20MINUTOS* : Algunas empresas parecen no tener límites. Ikea, que ha amueblado ya los hogares de medio mundo, también construye. Y lo hace a lo grande. Un barrio entero. Está ocurriendo ya, las obras se han iniciado en Londres.
La nueva república independiente de la multinacional sueca se llama Strand East, un barrio del distrito londinense de Stratford, al este de la capital y próximo a las instalaciones que se construyen para albergar los Juegos Olímpicos. Strand East será un barrio de unas 10.000 hectáreas que dará sitio a unas 6.000 personas. Serán 1.200 viviendas, 45.000 metros cuadrados de oficinas, además de tiendas, restaurantes y un hotel de 350 habitaciones. El nuevo barrio tendrá una escuela, una guardería y un hospital.
La filosofía del nuevo barrio es la de un urbanismo europeo, en su sentido tradicional, pero en un entorno contemporáneo. Y lo que es más importante, con un concepto "más humano" de escala, es decir, de pequeña escala y edificios de poca altura.
¿Se puede aplicar la filosofía de los muebles sencillos, pero diseñados, baratos y adaptables de Ikea no ya a un edificio sino a un barrio? Los suecos de LandProp, la sección de Ikea dedicada a la construcción y el urbanismo, aseguran que sí.
Amigable, ecológico y "barrio"
De un hogar amigable a un barrio amigable. Para ello contará con aceras anchas, parques y transporte público no contaminante. De hecho, sus promotores consideran que al disponer de casi todo, no hará falta usar el coche para moverse por el barrio.
Lo ecológico no se refiere solo al transporte. En Strand East, la energía la producirá una planta hidroeléctrica y la basura de cada vivienda será succionada a través de un sistema de túneles subterráneos.
Para que el barrio sea eso, barrio, y amigable, la idea de LandProp es que los locales comerciales sean alquilados a pequeños empresarios.
¿Y quién de encargará de que todo funcione? Con la supervisión del Ayuntamiento de Londres, será la propia Ikea la que se encargue de todo... y ya de paso también de renovar la decoración de las casas, que de eso tienen experiencia.
* 20 Minutos - 20.04.12
Foto: Londres, fotomontaje barrio IKEA - 20minutos
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EUROPAPRESS* : El fiscal considera que los ocho acusados "sabían" que el residencial se construía sobre suelo no urbanizable.
La Fiscalía Provincial solicita doce meses de prisión para el exconsejero de la Región de Murcia Juan José Padilla Cánovas y para el presidente de la UD Almería, Alfonso García, por participar y promover presuntamente la construcción de 300 viviendas en el término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería) "sin licencia municipal de obras y contraviniendo la norma urbanística aplicable en la zona".
La vista oral, en la que están procesados junto a otras seis personas por un delito contra la ordenación del territorio, se ha suspendido este jueves pendiente de nuevo señalamiento a la espera de dar traslado a las defensas de la personación en la causa de los compradores de uno de los inmuebles, una familia de nacionalidad británica a la que el juzgado instructor no comunicó la existencia de un proceso penal en el que el Ministerio Público interesa derribo de lo construido.
La Fiscalía, a cuya calificación deberá adherirse esta parte, formuló acusación asimismo contra Antonio S.H., Carlos P.M., Diego G.S., Enrique D.P., José Francisco B.A. y Trinitario G., para los que solicita también penas de un año de prisión, el pago de multas de 18 meses a razón de 30 euros al día y la inhabilitación especial para la profesión u oficio por un periodo de año y medio.
Según recoge el Ministerio Público en su escrito, al que tuvo Europa Press y que publica el diario 'La Voz de Almería', en el periodo de tiempo comprendido entre abril y octubre de 2005, el presidente de la UD Almería como representantes legal de la mercantil 'Aesur SL' y Antonio S.H. por la empresa 'Huma Mediterráneo SL' en calidad de promotoras, y la mercantil Ferrovial Agroman SA como constructora y teniendo como representante a Carlos P.M. iniciaron la construcción de un residencial en el paraje denominado Llanos de Jordana, en Cuevas del Almanzora.
De la citada urbanización, en el que se proyectaban en un primera fase y bajo el nombre de 'Almanzora Country Club' un total de 1.794 viviendas, se llegaron a levantar y concluir 300 inmuebles en terreno clasificado como suelo no urbanizable. El fiscal resalta que estas "no serían autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio", por lo que, además, "carecerían de la licencia municipal preceptiva".
Para realizar las obras, los acusados, entre los que se incluye el resto en calidad de arquitectos y técnicos directores, contaron con la intervención del exconsejero murciano, quien al ser ingeniero "proyectó y dirigió las obras de urbanización necesarias", tal y como señala el escrito, para la posterior edificación.
En concreto, atribuye a Juan José Padilla Cánovas, quien ostentó la titularidad de la Consejería de Política e Infraestructura Territorial durante las dos primeras legislaturas y hasta 1987, la realización de la nivelación de terrenos, la canalización, los saneamientos y los sistemas generales, entre otras actuaciones.
Para el Ministerio Público, todos los acusados, "debido --remarca-- a su cualificación profesional, sabían no solo de la inexistencia de la licencia municipal de obras, sino también de la imposibilidad de poder obtenerla por contravenir su edificación las normas urbanísticas aplicables".
El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería deberá resolver, asimismo, una vez se celebre el juicio, si procede la demolición de lo construido y urbanizado, y, si tal y como interesa la Fiscalía, se debe reponer el terreno a su primitivo estado concediendo un plazo "razonable" de seis meses a los acusados o, en su defecto, a la Junta de Andalucía a cargo solidario de los acusados o subsidiariamente las tres mercantiles impulsoras del residencial.
* Qué - EP - 19.4.12
Foto: Almería, campo futbol - google
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ELPAÍS/Valencia* : El abogado de la Generalitat defendió a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiación ilegal del PP, enmarcada en el caso Gürtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia. Lo más llamativo de la situación es que el último de los imputados abandonó la Administración autonómica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que ganó las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat siguió poniendo a su disposición a su letrado.
Se trata de otra incoherencia en la línea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los escándalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los últimos meses, el del supuesto desvío de ayudas de cooperación a países pobres, el presidente fulminó a dos altos cargos inmediatamente después de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiación ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.
Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicación supuestamente irregular a la trama Gürtel del montaje y organización del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trató del negocio más lucrativo de cuantos consiguió en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendió a cerca de cinco millones de euros. Según las pruebas que acumula la investigación, la empresa de El Bigotes, Orange Market, tenía acceso a las bases del concurso de la Consejería de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habría obtenido la adjudicación de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas más caras.
Los tres imputados habían recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez instructor, José Ceres, de solicitar a la Intervención General del Estado una ampliación del informe que realizó en su día sobre esta contratación de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado pedía a la intervención que comparase la tramitación de los años investigados con las ediciones anteriores, así como con la de Fitur 2010, que se celebró cuando ya se había destapado el caso Gürtel.
El juez también solicitó que los técnicos de la Administración General del Estado revisasen si, como ocurrió con estos concursos, “constituye una habitual o adecuada praxis de contratación administrativa” el hecho de que las mismas personas que formaban parte de las mesas de contratación hubieran participado previamente en la fijación de los criterios de adjudicación, y hubieran emitido posteriormente informes sobre las ofertas presentadas que fueron determinantes para la elección final de dicha mesa de contratación. Así como qué porcentaje de la puntuación total es “razonable” darle a los criterios subjetivos en esta clase de concursos. Orange Market se alzó con las adjudicaciones en varios casos porque en los apartados subjetivos (que a diferencia del precio ofrecido son difíciles de medir) era el mejor puntuado.
El tribunal ha rechazado el recurso de los tres imputados al considerar que el juez puede acordar las diligencias que considere adecuadas siempre que se ajusten a las reglas básicas de la obtención de fuentes de prueba. Y respalda a Ceres al considerar que el magistrado puede solicitar la ampliación del informe a la Intervención General del Estado sin estar condicionado por las peticiones pudieran plantear sobre la misma.
* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 18 ABR 2012
Foto: Valencia, palau Generalitat - turismo
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HOY/Cáceres* : Están a la vista de todos y van cambiando poco a poco la panorámica de la Sierra de Santa Bárbara y de la zona de la Vinosilla, entre la Chopera y el Club Sociodeportivo Ciudad de Plasencia. Son las nuevas construcciones que decoran estas áreas. Casas ilegales levantadas sin licencia en espacios donde está prohibida la construcción.
La visión tanto de la N-110 como de la sierra ha cambiado de forma notable a raíz de estas construcciones ilegales. Sin embargo, el Gobierno local del PP desconoce la situación real que está a la vista de todos los placentinos.
El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, asegura que se están tramitando expedientes por estas construcciones y que algunos de ellos han sido remitidos a Fiscalía. Sin embargo, el edil no sabe cuántos expedientes están en marcha por estas infracciones urbanísticas ni tampoco en qué punto está cada expediente. En 2009, a raíz también de una proliferación de construcciones ilegales, que comenzaron a levantarse al amparo de la revisión del Plan General Municipal, la entonces alcaldesa, Elia María Blanco, anunció que había firmado casi una quincena de decretos de paralización.
Entonces, la primera edil placentina explicó que el objetivo era poner coto a las construcciones ilegales y servir de ejemplo para evitar que otros tomaran el camino. Pero los decretos sirvieron de poco o los precintos que se colocaron se los llevó el viento porque el ejemplo ha cundido poco.
Las construcciones ilegales continúan en la sierra y en la Vinosilla y el Gobierno local desconoce cuántas casas son las levantadas de forma ilegal, si tienen o no expediente sancionador y en qué punto del trámite está cada una de ellas. El edil de Urbanismo ha solicitado a los técnicos, no obstante, la información pertinente, que aún no le han pasado, para tratar de organizar y controlar un asunto que compete a su concejalía y que levanta no pocas quejas entre los ciudadanos. Son muchos los que entienden que el descontrol que existe es claramente discriminatorio. Mientras que unos residentes tienen que respetar trámites y plazos y, sobre todo, pagar al Ayuntamiento las pertinentes licencias y permisos para poder construir su vivienda, otros edifican sin más.
La Fiscalía de Cáceres, ya en su memoria de 2010, denunció «el tipismo, tan extremeño, de construir segundas viviendas donde no se puede». En Plasencia, la tendencia sigue al alza. Es una realidad a la vista de todos.
* Hoy - 19.04.12 - ANA B. HERNÁNDEZ
Foto: Plasencia (Cáceres), ayuntamiento y plaza - fotonazos
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IDEAL/Granada* : La Audiencia de Granada ha obligado a reabrir la causa contra el alcalde de la localidad de Cájar, Fidel Prieto (PP), por un supuesto delito de prevaricación en la concesión de una licencia de primera ocupación a un exteniente de alcalde.
En la causa también están siendo investigados la exalcaldesa Concepción Roldán y el exteniente de alcalde Raúl Montoya por presunta malversación de caudales públicos en la permuta de unos terrenos municipales al hijo de un exedil de Urbanismo.
Según ha informado el PSOE, que ha facilitado el auto de la Audiencia, los hechos tienen su origen en un convenio que el PP de Cájar aprobó en el pleno por vía de urgencia en julio de 2003, acuerdo por el que la por entonces alcaldesa, Concepción Roldán, permutó a Ángel Manuel Piñar, hijo de un exconcejal de Urbanismo, una parcela.
El terrero, de unos 1.100 metros cuadrados, estaba destinado a equipamiento a cambio de un local y de 32.130 euros.
Se da la circunstancia, recuerda el PSOE, de que el beneficiario de la permuta era deudor del Ayuntamiento, circunstancia que lo inhabilitaba para formalizar la operación.
El gobierno municipal de Cájar no sólo lo ignoró, sino que recalificó los terrenos y aumentó la edificabilidad para firmar posteriormente la escritura de permuta.
Una rúbrica que tuvo lugar el mismo día en que el hijo del exconcejal de Urbanismo vendió parte de los terrenos al por entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cájar, Raúl Montoya.
El tribunal aprecia en el auto "indicios suficientes" de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos que fundamenta en un informe emitido por la secretaria interventora del Ayuntamiento en noviembre de 2009, que certifica únicamente el ingreso en las arcas municipales de 4.431,80 euros cuando, en teoría, debieron ingresarse 32.130 euros.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acuerda que se realice la diligencia solicitada por la Fiscalía para que la Guardia Civil investigue sobre la forma de pago de la operación, las cantidades recibidas y el destino de los fondos implicados.
* Ideal - EFE - 17.4.12
Foto: Cájar (Granada) - cajar.es
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ELPAÍS/Alicante* : Casi 10 años después de convertirse definitivamente en agente urbanizador del PAI Armanello de Benidorm, una porción de 532.000 metros de suelo de huerta con 300.000 metros de techo, donde cabe la construcción de más de 3.000 viviendas a espaldas de la playa de Levante de la ciudad, el promotor Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal y Gürtel, volverá a optar a la misma adjudicación. Y ello después de que el pasado 21 de marzo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana anulara el acuerdo plenario del 29 de octubre de 2002 que aprobó definitivamente el plan parcial y su adjudicación a Ortiz.
Así lo confirmó ayer —justo el día que vencía el plazo para recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del TSJ— el concejal de Urbanismo de la ciudad, Juan Ángel Ferrer, tras haberse reunido con el contratista y sus asesores la semana pasada. El suelo de Armanello, uno de los mejores sectores del litoral valenciano, ya había superado dos recursos contra su aprobación provisional, tres contra la cesión de la condición de agente urbanizador de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA, a Armanello Milenium, SL, siete contra la aprobación y adjudicación definitiva, un auto del Tribunal Supremo inadmitiendo un recurso de casación y la querella de algunos propietarios por alteración de precios y estafa, que fue sobreseída.
Finalmente, el TSJ resolvió su anulación porque la propuesta de Ortiz obligaba a los propietarios, sin su consentimiento, a abonar un canon de aprovechamiento del sector del 34%, 60 euros por metro, cuando la ley no les obliga a aportar más del 10%. El Ayuntamiento, según Ferrer, ha decidido “no acudir al recurso de casación por coherencia y para no perjudicar más a los propietarios porque la sentencia del TSJ está basada en otra del Supremo sobre el Murtal”, otro PAI de Benidorm que también fue aprobado y adjudicado con una cesión de aprovechamiento superior al 10%.
Aunque Benidorm no recurrirá y Ortiz no puede hacerlo al no estar personado en el procedimiento que impulsaron varios propietarios y el entonces concejal Manuel Catalán Chana, el Consistorio ha solicitado una aclaración de la sentencia “para saber si la anulación del programa afecta a la adjudicación del agente urbanizador”, como especifica el juez. En todo caso, Ferrer concretó que “creemos que 15 años después de haberse iniciado el proceso, una nueva adjudicación es lo más conveniente”, aunque también concretó que esperarán para volver a iniciar el procedimiento de la cesión de agente urbanizador a que el Consell apruebe el texto refundido de la legislación urbanística valenciana que ultima la consejería de Urbanismo.
Ferrer también avanzó que “habrá que repensar qué tipo de urbanización requiere[EL PAI]” y aseguró que el futuro desarrollo del sector incluirá “otro tipo de actividades de ocio”. Aunque Ortiz es uno de los principales propietarios de suelo en Armanello, en esta zona de la antigua huerta de Benidorm también tienen intereses la mayor parte de los principales empresarios de la capital turística valenciana.
* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 16 ABR 2012
Foto: Terrenos del PAI Armanello de Benidorm, en el que se previeron unas 3.000 viviendas. / JOAQUÍN DE HARO
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EUROPAPRESS/Huelva* : La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión al exalcalde socialista de Linares de la Sierra, Jaime Luis Fernández Ceballos, tras su implicación en una construcción supuestamente irregular en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche por delitos contra la ordenación del territorio, otro de prevaricación urbanística y otro de malversación de caudales públicos. Todo ello tras llegar a un acuerdo de conformidad y devolver este mismo lunes 7.000 euros de los 10.000 que malversó, quedando pendiente el resto a devolver en esta semana.
Según han informado a Europa Press desde la Fiscalía, las penas por el delito de malversación se le ha bajado en dos grados, es decir de cuatro años se le ha quedado en uno. Además de los dos años de prisión, el exprimer edil ha sido condenado a demoler la vivienda, a abonar una multa de 2.190 euros y a asumir un periodo de inhabilitación para promotor y para ejercer algún cargo público.
Su pareja, por el delito contra la ordenación del territorio, ha sido condenada a la pena de seis meses de cárcel, a una multa económica y la inhabilitación especial para el oficio de promotor durante un periodo de tiempo, al igual que el empresario que se encargó de la cimentación de la casa, al que considera la Fiscalía como cooperador de malversación, el cual ha sido condenado a ocho meses de prisión.
Los hechos se remontan a 2008 y, según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, Fernández Ceballos y su pareja decidieron llevar a cabo en calidad de promotores, una edificación para vivienda, en la finca propiedad familiar de la mujer, la cual "no cumplía los requisitos de superficie mínima y distancias a linderos, carecía de actividad agrícola o ganadera y además se encontraba situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche".
Por ello, considera que "concibieron, valiéndose de la cualidad de alcalde del imputado, un procedimiento fraudulento que les permitiese llevarla a cabo, sin riesgo de sanción y sin coste económico".
Por tanto, "en ejecución de dicho plan, el acusado, en nombre de su pareja, solicitó en el mes de mayo del año 2008, licencia municipal para construir caseta de aperos de 20 metros cuadrados con altura máxima de 3,5 metros", prosigue el escrito.
En esta línea, estima que tramitado el expediente de licencia con la autorización del Parque Natural, se concedió la misma, con carácter condicionado, "exclusivamente para la construcción de caseta de aperos para usos agrícolas y prohibiéndose expresamente, que la misma contase con servicios higiénicos-sanitarios generadores de vertidos".
Además, la Fiscalía establece que "inmediatamente los acusados empezaron las obras, sin intención de respetar la licencia ni el condicionado del Parque Natural" al objeto de construir una vivienda de 45 metros cuadrados en dos plantas (una subterránea) que "contara con salón con chimenea, cocina y baño, y con el fin de 'segunda residencia' incompatible con la legislación protectora del Parque".
"VALIÉNDOSE DE SU CONDICIÓN DE ALCALDE"
Por otra parte, para llevar a cabo las obras, continúa el Ministerio Fiscal, en la ejecución de las obras y dado que sus ingresos económicos en 2008, no superaban los 28.000 euros (caso del acusado) y 6.000 euros (la acusada); "aquel decidió prevalerse de su condición de alcalde y con grave quebranto de sus deberes como servidor público, decidió costear con fondos públicos la construcción, valiéndose de su buena relación con constructores y proveedores municipales y del absoluto control que realizaba sobre las obras municipales y la contratación temporal de trabajadores".
Así las cosas, el exregidor concertó los servicios del tercer condenado, el cual "remitió al Consistorio tres facturas sin detallar y como si fueran obras municipales, según las expresas indicaciones del alcalde". En las obras fueron contratadas, tal y como reza el escrito, "personas que estaban contratadas por el Ayuntamiento y que compatibilizaban su trabajo público con el de la casa del alcalde".
De otro lado, hay que recordar que una vez conocida la imputación del entonces primer edil, la dirección socialista adoptó la decisión de suspender cautelarmente de militancia a Jaime Luis Fernández Ceballos, una medida disciplinaria que fue aceptada por el propio afectado en su ánimo de no perjudicar al partido. El PSOE también le exigió la entrega del acta de concejal.
* Europa Press - 16.4.12
Foto: Linares de la Sierra (Huelva), ayuntamiento - huelvainformacion.es
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ELPAÍS* : Los vecinos de Ciutat Vella, que ejercen la acusación en el caso del hotel del Palau de la Música considera que Fèlix Millet y Jordi Montull cometieron un delito continuado de apropiación indebida y solicitan siete años para cada uno. En esta causa, distinta de la del saqueo de esa institución cultural protagonizado por sus exresponsablea, también está imputada la antigua cúpula de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.
En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción nº10 de Barcelona, los vecinos solicitan también seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para el excuarto teniente de alcalde y exconcejal de Urbanismo Ramon García Bragado. Igualmente piden sendas penas de tres años de cárcel para el exgerente de Urbanismo de Barcelona Ramón Massaguer y el exdirector jurídico de Urbanismo e Infraestructuras del sector de Urbanismo del consistorio Enric Lambies por falsedad en documento público. Y nueve meses para el arquitecto del proyecto Carles Díaz por tráfico de influencias.
Según la acusación popular, Lambies, Massaguer y Garcia-Bragado “conocían que las resoluciones que se estaban adoptando ocultaban una operación de lucro privado que no tenía nada que ver con el interés general”.
El caso se remonta a 2003, cuando Millet y Montull obtuvieron inmuebles propiedad del Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas para construir un hotel. A cambio se comprometieron a restaurar una de sus escuelas, que fue a parar a manos de la empresa Olivia Hotels de forma “irregular”, según el escrito.
Con esta operación, Millet y Montull lograron hacerse con 900.000 euros entre 2006 y 2007 que “nunca ingresaron en las cuentas de la Fundación Palau de la Música y que se sustrajeron a la participación de la Generalitat establecida en el Convenio Urbanístico”, dice el escrito de acusación. Durante el proceso, y aunque la calificación urbanística no permitía la construcción del hotel, Millet, Montull y el arquitecto Carles Díaz se reunieron con la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento para lograr ese objetivo, y que incluía “la necesidad de que Fèlix Millet tuviera controlados personalmente a todos los partidos políticos durante el proceso”, dice el escrito.
* El País - 17.4.12
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com
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EUROPAPRESS/Almería* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la aprobación del proyecto de ampliación y de terminación del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, así como la modificación del contrato de obra, al considerar que no son ajustadas a derecho, ya que, según señala, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, no cumplió "los tramites exigibles" en este caso. Subraya el Alto Tribunal andaluz, en una sentencia firme, que el Consistorio debió resolver el contrato con la UTE integrada por 'Hispano Almería SA', 'Gea 21 SA' y 'Rochina SA' ya que la variación contractual producida, que supuso un aumento casi del 120 por ciento en el precio inicial de la obra, menoscabó el principio de publicidad y concurrencia de la licitación.
En concreto, recoge que el Ayuntamiento adjudicó en el año 2000 la obra por un precio de 7.063.094,25 euros y que, en diciembre de 2003, se aprobó un presupuesto complementario y de terminación por importe de 8.408.159,34 euros.
Según se detalla en la sentencia, de la que es ponente la magistrada Beatriz Galindo y dictada el pasado día 2, la dirección de la obra presentó el citado proyecto y lo justificó en "algunos condicionantes desconocidos" al redactar el proyecto inicial tales como las características físico-geológicas del terreno; la ampliación de aforo solicitada por el ayuntamiento; la inclusión de nuevos materiales de mayor calidad; mobiliario, útiles y equipos necesarios para la puesta en uso del edificio; centro de transformación y grupo electrógeno; local de climatización y aljibe, iluminación artística y ornamental exterior del edificio; vallado; acerado y jardinería perimetral, así como la línea de media tensión.
La modificación fue informada favorablemente por el técnico municipal pero contó con el informe desfavorable del secretario municipal y del interventor, quien "puso de manifiesto que la diferencia entre el importe de la modificación y el crédito disponible era superior al gasto autorizado".
En esta línea, ambos subrayaron la "necesidad" de un acuerdo de pleno para autorizar la modificación de gasto y "justificar la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación", así como de un dictamen de la comisión especial de cuentas al superar el contrato los seis millones de euros y de dictamen del Consejo Consultivo, un extremo con el que se muestra de acuerdo la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo
Recoge, asimismo, que las obras fueron ejecutadas antes de la aprobación de la modificación del contrato y que, por tanto, se hallaban finalizadas al momento del dictado del acto administrativo que se impugna, por lo que, a juicio del TSJA, "han de entenderse incumplidos todos los trámites previos necesarios a la ejecución de las obras hasta obtener la aprobación del proyecto ampliatorio".
El Alto Tribunal extrae también como consecuencia de los datos expuestos que no se cumplieron los trámites exigibles para la modificación aprobada y alude al artículo 136 del Reglamento General de Contratación y a la cláusula tercera del pliego de contratación. A esto añade que la modificación no se justificó, "lo que constituye una grave infracción procedimental" y rechaza que obedeciera a razones de interés público como alegó el Consistorio.
En atención a lo expuesto, el fallo considera "claro" que concurría causa de resolución contractual y que la variación contractual producida era tal que alteró "la esencia cuantitativa y cualitativa del contrato al incrementarse el precio inicial en casi el 120 por ciento, resultado menoscabado --ahonda-- el principio de publicidad y concurrencia". Procede, así, a declarar la nulidad del acuerdo de la Comisión de Gobierno y estima el recurso interpuesto por el grupo municipal del PSOE.
* Europa Press - 16.4.12
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - aytoroquetas.org
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ELPAÍS/Madrid* : Los desahucios alcanzan un récord durante 2011 con 58.241 expedientes. La comisión judicial aplaza un mes y medio el desalojo de tres familias de inmigrantes.
Willington, Edwin y Oumar. Tres inmigrantes; dos de Ecuador y uno de Mali. Vinieron a España hace una década. Los tres trabajaron en el sector de la construcción, lo que les permitió comprar un piso e hipotecarse. Un sueño cumplido. Hasta la llegada de la crisis, cuando perdieron su empleo. Esta fría mañana los tres se enfrentaban a uno de los peores momentos de su vida: el desahucio. Gracias a la intervención de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y al apoyo de vecinos del barrio de Vallecas, junto a los indignados del 15-M, los tres han respirado tranquilos: la ejecución de los desahucios se ha paralizado, al menos, tres semanas.
“Estoy contento, pero aún queda una larga lucha”. Willington Bayas, un padre de familia ecuatoriano de 38 años, estaba visiblemente emocionado al enterarse de que puede dormir en su casa un mes y medio más. En su piso, de 86 metros cuadrados, conviven 11 inquilinos: Bayas y su mujer, Zoraida, junto a sus cuatro hijas, más el abuelo materno, Luis Felipe. En uno de los cuatro dormitorios duerme Fanny con su bebé recién nacido y Yoconda, con su hijo de ocho años. Las dos madres solteras no pagan el alquiler pero sí comparten los gastos de la comunidad con la familia de Bayas. “No pueden echarnos a todos a la calle. Fanny aún está convaleciente por el parto y no puede levantarse de la cama”, explicaba Bayas, mientras miraba por la ventana cómo la comisión judicial negociaba con uno de los abogados de la PAH el aplazamiento del desalojo en la acera de enfrente, en el distrito de Puente de Vallecas.
Bayas debe a la entidad bancaria Citibank 216.000 euros. Hace siete años pidió un préstamo de 240.000 euros para comprarse el piso del que puede ser desahuciado. En 2010 la empresa de la construcción para la que trabajaba se declaró en suspensión de pagos y él, de la noche a la mañana, dejó de ingresar dinero. Su mujer es ama de casa. Luis Felipe, su suegro, de 72 años cobra una jubilación que ronda los 400 euros. La deuda con el banco fue aumentando. Mes a mes. Este albañil asegura que ya había pagado 72.000 euros. “No le ha valido para nada”, sentencia Deisy Silva, una activista de la PAH que intentaba consolarlos. Una treintena de vecinos e indignados se congregaban desde las siete y media en la puerta principal del edificio para mostrar su apoyo a esta familia.
La misma escena se repetía en el barrio de Entrevías. Oumar Kanate, un maliense de 32 años y su mujer, Nahan, embarazada de cinco meses, se impacientaban al ver cómo se alargaba la negociación de la comisión judicial y los abogados de la PAH. Kanate está agotado; llegó anoche de Huelva donde ha conseguido trabajo temporal en la recogida de la fresa y apenas ha podido dormir. Esta pareja adquirió un piso en 2006. Dos años después, se quedó sin empleo. “Con una letra que subió hasta los 1.280 euros, se vio incapaz de seguir pagando a Banesto, que posteriormente activó en el juzgado el consabido proceso de ejecución hipotecaria y se hizo con la vivienda por un 50% del valor de tasación. Sin un lugar alternativo donde residir, esta familia lucha por mantenerse en su casa con un alquiler social y por la condonación de una deuda que no podrá pagar en la vida”, ha informado la PAH. Finalmente, la presión popular y la intervención de los abogados voluntarios surtió efecto. El desalojo se ha aplazado hasta el 11 de mayo. Mañana vuelve al sur.
Bayas y Kanate no han dudado en sumarse a la concentración para frenar el tercer desahucio, que ha tenido lugar a las once de la mañana también en Puente de Vallecas. Edwin Calvo, un desempleado de 51 años, los miraba por la ventana de su piso sin saber si él iba a correr la misma suerte. Calvo trabajó como mecánico hasta principios de 2011. Desde entonces no ha encontrado trabajo. Compró su vivienda, de 63 metros cuadrados, por 251.000 euros y tenía que pagar, según él, 1.800 euros mensuales por la hipoteca que le concedió el BBVA. Pidió ayuda a la Embajada de Ecuador en España, y le pusieron en contacto con la PAH. Esta mañana esperaba que esos jóvenes lograran ayudarle. Y lo han conseguido.
I.S.G., el cerrajero que acompañaba a la comisión encargada de ejecutar el desahucio de Calvo ha inmortalizado la manifestación con su cámara de fotos. A pesar de haber cambiado las cerraduras de decenas de puertas de viviendas desahuciadas, nunca había asistido a un desalojo con movilización. Tenía un poco de miedo. “Espero que los chicos entiendan que yo estoy con ellos, pero que tengo que hacer mi trabajo”, exclamaba. Mientras la comisión delibera, él reconoce que el negocio va viento en popa con tanto desahucio: “Los cerrajeros somos como los enterradores, vivimos con el mal de los demás, aunque nos pese”.
* El País - MARÍA HERVÁS Madrid 16 ABR 2012
Foto: Omar Kanate, su mujer, embarazada de cinco meses, y su hija, de dos años de edad, en la vivienda de la calle de la Imagen, en pleno barrio de Entrevías. / ULY MARTÍN
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ELCONFIDENCIAL* : La clase política se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles, pero no parce que el comportamiento del electorado sea mucho más ético que el de sus representantes. De acuerdo con un estudio de la Fundación Alternativas, 40 de los 69 alcaldes acusados de corrupción que acudieron a los comicios de 2011 fueron reelegidos. Este fenómeno se reproduce al analizar la tasa de reelección de los partidos políticos implicados en tramas corruptas, incluyendo aquellos que cambiaron de candidato. En 63 de los 106 municipios cuyo alcalde se vio envuelto en un escándalo volvió a ganar la misma formación.
El ámbito municipal, ligado a recalificaciones de suelo, adjudicaciones y contratos diversos con escasa fiscalización ha sido uno de los flancos más accesibles para las prácticas corruptas. Por ello, resulta esclarecedor comprobar el grado en que los votantes perdonan o premian a aquellos alcaldes implicados en casos de corrupción. La Fundación Alternativas, en su Informe sobre la democracia en España, ha recopilado una lista de 106 localidades de toda España en las que alcaldes o miembros destacados del gobierno municipal fueron acusados de algún tipo de ilegalidad penal, y en cuya investigación llegó a intervenir un juzgado.
La mayoría pertenecen a PP o PSOE, aunque también se dan casos en partidos locales, regionales o nacionalistas, como el BNG, PAR, Nueva Canarias o Coalición Canaria. El periodo de análisis comprende entre 2007 y 2011, por lo que también se ha tomado en cuenta tramas de gran alcance como la Gürtel. La conclusión es que la corrupción se castiga electoralmente, pero de forma muy tímida, por lo que la mayoría de candidatos y partidos salpicados vuelven a ganar en las urnas. Además, también se favorecen algunas prácticas corruptas que los ciudadanos valoran como positivas.
La sanción de los votantes se aprecia en una ligera caída del número de reelecciones en aquellos municipios donde se detectó corrupción, en comparación con el resto. En 63 de los 106 municipios donde padecieron escándalos optaron por mantener al mismo partido al mando del ayuntamiento. Es decir, en un 59,4% de los casos, frente al 66,4% del resto de localidades, donde hubo continuidad en 5.566 de un total de 8.386 consistorios.
Reelección masiva pese al escándalo
Del mismo modo, 40 de los 69 alcaldes implicados en corrupción que se presentaron a las elecciones fueron reelegidos, mientras que otros 37 ediles tocados optaron por no concurrir. En el resto de ayuntamientos, el 56,7% de los regidores se mantuvo en su cargo, 4.755 de 8.386. Unas cifras que recuerdan a las elecciones de 2007, cuando el 70% de los alcaldes marcados por la corrupción volvió a ganar. En porcentaje de votos, el análisis también refleja un tímido castigo, ya que, de media, los partidos envueltos en escándalos entre 2007 y 2011 perdieron cinco puntos con respecto a los municipios donde no se detectó corrupción.
No obstante, las consecuencias de la corrupción son muy heterogéneas, puesto que en algunas localidades, como El Ejido (Almería) o La Muela (Zaragoza), el castigo superó los 30 puntos; mientras que otros alcaldes salpicados lograron incluso aumentar su número de apoyos. Así sucedió, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde el PP pasó de obtener un 43,3% a ganar con un 68,5%. La explicación a estas diferencias subyace, entre otras cosas, en el momento en que se dio a conocer la corruptela: curiosamente, si el caso fue desvelado por la prensa antes de 2010, la pérdida de votos llega al 6,7%, pero el efecto se convierte en positivo, si fue revelado en los dos últimos años.
Premio para los corruptos que reparten
Asimismo, cabe destacar que los ciudadanos premian a los políticos que se corrompen, si, de alguna manera, perciben que esa ilegalidad favorece al conjunto de la comunidad. Los resultados indican que el voto al partido del alcalde se incrementó en 4,8 puntos cuando el caso de corrupción se consideró que podía revertir positivamente en el bienestar económico de los ciudadanos. De esta forma, no solo no se castiga el delito, sino que se premia con votos. En cambio, el electorado rechaza los escándalos en los que el alcalde se enriquece personalmente sin generar potenciales beneficios para el pueblo.
Por todo ello, la corrupción permanece como una de las debilidades más importantes de la democracia española, y en los últimos años ha causado una significativa alarma social la implicación, de una forma u otra, de figuras como Iñaki Urdangarin, Francisco Camps, Jaume Matas, José Blanco, Luis Bárcenas, José Bono, así como la profundidad de tramas como Malaya, Gürtel, Brugal, Mercasevilla o los ERE de Andalucía. Un malestar ciudadano que parecía haberse incrementado con la crisis económica, ya que ha potenciando el contraste entre el mal uso del dinero público y los dolorosos recortes, pero que no ha tenido un gran reflejo en las urnas.
* El Confidencial - Alberto Mendoza - 16.4.12
Foto: El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, en un acto con Esperanza Aguirre
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ELPAÍS* : En Baleares, la política se dirime en un choque directo entre las distintas maneras de ver el negocio del turismo y su desarrollo, en una naturaleza privilegiada de un territorio muy limitado, la isla. Contra la crisis, se impone la explotación del suelo. El poder regional impulsa por decreto el interés autonómico y la urgencia de la construcción de más hoteles en el litoral. La mecha la prendió el aval dado a un establecimiento gigante (de 1.200 plazas), al lado de la playa protegida por ley de Sa Ràpita, de un kilómetro de largo y 25.000 metros cuadrados de arena, rodeada de un bosque intacto.
La decisión del PP, en mayoría absoluta y con casi un cuarto de la población activa en paro, representa un cambio total. En tiempos de crisis severa de la economía de servicios e inmobiliaria, se ha reabierto con crudeza - con eco internacional- el debate nunca cerrado sobre las fronteras de la protección y el horizonte del crecimiento. El escenario del primer experimento de para mucha batalla: Las playas de Sa Ràpita-Ses Covetes-Es Trenc, desde los años 70, cartel de promoción de la Mallorca sin mellar
La gran franja arenal, el horizonte azul, blanco verde de Es Trenc es ‘una bandera’ ciudadana e internacional, que se salvó de la destrucción programada por la movilización social y política. Lo blindó el consenso de los partidos baleares y una ley autonómica de 1984. En sus alrededores están latentes tres macro proyectos más, parados en su día por la izquierda derrotada en las urnas, un campo de polo, dos golf y dos hoteles dispersos.
El complejo turístico y campo de golf avalado por Bauzá –uno de los cuatro hoteles, diez campos de golf y seis puertos deportivos que el poder aplaude ya en Baleares- estará ubicado en el borde del Área Natural de Es Trenc de 1.500 hectáreas de extensión y más de cuatro kilómetros discontinuos de arena sin muros de cemento. El PP asegura que el hotel estará a cinco kilómetros de Es Trenc.
Alrededor de Es Trenc, en un paisaje marino que la vista alcanza y que se recorre en quince minutos en coche o en dos horas a pie, aparecen las dos orillas de Mallorca, lo preservado sin hollar por las máquinas y lo bestia: las dos moles hoteleras clavadas donde el mar rompe, en la costa de Sa Colònia, en los años 60, más sus urbanizaciones prietas y las aún sin concluir de Sa Ràpita de aquella época sin límites medioambientales.
La memoria del visitante y del nativo se fija, asimismo, en las cinco playas intactas en el litoral público del latifundio, sin urbanizar y con once kilómetros de costa de Sa Vall y Sa Vallet, propiedad de los financieros Juan y Carlos March. Las calas que lindan con la enorme propiedad de los March de 2.800 hectáreas: Es Dolç, es Carbó petit y Es Carbó gran, Cala Tugores, y Es Caragol: suman 2,7 kilómetros de playa. Se hallan avanzando desde Sa Colònia, en el cono sur de Mallorca o entrando por la otra esquina, por las rocas desiertas por Es Cap Salines, ante el archipiélago del parque nacional de Cabrera.Intactas, con un fondo de kilómetros de terrenos de 'garriga' monte bajo y árboles, como en los tiempos de Ulises o el contrabando de tabaco,
Solo una de las playas Es Dolç, de 400 metros de largo, tiene un chiringuito desmontable porque linda con Sa Colònia y es casi urbana. Los banqueros y filántropos, con sus museos y la fundación March, decidieron no sacar réditos inmobiliarios a ésta y otros predios de Mallorca, que un siglo atrás años, su abuelo Juan March Ordinas adquirió a los nobles arruinados. Siendo ministro de Medio Ambiente, en 2000-2003, Jaume Matas programó construir paseo público por el litoral de Sa Vall que no se concretó.
Los contrastes entre el hormigón y la naturaleza -el “paraíso”, una expresión de propaganda inmobiliaria actual cerca de Sa Ràpita-, pueden ser más rotundos. El paisaje libre, salvaje o rural, alterna con zonas turísticas residenciales, más o menos masificadas. Las dos monedas explican a corta distancia el resultado de las dos opciones en debate: crecer en territorios programados de la época desarrollista o reconvertir la planta actual y preservar el paisaje y el medio ambiente, el capital de la industria del ocio.
Hay que crecer y generar empleos de manera respetuosa, asegura el PP, que acusa a sus opositores de "demagogos", de optar por el crecimiento cero. “Salvem Es Trenc”, referencia de los años 70, nuevamente rescatada . El director general balear del Territorio del PP, Juan Mesquida, lanzó una máxima combativa #salvemestrencdementiders (de mentirosos)
El diputado socialista y politólogo, Cosme Bonet, que nació en Ses Salines y cuyo abuelo fue pastor en Sa Vall, destaca “que la opción de los March de no destrozar el entorno de una parte de Mallorca, contrasta con de la postura de otros banqueros locales, menores, los Nigorra de Es Crèdit, que urbanizaron totalmente Santa Ponça de Calvià. Basta ver con qué resultado”. Bonet señala que la familia March “es discreta y mantiene una relación posfeudal con los vecinos, de Ses Salines y Santanyí, a los que dejan pasar por la finca hasta el mar”. La escuela, la iglesia y la depuradora de Sa Colònia (Ses Salines) están en terrenos donados por sus ricos vecinos.
El Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá, los consejos insulares y la gran mayoría de ayuntamientos, ha calentado el ambiente y ha hallado resonancia internacional a sus propuestas de riesgo. El PP afirma que no cambia leyes sino que consolida situaciones urbanísticas anteriores o mal resueltas. Bauzá rechaza que “le den lecciones” de estima a su tierra y su cultura. En el Gobierno conservador se reprocha al PSOE y al PSM, que han gobernado ocho años en legislaturas alternas, de haber sido "los del no" a todo y por sistema, de espantar a los empresarios y congelar en la comisión de Medio Ambiente hasta 800 proyectos.
En tiempos de graves carencias en las economías privadas y las finanzas oficiales, el Gobierno balear anima el desarrollo de método antiguo y más oferta turística nueva, es la propuesta de captar inversiones y crear puestos de trabajo. El objetivo es la construcción de más complejos residenciales y deportivos en zonas delimitadas. A la vez se han legalizado urbanizaciones fallidas o bloqueadas. La oposición y los ecologistas consideran que Baleares regresa a la economía que fracasó, la del cemento y el ladrillo que, suponen, perjudica la oferta turística de calidad.
El presidente balear, José Ramón Bauzá, ha bendecido con reuniones personales, visitas sobre el terreno hasta cuatro proyectos. Con decreto ha reducido a la mitad los trámites a las empresas que anuncian la construcción de cuatro hoteles de lujo de gran tamaño: uno, el más controvertido, al lado del Área Natural de las playas vírgenes de Es Trenc-Salobrar de Campos, en Mallorca; dos más establecimientos se programan en la laguna desecada de la marina de Magaluf, en Calvià, y otro hotel, tan debatido como el de Es Trenc, en Canyamel, en Capdepera, también Mallorca, en los lindes de un área preservada. En Es Trenc cinco empresarios comparten el capital de la primera ficha lograda; en Canyamel se habla de un jeque árabe y de una cadena internacional; en Magaluf invierten los Escarrer de Meliá hotels y Pedro Pascual de Viva hotels.
Un mapa de la dictadura y la corrupción
En litoral del mapa de Baleares se reflejan los desastres de cemento y asfalto nacidos del aparente progreso y las imágenes idílicas de los paisajes y playas preservados. Ambas imágenes han sido fruto de decisiones públicas y privadas. El expansionismo y la explosión turística sin freno surgió de la laxitud de la dictadura y también del descontrol y la corrupción en democracia. A su vez, han pervivido espacios naturales intactos, parajes salvados por decisiones institucionales y compras de fincas, en general bajo impulso progresista. En especial han quedado vírgenes –y protegidos por ley- parajes, costas y arenales enormes, en Mallorca y Menorca, por el deseo de grandes propietarios que renunciaron a su explotación urbanística, en tres generaciones. Ahora la normativa actual blinda esos santuarios.
* El País - ANDREU MANRESA Palma de Mallorca 14 ABR 2012
Foto: Santa Ponça / TOLO RAMÓN
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ELPAÍS/A Coruña* : El embrollo de la aún inacabada macrourbanización Costa Miño Golf, una de las mayores promociones inmobiliarias en Galicia a pie del mar e iniciada en pleno bum del ladrillo, es de órdago. Y no cesa de crecer tras diez años de entuertos, impagos y sentencias en firme que empantanan este descomunal proyecto de Martinsa-Fadesa con el Ayuntamiento de Miño, gobernado por el PP. El último episodio emborrona aún más el panorama: el gobierno local decidió iniciar los trámites para rescindir, reclamando además daños y perjuicios, el nuevo contrato que había firmado con la promotora hace tan sólo cuatro meses para readjudicarle el enorme complejo de 1.217 viviendas y parcelas con campo de golf incluido.
Martinsa-Fadesa, en una dura misiva escrita en la que acusa al gobierno municipal de haberle “reiteradamente defraudado”, amenaza con nuevas acciones judiciales. Pero ayer el pleno municipal, con el voto del grupo de gobierno y la abstención de los socialistas, acordó iniciar los trámites para finiquitar ese contrato por considerar “insuficiente” el aval que la empresa tiene obligación de depositar para garantizar el pago a los 400 dueños de las parcelas expropiadas por la fuerza hace una década por el Ayuntamiento para esta macrourbanización.
En solitario, sin nunca conseguir ni siquiera reunirse con el alcalde, Juan Maceiras, los vecinos expropiados emprendieron una larguísima batalla judicial y lograron en sentencia firme, pese a los constantes recursos del Ayuntamiento y la inmobiliaria, que se eleve considerablemente el precio abonado por sus solares. Aún no vieron un céntimo de esa cuantía millonaria. El pasado 30 de marzo, ganaron otra gran batalla: el Tribunal Superior de Xustiza desestimó un recurso del Ayuntamiento y exigió que Martinsa-Fadesa constituya un aval de 31,86 millones de euros para garantizar el pago.
El equipo de Maceiras, que rebaja la deuda con los afectados a 21 millones —“está pendiente una alegación judicial”, dice el alcalde— entonces cambió diametralmente de táctica. Renunció a presentar un recurso de casación y decidió optar por finiquitar el contrato que tres meses antes tanto le había costado conseguir firmar, por la inicial resistencia de la promotora, para readjudicarle el proyecto. Aún está pendiente de que los jueces acepten ese contrato, rechazado por los expropiados, para dar por cumplida otra sentencia en firme que anuló el proceso de expropiación así como el pliego de condiciones de la primera adjudicación, en 2002, de la macrourbanización.
Pero sea o no dado por bueno, ahora Maceiras quiere rescindirlo. “No le gusta a nadie, pero no es un decisión voluntaria de este gobierno, sino que cumplimos dictámenes de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Asesoría Jurídica de la Diputación”, se defiende el alcalde. Destaca que aceptó la propuesta inicial de Martinsa de sustituir un aval bancario por activos inmobiliarios. “Pero la cantidad no cubre” la deuda con los expropiados, insiste el regidor. No acepta bienes de Fadesa con una tasación a precios actuales del mercado “porque dentro de dos años pueden valer mucho menos”. A Maceiras, ahora parece urgirle que cobren los expropiados y lamenta que “Martinsa-Fadesa tenga hasta ocho años para pagarles” según la resolución para salir del concurso de acreedores. Para el alcalde, las amenazas de la empresa son sólo “una pataleta”. “Nos da igual, no cumple un compromiso del contrato”, afirma Maceiras. Hasta ahora nunca había sido tan firme en esa exigencia. La rescisión del contrato depende ahora de un dictamen del Consello Consultivo de Galicia, al que Miño le pedirá que determine si los bienes que ofrece la promotora garantizan o no el pago de la deuda millonaria con los afectados. Los socialistas se abstuvieron por considerar “mala cualquier solución”. “Nos lleva a un callejón sin salida, tememos otro largo proceso judicial que deje la responsabilidad en el Ayuntamiento y provocar su quiebra”, protesta Manuel Vázquez Faraldo.
* El País - PAOLA OBELLEIRO Miño 14 ABR 2012
Foto: Miño (A Coruña), urbanización Fadesa - laopinioncoruna.es
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20MINUTOS* : Más datos que evidencian el oscuro túnel en el que se encuentra el mercado inmobiliario, en este caso el de la morosidad. Desde que comenzó la crisis, en 2008, las cuentas del sector financiero español se han visto seriamente dañadas por la morosidad de las empresas inmobiliarias, que ha pasado del 1,98% registrado en el primer trimestre de ese año al 20,9% con que cerró 2011.
La actividad inmobiliaria y de construcción ha pasado de ser el principal motor de la economía española a su mayor lastre en apenas cuatro años, igual que ha ocurrido con las cuentas de los bancos, que arrastran una mora global muy inferior a la de estos deprimidos sectores.
Según los últimos datos publicados por el Banco de España, de los 298.267 millones de euros que las entidades financieras españolas tenían concedidos a cierre del año pasado a empresas inmobiliarias, 62.366 millones eran morosos, cifra que creció en 4.789 millones en un solo trimestre.
De hecho, entre julio y septiembre de 2011, la mora de las empresas inmobiliarias se situó en el 18,97%, ya que había 57.577 millones de euros impagados de una cartera de 303.506 millones.
En cuanto a la evolución interanual, la morosidad inmobiliaria aumentó en siete puntos básicos, desde el 13,98% que registró en el último trimestre de 2010 al 20,9% de un año después, para una cartera crediticia inmobiliaria que entonces sumaba 315.782 millones, con lo que se redujo en ese periodo en 17.605 millones.
Morosidad también de las constructoras
Los datos del Banco de España también reflejan un fuerte crecimiento de la morosidad de las empresas constructoras, ya que terminaron el ejercicio con un 17,65% de créditos impagados, muy por encima del 12,12% que tenían en diciembre de 2010.
En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, la diferencia era de poco más de un punto y medio porcentual, ya que se situaba en el 16,09%.
* 20 Minutos - EFE. 14.04.2012
Foto: Una grúa sobre el perfil de un edificio en construcción. (Roldán Serrano)
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EUROPAPRESS/Barcelona* : Unos 200 vecinos de la Barceloneta, según la Guardia Urbana, se ha concentrado este sábado a las 17.30 horas para protestar contra la construcción de una marina de lujo en el Port Vell, que consideran una privatización de la zona "al mejor postor". Se oponen a una reforma que se ha hecho "a espaldas de los vecinos, lejos del interés público y que supondrá una erosión del tejido social y comercial" del barrio, aseguran en un comunicado.
Además, reclaman que el edificio de la antigua cooperativa Siglo XX sea un equipamiento autogestionado por el barrio.
Los vecinos se remiten a la experiencia de la construcción de otro equipamiento de lujo en el barrio, el Hotel W, que "se vendió al barrio como una promesa para generar empleos", aunque no ha tenido gran impacto en la zona.
Por ello, piden una reforma del Port Vell basada en un diagnóstico de las necesidades sociales del barrio a partir de una proceso vecinal vinculantes.
También quieren que el presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra, y su vicepresidente, Antoni Vives, dimitan por "haber ocultado información de interés público" a los ciudadanos.
La concentración ha sido convocada por la Asociación de Vecinos Òstia y la Plataforma en defensa de la Barceloneta, con el apoyo de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (Favb).
* Europa Press - 14.4.12
Foto: Barcelona, port Vell - seateam
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ELPAÍS* : Si dispone de una finca rural en suelo protegido de 100.000 metros cuadrados en la Comunidad de Madrid o de 50.000 si el terreno no está sujeto a protección alguna, ya cuenta con el primer requisito, el fundamental, para poder construir una vivienda sostenible.
Así lo recoge el anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, destinada a cubrir una “importante demanda” y a satisfacer el anhelo de muchos ciudadanos de “poder vivir en el campo y trabajar en la ciudad”. Unos pocos, muy pocos privilegiados, evidentemente, a tenor de la superficie de terreno de la que hay que disponer.
Los ecologistas ya han puesto el grito en el cielo y han echado, a bote pronto, el alcance que la medida podría tener en una zona protegida como el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Teniendo en cuenta que el 65% de las 53.000 hectáreas que ocupa, se podrían construir 3.431 viviendas de 1.000 metros cuadrados, pudiendo hacerse una o varias urbanizaciones dentro del propio parque.
Que el anteproyecto de ley está hecho para una selecta minoría pudiente, lo demuestra el hecho de que, además de contar con tamaña superficie, el propietario correrá con los gastos de “la totalidad de las obras de acondicionamiento e instalaciones así como su ulterior mantenimiento”. No obstante, el texto recoge, sin argumento alguno que lo respalde, que estas viviendas sostenibles tendrán un “impacto beneficioso para la economía de la Comunidad de Madrid”.
Entre los requisitos para poder construir estas viviendas, además de contar con la parcela y de edificar solo el 1% de la misma y en una sola planta “sin poder modificar la rasante natural del terreno en que se ubiquen, causando el menor impacto visual posible”, figura el uso de materiales integrados en el paisaje y la ejecución de viales interiores o de acceso con mínimo impacto.
Tras la construcción de estas viviendas sostenibles, el anteproyecto recoge como obligaciones de los propietarios el de conservar el arbolado existente en sus parcelas y, en su caso, trasplantar los ejemplares que por razón de la implantación del uso residencial fuera imprescindible, cinco por cada ejemplar arrancado, así como no verter residuos ilegales o incontrolados.
Muchos no acaban de ver ese "impacto beneficioso" para la economía regional, al que se alude en el texto, aunque sí pudiera tenerlo para un sector, el de la arquitectura modular, más barato que el tradicional de ladrillo y cemento. De hecho, antes y después de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, dirigentes de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, así como la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre, se interesaron vivamente por este tipo de construcciones de la mano de Joaquín Torres, el arquitecto que ha diseñado numerosas viviendas de La Finca de Somosaguas.
* El País - JUAN CARLOS MARTÍNEZ Madrid 13 ABR 2012
Foto: Madrid, parque Guadarrama - EA
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MÁLAGAHOY* : El juicio por el caso Malaya, que comenzó el 27 de septiembre de 2010 con 95 personas en el banquillo, se reanudó ayer tras el parón de la Semana Santa con la comparecencia de una investigadora de la Unidad de Delitos Fiscales y Blanqueo (UDEF-Bla) que puso de manifiesto cómo los negocios de algunos acusados no siempre seguían la lógica empresarial: ganar dinero.
La agente relacionó determinadas ventas a pérdidas con los compromisos que algunos promotores inmobiliarios tenían contraídos con el exasesor de urbanismo de Marbella y presumible artífice de la corrupción político inmobiliaria que tuvo lugar durante la era del gilismo, de acuerdo con la versión de la Fiscalía.
En este contexto situó a los procesados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, dos empresarios con fuertes intereses en el municipio durante aquellos años que la acusación entiende que ponían la cara en determinados negocios en los que Roca también tomaba parte gracias a que dependía de él el planeamiento urbanístico del municipio.
Entre otras muchas operaciones Liétor y Sánchez, a través de la sociedad Mediterránea de Inmuebles, se hicieron a través de una permuta con dos parcelas del Ayuntamiento que fueron valoradas en 25 millones de pesetas (150.000 euros). La singularidad reside en que las dos fincas fueron después vendidas a Carburantes Alhama por 10,7 millones de pesetas (64.600 euros), anotándose, por tanto, unas pérdidas próximas al 57%, pese al considerable alza de precios que se detectaba en aquellos años en la Costa del Sol.
Otra particularidad es que una vez que los suelos llegaron a esta sociedad, administrada por abogados fiduciarios de Juan Antonio Roca, comenzaron de nuevo a recuperar valor a velocidad vertiginosa.
Estas operaciones han sido valoradas por los investigadores desde la perspectiva del blanqueo de capitales, desde el momento en que la venta a pérdidas sin justificación aparente es uno de los mecanismos habituales utilizados en el lavado de dinero negro. No obstante, en aquel momento esta correlación de los acontecimientos sirvió a la Policía para empezar a establecer las relaciones que existían entre una serie de empresarios y el exasesor de urbanismo del municipio que desde la primera parte de los años 90 había estado al frente de la revisión del planeamiento del municipio. También sirvió para vincular a Juan Antonio Roca con las sociedades administradas por terceros en las que él no figuraba y empezar a dibujar el destino que habían tenido algunos bienes patrimoniales de los que el municipio se había desprendido durante aquellos años.
Ayer también declararon en el juicio varios agentes que asistieron a los registros y un oficial experto en informática del Cuerpo Nacional de Policía que afirmó ante el tribunal "desconocer qué es la cadena de custodia". Parte de la estrategia de las defensas reside en denunciar que las pruebas no estuvieron en todo momento bajo custodia judicial y, por tanto, que pudieron ser alteradas o manipuladas.
Lo sorpresivo de la declaración de este agente es que no pudo explicar nada sobre cómo se clonaron discos duros o se hicieron volcados de ordenadores. Se limitó a señalar que buscaba en los ordenadores información que pudiera ser de relevancia para la investigación desconociendo cualquier detalle sobre qué ocurría con esa información desde el momento en que se copiaba.
* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 10.4.12
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
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DIAGONAL* : “Yo vivía en El Gordo y ahora vivo en una caravana. Me han echado del pueblo”. Éste es el precio que ha tenido que pagar Paca Blanco, activista de Ecologistas en Acción de Extremadura, por luchar contra un gigante: la macrourbanización Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres.
El 13 de enero de 2012 un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura daba la razón a Blanco y a las organizaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en Acción. El auto concedía la ejecución provisional de la sentencia de 9 marzo de 2011 que ya declaraba la nulidad del proyecto urbanístico, que se asienta en un espacio considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección Ambiental (ZEPA). Sin embargo, la organización ecologista deberá pagar una indemnización de 41 millones de euros para la paralización de las obras, según el auto del tribunal emitido tras recurso de casación presentado por la Junta de Extremadura, los alcaldes de los municipios de El Gordo y el Berrocalejo, donde se construye la urbanización, y la promotora.
Tras una vista entre las dos partes, el juez fijó esa fianza cautelar, según argumenta el auto, ante el hipotético caso de que el recurso presentado por la promotora sea estimado por el Tribunal Supremo y “para poder ejecutar la sentencia”, algo contradictorio según argumenta Ecologistas en Acción. Esa cantidad es inferior a la requerida por la promotora que solicitaba 368 millones de euros de fianza, argumentado que ya se habían gastado más de 141 millones de euros y se ha ejecutado una parte de las obras. Ecologistas considera la cantidad desproporcionada: “Piden una fianza tan grande para que no podamos pagarla. Nos paralizan”, ha declarado Paca Blanco a DIAGONAL.
El proyecto en este paraje protegido, contra el que lleva luchando la ecologista Paca Blanco desde hace cinco años, está situado en una isla dentro del pantano de Valdecañas que represa el río Tajo, a 160 kilómetros de Madrid. En este enclave se pretenden construir 550 viviendas de lujo, dos hoteles, un campo de golf de 18 hoyos y un puerto deportivo, entre otros equipamientos. Hoy ya se han levantado 185 chalés, que están habitados, uno de los hoteles de cuatro estrellas previstos y el campo de golf.
PSOE y PP, con la constructora
El 24 de marzo de 2011, cuatro días después de darse a conocer la sentencia que anulaba la macrourbanización, la Junta de Extremadura, gobernada entonces por el PSOE, decidió, con el apoyo del PP –eran los únicos dos partidos con representación autonómica entonces– modificar el artículo 11 de la Ley del Suelo de Extremadura para permitir urbanizar en espacios protegidos, normativa de aplicación incluso de forma retroactiva, lo que daba carta blanca a la constructora para continuar con las obras frente a la decisión de los tribunales.
La apuesta del PSOE y el PP extremeños a favor del proyecto ya había quedado patente en 2007 cuando se iniciaron las obras. Entonces, la Junta de Extremadura declaró la urbanización Proyecto de Interés Regional. Esta figura legal, se ha usado como un ardid por parte de algunos gobiernos autonómicos para blindar macroproyectos urbanísticos, como en el caso de Castilla y León en la Ciudad del Medioambiente, un proyecto similar. Sin embargo, argumentan que los PIR sirven para llevar a cabo obras de “interés público” como hospitales o viviendas de protección oficial. En este caso la Junta de Extremadura declara de interés público una urbanización privada de lujo.
De parte del interés privado
Tras el varapalo de la sentencia, socialistas y populares volvieron a blindar el proyecto. El 24 de marzo de 2011modificaron la Ley del Suelo de Extremadura para permitir urbanizar en espacios protegidos. Meses después, con el PP al frente del Ejecutivo extremeño, y de nuevo con el apoyo del PSOE –y los votos en contra de IU–, los dos grupos mayoritarios vuelven a ratificar las reformas hechas en la ley autonómica que permite construir en espacios de la Red Natura 2000.
El proyecto de la macrourbanización llegó a las poblaciones de El Gordo y Berrocalejo y fue presentado con la promesa de dar empleo. Los alcaldes de ambos municipios aprobaron sus Planes Generales de Ordenación Urbana para dar cabida al proyecto de la urbanización en los mismos. Sin embargo, no incluyeron la obligatoriedad de construir viviendas de protección oficial como marca la ley.
Esta lucha ha costado muy caro a Paca Blanco: “Los vecinos, que no tienen trabajo, piensan que va a llegar ‘mister Marshall’ y que les va a dar trabajo. Cuando alguien les dice que ésto no es así y que han invadido un espacio natural, te conviertes en el enemigo”, explica Blanco, que asegura que las obras tienen sólo a diez personas en plantilla. Relata cómo durante cinco años ha sufrido las agresiones de una pandilla de jóvenes, que ya han sido juzgados y condenados a penas menores, y que fueron presuntamente azuzados por algún político para atacarla: “Me han lanzado hasta cócteles molotov, me han amenazado con pintadas en mi casa, he sufrido roturas de cristales, petardos dentro del buzón, etc.”, denuncia la ecologista.
La sentencia obliga a la empresa promotora a devolver el terreno en el que se asienta la urbanización a su estado natural. “Aunque el tribunal nos ha dado la razón a nosotros, ya nada será como antes. En la isla había ciervos, jabalíes y, cuando las aguas subían, las aves aterrizaban en masa. El espectáculo de ver a cientos de grullas llegar, eso ya se ha perdido”, cuenta con impotencia.
El empresario que está detrás del complejo turístico es José María Gea, que se enriqueció en los ‘90 urbanizando la costa de Huelva con la promotora Islantilla. Esta vez ha creado la promotora Marina Isla Valdecañas SA, el arquitecto es Fernando Mendoza y las viviendas se venden en la inmobiliaria Vertical Real State SL. En la web monarquiaconfidencial. com se publica que esa empresa está vinculada con la familia real a través del hijo de Pilar de Borbón, Beltrán Gómez-Acebo. El propietario de la inmobiliaria es Jaime López-Ibor Alcocer, nieto del psiquiatra franquista Juan José López-Ibor y sobrino del empresario Alberto Alcocer. Las viviendas de lujo cuestan más de 560.000 euros y según la promotora ya han comprado casa el propio Beltrán Gómez- Acebo, otro sobrino del rey, el cantante Carlos Baute y los nietos del marqués de Mondéjar, exjefe de la casa real. Al mismo tiempo, 20 propietarios de las mansiones han denunciado a la constructora por engaño y dos han recurrido a la vía penal alegando estafa.
La organización ecologista pide que se ejecute la sentencia y va a recurrir la indemnización al Tribunal Supremo porque entiende que no se puede exigir una fianza millonaria a una organización conservacionista sin ánimo de lucro que sólo cuenta con las cuotas de sus socios. Además, la indemnización viola el Convenio internacional Aarhus, que en su artículo 9.4 establece el derecho ciudadano al “acceso a la justicia en materia medioambiental sin que su coste sea prohibitivo”, dice José María Trillo abogado de Ecologistas en Acción.
La lucha de Paca Blanco
La portavoz de Ecologistas en Acción de Extremadura, Paca Blanco, ha sufrido durante cinco años el acoso y las agresiones de un grupo de vecinos de su pueblo por oponerse a una urbanización ilegal. Blanco ha tenido que dejar su casa y las amenazas continúan. La semana pasada, más de 80 colectivos del Estado español y Portugal pidieron protección policial para la ecologista.
* Rebelión / Diagonal - Sara Plaza y María José Esteso Poves - 11-04-2012
Foto: Valdecañas (Cáceres), urbanizacion - ecologistasenaccion.org
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