PÚBLICO* : En su primer año de vida, el movimiento de los indignados ha paralizado más de cien desahucios sólo en Madrid.
El matrimonio de Tatiana y Anuar estaba dispuesto a plantar cara al inminente desahucio que se cernía sobre ellos y su hija y que amenazaba con echarlos de su piso de 55 metros cuadrados. Era el 15 de junio de 2011. Pocas semanas antes, Tatiana había visto en televisión un pequeño reportaje sobre unos activistas barceloneses que, utilizando técnicas de protesta pacífica, habían impedido que desalojaran a una familia en Catalunya. Ella no tenía nada que perder, así que llamó a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para pedir ayuda.
Cuando llegó el momento del desahucio, Tatiana no pudo dar crédito a lo que veía desde su ventana. Decenas de personas se habían acercado a paralizar su desahucio. El 15-M había acudido a su llamada de auxilio."Es una cosa que nunca se me olvida, lo más bonito que me ha sucedido", explica Tatiana. "Estuvimos intentando negociar con el banco hasta el último día, pero no querían cambiar de posición, así que fue increíble sentir la solidaridad de la gente, el apoyo mutuo", expresa.
El desahucio fue aplazado y la comisión judicial no volvió hasta muchos meses después. Al final, tras casi un año de lucha, el matrimonio consiguió que el banco le concediese la condonación de la deuda hipotecaria a cambio de las llaves del piso. "Nos quedamos en paro, no teníamos ayuda ni veíamos salida por ningún lado, y cuando te encuentras en esa situación es desesperante", recuerda, ya como algo lejano.
Aquel fue el primer 'Stop Desahucios' mediático. Desde entonces, Tatiana comenzó a participar activamente en la lucha por una vivienda digna, tanto dentro de las asambleas del 15-M como en la PAH. A su vez, el movimiento de los indignados encontró uno de sus activos más potentes: ayudar directamente a las familias, frente a la pérdida de uno de los derechos más básicos, como es el de la vivienda.
Triunfos inmediatos y simbólicos
El 15-M ha logrado gran parte de sus victorias en el frente de los desahucios, sobre todo logros palpables. Alfonso, de la comisión interbarrios de vivienda del 15-M, explica que la gente a la que se ayuda en un desahucio "de repente se dan cuenta de que no están solos".
"Algunos entienden que después de su desahucio viene el de mucha gente más, así que comienzan a implicarse para ayudar al siguiente vecino con problemas", asegura, y añade que "varios de los más activos vienen de ese proceso".
Los indignados vivieron aquel momento con "mucha ilusión" y sin esperarse el éxito que finalmente tuvo la convocatoria, recuerda Alfonso. "Fue una mañana muy alegre porque se consiguió totalmente el objetivo. A la comisión judicial les dio tanto miedo que tardaron meses en volver, se fueron sin plantear si quiera una fecha de retraso", señala.
Sin embargo, Alfonso admite que no se esperaban ese éxito, "incluso con la explosión del activismo social que provocó el 15-M, ya que era la primera vez que se lanzaba en Madrid una acción de este tipo".
La lucha por la vivienda digna, en el ADN del 15-M
Las organizaciones más nombradas a la hora de buscar promotores del movimiento de los indignados suelen ser Democracia Real Ya o Juventud Sin Futuro. Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que llevaba poco tiempo funcionando en Madrid —en Barcelona llevaba mucho más recorrido—, también está entre las convocantes de la manifestación del pasado 15 de mayo.
De hecho, la lucha por una vivienda digna ha sido uno de los grandes frutos que ha dado el 15-M pues, sólo en Madrid, la PAH ha paralizado junto a las asambleas de barrio más de cien desahucios. "Se creó una asamblea interbarrios en la que participa también la PAH y desde el principio se han hecho muchísimas reuniones conjuntas", explica Jose María Ruiz, portavoz de la PAH de Madrid. "La paralización del desahucio de Anuar y Tatiana fue coordinado por las asambleas de barrio, en concreto la de Tetuán", apunta.
"Desde aquel día lo que hemos hecho ha sido reforzar esa comunicación", narra. "La unión entre la PAH y el 15-M ha supuesto alcanzar muchos objetivos, muchas condonaciones de deudas, muchas daciones en pago, se ha firmado un gran número de alquileres sociales", recuerda Ruiz.
Ahora, toca "afianzar" esta dinámica de cara a la recogida de firmas de la ILP que van a presentar ante el congreso para que la dación en pago sea una realidad para todos. "Eso va a obligar a crear algún tipo de estructura organizativa más estable que hasta ahora", adelanta.
Una situación insostenible
Ruiz destaca que ahora mismo "se están moviendo alrededor de un millón y medio de expedientes de ejecución hipotecaria, lo que supone ya no sólo el drama de toda esa gente, sino el colapso financiero". "Además, el problema está muy vinculado a la destrucción de empleo, con lo cual éste va creciendo a una velocidad de vértigo y muchos de los parados no van a poder hacer frente a su hipoteca", adelanta.
"De hecho el gobierno está francamente preocupado, no porque tenga conciencia social, que no la tiene, sino porque esas personas quedan fuera de los circuitos de consumo, ya que de un desahucio te vas con una equis de moroso en la espalda. No puedes contratar un móvil, no puedes comprar una lavadora a plazos, y eso supone el colapso de la economía. Y la paradoja es que mientras esto sucede hay alrededor de seis millones de casas vacías", explica Ruiz.
En cuanto a los responsables de este problema a gran escala, Ruiz lo tiene claro: "los bancos y nuestros gobernantes, que no solo lo han permitido sino que además legislan continuamente a favor de los primeros". A la hora de firmar una hipoteca, según Ruiz, "no hay ninguna igualdad de armas entre un particular y la banca".
De cara al próximo 12 de mayo, día en que los indignados volverán a salir a las plazas para celebrar su aniversario, Ruiz se muestra optimista. "Será otro aldabonazo para conseguir ese avance en la organización que yo creo que nos falta", explica.
* Público - EDUARDO MURIEL - 30/04/2012
Foto: Indignados, banqueros terroristas cartel - PAH
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LAINFORMACIÓN* : La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado una sentencia relativa a un delito contra la ordenación del territorio, ordenando que tal condena incluya además la demolición de una vivienda construida al margen de la legalidad.
En esta sentencia, fechada el 16 de marzo y recogida por Europa Press, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial alude a un fallo previo del Juzgado de lo Penal nº5 de Sevilla que condenaba a un ciudadano como autor de delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia. Y es que contra este fallo, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico había promovido un recurso de apelación para que "se incluya además ordenar al condenado la demolición de la obra indebidamente realizada".
La Audiencia Provincial "coincide" con el Ministerio Público en que "la demolición de lo construido ilegalmente se presenta como único modo de restablecer la situación alterada". "No tendría sentido que, pudiendo los tribunales decidir sobre el restablecimiento de la legalidad urbanística no lo hicieran", señala la Audiencia provincial.
La Audiencia provincial, no obstante, considera que "sería de desear una actuación administrativa tendente a legalizar la situación de una gran cantidad de casas que han sido construidas al abrigo de la tolerancia y de la vista gorda de las administraciones". De cualquier modo, la sentencia revoca el fallo del Juzgado de lo Penal número cinco en el único sentido de que se incluya en la condena la demolición de la obra.
* La Información - EP - 30.4.12
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
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ELPAÍS* : Hace cuatro y cinco años que el Ayuntamiento de Alicante tenía que haber cumplido su obligación legal de elaborar distintos planes municipales, pero estos son todavía, en el mejor de los casos, apenas un borrador. Algunos ni eso. En algún caso no se ha empezado a trabajar en el documento.
En esta situación está el Plan Acústico Municipal (PAM), que debe reducir las molestias por ruido. El decreto del Consell 104/2006 marcaba que los municipios de más de 100.000 habitantes debían enviar su PAM a la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente antes del 31 de diciembre de 2007. El plan no ha llegado a Valencia.
El equipo de gobierno empezó su tramitación en la segunda mitad del año pasado, pero Esquerra Unida denuncia que presentó alegaciones a las que no ha recibido respuesta. Y recuerda que ya denunció el “retraso escandaloso” del plan, que sigue aparcado.
Otros planes afectan al patrimonio de Alicante. El caso más llamativo es el del castillo de San Fernando, ubicado en el Monte Tossal, una de las dos privilegiadas atalayas que distinguen el perfil de la ciudad. Este recinto, de principios del siglo XIX, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) y, por ello, según la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, el equipo que ahora preside Sonia Castedo tenía un año para elaborar un plan especial de protección para este recinto y, en líneas generales, para todos los BIC. El plazo caducó hace 13 años, en 1999. Pese a ello, la ley se modificó en 2007 y dio un nuevo plazo para cumplir esta exigencia. El plazo terminó hace más de cuatro años, a principios de 2008, con el mismo resultado.
El Ayuntamiento de Alicante es consciente de esta situación, ya que en el pleno del 29 de noviembre de 2011 aprobó una moción, presentada por EU y secundada por todas las fuerzas políticas del Consistorio, para aprobar el citado plan de protección y frenar el deterioro del recinto. El plan aún no se ha aprobado.
El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, considera “sangrante” también la situación de las torres de la huerta, poco más de una veintena de edificaciones vigía que en el siglo XVI servían para alertar de invasiones de los piratas berberiscos y que también son BIC. El plan especial de protección de estas torres, algunas habitadas y otras sin uso, salió a exposición pública en 2007 “y hasta la fecha”, lamenta Pavón.
“El PP no tiene interés en proteger el patrimonio porque en el fondo entiende que puede ser un obstáculo para el desarrollo urbanístico”, lamenta el edil de EU. Pavón agrega que en general, además, hay “bastante desidia”.
La Gerencia de Urbanismo asegura que tanto el plan de protección del castillo de San Fernando como el de las torres de la huerta se han incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del nuevo Plan General (en tramitación desde hace 12 años y sin fecha prevista de aprobación final). Mientras, este periódico intentó sin éxito conocer el motivo del incumplimiento legal que sufre el Plan Acústico.
* El País - ROSA BIOT Alicante 29 ABR 2012
Foto: Una vista del castillo de San Fernando, en Alicante. / PEPE OLIVARES
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ELPAÍS* : Del edificio de Fenosa, en A Coruña, a la Colina de Castrelos, en Vigo, pasando por las 20 viviendas unifamiliares de A Guarda pendientes de derribo. Todas ellas y muchas más en Galicia se beneficiarán de la paralización que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras quiere introducir a través de la nueva Lei de Vivenda, que acaba de entrar en el Parlamento. En una de sus disposiciones adicionales, la sexta, el departamento de Agustín Hernández establece la suspensión generalizada de todos los derribos establecidos por sentencia firme, cuando sean producto de la anulación judicial de licencia.
La medida obliga a la Administración a abrir de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, en el que se establecerá la indemnización a la que, en su caso, pueden tener derecho los titulares de las viviendas afectadas. Mientras tanto, los propietarios podrán residir en ellas, incluso en el caso de que hayan incurrido en dolo, culpa o negligencia grave. El plazo legal para abrir ese procedimiento de responsabilidad patrimonial es de un año desde el momento del daño efectivo. Como ese daño no se produce hasta la demolición efectiva del inmueble, la modificación legal puede provocar la inejecución de las sentencias anuladoras de licencias, según juristas consultados por este periódico.
El motivo de la medida consiste en “garantizar el derecho a la vivienda y la necesaria asunción por la Administración de sus responsabilidades económicas con carácter previo a la demolición”, según reza el título de la disposición adicional. Se aplicará no solo a las nuevas sentencias judiciales, sino a las ya dictadas cuando entre en vigor la ley, de acuerdo con otra disposición que la consellería ha introducido en la ley, la transitoria novena, que le confiere carácter retroactivo.
Otro elemento que favorece la inejecución de las sentencias de derribo es el “requisito necesario y previo” del pago o consignación de la indemnización a favor del titular de la vivienda, que mientras tanto tendrá derecho a residir en ella, siempre que el procedimiento reconozca la existencia de responsabilidad patrimonial. La delicada situación económica que atraviesan los ayuntamientos dificulta ese pago o consignación y, por lo tanto, favorece aplazamientos sine die de las órdenes de derribo.
El proyecto de ley, aprobado por el Consello de la Xunta el pasado 19 de abril, obligará a abrir esos procedimientos de responsabilidad patrimonial incluso en el caso de que el perjudicado, es decir, el titular de la vivienda, haya incurrido en dolo, culpa o negligencia grave, lo que demorará, si no impide, la demolición, a pesar de que en estos casos se deniega el derecho a indemnización. Cuando la negligencia del propietario sea “no grave”, sí tendrá derecho a un resarcimiento económico, aunque “se podrá reducir” su importe en la proporción correspondiente a su grado.
La técnica legislativa que utiliza la Consellería de Territorio no es nueva. Tiene un precedente relevante en Cantabria, donde el gobierno autonómico aprobó una reforma de la Ley del Suelo con una disposición similar, que atrasa la demolición de una vivienda ilegal hasta que su propietario haya cobrado la indemnización. La ley fue impugnada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ante el Tribunal Constitucional, que en septiembre de 2011 admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad. El TSJC considera que la ley autonómica “no puede establecer la suspensión de la ejecución judicial regida por la Constitución y por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. El tribunal también discute la regulación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial “previo a que la lesión o el daño se produzca”.
Con informe en contra
A lo largo de 17 folios, la Asesoría Xurídica de la Xunta alertó a la Consellería de Territorio de la discutible legalidad de la disposición adicional sexta de la Lei de Vivenda. Sus principales objeciones tienen que ver con los argumentos que motivaron el recurso de inconstitucionalidad presentado por el tribunal cántabro, pero también con la “imposibilidad de un resarcimiento económico anticipado”, esto es, el pago de la indemnización antes de que se lleve a cabo la demolición.
El informe de la asesoría señala: “Entendemos que en su actual configuración y redacción, la disposición adicional sexta presentaría problemas de encaje en el ordenamiento jurídico”. También advierte del “evidente riesgo” de impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional.
La contestación de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras consistió en ofrecer “una redacción totalmente nueva al precepto”, redacción que mantiene la misma paralización de los derribos por licencia ilegal y que no fue trasladada a la Asesoría Jurídica de la Xunta. El departamento de Agustín Hernández aprovechó el cambio para introducir una disposición transitoria que permite aplicar la suspensión de demoliciones con carácter retroactivo, para edificios pendientes de demolición cuando la ley entre en vigor. Tampoco esa medida fue sometida a informe.
* El País - PABLO LÓPEZ - 29 ABR 2012
Foto: Vigo, colina Castrelos - farodevigo.es
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ELPAÍS/Mallorca* : Fueron entre 6.000 y 8.000 los ciudadanos que este domingo pisaron la arena de la playa virgen de Sa Ràpita y unieron sus manos en una cadena humana enorme. Los ecologistas esperaban reunir a 1.500 personas para expresar su rechazo al proyecto construcción de un macro hotel en Mirador de Es Trenc, en Campos (Mallorca); al lado del arenal virgen y del espacio natural protegido. Los planes urbanísticos de la derecha, avalados por la izquierda tras una sentencia permiten la construcción. El caso tiene eco internacional.
La policía local de Campos se hartó ayer de multar a los cientos de coches mal aparcados. La zona estaba colapsada. Nunca tanta gente acudió a las playas de Sa Ràpita-Ses Covetes-Es Trenc para tomar parte de una acción cívica proteccionista. Hace 34 años una protesta ciudadana “Salvem Es Trenc” obligó a proteger el enclave pero la marcha se efectuó en Palma. Hoy, sin embargo, el setenta por ciento de los votantes de Campos (PP y +Acció) apoya el nuevo desarrollismo del litoral vecino de los arenales naturales que les han dado fama mundial y negocio.
El plan hotelero está avalado por el Gobierno balear del PP por la inversión -teórica- de 120 millones y la creación de 300 empleos en un complejo turístico de 1200 plazas, con campo de golf. El resort de lujo bordeará los límites del espacio protegido Es Trenc-Es Salobrar de Campos y sus playas vírgenes, 1400 hectáreas no urbanizables desde 1984.
Biel Company, consejero de Medio Ambiente, del PP, afirmó que la protesta no tenía sentido ni contenido real porque el hotel no afectará los terrenos amparados. Company, antiguo activista de la patronal rural Asaja que organizó protestas --‘tractoradas’-- contra los ejecutivos de izquierda, dijo que el GOB (Grupo de Ornitología Balear), promotor de la manifestación, fue subvencionado “por los suyos” (los progresistas) y que, así, en cuatro años había protestado.
La oposición al PP estuvo presente a la marcha, “encadénate por Es Trenc-Sa Ràpita”, Entre los miles de ciudadanos, la líder del PSOE, Francina Armengol y Biel Barceló portavoz del PSM-IV-E. Margalida Ramis, portavoz del GOB, señaló que la construcción del hotel "es un disparate total y absoluto".
* El País - ANDREU MANRESA Palma de Mallorca 29 ABR 2012
Foto: Vista aérea de la playa de Es Trenc Mallorca. / Tolo Ramon
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LAOPINIÓN/Málaga* : Un Miró en el cuarto de baño. Ésa es la imagen que ha retenido el inconsciente colectivo de la operación Malaya. Y, si hay que tomar la parte por el todo, como resumen del saqueo sistemático de Marbella se acerca claramente a la realidad de lo sucedido. De ese Miró y de otras obras de arte; de sus tejemanejes inmobiliarios y del engranaje íntimo de un patrimonio inmenso habla el informe pericial encargado por la defensa de Juan Antonio Roca, principal encausado en la trama de corrupción, con el objetivo de tasar, de pesar con precisión y de medir con exactitud los bienes muebles e inmuebles del exasesor de Urbanismo de Marbella, un estudio que se ha incorporado a la causa en marzo y al que ha tenido acceso en exclusiva La Opinión de Málaga: los expertos concluyen que en mayo de 1992 sus propiedades valían 15,86 millones de euros y diez años después, 117,9, lo que quiere decir que se multiplicaron por siete.
El informe pericial está fechado el 22 de marzo y ha sido elaborado por la empresa Arthursen de Madrid. En el mismo, se analiza la evolución del patrimonio de Roca desde el 30 de junio de 1983 al 9 de abril de 2002. La pericial ha sido remitida a todas las partes por correo electrónico, y su fin es oponer sus conclusiones a las de la Fiscalía Anticorrupción, que atribuyó una capacidad de gasto al exasesor de Urbanismo de más de 200 millones entre 1997 y 2005 en su escrito de acusación.
Roca ya cuantificó su fortuna en 210 millones de euros en una sesión del juicio. Fue el 2 de marzo de 2011, cuando explicó que sus propiedades valían, en el momento de ser detenido, 35.000 millones de pesetas (210 millones de euros). «Aproximadamente», fueron las palabras que pronunció a preguntas del fiscal. Si a ello se le resta el pasivo, 20.000 millones de cargas hipotecarias, el valor real ascendería a 90.
El informe da puntada con hilo más real y utiliza únicamente los datos contenidos en el sumario y en diversos informes policiales de la operación Malaya. «Las operaciones objeto de verificación a efectos de la estimación de la evolución de dicho patrimonio han sido facilitadas por la defensa de JAR y, en función de dichas operaciones, se ha realizado la estimación», dicen los expertos, que han tenido que revalorizar el resultado.
Así, difieren de lo concluido por la policía en uno de sus informes, «que no refleja el verdadero valor del patrimonio objeto de estudio». La evolución del patrimonio acumulado es la siguiente: 15,8 millones en mayo de 1992, poco después de trabajar para el Consistorio; 47,4 millones de euros en 1996; y 117,93 en abril de 2002, valor casi real por cuanto que está actualizado a 31 de diciembre de 2008.
Ya en 2002, el valor de las obras de arte era de 17 millones, el inmobiliario de 94,9 millones de euros y los bienes muebles (acciones, letras, etcétera...) ascendían a 5,6. En el 92, no tenía obras de arte, pero sí en el 96, cuando éstas estaban valoradas en 8,13 millones.
Roca siempre ha defendido que tenía dinero antes de llegar a Marbella, porque su estrategia está clara: lo que posee no se debe a los presuntos sobornos recibidos en función de su cargo municipal, sino que ha sido un gestor que ha acertado en sus inversiones multiplicando beneficios. La valoración de estos peritos resulta de la diferencia entre los bienes y derechos de propiedad de una sociedad (activo) y las deudas u obligaciones (pasivo).
Roca aseguró que, cuando llegó a Marbella a principios de los noventa, su patrimonio era de seis millones de euros (mil millones de las antiguas pesetas). Sólo una de sus constructoras estaba valorada en 500 millones de pesetas.
Los peritos aseguran que se analizan las operaciones realizadas directa o indirectamente a través de las sociedades de su propiedad, y que el informe es conservador, porque, entre otras cosas, se han dejado fuera las cantidades en metálico.
En concreto, se identifican 186 operaciones efectuadas por el propio Roca o a través de sus sociedades: se trata de la compra de numerosos solares; o la venta de 43 viviendas en la urbanización Playa Grande (Murcia); se adquieren locales, garajes y casas.
Por ejemplo, se refleja la compra de dos viviendas en el edificio Poseidón de Marbella, su residencia habitual, por más 727.000 euros en 1989, casas que la Fiscalía le ofreció quedarse si se declaraba culpable en el juicio, lo que no ha sucedido.
Se relata también la adquisición del yate Sea Ray en 1990 por 53.000 euros a través de Marbella Inversiones; la adquisición de letras del Tesoro y la constitución de la sociedad Marqués de Velilla, mercantil que luego explotará la yeguada. En la relación se localizan los nombres de algunos de sus principales y supuestos testaferros.
Entre las complejísimas operaciones, formada a su vez por diversos trámites, destacan también la compra de la finca La Loma (Murcia), o la adquisición de las diversas parcelas que luego formarán la joya de la corona de su imperio, la finca La Caridad, en la que policía halló su colección de carruajes, numerosas obras de arte, los trofeos de caza y parte de la colección de coches.
Así, adquirió por 601.012 euros parte de la finca La Caridad, o en noviembre de 2001, Condeor se hace con Los Alcázares por 1,8 millones de euros.
Ya en el apartado de las obras de arte, destaca el extenso y variado gusto del murciano: así, entre las 285 que se relacionan en las detalladísimas tablas del informe destacan diez cerámicas de Jean Cocteau, dos dibujos de Federico García Lorca, ocho obras de Joan Miró, y hasta algunas de Pablo Picasso: hay más de diez creaciones, una de ellas con un valor superior a los 50.000 euros.
También se fijó Roca en Antonio Saura, del que adquirió numerosos cuadros, y posee dos pinturas de Sorolla y obras de Tapies. Muchas de ellas se hallaron en la finca La Caridad.
Cuentas de la Fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, asegura que Roca ha conseguido amasar en los «últimos años un patrimonio muy importante», todo ello coincidiendo con la época en la que estuvo ligado laboralmente al Ayuntamiento de Marbella.
Su patrimonio está diversificado en distintos sectores, recoge el fiscal en su escrito de acusación: agrícola, ganadero, inmobiliario, hotelero, hostelero y servicios. «Así, es el dueño de fincas de gran extensión, como La Morisca, en Jimena de la Frontera (Cádiz) y La Loma, en Murcia», aclara.
Posee un hotel en El Rocío (La Malvasía), que compró por 1,2 millones de euros. Sólo en bienes inmuebles, según el fiscal, invirtió entre 1997 y 2005 más de 136 millones de euros.
Poseía una cuadra de caballos con más de 100 ejemplares (la yeguada valía 400.000 euros), y una ganadería de toros bravos (tasados en 120.000 euros). «Y una amplísima colección de obras de arte, antigüedades y objetos de colección, joyas y relojes diversos, repartida entre sus inmuebles, como su domicilio en Marbella, en las fincas de Murcia y Cádiz, en su domicilio de Madrid y en sus oficinas de Marbella y Málaga».
Según asegura Anticorrupción, sólo en este capítulo se gastó más de 27,6 millones de euros (el informe pericial tasa lo adquirido en 17 millones de euros en lo referente al arte).
Ha sido propietario de embarcaciones de lujo, de un avión y un helicóptero; sus coches han sido valorados en 300.000 euros por la acusación, destacando el Mercedes Benz 300 SL Alas de gaviota. Los carruajes, en este caso siguiendo el escrito de acusación, estaban tasados en 3,5 millones de euros. Sólo en acondicionar y decorar sus viviendas se gastó presuntamente 6,2 millones.
La capacidad de gasto «del procesado Juan Antonio Roca alcanza la cifra de 200 millones de euros», lo que no se fundamenta en sus rentas conocidas, siempre según consigna el acusador público en el escrito.
* La Opinión Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 29.4.12
Foto: Juan Antonio Roca, poco después de abandonar la cárcel en abril de 2008 tras dos años de prisión preventiva. Al poco tiempo volvió a ingresar en un penal. Arciniega
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ELDÍA/Córdoba* : La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita 48 años de inhabilitación para la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Dominga Durán Cano, del Partido Andalucista (PA), a la que acusa de seis delitos de prevaricación urbanística. Según relata el Ministerio Público en su informe provisional de acusación, la exedil, en su calidad de vicepresidenta de la Gerencia de Urbanismo, procedió supuestamente a la concesión "de diversas autorizaciones y licencias en contra de los informes técnicos preceptivos desfavorables, así como de la legalidad y del planeamiento urbanístico". Los hechos por los que la procesada se sentará el próximo miércoles en el banquillo del Juzgado de lo Penal nº1 se produjeron entre los años 2002 y 2007.
El primero de los expedientes recogidos por el fiscal en su informe, se refiere a la construcción de una nave comercial en suelo no urbanizable. La acusada, en contra del informe de los técnicos, "procedió a la concesión de licencia contraria, contraria a la legislación y planeamiento urbanístico vigentes". Otro de los expedientes en los que la Fiscalía aprecia indicios de una presunta actitud prevaricadora se refiere a la legalización de actividad de una fábrica que emitía vertidos. Los técnicos informaron desfavorablemente por contravenir la legislación medioambiental, "no obstante lo cual la acusada concedió la licencia".
Los otros cinco expedientes a los que la exedil dio el visto bueno fueron aprobados entre los años 2006 y 2007, y en todos ellos la imputada concedió la licencia de primera ocupación, de nuevo, pese a los informes técnicos desfavorables "por contravención de la normativa urbanística aplicable".
La Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para la exconcejala por cada uno de los seis delitos de prevaricación urbanística, y otros ocho años más por el de prevaricación medioambiental. También solicita multas que superan los 19.000 euros. La investigación fue iniciada por el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego, en virtud de la denuncia formulada ante la Fiscalía Provincial de Córdoba por la propia Gerencia de Urbanismo de la localidad. En aquella primera denuncia, ya se hacía constar que la exconcejala, cuyo puesto era de carácter ejecutivo, mientras que la presidencia la ostentaba el entonces alcalde Juan Carlos Pérez, procedió en diversos expedientes a la concesión de autorizaciones y licencias "en contra de los informes técnicos preceptivos".
* El Día de Córdoba - 28.04.12
Foto: Priego de Córdoba, ayuntamiento - google
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ELPAÍS/Valencia* : Hasta ahora se sospechaba que la Generalitat valenciana filtró a las empresas de la trama Gürtel las bases del concurso público para la adjudicación del montaje de su pabellón en la feria Fitur antes de convocarlo. La feria fue un lucrativo negocio del que la red obtuvo cerca de cinco millones de euros entre 2005 y 2009. El amaño fue, sin embargo, mucho peor. La Intervención General del Estado ha concluido que el itinerario se realizó al revés: fue la trama Gürtel la que redactó las bases del primer concurso que obtuvo, en 2005, del Gobierno del expresidente Francisco Camps.
“Si tenemos en cuenta las fechas de elaboración, el contenido del documento elaborado por Down Town Consulting [una de las sociedades del grupo Correa], las ampliaciones, modificaciones o rectificaciones que introducen con posterioridad los servicios técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo nos lleva a concluir que el contenido y la documentación soporte del informe de condiciones técnicas y el resumen de condiciones técnicas del stand del año 2005, es elaborado inicialmente por la empresa Down Town Consulting”, señala el informe.
Lo que describe la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con vocabulario administrativo es que fue la trama la que se diseñó a medida las bases del concurso público: qué criterios se valorarían para elegir entre las ofertas presentadas y qué puntuación tendría cada uno de ellos.
La IGE llega a esa conclusión tras analizar dos correos que se intercambiaron empleados de la trama los días 4 y 5 de noviembre de 2004, que contenían lo que acabarían siendo las bases del concurso. La tramitación administrativa del mismo no se inició hasta el 5 de noviembre.
La documentación incautada a la trama representaba su propuesta de máximos. Aunque las bases publicadas resultaron ser casi exactamente iguales —incluido un “error material” en una fórmula matemática—, la Agencia Valenciana de Turismo suavizó algún extremo en la tramitación, y las “perfeccionó” para adecuarlas a un boletín oficial.
El resultado fue “un cambio muy significativo” respecto a las anteriores ediciones del concurso de Fitur, advierte la IGAE. El criterio económico, el único objetivo y cuantificable, pasó de pesar un 50% en la feria de 2004 a un 15% en la primera que ganó Orange Market (la trama intentó reducirlo al 5%). Y los criterios no cuantificables, “cuya valoración tiene un elevado carácter subjetivo y en los que no se especifican los elementos que darán lugar a la asignación final de puntos”, aumentaron su peso hasta el 85% del total. Entre ellos se incluyeron criterios bastante etéreos, como “creatividad, estética y funcionalidad”, apartado al que se atribuyó 40 de los 100 puntos del concurso.
La propuesta de la trama suprimió el requisito de experiencia en actos similares, que Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, no podía cumplir. La Agencia Valenciana de Turismo aceptó inicialmente la petición. A lo largo de la tramitación, la Administración reintrodujo el requisito de experiencia, pero obvió que la empresa no la cumplía. Esa carencia, destaca la IGAE, “podría haber excluido a Orange Market por no reunir los requisitos de solvencia técnico profesional” exigidos en la convocatoria.
En las ediciones posteriores, con Orange Market ya dentro y con experiencia, los criterios de selección mejoraron, pero solo aparentemente, señala la IGAE. El criterio económico volvió a pesar un 50%, pero la fórmula matemática utilizada lo mantuvo en un 20% del total. La Intervención detecta igualmente irregularidades en la conformación de la mesa de contratación y en el número de vocales que participaron a lo largo de las cinco ediciones que realizó Gürtel.
Y confirma la existencia de sobrecostes y duplicidades en los pagos. Una serie de servicios incluidos en lo que, según el contrato, debía hacer Orange Market en la feria de 2005 —acceso a Internet, book fotográfico...—, fue cobrado también por Special Events. Y, uno de sus elementos, los uniformes para azafatas, otra vez por Orange Market con la justificación de que era una mejora.
* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 26 ABR 2012
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo
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ELDÍA* : La Gerencia Municipal de Urbanismo promoverá un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana que permitirá la inscripción registral a título privado del subsuelo que se encuentra bajo las calles, las plazas, las zonas verdes o los solares y los edificios que se dedican a equipamiento público. La medida funciona ya en otras ciudades, como Valencia o Granada, y ha permitido la propiedad privada de unos bienes que hasta ahora no se podían vender, los aparcamientos comunitarios realizados en el subsuelo. La medida se encauzará por medio de la constitución de complejos inmobiliarios sobre determinados espacios de la ciudad.
El complejo inmobiliario es una figura registral en la que el suelo y el vuelo de un espacio son públicos aunque el subsuelo puede ser privados. El PGOU vigente es bastante inflexible en esta cuestión. Si la calle es pública, lo que hay debajo también.
Ello tiene una consecuencia. Los proyectos de aparcamientos se realizan en régimen de concesión temporal y los usuarios nunca pueden ser propietarios de las plazas en un país donde la propiedad es la fórmula de tenencia más perseguida. Actualmente, las empresas que emprenden proyectos de aparcamientos pagan un canon de uso anual. La legislación pone tope a esas concesiones: 99 años posteriormente reducidos a 75 (en lo que concierne a los usuarios de plazas de parking) con un tope de 40 para las empresas que desarrollan contratos de concesión de obra pública. Pasado ese tiempo, el parking pasa a manos municipales. A su vez, las plazas sólo pueden alquilarse. Conclusión: "el usuario lo percibe como una inversión que no llega a consolidar en el tiempo", afirma el informe de la Gerencia de Urbanismo, que tiene que aprobar la formulación del cambio del PGOU la próxima semana.
La actual realidad es otra: las empresas interesadas tendrán que comprar los derechos para edificar bajo los terrenos públicos y a su vez podrán vender la división de las plazas de aparcamiento. Eso implica ingresos para el Ayuntamiento. Esas propiedades podrán transmitirse mortis causa -lo que viene a ser heredar-, algo que en la actualidad es inviable.
El informe de Urbanismo reconoce que el planeamiento de la ciudad ha desincentivado el vaciado completo del solar por distintas razones, entre otras, las arqueológicas. La modificación prevista del PGOU no implica una suerte de uso general del subsuelo sino que se identificará dónde se puede y dónde no se puede. El Consistorio tendrá que establecer claramente qué subsuelo espacios libres (plazas, zonas verdes), calles y zonas destinadas a equipamientos va a determinar como privatizables desde el punto de vista urbanístico.
Una de las características de la modificación del PGOU prevista -el texto literal no está realizado aún- es que pretende incentivar el uso del subsuelo en determinadas zonas de la ciudad en las que no existen aparcamientos comunitarios suficientes. En concreto, se cita la periferia del Casco Histórico con el objetivo de implementar aparcamientos de servicio que permitan desarrollar medidas de peatonalización. Barrios completos presentan un déficit en este sentido (Huerta de la Reina, Valdeolleros...) donde la oferta de estacionamiento privado no atiende la demanda real, dice el informe municipal.
* El Día Córdoba - RAFAEL RUIZ - 28.4.12
Foto: Entrada al parking de la Victoria - eldia
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EFE/Tarragona* : El exalcalde de Salou Esteve Ferran Rivera y su hijo y exconcejal de Urbanismo, Esteve Ferran Gombau, serán juzgados los días 30 y 31 de mayo acusados de obtener de manera fraudulenta 500.000 euros de beneficio por la compraventa de una finca en esta localidad, según fuentes judiciales.
La Sección 4ªde la Audiencia de Tarragona ha citado a ambos como imputados por la causa que abrió en enero del 2008 y también están citados a declarar en los dos días que se prevé que dure la vista diversos políticos y funcionarios del consistorio.
El juicio intentará aclarar las circunstancias de la compra y la venta de una finca de 2.850 metros cuadrados (m²) de la familia Montagut, situada en la partida Emprius de Salou, en un zona que posteriormente se revalorizó urbanísticamente y que fue vendida cuando el actual concejal de urbanismo, Marc Montagut, no había accedido aún al cargo.
La familia Montagut decidió vender la finca y pidió al consistorio información sobre su calificación urbanística.
El terreno lo compró Esteve Ferran Gombau por 30.050 euros en septiembre de 1999, en agosto de 2000 se hizo pública la operación y la venta -a dos sociedades, Fran Tarragona y Chalets Nueva Catalunya- se llevó a cabo en octubre de 2004 por 506.445 euros, lo que dejó un beneficio de más de medio millón de euros.
En el momento de la venta, la familia Ferran -el padre fue alcalde de 1991 al 2007- estaba muy cuestionada por cuatro casos urbanísticos distintos y por haber constituido en 2003 la sociedad Casmar XXI, dedicada a la venta de productos para el deporte y las actividades inmobiliarias.
ERC pidió entonces la dimisión de Esteve Ferran Gombau por el caso y su padre le defendió asegurando que la compra la efectuó él mismo con la madre de los Montagut "por la necesidad que tenían de vender", según dijo en ese momento.
Esquerra acudió entonces a la Fiscalía con un dossier sobre las actividades de la familia Ferran.
En el 2007, el juzgado de Instrucción tenía que resolver la denuncia del Fiscal contra el exalcalde y su hijo como "presuntos autores de un delito de prevaricación, tráfico de influencias, de uso de información privilegiada y de un delito de aprovechamiento ilícito de información privilegiada".
"En el momento de la adquisición tenían pleno conocimiento de la existencia de la renovación del POUM y no así el vendedor, siendo que dicha partida afectaba a la finca adquirida, que iba a cambiar de uso, de equipamiento deportivo a residencial", afirmaba la Fiscalía, que en un año había reunido la documentación suficiente para imputar a Esteve Ferran y su hijo como presuntos autores de varios delitos que podrían suponer inhabilitación y penas de cárcel.
Así, la Fiscalía, además de la compraventa de esta finca, analizó la concesión de un solar para una residencia sociosanitaria donde el canon anual era muy bajo; la compra de unas fincas a raíz del desvío del barranco de Barenys por parte de sociedades de un primo del alcalde, y la rapidez con la que se concedieron licencias para edificar en el antiguo espacio de la discoteca Galas.
El juez archivó las diligencias contra el exalcalde y su hijo, pero la Audiencia de Tarragona reabrió el caso en 2010 al aceptar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía después de que el magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Tarragona dictaminara en 2009 que "no existían indicios de que se hubiera perpetrado un delito de uso de información privilegiada".
La Audiencia consideró en 2010 que "sí existen indicios suficientes de responsabilidad criminal de los acusados".
* ABC - EFE - 25.4.12
Foto: Salou (Tarragona), vista - turismo
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ELPAÍS* : Han sido siete años de instrucción y la dilación indebida del proceso beneficia a los reos. Es una atenuante cualificada. El llamado caso ses rates de Ciutadella de Menorca, un procedimiento penal abreviado por corrupción urbanística municipal, se juzgó y resolvió este lunes de abril de 2012 en la Audiencia de Palma de Mallorca, mediante un pacto de conformidad entre la Fiscalía y los cargos públicos, negociantes y técnicos acusados.
Los hechos giran alrededor de la trama diseñada para la compra pública, amañada, de una parcela urbana con vistas a ulteriores posibles negocios privados de recalificaciones, aparentemente entre políticos y empresarios. El perjuicio para las arcas públicas se calculó en 288.000 euros.
El exlíder del PP de Ciutadella, Avel.li Casasnoves, -exdiputado balear- y responsable local de urbanismo, ha asumido una condena de tres meses por fraude a la administración más 540 euros de multa; se le pedían dos años y medio de prisión. Casasnovas dejó el PP poco antes de ser suspendido de militancia tras ser imputado.
El político localista populista Llorenç Casasnovas –que no es pariente pero sí fue aliado del anterior-, que fue concejal colaborador de Urbanismo desde su Partit Menorquí, ha sido condenado a dos penas que suman un año por fraude y falsedad documental. El fiscal le acusó, inicialmente, por negociaciones prohibidas, fraude, falsedad, malversación de caudales y tráfico de influencias y reclamó para él más de siete años de cárcel. Llorenç Casasnovas tiene antecedentes penales –no computables- por obras ilegales y desobediencia a autoridades y funcionarios. Ninguno de los condenados ingresará en prisión.
La causa se inició en 2005 en un juzgado de Ciutadella por el que han pasado tres jueces instructores distintos y, al menos, dos fiscales, según relató uno de los abogados. Antes del juicio, falleció el denunciante perjudicado, un hombre que tenía 72 años al firmar la venta del solar al hombre de paja de un político. Desde el Ayuntamiento amenazaron al propietario con abrirle un expediente por presencia de roedores y abandono de la parcela, hechos no probados. Le advirtieron de que sería multado con 8.000 euros.
Al conjunto de los seis implicados, dos cargos públicos, el empresario testaferro Antonio Picó y tres técnicos locales, se les reclamó hasta 21 años de cárcel desde la acusación pública y la particular (el PSOE y el nacionalista PSM). Las penas acordadas en el pacto no superan, individualmente, el año y medio. También se diluyen las peticiones de indemnización de cerca de 200.000 euros.
El acuerdo con la Fiscalía, que implica el reconocimiento de un episodio delictivo, se tuteló por los tres magistrados de la sala de la Audiencia de Palma. El tribunal evitó resolver las cuestiones previas y retrasar, otra vez, el juicio. Los procesados evitaron la vista pública y esquivaron la posibilidad de penas con años de reclusión. La Fiscalía optó por el camino de verificar, aún a la baja, sus tesis y no exponerse a un traspié ante los tribunales. Un abogado reclamó que el caso se juzgara en un tribunal con jurado y en otra instancia. Los políticos no estaban de acuerdo con esta estrategia. Tras dos horas de negociaciones entre las partes y redacción del acuerdo el caso quedó cerrado, a la espera de conocer el contenido jurídico técnico del fallo de la Audiencia.
* El País - ANDREU MANRESA - 23 ABR 2012
Foto: Ciutadella (Menorca), vista - balear
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ELPAÍS/Valencia* : El Consell ha tenido que pagar otros 35 millones por la organización de la carrera de fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia. Un evento que anunció en 2007 el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps y que, según se hartaron de pregonar los populares con Ricardo Costa a la cabeza, iba a tener un coste cero.
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó ayer una modificación de crédito por la que detrae 34,8 millones de euros de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para pasarlos a la empresa Circuito del Motor, que gestiona las instalaciones de Cheste.
Este dinero se destinará a cubrir las deudas heredadas de Valmor Sports, la sociedad participada por Jorge Martínez Aspar, Bancaja y el propietario del Villarreal CF, Fernando Roig. Esta firma tenía los derechos para organizar el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 y fue comprada por el Consell el pasado 9 de diciembre al precio simbólico de un euro.
En los presupuestos de 2012 de Circuito del Motor ya se destinaron seis millones de euros para cubrir deuda de Valmor, que sumados a los 35 adicionales alcanzan ya un total de 41 millones de euros.
El dinero para asumir las deudas que arrastra Valmor Sports completa el proceso de reordenación de la fórmula 1 por parte del Consell que dirige Alberto Fabra. El presidente de la Generalitat constató desde un principio que el evento del que había hecho bandera Camps era insoportable económicamente.
Así, buena parte de los esfuerzos se han dirigido a intentar reducir el coste de la carrera de fórmula 1 que se celebra en Valencia, lo que lo ha distanciado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Fabra y su vicepresidente José Ciscar han rebajado el gasto con tres actuaciones. Primero, el Consell aceptó la oferta del Gobierno catalán de alternar cada año el premio de fórmula 1 en España. Segundo, han roto el contrato que tenía Canal 9 para retransmitir las carreras del campeonato de fórmula 1 en valenciano. Y, tercero, han acabado con los intermediarios que Camps utilizó como pantalla para justificar que la carrera de coches “no le iba a costar a las arcas de la Generalitat ni un solo euro”. A cambio, eso sí, Fabra se ha tenido que hacer cargo de los 41 millones de deudas acumulados por Valmor Sports. Y todo ello sin dar cuenta de la gestión realizada en un evento que ha ofrecido notables réditos electorales al Partido Popular.
Los socialistas, a través del diputado José Manuel Sánchez, afirmaron ayer que la modificación presupuestaria “desenmascara una nueva mentira de la Generalitat y del PP y supone un duro castigo para el sector turístico, que ha visto reducidos sus presupuestos en más de un 30%”.
“Dijeron que iban a comprar Valmor Sports por un solo euro, lo que al final ha sido una mentira más”, dijo Sánchez, que recordó que el presupuesto de la Agència Valenciana de Turisme para este año se ha quedado en 44 millones de euros”.
Los grupos de la oposición han solicitado, hasta ahora sin éxito, acceder a los contratos y las cuentas de la fórmula 1.
Valmor Sports firmó con el patrón de la Formula One Administratio Limited, Bernie Ecclestone, el contrato para organizar las siete ediciones de la carrera entre 2008 y 2014. Tan solo llegó a abonar el canon correspondiente a la primera carrera celebrada en Valencia, ya que al año siguiente asumió el pago de los 20,5 millones de euros la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la Generalitat.
Valmor Sports incorporó a finales de 2007 a Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes, a través de la sociedad Worldwide Circuit Management, pero los costes de la carrera fueron inasumibles para esta sociedad desde el primer día. Y ello, pese a que las obras de acondicionamiento del circuito urbano de Valencia corrieron a cargo del erario público, que también asumió trabajos necesarios para la organización de la carrera.
Valmor ya cerró 2008 con unas deudas de 15,8 millones, según los datos depositados en el Registro Mercantil, que al año siguiente (2009) ya ascendían a 25,7 millones. Las inyecciones de dinero realizadas por la Generalitat a través de la sociedad Circuito del Motor han permitido saber que dos años después las pérdidas se habían doblado y ahora se cubrirán a cargo del erario público.
* El País - JOAQUÍN FERRANDIS Valencia 25 ABR 2012
Foto: Valencia, circuito F1 cerrado y abandonado - levante-emv.com
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DIARIOCÓRDOBA* : El ministerio fiscal ha solicitado tres años y nueve meses de prisión para cada uno de los cuatro policías locales a los que acusa, en el conocido como caso Torreblanca, de un delito de falsedad cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. También pide que se les imponga a cada uno multa de 5.400 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo durante tres años.
Según el escrito de acusación del fiscal, dos de los imputados, matrimonio y ambos policías locales, "aprovechándose de su condición como agentes adscritos al servicio de Disciplina Urbanística", iniciaron en el verano del 2007 la construcción de una vivienda en una parcela de su propiedad en la urbanización Torreblanca "sin gozar de las licencias urbanísticas correspondientes".
Por su parte, los otros dos acusados, agentes adscritos al mismo servicio, y constituidos como patrulla de vigilancia urbanística de la urbanización Torreblanca, tuvieron conocimiento, a finales de septiembre, de la construcción que realizaban sus compañeros, pero "con la finalidad de evitar la responsabilidad de aquellos", siempre según el fiscal, no iniciaron expediente alguno de disciplina urbanística en el registro informático
Así las cosas, continúa el escrito del ministerio público, el 11 de enero del 2008, los acusados tuvieron conocimiento de que en breve iba a salir publicado en prensa que varios policías locales, adscritos al servicio de Disciplina Urbanística, construían en Torreblanca a pesar de carecer de licencias administrativa. Por ello, los acusados, "con la finalidad de dar cobertura legal a su actuación y evitar cualquier tipo de responsabilidad por razón de su cargo, unos por haber iniciado la construcción sin haber obtenido la obligada licencia, y los otros al no haber cumplimentado ni iniciado expediente alguno, convinieron de común acuerdo manipular un expediente ya registrado" en la base de datos del registro informático y que coincidiera en su creación con las fechas en que los agentes localizaron "la construcción ilícita" promovida por el matrimonio --septiembre del 2007--, para luego remitirlo a la Gerencia de Urbanismo. Así, de común acuerdo, utilizaron un expediente ya registrado con fecha 26 de septiembre del 2007 y la agente, según el fiscal, cambió los datos del promotor y constructor, introdujo los de su suegra, y modificó los agentes denunciantes. También el 12 de enero y el 14 de enero introdujeron otras modificaciones, remitiendo el resultado a Urbanismo.
* Diario Córdoba - RAFAEL DE LA HABA 25/04/2012
Foto: Córdoba, urb. Torreblanca - abc.es
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ELPAÍS* : Cristina Paz Curbera es, otra vez, jefa de Costas en la provincia de Pontevedra. El Gobierno de Mariano Rajoy ha desoído el fuerte rechazo que provocaba su nombramiento y, aunque con retraso, ha repuesto a la funcionaria en un cargo que ocupó entre 2005 y 2007. Paz Curbera es la autora del controvertido informe en el que se basó en 2005 el exconselleiro Enrique López Veiga y, recientemente, la Xunta de Feijóo, para perdonaruna multa de tres millones de euros a Construcuatro, de la que en aquel momento era socio y consejero delegado el diputado del PP Telmo Martín.
Paz Curbera también es conocida por poseer un chalé frente al mar en zona de protección.
La directora de la demarcación de Costas se construyó en 1999 la casa, de 450 metros cuadrados y sobre una finca de 2.500, sobre unos terrenos de Sanxenxo que las normas urbanísticas de la época calificaban de “suelo no urbanizable”. Pero Telmo Martín, a la sazón alcalde de esa localidad, aprovechó el Plan General de 2003 para recalificarlos como urbanizables y desplazar el límite de servidumbre de protección justo hasta la fachada del chalé. Para ello, obtuvo un informe favorable de la demarcación de Costas, en la que Paz ya ejercía como jefa del servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre.
Dos años después, la intervención del Servicio de Costas resultó crucial para resolver uno de los principales problemas que se encontró Telmo Martín mientras compaginó la alcaldía con la actividad inmobiliaria. Un edificio que Construcuatro, de la que Martín poseía el 33%, edificó en la selecta playa de Silgar, en Sanxenxo, invadía dos metros la zona de servidumbre y contaba con un piso más de los permitidos. La Xunta le abrió un expediente que el entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, archivó al aparecer un plano distinto aportado por Costas, en el que la invasión se reducía a un metro. La “discrepancia” entre planos justificó al archivo, lo que libró a la inmobiliaria de Martín de la demolición y de una multa de tres millones.
* El País - PABLO LÓPEZ Santiago de Compostela 23 ABR 2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), edificio ilegal en Playa_Silgar - elpais
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20MINUTOS* : El ruido es uno de los enemigos más insistentes de la salud de quienes viven en las ciudades. ¿Se construyen y gobiernan las ciudades españolas teniendo en cuenta este problema? Todo parece indicar que no, que ni el modo de construir, ni el modo de habitarlas, ni nuestro modo de usar la ciudad tienen en cuenta la producción de ruido.
Así, no es de extrañar que España sea el segundo país más ruidoso del mundo. Este miércoles se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Según la encuesta sobre la calidad acústica de la Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR), los ruidos de los vecinos son la principal molestia que sufren los españoles en sus casas.
Además, cerca de la mitad de los encuestados (48%) considera que su barrio es ruidoso o muy ruidoso. El tráfico urbano, las aglomeraciones de personas y las obras siguen siendo los ruidos considerados más molestos en nuestros barrios.
Según AECOR, el 32% de los ciudadanos están sometidos a un nivel de ruido ambiental superior a los 55 decibelios (dBA) durante la noche y el 24% reciben un impacto que supera los 65 dBA en el promedio de las 24 horas del día.
Las ciudades, obligadas a tomar medidas
Una directiva europea señala que los ayuntamientos de poblaciones grandes y medianas deben adoptar medidas contra los principales focos de contaminación acústica. Para ello deben realizar mapas estratégicos de ruido.
En teoría, a finales de junio de este año 63 municipios de más de 100.000 habitantes (un 41% de la población española) deberán presentar sus mapas de ruido. Ya en 2013, sobre esa base, tendrán que diseñar un plan de acción.
Además, los municipios de más de 250.000 habitantes, que elaboraron sus mapas de ruido en 2007, deberán actualizarlos también para esas fechas.
AECOR cree probable que la mala situación económica de las Administraciones ha dificultado la realización o cumplimiento de los planes anteriores, pero confía en que ahora finalmente todos entreguen su diagnóstico de la situación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ruidos en casa
Si sufrimos mucho el ruido del exterior, la solución más práctica es la colocación de ventanas insonorizadas. Como explica Consumer, las ventanas de doble acristalamiento o la doble ventana son el procedimiento más frecuente.
Las primeras realizan una función aislante mientras que las dobles ventanas duplican los cierres acristalados para crear una cámara de aire entre ambos. Estas últimas reducen las filtraciones de aire y el nivel de ruidos procedentes del exterior.
Si la ventana es de madera y no encaja, se pueden utilizar tiras de caucho para que ventana y marco estén más juntos e impedir así el paso del aire.
El uso de persianas y cortinas gruesas son métodos más rudimentarios pero pueden ayudar a amortiguar algo los sonidos.
Obras, coches y viviendas
Según una encuesta, de la que da cuenta la empresa Oi2, 8 de cada 10 españoles creen que el Gobierno debería endurecer la ley para regular los niveles de ruido.
El País Vasco (83%), la Comunidad Valenciana (71%) y Andalucía (75%) son las tres comunidades autónomas con mayor índice de contaminación acústica. En cuarto y quinto lugar se sitúan Madrid (71%) y Cataluña (70%). Por el contrario, Aragón (63%), Canarias (67%) y Baleares (69%), son consideradas las comunidades menos ruidosas según los encuestados.
Según los españoles, las obras (18%), el ruido generado por los vehículos (17%) y la escasez de materiales aislantes en las viviendas (17%) son los principales factores que contribuyen a producir un mayor nivel de contaminación acústica.
* 20 Minutos - 25.04.2012
Foto: Ruido en las calles - 20minutos
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LAVOZ/A Coruña* : El proyecto del supuesto cohecho de Valdoviño era la actuación urbanística más importante de toda la historia local. En 5.500 metros cuadrados, situados en la Puerta del Sol, se preveía levantar 300 viviendas en bloques en torno a una plaza. Con ello se buscaba darle centralidad al núcleo urbano, actualmente formado solo por edificios y casas a ambos lados de la carretera Ferrol-Cedeira.
La parte polémica del asunto correspondería a 98 viviendas que iba a levantar Coinasa, dentro de toda la actuación de 300 pisos. Cuando se produjo el supuesto intento de cohecho, el marido de la alcaldesa de la localidad en el año 2005, la independiente Concepción Sanesteban Raposo, habría pedido una contraprestación económica de 450.000 euros (se hablaba de 75 millones de pesetas) por mejorar le edificabilidad en este sector del conjunto.
La denuncia por el supuesto cohecho, presentada por el concejal Gonzalo Doce Vergara (CG) en el 2011, entonces edil de Urbanismo, ha llevado al pleno local a acordar el pasado viernes personarse en la causa penal incoada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol.
Sobre la parcela en cuestión no se ha hecho nada. Aparece la explanada con carteles de promociones urbanísticas, pero no se acometió la ejecución de proyecto alguno, a pesar de que hubo varios. Según Gonzalo Doce, incluso hubo uno «encargado por la alcaldesa» que fue cuestionado por los técnicos municipales por las alturas superiores a las permitidas en el planeamiento local. La denuncia ante la Fiscalía pasó al juzgado correspondiente. Una jueza sustituta recibió al denunciante para que se ratificase y entregase copia del cedé con el contenido de las grabaciones. Es lo único actuado, por el momento, por el juzgado de instrucción.
En una citación emitida para convocar al denunciante, el secretario judicial indica que están abiertas diligencias por un supuesto delito de cohecho y le recuerda a Gonzalo Doce que tiene derecho a nombrar abogado y procurador y que, de no hacerlo, «el Ministerio Fiscal ejercitará en su nombre las acciones civiles que pudieran corresponderle». El concejal y su compañero Manuel Bacorelle propusieron entonces el personamiento del Concello de Valdoviño.
* La Voz de Galicia - F. VARELA - 25.4.12
Foto: Valdoviño (A Coruña), vista - google
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HUELVAINFORMACIÓN* : La sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Supremo declaró el pasado dos de febrero de 2012 "la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Junta de Andalucía contra la sentencia del 27 de enero de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" que anulaba de facto la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Isla Cristina. El Plan había recibido el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo en mayo de 2008.
El PGOU podía seguir en vigor en tanto en cuanto el Supremo no se pronunciara. Ahora lo ha hecho y contra los intereses de la Junta y el Consistorio isleño por lo que el planeamiento urbanístico recibe otro varapalo tras el ya sufrido hace apenas un año.
La resolución del Supremo declara firme la sentencia de enero de 2011 y carga las costas del proceso a la Junta andaluza, que tendrá que pagar los 600 euros correspondientes.
El problema que planteó el Tribunal en la instancia regional es que se necesita el pronunciamieno de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística porque el PGOU isleño sobrepasaba en un 25% el incremento del número de viviendas.
El PGOU isleño fue iniciado por el PA en tiempos de Francisco Zamudio como alcalde y seguido en la etapa de María Luisa Faneca. Ambos comparten ahora el Gobierno y el varapalo judicial, que cuestiona el desarrollo urbanístico de Isla Cristina, ya de por sí noqueado con la primera resolución del TSJA.
El documento municipal fue recurrido por 23 familias isleñas (Huertos de la Playa), varios colectivos y empresas.
Según la sentencia primera del Tribunal Andaluz, "la totalidad de las viviendas ascienden a 18.450, por lo que el 25% supondría 4.612 viviendas y al cifrarse el incremento en 5.570 el porcentaje ha sido superado sin que conste el preceptivo dictamen de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanismo".
Cabe recordar que el artículo 45 del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) establece que con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incremento de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente". Y el PGOU rozaba el 53,04%.
El diseño del PGOU recurrido dejó fuera del cálculo hasta 616.756 metros cuadrados, 60 hectáreas de uso turístico y hotelero que deberían haberse sumado al total de la superficie del Plan, 1.888.162 metros cuadrados. Ese resultado, 2.504.918 metros cuadrados, superó los 1.888.939 que suponía el 40% de suelo urbano. Se infringía así el artículo 45 del POTA. Un asunto reconocido por Urbanismo en Isla Cristina, que apuntó que el PGOU no se regía por el POTA por la sencilla razón de que no existía en 2005.
El Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina aprobó en noviembre de 2007 (PSOE y la concejal Antonia Grao) el documento provisional de revisión y adaptación del PGOU. Fue confirmado en 2008 y en 2009 la Alcaldía aireó el texto urbanístico: La ciudad pasaría de los 21.000 habitantes a los 25.000 en ocho años. Y se anunció la construcción en ocho años de 5.665 nuevas viviendas, de las que el 30%, nada menos que 1.700 serían protegidas.
El Plan ocupaba casi todo el suelo que quedaba por construir en la franja litoral. Ahí situaba 5.672 plazas hoteleras de las 8.000 a construir. Además, quedarían disponibles 3.100 plazas de residencial turístico.
Los propietarios que recurrieron en 2005 recordaron en sus alegatos que el Ayuntamiento apostaba primero por la adquisición por expropiación de sus fincas en la Venta de la Era, alguna datadas en 1860. Pero en 2007, con la socialista María Luisa Faneca en el Gobierno, se cambió a la fórmula de expropiación por compensación. Y en junio de 2010, el Ayuntamiento dio luz verde a la Modificación número 1, que cambió el sistema de junta de compensación por cooperación. Esta fórmula, subrayaron los propietarios y recurrentes, ha beneficiado a un promotor que fue adquiriendo terrenos en las inmediaciones de la Venta de la Era.
El Consistorio siempre ha mantenido una versión: que la sentencia del TSJA no era firme y ha sido recurrida. Este argumento se lo acaba de tumbar, pero esta vez es el Tribunal Supremo.
Para la Alcaldía se trataba de un simple defecto de forma "fácilmente solucionable". Incluso se permitió la libertad de anunciar a los propietarios que las fincas de la zona pasarían a formar parte de un sistema general de espacios libres. Eso sí, dijo, "para disfrute de toda la población y no sólo para unos pocos como viene sucediendo hasta ahora".
Según el Ayuntamiento, las tierras en litigio se encuentran dentro de la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, regulados por la Ley 22/1988 de 28 de julio (Ley de Costas). Y el PGOU no podía ir contra esta norma. Por eso decidió la regularización de la situación de la finca y eliminar los usos residenciales en la servidumbre.
El Ayuntamiento argumentó en su día para quitar hierro a la decisión del TSJA que al mismo tiempo que la sentencia de enero de 2011 (ahora refrendada en el Supremo) había otra, fechada el 7 de marzo de 2011, que daba la razón (sobre el PGOU) al Consistorio y a la Junta y desestimaba las pretensiones de nulidad. De ahí que se esperara a la interposición y resolución de un recurso para lo que Faneca denominó "unificación de doctrina". Desde entonces no han cesado los llamamientos a la calma y a la tranquilidad de promotores, inversores y compradores de suelo.
* Huelva Información - R. RENDÓN-R. MORENO - 25.4.12
Foto: Isla Cristina (Huelva) - García Cordero (El País)
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ELPAÍS* : A José Luis Baltar lo persigue su estela. El exbarón jubilado del PP, sucedido por su hijo al frente del partido y de la Diputación de Ourense, no encuentra descanso. Baltar no solo fue el “cacique bueno” que presumió ser. Al rastro de los cientos de enchufados que ha dejado, tras dos décadas de mandato absoluto, en las distintas dependencias de la institución provincial —lo que ha supuesto la apertura de diligencias por la Fiscalía— se suma el de su gestión de los fondos estructurales que ha requerido una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). El Parlamento europeo se lo ha confirmado a la diputada del BNG Ana Miranda.
La OLAF tiene “sospechas suficientemente fundadas de que se han cometido actos de fraude, corrupción u otros actos ilegales \[en la gestión de fondos estructurales\] que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea”. Miranda sostiene que la investigación de la oficina contra el fraude de la UE parte de la denuncia realizada por un particular en 2002 secundada por diversas iniciativas de nacionalistas y socialistas en Estrasburgo. La oposición lleva años intentando aclarar por la vía política la gestión de algunos de los fondos que están siendo ahora investigados por la UE. En noviembre de 2009, el entonces todopoderoso barón del PP sentenciaba en un pleno de la Diputación que le resultaba “durísimo pensar que hay algo oculto en la elección de las depuradoras”. Salía así al paso de las críticas de PSOE y BNG, que alertaban de lo extraño de la elección de esas plantas incluidas en los planes Daredo y Deputrans considerando el alto coste de su funcionamiento (en torno a 8.000 euros anuales en electricidad) que las localidades —de menos de 500 habitantes— no podían afrontar. Se instalaron, pero en muchos casos las encienden y apagan constantemente para que no se dispare el consumo.
“Voy a seguir de cerca este tema”, dio entonces carpetazo al asunto el primero de los Baltar desde la presidencia del pleno. Antes, se había amparado en el informe técnico de un funcionario y en su convicción de la “honestidad” de su empleado. Los Baltar no dieron pábulo a las denuncias de la oposición. Tampoco a la visita que hicieron técnicos de la UE el pasado febrero a la Diputación. José Manuel Baltar Blanco la tildó entonces de “rutinaria”. Ayer, después de que Miranda informara de que el comisario europeo de Fiscalidad, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, le confirmara, en nombre de la Comisión Europea, la apertura de un expediente de investigación a la Diputación de Ourense, Baltar Blanco negó tener conocimiento. “La institución provincial no recibió ninguna nueva comuniación ni notificación”, informó en comunicado de prensa. “Nadie de la OLAF, ni de ningún organismo de la Unión Europea se puso en contacto ni remitió ningún documento a la Diputación de Ourense comunicando ningunha información como la que hizo pública el BNG”, destaca la nota de prensa.
Baltar sostiene que la visita, los días 22 y 23 de febrero, de los técnicos de la OLAF a la Diputación tenía como fin “realizar verificaciones técnicas de los proyectos Daredo y Deputrans y desde entonces no consta ninguna otra comunicación”. Tampoco le constan “novedades al órgano de gestión de los proyectos, en este caso al Ministerio de Hacienda”, sostiene el presidente provincial. De momento, el Ejecutivo comunitario no aporta información adicional ya que “el caso está en curso”. Esperará a que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude presente sus conclusiones.
La investigación podría no ser más que la punta de un iceberg. Miranda ha pedido a la OLAF el expediente de investigación abierto contra la Diputación de Ourense por este supuesto fraude pero, además, pregunta a la Comisión por el uso que esta institución ha realizado de los fondos comunitarios en otros programas, como el proyecto denominado Estaciones vivas, espacios vivos, de remodelación de estaciones ferroviarias. Mientras tanto, Baltar Blanco pleitea en los tribunales contra una orden del Ministerio de Hacienda que le obliga a descertificar las ayudas de la UE con las que su padre gestionó la construcción de un hipódromo en Xinzo.
Una larga lista de planes en entredicho
Baltar Blanco salió ayer en defensa de su padre y antencesor. La investigación de la UE “servirá una vez más para acreditar el excelente papel procedimental de nuestros servicios”, dijo a La Voz de Galicia. También aseguró hace unas semanas a El País que espera que la Justicia frene la orden del Ministerio de Hacienda que le obligaría a devolver buena parte de los fondos comunitarios con los que financió el hipódromo de Antela, en Xinzo. Hacienda detectó un sinfín de irregularidades en la contratación y ejecución de la obra.
Mientras el nuevo dirigente del PP y de la Diputación de Ourense pelea por impedir la mácula —y el gravamen para las arcas de la institución— del organismo provincial que durante dos décadas presidió su progenitor, la oposición insiste en pedir una comisión de investigación —ya denegada— de la gestión de los fondos comunitarios por Baltar Pumar.Los socialistas no solo se refieren a los proyectos Daredo y Deputrans —que salpica a la Diputación de Pontevedra—, sino también al de las Estaciones, un proyecto transfronterizo acometido a través del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) con 6,2 millones de euros de la UE.
Pero si los pequeños municipios de Ourense encienden y apagan las depuradoras contratadas a la empresa SMA (Soluciones Medioambientales y Aguas) para evitar el “gasto elevado” que generan, buena parte de las viejas estaciones de tren en las que se iba a invertir estos fondos “están abandonadas o infrautilizadas”, denunció el PSOE para justificar la comisión de investigación.Este grupo alertó además de otras posibles anomalías en proyectos como los de “Vía Nova”, “Arraianao” “Terras do Avia” y “Delorour”, correspondientes todos ellos a centros de transformación de biomasa.
La investigación de la gestión de los fondos comunitarios realizada durante los mandatos del fundador del baltarismo en la Diputación coincide con la inmediata acusación —también por su gestión de fondos comunitarios— de quien fue su mano derecha en la institución provincial, el exalcalde de Arnoia y actualmente delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez. Éste ya tiene una sentencia firme condenatoria de la Audiencia de Madrid y en unos meses se sentará en el banquillo acusado, como mínimo, de malversación de fondos públicos y falsedad documental.
* El País - CRISTINA HUETE Ourense 23 ABR 2012
Foto: Depuradora de aguas de Os Peares, construida por uno de los planes que investiga la Unión Europea. / N. GÓMEZ
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento de Los Montesinos documentación en las últimas semanas sobre varios expedientes urbanísticos relacionados con la construcción de naves industriales en suelo protegido. Las edificaciones están situadas en la zona de influencia del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata, en el acceso al municipio desde Torrevieja, según ha podido confirmar este diario.
Al mismo tiempo que se iniciaban estas solicitudes de información de los agentes, el funcionario técnico de Administración General responsable del área de Urbanismo ha remitido al alcalde José Manuel Butrón y el secretario varios escritos en los que le hace constar la situación de supuesta irregularidad de edificaciones en el término municipal, como es el caso de una popular discoteca, pero, al parecer, con licencia de apertura del vecino municipio de Torrevieja.
Una ubicación que siempre ha generado confusión puesto que las instalaciones se encuentran a caballo entre ambos términos.
El alcalde, José Manuel Butrón (PSOE), no quiso pronunciarse sobre las diligencias abiertas en el juzgado sobre este asunto. Fuentes cercanas al primer edil indicaron que desconocen a raíz de qué denuncia pueden haberse iniciado estas pesquisas de la Guardia Civil, aunque las advertencias del citado funcionario sobre estos procedimientos podrían estar relacionadas con la investigación judicial. Fuentes municipales añadieron que los expedientes sobre los que se ha solicitado información corresponden a construcciones que se levantaron en ese suelo protegido con licencias concedidas por el municipio de Almoradí antes de que Los Montesinos se segregara en 1990 logrando un término municipal de 15 kilómetros cuadrados.
El suelo del parque natural se protegió por la Generalitat Valenciana en 1989. Las pesquisas policiales tratarían de recabar los detalles de cada uno de los expedientes de infracción y por qué supuestamente su tramitación no habría avanzado una vez abiertos, según pudo saber este diario.
Revuelo
La visita de los agentes de paisano por las dependencias del Ayuntamiento de Los Montesinos para solicitar estos expedientes no ha pasado desapercibida provocando especulaciones de lo más variado en un municipio que apenas rebasa los cinco mil vecinos y que tiene como alcalde desde hace más de dos décadas a José Manuel Butrón (PSOE) -fue elegido 1991- el único que ha tenido el municipio desde su independencia y que mantiene el porcentaje de respaldo electoral a los socialistas más abultado de la comarca. En el mandato anterior el Ayuntamiento comenzó a tramitar el Plan General de Ordenación Urbana.
Juzgan al jefe de Urbanismo por acoso y amenazas al alcalde
Antes de que se iniciara la solicitud de información de la Guardia Civil al Ayuntamiento, el alcalde José Manuel Butrón denunció al funcionario jefe del departamento de Urbanismo por supuestas injurias, acoso y amenazas. Es más, el Juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja ha señalado fecha para juicio como consecuencia de esta denuncia. Dicho funcionario, según fuentes municipales, "tiene antecedentes por conductas análogas en otros ayuntamientos donde anteriormente ha prestado servicios, entre los que se encuentra Sant Joan y el municipio castellonense de Alcalà de Xivert". El juicio se ha señalado para el 7 de junio.
Según las mismas fuentes, en 2008, en Alcalá de Xivert (Castellón), el funcionario denunció el cobro supuestamente indebido de varios funcionarios de complementos de productividad, en un asunto que sigue vivo en el Tribunal de Cuentas. El técnico de administración general, con el que este diario no pudo ponerse en contacto ayer, obtuvo su plaza en Los Montesinos por oposición a mediados de 2011. El trasfondo de sacar una plaza especializada para el departamento de Urbanismo, algo que municipios pequeños tienen muy limitado y que sólo pueden obtener compartiendo servicios con otros, respondía precisamente a la necesidad de poner orden en algunos asuntos urbanísticos que el municipio arrastraba desde hace años, además de contar con un funcionario implicado en este área.
* Información - 24.4.12
Foto: Los Montesinos (Alicante), ayuntamiento - google
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SUR/Málaga* : Las sesiones del juicio por el 'caso Malaya' continuaron ayer con la declaración como testigo del que fuera interventor del Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Castro, al que las partes le preguntaron por los informes emitidos sobre convenios, permutas y los reparos que allí expresaba. El funcionario explicó que estos análisis siempre había que hacerlos antes de la aprobación del convenio, pero que en ocasiones se le pasaba el expediente después de ser aprobados.
Así destacó que en sus informes sobre convenios de permuta no entraba en si las valoraciones eran correctas porque no tenía los datos necesarios y porque no era su cometido. «Siempre ha sido el interventor el que ha tenido que dar la cara en cuestión de valoraciones y de muchas cosas, caramba, que son materias que no son mi cometido, estamos hablando de permutas que forman parte de la llevanza del inventario y no me corresponde», aseguró al tribunal.
«Llevar y custodiar el inventario municipal no es competencia del interventor, es de otros funcionarios, si yo informo de estas cosas es por pudor, que no vayan tantos expedientes tan desamparados y que después ante una sala como esta se me eche en cara que no he hecho lo más mínimo», añadió. Asimismo dijo que pedía que le dieran los expedientes para poder verlos antes de informar y reconociendo que presentó los repartos «tardíamente».
«Nunca jamás»
El funcionario municipal aseguró que los informes de reparos se los entregaba al secretario municipal, Leopoldo Barrantes, también acusado en 'Malaya', quien los tenía que adjuntar en el expediente urbanístico correspondiente para llevarlo a la comisión de gobierno, donde se aprobaba «sin discutir»., precisó Castro, quien agregó que hubo ocasiones en las que se aprobaron expedientes con informes negativos y que «nunca jamás» se recogían en las actas los resultados de los informes de reparos.
Juan Antonio Castro explicó que él no era el que tenía que denunciar esas posibles irregularidades. «Quienes tienen que denunciar son los señores concejales, que debieron haber visto el expediente y haberse manifestado al respeto. Lo que no podemos es no ver papeles o no querer ver papeles y después manifestarse de otra manera, hay que ser consecuentes».
El testigo añadió que las actas de las comisiones «no recogían todo lo que se trataba». No obstante, cuestionado por la defensa del exalcalde Julián Muñoz sobre si vio que los entonces ediles, el alcalde o la comisión de gobierno cometían algún acto ilícito o ilegal, insistió en que «sí».
En este punto del interrogatorio, el presidente del tribunal, José Godino, advirtió entonces al letrado de Julián Muñoz de que al testigo no se le está enjuiciando y el abogado pidió entonces que se dedujera testimonio por si existiese un posible delito del interventor municipal por omisión del deber de perseguir delitos.
* Sur - 25.4.12
Foto: Marbella, ayuntamiento - euroresidentes
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