ELPAÍS/Reportaje* : La Comunidad Valenciana se ha hundido. Con la mayor deuda de España, sin bancos ni cajas propios, con gravísimos casos de corrupción y un presidente dimitido y en el banquillo, la tierra que un día fue próspera y envidiada se ha convertido en el símbolo del desvarío político y la mala gestión. Esta es la historia de su caída.
En julio de 2007, Valencia era una fiesta. A la sombra del edificio Veles e Vents, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, y bajo una lluvia de confeti, banderas al viento y fanfarrias musicales, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, eufóricos, daban la bienvenida a Ernesto Bertarelli, patrón del Alinghi, y flamante vencedor de la 32ª Copa del América. Tiempo de vino y rosas, de entusiasmo desbordado. Valencia en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y dos políticos en estado de gracia, envidiados por sus adversarios y reverenciados por sus compañeros. Mariano Rajoy, meses antes de las elecciones generales de 2008, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y remataba: "Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España". Más recientemente, en enero del año pasado, cuando ya había estallado el caso de los trajes, Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, todavía aseguraba: "Gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps". El político valenciano era tenido por los dirigentes de su partido como espejo en que mirarse y modelo a seguir.
Cuatro años y medio después de tocar el cielo con la Copa del América, Camps ya no es presidente de la Generalitat y se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio. Y ya nadie quiere imitarle. La Comunidad Valenciana, antes envidia de las autonomías, da la sensación de ser la Grecia española, endeudada hasta las cejas, incapaz de cumplir sus compromisos financieros, empobrecida y sumida en una crisis institucional, financiera y económica. "Si fuéramos una caja de ahorros ya nos habría intervenido el Banco de España", asegura un dirigente del PP valenciano, "pero por fortuna no lo somos".
Las arcas vacías no son el único problema. Los escándalos por corrupción se suceden ininterrumpidamente desde hace años infectando todo el territorio. El caso Fabra, en Castellón; Emarsa, en Valencia; el caso Brugal, en Alicante, y, sobrevolándolo todo, el caso Gürtel, en el que se investiga la supuesta financiación irregular del PP, más su derivada del caso de los trajes de Camps. Faltaba Iñaki Urdangarin para que el deterioro fuera aún mayor. Y todavía hay escándalos que no han salido a la luz. Un empresario local se lamenta: "Es lo peor de lo peor; la imagen que tenemos en el resto de España. No nos beneficia nada".
La Comunidad se ha convertido en una zona apestada para Mariano Rajoy, que no ha colocado a ningún valenciano ni en su Gobierno ni en ninguna de las 32 secretarías de Estado. Un veterano militante del PP está convencido de que el nuevo presidente "ha establecido un cordón sanitario para evitar que le estalle en las manos alguna bomba de relojería que todavía no se ha detectado".
La trama Gürtel, a través de Álvaro Pérez, El Bigotes, entró a sacó en las arcas de la Generalitat y la televisión valenciana para enriquecerse sin que Camps hiciera nada por evitarlo. No fue el único método utilizado para obtener importantes ganancias a la sombra del poder. Prácticas destinadas a convertir los beneficios en privados y las deudas en públicas. Todo empezó en Terra Mítica, el parque de atracciones que levantó Eduardo Zaplana en Benidorm con el dinero de Bancaja, la CAM, algunos empresarios privados y la Generalitat. El complejo, que costó 377 millones, ha sido un auténtico fracaso. De hecho, ahora es propiedad del grupo Aqualandia, que se lo ha quedado a cambio de asumir deudas valoradas en 65 millones. Para construir el parque, el Gobierno valenciano expropió 10 millones de metros cuadrados. Sobre ese inmenso solar se edificaron Terra Mítica, un hotel de cuatro estrellas, cinco de dos y dos campos de golf. Nada fue como estaba previsto y el parque entró en suspensión de pagos, que la empresa levantó cambiando el uso de 217.000 metros cuadrados, vendidos por 85 millones al promotor Enrique Ortiz -imputado en los casos Gürtel y Brugal. El pelotazo urbanístico que se buscaba fracasó al estallar la burbuja inmobiliaria.
Muchos de los grandes proyectos financiados con dinero público siguieron el mismo patrón de Terra Mítica. Se presentaron como de interés social, pero en su entorno se han venido produciendo movimientos especulativos vinculados al urbanismo. La Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos situados en Alicante, otro fiasco económico con un coste de 300 millones y una deuda de otros 190, ha visto como a su alrededor se han realizado dos operaciones importantes: la compra de 700.000 metros cuadrados por una firma participada por Bancaja y Enrique Ortiz, y otra adquisición de 200.000 metros cuadrados por parte de este promotor. Ambas operaciones están siendo investigadas por la policía.
El aeropuerto de Castellón no es solo una instalación sin aviones, fruto de la quimera y de la megalomanía del cacique provincial Carlos Fabra. Desde el principio fue una operación especulativa de gran calado en la que el aeropuerto justificaba un gran proyecto urbanístico con garantía institucional que cubría las posibles pérdidas de la concesionaria. El Gobierno de Camps siempre veló por los intereses de los empresarios. Al concesionario de la línea 2 del tranvía de Alicante también se le garantizaba el 10% de los beneficios sobre la inversión realizada, con independencia de los pasajeros que la utilizaran. El actual Gobierno de Alberto Fabra ha roto el contrato con la empresa del aeropuerto y retirado el concurso del tranvía, por considerarlos lesivos para los intereses del Consell.
El saqueo de las arcas públicas, en la práctica, estaba institucionalizado. Los empresarios no corrían con ningún riesgo. Aunque en algunos casos, como el de Emarsa, la empresa encargada de depurar las aguas residuales de la ciudad de Valencia y otros 16 municipios, más que un saqueo ha sido un auténtico latrocinio. Hay 28 personas imputadas, entre ellas todos los exresponsables de la firma, militantes del PP y numerosos proveedores. Uno de ellos, Juan Carlos Gimeno, exconcejal del Ayuntamiento de la ciudad, explicó que el agujero de 17 millones de Emarsa -que algunas fuentes elevan a 40-, se produjo porque "alguien decía que se hiciera así". Gimeno evitó dar nombres, pero dejó pistas. "Hay bolsos y carteras que todos sabían que recibía un cargo público". En una conversación interceptada a El Bigotes, este afirma: "Estoy en Louis Vuitton, porque hay una cosa que no hemos pensado, que es que llevamos cuatro años regalando una cosa a la alcaldesa [de Valencia] todos los años no voy a dejar de regalarle algo (...) Le voy a comprar un bolso de la colección nueva".
La Comunidad Valenciana es vista desde el exterior como un territorio en el que menudean los escándalos políticos y la corrupción. Y donde el despilfarro del dinero público ha sido la norma en los últimos años. En noviembre de 2009, en una situación de grave crisis económica y con una deuda autonómica que ya era la primera de España en relación al PIB regional, la Consejería de Cultura y Deporte se gastó 52.800 euros en la organización de unos actos previos de la Ferrari World Finals en el circuito de Cheste. Camps y Barberá aprovecharon el evento para montarse en un Ferrari azul y dar una vuelta al circuito acompañados por Fernando Alonso, Felipe Massa y Luca di Montemezolo, patrón de la escudería italiana.
Francisco Camps nunca dejó de comportarse como un nuevo rico. En 2007, un año antes de que las primeras señales de la crisis se hicieran evidentes, Bernie Ecclestone anunciaba en Valencia la celebración de un gran premio de Fórmula 1, condicionándolo a la victoria de Camps en las elecciones autonómicas. Lo que no contaron ni él ni Camps fue el coste del evento, ni las condiciones leoninas del contrato. De entrada el Gobierno valenciano mintió a la opinión pública. Aseguró que el circuito urbano no iba a costar ni un euro porque lo iban a pagar los promotores que construirían el plan urbanístico del Grau; pero el Consell tuvo que desembolsar 80 millones. La celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisión valenciana por retransmitir los grandes premios.
El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos con el patrón de la F1, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como pagar la celebración de la carrera. Ahora negocian con la Generalitat catalana para que Barcelona y Valencia se alternen en la celebración de grandes premios. Una sugerencia que se le hizo a Camps desde Cataluña, rechazada por este en su día.
Los escándalos, singularmente el caso de los trajes, acabaron por forzar la dimisión de Camps de la presidencia de la Generalitat, pese a los esfuerzos de la alcaldesa de Valencia para que siguiera en su puesto. Fue a las 4 de la madrugada cuando Isabel Bas, esposa del expresidente, dijo: "Paco, déjalo estar", poniendo así punto final a una maratoniana reunión en la que también estaban presentes Federico Trillo y Juan Cotino, este último el presidente de las Cortes Valencianas.
La crisis institucional se solucionó con el paso del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a la presidencia de la Generalitat, quien hubo de asumir una pesada herencia que, a diferencia de otros colegas autonómicos, no puede atribuir a otro partido político, aunque sea la peor de las peores herencias recibidas. "Sabíamos que las cosas estaban mal; pero nunca supusimos que estuvieran tan mal", señalan desde el entorno del actual presidente de la Generalitat.
¿Cómo de mal? Para empezar, los sucesivos modelos de financiación autonómica han sido lesivos para los intereses de los valencianos. No se contempla la totalidad de la población de la Comunidad y los ingresos por habitante permanecen por debajo de la media española. Era peor con José María Aznar en el Gobierno y siguió siendo mala con la reforma de Rodríguez Zapatero. Además, el sistema financiero valenciano ha desaparecido: Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta caja españolas, han sido fusionadas o intervenidas por el Banco de España. El Banco de Valencia se encuentra en idéntica situación. ¿Cómo se había llegado hasta ahí?
Algunos hechos ayudan a explicar lo ocurrido. Los gobiernos del PP fiaron el crecimiento económico al ladrillo y a una política de grandes eventos y actividades de ocio. Dos decisiones estratégicas para las que no dudaron en utilizar a las cajas de ahorro, auténticas terminales de las decisiones políticas adoptadas en el Palau de la Generalitat. Bancaja y CAM financiaron proyectos como Terra Mítica, el circuito de Fórmula 1 en Valencia o el aeropuerto de Castellón. El apalancamiento de las tres entidades financieras a proyectos que se hundieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las dejó en la ruina. La crisis global fue la puntilla de una política basada en la especulación inmobiliaria y en el crédito barato.
La pésima gestión arruinó a todo el sistema financiero valenciano, con las consiguientes repercusiones para el mundo empresarial autonómico; mientras que el intervencionismo político en las cajas se volvió como un bumerán contra la propia Generalitat. Desaparecidas Bancaja y CAM, el Gobierno valenciano no encuentra quien le financie sus propias emisiones de crédito. La puesta en circulación de 1.800 millones de euros en bonos patrióticos fue un auténtico fracaso, apenas si lograron colocar 1.055 y las agencias de calificación Moody's y Fitch los clasificaron como "bonos basura".
La peor herencia, de la que Fabra no se queja nunca en público pero a la que tiene que hacer frente, es la económica. Los compromisos de pago para las próximas décadas de la Administración Valenciana superan los 62.000 millones. De esta cifra total, 47.933 millones corresponden, en parte, a la deuda financiera asumida por el Consell más sus empresas públicas -que en septiembre de 2011 alcanzaba los 22.163 millones-; y el resto, al débito a proveedores, pago de los peajes en sombra o el canon que se abona anualmente a las empresas que, como Ribera Salud, gestionan con criterios privados los hospitales que se rigen por el modelo del que funciona en Alzira. Además, durante el primer semestre del año pasado, la deuda financiera aumentó en 1.498 millones, las obligaciones de pago en 131 millones y los compromisos de gasto no reconocidos y con cargo a futuros presupuestos alcanzaron los 2.043 millones.
En resumen: la suma de deuda financiera y pagos pendientes de la Comunidad Valenciana -a largo plazo- alcanza los 51.605 millones. Pero eso no es todo. A esa cantidad hay que añadirle 10.489 millones de euros que corresponden a deudas de las empresas públicas, entidades autónomas y fundaciones dependientes de la Generalitat, de acuerdo con el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2010. Por eso, el conjunto de los compromisos adquiridos por la Comunidad y por el sector público que esta controla se eleva a 62.000 millones.
De momento, en este año de 2012, la Generalitat tiene que devolver créditos valorados entre 4.000 y 5.000 millones, según las fuentes consultadas. Y no tiene con qué hacer frente a estos compromisos.
Durante años, Camps presumió de bajar los impuestos y aumentar el gasto social. Fabra ha tenido que desandar ese camino. Ha subido impuestos, recortado sueldos de los funcionarios, reestructurado servicios públicos. Y ha anunciado una reducción del número de empresas y fundaciones. Un esfuerzo gigantesco, con notables costes sociales, que es insuficiente para cumplir con los vencimientos de los créditos. Ni siquiera los hispanobonos, si algún día se ponen en circulación, bastarían para salvar las arcas valencianas.
A finales del año pasado, el Gobierno de España tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana para que pudiera hacer frente al pago de una póliza de crédito del Deutsche Bank. A cambio, Rajoy exigió a Fabra que tomara serias medidas de austeridad. Pero ser austero no basta. No alcanza para pagar a los proveedores que hacen cola ante las ventanillas de la Generalitat para que se les abone lo que se les debe. Solo a 450 colegios concertados les adeuda 50 millones de euros. Contratistas de la Administración, grandes y pequeños, van a tener difícil recuperar su dinero, por más que sean una prioridad para el actual Consell.
La enmienda a la totalidad que, por la vía de los hechos, está haciendo Fabra a la política de Camps encuentra serias resistencias entre los seguidores del anterior presidente. Las relaciones con Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, no pasan de la cortesía. En el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, con sordina, han empezado a escucharse las primeras críticas a la gestión del neófito presidente. Un dirigente popular afirma convencido que "Fabra tiene a todo el PP enfrente". Nadie debería extrañarse de esta afirmación. Limpiar el PP valenciano no va a ser tarea fácil y "el cordón sanitario" establecido por Rajoy para la Comunidad Valenciana tampoco ayuda demasiado. "Génova tiene que intervenir", reclaman desde Valencia. Pero Génova está en La Moncloa.
PS.- Tal vez sea una casualidad. O tal vez no. Pero no deja de ser una amarga ironía que Camps nombrara a Jaume Matas, expresidente de las Baleares y procesado por el caso Palma Arena, "embajador de la Comunidad Valenciana". -
* El País - JOSEP TORRENT 15/01/2012
C.Valenciana.- El desvarío
Ecologistas califican de "especulativa" la ampliación del Bernabéu
La ampliación del estadio del Real Madrid consiste en la construcción de un hotel y un centro comercial en una parcela desocupada del paseo de la Castellana, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid y que se utiliza, en la actualidad, como aparcamiento, según la portavoz. Ha añadido que según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), esta ampliación no se puede realizar y, por eso, está en trámites de modificación.
El proyecto ha sido estudiado por la organización ecologista, que ha concluido que existen "irregularidades" que "perjudican gravemente los intereses públicos" en beneficio del Real Madrid, según una nota de la confederación.
Así, en la documentación publicada no se incluye un convenio firmado en julio de 2011 entre el Real Madrid y el Ayuntamiento por el cual el consistorio cede al Real Madrid "unas parcelas en Opañel, en Carabanchel", según Nieto.
Por otro lado, el Real Madrid pasaría de poseer "125.600 metros cuadrados construidos a 157.500 m2" tras la ampliación, por lo que el "incremento de edificabilidad" asciende a "31.900 m2 construidos", según la nota.
Estas cifras "redondeadas" aparecen "sin desglosar" en la documentación, por lo que "no sabemos de dónde salen los números", ha dicho Nieto.
La portavoz ha explicado que, según la Ley del Suelo, "el Real Madrid debería ceder el 30% del incremento de edificabilidad" al Ayuntamiento para "zonas verdes y equipamiento" y otro 10% para para uso del consistorio "en beneficio de la sociedad".
La "irregularidad" que señala la organización descansa en que los porcentajes no se van a aplicar sobre la cifra de 31.900 m2, sino sobre una cifra menor, debido a una "maniobra" del club de fútbol.
Las parcelas de Opañel, que el Ayuntamiento cedió al Real Madrid, tienen una superficie de "7.967 m2", de los cuales "5.576,76 m2" se podían destinar a "construir viviendas", según la portavoz.
Estas parcelas las aprovecha el club para devolverlas al consistorio como parte del 30% fijado en la Ley del Suelo para zonas verdes y equipamientos, sin la condición de "edificabilidad residencial" con la que el Ayuntamiento las cedió en primer lugar, por lo que "ha desaparecido la posibilidad de construir este terreno", ha declarado Nieto.
La organización ha manifestado que el "incremento de edificabilidad" no se corresponde con 31.900 m2 construidos, sino con "26.323,24 m2", los resultantes de restar a la primera cifra los 5.576,76 m2 de "edificabilidad residencial" de Opañel.
Por último, afirma que se deja "pendiente de un convenio urbanístico futuro con el Real Madrid" la cesión de un diez por ciento del terreno en beneficio social.
Nieto ha concluido que el "Ayuntamiento sale perdiendo" y el "club sale ganando" de un proyecto que "se come los derechos de los ciudadanos".
* ABC - Efe - 13.1.12
Foto: Ampliación Bernabeu - contexto
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El 15 de enero salgamos todos a la calle: ¡Nuestra salud no está en venta!
Porque la sanidad ha de estar al servicio de los ciudadanos es un derecho constitucional.
Porque nos quieren engañar, mintiendo sobre el fondo que tenía la sanidad.
Porque somos personas y no números.
Porque la privatización no entienden de salud, sólo de obtener beneficos.
Por esto y mucho más el 15 de enero volvemos a TOMAR LA CALLE.
El horario variará de unas ciudades a otras, unas saldrán a las 12:00 del mediodía y otras por la tarde.
Algunas de las localidades que salen el 15 de enero a defender la Sanidad Pública y gritar que nuestra salud no está en venta...
Araba (pendiente de recibir información del evento).
Barcelona: https://www.facebook.com/events/312778905412051/
Bilbao: http://www.facebook.com/events/239113859491783/
Ciudad Real (Plataforma de Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares) http://eldiadigital.es/not/41191/primera_manifestacion_contra_la_privatizacion_de_los_hospitales/
Coruña: https://www.facebook.com/events/214366541982860/
Dos Hermanas (coordinacionsanidad15e@googlegroups.com): http://www.facebook.com/events/143823099061521/
Elche: http://www.facebook.com/events/205051126251864/
Guadalajara :http://acampadaguada.blogspot.com/2011_12_01_archive.html “Actos durante la semana”
Granada: http://expresate.acampadagranada.org/2011/12/02/movilizacion-estatal-por-la-sanidad-publica-15enero-nuestra-salud-no-esta-en-venta/
León: Botines a las 18h (Confirmar) – evento no disponible todavía.
Madrid: “Mara blanca y marea verde se unen en Madrid. Todos juntos ¡A tomar la calle!: http://huelgaprofesoresmadrid.blogspot.com/2012/01/marea-verde-y-marea-blanca-se-unen-15.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MovilizacionesEnMadrid+%28Movilizaciones+en+Madrid%29 | http://asambleavillaverde.es/2011/12/22/5096/
Málaga : http://malaga.democraciarealya.es/; http://malaga.tomalaplaza.net/2012/01/07/15e-nuestra-salud-no-esta-en-venta/
Palma de Mallorca : http://www.facebook.com/events/329900593705923/
Parla (Madrid): pendiente de confirmar.
San Fernando (Cádiz) : http://www.facebook.com/events/222701937812305/
Sevilla: http://sevilla.tomalaplaza.net/2012/01/08/el-proximo-15-de-enero-lucha-por-una-sanidad-publica-100/
Tarragona: https://www.facebook.com/events/338109282884577/
Tomelloso: http://www.radioazul.es/noticias/2011/12/26/la-coordinadora-en-defensa-de-la-sanidad-publica-de-tomelloso-anuncia-un-paron-de-los-profesionales-el-15-de-enero/ (La Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública convoca un Parón de profesionales)
Valencia: http://www.facebook.com/events/208999402525384/
Valladolid: Sábado y domingo – Noche en blanco https://www.facebook.com/events/173733039393911/ ; Concentración: https://www.facebook.com/events/342837322395388/ ; Manifestación: https://www.facebook.com/events/271393592925081/
Gijón: Actos durante la semana.
Otras plataformas y colectivos que apoyan la movilización:
ASEVINSE http://asevinse.blogspot.com/2011/12/15-enero-defiende-la-sanidad-publica.html
Alcalá de Henares: http://dryalcalahenares.wordpress.com/2012/01/08/15e-porque-todos-enfermamos-sinsaludnohayvida/
Asamblea de Barakaldo http://indignadosenbarakaldo.blogspot.com/
(Próximamente ampliaremos la lista.)
► Eventos internacionales (ver información del evento): https://www.facebook.com/15octobernet/posts/310426139002175
► ENLACES DE INTERÉS
“Contrainforme” sobre la privatización sanitaria: http://accionmasreaccion.wordpress.com/2011/10/20/contrainforme-de-la-privatizacion-de-la-sanidad/
Carteles para descargar: http://www.accionreaccion.info/images/sanidad15e.jpg | http://www.accionreaccion.info/images/sanidad15e2.jpg
Otros eventos a nivel internacional durante los días 14 y 15 de enero:https://www.facebook.com/notes/occupy-spain/eventos-mundiales-para-los-dias-14-y-15-de-enero-porque-seguimos-indignads/302608023115026
* DemocraciaRealYa - enero 2012>
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Los excargos de Urbanismo de Barcelona irán a juicio por el hotel del Palau
Los dos exresponsables políticos están imputados por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental. Además de Millet y Montull, también siguen imputados el arquitecto Carles Díaz, que se encargó de los trámites urbanísticos del hotel, y el director jurídico del Consistorio, Enric Lambies, quien supuestamente ocultó que las fincas en cuyo solar se iba a construir el hotel eran de titularidad privada. Massagué y Lambies han sido ratificados como técnicos de confianza con el gobierno de Xavier Trias.
La investigación se inició a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Barcelona, que acusaba a los exresponsables de Urbanismo de facilitar la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto al Palau y de ocultar que era una operación puramente especulativa que solo beneficiaba a un particular. El equipamiento no llegó a construise. Millet y Montull, según el auto judicial, aprovecharon su influencia para conseguir una recalificación urbanística que permitiese construir el hotel. La juez considera que la cúpula de Urbanismo, “de común acuerdo con Millet y Montull, y cediendo a las presiones de estos”, les dio “un trato de favor”.
El constructor Manuel Valderrama, de Olivia Hoteles, entregó a los saqueadores confesos del Palau 900.000 euros a cambio de su mediación. Pese a que el proyecto no salió adelante, Millet y Montull se apropiaron de ese dinero. La magistrada De Rosa sospecha que ambos pretendían quedarse también con los 3,6 millones de euros que el promotor debía entregar al Palau tras la aprobación definitiva.
La juez, que detalla diversas irregularidades administrativas —por ejemplo, en los convenios con la Generlaitat—, aborda también uno de los puntos más oscuros de la trama, como son los “claros indicios de presión” que ejercieron Millet y Montull sobre la exconcejal Itziar González, que era un “elemento molesto” para el proyecto, según la resolución.
* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 14 ENE 2012
Foto: Un aspecto de la fachada del edificio donde se quería ubicar el hotel del Palau. / JOAN SÁNCHEZ
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Las sociedades urbanísticas centran las sospechas de la comisión de investigación de Egüés
La comisión de investigación del Ayuntamiento de Egüés reanudará mañana su actividad con el foco puesto en las sociedades municipales creadas para gestionar y promover urbanísticamente diversas parcelas y dotaciones de Sarriguren y Ripagaina. La oposición cuestiona el procedimiento seguido en algunos expedientes, y en especial en la adjudicación para construir 138 VPO en Ripagaina.
El Ayuntamiento constituyó en 2004 la sociedad pública Andacelay y ésta tiene el 51% de capital de sendas sociedades mixtas con el mismo socio privado (Nasipa) para promover vivienda pública y dotaciones.
Proyecto cuestionado
Andacelay realizó en agosto de 2010 el pliego de condiciones para la contratación de las obras de construcción de 138 viviendas de protección oficial en las parcelas A.1.1, A.1.2 y A.1.3 todas ellas en la parcela A1 del PSIS de Ripagaina. El importe de licitación fue de 13,98 millones, IVA excluido.
Se presentaron tres ofertas: FCC Construcción, Acciona Infraestructuras y Nasipa. FCC quedó excluida por no cumplir el ratio de solvencia económica requerido en los pliegos.
En acta de Consejo de la Sociedad de 26 de octubre de 2010 se acuerda, según las puntuaciones derivadas del concurso público, adjudicar a Nasipa, SL -el socio privado de la empresa mixta- la construcción de las 138 VPO, por un importe de 11,9 millones, IVA excluido, con una baja en torno al 15%.
El contrato para la construcción lo firmaron el 24 de diciembre de 2010 un representante de Egüés 21-II vinculado a Nasipa, en el papel de promotor, y el apoderado de Nasipa, en el papel de constructor. Y acto seguido firmaron otro contrato para aumentar en 411.204 euros el precio del proyecto constructivo porque surgieron "unidades de obra no previstas en el proyecto".
La oposición va a exigir en la comisión de investigación que se justifiquen estos acuerdos y el modo de formalizar los contratos. Dudan que el consejo de Andacelay haya velado por el interés general y de que el procedimiento fuera el correcto. El consejo lo preside el alcalde, Josetxo Andía, y lo completan otros tres concejales de UPN y un técnico.
Los informes de Comptos
La Cámara de Comptos ha cuestionado en tres informes (2006, 2009 y 2010) el funcionamiento y la transparencia de la sociedad urbanística municipal (Andacelay SL) y las dos sociedades creadas a partir de ésta para la gestión y promoción de vivienda pública en Sarriguren (Egüés 21 SA y Egüés 21-II SL).
Básicamente cuestiona que "la gestión del urbanismo, actividad típicamente municipal, por medio de sociedades municipales de titularidad pública o mixtas, puede derivar en un menor grado de transparencia y control de esta área básica de la gestión municipal en la que están involucrados importantes recursos económicos".
En el informe de Comptos correspondiente al ejercicio de 2006, ya se cuestionaban los procedimientos seguidos por Egüés 21, al considerar que no se aplicaba la legislación. Recomendaba que se cumplieran "estrictamente" "los principios rectores de la contratación pública, es decir, la igualdad de trato, transparencia de los procedimientos, concurrencia, objetividad y publicidad".
Cuestionaba que una de las parcelas (3A9) no se tenía que haber enajenado directamente a Egüés 21, participada al 49% por un socio privado, sino mediante concurso o subasta. También que la licitación pública de la parcela no se anunció en el BON, se tramitó como procedimiento negociado y que en el pliego se hablaba de promoción y no de construcción.
En la auditoría referente a 2009 analizaba las actuaciones de promoción de viviendas de la sociedad municipal, además de otras, como el edificio de oficinas municipal o las piscinas lúdico recreativas de la ciudad deportiva de Sarriguren. "Una empresa pública municipal con un capital de 4.000 euros y sin medios propios de gestión ha acometido la realización de inversiones por un importe estimado de 7,5 millones de euros, y de la misma dependen dos empresas mixtas dedicadas a la promoción y construcción de viviendas. Esta actividad la desarrollan las empresas mixtas en las parcelas del patrimonio municipal del suelo adquiridas a la empresa pública municipal que, a su vez, las había obtenido por cesión gratuita del Ayuntamiento". De nuevo incidía en que se debían extremar los controles de transparencia y rigor.
Y por último, en 2010, analiza el contrato ahora cuestionado por la comisión de investigación y reitera al consistorio que : "No constan que los servicios municipales de urbanismo y de control interno ejerzan un seguimiento adecuado sobre el desarrollo y ejecución de las mismas; así mismo, la citada sociedad carece de medios propios para ejercer esa labor. Sin olvidar que, los recursos financieros que dispone la misma, proceden de los ingresos de la venta de parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo recibidas gratuitamente del Ayuntamiento".
CLAVES
Andacelay La sociedad Andacelay SL fue constituida el 8 de octubre de 2004, con un capital social de 4.000 euros, íntegramente suscrito y desembolsado por el Ayuntamiento. Andacelay SL recibió las siguientes parcelas cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento para la promoción de viviendas protegidas: en 2005, la 3B-4 de Sarriguren; en 2006, la 3A-9 (a, b y c) de Sarriguren; en 2008, las A-1.1, A-1.2 y el 55,72 % de la A-1.3, resultantes del proyecto de Reparcelación de PSIS de Ripagaina. Estas parcelas fueron posteriormente enajenadas a las sociedades mixtas.
Egüés 21 El 5 de julio de 2005 se constituyó la sociedad Gestión y Promoción Egüés 21, SA. El capital social se fija en 300.000 euros, suscrito en un 51% por Andacelay, SL y el 49% por un socio privado (Nasipa tras un concurso al que se presentaron tres empresas). El corretaje de gestión a favor del socio privado es del 4%. Esta sociedad adquirió a Andacelay SL la parcela 3B-4 de Sarriguren en 2005 para la promoción de 48 viviendas de VPT y en 2007, la parcela 3A-9 de Sarriguren para la promoción de 114 viviendas de VPT y 48 viviendas de VPO.
Egüés 21-II El 29 de marzo de 2010 se constituyó la sociedad Gestión y Promoción Egüés 21 II, SL. El capital social se fija en 3.100 euros, suscrito en un 51% por Andacelay, SL, el 48,97% por Nasipa y el 0,03% por Egüés 21 SA. El corretaje de gestión a favor del socio privado es del 2%. Su objeto social está relacionado especialmente el desarrollo, promoción, y construcción de vivienda en el ámbito del PSIS de Ripagaina (parcelas A.1.1, A.1.2 y A.1.3). Andacelay se encargó del pliego de condiciones del concurso para adjudicar la construcción de 138 VPO en esas tres parcelas. Al concurso se presentaron tres ofertas (FCC, Acciona y Nasipa). Esta última fue la elegida.
* Diario de Navarra - 15.1.12
Foto: Una vista reciente de la urbanización de Sarriguren, en el valle de Egüés.- diariodenavarra
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Del urbanismo salvaje a la ciudad sostenible
De hecho, no hace falta esperar hasta el año 2050. Según el último informe de Naciones Unidas sobre Asentamientos Urbanos, la gestión sostenible de las ciudades se ha convertido ya un desafío extremadamente complejo para nuestras instituciones. Las urbes que ha heredado el siglo XXI devoran recursos insaciablemente, actúan como incontrolables generadores de residuos y han de afrontar los estragos de la falta de planificación ante el intenso éxodo rural que se produjo durante el siglo pasado.
«Nos encontramos inmersos en una crisis que nos obliga a replantear buena parte de nuestro sistema económico, social y político. La ciudad alberga el espacio-tiempo donde se producirán los cambios, dado que tiene la escala adecuada para aumentar la calidad de vida de la humanidad. Sin ciudades sostenibles, la sostenibilidad, sencillamente, no será posible», afirma Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes).
La ecuación es fácil de trazar, aunque su solución sea extremadamente compleja: frente a un escenario compuesto por una población que crece a un ritmo vertiginoso y unos recursos cada vez más limitados surge la necesidad, imperiosa, de encontrar fórmulas de consumo eficientes. En los años 70, cuando el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov se preguntaba «a cuántos seres humanos puede alimentar y sostener la Tierra y por medio de qué técnicas», ya estaba poniendo sobre la mesa el debate en torno a la sostenibilidad. A estos interrogantes que explicitaba Asimov le han seguido otros: ¿En qué circunstancias climáticas vivirá el hombre el día de mañana? ¿Qué reparto del bienestar se establecerá? ¿En qué grado de dignidad?
Para el profesor de filosofía Juan García-Page, «cuando hablamos de ciudad sostenible no podemos evitar relacionar este concepto con un mito muy difícilmente alcanzable y derivado de la continua búsqueda del paraíso terrenal por parte del hombre». Quizá por eso sea importante objetivar cuáles son los desafíos y cuáles las posibles soluciones. En la Fundación Ecodes han definido una serie de retos para que las urbes del siglo XXI cimienten realmente, y no sólo con el compostaje de las buenas intenciones, «el tránsito hacia una economía baja en carbono». Entre estos objetivos, establecidos para el año 2015, se incluye la mejora de la eficiencia energética, apartado para el que proponen medidas como sustituir el 100% del alumbrado público por tecnologías de iluminación eficiente o llevar a cabo rehabilitaciones y auditorías energéticas en los edificios.
Para fomentar la movilidad sostenible, el documento elaborado por Ecodes propone alcanzar como mínimo el 80% en movilidad de transporte público, peatonal y bicicleta, además de triplicar el número de usuarios habituales de bici en las ciudades. También apuestan por elevar hasta el 10% el uso de vehículos eléctricos y transformar los centros de las ciudades a través de procesos progresivos de peatonalización.
Otras fórmulas para estimular la economía baja en carbono son la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en el 100% de los pliegos de contratación de obras, servicios y compras públicas, el incremento de un 20% de la cantidad de agua reutilizada y la reducción de consumo doméstico a 100 litros máximo por habitante y día. En el campo de reciclaje establecen un tope de 385 kilogramos por habitante y año. «En un momento como éste, de cambio global, los desafíos no son sólo institucionales; es la ciudadanía en su conjunto quien tiene que apostar por la sostenibilidad», señala Viñuales.
El informe establece como marco de la ciudad sostenible «la convivencia desde la diversidad y la diferencia profundizando en la democracia». «La ciudad es un espacio de deberes y derechos, de responsabilidades y acciones que configuran un espacio político de participación real. El reto es actuar, gobernar democráticamente y mejorar las ciudades para preservar el planeta». «Para ello» -añaden- «resulta fundamental que la transparencia sea uno de los principios inspiradores de la práctica municipal».
Desgraciadamente, no siempre esta dimensión democrática está presente en los discursos que giran en torno a la ciudad del futuro. Existe cierta tendencia a ubicar megaproyectos de «smart cities» en regiones del mundo donde no se respetan los derechos humanos, ni la diversidad cultural ni los principios más básicos de la democracia… «Se trata de iniciativas que, por su complejidad técnica, son presentados como ejemplos a seguir, sin que nadie mencione que se desarrollan en lugares del mundo donde vulneran de forma sistemática las libertades más básicas», explica el arquitecto Martín Esteve, experto en urbanismo y derechos humanos.
Evidentemente, el progreso tecnológico resulta clave para muchas de las soluciones que demandan nuestras ciudades, pero si centramos el debate en el bienestar de los ciudadanos, no deberíamos obviar lo más elemental: una convivencia democrática. «Se habla mucho, por ejemplo, de Masdar, la urbe ecológica que el estudio de arquitectura de Norman Foster diseña en los Emiratos Árabes. Se trata de un reto de envergadura porque el objetivo es que esta ciudad se autoabastezca, y como arquitecto entiendo el entusiasmo que suscita, pero no podemos olvidar que quienes vivan allí lo harán bajo el yugo de una dictadura», explica Esteve.
Más allá de las contradicciones que se puedan producir en regiones de Asia, Oriente o África, lo cierto es que existe competencia a nivel global en torno a los proyectos de ciudades sostenibles. En Singapur han desarrollado un Smart Grid en el que una red bidireccional no sólo controla y gestiona el consumo de energía, sino que integra un sistema de producción alternativa descentralizada desde el que introduce electricidad en la red a partir de generadores ecológicos, como paneles solares o pequeñas plantas de ecogeneración. En el norte de Europa, la cívica y ejemplar Suecia acoge SymbioCity, un proyecto de 11.000 viviendas situado sobre una antigua zona portuaria de Estocolmo que ha convertido en el primer ejemplo de urbanización capaz de mantenerse a sí misma gracias a fuentes renovables. En Nevada, Estados Unidos, han puesto en marcha Boulder City, una red inteligente de distribución eléctrica para reducir el consumo eléctrico, reducir el coste y aumentar la fiabilidad y transparencia del sistema.
En España, un país vapuleado por los excesos del urbanismo, se ha puesto en marcha el Club de Innovación Urbana, un laboratorio de ideas nacido en la IE Business School con el impuso de un grupo de empresas como Philips y FCC, con el objetivo de «impulsar un nuevo modelo urbano basado en la innovación y en la sostenibilidad en las ciudades españolas».
«El nuevo modelo ha de poner énfasis no ya en crear de nuevo sino en transformar y hacer evolucionar lo ya construido. Tres buenos ejemplos en este sentido son la apuesta por la rehabilitación, la actualización energética de barrios y la reinvención del tejido urbano asociado al turismo», señala el manifiesto que ha promovido esta organización.
Desde el Club de Innovación Urbana reclaman a las administraciones públicas «un nuevo marco institucional que clarifique las competencias entre comunidades autónomas y ayuntamientos, de modo evite por un lado las duplicidades y, por otro, las competencias huérfanas o impropias». «Hay evidencia científica de que hay un tamaño ideal de municipio, una escala por debajo de la cual no hay una masa crítica suficiente para prestar servicios de manera eficiente y por encima de la cual se degrada y despersonaliza el nivel de servicio al ciudadano. No hay duda de que el número de municipios españoles es excesivamente elevado y fragmentado», añaden.
Aire contaminado
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la elevada contaminación del aire «está alcanzando niveles que ponen en peligro la salud de la gente y es responsable de la muerte anual de más de dos millones de personas».
Este organismo ha creado la primera base de datos sobre la polución mundial, donde se encuentran 1.085 ciudades de 91 países. Cerca de la mitad de países superan los niveles de toxicidad permitida, fijada en 20 microgramos de las partículas contaminantes grandes (PM10) por metro cúbico.
Por encima de ese nivel, el aire que se respira es perjudicial para la salud e incide en el riesgo de padecer alguna enfermedad respiratoria o cardiovascular. Los países más contaminados son Mongolia y Botswana, con niveles que rebasan 10 veces lo recomendado por la OMS. En ciudades como Ahwaz, en Irán, las partículas contaminantes en el aire son 372 microgramos por metro cúbico.
España cuenta con unos niveles ligeramente superiores a los recomendados. Los 29 microgramos registrados en nuestro país están en la línea de países como Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda o Portugal. La urbe española que peor respira es Zaragoza, con un registro de 45, seguida de Granada, con 40. Madrid -muy criticada por la polución- se acerca a la media española, con 26. Las mejores son Santiago de Compostela y Logroño, con 18.
«En estos datos influye la situación geográfica, no cabe duda. No es lo mismo una ciudad de montaña, que una de mar o una industrial, pero creo que empieza a haber una concienciación importante de los ciudadanos para que se mejore la calidad del aire», explica María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS.
* Ethic - Sandra Gallego Salvá | Pablo Blázquez - 15.1.12
Foto: Hong Kong (China), rascacielos - ethic
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Antología del ladrillazo
En las fotografías que forman la muestra el espectador puede ver como unas familias, aparentemente normales, desarrollan su vida diaria en unas viviendas que han quedado sin terminar. Los actores que han participado en el proyecto son familiares de las propias arquitectas y el mobiliario empleado fue prestado por empresas que colaboraron con la iniciativa.
Las arquitectas realizaron una labor semejante a la de un director de cine, ya que primero fotografiaron los escenarios donde se iban a montar las escenas y luego instruyeron a los improvisados actores para que posasen de la forma que ellas querían. La mayoría de las fotografías fueron tomadas en inmuebles abandonados de la comarca de Ferrol, ya que es donde residen dos de las impulsoras del proyecto.
Luz Paz explica que la idea surgió hace un par de años, cuando comenzaba a agudizarse la crisis inmobiliaria, y decidieron darle al proyecto el nombre de Spanish Dream para ironizar sobre el hecho de que hace unos años parecía que la única manera de la que un español podía ser feliz era llegar a ser propietario de una vivienda. "Tener casa propia es un sueño típicamente español que no se da en otros países de Europa. Yo misma conozco a parejas que incluso decidieron vivir juntas en casa de una de sus familias con tal de poder ahorrar para comprar un piso. Ahora muchos están en el paro y no tienen dinero ni para pagar el piso, ni para alquilar", indica Ana Amado.
Según las promotoras de Spanish Dream, las responsabilidades en esta especie de locura colectiva en la que nos involucramos casi todos hay que repartirlas entre distintas partes, en las que sobresalen los poderes públicos y los bancos. Tampoco sus colegas de profesión quedan a salvo ya que detras de cada una de los inmuebles en ruinas que aparecen en las fotografías hay un arquitecto responsable. Paz recuerda que un informe realizado hace unos años por el propio COAG señalaba que tan solo un 5% de los arquitectos colegiados en Galicia dirigían todas las promociones inmobiliarias que estaban en marcha . "El resto nos dedicábamos a otras cosas", añade, "lo que no quita que hayamos tenido un papel activo en todo lo que ha pasado. Lo estamos pagando con el desprestigio de la profesión y la falta de encargos".
Ellas mismas tienen que afrontar la mala situación del sector. Ana Amado se ha trasladado a Madrid en busca de mejores oportunidades, Marta Marcos también está pensando en emigrar y Luz Paz, sin proyectos a la vista, se dedica a dar clases en la Escuela de Arquitectura de A Coruña. Paz advierte de que Galicia está perdiendo dinero invertido en formación y un capital humano importante. "Mmuchos de mis alumnos están pensando en marcharse ante la falta de oportunidades que hay aquí", lamenta.
Durante la realización del proyecto confiesan habérselo pasado muy bien y reivindican que, a pesar de todo lo sucedido, la figura del arquitecto sigue siendo necesaria. "Se nos ha visto como unos mercenarios al servicio de los constructores y la arquitectura no es eso", indica Luz Paz. "Nosotros somos los que diseñamos los lugares donde vive la gente y esa es una labor importantísima", reivindica Ana Amado. A pesar de todo, no pierden el buen humor y llevaron la ironía hasta la inauguración de la muestra, donde los cánapés habituales fueron sustituídos por bocadillos envueltos en papel de aluminio, el almuerzo preferido por los obreros que levantaron los muertos vivientes que ahora jalonan nuestra geografía.
* El País - JOSÉ LUIS ESTÉVEZ - Santiago - 14/01/2012
Fotografía de la muestra Spanish Dream, que puede verse en la sede del COAG en Santiago.- elpais
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Cañete reformará la ley que defiende el uso público del litoral
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció la reforma en la toma de posesión de varios de sus altos cargos. El cambio pretende "armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de nuestros recursos naturales", según apuntó.
El anuncio ha soliviantado a las organizaciones ecologistas más activas en la defensa del litoral, como Greenpeace, que advirtió que promoverá "fuertes movilizaciones" si la reforma impulsa la destrucción de la costa. En 23 años, la ley se ha aplicado ya en más de 9.000 kilómetros del litoral español, pero todavía quedan cientos de kilómetros al margen de la legislación.
Las provincias más problemáticas son Alicante y Huelva.
Con este anuncio, Greenpeace ve "peligrar los últimos tramos de costa virgen", expresó la ONG en un comunicado. Polémicos proyectos como los de Marina de Cope (Murcia), diez puertos deportivos en Balears, los puertos de Pasaia (Gipuzkoa) y Tarifa (Cádiz) o el macroproyecto hotelero en El Palmar (Cádiz) tendrían "vía libre para desarrollarse sobre la primera línea de costa", teme Greenpeace, como ya ocurrió con el polémico hotel de El Algarrobico (Almería), pendiente de derribo. Un portavoz del gabinete de Arias Cañete no entendía las protestas ecologistas. "De momento no hay ninguna reforma, sólo el anuncio y punto", explicaba.
Los chiringuitos
La modificación de la Ley de Costas, que no figuraba en el programa electoral de Mariano Rajoy, era esperable. El PP ya propuso varios cambios estando en la oposición, tanto en el Senado como en el Congreso. Las casas construidas antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años para que la ley no resultara confiscatoria. Previsiblemente, la reforma de Arias Cañete podría ampliar ese plazo en algunos casos, más allá de 2018.
"Sí a los chiringuitos", declaró Rajoy en mayo, ante el supuesto fin de estas instalaciones turísticas en las playas. El Gobierno socialista había explicado, en medio de la polémica, que sólo ocho de los 400 chiringuitos del País Valencià vulneraban la Ley de Costas.
* Público - 13.1.12
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - teleprensa.net
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El juicio contra el alcalde de San Vicente se reanuda el día 30
La vista estuvo fijada inicialmente para los días 7 a 10 de noviembre, pero se suspendió debido a que se abrió la posibilidad de que la entidad bancaria que financió la construcción de las viviendas objeto del litigio, en la zona de La Argolla, se personara como perjudicada. Junto a Vélez, estaban acusados el teniente de Alcalde, Serafín Bada, el ex edil de Urbanismo, Angel Chaves (elegido por Izquierda Unida, que gobernó en coalición con el PP tras una moción de censura y expulsado de esta formación) y el ex concejal de Medio Ambiente, Luis Martín Dávila.
El Ministerio Fiscal pide para cada acusado por un delito contra la ordenación del territorio la pena de dos años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación para ejercer cargo público como miembros de la Corporación Local (sólo Vélez forma parte actualmente de ella). A estas penas, cada acusado se enfrenta a otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo públicos como miembros de la Corporación Local por un delito de prevaricación urbanística por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización de 18 viviendas en la zona de La Argolla, dentro de los límites del Parque de Oyambre. La empresa Prado y Pernaza solicitó licencia de obra para construir 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados. Según el Fiscal, los acusados permitieron ese trámite son recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria, y lo hicieron porque «eran conscientes» de que el informe no sería favorable a la construcción. El emplazamiento, en concreto, era una zona de influencia del Lugar de Interés Comunitario de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, y en la parte más litoral del parque, un área, por tanto, «con mayor fragilidad paisajística» a la que de hecho causó un «significativo impacto».
* El Diario Montañés - EP. - 12.1.12
Foto: San Vicente de la Barquera (Cantabria) - turismo
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El New York Times dedica un reportaje a Marinaleda, el pueblo sin hipotecas
Bajo el título "Trabajo para todos y sin hipoteca en un municipio español", el reportaje señala que la gestión del alcalde, desde 1980, ha adoptado un modo que es sinónimo de "lucha contra la pobreza rural".
El reportaje destaca que el puebo, sin paro ni hipotecas, aplica desde hace 30 años el modelo socialista. La información describe a Marinaleda, un municipio de unos 3.000 habitantes, como un "enclave comunista" rodeado de campos de olivos y donde el desempleo es marginal.
El alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha declarado al diario que la crisis económica prueba la sabiduría de la visión socialista, un modelo que se aplica en Marinaleda desde hace treinta años.
El reportaje destaca que mientras en el resto de España la gente trata de conseguir un crédito barato para comprar viviendas sobrevaloradas en el precio, los vecinos de Marinaleda se han construido su propia vivienda, lo que los hace "libres" de una hipoteca.
Nadie se queda en paro
"Si un residente pierde su trabajo, la cooperativa lo contrata", afirma el alcalde, "así que nadie busca un trabajo" en Marinaleda, mientras recuerda que en la provincia de Sevilla la tasa de desempleo es del 21%.
La información no sólo ofrece la versión del alcalde, que es también diputado andaluz de IULV-CA y de los vecinos que están de acuerdo con su modelo de gestión, sino que también entrevista al concejal del PSOE Hipólito Aires, quien subraya que "al promover las plantaciones de baja productividad, él (en alusión al regidor) mantiene votantes dependientes" a los que conserva su trabajo si le siguen apoyando en las urnas.
El PSOE acusa al alcalde de ser el mayor propietario de tierras y comprar votos
El reportaje destaca que las principales críticas a la gestión de Sánchez Gordillo se fundamentan en la ausencia de libertades para criticar sus actos y refleja que el PSOE lo acusa de ser "el mayor propietario de tierras en Marinaleda", pese a que abanderó una lucha por los derechos de los jornaleros y contra la propiedad privada, con la ocupación de varias fincas en la Sierra Sur sevillana.
La información resume que Marinaleda se ha convertido en un centro del activismo de izquierdas y recuerda que la campaña más destacada contra la propiedad de las tierras culminó con la expropiación de las fincas del Duque del Infantado, donde se ha establecido una cooperativa de jornaleros que trabajan la tierra.
El rotativo también resalta que el municipio no disponga de Policía Local por la ausencia de delitos y que la localidad está plagada de murales políticos con eslóganes revolucionarios, así como calles dedicadas a destacados políticos latinoamericanos de izquierdas.
* 20 Minutos - Efe - 27.05.09
Foto: Jornaleros trabajan en los cultivos del municipio sevillano de Marinaleda. (NEW YORK TIMES / LAURA LEÓN)
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Bruselas pone en peligro el IVA superreducido de Rajoy para la vivienda
Así se refleja en la Directiva 2006/112/CE de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. En su Anexo III, esta norma establece una lista de bienes y servicios que podrán estar sujetos a los tipos reducidos del IVA; y entre ellos, cita literalmente el "suministro, construcción, renovación y transformación de viviendas proporcionadas en el marco de la política social".
Aunque esta redacción puede tener una interpretación muy amplia, expertos fiscalistas consultados consideran que "no cabe entender en ningún caso que se puede aplicar a todas las viviendas que se vendan como residencia habitual, ya que la política social no puede comprender la totalidad del mercado".
Esta prohibición obliga al nuevo Ejecutivo español a una dura negociación con Bruselas para salvar la medida. "Al plantearse como algo excepcional sólo para unos meses, como hizo el Gobierno socialista, Bruselas no iba a poner pegas; pero si lo conviertes en una norma habitual, sí se va a oponer para evitar agravios comparativos con otros países comunitarios", señala otro experto.
En principio el Gobierno aprobó la semana pasada la prórroga de esta medida durante seis meses más, junto a la recuperación de la antigua deducción en el IRPF por la adquisición de vivienda. Pero, sumando al plazo que ha estado en vigor hasta ahora, puede exceder lo que las autoridades europeas consideran como admisible.
Tope de precio
Los expertos consideran que Bruselas no tumbará directamente la medida, sino que exigirá que se impongan condiciones adicionales para limitar su alcance y que pueda encajar dentro de esa definición de "política social".
"Es posible que exija que se limite a la vivienda de protección pública, o más probablemente, que se establezca un tope de precio a partir del cual no será de aplicación el tipo superreducido. Lógicamente, ese tope de precio tiene que ser suficientemente bajo como para que se pueda hablar de vivienda social", concluye uno de los fiscalistas citados.
* El Confidencial - Eduardo Segovia - 12.1.12
Foto: Vivienda digna - La hipoteca me mata
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La ex mano derecha de Matas le culpa de contratos ilegales
El testimonio más esperado de la jornada no defraudó y, con Matas a su espalda, sentado por primera vez en el banquillo de los acusados bajo una petición de pena de ocho años y medio de cárcel por cinco delitos, Estaràs se mostró convencida de que el expresident fue la persona que autorizó el concurso público que, formalmente convocado para contratar una asesoría externa de comunicación e imagen corporativa, habría servido en realidad para encubrir los pagos que percibía Alemany por elaborar las intervenciones del exmandatario.
"El expediente vino avalado por el gabinete del presidente", manifestó la exvicepresidenta del Govern, desvinculándose al mismo tiempo de la tramitación de esta iniciativa, después de que Matas afirmase durante la vista oral que Estaràs era "la que firmaba" y la que tenía la "responsabilidad orgánica" dentro de su gabinete.
"Autorización" de Matas
De hecho, atribuyó a Presidencia y a la Dirección General de Comunicación el impulso de esta contratación y aseveró que "lo habitual" era que el responsable de este último departamento, Joan Martorelltambién acusado por estos hechos "actuara bajo la autorización del presidente".
En su comparecencia, la testigo defendió que nada tuvo que ver con este proceso, a pesar de estampar su firma en él por una cuestión "formal" del organigrama puesto que la tramitación del concurso se inició en el departamento de Martorell, que "estaba en otro edificio", e iba "avalado por el presidente". "Más allá de la proposición técnica, no sé nada del expediente", sentenció en esta misma línea la exvicepresidenta.
Relación con Alemany
En cuanto a su relación con Alemany, la testigo manifestó que "en cuatro años" de mandato nunca se reunió a solas con él sino que tan sólo en una ocasión tuvo un encuentro con el periodista. Ocurrió, según señaló, a finales de legis-latura y en presencia de Matas, quien se lo presentó y le dijo que el articulista le sería "muy útil" para preparar el discurso del debate de investidura "de [Francesc] Antich", que arrebató en 2007 el poder a Matas, sucediéndole al frente del Govern tras el pacto alcanzado entre el PSOE balear, la extinta Unió Mallorquina y el PSM.
Sin embargo, Estaràs remarcó, durante su intervención en el juicio, que ella se encargaba de redactar sus propios parlamentos institucionales o en determinadas ocasiones los elaboraban sus funcionarios, al considerar que un discurso "es algo muy personal".
La eurodiputada fue interrogada en la primera jornada de declaraciones por parte de los testigos propuestos para la vista oral, que continuará este viernes con el interrogatorio de excolaboradores de Matas y de Alemany.
* Público - ESTHER BALLESTEROS Palma de Mallorca 12/01/2012
Foto: Palma, juzgado Matas y otros - diariomallorca
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A Coruña salda la mayor deuda urbanística de su historia
"Es la mayor indemnización por una sentencia urbanística de la historia de la ciudad", se quejó el primer teniente de alcalde, Julio Flores. El pago, en cumplimiento de la condena judicial, se acordó después de que los expropietarios de los terrenos rechazasen hace un año el intento del anterior gobierno de compensarles con parcelas de titularidad municipal en otra urbanización aún sin construir en el denominado futuro parque ofímatico. El pago de la indemnización, cuya primera entrega se hará antes de finalizar este mes y la última antes del primer trimestre de 2013, excluye los intereses de demora que los afectados han renunciado a cobrar. Flores destacó que gracias a ese acuerdo, las arcaslocales ahorrarán 825.000 euros.
Más sentencias
Pero el edil recordó que hay más sentencias pendientes de resolución en Someso de otros expropietarios que también obtuvieron el derecho de reversión, por lo que la indemnizaciones podría elevarse hasta 20 millones de euros, según cálculos del actual ejecutivo local. En vez de hacer un campo de fútbol para el Relámpago, el Ayuntamiento coruñés, en 1989 y con Francisco Vázquez de alcalde, se hizo con terrenos en este barrio periférico, pagando 35 euros el metro cuadrado. Pero los vendió para su desarrollo urbanístico y generó a las arcas municipales plusvalías de un 2.300%.
Flores no escatimó criticas contra el exalcalde socialista Javier Losada, edil de Urbanismo cuando se expropiaron los terrenos. "La negligencia socialista nos dejó 140 millones de euros de deudas y una larga lista de contigencias judiciales por sentencias urbanísticas, lamenta el portavoz local.
* El País - P. OBELLEIRO - A Coruña - 13/01/2012
Foto: A Coruña, ayuntamiento - Daniel Csörföly 04 (wikimedia.org)
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Los Barrios - El juez imputa al exalcalde Rojas y 4 ediles de su gobierno por el caso de La Gertrudis
A los cinco se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo así como contra los recursos naturales y el medio ambiente tipificados por el Código Penal con penas de prisión, multas e inhabilitación en diversos grados. Otras tres personas, técnicos municipales de diverso rango, también constan como imputadas en la providencia notificada a las partes esta misma semana y a la que ha tenido acceso Europa Sur. El proceso, que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, parte de una denuncia del Partido Andalucista de 2007 al entender que la calificación del suelo en vigor en aquel momento no permitía los movimientos de tierra desarrollados.
Además de Rojas, los políticos imputados son los entonces ediles Antonio Rodríguez, Yolanda Peinado, Pilar Olivares y Miguel Ángel Rodríguez Palomo. Tres de ellos mantienen atribuciones públicas: Antonio Rodríguez es consejero delegado de la empresa mancomunada Arcgisa y en ese momento gestionaba Urbanismo; Yolanda Peinado ocupa el cargo de delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía y Pilar Olivares es concejal en el actual mandato en el ámbito de la oposición. Rodríguez Palomo dejó la política activa en 2007 y Alonso Rojas cesó del cargo por la condena judicial que le inhabilitó por desobediencia a la Justicia (caso Dytras). En función de los testimonios que se aporten a partir de ahora, el juez decidirá si continúa adelante con la causa -en caso confirmar los indicios de delito sobre uno o varios imputados- o la archiva. La providencia también solicita al Ayuntamiento una copia del decreto de la licencia.
La actuación judicial se retrotrae al 18 de agosto de 2006, fecha en la que la junta de gobierno local concedió licencia de obras a una empresa local para ejecutar el desmonte previo a la urbanización de la entonces finca pública La Gertrudis (32 hectáreas) donde el gobierno local socialista promovía una zona para acoger actividades industriales. Los andalucistas y varios colectivos ecologistas denunciaron por separado los movimientos de tierra que comenzaron a los pocos meses al entender que se estaba actuando sobre un suelo que no estaba clasificado como industrial. De hecho, no obtuvo dicha tipología hasta la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística (2008). En el momento en que comenzaron los trabajos las parcelas estaban catalogadas como suelo rústico (PGOU de 1986). Las obras fueron paralizadas cautelarmente en 2009 por una orden judicial a raíz del proceso abierto por los grupos ecologistas y 28 denunciantes a título particular.
Los ediles imputados son todos los que estaban presentes en dicha reunión -aprobaron la licencia por unanimidad- y los técnicos facultaron y firmaron los informes que ampararon la actuación. El juzgado solicita que se identifique qué cargo ocupaba cada uno de los ocho imputados dentro de la función pública en la fecha de referencia y que se realicen las labores necesarias para notificarles la imputación con el fin de poder llamarles para declarar.
Parte de las actuaciones en La Gertrudis fueron llevadas a cabo desde el entramado de empresas municipales hoy disueltas (GAMA, principalmente), en todo caso presididas por el entonces alcalde. Rojas sostuvo en varias ocasiones ante este periódico que las actuaciones tuvieron amparo legal conforme a la situación de la finca y que sólo fueron una limpieza de la parcela.
El Código Penal establece para los delitos contra la ordenación territorial unas penas de prisión que oscilan entre un año y seis meses a cuatro años; multa de 12 a 24 meses e inhabilitación de uno a cuatro años (artículo 319.1) para los promotores, constructores o técnicos directores de obras que contravengan la Ley. En el caso de autoridades o funcionarios públicos que informen favorablemente, las penas de prisión y multa previstas son las mismas si bien la inhabilitación prevista va de siete a diez años (artículo 320). Para los delitos contra el medio ambiente (artículo 325) las penas de prisión oscilan entre dos y cinco años; las multas de ocho a 24 meses y la inhabilitación de uno a tres años.
* EuropaSur - 12.1.12
Foto: Imagen de la finca La Gertrudis durante las labores de desmonte, en julio de 2007 - europasur
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Barcelona.- Los mandos de los mossos irán a juicio por las cargas a los indignados
Hoy, este proceso ha dado sus primeros frutos. El juez que investiga los hechos ha citado a declarar como imputados a la exteniente de alcalde de Seguridad, Assumpta Escarp, y al director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, junto a dos mandos del dispositivo policial.
No ha sido imputado, en cambio, el conseller de Interior, Felip Puig, porque el juez instructor carece de competencia para investigarlo, según fuentes judiciales, por tratarse de un aforado, por lo que el caso correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La identificación de los agentes que cometieron abusos fue imposible porque no llevaban sus placas a la vista, por lo que fuentes judiciales ya avisaron en su momento que la mayoría de denuncias sobre mossos particulares quedarían archivadas.
Declaraciones por la "operación limpieza"
En una providencia, el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona fija cuatro días de las próximas semanas para tomar declaración a los imputados Escarp y Prat, así como al responsable aquel día del dispositivo de orden público de Barcelona de la policía catalana, Antoni Antolín, y el jefe de los antidisturbios, David Bordas.
Estas cuatro imputaciones derivan de la querella que medio centenar de indignados presentaron en los juzgados por la operación policial del pasado 27 de mayo, que se inició como una "operación de limpieza" de la plaza y acabó derivando en cargas policiales que se saldaron con más de un centenar de heridos.
El juez Josep Maria Miquel Porres, tras tomar declaración a 51 denunciantes y visualizar numerosos reportajes gráficos de las cargas, decidió admitir a trámite la querella interpuesta por los indignados y abrir una investigación contra los responsables de la operación, por posibles delitos contra los derechos fundamentales, como el de reunión.
Antes de citar a declarar a los imputados, el juez instructor ha encargado informes forenses para comprobar si los partes médicos aportados por los querellantes son compatibles con las imágenes de las cargas policiles, han informado fuentes judiciales.
Desalojo multitudinario de la plaza de Catalunya
La intervención policial en la plaza de Catalunya, que los indignados interpretan como un intento de desalojo encubierto, movilizó a una amplio dispositivo de antidisturbios de los Mossos y agentes de la Guardia Urbana para facilitar las tareas de limpieza del espacio de la acampada por las brigadas municipales (aquí puedes ver una fotogalería de la carga).
Los cerca de 200 indignados que dormían en la plaza se negaron a abandonarla y, al cabo de unas horas, eran cerca de un millar las personas que se concentraban en el lugar en apoyo de los acampados, para impedir que los equipos de limpieza pudieran acceder al lugar.
Los Mossos d'Esquadra cargaron contra los concentrados, en una operación que se saldó con más de 120 heridos, y los indignados recuperaron la plaza después de que las brigadas de limpieza se llevaran de la acampada desde colchones, toldos o sofás, hasta los elementos rígidos que servían de soporte a las pancartas y a los altavoces, además de ordenadores y enseres personales.
* Público - Efe - 11.01.12
Foto: Los indignados denunciaron la violencia de las cargas.- publico
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Griñán hace legal lo ilegal
PEDRO TENA* : La Junta va a librar de la piqueta 9 de cada 10 casas ilegalmente construidas en Andalucía, con lo que se hace bueno el dicho de tú construye que una vez hecha la casa, no la cae nadie. En lo que cabe considerar como una amnistía encubierta de delitos urbanísticos, la decisión de Griñán hace que el esfuerzo de respetar la legalidad que hacen millones de ciudadanos andaluces seas equivalente al esfuerzo de quebrantarla que realiza una minoría que ahora ve que no cumplir la ley es bien rentable como se quiere electoralmente rentable la medida impulsada por José Antonio Griñán.
El 90 por ciento de las viviendas construidas en Andalucía en suelos no urbanizables podrán regularizarse a través de las distintas fórmulas y sólo un 10 por ciento de las alrededor de las 250.000 edificaciones que están al margen de la legislación corren el riesgo de ser derribadas.
Si escandalosa es la situación jurídica creada, más escandalosa aún es la explicación aportada por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, que dice que el objetivo del Decreto del gobierno Griñán es adaptar la «realidad física a la jurídica» así como «acotar un fenómeno del pasado», que es como califica al urbanismo descontrolado y consentido por la Junta hace muchos años. De este modo se justifica que cualquiera haga lo que quiera, porque, después, se adaptará la realidad física a la jurídica.
En Andalucía alrededor de 250.000 viviendas ilegales de uso residencvial que no pueden ser demolidas ahora porque ha prescrito el delito urbanístico pero que tampoco podían ser legalizadas. Hasta ese punto ha sido negligente y dolosa la conducta de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE desde 1982, hace treinta años.
La consejera ha dicho que no se trata de una regularización indiscriminada ni de una «ley de punto final». Según ella y con el censo realizado en la mano,
«de cada diez viviendas una se puede legalizar directamente, ocho podrán ver reconocida su situación y se les dotará de servicios básicos, pues no se pueden demoler porque el posible delito ha prescrito, pero tampoco se legalizarán; y una de cada diez viviendas sería demolida y no se podría legalizar». Estas últimas son las que se encuentran en suelos de especial protección y/o en zonas inundables.
* Noticias de Almería - Opnión - 12.1.12
Marbella.- El dueño de la promotora Aifos da la espalda a Roca
Ruiz Casado, acusado de haber pagado 4,8 millones al ex asesor de Urbanismo para obtener favores urbanísticos, dijo en primer lugar que parte de las anotaciones que figuran en la contabilidad secreta de Roca atribuidas a Aifos corresponden a pagos legales que él hizo al Ayuntamiento de Marbella y a sumas que aportó para patrocinar actividades municipales. Después negó que él, su empresa o cualquiera de sus directivos hubiera encargado un informe técnico a Juan Antonio Roca relativo al hotel Guadalpín. El ex asesor de Urbanismo de Marbella afirmó en el juicio por el caso Malaya el 14 de noviembre que recibió por ese asesoramiento 2,6 millones de euros en negro. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero le pidió ayer explicaciones a Ruiz Casado por este pago. Su respuesta fue clara: "El señor Roca se equivoca".
El principal accionista de Aifos se negó ayer a ratificar las dos declaraciones que hizo en julio de 2006 ante el juez que investigó la corrupción político urbanística de Marbella. En la segunda comparecencia apuntó que Roca le había pedido dinero a través de su director en Andalucía, Francisco García Lebrón. Ayer se limitó a aclarar que dijo lo que dijo para evitar la cárcel. El magistrado Torres ordenó su ingreso en prisión el 20 de julio de 2006, aunque tras la segunda declaración logró salir en libertad bajo fianza de 500.000 euros.
Ruiz Casado aprovechó el interrogatorio al que le sometió ayer el fiscal Anticorrupción para presentarse como una víctima sometido a la extorsión del Ayuntamiento de Marbella, a través de Juan Antonio Roca. Explicó que el hotel Guadalpín Banús reunía todas las condiciones previstas en el plan general de ordenación urbanística de 1986. Sin embargo, "el Ayuntamiento con el único fin de recaudar" le obligó a suscribir en marzo de 2004 dos convenios para legalizar excesos de edificación que, de acuerdo con su versión, no existían, aunque la Fiscalía Anticorrupción mantiene que se agregaron 2.000 metros edificables más en el hotel y 4.000 en la parcela adyacente. Ninguno de estos convenios llegó a ser ratificado por el Ayuntamiento de Marbella, si bien el municipio reclama en la actualidad en el concurso de acreedores que pesa sobre la promotora el pago de la cantidad que no se llegó a aportar e incluso parte de la suma que sí se hizo efectiva.
La Fiscalía Anticorrupción indica por contra en su escrito de acusación que ambos convenios implicaban el pago de dos millones de euros al Ayuntamiento de Marbella y otros 2,5 millones en comisiones ilegales a Juan Antonio Roca.
El dueño de la promotora se esforzó ayer en hacer ver que su empresa tuvo que plegarse a la "imposición" del Ayuntamiento porque antes se había enfrentado a la Administración local y había perdido el pulso. Recordó el enfrentamiento que mantuvieron con el hotel Guadalpín Marbella cuando un cambio de criterio al computar como edificable unas terrazas les acabó llevando a tener que firmar otro convenio que les supuso el desembolso de dos millones de euros y la conmutación de una deuda que tenía el municipio con la promotora.
Aifos firmó en junio 2004 un tercer convenio con el Ayuntamiento de Marbella que también forma parte del caso Malaya. Gracias a este acuerdo la promotora entregaba al Ayuntamiento unos locales de 217 metros y 2,5 millones de euros más un soborno millonario a Juan Antonio Roca a cambio de un terreno de 15.000 metros en la zona de Guadaiza.
Los locales los había comprado Aifos en abril por 4,2 millones de euros a Carlos Sánchez y Andrés Liétor, empresarios que según la Fiscalía formaban parte del círculo de Roca y que a su vez los habían adquirido en abril por 2,4 millones. La permuta implicaba para el municipio un quebranto de 39,7 millones, según valoraciones de la acusación. Ruiz Casado se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por cohecho y fraude.
* EuropaSur - ENCARNA MALDONADO - 11.1.12
Foto: El principal accionista de Aifos, Jesús Ruiz Casado, ayer, durante su declaración ante el tribunal que juzga el caso Malaya.- europasur
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Juez ve indicios de prevaricación en operación de exedil Urbanismo de Granada
En el auto, el Juzgado de Instrucción 3 considera que los hechos pueden ser calificados inicialmente como constitutivos de un delito de prevaricación, por lo que acuerda la continuación de las actuaciones por el procedimiento abreviado, de lo que da cuenta tanto a la Abogacía del Estado como a la Fiscalía, que ha solicitado nuevas diligencias, según ha indicado a Efe el Ministerio Público. Los ocho encausados restantes son en su mayoría promotores de Granada y técnicos municipales.
Los hechos, que fueron objeto de denuncia por parte de la Fiscalía, se remontan al acuerdo alcanzado en 2005 entre el Ayuntamiento y un conjunto de promotores de Granada para el desarrollo urbanístico de unas parcelas del Cerrillo de Maracena con una superficie neta de 177.384 y 87.041 metros cuadrados.
Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, el acuerdo se plasmó en un convenio urbanístico suscrito entre otros por el entonces concejal de Urbanismo y dos conocidos promotores de la ciudad.
Desde ese momento, agrega el auto, se asentaron las bases, mediante la fijación de un sistema de obligaciones entre los suscribientes, para que el Ayuntamiento se atribuyera a sí mismo un aprovechamiento urbanístico "superior al que legalmente le correspondía con base a terrenos que no eran de su propiedad, sino bienes de dominio público".
Los promotores quedaban obligados a comprar esos aprovechamientos conforme al precio prefijado, "de manera que la exigencia contractual incrementaba las arcas del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, acrecentaba las expectativas comerciales de los promotores", que al tener más participación en el sector "veían en el futuro pingües beneficios económicos derivados del proceso edificativo".
El convenio firmado preveía la cesión por los propietarios al Ayuntamiento del equivalente económico del 10 % del aprovechamiento medio del área de reparto, y el pago al consistorio en metálico del "aprovechamiento excedentario de titularidad municipal proveniente de los terrenos del Ayuntamiento (...), así como los excesos de aprovechamiento no atribuidos a otros propietarios, a pesar de no existir en el sector excesos o excedentes", agrega el auto.
El Ayuntamiento se comprometió a transmitir mediante precio a los propietarios "otros excesos de aprovechamiento que se concreten como de titularidad municipal" en la fase de ejecución del plan parcial al mismo precio que se tramiten en el citado convenio los excesos.
"En realidad -precisa el auto-, tales excesos, en parte, se materializaron con terrenos de dominio público pertenecientes a la administración del Estado -en concreto a Fomento y Medio Ambiente-".
* IDEAL - EFE - 11.1.12
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
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Una sentencia obliga a Sanxenxo a pagar 3,8 millones a promotoras
El fallo que ahora se vuelve firme atañe a un proceso accidentado que se inició con una de las últimas actuaciones urbanísticas de Telmo Martín como alcalde, en colaboración con la gerente municipal de urbanismo y actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas. Era a finales de 2006 y el Ayuntamiento decidió valerse de una cláusula de la Lei de Ordenación do Territorio para que dos grandes promociones inmobiliarias en Monte Faro, con miles de viviendas comprometidas, prescindiesen de la obligación de levantar viviendas públicas a cambio de 4,8 millones de euros en un caso y de 3,8 en el otro. El bipartito dela Xunta frustró ambas operaciones con un cambio normativo que eliminó la cobertura legal del apaño. A partir de ahí comenzó un conflicto administrativo y judicial entre empresas y administración local por el dinero, que las promotoras ya habían ingresado en las arcas municipales.
La sentencia de mayo afectó a la promoción menos onerosa, auspiciada por las constructoras Emprosal 16, Llave del Año y Lanzagolf. Se esperaba que el municipio apelase, pero el recurso no llegó. Según un portavoz municipal, por un posible error del procurador, que no presentó dentro del plazo el escrito de personación en la causa. Sanxenxo tiene externalizada la gestión de sus múltiples pleitos, que le han costado cientos de miles de euros en minutas en los últimos años.
La resolución de mayo censuraba la actuación municipal tras hacer un repaso por los vericuetos administrativos de la negociación entre las empresas. La tesis municipal era que los pagos millonarios no eran la contrapartida para evitar levantar viviendas públicas, sino una contribución amistosa definida unas veces como "cesión voluntaria" y otras como "participación desinteresada en los proyectos de la colectividad". En varios informes municipales la causalidad se explicita de forma clara, pero en otros queda difuminada. "La oscuridad en la redacción de los contratos nunca puede favorecer a quien la ha propiciado, en este caso el Ayuntamiento", tercia la sentencia, que considera fundamental un convenio de marzo de 2007, ya con Martín y Rivas fuera de Sanxenxo, que se refiere precisamente al reembolso para las empresas en caso de cambios en la ley tales como los que después se produjeron. El pago de los 3,8 millones de euros se produjo una semana después de este último convenio.
La resolución sigue sin escatimar epítetos contra el Gobierno local, al que achaca su "conducta sinuosa" y su intención "maliciosa". Se refiere en ese sentido a los intentos municipales de dar por resuelto el convenio, una vez se comprobó que los cambios legales iban a impedir que el convenio se llevase a la práctica. El Ayuntamiento quiso dar por finiquitado el acuerdo al seguir con la tramitación del plan parcial según la nueva normativa. Las empresas se opusieron y comenzó la batalla.
El varapalo judicial ha tenido reacciones desde las filas de la oposición. El edil del BNG David Otero habla de colapso financiero. La portavoz socialista, Dulcinea Aguín, pidió, por su parte, la dimisión de González. "Si tuviera decencia política hoy dimitiría y se iría a su casa. Presentar los recursos fuera de plazo es una burla", acusó.
La 'conexión Gürtel'
Aunque la resolución judicial solo afecta al denominado suelo urbanizable 13 de Monte Faro, el terreno colindante del suelo urbanizable 14 ha seguido una tramitación paralela en el tiempo y los procedimientos. La diferencia fundamental es que el pago al municipio a cambio de la exención de levantar vivienda pública se elevó a 4,8 millones de euros. A falta de una resolución judicial todavía pendiente, este segundo caso adquirió notoriedad porque una de las sociedades implicadas, Mirador de Sanxenxo, era entonces propiedad de Sedesa, una de las empresas salpicadas por las acusaciones de financiación ilegal del PP valenciano en el caso Gürtel. A ello se le suma que el firmante del recurso de reposición contra el Ayuntamiento para el reclamo del cobro era el actual jefede la Consellería de Territorio en Pontevedra, José Luis Díez Yáñez. La Xunta justificó varias veces el pasado año este nombramiento, la última en noviembre. La encargada fue la propia Encarnación Rivas, ahora secretaria general de Urbanismo y, entonces, gerente del mismo departamento en Sanxenxo. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administración", afirmó entonces.
Las trayectorias gemelas de las dos promociones difieren a partir de julio de 2009, cuando Mirador de Sanxenxo firmó un convenio urbanístico previo a la aprobación del plan parcial de desarrollo de ese terreno en cuya documentación preparatoria el municipio trataba de cubrirse las espaldas con una referencia a que tal acuerdo suponía "una renuncia clara y terminante a cualquier exigencia de devolución". A este documento se aferra el Ayuntamiento para mantener sus expectativas de un fallo favorable en esta segunda causa.
El problema es que incluso las resoluciones favorables les están costando muy caras a la Administración local, según recordaba ayer Aguín. "Llevamos dos ejercicios económicos en los que la Gerencia de Urbanismo arroja pérdidas. Más de 480.000 euros en el ejercicio de 2010 y más de 600.000 en 2011, gastando en gabinetes jurídicos externos más de 600.000". Entre las minutas más abultadas está las del bufete de José Luis Narbón, que ha hecho trabajos de asesoría el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, y que facturó 345.000 euros al municipio entre 2006 y 2009.
* El País - VÍCTOR HONORATO - Pontevedra - 11/01/2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
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Continúa la carrera de recortes suicidas
SOLIDARIDADOBRERA* : El 1% de la población (los ricos) que ingresan una media anual de 600.000 euros; financieros e inversionistas que especulan con dineros públicos que reciben al 1% (del Banco Central Europeo, por ejemplo) y hacen pagar a los estados y particulares el 5% - 8%; banqueros y financieros que reciben miles de millones de euros de los fondos públicos y especulan, roban y se embolsan 2,34 millones de euros en salarios; ministros de economía que son responsables de la crisis financiera causada por la banca de inversión (Lehman Brothers), ministros de defensa que se han pasado toda la vida en empresas de armamento lucrándose a costa de las armas y las guerras, presidentes del gobierno y políticos con patrimonios de 4/7 viviendas y más de 1 millón de euros anuales en sus declaraciones…. Esta minoría de personas, NO NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS, pues su negocio se encuentra en crearnos más y más crisis.
El RD 20/2011 publicado el último día del pasado año, supone una nueva agresión a todo el cuerpo de derechos de la mayoría social: trabajadores y trabajadoras con empleo, funcionarios y personal laboral de las administraciones públicas y de las empresas públicas, jóvenes en paro, personas dependientes, pensionistas de cualquier clase de pensión... Así, las personas asalariadas, soportarán dos tercios de los 8.900 millones que supone este primer recorte, por medio de la subida del IRPF en sus nóminas con una media de entre 3 y 5 puntos a partir de febrero. El gravamen desde 0,75 puntos a 7 puntos, se hace por tramos, encontrándose en los tramos de ingresos bajos medios (desde 17.707 € a 120.000 €) más del 99% de todos los y las declarantes. Los salarios bajos y medios soportan más del 90% de los ingresos por IRPF.
Por su parte, los ricos (empresarios, banqueros, grandes fortunas, etc) tributan a través del Impuesto de Sociedades y de los chiringuitos financieros como las SICAV y estos tributos, no han sido tocados. Como tampoco se ha metido mano al fraude fiscal concentrado en grandes empresas y corporaciones financieras (fraude estimado en 74.000 millones de euros) y como tampoco se ha creado un Impuesto sobre las grandes fortunas y las transacciones financieras millonarias, que a diario especulan en los mercados.
Las personas que trabajan en la Administración y en empresas públicas, volveremos a sufrir rebajas en nuestros salarios un año más: ahora con el aumento del IRPF perderemos entre 2 y 5 puntos, se nos pretende alargar la jornada semanal en 2,5 horas lo que supone perder una media del 6 % del salario y no se contratará a nadie. De los 8,8 millones de pensionistas, más de 4,7 millones no llegan a 641€ mensuales y 1,8 millones se encuentra entre 700 € a 1.100 € mensuales, verán incrementadas sus pensiones 2012 en un mísero 1%, Además 6 millones de estos pensionistas perderán un 2,9 % como consecuencia de no revisarles las pensiones en el 2011.
A los jóvenes se les elimina la ayuda a la vivienda, a las personas con necesidades y dependientes se les rebajan las prestaciones, a las personas más necesitadas y excluidas, se les recortan las partidas para organizaciones sociales que se dedican a “paliar” necesidades que el “Estado del Bienestar” nunca ha llegado a cubrir. En conclusión, el decretazo que anuncian como el inicio del inicio de los recortes, ahonda las políticas antisociales del anterior Gobierno PSOE: robo de rentas y derechos a la mayoría social, el 99% de la población, y regalo para que los ricos (1%, grandes empresarios, financieros, mercaderes especuladores, ejecutivos y personal directivo, consejeros de empresas, banqueros y monarcas…) sean cada vez más ricos, a costa de seguir agrediendo los derechos y conquistas de la clase obrera y de la vida en el planeta.
El 1% de la población (los ricos) que ingresan una media anual de 600.000 euros; financieros e inversionistas que especulan con dineros públicos que reciben al 1% (del Banco Central Europeo, por ejemplo) y hacen pagar a los estados y particulares el 5% - 8%; banqueros y financieros que reciben miles de millones de euros de los fondos públicos y especulan, roban y se embolsan 2,34 millones de euros en salarios; ministros de economía que son responsables de la crisis financiera causada por la banca de inversión (Lehman Brothers), ministros de defensa que se han pasado toda la vida en empresas de armamento lucrándose a costa de las armas y las guerras, presidentes del gobierno y políticos con patrimonios de 4/7 viviendas y más de 1 millón de euros anuales en sus declaraciones…. Esta minoría de personas, NO NOS VAN A SACAR DE LA CRISIS, pues su negocio se encuentra en crearnos más y más crisis.
El 99% de la población: 18 millones de personas asalariadas, 5 millones de personas paradas, la juventud, los 8,8 millones de pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las necesitadas, somos quienes PODEMOS y DEBEMOS salir de sus mentiras, de sus estafas sociales, ecológicas, materiales, civiles... diciendo NO A SUS LEYES, plantándoles cara ORGANIZADAMENTE. Solidaridad Obrera llama al 99 % de la sociedad a autoorganizarse, a los trabajadores y trabajadoras en sindicatos, a los jóvenes en colectivos. Siempre horizontalmente, sin jerarquías, ni líderes sabelotodo, donde no repitamos o copiemos los errores del sistema. La lucha social, la revolución es el único camino, ante su INJUSTICIA SOCIAL, ante sus LEYES, ante su CRISIS que causan el empobrecimiento y la desigualdad, a la vez que atentan contra el medio natural, el clima, el planeta. No podemos proseguir como si nada ocurriese, tenemos que ir poniendo en pie alternativas a este desastre que todos y todas vamos viendo como se nos cae encima.
* Por Solidaridad Obrera LA JUNTA SINDICAL
* Nodo 50 - Opinión - 7.1.12
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