JUAN CARLOS ESCUDIER* : La defensa del elegante Francisco Camps cree haber encontrado la solución al sudoku de los trajes con ceñidor trasero que le conducen directamente al banquillo por un delito de cohecho impropio. Según ha argumentado ahora como versión alternativa, en el caso de haber recibido los ternos lo habría hecho no como presidente de la Generalitat sino como presidente del PP de Valencia, que es un cargo que soporta todo sin consecuencias penales.
El enfoque tiene su interés para aquellos políticos a los que la honradez les persigue pero ellos corren más rápido. ¿Cómo justificará un concejal de Urbanismo que la comisión que recibió de un constructor no fue por la recalificación de un terreno? Pues razonando que aceptó el sobre como presidente de su comunidad de vecinos o como miembro de una sociedad gastronómica. ¿Acaso está prohibido que los constructores sean generosos con el directivo de un club de piragüismo o con el nazareno de una cofradía de Semana Santa?
Si el Tribunal Superior de Justicia de Valencia acepta la tesis de la dualidad en un solo cuerpo y evita que Camps sea juzgado acabaremos de golpe con la corrupción política, ya que será suficiente con que las dádivas sean acompañadas de un tarjetón en el que se especifique cualquier condición distinta a la de cargo público, tal que estudiante de solfeo o coleccionista de sellos. ¿Que qué pasa si un engominado como Correa te paga el viaje a Suiza a ti y a toda tu familia, incluido el billete de la asistente ecuatoriana, como le ocurrió a la vicesecretaria del PP, Ana Mato, autora además del Código Ético del partido? Pues lo mismo que si un desconocido te regala flores. El impulso no es delito.
Llevar a juicio al Honorable está resultando más difícil que conocer los ingresos de Javier Arenas, del que equivocadamente se dijo que era un cadáver político y en realidad es una tumba. Camps está a punto de demostrar las dos terceras partes del Misterio de la Santísima Trinidad. Existe un solo Camps en dos personas distintas: el presidente de la Generalitat y el del PP valenciano. El culpable del cohecho va a ser el Espíritu Santo.
* Público - Blogs - 14.07.11
Lo de Camps es un misterio
Málaga.- La Junta desbloquea el hotel de Moneo al subir la altura máxima permitida
La revisión de alturas y la corrección de diversos aspectos urbanísticos en la propuesta planteada permite desbloquear, entre otras iniciativas futuras, el proyecto de hotel y oficinas de la calle Hoyo de Esparteros, diseñado por el arquitecto Rafael Moneo. Así ha informado el delegado provincial de Cultura de la Junta, Manuel Jesús García, quien ha destacado que se ha realizado "un trabajo técnico absolutamente riguroso y serio" en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.
El delegado provincial de Cultura ha manifestado en un comunicado que esta modificación urbanística permitirá la dinamización y el desarrollo económico y turístico del entorno del casco histórico de la fachada de la margen oriental del río Guadalmedina.
En su opinión, "era imprescindible afrontar esta modificación no aisladamente, sino de una forma contextualizada en el entorno del Pepri del Centro de Málaga". En todo el proceso, ha manifestado, "nuestra colaboración ha sido máxima con el Ayuntamiento como promotor, que ya ha realizado las correcciones oportunas para posibilitar la modificación de elementos".
Desarrollo 'más ágil'
García ha añadido, no obstante, que "el desarrollo de todos los trámites podría haber sido bastante más ágil si se hubiera planteado correctamente y con una visión mucho más amplia desde un principio". De todos modos, se ha mostrado también dispuesto a abordar con el Ayuntamiento el estudio de nuevas revisiones del Pepri Centro "siempre que sean necesarias para el progreso y el desarrollo de la ciudad y atendiendo al interés general".
Al respecto, ha recordado que este documento urbanístico comenzó a gestarse a finales de la década de los 80 y fue aprobado definitivamente por el Consistorio en octubre de 1992, "por lo que puede haber aspectos que sea necesario actualizar de cara al futuro". En este sentido, ha apuntado, que su postura "va a seguir siendo de colaboración con el Ayuntamiento, siempre que esas posibles modificaciones se presenten correctamente".
El pasado 5 de julio el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, remitió a la Delegación Provincial de Cultura la modificación del Pepri Centro en la ribera oriental del río Guadalmedina, entre la calle Muro de Puerta Nueva y la avenida Manuel Agustín Heredia, después de la subsanación de una serie de carencias detectadas en el documento original ya enmendadas.
Esta corrección es la que ahora ha motivado el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio, al ser la modificación compatible con el carácter y los valores del centro histórico de Málaga, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Entre otros aspectos, se ha eliminado la posibilidad de construir planta ático en los edificios que carezcan de ella, y por lo que se refiere al reconocimiento de la altura existente en un inmueble por encima de las determinaciones actuales del Pepri, no se posibilitará su incremento.
También en los cuatro ámbitos de propuesta del documento -calle Cisneros, solar junto al mesón de la Victoria, calle Hoyo de Esparteros y avenida Comandante Benítez- se detallan alineaciones, rasantes, alturas, volúmenes, edificabilidades y usos.
* El Mundo - EP - 13.07.11
Foto: Recreación del hotel de Rafael Moneo en la zona del Guadalmedina. | ELMUNDO.es
.................................... Leer más...
El ex concejal de Urbanismo de Tías condenado a dos años y tres meses de cárcel por falsificar un documento público
“Con su falsedad provocó la no actuación de la Apmun, lo que ha permitido que las obras en cuestión, ilegales e ilegalizables (…), se hayan consolidado al prescribir el delito de construcción ilegal, con lo que ello conlleva de ingente beneficio patrimonial para la empresa Indelasa S.A.”, subraya la sentencia. La construcción no llegó a demolerse y el Ayuntamiento se limitó a imponer una sanción “ridícula”, según la sentencia, de 240 euros.
Las obras consistían en la construcción de un depósito de áridos, formado por muros de hormigón armado sobre solera del mismo material, ubicado en la zona conocida como Lomo de Piedra Blanca o la Rinconada, perteneciente al municipio de Tías. Los trabajos se iniciaron sin contar con la calificación territorial del Cabildo ni con licencia urbanística del Ayuntamiento. Ni siquiera se había solicitado autorización a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias para la construcción de un edificio en suelo rústico.
Todas estas irregularidades fueron puestas de relieve en un informe técnico de la Apmun, fechado el 13 de septiembre del año 2000, lo que dio origen a medidas sancionadoras contra la empresa, incluyendo el precinto de las obras, así como el requerimiento de legalización de las mismas en el plazo de tres meses. Además, la Apmun se dirigió al Ayuntamiento para que incoara un procedimiento sancionador.
Expediente inconcluso
El 19 de octubre de 2000, tras recibir el requerimiento de la Apum, el Consistorio de Tías acordó incoar un expediente administrativo contra Indelasa. Incluso, entre las medidas sancionadoras, incluía la posible demolición de las obras, pero ésta nunca se llevó a cabo.
Nueve meses después, la Apmun volvió a dirigirse al Ayuntamiento, pidiendo información sobre lo sucedido con este expediente y preguntando si se había procedido a la demolición. Y la respuesta, llegó en un oficio municipal firmado por el entonces concejal de Urbanismo, José Alberto Reyes, en el que aseguraba que “el procedimiento sancionador incoado por el consistorio municipal había finalizado con el abono de la correspondiente sanción y que las obras objeto de investigación habían sido legalizadas”. Incluso, citaba las referencias de dos expedientes municipales.
Respecto a esos expedientes municipales, la sentencia advierte “la manipulación subrepticia efectuada por el acusado con su escrito”. Y es que “las obras legalizadas en los citados expedientes administrativos nada tenían que ver con las obras consistentes en el depósito de áridos”. Es decir, hacían referencia a otras solicitudes de licencias formuladas al ayuntamiento por la misma empresa.
“Con esta maniobra de engaño se pretendía hacer ver a la Apmun que por parte de la Corporación municipal de Tías se había hecho el conveniente uso de la potestad sancionadora en defensa de la legalidad urbanística, impidiendo la actuación sancionadora de la Agencia y la reparación del orden jurídico menoscabado”, señala la sentencia.
Además, insiste en que el oficio firmado por el entonces concejal de Urbanismo “faltaba notoriamente a la verdad de los hechos”, ya que “las obras no sólo no habían sido legalizadas, toda vez que carecían de la preceptiva licencia municipal y calificación territorial, sino que, además, en ningún caso hubieran podido ser legalizables”. De hecho, se encontraban en Suelo Rústico Potencialmente Productivo, lo que impedía ese tipo de construcción. Posteriormente, el Cabildo denegó expresamente la calificación territorial.
Sanción “ridícula”
Lo que sí hizo el Ayuntamiento es cobrar una sanción a la empresa promotora de las obras. “Es lo único en lo que parece no faltar a la verdad José Alberto Reyes de León en su oficio de 25 de agosto de 2001”, señala la sentencia. Sin embargo, también subraya que “la sanción a todas luces resulta ridícula”. Y es que Indelasa abonó 40.000 pesetas de las de entonces (240 euros), mientras que las multas previstas por la ley para este tipo de casos iban de 100.000 a 1.000.000 de pesetas.
Esto, según subraya literalmente la Sala de la Audiencia, “induce a pensar que incluso con la adopción de esta medida se actuó desde el Ayuntamiento de Tías con ánimo de beneficiar a la empresa en cuestión (dejando al margen la cuestión, en la que no vamos a detenernos ni entrar a valorar específicamente, de que Celestino Saavedra, socio de Indelasa S.A., era tío del entonces alcalde del Ayuntamiento de Tías)”.
Defensa del acusado
Durante el juicio, la defensa del acusado, representado por Juana Fernández de las Heras, intentó esgrimir que él no redactó el documento y que únicamente lo firmó, “al no ser él técnico sino únicamente político y fiarse de lo que le decían los técnicos”. Sin embargo, según subraya la sentencia, José Alberto Reyes sí reconoció que conocía el expediente sancionador, así como que la obra no estaba legalizada, pero sin embargo firmó “conscientemente lo contrario”.
Subraya además la sentencia que el Régimen jurídico de Entidades Locales dispone que “los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo”, y que esto “lo sabía o debía haberlo sabido” el acusado, que era “el responsable último de lo que firmaba”, porque tenía las competencias delegadas por el acalde, como así lo declararon ambos durante el juicio.
En su defensa, José Alberto Reyes también alegó que en el oficio que remitió a la Apmun “hacía alusión a varias obras en las que estaba implicada la empresa Indelasa, indicando que unas obras estaban legalizadas y otras no”. Al respecto, la Audiencia señala que “resulta infructuoso su intento de provocar confusión”. En este sentido, subraya que el expediente sancionador incoado contra Indelasa es por la construcción de un depósito de áridos, y no por ninguna otra cuestión; que el requerimiento de la Apmun hacía referencia “única y exclusivamente a esas obras”; y que el escrito que remitió el concejal “se refiere única y exclusivamente a la obra de instalación del depósito de áridos, firmando y afirmando que ya se había legalizado”.
Por eso, la Sección Primera de la Audiencia Provincial considera que la prueba testifical practicada en el juicio “no deja dudas acerca de cómo ocurrieron los hechos” y destaca que “si la contestación por parte del Ayuntamiento hubiera sido otra, la Apmun se hubiera subrogado en las funciones del Ayuntamiento para continuar con el expediente y requerir la demolición de las obras ilegales”.
Dilaciones indebidas
Aunque el fiscal y la acusación particular pedían seis años de cárcel y una multa de unos 14.400 euros, la sentencia ha rebajado significativamente la condena, al reconocer que se han producido dilaciones indebidas en el proceso, debido al tiempo que ha tardado en resolverse la causa.
“Desde que se cometieron los hechos, el 25 de agosto de 2001, a fecha de hoy han pasado nada más y nada menos que casi diez años”, señala la sentencia. Así, atendiendo a ese atenuante, impone una condena incluso inferior a la que contempla el Código Penal para este tipo de delito, que va de tres a seis años de prisión.
La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, también condena a José Alberto Reyes a un año y seis meses de inhabilitación especial y al pago de las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular que se personó en esta causa.
* La Voz de Lanzarote - ISABEL LUSARRETA • 13 de julio de 2011
Foto: Tías (Lanzarote) - clubrural
.................................... Leer más...
Solo 54 concellos disponen de planeamientos adecuados a la Lei do Solo del 2002
El mapa del urbanismo gallego se completa con 193 concellos que tienen planeamientos que no están adaptados a la Lei do Solo, de los que 151 iniciaron los trámites para dotarse de un nuevo PXOM y 42 no han realizado ningún tipo de actuación. En Galicia hay en la actualidad 68 concellos, el 22 % del total, que carecen de plan urbanístico, de los que 64 ya trabajan para resolver esa situación.
Subvención para cumplir la ley
Para animar a los ayuntamientos a cumplir la Lei do Solo en este sentido, el Gobierno bipartito puso en marcha una línea de subvenciones que la Xunta actual mantiene pese a los recortes derivados de la crisis. La Administración gallega destinará 22,5 millones de euros a financiar esas ayudas en el período 2011-2015, que se suman a los 20,5 millones invertidos en los últimos años en unas subvenciones que, en función del censo de cada ayuntamiento, cubren entre el 80 y el 100 % del coste de elaboración del planeamiento.
* La Voz de Galicia - 14.07.11
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
.................................... Leer más...
Valencia.- Comienzan los derribos en el PAI de Guillem d´Anglesola
Según fuentes de la Concejalía de Urbanismo del Ayto de Valencia, los derribos han comenzado en la calle Berenguer Mallol y en una primera fase afectarán a toda la manzana central. De la docena de edificios que hay en esta escuadra, nueve están declarados en ruina, lo que significa que se pueden tirar sin ningún problema, y los otros tres serán derribados igualmente merced a un acuerdo del agente urbanizador con los propietarios, a los que ya se ha comprometido a pagar las indemnizaciones entre el mes de agosto y septiembre, primero a los pequeños y finalmente a las empresas. Posteriormente se procederá a derribar las viviendas que hay en los laterales, muchas de las cuales están ocupadas ilegalmente por familias gitanas, lo que requerirá de un procedimiento distinto al de la manzana central, donde sólo había un inquilino que ha sido indemnizado para que se marchara.
Se derribará, incluso, un edificio que no está dentro del PAI pero que está pegado un edificio que sí lo está y que amenaza ruina, pasando luego la factura al propietario del mismo.
Posterior urbanización
Según fuentes municipales, el acuerdo de Proara con los propietarios, conseguido, recordaron, con la mediación de la Concejalía de Urbanismo, contempla finalmente la urbanización de toda la zona, dejando para una fase posterior la ejecución completa del PAI.
En este sentido, las fuentes recordaron que Proara es una de las empresas que tienen terminada una promoción en Sociópolis y que la entrega inminente de las llaves le proporcionará una liquidez interesante para abordar este PAI.
De no ser así, el ayuntamiento seguirá presionando al agente urbanizador para que complete su compromiso y, por el momento, se mantiene abierto el expediente sancionador contra la empresa por no haber cumplido los plazos previstos.
Los vecinos no quieren que se deje un solar
La Asociación de Vecinos del Marítimo-Ayora se mostró ayer satisfecha con el inicio de los derribos y pidió al agente urbanizador que no deje la zona convertida en un solar, que aborde primero la urbanización del mismo y luego la ejecución del Programa de Actuación Integrada (PAI). "Entendemos que pueden tener problemas de financiación, pero los vecinos queremos que este año o el año que viene esto se termine, que no se pare", precisó la portavoz de la entidad, Carmen Vila, quien aún se siente dolida por los enfrentamientos vecinales del día anterior durante un acto del grupo socialista. En este sentido, la dirigente vecinal lanzó dos mensajes. Por un lado, quiso dejar claro, en contra de lo dicho por el PSPV, que ella no es asesora del gobierno del PP ni vicepresidenta de la Fundación Agua y Progreso, sino "una contratada más" de esta fundación. Y añadió que probablemente ella y su marido abandonen la asociación de vecinos el próximo otoño.
* Levante - 14.07.11
Foto: Una máquina derriba la primera vivienda en la calle Berenguer - levante
.................................... Leer más...
"¿Cuánto tiempo podremos parar el desahucio?"
Con apenas un hilo de voz, Nancy, una ciudadana ecuatoriana, bajo a la calle y dio las gracias a las 150 personas que desde las 8.30 de la mañana y durante cuatro horas se concentraron delante de su casa, en la calle Sicilia, en Santa Coloma de Gramenet, para no dejar entrar en la finca a una comitiva judicial que tenía que ejecutar el desahucio. Los manifestantes, estudiantes, amas de casa, jubilados y viejos luchadores de izquierda, lograron su objetivo: aplazar el embargo de esta pareja con cuatro hijos, los pequeños de 12 y dos años, por falta de pago. “Quiero dar las gracias a todas estas personas que han estado aquí ayudando en estos momentos tan duros”, dijo Nancy con entereza tras confirmarse la demora. Una vecina le regaló el brote de una planta. Y, ella ya, más calmada, apoyó entonces el rostro en el hombro de Maribel, una amiga de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y lloró casi en silencio.
El desahucio está por ahora parado pero el piso de la familia Villega encerraba ayer el drama de quien teme que el destino esté escrito: los muebles embalados; las estanterías vacías; los colchones en el suelo. Las paredes ya estaban desnudas: solo pendía de ellas un póster del 5-0 del Barça-Madrid y un par de dibujos de los niños. La historia de Nancy es una de las miles que afloran y que se multiplican a velocidad de vértigo. Tras llegar a España, procedente de Guadaquil, en 1999, se instaló en Barcelona y en 2006 firmó con su marido Ángel una hipoteca con la Caixa Catalunya. Las cosas les iban razonablemente bien: él trabajaba como albañil y ella como empleada de la limpieza. Pero la burbuja inmobiliaria estalló y el se quedó en el paro. “Nada, nada: no he vuelto a encontrar nada más”, se lamentaba ayer en su casa negando con la cabeza. Y con los 820 euros que gana ella no pueden hacer frente a los 1.600 a los que les asciende ahora la hipoteca que por los intereses no ha parado de crecer como una bola de nieve.
Desesperada por la situación, Nancy decidió a través de una amiga ir a la concentración del 15-M de la plaza de Catalunya para pedir ayuda e intentar frenar el desahucio. "La gente tarda en reaccionar porque a veces tiene miedo y a nadie le gusta explicar sus problemas", explicaba Ernest, miembro de la PAH, que señalaba que la Caixa Penedes y que Caja Madrid son las más reacias a aplazar o negociar los deshaucios. De momento, han frenado en Cataluña medio centenar. Y ayer, igual que hace ya nueve meses, el colectivo se movilizó. Los bancos madrugan pero ayer decenas de personas a las 8.30, al grito de "Si se puede, si se puede", ya estaban en la calle de Sicilia. “¡No nos moverán”!, se leía en una pancarta que la familia colgó de la ventana del comedor mientras aguardaban a los agentes judiciales. La angustiosa espera del verdugo. Protegidos por los miembros de la Plataforma, casi nadie pudo franquear la finca. Ni siquiera un empleado de una casa de fontanería que iba a revisar una avería y que se tomó los recelos de los manifestantes con buen humor. Santa Coloma, como muchos municipios del área metropolitana de Barcelona, está sacudida por el paro y la calle de Nancy transpira crisis: una tienda de animales, una peluquería y otra de ropa están cerradas y se traspasan.
“¡Pita, pita!”. Decenas de vecinos, con pancartas y enormes señales de prohibido el desahucio, invitaban a los conductores que circulaban por la estrecha calle a tocar la bocina y cumplir la frase escrita en un trozo de cartón colgado de una farola: “Pita por el derecho a una vivienda digna”. Y pitaron conductores de autobús; de ambulancias; de grúas, repartidores; motoristas y ciclistas. Solo un taxi no lo hizo y dicen que en él iba la comitiva judicial que pasó de largo. Nancy estuvo las cuatro horas encerrada en su casa hasta que el juzgado confirmó el aplazamiento. "¡Gracias a la manifestación se ha demorado el desahucio. No se ha solucionado el problema pero se ha pospuesto", anunció un portavoz megáfono en mano mientras la noticia era acogida con júbilo por los concentrados. Fue entonces cuando Nancy bajó, dio las gracias y los manifestantes empezaron una marcha de protesta hasta la plaza del Ayuntamiento en la que no se libró de sus lemas ni una entidad bancaria. Y hubo una frase que tejió complicidades con los ciudadanos con los que se cruzaban: “No se entiende: gente sin casa; casas sin gente”.
Una vez en la plaza,, medio centenar de activistas inició una sentada y algunos movieron las manos en silencio haciendo el celebre e inequívoco gesto que identifica al 15-M. La pareja y dos miembros de la PAH entraron en el Ayuntamiento, gobernado por la socialista Nuria Parlón, para pedir apoyo urgente: quieren que el banco acepte la dación en pago, que la familia siga en la casa en régimen de alquiler social o que el Consistorio les ayude a encontrar una nueva vivienda. La familia ya había llamado a la puerta del Ayuntamiento y sin éxito: estuvieron a punto de alquilar un piso pero les faltaban 1.000 euros para el depósito y no lograron esos recursos. Nancy estaba aliviada y agradecida pero su sonrisa, antes de cruzar el umbral municipal no podía disimular tristeza. "Claro que estoy contenta pero ¿Cuánto tiempo podremos parar el desahucio?", se preguntaba pesimista. Pero, esta noche, de momento, han dormido en su casa.
* El País - ÀNGELS PIÑOL Barcelona 13 JUL 2011
Foto: Angel y Nancy Villegas aguardando ayer el desahucio en Santa Coloma de Gramanet - elpais
.................................... Leer más...
Sakana, ¿progreso o especulación salvaje?
ERNESTO LEIZA URRESTARAZU y JONJO AGIRRE MARTINEZ/ Navarra* : Hasta un millón de metros cuadrados de fértiles terrenos de ribera, en parte inundables, expropiados a precio de saldo para construir por fases un macropolígono de coste elevadísimo que llaman comarcal. Sin estudio de viabilidad, sin demanda conocida y en pleno desmantelamiento de los polígonos ocupados. ¿Dónde ha quedado la perspectiva comarcal del desarrollo económico? 'Es que Arbizu ha hecho…', 'Es que Etxarri…', 'Si Lakuntza tiene uno, a nosotros nos tocan dos…' No es broma. Son los argumentos más habituales cuando se habla de esta cuestión. El resultado: asfaltado masivo y sin criterio. Ni diversificación económica, ni urbanismo racional, ni sentido común. Planificación cero. Especulación made un Spain y hechos consumados.
¿Dónde falta suelo industrial? Dicen una mayoría de políticos y empresarios, y un par de sindicatos sin que se les cambie el color, que no se instalan empresas en Sakana porque no hay suelo industrial. No es cierto. Hay más suelo industrial libre que nunca antes en Sakana. Además, lejos de instalarse nuevas, las empresas instaladas van cerrando una tras otra desocupando los polígonos ya existentes. Bulos, desinformación, incapacidad política y miedo. Todos conocemos un bulo que se ha extendido interesadamente entre nosotros, ese que dice que la CAF se quería instalar en Altsasu pero por falta de suelo tuvo que marcharse a la Ribera. En todo el valle se habla de la oportunidad perdida, pero es un bulo. Es falso. CAF se instaló en la Ribera por otras razones.
Altsasu no le interesó, o Castejón le interesó más, pero por otra parte en CAF Castejón no trabajan más de 60 obreros! Este y otros bulos, la no-información por parte de las instituciones, los intereses particulares, la escasa formación y acusada docilidad de algunos representantes políticos, y la situación laboral del valle, son terreno abonado para ampliar planes urbanísticos, y recalificar terrenos, siempre a costa del contribuyente.
Así se sigue asfaltando suelo urbano e industrial a lo largo y ancho de Sakana. (...) Cada vez más polígonos… ¡Y cada vez más parados! Curiosamente, en 2011 hay mucho más suelo industrial disponible que hace 20 años, y sin embargo la tasa de paro ha aumentado gradualmente hasta ser tres veces mayor que entonces. Esa es la realidad objetiva. Realidad que nuestros políticos desconocen o no nos quieren contar. (...) Tenemos preguntas para los agentes que apoyan sin dudar el asfaltado masivo de Sakana:
¿Cuánto suelo industrial había en 1990 y cuánto ahora? ¿Cuánto paro entonces y cuánto ahora? ¿Qué empresas y de qué tamaño (laboral) han pedido instalarse en Sakana? ¿Qué va a pasar con los terrenos y pabellones que están siendo cerrados y desocupados? ¿Qué superficie suman ya los terrenos y pabellones desocupados? ¿Esta política industrial pone en valor Altsasu y Sakana o las devalúa?
* Diario de Navarra - Cartas al Director - 10.07.11
Los vecinos de Lavapiés echan a la policía del barrio
* YouTube - locodelpelorojo - http://youtu.be/_axHSxMQ6Js
El alcalde de Salt propone que ciudades "sin saturar" asuman inmigración
Una ciudad sin inmigración no es real, pero tampoco los porcentajes de Salt, sostiene. "Una de las consecuencias es que las parejas jóvenes autóctonas no intentan empadronar al hijo en otra población para acceder a otro tipo de escuela. Se van de Salt". El 80% de la población autóctona, subraya, tiene más de 58 años. Para Torramadé la actual situación es injusta tanto para la población autóctona como para la inmigrante, que no encuentra "el modelo de sociedad que ha venido a buscar".
Para Torramadé, la solución no pasa solo por incrementar la partida de los planes de acogida porque "la presión demográfica los supera". Se trataría, por ejemplo, de obligar a las poblaciones cercanas que abren polígonos industriales a levantar vivienda social. "Ahora nos encontramos que este colectivo inmigrante vive en Salt y trabaja en otros lugares" y el coste de la política social recae donde residen.
Una de las medidas que propone y que levantará más polémica es la de que en la concesión de vivienda pública municipal del centro de Salt se prime a ciudadanos autóctonos para reequilibrar la procedencia demográfica de la población. "No puedo querer promover carnicerías occidentales si no van a tener clientela", comenta. Para Torramadé, el problema es que esta acumulación de población recién llegada hace que se pierdan los referentes culturales propios y el modelo de una sociedad catalana del siglo XXI. "Hay un modelo y debemos preservarlo con matices. Salt es de la gente que vive aquí, pero no puede ser diferente del resto de municipios de Girona". Torramadé asegura que defiende que los inmigrantes preserven su cultura, pero la calle ha de ser de todos y con la crisis económica la integración de los recién llegados se hace más difícil. Ayer en Twitter, se le atribuía que había defendido fijar cuotas máximas de inmigrantes. Torramadé lo negó: "Lo que propongo son políticas que favorezcan el reequilibrio".
* El País - 11.07.11
Foto: Salt (Girona), ajuntament - turismo
.................................... Leer más...
Burriana.- Gecen presenta alegaciones al PRUG del Paisaje Protegido del Millares
La asociación ha criticado en un comunicado que no se destine "ni un euro" para el derribo de las viviendas ilegales, ni para eliminar el campo de tiro deportivo, ni para recuperar los espacios naturales ocupados por transformaciones agrícolas ilegales, ni para establecer de forma eficaz un caudal ecológico, ni para evitar la contaminación de las aguas, ni para enterrar las líneas eléctricas existentes en la actualidad. Así mismo, ha apuntado que no se regulan actividades como la ganadería o lúdico deportivas como el tiro con arco, haciéndolas compatibles con el espacio natural protegido.
Además, ha criticado que se trata de un PRUG "que permite la circulación masiva de vehículos a motor por el Camí de la Cossa, que pretende que sea el dinero público el que pague —15.000 euros— la 'Redacción de un proyecto de restauración de las zonas afectadas por actividades extractivas y mineras', sin exigir un céntimo a quienes realizaron dichas actividades; que no dedica partida presupuestaria específica alguna para exigir responsabilidades a quienes abren pozos ilegales o quienes están contaminando el río, y que destina partidas ridículas para temas importantes como la restauración de hábitats (24.300 euros)".
Para Gecen, es un PRUG "decepcionante" que ha visto la luz "con años de retraso", que "no atiende ni pretende actuar eficazmente ante los problemas que siempre han afectado al espacio natural protegido y que, en lugar de actuar, se dedica a estudiar".
Los ecologistas han destacado el "interés" demostrado por la Conselleria en avalar el "urbanismo salvaje" propuesto por el Ayuntamiento de Burriana (Castellón). Así pues, según Gecen, "ahora el PRUG clasifica el suelo más cercano a dicho PAI como Área de Usos Compatibles (AUC), figura que permite actividades, pese a su nombre, incompatibles con la preservación de los valores naturales".
"Un espacio que en los 90 acogía vegetación natural y era un dormidero de ardeidas, y que proponemos se clasifique como Área de Protección Ecológica (APE), una figura mucho más garantista a nivel medioambiental", ha concluido el colectivo ecologista.
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 12.07.2011
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
.................................... Leer más...
Unas 6.500 personas repartidas en 1.700 construcciones viven en la Cañada Real en el tramo que discurre por la capital
Dicho censo, iniciado el 1 de junio y elaborado por trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), se encuentra al 85 por ciento y las previsiones que maneja el Ayuntamiento pasan porque esté concluido en la primera quincena del mes de septiembre, es decir, dentro del plazo fijado de seis meses.
Martínez ha detallado que con el 85 por ciento del censo ya elaborado se puede establecer que el número de parcelas totales en el tramo correspondiente a Madrid es de mil, donde se levantan unas 1.700 construcciones a las que se les da un uso residencial. A ellas habría que sumar medio centenar más de construcciones destinadas a usos terciarios, ya sean comerciales o industriales.
* Qué - EP - 13.07.11
Foto: Cañada real - EP
.................................... Leer más...
Marbella legaliza la situación del hotel Senator, emblema de los abusos urbanísticos
Los técnicos municipales constataron en la Junta de Gobierno Local que los propietarios del hotel habían cumplido los requisitos fijados para regularizar el área. Las compensaciones incluyen el pago del diez por ciento del aprovechamiento medio, lo que supone cerca de tres millones de euros, así como la cesión al Consistorio de una parcela ubicada entre el hotel y el espacio congresual, según explicó la regidora. Los terrenos que se inscribirán en el inventario de bienes municipales tienen una superficie aproximada de 3.600 metros cuadrados, 2.700 de los cuales serán destinados a la ampliación del palacio, una obra que tendrá un coste aproximado de siete millones de euros y que la propietaria del Senator deberá financiar en un 50%.
No son las únicas cargas vinculadas al proceso de regularización. La mercantil deberá además acometer los trabajos de urbanización de todo el perímetro que rodea al complejo inmobiliario, en el que se dan cita el hotel y un bloque de 99 apartamentos levantado junto al establecimiento. La inversión de esta obra rondará los 550.000 euros, según apuntó Muñoz, que destacó que la apertura del cuatro estrellas constituye una «buena noticia» para Marbella, dado que servirá como elemento de reactivación económica y supondrá la creación de un buen número de nuevos puestos de trabajo.
La alcaldesa señaló que los propietarios tienen interés en poner en marcha el hotel antes de que finalice el mes de julio. De hecho, la empresa trabaja desde hace semanas en la puesta a punto del establecimiento cara a su próxima inauguración. «La idea por nuestra parte es que se pueda abrir en el menor plazo posible», aseguró la regidora, aunque para ello, según precisó, deben cumplirse antes todos los trámites oportunos relativos a la concesión de la licencia que permita al hotel desarrollar su actividad económica.
Compra millonaria
Muñoz resaltó también la relevancia de los equipamientos obtenidos por la ciudad en el proceso de normalización del complejo inmobiliario, levantado en los terrenos que en su día cedió al Ayuntamiento la urbanización Alhambra del Mar para su aprovechamiento como zona pública y cultural. En 1998, el Gobierno municipal presidido por Jesús Gil vendió el suelo por 2,6 millones de euros a la empresa Proinsa, que hizo lo propio dos años después en una operación en la que Hoteles Playa desembolsó 15 millones de euros para adquirir la parcela.
La cadena hotelera invirtió 30 millones de euros en la construcción del hotel, que dispone de 240 habitaciones, y del edificio de viviendas contiguo. Ambos se realizaron en virtud de una licencia otorgada por el exregidor Julián Muñoz, actuación por la que fue condenado a un año de prisión por un delito urbanístico. El complejo fue el primer inmueble precintado por la comisión gestora, que cumplió en mayo de 2006 con la suspensión cautelar de las obras dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La orden se remitía al inicio de la construcción, pero no fue cumplida por los gobiernos del GIL y tanto el hotel como el bloque de apartamentos estaban ya prácticamente concluidos.
Críticas socialistas
Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Bernal, las compensaciones que debe asumir la propietaria del Senator «no cumplen con las expectativas», por lo que exigió que la cargas incluyan la obligación de la empresa de entregar la mitad de los apartamentos para la creación de una residencia de mayores. La respuesta del equipo de gobierno fue inmediata. El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, instó al PSOE a que exija las explicaciones oportunas a la Junta de Andalucía, que dio el visto bueno al sistema de compensaciones del PGOU, y a los ediles de su formación que lo aprobaron en pleno.
* SUR - 13.07.11 - HUGO SIMÓN
Foto: La empresa del hotel Senator trabaja en la puesta a punto del establecimiento - sur
.................................... Leer más...
Entre guiñar los ojos y cerrarlos
CARLOS SEVILLA PERIS/DIAGONAL* : Nueve semanas después de la primera acampada, la actualidad política está atravesada por las reivindicaciones consensuadas en las plazas de todo el Estado. A pesar de ello, ni PP, ni PSOE han abanderado ninguna de sus grandes propuestas. Una muestra de esto son dos temas que han ocupado las portadas de los diarios: en el Debate del Estado de la Nación se han tomado medidas para paliar el impacto sobre las familias de la hipoteca, insuficientes según los movimientos por una vivienda digna; y la falta de transparencia en la gestión de un impuesto como el canon digital ha permitido que el Ministerio de Cultura no ‘controlara’ sus usos.
“Lo que hemos visto en las últimas semanas son manifestaciones, protestas y demandas realizadas al amparo de derechos democráticos. Forman parte de la fisiología y no de la patología de nuestro modelo de convivencia. Y reivindican el valor de la política”. Esta fue la primera referencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al movimiento 15 de Mayo en el Debate sobre el Estado de la Nación. Sin embargo, el intento del ejecutivo por simpatizar con los “indignados” no es nuevo.
La aparición del 15M en plena campaña electoral llevó al Gobierno a cuidar su discurso y evitar una mala imagen que le perjudicara en las urnas. “Creo que deben ser los partidos de la izquierda los que tenemos que dar contenido a nuestra agenda para que esos sentimientos de injusticia que se traslucen en esas protestas se vayan amortiguando”, aseguró Ramón Jáuregui dos días antes de los comicios.
El ministro de la Presidencia, uno de los más activos del Gobierno en el reconocimiento del 15M, añadió después en el Senado: “El Gobierno es consciente de que hay un transfondo de protesta y de queja que tenemos que entender, que tenemos que atender, bien sea una protesta por el paro, por la crisis económica, por la manera en la que estamos teniendo que constreñir nuestro gasto público a las dudas de los mercados sobre las deudas soberanas, por las formas de participación en la política, o por el comportamiento de algunos políticos”.
Sin embargo, a pesar de esta supuesta predisposición, el Gobierno no ha asumido ninguna de las propuestas del 15M. Aunque en el Debate sobre el Estado de la Nación se mostró partidario de reflexionar sobre ello, Zapatero pasó una vez más por encima de la reforma de la ley electoral, sobre la que Jáuregui había afirmado que “no es la panacea de la democracia” porque soluciona unos problemas pero crea otros. En esta misma intervención, y sobre la idea de reforzar el control financiero, Jáuregui afirmó: “Lo que se expresa en ese movimiento, y yo comparto esa reivindicación, es que la política ordene los mercados. No dejemos que el mercado o los sistemas financieros desregulados y globalizados nos impongan un modelo de sociedad”.
Bloqueo legislativo a la ILP
Si, como han repetido los medios, el Gobierno le ha guiñado los ojos al 15M en sus declaraciones públicas, parece que ha preferido cerrarlos a la hora de atender sus reivindicaciones de forma concreta. El máximo acercamiento a las propuestas del 15M se ha producido en materia de vivienda. Zapatero anunció en el debate celebrado entre el 28 y el 30 de junio un incremento de la parte del sueldo que no puede ser embargada por los bancos en los casos de impago de la hipoteca, que pasará de 641 euros a 961.
Una respuesta a la campaña de paralización de desahucios emprendida por el movimiento 15M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Sin embargo, la medida, aprobada con los votos de PSOE, PP y CiU, se queda corta al lado de la propuesta de los simpatizantes del 15M y la PAH, que plantean que la entrega de la vivienda hipotecada salde la deuda con el banco, la conocida “dación en pago”, propuesta sin éxito por ERC, IU-ICV y BNG. A raíz de la relación de los bancos con los hogares hipotecados el candidato socialista a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo su particular guiño al movimiento de los indignados: “Ahora todos nos hacemos de cruces porque hay hipotecas que se dieron y la pregunta es ¿y los bancos que las dieron? ¿Ahí no hay ninguna responsabilidad, es que ellos no tienen nada que decir?”, se preguntó Rubalcaba.
No obstante, unas horas después de estas declaraciones Público anunciaba que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación en pago estaba bloqueada después de que una plataforma minoritaria de Valencia se adelantase a las Plataformas de Afectados por las Hipotecas a la hora de registrar en el congreso la ILP, lo que impedirá de facto que se recojan las 500.000 firmas necesarias para que se tome en consideración un cambio en la ley hipotecaria al menos hasta marzo de 2012.
* Diagonal - Opinión - 11.07.11
La Fiscalía endurece la petición de multas por construcciones ilegales
La fiscal delegada de la sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, Consuelo Fidalgo, explica que esta decisión de elevar la petición de pena de multa, acordada en la junta de fiscales, pretende "ponerlas en relación con el valor de las obras" y equipararlas a las multas administrativas, "de forma que no sea más beneficioso ser castigado en el ámbito penal que en el administrativo".
ESCASAS DEMOLICIONES La Fiscalía de Córdoba ha observado, según se recoge en la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía que, "en muy escasos supuestos" se acuerda en las sentencias condenatorias la demolición de las construcciones ilegales. En esos casos, añade, la pena prevista es la de prisión y multa, pero como quiera que los infractores, en su mayoría, no cuentan con antecedentes penales computables, "se les conceden casi automáticamente los beneficios de la suspensión de la condena", que siempre es inferior a la solicitada de entre uno y dos años. Así, señala la Memoria, "sin incurrir en exageración alguna podemos considerar que, en ocasiones, los infractores terminan consiguiendo su propósito con el pago de una escasísima multa", que ronda generalmente en las sentencias entre 1.500 y 3.000 euros. Tanto es así que la Fiscalía asegura en la Memoria que "somos conocedores" de que los propios infractores "interesan que su expediente administrativo se lleve por la vía penal" porque saben que la multa que se les va imponer por el delito "es muy inferior a la que le correspondería imponer en vía administrativa" con la aplicación de la ley de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA).
Así, la Fiscalía incorpora ahora, para valorar la situación, un expediente administrativo que se remite por la Gerencia de Urbanismo en el que se hace una valoración de lo construido según los criterios del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental y sobre la misma, conforme a la LOUA, se establece la sanción a imponer en vía administrativa. Como ejemplo, a una edificación valorada en 52.400 euros le correspondería una multa según la LOUA que oscilaría entre 39.300 y 78.600 euros, con lo cual "se aprecia con claridad que el importe de las multas que se imponen en la actualidad en la jurisdicción penal está muy por debajo de estas cantidades".
* Diario Córdoba - 12.07.11
Foto: Cordoba, viviendas ilegales - abc.es
.................................... Leer más...
La Plataforma por una Vivienda Digna pide una tasadora pública
"Pedimos una tasadora pública porque se trata de valorar un bien de interés general, que está reconocido en la Constitución", dice la asociación, que se define como apartidista y cuenta con grupos de trabajo territoriales en nueve comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Catalunya, Euskadi, La Rioja, Asturias y Castilla y León.
En pro de la transparencia y para evitar la especulación que se hace con el suelo cuando se trata de compraventas de vivienda protegida, la plataforma también pide que se obligue a las tasadoras a reflejar por separado en sus valoraciones el valor del suelo y el del inmueble. Cuando las viviendas de protección oficial van cambiando de manos, va subiendo el precio, aunque legalmente sólo se pueden transmitir por el valor al que fueron adjudicadas a personas que cumplen con los baremos para recibir una VPO. "Al final, gente que lo necesita está pagando por una vivienda un precio casi de mercado".
* Público - 11.07.11
Foto: Protesta contra los precios de la vivienda - publico
.................................... Leer más...
Los ecologistas denuncian un "frenazo" en política ambiental
Juan Carlos Del Olmo, de WWF, considera que en esta última etapa "se ha producido un frenazo" en política ambiental como consecuencia de la crisis económica. La partida presupuestaria destinada a este fin es la que más recortes ha sufrido en los últimos años, según apuntaron esta mañana en una rueda de prensa en la que presentaron un balance general de la gestión ambiental. Los ecologistas acusan al Ministerio de Fomento de llevar una política de transportes basada en "el despilfarro y la destrucción". Como alternativa, proponen la implantación de la famosa Euroviñeta y la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible.
Una medida de la que ya ha hablado el Ejecutivo, pero que ha sido continuamente aplazada, según los activistas.
Los activistas reconocen que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se ha abierto más al diálogo pero consideran que no ha cumplido con sus promesas.
A 300 días del fin de la legislatura, los ecologistas interpretan, en un informe presentado esta mañana en una rueda de prensa, que "las políticas ambientales han pasado a un segundo plano y se ha producido una pérdida de liderazgo evidente en materia de sostenibilidad". Uno de los datos más llamativos que se han apuntado es que el Gobierno ha invertido 325 millones de euros en políticas que pretenden reducir la contaminación mientras ha gastado cuarenta veces más, 13.600 millones, en infraestructuras de transporte que los verdes consideran contaminantes. "España es el país de la Unión Europea que más kilómetros de carreteras y de vías ferroviarias tiene", subrayó Del Olmo.
El regreso a los 120 kilómetros por hora también es cuestionado en un momento en el que, según los ecologistas, "el precio de barril de petróleo es superior al precio que justificó la medida de los 110".
El estilo de la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha sido elogiado por su apertura al diálogo. "Cuando llegó, la comunicación con el ministerio estaba totalmente interrumpida. Con ella hay reuniones de trabajo habitualmente, lo que está permitiendo, en algunos casos, que la agenda vaya más deprisa y, en otros, que podamos hacer llegar nuestras propuestas", destacó Asunción Ruiz, directora de SEO/Bird Life.
El medio ambiente, área por área
En materia de agua, el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis González, critica que el Gobierno siga instalado en la "vieja cultura del agua" en la que no se sienten los costes ambientales, donde ningún plan de cuenca ha sido todavía aprobado y "los que están en trámite presentan graves carencias", y porque todavía existen medio millón de pozos ilegales.
"El 80% de los españoles respira aire contaminado", advierte González. La culpa, según interpreta, es del MARM por la "dejación de sus responsabilidades" en materia de calidad del aire y porque no ha exigido lo suficiente a comunidades autónomas y ayuntamientos.
La directora ambiental de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, denuncia la "contradicción del discurso con la práctica" en materia de cambio climático y ha pedido un compromiso de reducción de emisiones del 40 por ciento. "Es absolutamente imprescindible que el Gobierno siga haciendo esfuerzos", ha subrayado.
Respecto a residuos, Spendeler ha dicho que la nueva Ley "introduce avances" o la consideración del sistema de devolución y retorno pero los tilda de "insuficientes" y lamenta que el Gobierno ha dejado pasar una oportunidad, ya que "ni siquiera ha prohibido el uso de las bolsas de un solo uso".
La directora ejecutiva de Greenpeace, Miren Gutiérrez, acusa al Gobierno de "estancamiento y abandono" de las políticas contra la contaminación química. Los españoles, apunta Gutiérrez, "tienen 300 sustancias químicas en su cuerpo que nuestros abuelos no tenían" y pide una actualización del Protocolo de Estocolmo -que regula el tema- con un "criterio unificado".
Las políticas energéticas también están estancadas, según los ecologistas, por la falta de apoyo a las energías renovables lo que queda demostrado por la falta de un calendario de cierre de las centrales nucleares como prometió el Ejecutivo en su programa, porque no se abandona el proyecto del almacén temporal centralizado de residuos (ATC) nucleares y porque tampoco hay salida para el carbón.
En materia de costas, los activistas creen que hay una oportunidad si se defiende la Ley "sin arbitrariedades" y se suspende la concesión para una refinería en Vizcaya o la refinería Balboa, prevista en Extremadura.
La situación de la pesca también se puede mejorar. Del Olmo reconoce al Ministerio de Medio Ambiente "avances" como la propuesta de protección de ecosistemas vulnerables, en protección de tiburones o medidas para evitar la muerte accidental de aves o la "buena" noticia de la recuperación de la anchoa. "Ahora España es un actor importantísimo en la discusión de la política pesquera común que se está estudiando en Bruselas", destaca.
Del Olmo ha criticado que el Gobierno está "fuertemente influido por los sectores más industriales" en el área agrícola, hasta el punto de que el 80% del agua de España se destina a utilidades rurales. "Rosa Aguilar ha dicho que se quiere una Política Agrícola Común mucho más verde, pero queremos ver políticas concretas. Las propuestas verdes del MARM en la PAC son palabras vacías", sentencia.
Algunos de los proyectos denunciados por los ambientalistas, por sus impactos ambientales y sociales, son: la Refinería del Grupo Balboa (en Extremadura), el Dragado del Guadalquivir (en Andalucía), el embalse de Biscarrués (en Aragón), el hotel Algarrobico (en Andalucía), la estación de esquí de San Glorio (en Castilla León), el puerto de Granadilla (en Canarias) o el polígono industrial de Las Aletas (en Andalucía).
Tras la rueda de prensa, el ministerio ha anunciado que ha dado luz verde a Biscarrués, en el Río Gállego, uno de los embalses más polémicos. El ministerio destaca que ha incluido salvaguardas ambientales, como la garantía de que habrá un caudal de 90 metros cúbicos por segundo aguas abajo de la presa. Aún así, la noticia ha recibido el rechazo de los ecologistas.
La conclusión para Ruiz, es que "la política medioambiental del Gobierno se ha reverdecido" y que "la conservación en este país está en tramitación".
Los ecologistas consideran que el Gobierno tiene, de momento, "un insuficiente" aunque con más voluntad política, podría lograr un aprobado antes del fin de la legislatura.
El objetivo del informe es dar un toque de atención al Ejecutivo y ofrecerle "propuestas realistas" para que cambie su gestión en estos últimos meses.
* El País - M.VICTORIA ENNIS - Madrid - 11/07/2011
Foto: AVE no, Tren sí - ecologistasenaccion.org
.................................... Leer más...
Santa Cruz.- El peón que pidió el crédito para Las Teresitas fue contable 'B' del CCN
Según se desprende de la investigación llevada a cabo en la presunta trama de financiación ilegal del CCN, caso por el que se imputa a la cúpula del partido delito electoral, falsedad documental y tráfico de influencias, Felipe Manuel de Armas Jerónimo "es la persona encargada de ´maquillar´ la contabilidad no sólo de las empresas de los González-Santiago sino también, probablemente, del propio partido".
Los investigadores llegaron a esa conclusión por tres motivos diferentes: la documentación hallada en un piso franco cuando se ordenó un registro del caso Las Teresitas, las conversaciones telefónicas interceptadas en la Operación Hubara y la intervención del correo electrónico del propio De Armas, realizada también en el marco de la investigación al partido político tinerfeño
Maquinación contable
La Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife explica en un informe de la causa que "toda esta maquinación contable de distribución entre las empresas del grupo empresarial de los pagos por los servicios prestados para el CCN ha sido realizada por Felipe Manuel de Armas Jerónimo, experto contable del grupo empresarial, pues es la única persona que conoce en profundidad el funcionamiento de todo el entramado de los González Santiago". Se le considera una persona de máxima confianza del empresario y padre del líder del CCN, de ahí que fuera utilizado como la cabeza visible en la sociedad Inversiones Las Teresitas a la hora de pedir, deprisa y corriendo, un crédito de 33 millones de euros para comprar los terrenos de la playa antes de que se conociera una sentencia del Tribunal Supremo que aumentaba los derechos de edificación.
La policía entiende que la colaboración de De Armas en la presunta trama de financiación ilegal del CCN "se torna necesaria e imprescindible, pues no basta un contable cualquiera para, en breve tiempo, acometer estas maquinaciones contables inter-empresas, sino que se precisa de un profundo y exhaustivo conocimiento de la realidad contable de las empresas para poder distribuir las cargas y beneficios. Y dicho exhaustivo y profundo conocimiento tan sólo lo posee quien habitualmente ejerce estas funciones, no sólo la función contable legal (y aparente), sino la función contable real, la que recoge aquellos movimientos contables que efectivamente se producen y que deben sufrir alteraciones tendentes a obtener beneficios fiscales".
Como se reveló en su día en el marco de la investigación del caso Las Teresitas, Ignacio González Martín (el padre del líder del CCN) decidió no aparecer como apoderado de Inversiones Las Teresitas a la hora de solicitar un crédito de 33 millones de euros para comprar los terrenos debido a su condición de consejero de la entidad prestataria, CajaCanarias. Para evitar cualquier reprobación, en Inversiones Las Teresitas aparecieron como apoderados Felipe Manuel de Armas Jerónimo y Antonio Plasencia, el otro empresario imputado en la causa relacionada con el pelotazo de los 120 millones de euros. La entidad bancaria concedió el crédito, calificado de alto riesgo por el Banco de España y. tiempo después, Ignacio González Martín recuperó el control de la sociedad inversora.
Con el crédito de 33 millones de euros, Inversiones Las Teresitas compró el suelo 24 horas antes de que se conociera una sentencia que multiplicaba el valor del suelo y posteriormente vendió el frente de playa al Ayuntamiento de Santa Cruz por 52 millones. Finalmente vendió otro porcentaje a una inmobiliaria por 90 millones.
* La Opinión Tenerife - 10.07.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
.................................... Leer más...
Marbella.- Roca, una garantía de éxito
Y todo ello pese a que el terreno en cuestión tenía una calificación de suelo no urbanizable de protección forestal que, tras la revisión del planeamiento, fue catalogado como suelo urbanizable. En la sala explicaron que la entidad Golf & Raquet Planet firmó un convenio de concesión urbanística en diciembre de 2002 con el consistorio marbellí por el que se pactó un período de explotación de 75 años y un canon de 144.862 euros. Según uno de los agentes tributarios los cambios urbanísticos se desarrollaban de manera formal, a través de convenios, o a veces sin formalismos cuando «Roca cambiaba los parámetros del Plan General de Ordenación Urbana» (PGOU).
En la sesión de ayer los expertos, que comparecen como testigos desde la semana pasada, repasaron las operaciones mercantiles vinculadas al entramado socitario del exasesor que definieron como «una estructuta criminal». Los funcionarios ratificaron sus conclusiones sobre las operaciones inmobiliarias analizadas en esta segunda fase del juicio y en las que observan «operaciones de blanqueo» de capitales.
Los peritos también analizaron minuciosamente con el fiscal los pasos dados para desarrollar las distintas operaciones en las que aperecen sociedades vinculadas a Roca y a los acusados de blanqueo de este bloque del juicio. También abordaron cómo entraban los nuevos socios a los negocios, la relación de los imputados de esta parte con el principal acusado de la causa, así como la organización exterior, fuera de España, de la trama.
Domicilio social
Los expertos de Hacienda también hicieron una mención especial de los domicilios sociales de las empresas relacionadas con Roca. A su juicio éstas son también «fórmulas de ocultación». Ambos explicaron que la organización intentaba que cada sociedad tuviera su propio domilicio social a modo de garantía «por si se intervenía a alguna de ellas». En ese caso actuaban como «cortafuegos». Si las sociedades compartían sede, como ocurría en ocasiones, se exponían a un mayor«riesgo». Por ello, la finalidad de algunas de estas empresas no era más que la de «proporcionar a la estructura u organización criminal un nuevo domicilio social», puntualizó uno de los declarantes.
El juicio se reanudará hoy martes a partir de las 10.00 horas. Tomarán la palabra los abogados defensores que podrán preguntar a los dos funcionarios de la Agencia Tributaria.
* SUR - 12.07.11 - ROSSEL APARICIO
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo (archivo) - sur
.................................... Leer más...
Tropezar dos veces con el mismo ladrillo
GERARDO ROGER FERNÁNDEZ* : Que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra es un aforismo español que parece que puede volver a repetirse en el sector inmobiliario, tal como viene planteándose en los últimos tiempos por algunos sectores sociales y partidos políticos en demanda de la restauración del viejo modelo de liberalización del suelo en aras de incrementar la oferta de suelo urbanizable. Contraviniendo de nuevo la maternidad de la ciencia, vuelve a vislumbrarse que la experiencia no siempre sirve para validar el método científico de prueba y error.
De hecho, en la actualidad, el sector inmobiliario se encuentra totalmente desplomado por causa, precisamente, de una hipertrofia de oferta de producto que trae causa de la aplicación de medidas sedicentemente liberalizadoras del mercado de suelo contempladas en la legislación estatal del 1998-2000 y traspuestas a diversas legislaciones autonómicas, que vinieron a desregular la implantación de actuaciones urbanizadoras en el territorio al considerar todo el suelo patrio susceptible de ser urbanizado salvo el especialmente protegido, disposiciones que conformaron la base espacial y normativa de aplicación de la desregulación financiera que comportaba el excedente crediticio existente entonces, dirigido al sector inmobiliario.
Convendría recordar que en los años de la burbuja 1997-2006, las desregulaciones normativa y financiera señaladas posibilitaron la construcción del doble de viviendas que requería la demanda residencial normalizada, es decir, la demanda endógena de formación de hogares, que alcanza las 300-350.000 viviendas/año en España. De hecho, en los últimos años de la burbuja se alcanzaron las 650-700.000 viviendas/año, el doble de la demanda endógena, llegándose al triplo en las regiones mediterráneas y áreas centrales españolas.
Pues bien, la gravísima crisis financiera global originada por las hipotecas basura norteamericanas en el verano del 2007, vino a alcanzar a las hipotecas forzadas y a los inflacionados créditos inmobiliarios españoles, lo que comportó el desplome del sector, pasando a construirse un máximo de 100.000 viviendas/año, pasando del duplo al tercio en el intervalo de la burbuja, con el añadido de la generación de un enorme stock de producto de vivienda y suelo altamente sobrevalorados y de muy difícil digestión por el mercado que viene a lastrar, aún más, la recuperación de la actividad.
Por tanto, si en el periodo desarrollista anterior se han producido el doble de viviendas que la demanda endógena requería, debe reconocerse, cínicamente si se quiere, el éxito aplicativo de las denominadas medidas liberalizadoras, tanto de suelo como financieras, puestas en servicio en la segunda mitad de los noventa y primera de los años 2000, desmintiéndose, en consecuencia, la afirmación de que las citadas medidas no pudieron ser aplicadas por causa de una sentencia del Tribunal Constitucional, pues en ningún caso la resolución del alto tribunal afectó a las diversas legislaciones autonómicas que ya habían incorporado la concepción del todo urbanizable a su propio marco normativo.
Adicionalmente, también resulta sorprendente el desconocimiento que manifiestan los defensores del modelo liberalizador sobre las consecuencias que ha venido a producir el mismo. En primer lugar, a pesar de haberse construido el doble de viviendas, el precio de las mismas en dicho periodo entró en una espiral especulativa que llegó a incrementarse en un 150% y el del suelo en un 500%, con lo que el problema generado por la presunta liberalización es triple: ocupación indiscriminada e insostenible de suelo, sobreoferta de producto con generación de un stock de pesadísima digestión y una hipervaloración del mismo, sobre todo de nuestro activo tóxico, el suelo, que viene a imposibilitar, en la práctica, la refinanciación, al menos, de los créditos existentes.
En resumen, volver a reclamar las fracasadas medidas liberalizadoras que resultan ser una de las causas básicas del desplome del sector inmobiliario solo puede responder a un inaudito desconocimiento del comportamiento del mercado inmobiliario o a una sorprendente contumacia en el error. Ojalá se reconsidere y pueda evitarse el volver a tropezar dos veces en el mismo ladrillo, tal como se señala en el título de este artículo.
* Gerardo Roger Fernández. Arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III
* Cinco Días - Opinión - 11.07.11
La Iglesia inscribe como propios miles de inmuebles
Desde aquel año, también pueden inscribir las propiedades a su nombre. A eso se llama, en la jerga administrativa, inmatricular. Y lo están haciendo a destajo. Puede decirse que en Navarra las jerárquicas sotanas han arrasado el territorio. A nombre de la diócesis figuran ya cientos de templos parroquiales, ermitas, basílicas, con todo lo que tienen dentro; también tienen a su nombre casas, almacenes y hasta cementerios, garajes o frontones.
¿Solo en Navarra? No. Por toda España se repite el mismo procedimiento, que es tan barato y sencillo para ellos como complejo para un ciudadano particular. Muchos alcaldes y particulares han descubierto el caso con sorpresa y luchan ahora por devolver al pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario que consideran arrebatado. "Robo" y "expolio", repiten cuando se les pregunta por el caso.
"Inconstitucional", dicen los expertos jurídicos. "No siendo funcionarios públicos, pueden actuar como si lo fueran. Si el artículo 16 de la Constitución no otorga carácter estatal a ninguna confesión, ellos no pueden equipararse a un funcionario público", empieza Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra.
Torres cita una sentencia de 1993 que declaró inconstitucional el artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hasta entonces, un cura podía desalojar a un inquilino de una casa sin tener que probar la necesidad de ocupación. Un padre no podía hacerlo sin demostrar, por ejemplo, que su hijo necesitaba la casa. La Iglesia sí. Pero aquella sentencia venía a decir que "no se pueden confundir fines estatales con fines religiosos, ni fines públicos con fines religiosos. Ni a la Iglesia con una corporación de derecho público", recuerda Alejandro Torres. "Esa filosofía es trasladable al pie de la letra en el caso de las inmatriculaciones que se están produciendo", asegura.
Puede ser, pero para que uno de estos casos llegue al Constitucional se necesita que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, o un recurso de amparo. O bien que un particular agote las instancias jurídicas hasta llegar a este tribunal.
"Ellos tienen tiempo y dinero, nosotros no", dice el alcalde de Garisoain, Javier Ilzarbe, que solo ha podido salvar una ermita. "Se han quedado con la iglesia de la Asunción, con el atrio, con la casa parroquial, con un solar de esa casa y los restos de otra ermita. Nos dimos cuenta hace un par de años, pero no pensamos recurrir, no tenemos posibilidades. Ganas ya tenemos, ya...".
A los alcaldes de los pueblos pequeños, como este de Navarra, apenas les queda el derecho a la pataleta. "Les cortamos la luz, que siempre la habíamos pagado nosotros; ahora la pagan ellos, y aunque nos siguen pidiendo que les arreglemos cosas ya no les hacemos las obras. En los ochenta les reparamos el tejado", dice Ilzarbe.
"Para esto se necesita voluntad política, que los grandes partidos frenen esto o que alguien lo pare en los tribunales. Esto está ocurriendo en toda España, es un escándalo monumental", dice Josemari Esparza, de la Plataforma navarra Ekimena, creada en 2007 para la defensa del patrimonio en esa comunidad.
Pero a los tribunales van los obispos, como hicieron con la ermita del Pilar, en Garisoain, que el Ayuntamiento se apresuró a registrar antes que ellos. Ganó el pueblo. "Les propusimos que la propiedad fuera del pueblo y ellos siguieran con el culto. Nanay, que ellos quieren la propiedad y punto. Encima no pagan ni el impuesto de bienes inmuebles", critica Ilzarbe.
En Huarte, también en Navarra, el alcalde pidió reunirse con el obispo. "Se negó y nos recibió el ecónomo. Nos mandó a los tribunales, y ahí estamos. Suerte que tenemos un documento de 1820 en donde la Iglesia da por buena la propiedad del pueblo sobre el templo", dice.
La Conferencia Episcopal Española deja el asunto en manos de cada diócesis. La de Navarra contesta: "La Iglesia no inscribe los edificios para apropiárselos, sino que los inscribe porque le son propios". Otra cosa, responden en un correo electrónico, "es que los Ayuntamientos quieran apropiárselos", por lo que tienen que "defenderse", aseguran.
"Si los edificios pasan a otras manos no hay garantías de que se sigan destinando al uso para el que fueron creados, como ya ha ocurrido", afirman. Y niegan que pasen a ser suyos solo porque los inscriban. "Cumplimos la ley de 1998: la Iglesia registra lo que es suyo", dicen en el mensaje. Explican también que su gasto en conservación del patrimonio es muy alto: "No es la Iglesia quien se está enriqueciendo con las aportaciones del Estado, sino que es el Estado el que se está ahorrando dinero con las aportaciones de la Iglesia".
Volvamos a Navarra. Y a su catedral. Con dinero público se pagaron millonarias reparaciones meses antes de que la diócesis la inmatriculara: 15 millones de euros. En 2006, el obispado la hizo suya y pusieron precio a las visitas y a las actividades que allí se desarrollaban, explican en la plataforma. "La Iglesia quiere la propiedad para tres cosas, vender, alquilar o hipotecar. Sabemos que ya se está vendiendo y alquilando, y desconocemos si se usa para hipotecas", dice Josemari Esparza.
Esparza cita un caso singular recogido en el libro que han publicado, el de San Miguel de Lizoain, un templo del siglo XIII "quemado y desacralizado donde el Ayuntamiento iba a montar un centro cívico. En 2003 la Iglesia la inmatriculó, el mismo día que el resto de los templos del valle, y ahora el Ayuntamiento ha tenido que comprarlo para hacer el centro que planeaba. Un negocio redondo", se indigna Esparza. Recuerda que antiguamente las iglesias eran el centro municipal, la escuela, el lugar de reuniones. Todo. "Finalmente, quedó casi en exclusiva como lugar de culto, pero nunca fue de ellos. Ahora en Tafalla cobran 300 euros por los conciertos de las bandas que se celebraban tradicionalmente allí. El negocio del futuro de la Iglesia es el inmobiliario", sigue Esparza.
En el libro de la plataforma se analiza también el caso de la capilla de San Fermín, emblemática en Pamplona. "En los archivos se recogen los inmensos esfuerzos que hubo de hacer la ciudad para construirla; tanto que tuvieron que suspender las corridas de toros durante seis años. No puede estar más acreditado que era de propiedad pública. Pues la diócesis la inmatriculó en 2003. Y hace bien de dinero con ella, por las bodas y otros ritos", explica Esparza.
En Navarra, la plataforma está pidiendo a los alcaldes que saquen normas que impidan especular con los terrenos aledaños a las iglesias, esos que se están inmatriculando.
¿De quién son las iglesias? Hay que bucear en los archivos para saberlo, y no siempre se tiene constancia. Para la Iglesia, "la posesión pacífica de bienes inmuebles durante más de 100 años es, jurídicamente, título de propiedad suficiente para inscribirlos legítimamente en el Registro de la Propiedad". Temen que los templos se usen para otros fines. Pero ese temor no puede extenderse a los frontones, los olivares, las casas rectorales, los cementerios. ¿O sí?
* El País - CARMEN MORÁN - 11/07/2011
Foto: La reparación de la Catedral de Navarra se pagó con dinero público antes de que la Iglesia se la apropiara.- elpais
.................................... Leer más...
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
