De nada han servido los argumentos esgrimidos por el Concello pontecesán para evitar el pago y, además, ha recibido un buen tirón de orejas por parte del TSXG, que señala que la indemnización «es consecuencia de la negligente actuación del servicio urbanístico» del municipio en lo relativo a la demolición de la quinta planta del edificio en cuestión, situado a la entrada de Corme.
Según señala sentencia, a pesar de que el Concello detectó desde un principio (las obras comenzaron en 1984) que el inmueble era ilegal e inicialmente ordenó la suspensión de los trabajos, «siguió siendo construido hasta su terminación, después de lo cual se fueron vendiendo sucesivamente sus distintos pisos, incluido el de objeto de recurso, que acabó siendo finalmente derribado en cumplimiento de una sentencia judicial», la misma que estableció que los dueños de la vivienda deberían ser indemnizados por el valor del piso en cuestión, aunque no, tal y como reclamaban ellos, por daños morales.
El TSXG también rechazó el argumento del Concello de Ponteceso, que expuso como responsables de todo lo ocurrido a los propietarios del piso en cuestión, por no haberse cerciorado de la existencia de la correspondiente licencia municipal, y también al constructor, «que los engañó». Sin embargo, y aunque el tribunal recuerda que el Ayuntamiento podría denunciar al promotor de las viviendas, destaca el Concello pontecesán «incurrió en una actividad de una torpeza, desidia y negligencia de tal importancia, gravedad y duración, que propició una situación de equívoco para las personas que fueron comprando los pisos, lo que les acabó produciendo un daño patrimonial que no tenían obligación de soportar». La sentencia también destaca el «irregular y anormal funcionamiento del servicio de urbanismo del Concello, que después de haber advertido desde un primer momento la ilegalidad de la construcción y de haber paralizado las obras, se desatendió a lo largo de muchos años de su deber de hacer cumplir estrictamente la legalidad urbanística y permitió la continuación y acabado de los distintos pisos del edificio, así como su adquisición y ocupación sucesiva».
Paradójicamente, recalca el TSXG, el Concello de Ponteceso incluso llegó a pasar el impuesto de bienes inmuebles a los propietarios del piso demolido.
El edificio afectado por la sentencia fue construido en 1984 en la entrada de Corme. Tal y como señalan varias sentencias, el Concello de Ponteceso fue consciente desde el principio de que las obras eran ilegales e incluso ordenó su paralización, algo que no se llevó a cabo y el edificio se concluyó. El inmueble fue legalizado en parte cuando se aprobó el PXOM, en el 2002, pero el bajo cubierta, y cuarta planta seguían excediendo las alturas máximas permitidas en la zona por la normativa y el proceso judicial desembocó en la orden de demolición de la última planta del edificio. El derribo costó 199.000 euros.
* La Voz de Galicia - 30.11.11
Foto: Ponteceso (A Coruña) - lavoz
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