudas, muchas daciones en pago, se ha firmado un gran número de alquileres sociales", recuerda Ruiz.

Ahora, toca "afianzar" esta dinámica de cara a la recogida de firmas de la ILP que van a presentar ante el congreso para que la dación en pago sea una realidad para todos. "Eso va a obligar a crear algún tipo de estructura organizativa más estable que hasta ahora", adelanta.

Una situación insostenible
Ruiz destaca que ahora mismo "se están moviendo alrededor de un millón y medio de expedientes de ejecución hipotecaria, lo que supone ya no sólo el drama de toda esa gente, sino el colapso financiero". "Además, el problema está muy vinculado a la destrucción de empleo, con lo cual éste va creciendo a una velocidad de vértigo y muchos de los parados no van a poder hacer frente a su hipoteca", adelanta.

"De hecho el gobierno está francamente preocupado, no porque tenga conciencia social, que no la tiene, sino porque esas personas quedan fuera de los circuitos de consumo, ya que de un desahucio te vas con una equis de moroso en la espalda. No puedes contratar un móvil, no puedes comprar una lavadora a plazos, y eso supone el colapso de la economía. Y la paradoja es que mientras esto sucede hay alrededor de seis millones de casas vacías", explica Ruiz.

En cuanto a los responsables de este problema a gran escala, Ruiz lo tiene claro: "los bancos y nuestros gobernantes, que no solo lo han permitido sino que además legislan continuamente a favor de los primeros". A la hora de firmar una hipoteca, según Ruiz, "no hay ninguna igualdad de armas entre un particular y la banca".

De cara al próximo 12 de mayo, día en que los indignados volverán a salir a las plazas para celebrar su aniversario, Ruiz se muestra optimista. "Será otro aldabonazo para conseguir ese avance en la organización que yo creo que nos falta", explica.


* Público - EDUARDO MURIEL - 30/04/2012
Foto: Indignados, banqueros terroristas cartel - PAH

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Sevilla.- La Audiencia ordena demoler una vivienda ilegal y señala la "vista gorda" de las administraciones

LAINFORMACIÓN* : La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado una sentencia relativa a un delito contra la ordenación del territorio, ordenando que tal condena incluya además la demolición de una vivienda construida al margen de la legalidad.
En esta sentencia, fechada el 16 de marzo y recogida por Europa Press, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial alude a un fallo previo del Juzgado de lo Penal nº5 de Sevilla que condenaba a un ciudadano como autor de delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia. Y es que contra este fallo, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico había promovido un recurso de apelación para que "se incluya además ordenar al condenado la demolición de la obra indebidamente realizada".

La Audiencia Provincial "coincide" con el Ministerio Público en que "la demolición de lo construido ilegalmente se presenta como único modo de restablecer la situación alterada". "No tendría sentido que, pudiendo los tribunales decidir sobre el restablecimiento de la legalidad urbanística no lo hicieran", señala la Audiencia provincial.

La Audiencia provincial, no obstante, considera que "sería de desear una actuación administrativa tendente a legalizar la situación de una gran cantidad de casas que han sido construidas al abrigo de la tolerancia y de la vista gorda de las administraciones". De cualquier modo, la sentencia revoca el fallo del Juzgado de lo Penal número cinco en el único sentido de que se incluya en la condena la demolición de la obra.


* La Información - EP - 30.4.12
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com

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Alicante.- Castedo incumple su obligación legal de aprobar varios planes

ELPAÍS* : Hace cuatro y cinco años que el Ayuntamiento de Alicante tenía que haber cumplido su obligación legal de elaborar distintos planes municipales, pero estos son todavía, en el mejor de los casos, apenas un borrador. Algunos ni eso. En algún caso no se ha empezado a trabajar en el documento.
En esta situación está el Plan Acústico Municipal (PAM), que debe reducir las molestias por ruido. El decreto del Consell 104/2006 marcaba que los municipios de más de 100.000 habitantes debían enviar su PAM a la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente antes del 31 de diciembre de 2007. El plan no ha llegado a Valencia.

El equipo de gobierno empezó su tramitación en la segunda mitad del año pasado, pero Esquerra Unida denuncia que presentó alegaciones a las que no ha recibido respuesta. Y recuerda que ya denunció el “retraso escandaloso” del plan, que sigue aparcado.

Otros planes afectan al patrimonio de Alicante. El caso más llamativo es el del castillo de San Fernando, ubicado en el Monte Tossal, una de las dos privilegiadas atalayas que distinguen el perfil de la ciudad. Este recinto, de principios del siglo XIX, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) y, por ello, según la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, el equipo que ahora preside Sonia Castedo tenía un año para elaborar un plan especial de protección para este recinto y, en líneas generales, para todos los BIC. El plazo caducó hace 13 años, en 1999. Pese a ello, la ley se modificó en 2007 y dio un nuevo plazo para cumplir esta exigencia. El plazo terminó hace más de cuatro años, a principios de 2008, con el mismo resultado.

El Ayuntamiento de Alicante es consciente de esta situación, ya que en el pleno del 29 de noviembre de 2011 aprobó una moción, presentada por EU y secundada por todas las fuerzas políticas del Consistorio, para aprobar el citado plan de protección y frenar el deterioro del recinto. El plan aún no se ha aprobado.

El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, considera “sangrante” también la situación de las torres de la huerta, poco más de una veintena de edificaciones vigía que en el siglo XVI servían para alertar de invasiones de los piratas berberiscos y que también son BIC. El plan especial de protección de estas torres, algunas habitadas y otras sin uso, salió a exposición pública en 2007 “y hasta la fecha”, lamenta Pavón.

“El PP no tiene interés en proteger el patrimonio porque en el fondo entiende que puede ser un obstáculo para el desarrollo urbanístico”, lamenta el edil de EU. Pavón agrega que en general, además, hay “bastante desidia”.

La Gerencia de Urbanismo asegura que tanto el plan de protección del castillo de San Fernando como el de las torres de la huerta se han incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del nuevo Plan General (en tramitación desde hace 12 años y sin fecha prevista de aprobación final). Mientras, este periódico intentó sin éxito conocer el motivo del incumplimiento legal que sufre el Plan Acústico.


* El País - ROSA BIOT Alicante 29 ABR 2012
Foto: Una vista del castillo de San Fernando, en Alicante. / PEPE OLIVARES

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Galicia.- La Lei de Vivenda suspende todos los derribos de edificaciones ilegales

ELPAÍS* : Del edificio de Fenosa, en A Coruña, a la Colina de Castrelos, en Vigo, pasando por las 20 viviendas unifamiliares de A Guarda pendientes de derribo. Todas ellas y muchas más en Galicia se beneficiarán de la paralización que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras quiere introducir a través de la nueva Lei de Vivenda, que acaba de entrar en el Parlamento. En una de sus disposiciones adicionales, la sexta, el departamento de Agustín Hernández establece la suspensión generalizada de todos los derribos establecidos por sentencia firme, cuando sean producto de la anulación judicial de licencia.

La medida obliga a la Administración a abrir de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, en el que se establecerá la indemnización a la que, en su caso, pueden tener derecho los titulares de las viviendas afectadas. Mientras tanto, los propietarios podrán residir en ellas, incluso en el caso de que hayan incurrido en dolo, culpa o negligencia grave. El plazo legal para abrir ese procedimiento de responsabilidad patrimonial es de un año desde el momento del daño efectivo. Como ese daño no se produce hasta la demolición efectiva del inmueble, la modificación legal puede provocar la inejecución de las sentencias anuladoras de licencias, según juristas consultados por este periódico.

El motivo de la medida consiste en “garantizar el derecho a la vivienda y la necesaria asunción por la Administración de sus responsabilidades económicas con carácter previo a la demolición”, según reza el título de la disposición adicional. Se aplicará no solo a las nuevas sentencias judiciales, sino a las ya dictadas cuando entre en vigor la ley, de acuerdo con otra disposición que la consellería ha introducido en la ley, la transitoria novena, que le confiere carácter retroactivo.

Otro elemento que favorece la inejecución de las sentencias de derribo es el “requisito necesario y previo” del pago o consignación de la indemnización a favor del titular de la vivienda, que mientras tanto tendrá derecho a residir en ella, siempre que el procedimiento reconozca la existencia de responsabilidad patrimonial. La delicada situación económica que atraviesan los ayuntamientos dificulta ese pago o consignación y, por lo tanto, favorece aplazamientos sine die de las órdenes de derribo.

El proyecto de ley, aprobado por el Consello de la Xunta el pasado 19 de abril, obligará a abrir esos procedimientos de responsabilidad patrimonial incluso en el caso de que el perjudicado, es decir, el titular de la vivienda, haya incurrido en dolo, culpa o negligencia grave, lo que demorará, si no impide, la demolición, a pesar de que en estos casos se deniega el derecho a indemnización. Cuando la negligencia del propietario sea “no grave”, sí tendrá derecho a un resarcimiento económico, aunque “se podrá reducir” su importe en la proporción correspondiente a su grado.

La técnica legislativa que utiliza la Consellería de Territorio no es nueva. Tiene un precedente relevante en Cantabria, donde el gobierno autonómico aprobó una reforma de la Ley del Suelo con una disposición similar, que atrasa la demolición de una vivienda ilegal hasta que su propietario haya cobrado la indemnización. La ley fue impugnada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ante el Tribunal Constitucional, que en septiembre de 2011 admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad. El TSJC considera que la ley autonómica “no puede establecer la suspensión de la ejecución judicial regida por la Constitución y por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. El tribunal también discute la regulación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial “previo a que la lesión o el daño se produzca”.

Con informe en contra

A lo largo de 17 folios, la Asesoría Xurídica de la Xunta alertó a la Consellería de Territorio de la discutible legalidad de la disposición adicional sexta de la Lei de Vivenda. Sus principales objeciones tienen que ver con los argumentos que motivaron el recurso de inconstitucionalidad presentado por el tribunal cántabro, pero también con la “imposibilidad de un resarcimiento económico anticipado”, esto es, el pago de la indemnización antes de que se lleve a cabo la demolición.
El informe de la asesoría señala: “Entendemos que en su actual configuración y redacción, la disposición adicional sexta presentaría problemas de encaje en el ordenamiento jurídico”. También advierte del “evidente riesgo” de impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional.
La contestación de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras consistió en ofrecer “una redacción totalmente nueva al precepto”, redacción que mantiene la misma paralización de los derribos por licencia ilegal y que no fue trasladada a la Asesoría Jurídica de la Xunta. El departamento de Agustín Hernández aprovechó el cambio para introducir una disposición transitoria que permite aplicar la suspensión de demoliciones con carácter retroactivo, para edificios pendientes de demolición cuando la ley entre en vigor. Tampoco esa medida fue sometida a informe.


* El País - PABLO LÓPEZ - 29 ABR 2012
Foto: Vigo, colina Castrelos - farodevigo.es

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Miles de personas, contra el macro hotel junto a una playa virgen en Baleares

ELPAÍS/Mallorca* : Fueron entre 6.000 y 8.000 los ciudadanos que este domingo pisaron la arena de la playa virgen de Sa Ràpita y unieron sus manos en una cadena humana enorme. Los ecologistas esperaban reunir a 1.500 personas para expresar su rechazo al proyecto construcción de un macro hotel en Mirador de Es Trenc, en Campos (Mallorca); al lado del arenal virgen y del espacio natural protegido. Los planes urbanísticos de la derecha, avalados por la izquierda tras una sentencia permiten la construcción. El caso tiene eco internacional.

La policía local de Campos se hartó ayer de multar a los cientos de coches mal aparcados. La zona estaba colapsada. Nunca tanta gente acudió a las playas de Sa Ràpita-Ses Covetes-Es Trenc para tomar parte de una acción cívica proteccionista. Hace 34 años una protesta ciudadana “Salvem Es Trenc” obligó a proteger el enclave pero la marcha se efectuó en Palma. Hoy, sin embargo, el setenta por ciento de los votantes de Campos (PP y +Acció) apoya el nuevo desarrollismo del litoral vecino de los arenales naturales que les han dado fama mundial y negocio.

El plan hotelero está avalado por el Gobierno balear del PP por la inversión -teórica- de 120 millones y la creación de 300 empleos en un complejo turístico de 1200 plazas, con campo de golf. El resort de lujo bordeará los límites del espacio protegido Es Trenc-Es Salobrar de Campos y sus playas vírgenes, 1400 hectáreas no urbanizables desde 1984.

Biel Company, consejero de Medio Ambiente, del PP, afirmó que la protesta no tenía sentido ni contenido real porque el hotel no afectará los terrenos amparados. Company, antiguo activista de la patronal rural Asaja que organizó protestas --‘tractoradas’-- contra los ejecutivos de izquierda, dijo que el GOB (Grupo de Ornitología Balear), promotor de la manifestación, fue subvencionado “por los suyos” (los progresistas) y que, así, en cuatro años había protestado.

La oposición al PP estuvo presente a la marcha, “encadénate por Es Trenc-Sa Ràpita”, Entre los miles de ciudadanos, la líder del PSOE, Francina Armengol y Biel Barceló portavoz del PSM-IV-E. Margalida Ramis, portavoz del GOB, señaló que la construcción del hotel "es un disparate total y absoluto".


* El País - ANDREU MANRESA Palma de Mallorca 29 ABR 2012
Foto: Vista aérea de la playa de Es Trenc Mallorca. / Tolo Ramon

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Roca multiplicó por 7 su dinero en Marbella

LAOPINIÓN/Málaga* : Un Miró en el cuarto de baño. Ésa es la imagen que ha retenido el inconsciente colectivo de la operación Malaya. Y, si hay que tomar la parte por el todo, como resumen del saqueo sistemático de Marbella se acerca claramente a la realidad de lo sucedido. De ese Miró y de otras obras de arte; de sus tejemanejes inmobiliarios y del engranaje íntimo de un patrimonio inmenso habla el informe pericial encargado por la defensa de Juan Antonio Roca, principal encausado en la trama de corrupción, con el objetivo de tasar, de pesar con precisión y de medir con exactitud los bienes muebles e inmuebles del exasesor de Urbanismo de Marbella, un estudio que se ha incorporado a la causa en marzo y al que ha tenido acceso en exclusiva La Opinión de Málaga: los expertos concluyen que en mayo de 1992 sus propiedades valían 15,86 millones de euros y diez años después, 117,9, lo que quiere decir que se multiplicaron por siete.

El informe pericial está fechado el 22 de marzo y ha sido elaborado por la empresa Arthursen de Madrid. En el mismo, se analiza la evolución del patrimonio de Roca desde el 30 de junio de 1983 al 9 de abril de 2002. La pericial ha sido remitida a todas las partes por correo electrónico, y su fin es oponer sus conclusiones a las de la Fiscalía Anticorrupción, que atribuyó una capacidad de gasto al exasesor de Urbanismo de más de 200 millones entre 1997 y 2005 en su escrito de acusación.

Roca ya cuantificó su fortuna en 210 millones de euros en una sesión del juicio. Fue el 2 de marzo de 2011, cuando explicó que sus propiedades valían, en el momento de ser detenido, 35.000 millones de pesetas (210 millones de euros). «Aproximadamente», fueron las palabras que pronunció a preguntas del fiscal. Si a ello se le resta el pasivo, 20.000 millones de cargas hipotecarias, el valor real ascendería a 90.

El informe da puntada con hilo más real y utiliza únicamente los datos contenidos en el sumario y en diversos informes policiales de la operación Malaya. «Las operaciones objeto de verificación a efectos de la estimación de la evolución de dicho patrimonio han sido facilitadas por la defensa de JAR y, en función de dichas operaciones, se ha realizado la estimación», dicen los expertos, que han tenido que revalorizar el resultado.

Así, difieren de lo concluido por la policía en uno de sus informes, «que no refleja el verdadero valor del patrimonio objeto de estudio». La evolución del patrimonio acumulado es la siguiente: 15,8 millones en mayo de 1992, poco después de trabajar para el Consistorio; 47,4 millones de euros en 1996; y 117,93 en abril de 2002, valor casi real por cuanto que está actualizado a 31 de diciembre de 2008.

Ya en 2002, el valor de las obras de arte era de 17 millones, el inmobiliario de 94,9 millones de euros y los bienes muebles (acciones, letras, etcétera...) ascendían a 5,6. En el 92, no tenía obras de arte, pero sí en el 96, cuando éstas estaban valoradas en 8,13 millones.

Roca siempre ha defendido que tenía dinero antes de llegar a Marbella, porque su estrategia está clara: lo que posee no se debe a los presuntos sobornos recibidos en función de su cargo municipal, sino que ha sido un gestor que ha acertado en sus inversiones multiplicando beneficios. La valoración de estos peritos resulta de la diferencia entre los bienes y derechos de propiedad de una sociedad (activo) y las deudas u obligaciones (pasivo).

Roca aseguró que, cuando llegó a Marbella a principios de los noventa, su patrimonio era de seis millones de euros (mil millones de las antiguas pesetas). Sólo una de sus constructoras estaba valorada en 500 millones de pesetas.

Los peritos aseguran que se analizan las operaciones realizadas directa o indirectamente a través de las sociedades de su propiedad, y que el informe es conservador, porque, entre otras cosas, se han dejado fuera las cantidades en metálico.

En concreto, se identifican 186 operaciones efectuadas por el propio Roca o a través de sus sociedades: se trata de la compra de numerosos solares; o la venta de 43 viviendas en la urbanización Playa Grande (Murcia); se adquieren locales, garajes y casas.

Por ejemplo, se refleja la compra de dos viviendas en el edificio Poseidón de Marbella, su residencia habitual, por más 727.000 euros en 1989, casas que la Fiscalía le ofreció quedarse si se declaraba culpable en el juicio, lo que no ha sucedido.

Se relata también la adquisición del yate Sea Ray en 1990 por 53.000 euros a través de Marbella Inversiones; la adquisición de letras del Tesoro y la constitución de la sociedad Marqués de Velilla, mercantil que luego explotará la yeguada. En la relación se localizan los nombres de algunos de sus principales y supuestos testaferros.

Entre las complejísimas operaciones, formada a su vez por diversos trámites, destacan también la compra de la finca La Loma (Murcia), o la adquisición de las diversas parcelas que luego formarán la joya de la corona de su imperio, la finca La Caridad, en la que policía halló su colección de carruajes, numerosas obras de arte, los trofeos de caza y parte de la colección de coches.

Así, adquirió por 601.012 euros parte de la finca La Caridad, o en noviembre de 2001, Condeor se hace con Los Alcázares por 1,8 millones de euros.

Ya en el apartado de las obras de arte, destaca el extenso y variado gusto del murciano: así, entre las 285 que se relacionan en las detalladísimas tablas del informe destacan diez cerámicas de Jean Cocteau, dos dibujos de Federico García Lorca, ocho obras de Joan Miró, y hasta algunas de Pablo Picasso: hay más de diez creaciones, una de ellas con un valor superior a los 50.000 euros.

También se fijó Roca en Antonio Saura, del que adquirió numerosos cuadros, y posee dos pinturas de Sorolla y obras de Tapies. Muchas de ellas se hallaron en la finca La Caridad.

Cuentas de la Fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, asegura que Roca ha conseguido amasar en los «últimos años un patrimonio muy importante», todo ello coincidiendo con la época en la que estuvo ligado laboralmente al Ayuntamiento de Marbella.

Su patrimonio está diversificado en distintos sectores, recoge el fiscal en su escrito de acusación: agrícola, ganadero, inmobiliario, hotelero, hostelero y servicios. «Así, es el dueño de fincas de gran extensión, como La Morisca, en Jimena de la Frontera (Cádiz) y La Loma, en Murcia», aclara.

Posee un hotel en El Rocío (La Malvasía), que compró por 1,2 millones de euros. Sólo en bienes inmuebles, según el fiscal, invirtió entre 1997 y 2005 más de 136 millones de euros.

Poseía una cuadra de caballos con más de 100 ejemplares (la yeguada valía 400.000 euros), y una ganadería de toros bravos (tasados en 120.000 euros). «Y una amplísima colección de obras de arte, antigüedades y objetos de colección, joyas y relojes diversos, repartida entre sus inmuebles, como su domicilio en Marbella, en las fincas de Murcia y Cádiz, en su domicilio de Madrid y en sus oficinas de Marbella y Málaga».

Según asegura Anticorrupción, sólo en este capítulo se gastó más de 27,6 millones de euros (el informe pericial tasa lo adquirido en 17 millones de euros en lo referente al arte).

Ha sido propietario de embarcaciones de lujo, de un avión y un helicóptero; sus coches han sido valorados en 300.000 euros por la acusación, destacando el Mercedes Benz 300 SL Alas de gaviota. Los carruajes, en este caso siguiendo el escrito de acusación, estaban tasados en 3,5 millones de euros. Sólo en acondicionar y decorar sus viviendas se gastó presuntamente 6,2 millones.

La capacidad de gasto «del procesado Juan Antonio Roca alcanza la cifra de 200 millones de euros», lo que no se fundamenta en sus rentas conocidas, siempre según consigna el acusador público en el escrito.


* La Opinión Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 29.4.12
Foto: Juan Antonio Roca, poco después de abandonar la cárcel en abril de 2008 tras dos años de prisión preventiva. Al poco tiempo volvió a ingresar en un penal. Arciniega

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El fiscal pide 56 años de inhabilitación para una exedil de Priego por prevaricar

ELDÍA/Córdoba* : La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita 48 años de inhabilitación para la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Dominga Durán Cano, del Partido Andalucista (PA), a la que acusa de seis delitos de prevaricación urbanística. Según relata el Ministerio Público en su informe provisional de acusación, la exedil, en su calidad de vicepresidenta de la Gerencia de Urbanismo, procedió supuestamente a la concesión "de diversas autorizaciones y licencias en contra de los informes técnicos preceptivos desfavorables, así como de la legalidad y del planeamiento urbanístico". Los hechos por los que la procesada se sentará el próximo miércoles en el banquillo del Juzgado de lo Penal nº1 se produjeron entre los años 2002 y 2007.

El primero de los expedientes recogidos por el fiscal en su informe, se refiere a la construcción de una nave comercial en suelo no urbanizable. La acusada, en contra del informe de los técnicos, "procedió a la concesión de licencia contraria, contraria a la legislación y planeamiento urbanístico vigentes". Otro de los expedientes en los que la Fiscalía aprecia indicios de una presunta actitud prevaricadora se refiere a la legalización de actividad de una fábrica que emitía vertidos. Los técnicos informaron desfavorablemente por contravenir la legislación medioambiental, "no obstante lo cual la acusada concedió la licencia".

Los otros cinco expedientes a los que la exedil dio el visto bueno fueron aprobados entre los años 2006 y 2007, y en todos ellos la imputada concedió la licencia de primera ocupación, de nuevo, pese a los informes técnicos desfavorables "por contravención de la normativa urbanística aplicable".

La Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para la exconcejala por cada uno de los seis delitos de prevaricación urbanística, y otros ocho años más por el de prevaricación medioambiental. También solicita multas que superan los 19.000 euros. La investigación fue iniciada por el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego, en virtud de la denuncia formulada ante la Fiscalía Provincial de Córdoba por la propia Gerencia de Urbanismo de la localidad. En aquella primera denuncia, ya se hacía constar que la exconcejala, cuyo puesto era de carácter ejecutivo, mientras que la presidencia la ostentaba el entonces alcalde Juan Carlos Pérez, procedió en diversos expedientes a la concesión de autorizaciones y licencias "en contra de los informes técnicos preceptivos".


* El Día de Córdoba - 28.04.12
Foto: Priego de Córdoba, ayuntamiento - google

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La trama Gürtel redactó las bases del concurso público que le dio Camps

ELPAÍS/Valencia* : Hasta ahora se sospechaba que la Generalitat valenciana filtró a las empresas de la trama Gürtel las bases del concurso público para la adjudicación del montaje de su pabellón en la feria Fitur antes de convocarlo. La feria fue un lucrativo negocio del que la red obtuvo cerca de cinco millones de euros entre 2005 y 2009. El amaño fue, sin embargo, mucho peor. La Intervención General del Estado ha concluido que el itinerario se realizó al revés: fue la trama Gürtel la que redactó las bases del primer concurso que obtuvo, en 2005, del Gobierno del expresidente Francisco Camps.

“Si tenemos en cuenta las fechas de elaboración, el contenido del documento elaborado por Down Town Consulting [una de las sociedades del grupo Correa], las ampliaciones, modificaciones o rectificaciones que introducen con posterioridad los servicios técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo nos lleva a concluir que el contenido y la documentación soporte del informe de condiciones técnicas y el resumen de condiciones técnicas del stand del año 2005, es elaborado inicialmente por la empresa Down Town Consulting”, señala el informe.

Lo que describe la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con vocabulario administrativo es que fue la trama la que se diseñó a medida las bases del concurso público: qué criterios se valorarían para elegir entre las ofertas presentadas y qué puntuación tendría cada uno de ellos.

La IGE llega a esa conclusión tras analizar dos correos que se intercambiaron empleados de la trama los días 4 y 5 de noviembre de 2004, que contenían lo que acabarían siendo las bases del concurso. La tramitación administrativa del mismo no se inició hasta el 5 de noviembre.

La documentación incautada a la trama representaba su propuesta de máximos. Aunque las bases publicadas resultaron ser casi exactamente iguales —incluido un “error material” en una fórmula matemática—, la Agencia Valenciana de Turismo suavizó algún extremo en la tramitación, y las “perfeccionó” para adecuarlas a un boletín oficial.

El resultado fue “un cambio muy significativo” respecto a las anteriores ediciones del concurso de Fitur, advierte la IGAE. El criterio económico, el único objetivo y cuantificable, pasó de pesar un 50% en la feria de 2004 a un 15% en la primera que ganó Orange Market (la trama intentó reducirlo al 5%). Y los criterios no cuantificables, “cuya valoración tiene un elevado carácter subjetivo y en los que no se especifican los elementos que darán lugar a la asignación final de puntos”, aumentaron su peso hasta el 85% del total. Entre ellos se incluyeron criterios bastante etéreos, como “creatividad, estética y funcionalidad”, apartado al que se atribuyó 40 de los 100 puntos del concurso.

La propuesta de la trama suprimió el requisito de experiencia en actos similares, que Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, no podía cumplir. La Agencia Valenciana de Turismo aceptó inicialmente la petición. A lo largo de la tramitación, la Administración reintrodujo el requisito de experiencia, pero obvió que la empresa no la cumplía. Esa carencia, destaca la IGAE, “podría haber excluido a Orange Market por no reunir los requisitos de solvencia técnico profesional” exigidos en la convocatoria.

En las ediciones posteriores, con Orange Market ya dentro y con experiencia, los criterios de selección mejoraron, pero solo aparentemente, señala la IGAE. El criterio económico volvió a pesar un 50%, pero la fórmula matemática utilizada lo mantuvo en un 20% del total. La Intervención detecta igualmente irregularidades en la conformación de la mesa de contratación y en el número de vocales que participaron a lo largo de las cinco ediciones que realizó Gürtel.

Y confirma la existencia de sobrecostes y duplicidades en los pagos. Una serie de servicios incluidos en lo que, según el contrato, debía hacer Orange Market en la feria de 2005 —acceso a Internet, book fotográfico...—, fue cobrado también por Special Events. Y, uno de sus elementos, los uniformes para azafatas, otra vez por Orange Market con la justificación de que era una mejora.


* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 26 ABR 2012
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo

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Córdoba.- Urbanismo 'privatiza' el subsuelo municipal

ELDÍA* : La Gerencia Municipal de Urbanismo promoverá un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana que permitirá la inscripción registral a título privado del subsuelo que se encuentra bajo las calles, las plazas, las zonas verdes o los solares y los edificios que se dedican a equipamiento público. La medida funciona ya en otras ciudades, como Valencia o Granada, y ha permitido la propiedad privada de unos bienes que hasta ahora no se podían vender, los aparcamientos comunitarios realizados en el subsuelo. La medida se encauzará por medio de la constitución de complejos inmobiliarios sobre determinados espacios de la ciudad.
El complejo inmobiliario es una figura registral en la que el suelo y el vuelo de un espacio son públicos aunque el subsuelo puede ser privados. El PGOU vigente es bastante inflexible en esta cuestión. Si la calle es pública, lo que hay debajo también.

Ello tiene una consecuencia. Los proyectos de aparcamientos se realizan en régimen de concesión temporal y los usuarios nunca pueden ser propietarios de las plazas en un país donde la propiedad es la fórmula de tenencia más perseguida. Actualmente, las empresas que emprenden proyectos de aparcamientos pagan un canon de uso anual. La legislación pone tope a esas concesiones: 99 años posteriormente reducidos a 75 (en lo que concierne a los usuarios de plazas de parking) con un tope de 40 para las empresas que desarrollan contratos de concesión de obra pública. Pasado ese tiempo, el parking pasa a manos municipales. A su vez, las plazas sólo pueden alquilarse. Conclusión: "el usuario lo percibe como una inversión que no llega a consolidar en el tiempo", afirma el informe de la Gerencia de Urbanismo, que tiene que aprobar la formulación del cambio del PGOU la próxima semana.

La actual realidad es otra: las empresas interesadas tendrán que comprar los derechos para edificar bajo los terrenos públicos y a su vez podrán vender la división de las plazas de aparcamiento. Eso implica ingresos para el Ayuntamiento. Esas propiedades podrán transmitirse mortis causa -lo que viene a ser heredar-, algo que en la actualidad es inviable.

El informe de Urbanismo reconoce que el planeamiento de la ciudad ha desincentivado el vaciado completo del solar por distintas razones, entre otras, las arqueológicas. La modificación prevista del PGOU no implica una suerte de uso general del subsuelo sino que se identificará dónde se puede y dónde no se puede. El Consistorio tendrá que establecer claramente qué subsuelo espacios libres (plazas, zonas verdes), calles y zonas destinadas a equipamientos va a determinar como privatizables desde el punto de vista urbanístico.

Una de las características de la modificación del PGOU prevista -el texto literal no está realizado aún- es que pretende incentivar el uso del subsuelo en determinadas zonas de la ciudad en las que no existen aparcamientos comunitarios suficientes. En concreto, se cita la periferia del Casco Histórico con el objetivo de implementar aparcamientos de servicio que permitan desarrollar medidas de peatonalización. Barrios completos presentan un déficit en este sentido (Huerta de la Reina, Valdeolleros...) donde la oferta de estacionamiento privado no atiende la demanda real, dice el informe municipal.


* El Día Córdoba - RAFAEL RUIZ - 28.4.12
Foto: Entrada al parking de la Victoria - eldia

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Juzgarán al exalcalde de Salou por la compra de una finca

EFE/Tarragona* : El exalcalde de Salou Esteve Ferran Rivera y su hijo y exconcejal de Urbanismo, Esteve Ferran Gombau, serán juzgados los días 30 y 31 de mayo acusados de obtener de manera fraudulenta 500.000 euros de beneficio por la compraventa de una finca en esta localidad, según fuentes judiciales.
La Sección 4ªde la Audiencia de Tarragona ha citado a ambos como imputados por la causa que abrió en enero del 2008 y también están citados a declarar en los dos días que se prevé que dure la vista diversos políticos y funcionarios del consistorio.

El juicio intentará aclarar las circunstancias de la compra y la venta de una finca de 2.850 metros cuadrados (m²) de la familia Montagut, situada en la partida Emprius de Salou, en un zona que posteriormente se revalorizó urbanísticamente y que fue vendida cuando el actual concejal de urbanismo, Marc Montagut, no había accedido aún al cargo.

La familia Montagut decidió vender la finca y pidió al consistorio información sobre su calificación urbanística.

El terreno lo compró Esteve Ferran Gombau por 30.050 euros en septiembre de 1999, en agosto de 2000 se hizo pública la operación y la venta -a dos sociedades, Fran Tarragona y Chalets Nueva Catalunya- se llevó a cabo en octubre de 2004 por 506.445 euros, lo que dejó un beneficio de más de medio millón de euros.

En el momento de la venta, la familia Ferran -el padre fue alcalde de 1991 al 2007- estaba muy cuestionada por cuatro casos urbanísticos distintos y por haber constituido en 2003 la sociedad Casmar XXI, dedicada a la venta de productos para el deporte y las actividades inmobiliarias.

ERC pidió entonces la dimisión de Esteve Ferran Gombau por el caso y su padre le defendió asegurando que la compra la efectuó él mismo con la madre de los Montagut "por la necesidad que tenían de vender", según dijo en ese momento.

Esquerra acudió entonces a la Fiscalía con un dossier sobre las actividades de la familia Ferran.

En el 2007, el juzgado de Instrucción tenía que resolver la denuncia del Fiscal contra el exalcalde y su hijo como "presuntos autores de un delito de prevaricación, tráfico de influencias, de uso de información privilegiada y de un delito de aprovechamiento ilícito de información privilegiada".

"En el momento de la adquisición tenían pleno conocimiento de la existencia de la renovación del POUM y no así el vendedor, siendo que dicha partida afectaba a la finca adquirida, que iba a cambiar de uso, de equipamiento deportivo a residencial", afirmaba la Fiscalía, que en un año había reunido la documentación suficiente para imputar a Esteve Ferran y su hijo como presuntos autores de varios delitos que podrían suponer inhabilitación y penas de cárcel.

Así, la Fiscalía, además de la compraventa de esta finca, analizó la concesión de un solar para una residencia sociosanitaria donde el canon anual era muy bajo; la compra de unas fincas a raíz del desvío del barranco de Barenys por parte de sociedades de un primo del alcalde, y la rapidez con la que se concedieron licencias para edificar en el antiguo espacio de la discoteca Galas.

El juez archivó las diligencias contra el exalcalde y su hijo, pero la Audiencia de Tarragona reabrió el caso en 2010 al aceptar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía después de que el magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Tarragona dictaminara en 2009 que "no existían indicios de que se hubiera perpetrado un delito de uso de información privilegiada".

La Audiencia consideró en 2010 que "sí existen indicios suficientes de responsabilidad criminal de los acusados".


* ABC - EFE - 25.4.12
Foto: Salou (Tarragona), vista - turismo

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Penas mínimas por corrupción en Menorca tras siete años de instrucción

ELPAÍS* : Han sido siete años de instrucción y la dilación indebida del proceso beneficia a los reos. Es una atenuante cualificada. El llamado caso ses rates de Ciutadella de Menorca, un procedimiento penal abreviado por corrupción urbanística municipal, se juzgó y resolvió este lunes de abril de 2012 en la Audiencia de Palma de Mallorca, mediante un pacto de conformidad entre la Fiscalía y los cargos públicos, negociantes y técnicos acusados.
Los hechos giran alrededor de la trama diseñada para la compra pública, amañada, de una parcela urbana con vistas a ulteriores posibles negocios privados de recalificaciones, aparentemente entre políticos y empresarios. El perjuicio para las arcas públicas se calculó en 288.000 euros.

El exlíder del PP de Ciutadella, Avel.li Casasnoves, -exdiputado balear- y responsable local de urbanismo, ha asumido una condena de tres meses por fraude a la administración más 540 euros de multa; se le pedían dos años y medio de prisión. Casasnovas dejó el PP poco antes de ser suspendido de militancia tras ser imputado.

El político localista populista Llorenç Casasnovas –que no es pariente pero sí fue aliado del anterior-, que fue concejal colaborador de Urbanismo desde su Partit Menorquí, ha sido condenado a dos penas que suman un año por fraude y falsedad documental. El fiscal le acusó, inicialmente, por negociaciones prohibidas, fraude, falsedad, malversación de caudales y tráfico de influencias y reclamó para él más de siete años de cárcel. Llorenç Casasnovas tiene antecedentes penales –no computables- por obras ilegales y desobediencia a autoridades y funcionarios. Ninguno de los condenados ingresará en prisión.

La causa se inició en 2005 en un juzgado de Ciutadella por el que han pasado tres jueces instructores distintos y, al menos, dos fiscales, según relató uno de los abogados. Antes del juicio, falleció el denunciante perjudicado, un hombre que tenía 72 años al firmar la venta del solar al hombre de paja de un político. Desde el Ayuntamiento amenazaron al propietario con abrirle un expediente por presencia de roedores y abandono de la parcela, hechos no probados. Le advirtieron de que sería multado con 8.000 euros.

Al conjunto de los seis implicados, dos cargos públicos, el empresario testaferro Antonio Picó y tres técnicos locales, se les reclamó hasta 21 años de cárcel desde la acusación pública y la particular (el PSOE y el nacionalista PSM). Las penas acordadas en el pacto no superan, individualmente, el año y medio. También se diluyen las peticiones de indemnización de cerca de 200.000 euros.

El acuerdo con la Fiscalía, que implica el reconocimiento de un episodio delictivo, se tuteló por los tres magistrados de la sala de la Audiencia de Palma. El tribunal evitó resolver las cuestiones previas y retrasar, otra vez, el juicio. Los procesados evitaron la vista pública y esquivaron la posibilidad de penas con años de reclusión. La Fiscalía optó por el camino de verificar, aún a la baja, sus tesis y no exponerse a un traspié ante los tribunales. Un abogado reclamó que el caso se juzgara en un tribunal con jurado y en otra instancia. Los políticos no estaban de acuerdo con esta estrategia. Tras dos horas de negociaciones entre las partes y redacción del acuerdo el caso quedó cerrado, a la espera de conocer el contenido jurídico técnico del fallo de la Audiencia.


* El País - ANDREU MANRESA - 23 ABR 2012
Foto: Ciutadella (Menorca), vista - balear

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