Madrid.- Centenares de personas protestan en una manifestación contra el ‘tarifazo’

ELPAÍS* : Algunos avanzan por la manifestación haciendo cuentas. Y no les salen. Eso decía este mediodía Marcela Molina, presidenta de la Asociación de vecinos de La Paz, jubilada de 73 años con 600 euros al mes para vivir y usuaria del transporte público. “Me ha subido el agua, la luz, el metro… y todo más que la pensión”. Casi un millar de personas (unas 5.000, según los organizadores) han marchado hoy entre la plaza de Cibeles y el cruce de Alcalá con la Puerta del Sol en protesta contra el ‘tarifazo’, la subida del precio del transporte público que se aplica a partir de mayo.
Asociaciones de vecinos, ecologistas, consumidores, sindicatos y partidos de la oposición han convocado la manifestación para “exigir” a la Comunidad de Madrid que congele las tarifas y habilite abonos sociales para parados.

El precio del billete sube una media del 11% en Madrid, el mayor incremento registrado en una década, que llega apenas dos meses después de que la presidenta Esperanza Aguirre se comprometiera a no subirlo.

Llegar o salir del aeropuerto en autobús o metro costará cinco euros, el doble que ahora. El ‘metrobús’ (el billete de 10 viajes que usa uno de cada cuatro usuarios) se incrementa un 29% hasta los 12 euros. Los abonos, que utilizan el 62% de los usuarios, aumentarán casi el 8%.

El objetivo de la Comunidad de Madrid, a la que tampoco le cuadran las cuentas, es recaudar 120 millones más a través de las tarifas, para que el usuario pague con el billete el 50% de lo que cuesta el servicio (ahora cubre el 40%) frente al 50% que aportarán las Administraciones de lo que recaudan de los ciudadanos vía impuestos.

“Nos están subiendo todo y los sueldos siguen estancados”, se ha quejado Sonia Rodríguez, informática de 35 años, que cobra “unos 20.000 euros al año”. Dice que a partir de ahora, los viajes más cortos los hará andando. Unos metros más atrás, una pancarta denunciaba “mil y un ‘tarifazos’ a un pueblo manso” y otra ironizaba: “Me ha tocado el Gordo, puedo hacer transbordo”.

Iván Vázquez, de 29 años y miembro del movimiento 15-M como refleja la chapa que lleva prendida del jersey, avisa de que ha acudido a título particular. Se define como “casi mileurista” después de 10 años de trabajo, pide que las movilizaciones aumenten: “Si no salimos a la calle, nadie va a frenar esto”.

La oposición, de momento, espera conseguir con las movilizaciones que 2012 acabe sin una nueva subida de tarifas que el Gobierno regional no ha descartado de manera firme. “Hay más fórmulas para conseguir fondos”, ha señalado hoy el diputado socialista José Manuel Franco, presente en la pancarta inicial de la marcha con otros portavoces políticos. Su partido presentó en la Asamblea de Madrid iniciativas como que las grandes superficies pagarán más por tener cerca una boca de metro o aumentar la publicidad. “Esta medida supone entrar en un círculo vicioso: ,si el precio sube el número de viajeros baja y se reduce la recaudación”, ha analizado.

El coordinador regional de IU, Gregorio Gordo, ha tildado de "despropósito" el aumento de tarifas y ha recordado que “otro de sus efectos" será el aumento del uso del vehículo privado "con las graves consecuencias que tiene para el consumo energético y para el medio ambiente”.

Inés Sabanés, portavoz de la mesa de Madrid de Equo, hace memoria. No recuerda ninguna manifestación similar previa contra las subidas del precio del transporte en años anteriores. “Hubo algunas concentraciones, pero no marchas. Es que este ‘tarifazo’ ha sido espectacular”, ha explicado este mediodía. “Hay un efecto acumulativo y la gente empieza a ver que las subidas de tarifas y tasas son reales, que les impiden llegar a fin de mes”. Mientras la manifestación se disolvía poco después de la una de la tarde, Sabanés auguraba que caca vez habrá más gente en las protestas. La “movilización será creciente”.

Lo mismo ha defendido el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui. Su federación ha convocado jornadas reivindicativas en los barrios el 26 de abril con asambleas, reporto de información o despliegue de pancartas. “Tenemos que hacer cada vez más público el rechazo social a la subida, esto no puede quedar impune”.


* El País - PILAR ÁLVAREZ Madrid 21 ABR 2012
Foto: Marcha contra la subida de precio del transporte público. / CLAUDIO ÁLVAREZ

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Sevilla.- Ecologistas augura que el parking de Alameda "acabará como la biblioteca del Prado" y alegará en contra

EUROPAPRESS* : La agrupación de Ecologistas en Acción en Sevilla ha advertido de que la modificación puntual promovida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para que dicho documento admita un aparcamiento subterráneo de carácter rotatorio en la Alameda de Hércules, "acabará como la biblioteca del Prado". Se refiere, así a las sentencias que anulan las determinaciones del planeamiento urbano sobre la calificación del frente oriental de los jardines del Prado de San Sebastián como equipamiento de uso educativo para la biblioteca central de la Universidad Hispalense.

Laura Soler, coordinadora de la asamblea local de Ecologistas en Acción, ha explicado que esta modificación puntual del PGOU, cuya aprobación inicial aún debe debatir el pleno, constituye 'un cambio drástico de las políticas de movilidad y contradice el espíritu y la filosofía del propio planeamiento urbano'.
En concreto, la Gerencia de Urbanismo promueve la modificación del artículo 6.5.35 del PGOU de 2006, relativo a los aparcamientos rotatorios en el recinto intramuros del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad.

'PALOS DE CIEGO' SEGÚN 'LE PIDEN LOS COMERCIANTES'
Soler ha señalado que, al pretender dar vía libre a la creación de un nuevo aparcamiento rotatorio en el casco histórico, concretamente en el bulevar de la Alameda de Hércules, 'volvemos a políticas de movilidad de hace 20 años. El Ayuntamiento da palos de ciego en función de lo que le piden los comerciantes del centro'.

La dirigente ecologista ha defendido que 'en el centro de Sevilla no faltan plazas rotatorias de aparcamiento', pues 'hay muchos parking subterráneos que, a diario, tienen plazas libres'. 'Nosotros alegaremos contra esta modificación del PGOU y, posiblemente, tendremos que ir a los tribunales si finalmente la Junta la aprueba', ha señalado avisando de que, de prosperar, esta modificación puntual del PGOU 'acabará como la biblioteca del Prado de San Sebastián'.

'ES UNA CHAPUZA JURÍDICA'
'En el plano jurídico, esto es una chapuza, sobre todo después de las sentencias de la biblioteca, que zanjan que el PGOU no puede ser modificado en contra de su propia filosofía', ha indicado Laura Soler, quien espera que la Administración autonómica no respalde este cambio en el planeamiento urbano de Sevilla.


* Terra - EP - 20.4.12
Foto: Sevilla, la Alameda de Hércules - spain

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TSJCyL anula las normas urbanísticas de Zaratán por no haber ejecutado el colector de residuales

EUROPAPRESS/Valladolid* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto anular las Normas Urbanísticas de Zaratán, ya que las mismas se aprobaron condicionando su eficacia a que se implantase un colector de aguas residuales y dicha implantación, que no se ha llevado a efecto, es un elemento esencial de la validez del instrumento de ordenación aprobado.
El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, estima así el recurso interpuesto contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 30 de octubre de 2007, por el que se aprueban definitivamente las Normas Urbanísticas Municipales de Zaratán, anulando dicho acuerdo por no ser ajustado a Derecho, todo ello sin imposición de costas a ninguna de las partes.

La resolución se produce tras constatar que el vertido de aguas residuales se continúa efectuando, sin ningún tratamiento de depuración, a los cauces públicos arroyo Madre y arroyo La Vega, en base a la autorización provisional que se concedió por el organismo de cuenca en los años 1987 y 1990, lo que está generando en la actualidad unos vertidos contrarios al ordenamiento jurídico, como lo demuestran las continuas sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

VERTIDOS CONTAMINANTES
El informe de la CHD de fecha 6 de julio de 2010 es sumamente ilustrativo de ello, apunta el TS, al indicar que tal vertido está causado la degradación del entorno y del dominio público hidráulico, así como perjuicios a terceros (malos olores, ambiente insalubre al tratarse de aguas residuales urbanas sin depurar)', con altas concentraciones de materia orgánica, DBO5, DQO, Amonio, sólidos en suspensión...etc.

En cualquier caso, el Supremo sí reconoce como acreditado que existen actuaciones tendentes a ejecutar un colector emisario del saneamiento que conecte el vertido de Zaratán hasta el colector de Valladolid, obras autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Duero en fecha 18 de junio de 2010, si bien reitera que hasta que tal colector no esté efectivamente ejecutado no puede entenderse que se cumple con el requisito de vertido en la forma impuesta por el ordenamiento jurídico.

Otro motivo de impugnación recogido en el fallo, contra el que cabe recurso de casación, se refiere al incumplimiento por dichas Normas del Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de julio de 1974, que fue desarrollado por Orden de 23 de diciembre de 1975.

Al respecto considera que no existe la debida separación entre la conducción para el abastecimiento de aguas respecto a la red de alcantarillado.


* Terra - EP - 20.4.12
Foto: Zaratán (Valladolid) - todopueblos

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El admirable coraje ciudadano y la claudicación de la Generalitat convergente-unionista

SALVADOR LÓPEZ ARNAL/Barcelona* : El caso se remonta a 2003. Fèlix Millet y Jordi Montull obtuvieron en aquel entonces -hace casi diez años de ello- inmuebles sin perfecto estado de revista que eran propiedad del “Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas”. Pretendían facilitar la construcción de un hotel de lujo-lujísimo al lado del Palau de la Música barcelonés, pegado a la entrada principal. A cambio se comprometían a restaurar una de las escuelas de los Hermanos cristianos, cercana de los inmuebles. Limosna. En medio de todo ello intervino la empresa Olivia Hotels. Con la operación, poco después, entre 2006 2007, Millet y Montull lograron hacerse según parece con unos 900.000 euros. Eran los tiempos del ladrillo y de los nuevos pelotazos.
Durante el proceso, y éste es un punto no menos crucial, dado que la calificación urbanística de los inmuebles no permitía la construcción hotelera (estaban destinados a servicios públicos para un barrio muy necesitado), Millet, Montull y el arquitecto Carles Díaz movieron sus privilegiados hilos. Sabido es: las redes políticas están para eso. Se reunieron, pues, con la ex cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento -entonces gobernado por el PSC-PSOE e ICV-EUiA- para lograr el objetivo: cambiar calificaciones. Lo lograron con el apoyo de todos los partidos del consistorio (CiU y PP entusiasmados) menos en el caso de ERC.

En sus planes de actuación, se incluía la necesidad de que Millet tuviera controlados personalmente a todos los partidos políticos durante el proceso. Se puso en ello. No es imposible que algunas financiaciones extras llegaran a estas organizaciones.

Los vecinos de Ciutat Vella, el barrio donde se ubica el Palau barcelonés, que ejercen la acusación en el caso del hotel, consideran que Millet y Montull cometieron un delito continuado de apropiación indebida y solicitan siete años para cada uno [1]. En esta causa, hay otra complementaria por mala gestión del Palau [2], también está imputada la antigua cúpula de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento barcelonés. En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona, el que instruye la causa, la Asociación de Vecinos en Defensa de la Barcelona Vella “solicitan también seis meses de prisión por un delito de tráfico de influencias por funcionario público y siete años de inhabilitación para ex concejal de Urbanismo” -¡y ex cuarto teniente de Alcalde!- Ramon García Bragado, y piden penas de tres años de cárcel para Ramón Massaguer, ex gerente de Urbanismo, y Enric Lambies, ex director jurídico de Urbanismo e Infraestructuras, por falsedad en documento público, y además inhabilitación para un cargo público durante siete años por presunta prevaricación para el primero, al igual que nueve meses para el arquitecto del proyecto Carles Díaz (esta vez por tráfico de influencias).

Según la acusación vecinal, Lambies, Massaguer y Garcia-Bragado conocían muy bien que las resoluciones que se estaban adoptando en el consistorio de “Barcelona la millor botiga del món” ocultaban una operación de lucro privado que “no tenía nada que ver con el interés general”. Nada que ver: los negocios son los negocios y las financiaciones irregulares de partidos institucionales son historia complementaria.

En el escrito de la representación legal de los vecinos, se reclama que Millet y Montull, conjuntamente, devuelvan 900.000 euros en concepto de responsabilidad civil “a la Fundación privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana”. El importe correspondería a las cantidades que ambos ex responsables del Palau se apropiaron de forma indebida. En el escrito se apunta, además, que "esta cantidad deberá ser distribuida con la Generalitat de Cataluña a la vista del resultado de la práctica de las diligencias solicitadas previamente" [3]

Efectivamente, un porcentaje de estos 900.000 euros podría corresponder al gobierno de Cataluña. Sin embargo, ¡ay sin embargo!, el ejecutivo de Mas el soberbio ¡ha renunciado a ejercer la acusación particular para reclamarla!.

Según informa Efe [4], la titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona, Miriam de Rosa Palacio, ha ofrecido a la Generalitat la posibilidad de ejercer acciones en la causa para recuperar un porcentaje -en torno al 37%, unos 333.000 euros-, de los 900.000 euros, los que el promotor del fallido hotel avanzó a los acusados. Los servicios jurídicos de la Generalitat han declinado ese ofrecimiento al considerar que la cantidad pagada por Manuel Valderrama no corresponde al gobierno autonómico, sino en todo caso al Palau de la Música, “sin perjuicio de que la Fiscalía formule las reclamaciones económicas que considere oportunas en nombre del gobierno catalán”. El fututo está abierto y se cierra fácilmente.

Sin embargo, la juez considera que esa cantidad podría pertenecer a la Generalitat y a la Fundación Palau de la Música, a ambos aunque en diferentes proporciones, “en base al convenio que firmaron en marzo de 2006 el Departamento de Economía y la institución dirigida por Millet y Montull para permitir la permuta de fincas que abría la puerta a la construcción del hotel de lujo” [5]. De acuerdo a ese convenio, las acusaciones podrían ahora reclamar a Millet y Montull que devuelvan a la Generalitat los 330.000 euros citados anteriormente y “que reintegren al Palau de la Música los 567.000 euros restantes”.

El razonamiento de la juez tiene más ventanas y más implicaciones y abre la puerta a imputar a los ex responsables del Palau un nuevo delito de malversación de caudales públicos que se castiga “con entre tres y seis años de prisión” (que se sumarían a los de tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental, han señalado las mismas fuentes).

Los servicios jurídicos de la Generalitat no están por la labor. Se está hablando de amigos íntimos de la Casa que hicieron grandes favores. Entienden, o dicen entender, que la supuesta comisión pagada por el promotor no pertenece al gobierno catalán. Son así de generosos. ¡Las finanzas públicas van sobradas!

Mientras tanto, eso sí, dos estudiantes barceloneses siguen en prisión punitiva y los señores Millet y Montull siguen tranquilos y confiados en sus casas. Los suyos siguen apoyándoles y mirando hacia otros sectores sociales que no son de su cuerda privilegiada.


Notas:
[1] http://www.lavanguardia.com/politica/20120416/54284827837/vecinos-ciutat-vella-7-anos-carcel-millet-y-montull.html y El País, 17 de abril de 2012, p. 18.
[2] Causa que es distinta de la del saqueo del Palau protagonizado también por sus ex responsables,
[3] Los 900.000 euros corresponden a la comisión que, supuestamente por supuesto, Millet y Montull recibieron del constructor hotelero Manuel Valderrama para favorecer la construcción del hotel.
[4] http://www.lavanguardia.com/economia/20120416/54284516835/generalitat-rechaza-reclamar-millet-y-montull-900-000-euros.html
[5] Dicho convenio establecía que el constructor debería indemnizar a la Generalitat por la pérdida patrimonial derivada de la recalificación en un 37% del valor del suelo donde se iba a levantar el hotel (y en un 67% a la Fundación Palau de la Música).


* Rebelión - Opinión - 19.4.12

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El fiscal ve indicios de prevaricación urbanística en licencias de Sanxenxo

ELPAÍS/Pontevedra* : Dos meses después de que la secretaria judicial requiriera al Ayuntamiento de Sanxenxo la entrega de cinco expedientes de obras que fueron denunciadas por particulares, el fiscal ha hallado indicios de presuntos delitos urbanísticos y de prevaricación en al menos dos de ellas. Antes de formular acusación, David Lafuente, fiscal especial de delitos urbanísticos de Pontevedra, ha solicitado la práctica de nuevas diligencias al Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil encargado de los casos. Según fuentes de la investigación, todos ellos siguen una misma trayectoria: concesión de licencias, denuncias vecinales y expedientes de reposición de la legalidad.

De los expedientes recabados en la Xerencia Municipal de Urbanismo de Sanxenxo, el Ministerio Público ha analizado el que hace referencia a la construcción de cuatro chalés en Dorrón por la promotora Ferro Mesego C. B. y la construcción de tres viviendas en Bascuas, promovidas por la constructora Caneleiro Inversión. Según la documentación que analizó la fiscalía, la primera licencia había sido denegada en 2006, cuando se solicitó, porque entraba en colisión con el informe vinculante de la delegación provincial de la Consellería de Sanidade, al no respetarse la distancia de 50 metros exigida entre las construcciones y el cementerio que allí se ubica. El alcalde de Sanxenxo era entonces Telmo Martín, del Partido Popular.

Una vez archivado el expediente, y transcurrido un año, la empresa volvió a solicitar licencia. Así, el 21 de agosto, la funcionaria Belén Louro Pais emitió un informe jurídico en sentido favorable a la ejecución de las obras, teniendo en cuenta el visto bueno del arquitecto técnico municipal. Con ambos dictámenes favorables, la actual alcaldesa, Catalina González, también del PP, dictó una resolución concediendo la licencia para la construcción de los chalés de Dorrón, revocando su anulación inicial, y las obras comenzaron.

Pero la reacción de los vecinos de la parroquia fue inmediata, hasta tal punto que la alcaldesa se vio obligada a desactivar la concesión ante las denuncias de entidades y asociaciones que entraron en el Ayuntamiento exigiendo la reposición del expediente. Los técnicos han alegado que el promotor no se ajustó al proyecto inicial, pero el constructor ha reclamado por vía judicial una indemnización al Ayuntamiento por daños y perjuicios de esta paralización de en torno a los 600.000 euros.

El expediente de Bascuas, también denunciado, se inició en 2007 con la solicitud de licencia de segregación de una finca matriz en tres parcelas para la construcción de sendas viviendas unifamiliares. Con todos los informes técnicos y jurídicos favorables se concedió licencia. A diferencia de los chalés de Dorrón, que no llegaron a terminarse por la paralización de las obras, en Bascuas el Ayuntamiento incluso emitió el certificado de fin de obra y licencia de primera ocupación en dos de ellos. En medio de las denuncias vecinales por esta construcción se incoó un expediente de reposición de la legalidad urbanística, porque al menos uno de los chalés incumple la normativa de los accesos.

El resto de los expedientes que se están analizando también hacen referencia a la licencia de construcción de otros chalés en Dorrón, solicitada por la promotora Lucasor, igualmente denunciadas ante el Ayuntamiento. Otra de las polémicas obras denunciadas por los vecinos fue promovida en 2005 por Construcciones Balboa y Chan. Se trata de un edificio de dos bloques de viviendas en la calle Progreso que obtuvieron licencia de primera ocupación en mayo de 2009. La denuncia de un colindante desembocó en una orden judicial de derribo que el Ayuntamiento tuvo que acatar, por lo que ahora debe ejecutar su demolición.

Por último, la investigación judicial se centra en el chalé del aparejador municipal en Padriñán. El técnico ejecutó cambios en el proyecto sin tener la licencia para construir “un cuarto de instalaciones”, obras que fueron paralizadas cuando fue denunciado en el Ayuntamiento.

Cerco a Catalina González

Mientras se efectúan las diligencias previas de estos cinco expedientes urbanísticos, otras denuncias en las que igualmente se cuestiona la concesión de licencias en Sanxenxo están en riesgo de judicializarse. De hecho, en el Ayuntamiento se han requerido las copias de hasta 200 expedientes por particulares. Un acoso contra la alcaldesa que, según fuentes allegadas a Catalina González, responden a “intereses personales y revanchas políticas”.
Ante este panorama, su comparecencia y la de los técnicos competentes en la Xerencia de Urbanismo en los juzgados de Cambados parece inevitable. La propia alcaldesa ya había vaticinado que este aluvión de denuncias iba a producirse cuando los primeros cinco expedientes fueron reclamados por la Guardia Civil, en febrero pasado. González admitió entonces posibles “fallos”, pero afirmó que ninguna actuación del gobierno local podía tacharse de “corrupción o negocio” y que todas estaban avaladas por el dictamen de los técnicos. La alcaldesa alegó que Sanxenxo es un municipio urbanísticamente “muy activo” y denunció una clara “intencionalidad” de denunciantes que han insistido en obtener licencia, a los que se les negó por no contar con accesos a la vía pública y encontrarse en suelo rústico.


* El País - ELISA LOIS Vilagarcía de Arousa 19 ABR 2012
Foto: Chalés de Dorrón, al fondo, pegados al cementerio. / CARLOS PUGA

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Bicicletas, tractores y peatones marchan de Barcelona a Viladecans en contra de Eurovegas

EUROPAPRESS* : Bicicletas, tractores y peatones han participado este sábado en una marcha iniciada en Barcelona y en otras poblaciones del área metropolitana, y que ha finalizado en Viladecans para rechazar el macroproyecto de ocio Eurovegas, que podría ubicarse en unos terrenos de esa localidad barcelonesa.
Según han informado a EP fuentes de la plataforma Aturem Eurovegas, organizadora de los actos, a las 10.30 horas se ha iniciado la marcha en Barcelona, desde donde una parte de los manifestantes ha salido en bicicleta, otra en tren y el resto a pie en dirección a Viladecans, donde han concluido la marcha unas mil personas, ha cifrado el colectivo.

Además, trece tractores convocados por Unió de Pagesos se han añadido a la protesta y han encabezado la marcha, a la que se ha ido uniendo gente a su paso por L'Hospitalet de Llobregat y El Prat de Llobregat, y que ha transcurrido por la zona en que el Govern planearía instalar el complejo.

El acto ha concluido sobre las 14.00 con un acto simbólico en el que un tractor ha marcado el lema 'Aturem Eurovegas' ('Paremos Eurovegas') en un terreno agrario de Viladecans.

La plataforma ha querido manifestar así su oposición a Eurovegas, que conllevaría a su juicio consecuencias negativas ambientales, agrícolas y sociales, y el abandono de los payeses activos que trabajan la tierra de la zona.


* Europa Press - 21.4.12
Foto: Barcelona, bicicletada contra Eurovegas - e-noticias

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Ikea también construye: levanta un barrio entero en Londres

20MINUTOS* : Algunas empresas parecen no tener límites. Ikea, que ha amueblado ya los hogares de medio mundo, también construye. Y lo hace a lo grande. Un barrio entero. Está ocurriendo ya, las obras se han iniciado en Londres.
La nueva república independiente de la multinacional sueca se llama Strand East, un barrio del distrito londinense de Stratford, al este de la capital y próximo a las instalaciones que se construyen para albergar los Juegos Olímpicos. Strand East será un barrio de unas 10.000 hectáreas que dará sitio a unas 6.000 personas. Serán 1.200 viviendas, 45.000 metros cuadrados de oficinas, además de tiendas, restaurantes y un hotel de 350 habitaciones. El nuevo barrio tendrá una escuela, una guardería y un hospital.

La filosofía del nuevo barrio es la de un urbanismo europeo, en su sentido tradicional, pero en un entorno contemporáneo. Y lo que es más importante, con un concepto "más humano" de escala, es decir, de pequeña escala y edificios de poca altura.

¿Se puede aplicar la filosofía de los muebles sencillos, pero diseñados, baratos y adaptables de Ikea no ya a un edificio sino a un barrio? Los suecos de LandProp, la sección de Ikea dedicada a la construcción y el urbanismo, aseguran que sí.

Amigable, ecológico y "barrio"

De un hogar amigable a un barrio amigable. Para ello contará con aceras anchas, parques y transporte público no contaminante. De hecho, sus promotores consideran que al disponer de casi todo, no hará falta usar el coche para moverse por el barrio.

Lo ecológico no se refiere solo al transporte. En Strand East, la energía la producirá una planta hidroeléctrica y la basura de cada vivienda será succionada a través de un sistema de túneles subterráneos.

Para que el barrio sea eso, barrio, y amigable, la idea de LandProp es que los locales comerciales sean alquilados a pequeños empresarios.

¿Y quién de encargará de que todo funcione? Con la supervisión del Ayuntamiento de Londres, será la propia Ikea la que se encargue de todo... y ya de paso también de renovar la decoración de las casas, que de eso tienen experiencia.


* 20 Minutos - 20.04.12
Foto: Londres, fotomontaje barrio IKEA - 20minutos

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La ciudad privada

TOMÁS MARTÍNEZ BOIX* : Contemplo estos días cómo se juega en Las Vegas una tormentosa partida de cartas concurriendo las comunidades de Madrid y Cataluña ante "Las Vegas Sands Corporation", propietaria de modernos casinos en todo el mundo. El motivo de los encuentros se debe a la posible construcción en España de un gran oleaje de hoteles y salas de juego a la manera de Las Vegas, esa ciudad a la que Robert Venturi calificó de paradigma de la nueva arquitectura postmoderna. Y en esta partida desafiante, las cartas marcan dos triunfos: ventajas fiscales y capacidad de ordenar urbanísticamente la zona elegida.
La cuestión hace centrarme en esa capacidad privada a la cual se permite establecer el planeamiento urbanístico de una ciudad. El tema -vuela hace tiempo- y arranca desde el comienzo mismo del urbanismo moderno.

Recordemos aquel momento donde apareció la idea de abandonar la negra ciudad de la revolución industrial -Coketown, la llamaría Dickens- y correr a establecerse en el campo. Algunas empresas lo hicieron dando lugar a las llamadas "ciudades de compañías" (Company Towns). Eran planificaciones urbanas en las que, junto a la fábrica y las oficinas, se situaban las viviendas para trabajadores, disponiendo también de jardines, escuelas e iglesias. Pero será a finales del XIX cuando cristalizó una versión progresista de dichas ciudades que desemboca en la visión de la "Ciudad Jardín". Y precisamente en España se dio uno de los mejores ejemplos de este urbanismo privado contemporáneo, en la "Ciudad Lineal", surgida de manos de la "Compañía Madrileña de Urbanización". Un brote que, apenas germinado, fue hostilmente torpedeado desde las instituciones municipales madrileñas y desde la bancada más reaccionaria del Congreso, hasta lograr su liquidación.
Conviene añadir que a partir de mediados del siglo pasado las instituciones municipales y estatales se entrañaron en materializar el planeamiento urbano. (Nuestra Ley de Suelo es de los años 50). Y habremos de reconocer que fueron estos planes quienes lograron recursos suficientes para afrontar los graves problemas derivados del urbanismo. Más aún: consiguieron desarrollar nuevos polígonos para la necesaria construcción de viviendas obreras. Sin embargo, a finales del pasado siglo, en pleno gobierno de Margaret Thacher, Londres tuvo que enfrentarse con el terrible problema de la obsolescencia de su puerto (Docks) y de las edificaciones e instalaciones que lo rodeaban. Esta área que ocupaba unos 20 kilómetros cuadrados pedía soluciones nuevas. Así que se montó una verdadera batalla entre quienes defendían la actuación de los organismos públicos y aquellos otros que exigían un urbanismo privado. Fue una disyuntiva que conmocionó la visión actual del urbanismo. No en balde el área de desarrollo fue calificada como "la mayor zona de reurbanización de Europa Occidental". Y pronto se tanteó la incapacidad del municipio y del Estado para enfrentarse ante tan enorme problema. Peter Hall -el gran maestro de la geografía urbana, quien abanderaba la defensa de la visión pública de la ciudad- tocó inesperadamente a retirada. El campo quedó libre para una compañía canadiense "Olimpia & York", la cual encargó la planificación al estudio de arquitectura SOM y comprometiéndose ella a buscar inversores. Pero el éxito inicial quedó pronto ensombrecido al quebrar la citada inmobiliaria, ya que había duplicado la oferta de oficinas en Londres, derrumbando el mercado. Y entonces la iniciativa pública tuvo que acudir en ayuda de las empresas caídas, aportando al proyecto una nueva línea de metro el "Jubileo", enderezando al fin, la situación.
Y ahora viene nuestro caso. Estamos asistiendo así, en este comienzo del siglo XXI, a una menor capacidad de los ayuntamientos y estados para acometer las grandes transformaciones que exige la nueva ciudad. Tal vez la Barcelona Olímpica fue un último ejemplo de cierta reforma urbana de gran envergadura acometida exclusivamente desde lo público. Y ello nos dice que estamos entrando en una época, en la cual se prodiga la sustitución de lo público por lo empresarial. Así que la inversión mundial para acometer esos grandes retos, se ha convertido en una de las últimas obsesiones del urbanismo. He aquí un profundo cambio para nuestra visión local y municipalista del urbanismo.
Ojo al caso. En Elche debo decir que para los próximos años se acabó el maná de la inversión pública. Será preciso, pues, que nos aferremos a aceptar que los futuros proyectos habrán de financiarse básicamente a través de la inversión privada. Y en este poder transferido se habrán de marcar nuevas exigencias de control sobre el planeamiento. ¿Cómo fijar las reglas de ese arriesgado juego? He aquí una novedosa liberación que no puede ser ciega y sorda para el municipio.


* Información - Alicante - Opinión - 18.4.12
Foto: Las Vegas, boulevar - viajar

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Piden un año para el presidente de UD Almería y un exconsejero murciano por viviendas sin licencia

EUROPAPRESS* : El fiscal considera que los ocho acusados "sabían" que el residencial se construía sobre suelo no urbanizable.
La Fiscalía Provincial solicita doce meses de prisión para el exconsejero de la Región de Murcia Juan José Padilla Cánovas y para el presidente de la UD Almería, Alfonso García, por participar y promover presuntamente la construcción de 300 viviendas en el término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería) "sin licencia municipal de obras y contraviniendo la norma urbanística aplicable en la zona".

La vista oral, en la que están procesados junto a otras seis personas por un delito contra la ordenación del territorio, se ha suspendido este jueves pendiente de nuevo señalamiento a la espera de dar traslado a las defensas de la personación en la causa de los compradores de uno de los inmuebles, una familia de nacionalidad británica a la que el juzgado instructor no comunicó la existencia de un proceso penal en el que el Ministerio Público interesa derribo de lo construido.

La Fiscalía, a cuya calificación deberá adherirse esta parte, formuló acusación asimismo contra Antonio S.H., Carlos P.M., Diego G.S., Enrique D.P., José Francisco B.A. y Trinitario G., para los que solicita también penas de un año de prisión, el pago de multas de 18 meses a razón de 30 euros al día y la inhabilitación especial para la profesión u oficio por un periodo de año y medio.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito, al que tuvo Europa Press y que publica el diario 'La Voz de Almería', en el periodo de tiempo comprendido entre abril y octubre de 2005, el presidente de la UD Almería como representantes legal de la mercantil 'Aesur SL' y Antonio S.H. por la empresa 'Huma Mediterráneo SL' en calidad de promotoras, y la mercantil Ferrovial Agroman SA como constructora y teniendo como representante a Carlos P.M. iniciaron la construcción de un residencial en el paraje denominado Llanos de Jordana, en Cuevas del Almanzora.

De la citada urbanización, en el que se proyectaban en un primera fase y bajo el nombre de 'Almanzora Country Club' un total de 1.794 viviendas, se llegaron a levantar y concluir 300 inmuebles en terreno clasificado como suelo no urbanizable. El fiscal resalta que estas "no serían autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio", por lo que, además, "carecerían de la licencia municipal preceptiva".

Para realizar las obras, los acusados, entre los que se incluye el resto en calidad de arquitectos y técnicos directores, contaron con la intervención del exconsejero murciano, quien al ser ingeniero "proyectó y dirigió las obras de urbanización necesarias", tal y como señala el escrito, para la posterior edificación.

En concreto, atribuye a Juan José Padilla Cánovas, quien ostentó la titularidad de la Consejería de Política e Infraestructura Territorial durante las dos primeras legislaturas y hasta 1987, la realización de la nivelación de terrenos, la canalización, los saneamientos y los sistemas generales, entre otras actuaciones.

Para el Ministerio Público, todos los acusados, "debido --remarca-- a su cualificación profesional, sabían no solo de la inexistencia de la licencia municipal de obras, sino también de la imposibilidad de poder obtenerla por contravenir su edificación las normas urbanísticas aplicables".

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería deberá resolver, asimismo, una vez se celebre el juicio, si procede la demolición de lo construido y urbanizado, y, si tal y como interesa la Fiscalía, se debe reponer el terreno a su primitivo estado concediendo un plazo "razonable" de seis meses a los acusados o, en su defecto, a la Junta de Andalucía a cargo solidario de los acusados o subsidiariamente las tres mercantiles impulsoras del residencial.


* Qué - EP - 19.4.12
Foto: Almería, campo futbol - google

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La Generalitat costeó la defensa de tres imputados en el ‘caso Gürtel’

ELPAÍS/Valencia* : El abogado de la Generalitat defendió a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiación ilegal del PP, enmarcada en el caso Gürtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia. Lo más llamativo de la situación es que el último de los imputados abandonó la Administración autonómica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que ganó las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat siguió poniendo a su disposición a su letrado.

Se trata de otra incoherencia en la línea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los escándalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los últimos meses, el del supuesto desvío de ayudas de cooperación a países pobres, el presidente fulminó a dos altos cargos inmediatamente después de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiación ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.

Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicación supuestamente irregular a la trama Gürtel del montaje y organización del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trató del negocio más lucrativo de cuantos consiguió en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendió a cerca de cinco millones de euros. Según las pruebas que acumula la investigación, la empresa de El Bigotes, Orange Market, tenía acceso a las bases del concurso de la Consejería de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habría obtenido la adjudicación de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas más caras.

Los tres imputados habían recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez instructor, José Ceres, de solicitar a la Intervención General del Estado una ampliación del informe que realizó en su día sobre esta contratación de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado pedía a la intervención que comparase la tramitación de los años investigados con las ediciones anteriores, así como con la de Fitur 2010, que se celebró cuando ya se había destapado el caso Gürtel.

El juez también solicitó que los técnicos de la Administración General del Estado revisasen si, como ocurrió con estos concursos, “constituye una habitual o adecuada praxis de contratación administrativa” el hecho de que las mismas personas que formaban parte de las mesas de contratación hubieran participado previamente en la fijación de los criterios de adjudicación, y hubieran emitido posteriormente informes sobre las ofertas presentadas que fueron determinantes para la elección final de dicha mesa de contratación. Así como qué porcentaje de la puntuación total es “razonable” darle a los criterios subjetivos en esta clase de concursos. Orange Market se alzó con las adjudicaciones en varios casos porque en los apartados subjetivos (que a diferencia del precio ofrecido son difíciles de medir) era el mejor puntuado.

El tribunal ha rechazado el recurso de los tres imputados al considerar que el juez puede acordar las diligencias que considere adecuadas siempre que se ajusten a las reglas básicas de la obtención de fuentes de prueba. Y respalda a Ceres al considerar que el magistrado puede solicitar la ampliación del informe a la Intervención General del Estado sin estar condicionado por las peticiones pudieran plantear sobre la misma.


* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 18 ABR 2012
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo

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Plasencia.- Las casas ilegales proliferan en la ciudad

HOY/Cáceres* : Están a la vista de todos y van cambiando poco a poco la panorámica de la Sierra de Santa Bárbara y de la zona de la Vinosilla, entre la Chopera y el Club Sociodeportivo Ciudad de Plasencia. Son las nuevas construcciones que decoran estas áreas. Casas ilegales levantadas sin licencia en espacios donde está prohibida la construcción.
La visión tanto de la N-110 como de la sierra ha cambiado de forma notable a raíz de estas construcciones ilegales. Sin embargo, el Gobierno local del PP desconoce la situación real que está a la vista de todos los placentinos.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, asegura que se están tramitando expedientes por estas construcciones y que algunos de ellos han sido remitidos a Fiscalía. Sin embargo, el edil no sabe cuántos expedientes están en marcha por estas infracciones urbanísticas ni tampoco en qué punto está cada expediente. En 2009, a raíz también de una proliferación de construcciones ilegales, que comenzaron a levantarse al amparo de la revisión del Plan General Municipal, la entonces alcaldesa, Elia María Blanco, anunció que había firmado casi una quincena de decretos de paralización.
Entonces, la primera edil placentina explicó que el objetivo era poner coto a las construcciones ilegales y servir de ejemplo para evitar que otros tomaran el camino. Pero los decretos sirvieron de poco o los precintos que se colocaron se los llevó el viento porque el ejemplo ha cundido poco.
Las construcciones ilegales continúan en la sierra y en la Vinosilla y el Gobierno local desconoce cuántas casas son las levantadas de forma ilegal, si tienen o no expediente sancionador y en qué punto del trámite está cada una de ellas. El edil de Urbanismo ha solicitado a los técnicos, no obstante, la información pertinente, que aún no le han pasado, para tratar de organizar y controlar un asunto que compete a su concejalía y que levanta no pocas quejas entre los ciudadanos. Son muchos los que entienden que el descontrol que existe es claramente discriminatorio. Mientras que unos residentes tienen que respetar trámites y plazos y, sobre todo, pagar al Ayuntamiento las pertinentes licencias y permisos para poder construir su vivienda, otros edifican sin más.
La Fiscalía de Cáceres, ya en su memoria de 2010, denunció «el tipismo, tan extremeño, de construir segundas viviendas donde no se puede». En Plasencia, la tendencia sigue al alza. Es una realidad a la vista de todos.


* Hoy - 19.04.12 - ANA B. HERNÁNDEZ
Foto: Plasencia (Cáceres), ayuntamiento y plaza - fotonazos

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Presupuestos de Fomento: sigue el despilfarro en infraestructuras

ECOLOGISTASENACCIÓN* : Un análisis detallado de los presupuestos del Ministerio de Fomento para 2012 demuestra que vamos a seguir invirtiendo lo que no tenemos en caras e impactantes infraestructuras de transporte. El Grupo Fomento (el Ministerio junto a organismos públicos como Adif, Aena o Seittsa) prevé invertir 11.900 millones de euros en grandes obras como nuevas autovías o más líneas de alta velocidad, a pesar de que no tienen la demanda suficiente para justificar este gasto. Y tampoco generarán desarrollo económico y empleo como muestra tercamente la realidad. Al contrario, estas ruinosas inversiones generan más deuda y empobrecimiento por su escaso retorno social. Y lo que es peor, se olvida que se llevan a cabo con los fondos que recortamos en sanidad, educación, protección social o medio ambiente.

El Ministerio de Fomento anunció que sufrirá un recorte del 34,6% de sus presupuestos con respecto a 2011. Sin embargo, si nos fijamos en los presupuestos que maneja todo el llamado Grupo de Fomento (el Ministerio junto a las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales como Adif, Aena o Seittsa), el descenso en los fondos disponibles es mucho menor, del 8,6%.

Las inversiones van a seguir siendo cuantiosas en infraestructuras de las que ya tenemos una gran dotación y una escasa utilización. Así, por ejemplo, en 2012 se invertirán 4.187,7 millones de euros en nuevos tramos de alta velocidad ferroviaria, en su mayor parte dedicados al AVE a Galicia. Y ello a pesar de que un estudio interno de Fomento que se filtró hace un año (marzo 2011) concluía que la demanda de viajeros en este corredor (que en conjunto costará más de 8.500 millones de euros) solo admitiría tres trenes diarios en cada sentido. Estas cifras astronómicas contrastan con, por ejemplo, los 28,5 millones de euros previstos para las cercanías, mucho más utilizadas por la ciudadanía.

También gastaremos 1.280 millones de euros en construcción de más carreteras. A pesar de que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas (en Europa 1 de cada 5 kilómetros de este tipo de calzadas está en España), se pondrán en servicio 170 km más durante 2012. Si lo comparamos con los exiguos 53 millones que el Ministerio con las competencias de medio ambiente va a dedicar a la partida de “prevención de la contaminación y el cambio climático” quedan pocas dudas de por dónde van las prioridades del Gobierno.

El argumento para justificar esta enorme inversión es siempre el mismo: las infraestructuras generan empleo y dinamización económica. Pero la realidad desmiente estas afirmaciones una y otra vez. De otro modo no se entiende que seamos el primer país europeo en kilómetros de autovías y autopistas y en alta velocidad ferroviaria –así como récord de aeropuertos ociosos o sobredimensionados– y al mismo tiempo tengamos la peor tasa de paro europea y una de las peores situaciones económicas.

La consecuencia de estas obras de infraestructura es justo la contraria: estas inversiones sin retorno social ni económico positivo nos empobrecen y nos endeudan cada vez más. Fomento acaba de pedir 3.000 millones de euros al BEI para financiar estas obras, lo que no hará sino incrementar una deuda ya insoportable. Sobre todo porque la forma de pagarla están siendo los draconianos recortes sociales que día sí y día también nos comunican. Pero que, hoy por hoy, seguimos sin aplicarlos al cemento.


* Ecologistas en Acción - 17.4.12
Foto: AVE no, Tren sí - ecologistasenaccion.org

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Reabren una causa contra el alcalde de Cájar por irregularidades urbanísticas

IDEAL/Granada* : La Audiencia de Granada ha obligado a reabrir la causa contra el alcalde de la localidad de Cájar, Fidel Prieto (PP), por un supuesto delito de prevaricación en la concesión de una licencia de primera ocupación a un exteniente de alcalde.
En la causa también están siendo investigados la exalcaldesa Concepción Roldán y el exteniente de alcalde Raúl Montoya por presunta malversación de caudales públicos en la permuta de unos terrenos municipales al hijo de un exedil de Urbanismo.

Según ha informado el PSOE, que ha facilitado el auto de la Audiencia, los hechos tienen su origen en un convenio que el PP de Cájar aprobó en el pleno por vía de urgencia en julio de 2003, acuerdo por el que la por entonces alcaldesa, Concepción Roldán, permutó a Ángel Manuel Piñar, hijo de un exconcejal de Urbanismo, una parcela.
El terrero, de unos 1.100 metros cuadrados, estaba destinado a equipamiento a cambio de un local y de 32.130 euros.
Se da la circunstancia, recuerda el PSOE, de que el beneficiario de la permuta era deudor del Ayuntamiento, circunstancia que lo inhabilitaba para formalizar la operación.
El gobierno municipal de Cájar no sólo lo ignoró, sino que recalificó los terrenos y aumentó la edificabilidad para firmar posteriormente la escritura de permuta.
Una rúbrica que tuvo lugar el mismo día en que el hijo del exconcejal de Urbanismo vendió parte de los terrenos al por entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cájar, Raúl Montoya.
El tribunal aprecia en el auto "indicios suficientes" de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos que fundamenta en un informe emitido por la secretaria interventora del Ayuntamiento en noviembre de 2009, que certifica únicamente el ingreso en las arcas municipales de 4.431,80 euros cuando, en teoría, debieron ingresarse 32.130 euros.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acuerda que se realice la diligencia solicitada por la Fiscalía para que la Guardia Civil investigue sobre la forma de pago de la operación, las cantidades recibidas y el destino de los fondos implicados.


* Ideal - EFE - 17.4.12
Foto: Cájar (Granada) - cajar.es

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Benidorm.- Ortiz opta de nuevo a un PAI que le fue adjudicado y anuló el TSJ

ELPAÍS/Alicante* : Casi 10 años después de convertirse definitivamente en agente urbanizador del PAI Armanello de Benidorm, una porción de 532.000 metros de suelo de huerta con 300.000 metros de techo, donde cabe la construcción de más de 3.000 viviendas a espaldas de la playa de Levante de la ciudad, el promotor Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal y Gürtel, volverá a optar a la misma adjudicación. Y ello después de que el pasado 21 de marzo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana anulara el acuerdo plenario del 29 de octubre de 2002 que aprobó definitivamente el plan parcial y su adjudicación a Ortiz.

Así lo confirmó ayer —justo el día que vencía el plazo para recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del TSJ— el concejal de Urbanismo de la ciudad, Juan Ángel Ferrer, tras haberse reunido con el contratista y sus asesores la semana pasada. El suelo de Armanello, uno de los mejores sectores del litoral valenciano, ya había superado dos recursos contra su aprobación provisional, tres contra la cesión de la condición de agente urbanizador de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA, a Armanello Milenium, SL, siete contra la aprobación y adjudicación definitiva, un auto del Tribunal Supremo inadmitiendo un recurso de casación y la querella de algunos propietarios por alteración de precios y estafa, que fue sobreseída.

Finalmente, el TSJ resolvió su anulación porque la propuesta de Ortiz obligaba a los propietarios, sin su consentimiento, a abonar un canon de aprovechamiento del sector del 34%, 60 euros por metro, cuando la ley no les obliga a aportar más del 10%. El Ayuntamiento, según Ferrer, ha decidido “no acudir al recurso de casación por coherencia y para no perjudicar más a los propietarios porque la sentencia del TSJ está basada en otra del Supremo sobre el Murtal”, otro PAI de Benidorm que también fue aprobado y adjudicado con una cesión de aprovechamiento superior al 10%.

Aunque Benidorm no recurrirá y Ortiz no puede hacerlo al no estar personado en el procedimiento que impulsaron varios propietarios y el entonces concejal Manuel Catalán Chana, el Consistorio ha solicitado una aclaración de la sentencia “para saber si la anulación del programa afecta a la adjudicación del agente urbanizador”, como especifica el juez. En todo caso, Ferrer concretó que “creemos que 15 años después de haberse iniciado el proceso, una nueva adjudicación es lo más conveniente”, aunque también concretó que esperarán para volver a iniciar el procedimiento de la cesión de agente urbanizador a que el Consell apruebe el texto refundido de la legislación urbanística valenciana que ultima la consejería de Urbanismo.

Ferrer también avanzó que “habrá que repensar qué tipo de urbanización requiere[EL PAI]” y aseguró que el futuro desarrollo del sector incluirá “otro tipo de actividades de ocio”. Aunque Ortiz es uno de los principales propietarios de suelo en Armanello, en esta zona de la antigua huerta de Benidorm también tienen intereses la mayor parte de los principales empresarios de la capital turística valenciana.


* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 16 ABR 2012
Foto: Terrenos del PAI Armanello de Benidorm, en el que se previeron unas 3.000 viviendas. / JOAQUÍN DE HARO

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Condenado a dos años de cárcel el exalcalde de Linares de la Sierra y devuelve los 10.000 euros que malversó

EUROPAPRESS/Huelva* : La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión al exalcalde socialista de Linares de la Sierra, Jaime Luis Fernández Ceballos, tras su implicación en una construcción supuestamente irregular en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche por delitos contra la ordenación del territorio, otro de prevaricación urbanística y otro de malversación de caudales públicos. Todo ello tras llegar a un acuerdo de conformidad y devolver este mismo lunes 7.000 euros de los 10.000 que malversó, quedando pendiente el resto a devolver en esta semana.

Según han informado a Europa Press desde la Fiscalía, las penas por el delito de malversación se le ha bajado en dos grados, es decir de cuatro años se le ha quedado en uno. Además de los dos años de prisión, el exprimer edil ha sido condenado a demoler la vivienda, a abonar una multa de 2.190 euros y a asumir un periodo de inhabilitación para promotor y para ejercer algún cargo público.

Su pareja, por el delito contra la ordenación del territorio, ha sido condenada a la pena de seis meses de cárcel, a una multa económica y la inhabilitación especial para el oficio de promotor durante un periodo de tiempo, al igual que el empresario que se encargó de la cimentación de la casa, al que considera la Fiscalía como cooperador de malversación, el cual ha sido condenado a ocho meses de prisión.

Los hechos se remontan a 2008 y, según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, Fernández Ceballos y su pareja decidieron llevar a cabo en calidad de promotores, una edificación para vivienda, en la finca propiedad familiar de la mujer, la cual "no cumplía los requisitos de superficie mínima y distancias a linderos, carecía de actividad agrícola o ganadera y además se encontraba situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche".

Por ello, considera que "concibieron, valiéndose de la cualidad de alcalde del imputado, un procedimiento fraudulento que les permitiese llevarla a cabo, sin riesgo de sanción y sin coste económico".

Por tanto, "en ejecución de dicho plan, el acusado, en nombre de su pareja, solicitó en el mes de mayo del año 2008, licencia municipal para construir caseta de aperos de 20 metros cuadrados con altura máxima de 3,5 metros", prosigue el escrito.

En esta línea, estima que tramitado el expediente de licencia con la autorización del Parque Natural, se concedió la misma, con carácter condicionado, "exclusivamente para la construcción de caseta de aperos para usos agrícolas y prohibiéndose expresamente, que la misma contase con servicios higiénicos-sanitarios generadores de vertidos".

Además, la Fiscalía establece que "inmediatamente los acusados empezaron las obras, sin intención de respetar la licencia ni el condicionado del Parque Natural" al objeto de construir una vivienda de 45 metros cuadrados en dos plantas (una subterránea) que "contara con salón con chimenea, cocina y baño, y con el fin de 'segunda residencia' incompatible con la legislación protectora del Parque".

"VALIÉNDOSE DE SU CONDICIÓN DE ALCALDE"

Por otra parte, para llevar a cabo las obras, continúa el Ministerio Fiscal, en la ejecución de las obras y dado que sus ingresos económicos en 2008, no superaban los 28.000 euros (caso del acusado) y 6.000 euros (la acusada); "aquel decidió prevalerse de su condición de alcalde y con grave quebranto de sus deberes como servidor público, decidió costear con fondos públicos la construcción, valiéndose de su buena relación con constructores y proveedores municipales y del absoluto control que realizaba sobre las obras municipales y la contratación temporal de trabajadores".

Así las cosas, el exregidor concertó los servicios del tercer condenado, el cual "remitió al Consistorio tres facturas sin detallar y como si fueran obras municipales, según las expresas indicaciones del alcalde". En las obras fueron contratadas, tal y como reza el escrito, "personas que estaban contratadas por el Ayuntamiento y que compatibilizaban su trabajo público con el de la casa del alcalde".

De otro lado, hay que recordar que una vez conocida la imputación del entonces primer edil, la dirección socialista adoptó la decisión de suspender cautelarmente de militancia a Jaime Luis Fernández Ceballos, una medida disciplinaria que fue aceptada por el propio afectado en su ánimo de no perjudicar al partido. El PSOE también le exigió la entrega del acta de concejal.


* Europa Press - 16.4.12
Foto: Linares de la Sierra (Huelva), ayuntamiento - huelvainformacion.es

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Barcelona.- Los vecinos piden siete años de cárcel para Millet y Montull por el caso del hotel

ELPAÍS* : Los vecinos de Ciutat Vella, que ejercen la acusación en el caso del hotel del Palau de la Música considera que Fèlix Millet y Jordi Montull cometieron un delito continuado de apropiación indebida y solicitan siete años para cada uno. En esta causa, distinta de la del saqueo de esa institución cultural protagonizado por sus exresponsablea, también está imputada la antigua cúpula de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.
En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción nº10 de Barcelona, los vecinos solicitan también seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para el excuarto teniente de alcalde y exconcejal de Urbanismo Ramon García Bragado. Igualmente piden sendas penas de tres años de cárcel para el exgerente de Urbanismo de Barcelona Ramón Massaguer y el exdirector jurídico de Urbanismo e Infraestructuras del sector de Urbanismo del consistorio Enric Lambies por falsedad en documento público. Y nueve meses para el arquitecto del proyecto Carles Díaz por tráfico de influencias.

Según la acusación popular, Lambies, Massaguer y Garcia-Bragado “conocían que las resoluciones que se estaban adoptando ocultaban una operación de lucro privado que no tenía nada que ver con el interés general”.

El caso se remonta a 2003, cuando Millet y Montull obtuvieron inmuebles propiedad del Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas para construir un hotel. A cambio se comprometieron a restaurar una de sus escuelas, que fue a parar a manos de la empresa Olivia Hotels de forma “irregular”, según el escrito.

Con esta operación, Millet y Montull lograron hacerse con 900.000 euros entre 2006 y 2007 que “nunca ingresaron en las cuentas de la Fundación Palau de la Música y que se sustrajeron a la participación de la Generalitat establecida en el Convenio Urbanístico”, dice el escrito de acusación. Durante el proceso, y aunque la calificación urbanística no permitía la construcción del hotel, Millet, Montull y el arquitecto Carles Díaz se reunieron con la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento para lograr ese objetivo, y que incluía “la necesidad de que Fèlix Millet tuviera controlados personalmente a todos los partidos políticos durante el proceso”, dice el escrito.


* El País - 17.4.12
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com

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TSJA anula la modificación del contrato para ampliar y terminar el Teatro Auditorio de Roquetas

EUROPAPRESS/Almería* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la aprobación del proyecto de ampliación y de terminación del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, así como la modificación del contrato de obra, al considerar que no son ajustadas a derecho, ya que, según señala, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, no cumplió "los tramites exigibles" en este caso. Subraya el Alto Tribunal andaluz, en una sentencia firme, que el Consistorio debió resolver el contrato con la UTE integrada por 'Hispano Almería SA', 'Gea 21 SA' y 'Rochina SA' ya que la variación contractual producida, que supuso un aumento casi del 120 por ciento en el precio inicial de la obra, menoscabó el principio de publicidad y concurrencia de la licitación.

En concreto, recoge que el Ayuntamiento adjudicó en el año 2000 la obra por un precio de 7.063.094,25 euros y que, en diciembre de 2003, se aprobó un presupuesto complementario y de terminación por importe de 8.408.159,34 euros.

Según se detalla en la sentencia, de la que es ponente la magistrada Beatriz Galindo y dictada el pasado día 2, la dirección de la obra presentó el citado proyecto y lo justificó en "algunos condicionantes desconocidos" al redactar el proyecto inicial tales como las características físico-geológicas del terreno; la ampliación de aforo solicitada por el ayuntamiento; la inclusión de nuevos materiales de mayor calidad; mobiliario, útiles y equipos necesarios para la puesta en uso del edificio; centro de transformación y grupo electrógeno; local de climatización y aljibe, iluminación artística y ornamental exterior del edificio; vallado; acerado y jardinería perimetral, así como la línea de media tensión.

La modificación fue informada favorablemente por el técnico municipal pero contó con el informe desfavorable del secretario municipal y del interventor, quien "puso de manifiesto que la diferencia entre el importe de la modificación y el crédito disponible era superior al gasto autorizado".

En esta línea, ambos subrayaron la "necesidad" de un acuerdo de pleno para autorizar la modificación de gasto y "justificar la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación", así como de un dictamen de la comisión especial de cuentas al superar el contrato los seis millones de euros y de dictamen del Consejo Consultivo, un extremo con el que se muestra de acuerdo la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo

Recoge, asimismo, que las obras fueron ejecutadas antes de la aprobación de la modificación del contrato y que, por tanto, se hallaban finalizadas al momento del dictado del acto administrativo que se impugna, por lo que, a juicio del TSJA, "han de entenderse incumplidos todos los trámites previos necesarios a la ejecución de las obras hasta obtener la aprobación del proyecto ampliatorio".

El Alto Tribunal extrae también como consecuencia de los datos expuestos que no se cumplieron los trámites exigibles para la modificación aprobada y alude al artículo 136 del Reglamento General de Contratación y a la cláusula tercera del pliego de contratación. A esto añade que la modificación no se justificó, "lo que constituye una grave infracción procedimental" y rechaza que obedeciera a razones de interés público como alegó el Consistorio.

En atención a lo expuesto, el fallo considera "claro" que concurría causa de resolución contractual y que la variación contractual producida era tal que alteró "la esencia cuantitativa y cualitativa del contrato al incrementarse el precio inicial en casi el 120 por ciento, resultado menoscabado --ahonda-- el principio de publicidad y concurrencia". Procede, así, a declarar la nulidad del acuerdo de la Comisión de Gobierno y estima el recurso interpuesto por el grupo municipal del PSOE.


* Europa Press - 16.4.12
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - aytoroquetas.org

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Vecinos, 15-M y miembros de la PAH logran frenar tres desahucios en Vallecas

ELPAÍS/Madrid* : Los desahucios alcanzan un récord durante 2011 con 58.241 expedientes. La comisión judicial aplaza un mes y medio el desalojo de tres familias de inmigrantes.
Willington, Edwin y Oumar. Tres inmigrantes; dos de Ecuador y uno de Mali. Vinieron a España hace una década. Los tres trabajaron en el sector de la construcción, lo que les permitió comprar un piso e hipotecarse. Un sueño cumplido. Hasta la llegada de la crisis, cuando perdieron su empleo. Esta fría mañana los tres se enfrentaban a uno de los peores momentos de su vida: el desahucio. Gracias a la intervención de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y al apoyo de vecinos del barrio de Vallecas, junto a los indignados del 15-M, los tres han respirado tranquilos: la ejecución de los desahucios se ha paralizado, al menos, tres semanas.

“Estoy contento, pero aún queda una larga lucha”. Willington Bayas, un padre de familia ecuatoriano de 38 años, estaba visiblemente emocionado al enterarse de que puede dormir en su casa un mes y medio más. En su piso, de 86 metros cuadrados, conviven 11 inquilinos: Bayas y su mujer, Zoraida, junto a sus cuatro hijas, más el abuelo materno, Luis Felipe. En uno de los cuatro dormitorios duerme Fanny con su bebé recién nacido y Yoconda, con su hijo de ocho años. Las dos madres solteras no pagan el alquiler pero sí comparten los gastos de la comunidad con la familia de Bayas. “No pueden echarnos a todos a la calle. Fanny aún está convaleciente por el parto y no puede levantarse de la cama”, explicaba Bayas, mientras miraba por la ventana cómo la comisión judicial negociaba con uno de los abogados de la PAH el aplazamiento del desalojo en la acera de enfrente, en el distrito de Puente de Vallecas.

Bayas debe a la entidad bancaria Citibank 216.000 euros. Hace siete años pidió un préstamo de 240.000 euros para comprarse el piso del que puede ser desahuciado. En 2010 la empresa de la construcción para la que trabajaba se declaró en suspensión de pagos y él, de la noche a la mañana, dejó de ingresar dinero. Su mujer es ama de casa. Luis Felipe, su suegro, de 72 años cobra una jubilación que ronda los 400 euros. La deuda con el banco fue aumentando. Mes a mes. Este albañil asegura que ya había pagado 72.000 euros. “No le ha valido para nada”, sentencia Deisy Silva, una activista de la PAH que intentaba consolarlos. Una treintena de vecinos e indignados se congregaban desde las siete y media en la puerta principal del edificio para mostrar su apoyo a esta familia.

La misma escena se repetía en el barrio de Entrevías. Oumar Kanate, un maliense de 32 años y su mujer, Nahan, embarazada de cinco meses, se impacientaban al ver cómo se alargaba la negociación de la comisión judicial y los abogados de la PAH. Kanate está agotado; llegó anoche de Huelva donde ha conseguido trabajo temporal en la recogida de la fresa y apenas ha podido dormir. Esta pareja adquirió un piso en 2006. Dos años después, se quedó sin empleo. “Con una letra que subió hasta los 1.280 euros, se vio incapaz de seguir pagando a Banesto, que posteriormente activó en el juzgado el consabido proceso de ejecución hipotecaria y se hizo con la vivienda por un 50% del valor de tasación. Sin un lugar alternativo donde residir, esta familia lucha por mantenerse en su casa con un alquiler social y por la condonación de una deuda que no podrá pagar en la vida”, ha informado la PAH. Finalmente, la presión popular y la intervención de los abogados voluntarios surtió efecto. El desalojo se ha aplazado hasta el 11 de mayo. Mañana vuelve al sur.

Bayas y Kanate no han dudado en sumarse a la concentración para frenar el tercer desahucio, que ha tenido lugar a las once de la mañana también en Puente de Vallecas. Edwin Calvo, un desempleado de 51 años, los miraba por la ventana de su piso sin saber si él iba a correr la misma suerte. Calvo trabajó como mecánico hasta principios de 2011. Desde entonces no ha encontrado trabajo. Compró su vivienda, de 63 metros cuadrados, por 251.000 euros y tenía que pagar, según él, 1.800 euros mensuales por la hipoteca que le concedió el BBVA. Pidió ayuda a la Embajada de Ecuador en España, y le pusieron en contacto con la PAH. Esta mañana esperaba que esos jóvenes lograran ayudarle. Y lo han conseguido.

I.S.G., el cerrajero que acompañaba a la comisión encargada de ejecutar el desahucio de Calvo ha inmortalizado la manifestación con su cámara de fotos. A pesar de haber cambiado las cerraduras de decenas de puertas de viviendas desahuciadas, nunca había asistido a un desalojo con movilización. Tenía un poco de miedo. “Espero que los chicos entiendan que yo estoy con ellos, pero que tengo que hacer mi trabajo”, exclamaba. Mientras la comisión delibera, él reconoce que el negocio va viento en popa con tanto desahucio: “Los cerrajeros somos como los enterradores, vivimos con el mal de los demás, aunque nos pese”.


* El País - MARÍA HERVÁS Madrid 16 ABR 2012
Foto: Omar Kanate, su mujer, embarazada de cinco meses, y su hija, de dos años de edad, en la vivienda de la calle de la Imagen, en pleno barrio de Entrevías. / ULY MARTÍN

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Los españoles reeligieron a 40 de los 69 alcaldes corruptos que compitieron en 2011

ELCONFIDENCIAL* : La clase política se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles, pero no parce que el comportamiento del electorado sea mucho más ético que el de sus representantes. De acuerdo con un estudio de la Fundación Alternativas, 40 de los 69 alcaldes acusados de corrupción que acudieron a los comicios de 2011 fueron reelegidos. Este fenómeno se reproduce al analizar la tasa de reelección de los partidos políticos implicados en tramas corruptas, incluyendo aquellos que cambiaron de candidato. En 63 de los 106 municipios cuyo alcalde se vio envuelto en un escándalo volvió a ganar la misma formación.

El ámbito municipal, ligado a recalificaciones de suelo, adjudicaciones y contratos diversos con escasa fiscalización ha sido uno de los flancos más accesibles para las prácticas corruptas. Por ello, resulta esclarecedor comprobar el grado en que los votantes perdonan o premian a aquellos alcaldes implicados en casos de corrupción. La Fundación Alternativas, en su Informe sobre la democracia en España, ha recopilado una lista de 106 localidades de toda España en las que alcaldes o miembros destacados del gobierno municipal fueron acusados de algún tipo de ilegalidad penal, y en cuya investigación llegó a intervenir un juzgado.

La mayoría pertenecen a PP o PSOE, aunque también se dan casos en partidos locales, regionales o nacionalistas, como el BNG, PAR, Nueva Canarias o Coalición Canaria. El periodo de análisis comprende entre 2007 y 2011, por lo que también se ha tomado en cuenta tramas de gran alcance como la Gürtel. La conclusión es que la corrupción se castiga electoralmente, pero de forma muy tímida, por lo que la mayoría de candidatos y partidos salpicados vuelven a ganar en las urnas. Además, también se favorecen algunas prácticas corruptas que los ciudadanos valoran como positivas.

La sanción de los votantes se aprecia en una ligera caída del número de reelecciones en aquellos municipios donde se detectó corrupción, en comparación con el resto. En 63 de los 106 municipios donde padecieron escándalos optaron por mantener al mismo partido al mando del ayuntamiento. Es decir, en un 59,4% de los casos, frente al 66,4% del resto de localidades, donde hubo continuidad en 5.566 de un total de 8.386 consistorios.

Reelección masiva pese al escándalo

Del mismo modo, 40 de los 69 alcaldes implicados en corrupción que se presentaron a las elecciones fueron reelegidos, mientras que otros 37 ediles tocados optaron por no concurrir. En el resto de ayuntamientos, el 56,7% de los regidores se mantuvo en su cargo, 4.755 de 8.386. Unas cifras que recuerdan a las elecciones de 2007, cuando el 70% de los alcaldes marcados por la corrupción volvió a ganar. En porcentaje de votos, el análisis también refleja un tímido castigo, ya que, de media, los partidos envueltos en escándalos entre 2007 y 2011 perdieron cinco puntos con respecto a los municipios donde no se detectó corrupción.

No obstante, las consecuencias de la corrupción son muy heterogéneas, puesto que en algunas localidades, como El Ejido (Almería) o La Muela (Zaragoza), el castigo superó los 30 puntos; mientras que otros alcaldes salpicados lograron incluso aumentar su número de apoyos. Así sucedió, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde el PP pasó de obtener un 43,3% a ganar con un 68,5%. La explicación a estas diferencias subyace, entre otras cosas, en el momento en que se dio a conocer la corruptela: curiosamente, si el caso fue desvelado por la prensa antes de 2010, la pérdida de votos llega al 6,7%, pero el efecto se convierte en positivo, si fue revelado en los dos últimos años.

Premio para los corruptos que reparten

Asimismo, cabe destacar que los ciudadanos premian a los políticos que se corrompen, si, de alguna manera, perciben que esa ilegalidad favorece al conjunto de la comunidad. Los resultados indican que el voto al partido del alcalde se incrementó en 4,8 puntos cuando el caso de corrupción se consideró que podía revertir positivamente en el bienestar económico de los ciudadanos. De esta forma, no solo no se castiga el delito, sino que se premia con votos. En cambio, el electorado rechaza los escándalos en los que el alcalde se enriquece personalmente sin generar potenciales beneficios para el pueblo.

Por todo ello, la corrupción permanece como una de las debilidades más importantes de la democracia española, y en los últimos años ha causado una significativa alarma social la implicación, de una forma u otra, de figuras como Iñaki Urdangarin, Francisco Camps, Jaume Matas, José Blanco, Luis Bárcenas, José Bono, así como la profundidad de tramas como Malaya, Gürtel, Brugal, Mercasevilla o los ERE de Andalucía. Un malestar ciudadano que parecía haberse incrementado con la crisis económica, ya que ha potenciando el contraste entre el mal uso del dinero público y los dolorosos recortes, pero que no ha tenido un gran reflejo en las urnas.


* El Confidencial - Alberto Mendoza - 16.4.12
Foto: El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, en un acto con Esperanza Aguirre

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Baleares.- Ladrillo o ecología

ELPAÍS* : En Baleares, la política se dirime en un choque directo entre las distintas maneras de ver el negocio del turismo y su desarrollo, en una naturaleza privilegiada de un territorio muy limitado, la isla. Contra la crisis, se impone la explotación del suelo. El poder regional impulsa por decreto el interés autonómico y la urgencia de la construcción de más hoteles en el litoral. La mecha la prendió el aval dado a un establecimiento gigante (de 1.200 plazas), al lado de la playa protegida por ley de Sa Ràpita, de un kilómetro de largo y 25.000 metros cuadrados de arena, rodeada de un bosque intacto.

La decisión del PP, en mayoría absoluta y con casi un cuarto de la población activa en paro, representa un cambio total. En tiempos de crisis severa de la economía de servicios e inmobiliaria, se ha reabierto con crudeza - con eco internacional- el debate nunca cerrado sobre las fronteras de la protección y el horizonte del crecimiento. El escenario del primer experimento de para mucha batalla: Las playas de Sa Ràpita-Ses Covetes-Es Trenc, desde los años 70, cartel de promoción de la Mallorca sin mellar

La gran franja arenal, el horizonte azul, blanco verde de Es Trenc es ‘una bandera’ ciudadana e internacional, que se salvó de la destrucción programada por la movilización social y política. Lo blindó el consenso de los partidos baleares y una ley autonómica de 1984. En sus alrededores están latentes tres macro proyectos más, parados en su día por la izquierda derrotada en las urnas, un campo de polo, dos golf y dos hoteles dispersos.

El complejo turístico y campo de golf avalado por Bauzá –uno de los cuatro hoteles, diez campos de golf y seis puertos deportivos que el poder aplaude ya en Baleares- estará ubicado en el borde del Área Natural de Es Trenc de 1.500 hectáreas de extensión y más de cuatro kilómetros discontinuos de arena sin muros de cemento. El PP asegura que el hotel estará a cinco kilómetros de Es Trenc.

Alrededor de Es Trenc, en un paisaje marino que la vista alcanza y que se recorre en quince minutos en coche o en dos horas a pie, aparecen las dos orillas de Mallorca, lo preservado sin hollar por las máquinas y lo bestia: las dos moles hoteleras clavadas donde el mar rompe, en la costa de Sa Colònia, en los años 60, más sus urbanizaciones prietas y las aún sin concluir de Sa Ràpita de aquella época sin límites medioambientales.

La memoria del visitante y del nativo se fija, asimismo, en las cinco playas intactas en el litoral público del latifundio, sin urbanizar y con once kilómetros de costa de Sa Vall y Sa Vallet, propiedad de los financieros Juan y Carlos March. Las calas que lindan con la enorme propiedad de los March de 2.800 hectáreas: Es Dolç, es Carbó petit y Es Carbó gran, Cala Tugores, y Es Caragol: suman 2,7 kilómetros de playa. Se hallan avanzando desde Sa Colònia, en el cono sur de Mallorca o entrando por la otra esquina, por las rocas desiertas por Es Cap Salines, ante el archipiélago del parque nacional de Cabrera.Intactas, con un fondo de kilómetros de terrenos de 'garriga' monte bajo y árboles, como en los tiempos de Ulises o el contrabando de tabaco,

Solo una de las playas Es Dolç, de 400 metros de largo, tiene un chiringuito desmontable porque linda con Sa Colònia y es casi urbana. Los banqueros y filántropos, con sus museos y la fundación March, decidieron no sacar réditos inmobiliarios a ésta y otros predios de Mallorca, que un siglo atrás años, su abuelo Juan March Ordinas adquirió a los nobles arruinados. Siendo ministro de Medio Ambiente, en 2000-2003, Jaume Matas programó construir paseo público por el litoral de Sa Vall que no se concretó.

Los contrastes entre el hormigón y la naturaleza -el “paraíso”, una expresión de propaganda inmobiliaria actual cerca de Sa Ràpita-, pueden ser más rotundos. El paisaje libre, salvaje o rural, alterna con zonas turísticas residenciales, más o menos masificadas. Las dos monedas explican a corta distancia el resultado de las dos opciones en debate: crecer en territorios programados de la época desarrollista o reconvertir la planta actual y preservar el paisaje y el medio ambiente, el capital de la industria del ocio.

Hay que crecer y generar empleos de manera respetuosa, asegura el PP, que acusa a sus opositores de "demagogos", de optar por el crecimiento cero. “Salvem Es Trenc”, referencia de los años 70, nuevamente rescatada . El director general balear del Territorio del PP, Juan Mesquida, lanzó una máxima combativa #salvemestrencdementiders (de mentirosos)

El diputado socialista y politólogo, Cosme Bonet, que nació en Ses Salines y cuyo abuelo fue pastor en Sa Vall, destaca “que la opción de los March de no destrozar el entorno de una parte de Mallorca, contrasta con de la postura de otros banqueros locales, menores, los Nigorra de Es Crèdit, que urbanizaron totalmente Santa Ponça de Calvià. Basta ver con qué resultado”. Bonet señala que la familia March “es discreta y mantiene una relación posfeudal con los vecinos, de Ses Salines y Santanyí, a los que dejan pasar por la finca hasta el mar”. La escuela, la iglesia y la depuradora de Sa Colònia (Ses Salines) están en terrenos donados por sus ricos vecinos.

El Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá, los consejos insulares y la gran mayoría de ayuntamientos, ha calentado el ambiente y ha hallado resonancia internacional a sus propuestas de riesgo. El PP afirma que no cambia leyes sino que consolida situaciones urbanísticas anteriores o mal resueltas. Bauzá rechaza que “le den lecciones” de estima a su tierra y su cultura. En el Gobierno conservador se reprocha al PSOE y al PSM, que han gobernado ocho años en legislaturas alternas, de haber sido "los del no" a todo y por sistema, de espantar a los empresarios y congelar en la comisión de Medio Ambiente hasta 800 proyectos.

En tiempos de graves carencias en las economías privadas y las finanzas oficiales, el Gobierno balear anima el desarrollo de método antiguo y más oferta turística nueva, es la propuesta de captar inversiones y crear puestos de trabajo. El objetivo es la construcción de más complejos residenciales y deportivos en zonas delimitadas. A la vez se han legalizado urbanizaciones fallidas o bloqueadas. La oposición y los ecologistas consideran que Baleares regresa a la economía que fracasó, la del cemento y el ladrillo que, suponen, perjudica la oferta turística de calidad.

El presidente balear, José Ramón Bauzá, ha bendecido con reuniones personales, visitas sobre el terreno hasta cuatro proyectos. Con decreto ha reducido a la mitad los trámites a las empresas que anuncian la construcción de cuatro hoteles de lujo de gran tamaño: uno, el más controvertido, al lado del Área Natural de las playas vírgenes de Es Trenc-Salobrar de Campos, en Mallorca; dos más establecimientos se programan en la laguna desecada de la marina de Magaluf, en Calvià, y otro hotel, tan debatido como el de Es Trenc, en Canyamel, en Capdepera, también Mallorca, en los lindes de un área preservada. En Es Trenc cinco empresarios comparten el capital de la primera ficha lograda; en Canyamel se habla de un jeque árabe y de una cadena internacional; en Magaluf invierten los Escarrer de Meliá hotels y Pedro Pascual de Viva hotels.

Un mapa de la dictadura y la corrupción

En litoral del mapa de Baleares se reflejan los desastres de cemento y asfalto nacidos del aparente progreso y las imágenes idílicas de los paisajes y playas preservados. Ambas imágenes han sido fruto de decisiones públicas y privadas. El expansionismo y la explosión turística sin freno surgió de la laxitud de la dictadura y también del descontrol y la corrupción en democracia. A su vez, han pervivido espacios naturales intactos, parajes salvados por decisiones institucionales y compras de fincas, en general bajo impulso progresista. En especial han quedado vírgenes –y protegidos por ley- parajes, costas y arenales enormes, en Mallorca y Menorca, por el deseo de grandes propietarios que renunciaron a su explotación urbanística, en tres generaciones. Ahora la normativa actual blinda esos santuarios.


* El País - ANDREU MANRESA Palma de Mallorca 14 ABR 2012
Foto: Santa Ponça / TOLO RAMÓN

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