Deterioro patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea

MADRIDIARIO* : Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, especialmente, tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos paisajes. El punto partida de la investigación son los recientes e intensos procesos de transformación de los regadíos tradicionales en el mundo mediterráneo y su incidencia en la degradación de unos paisajes valiosos desde el punto de vista productivo, patrimonial e identitario. La investigación aborda la relación entre agua y paisaje en las huertas, así como el tratamiento de sus valores patrimoniales en las actuaciones públicas. "Resulta imprescindible que la política hidráulica y los proyectos de modernización de las infraestructuras de riego, se diseñen partiendo del principio de la multifuncionalidad de los regadíos, asumido que la eficiencia económica no debe ser el único parámetro para evaluar las decisiones públicas. Se ha de tener presente el valor cultural, patrimonial e incluso ecológico de las redes de distribución de agua", concluye el profesor de la UC3M, Santiago Fernández Muñoz, autor del estudio junto al catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Mata.

La investigación, surgida tras la creación de un panel científico de seguimiento de la política del agua por iniciativa de la Fundación Nueva Cultura del Agua, se ha publicado recientemente en Scripta Nova, la revista de geografía en castellano con mayor índice de impacto en el JCR. En el artículo, tras realizar una propuesta tipológica de los paisajes de regadío tradicional en España, se caracteriza su evolución contemporánea tomando como ejemplo la huerta de Murcia. Los investigadores han identificado un intenso proceso de transformación de las huertas mediterráneas consecuencia de la reducción de superficie cultivada y una creciente urbanización. Se ha producido al tiempo, señalan los profesores, una pérdida del patrimonio cultural y ecológico que constituían las redes de riego y drenaje, lo que conlleva en su conjunto un fuerte riesgo de desaparición de espacios de grandes méritos de conservación desde la perspectiva cultural, territorial, productiva e incluso biológica.

Un paisaje identitario
Los regadíos históricos constituyen un excelente ejemplo de los paisajes agrarios de los valles mediterráneos en medios secos y semiáridos. "Han sido auténticos oasis agrícolas, uno de los tipos de paisaje más representativos de los espacios mediterráneos españoles, que deben ser incluidos entre los paisajes agrícolas de mayor significado a escala europea, junto con los bocages atlánticos o los open fields del interior del continente", comenta Santiago Fernández Muñoz, del departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte de la UC3M. Y añade: "Para determinadas regiones, l’horta de Valencia o la huerta de Murcia, son además paisajes tan identitarios como lo puede ser el Retiro para Madrid o Montserrat para Cataluña".

En la última parte del estudio los investigadores caracterizan algunos impactos de las políticas de modernización sobre los valores patrimoniales de los paisajes regados históricos y apuntan propuestas para la gestión y salvaguarda de estos ámbitos. "Dicha conservación ha de realizarse a través del instrumento de planificación territorial o urbanística que sea de aplicación, o, en su caso, de la figura de patrimonio histórico o de conservación de la naturaleza que, eventualmente, se decida aplicar", indican los investigadores, que destacan además la "necesaria consideración de determinadas áreas de los regadíos mediterráneos como zonas de 'protección especial' (previstas en el Reglamento de Planificación Hidrológica; artículo 23) y que deberían ser incorporadas a los planes hidrológicos de las demarcaciones actualmente en redacción", concluyen.


* Madridiario - 8.07.11
Foto: Huerta mediterránea - madridiario

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Del 11-M al 15-M

JOSÉ MANUEL FAJARDO* : Las movilizaciones del 15-M parecen haber pillado por sorpresa a la clase política española. Aunque se repita que la indignación de los ciudadanos es comprensible ante la gravedad de la crisis económica, se percibe claramente que el 15-M es visto por la mayoría de los políticos como un fenómeno inexplicable pues, con sus aciertos y sus errores, ¿no vivimos ya en democracia? ¿A qué pues eso de "Democracia real ya"? El conformismo con el orden establecido ha calado, al parecer, tan profundamente en nuestros dirigentes, incluso en quienes se proclaman de izquierdas, que se ha abandonado todo análisis histórico. Si no, resulta difícil de explicar que no se haya puesto en perspectiva histórica lo ocurrido en este último mes en España para intentar comprender por qué los ciudadanos de una democracia reclaman a gritos precisamente eso que se supone que ya tienen: democracia.
El 15-M no nació el día 15 de mayo de 2011, aunque a ese día deba su nombre, sino que su historia se puede rastrear, como mínimo, a lo largo de la última década de protestas sociales en España. La suya es pues la crónica de un estallido anunciado. Basta tomarse la molestia de buscar en youtube.com las imágenes de las protestas populares tras los atentados del 11 de marzo de 2004. En las concentraciones que tuvieron lugar entonces ante las sedes del PP, para denunciar la manipulación informativa que seguía intentando achacar a ETA los atentados con la vista puesta en las elecciones a punto de celebrarse, se pudieron escuchar muchos de los gritos que en este último mes se han oído en toda España. En particular uno que se ha convertido en verdadero mantra del 15-M, el que dice: "Lo llaman democracia pero no lo es".

Las movilizaciones del 11-M, como las del 15-M, tuvieron lugar en pleno periodo electoral. Ambas fueron recciones ante situaciones de crisis y perturbaron ese monumento a la inutilidad que es el llamado "día de reflexión", un concepto con más tintes de ejercicios espirituales que de capítulo democrático. Pero lo han hecho dándole, paradójicamente, un valor reflexivo. Porque lo que reclamaban los manifestantes del 11-M era precisamente información veraz para poder reflexionar de verdad. Y lo que han pedido los del 15-M ha sido una reflexión que fuera más allá del sentido del voto en una elección concreta, que tomara en cuenta el rumbo emprendido por nuestra sociedad tras la crisis de 2008. Nada más lógico que uno de sus carteles anunciara, tras decidir abandonar la Puerta del Sol, que "nos trasladamos a tu conciencia".

Sin embargo, tanto unas protestas como otras han sido interpretadas casi exclusivamente en clave electoral (¿a quién favorecen, a quién perjudican, quién las provoca, para qué lo hace?), con una falta de miras y de proyección estratégica de la vida común que resultan desoladoras. ¿Es esa toda la reacción de que son capaces nuestros dirigentes? ¿De veras que la única autocrítica posible es la de decir que no se ha sabido explicar a la ciudadanía las políticas emprendidas? ¿De verdad se piensa, en este mundo hiperconectado y denominado de "la información", que los ciudadanos son tan estúpidos como para no comprender lo que sus gobernantes hacen?

Si algo, precisamente, ha llamado la atención en las maratonianas asambleas de la Puerta del Sol y en los documentos esgrimidos por el 15-M ha sido precisamente el nivel de los debates y la calidad de los análisis y las propuestas (vale la pena leer el documento contra el Pacto del Euro en www.democraciarealya.es/tmp/19j/DRYcontraelPactodelEuro.pdf). No estamos, pues, ante un movimiento de indignados desde la ignorancia sino desde el conocimiento. Indignados con conocimiento de causa.

Se trata de personas que están poniendo en cuestión, en mayor o menor medida, el sistema económico establecido (el lema de la manifestación del pasado 19 de junio fue elocuente: "Contra la crisis y el capital") y que lo están haciendo precisamente en nombre de la democracia. Los mercados aparecen como el mayor enemigo de la soberanía popular, que es la base de la misma. Y así se rompe con el sofisma que identifica democracia con sistema capitalista (por si no bastara el hecho de que la democracia naciera en la Grecia clásica, 2.000 años antes de la aparición del capitalismo).

Lo que las movilizaciones del 15-M vienen a señalar, en mi opinión, es la rebelión de una buena parte de la sociedad contra una nueva forma de despotismo que, utilizando las elecciones, reformula la vieja máxima del despotismo ilustrado ("todo para el pueblo, pero sin el pueblo") para gobernar en nombre del pueblo, pero sin el pueblo. Más aún, haciendo muchas veces exactamente lo contrario de aquello que se prometió al pueblo para conseguir su voto legitimador.

Es ese divorcio entre discurso y práctica, esa reducción de los ciudadanos a convidados de piedra de la democracia, la que cabe pensar que ha ido germinando el proceso histórico de creación del 15-M. Un proceso lleno de desencuentros sonados: el referéndum para integrarse en la OTAN convocado por el PSOE tras oponerse antes a esa integración; el apoyo del Gobierno del PP a la declaración de guerra a Irak, en la célebre reunión de las Azores, con un 90% de la población en contra de la guerra; la manipulación de los atentados de 2004 por el PP para intentar ganar las elecciones y para desgastar después al PSOE, tras tanto pregonar la unidad antiterrorista; la sumisión del Gobierno del PSOE al dictado de recortes sociales promovido por los mercados internacionales; la entrega de gobiernos y alcaldías al PP por parte de Izquierda Unida después comprometerse a cerrar el paso a la derecha... La palabra de los políticos ha perdido toda credibilidad, malbaratada en el puro oportunismo y en la incapacidad de desarrollar las políticas necesarias para mantenerla.

El 15-M ya ha demostrado que critica por igual a los partidos de derechas y de izquierdas, pero en tanto que movimiento de masas y por su puesta en cuestión del orden económico establecido su existencia afecta especialmente a la izquierda.

El castigo al PSOE no ha sido pues por sus pecados ideológicos, como algunos pretenden interpretar, sino por sus pecados materiales: por convertirse en el ejecutor de los recortes sociales dictados por los mercados. Y bien se lo han recordado al invocar la actitud islandesa de consultar al pueblo y de negarse a pagar las deudas contraídas por los especuladores.

La democracia nunca ha entrado en la esfera económica. A los trabajadores se les da el derecho a intentar defender sus salarios y condiciones de trabajo, pero no a participar en las decisiones que después van a redundar en la existencia misma de esos derechos o de ese trabajo. Algo sobre lo que el 15-M también ha insistido al plantear la necesidad no solo de controlar a la clase política sino también de avanzar hacia una democracia social y económica.

El problema es que el triunfo de un capitalismo despiadado y sin límites ha terminado por integrar la totalidad del sistema político como un elemento más del juego de los mercados. Ya no se especula solo con mercancías y dinero, también se especula con naciones enteras, con Gobiernos y derechos. Y la construcción de organizaciones supranacionales está ofreciendo el marco para que dicha integración especulativa se convierta en ley.

A este paso, la puesta en cuestión del orden económico puede terminar suponiendo la puesta en cuestión del orden político y legal. Es decir, la puesta en cuestión de todo el sistema. Por eso no es extraño el recurso a la desobediencia civil. Es el instrumento lógico para romper la lógica de un sistema.

Que se haya optado por la "no violencia" refuerza la sensación de estar ante una indignación con conocimiento de la propia historia de las protestas sociales, que ha sacado lecciones de las dañinas consecuencias de emprender vías violentas. Pero la violencia es compañera frecuente de la desesperación y si el 15-M ya ha empezado a tomar nota de eso, sería bueno que la clase política española la tomara también, porque una sociedad a la que no se ofrece más salida que la aceptación del sufrimiento y cuyas reivindicaciones no son atendidas está condenada a hundirse en el desespero. Pedir democracia real es un grito de alerta y un gesto de responsable participación en la vida política, un ejemplo de esa responsabilidad ciudadana que, desde la transición, es el gran tesoro de la maltrecha democracia española.

* José Manuel Fajardo, escritor, es autor de la novela El converso.


* El País - Opinión - 08/07/2011

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Detenidos un funcionario de Alicante y dos promotores por supuesto cobro de comisiones en obras del Plan E

ELPAÍS* : La Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha arrestado a un funcionario y dos promotores por el supuesto cobro de comisiones en obras que encargó el Consistorio financiadas con fondos del Plan E. La Fiscalía Anticorrupción acusa a los arrestados, que hoy declararán ante el juez de guardia, de los supuestos delitos de cohecho y malversación. El PP gobierna el Ayuntamiento de Alicante con mayoría absoluta.
Este posible escándalo de corrupción en el Ayuntamiento alicantino se suma a la investigación, incluida en el "caso Brugal", de un presunto trato de favor por parte de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. En esta causa hay ya siete imputados, entre ellos Ortiz. El fiscal acusa de cohecho a otras 14 personas, entre las cuales se encuentran Castedo y Alperi.

La investigación sobre el supuesto cobro de comisiones vinculados a las obras del Plan E se remonta a 2006, a raíz de una denuncia de la exconcejal del PSOE Carmen Sánchez Brufal ante el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El fiscal observó indicios de delito y remitió el caso al Juzgado número 2 de Alicante, que ayer ordenó los tres arrestos y, en paralelo, acordó el registro de las empresas de los promotores implicados y reclamó los expedientes de las obras a la Concejalía de Atención Urbana, donde desarrolla sus funciones el técnico municipal detenido.

Según fuentes del caso, el empleado municipal, José L. M., ingeniero técnico de obras públicas, asumía como suyos los proyectos presentados por los promotores para agilizar el expediente y asegurarse la adjudicación a cambio de dádivas.

Los dos proyectos del Plan E objeto de la investigación fueron sendas obras para remodelar la plaza de La Montañeta y el emblemático paseo de la Explanada, por un monto global de 3 millones de euros. Las firmas adjudicatarias fueron la mercantil Becsa y Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios S.L (CCMS). La concejalía de Atención Urbana, que el número dos del gobierno de Castedo, el edil Andrés Llorens, ha estado implicada en el anterior mandato en tres supuestos casos de ilegalidades al adjudicar proyectos. En concreto, Víctor López, jefe de servicio de este departamento fue imputado en tres ocasiones. También estuvo imputado el propio Llorens por adjudicar una obra después de haber sido ejecutado. El juez, no obstante, archivo la causa.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 08/07/2011
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org

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Ingresa en la cárcel de Palma el quinto condenado por corrupción

ELPAÍS* : A los cuatro expolíticos corruptos presos en la cárcel de Palma, con condena firme (tres del PP y uno de UM), se acaba de unir una funcionaria, la recaudadora de Sineu, Mallorca. Ingresó ayer con una condena de cuatro años y medio de prisión y diez de inhabilitación por malversación de caudales públicos.
Martina Gelabert se apropió de 880.000 euros de fondos municipales para efectuar negocios particulares inmobiliarios, tras manipular las cuentas bancarias y desviar los ingresos de tributos y tasas. Asumió los hechos ocurridos entre 1999 y 2005, fue encarcelada 60 días y, finalmente, logró rebajar la pena de 13 años que la fiscalía reclamaba y evitar la condena por blanqueo de capitales contra su hijo. El Ayuntamiento recuperó casi 400.000 euros del Banco de Crédito Balear, del Banco Popular, condenado por su responsabilidad pasiva en la tutela de los fondos malversados.

En el centro penitenciario de Palma figuran como internos, reos por corrupción, el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el exdirector general del Gobierno de Baleares de Jaume Matas y jefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, del PP. Están condenados en diferentes piezas penales del caso Andratx de corrupción urbanística.

Entre rejas está también el exnúmero dos del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, que también era del PP. Fue condenado por malversación de caudales por el uso de la tarjeta bancaria y cumple prisión por los delitos de abusos sexuales a menores. Finalmente, está preso el exdiputado Tomeu Vicens, exsecretario general de Unió Mallorquina (UM), por malversación de caudales y prevaricación.


* El País - 7.07.11
Foto: Palma, palau consell insular Mallorca - trivago.com

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Vivienda Digna califica las propuestas del Gobierno sobre hipotecados de muy insuficientes

KAOSENLARED* : La Plataforma por una Vivienda Digna califica las recientes propuestas para proteger a los hipotecados con problemas como muy insuficientes, y exige a Zapatero que promueva los cambios necesarios para que la entrega del piso conlleve la cancelación completa de la deuda. El colectivo pide también que las soluciones para las personas en riesgo de desahucio no afecten a las correcciones de precios, y que se tomen de una vez medidas estructurales.
La Plataforma por una Vivienda Digna afirma que las propuestas del Gobierno para proteger a hipotecados con problemas tales como subir el salario no embargable y elevar al 60% el valor al que el banco se puede quedar el piso son positivas, pero muy insuficientes. En este sentido el colectivo pide eliminar por completo los injustos privilegios de los bancos en la tramitación de ejecuciones hipotecarias, en especial el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y buscar una vía que permita al desahuciado saldar su deuda íntegramente con la entrega del piso.

La PVD critica además que el Gobierno sobreactúe con este tema para aparentar que se están aplicando soluciones, cuando sólo se trata de propuestas que no cambian nada si no son aprobadas por el Congreso. Además, reclama que se aproveche la tramitación para incorporar cambios que acaben con la arbitrariedad en los tipos de interés que se aplican en las ejecuciones hipotecarias, pues es escandaloso que puedan acercarse al 30% en algunos casos. También deben reformarse la cuantía y asignación de las costas judiciales, que en el caso de deudores de buena fe y sin otras propiedades deberían ser asumidas por las entidades financieras.

La PVD, que comparte los principales objetivos de movimientos como el 15M o Democracia Real Ya, quiere recordar a todos los hipotecados con problemas de pagos que con las leyes actuales los procedimientos de embargo y desahucio son tremendamente injustos y dañinos para el deudor, por lo que es importante intentar buscar cualquier solución antes de permitir que la hipoteca sea ejecutada.

En ese sentido, y como sugiere también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los afectados deben buscar vías como activar el seguro de desempleo si la hipoteca lo tuviera contemplado, renegociar con el banco, o acudir a los servicios sociales. Para la PVD es incluso interesante intentar vender el piso por un precio menor al de compra si el contrato lo permitiera, ya que el precio de venta probablemente sea algo mayor al 50% por el que se lo puede quedar la entidad financiera (a falta de consolidación de las propuestas del Ejecutivo) y el deudor cancelaría así más deuda. La PVD pide al Gobierno y las Comunidades Autónomas que desarrollen canales de información y asesoramiento sobre este asunto para personas en riesgo de desahucio, incluyendo también a personas en alquiler.

En cualquier caso, esta asociación quiere alertar de que según sus previsiones, además de unos 90.000 desahucios por impago de hipotecas se producirán este año cerca de 60.000 desahucios por impago del alquiler y sin embargo, por alguna razón sobre la que merece la pena reflexionar, éstos últimos no están teniendo la misma cobertura mediática.

La PVD, que lleva desde 2003 trabajando por el objetivo de una vivienda digna, advierte además de que hay muchos tipos diferentes de hipotecados con dificultades, y una detención generalizada de desahucios hipotecarios podría trasladar a la sociedad la idea de que “hipotecarse a cualquier precio sale bien”, y suponer el fin de las caídas de precios, lo que en vez de solucionar un problema, sólo lo cambiaría de personas. Según el Observatorio Joven de Vivienda (OBJOVI), en España hay más de 2 millones de jóvenes de entre 25 y 34 años que siguen viviendo con sus padres, y la continuidad en la corrección de los precios es imprescindible para facilitar su derecho a disfrutar de una vivienda digna en un futuro cercano.

En ese sentido, la PVD pide al presidente Zapatero que si se dan nuevas medidas para proteger a los hipotecados, además de no suponer más gasto público para beneficiar a los bancos, no acaben siendo la excusa para nuevas hipotecas temerarias o el fin de las correcciones de precios. Debe ser posible conciliar el derecho a techo de las personas desahuciadas o en riesgo de desahucio que no tengan a dónde ir, muchas necesitadas de una solución urgente, con un marco que no infle de nuevo la burbuja, para que el derecho a una vivienda digna y asequible pueda convertirse un día en una realidad para todos.

La plataforma recuerda también que las principales causas del problema de la vivienda en España siguen “escondidas bajo la alfombra”, y exige que se produzcan de una vez los cambios estructurales para garantizar el derecho a la vivienda de forma generalizada. Entre estos cambios: el fin de las desgravaciones por compra y de las ayudas directas (que acaban pagándose a través de un mayor precio); limitación de cuantía y plazos de hipotecas; tasación pública independiente; penalización de la vivienda vacía (en vez de ocultarla en las nuevas estadísticas); parque público de alquiler a precios bajos y sin impacto ambiental (nuestro parque público de alquiler es de los más pequeños de Europa); reforma de la ley del suelo para evitar la especulación; bajadas de los módulos VPO; separación del urbanismo de los ingresos de los ayuntamientos; control estricto de la corrupción, especialmente la que afecta a la toma de decisiones; y una transparencia total en la financiación de los partidos políticos.

Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
info@viviendadigna.org
http://www.viviendadigna.org


* KaosEnLaRed - Vivienda Digna - 6.07.11

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Nueva Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo

AGENTESFORESTALES* : La Memoria 2010 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente Urbanismo, certificó en 2010 la existencia de 5.284 procedimientos judiciales con 687 sentencias condenatorias. De los delitos, 596 lo fueron en Medio Ambiente, 1.710 en Ordenación del Territorio y Urbanismo, 231 en Patrimonio Histórico, 786 en Flora y Fauna, 1.7807 en Incendios Forestales y 181 relativos al Maltrato de Animales Domésticos. Cifras que constatan especialmente el crecimiento de los procedimientos relativos a Flora y Fauna y Patrimonio Histórico, registrándose en el resto ligerísimas disminuciones respecto al año precedente.
Respecto a las sentencias condenatorias, en 2010 se tiene constancia de un total de 687 sentencias, de las que 31 lo fueron en Medio Ambiente, 426 relativas a la Ordenación del Territorio y Urbanismo, 10 a Patrimonio Histórico, 96 a Flora y Fauna, 96 a Incendios Forestales y 28 a Malos Tratos a Animales Domésticos.

A estas cifras habría que añadir igualmente 4 sentencias de condena dictadas por el Tribunal Supremo, de las que 1 es en incendios forestales, 2 en medio ambiente y 1 sobre ordenación del territorio y urbanismo. Destaca el incremento de las sentencias condenatorias en prácticamente todas las materias y, especialmente en Ordenación del Territorio y Urbanismo en 2010 respecto a 2009.

Por lo que a sentencias absolutorias se refiere, en 2010 se dictaron 282 sentencias absolutorias, de las que 32 lo fueron por delitos relativos al Medio Ambiente, 165 por delitos sobre la Ordenación del Territorio, 16 relativas al Patrimonio Histórico, 23 por delitos relativos a la Flora y Fauna, 34 relativas a Incendios Forestales y 12 a Malos Tratos a Animales Domésticos. En este caso, no hay constancia de sentencias absolutorias en la materia de dictadas por el Tribunal Supremo.


* Agentes Forestales - 7.07.11
Foto: Contaminación ríos, peces muertos - agentesforestales

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Cartagena.- Una plataforma vecinal gestiona un polideportivo público para que no lo privaticen

LAVERDAD* : «Mientras están jugando no están pensando ni en alcohol ni en drogas». Suena a tópico pero ése es el lema que ha tomado por bandera la asociación sin ánimo de lucro Club Deportivo Playa Paraíso, compuesta por quince colectivos de vecinos de la diputación del Rincón de San Ginés para gestionar el nuevo polideportivo del Mar Menor y evitar su privatización. El complejo fue inaugurado el pasado mes de noviembre, y desde entonces un grupo de vecinos dirige las pistas deportivas, a las que ya están inscritos decenas de niños, jóvenes y adultos de toda la zona de La manga. Se trata de una plataforma vecinal que quiere evitar a toda costa que el Ayuntamiento de Cartagena, propietario de las instalaciones, conceda la gestión a una empresa privada, como es su intención, según los vecinos.
«Antes de que lo lleve alguien que sólo busca un interés económico, queremos gestionarlo nosotros, que solo pretendemos que los jóvenes tengan un sitio para entretenerse», explicó a este diario el presidente de la recién creada plataforma, Manuel Macedo.

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena les cedió la gestión el mismo día que se pusieron en marcha las instalaciones, y desde entonces se autofinancian con el alquiler de las pistas deportivas, con las cuotas del gimnasio, al que están inscritos más de cien personas, y con las ayudas que reciben de varias empresas de la zona.
Son todo un ejemplo de gestión eficiente y si ánimo de lucro. Lo que intenta la plataforma es que «los niños tengan un sitio para hacer deporte y no se enganchen a hábitos poco saludables. De esta forma a la vez que disfrutan y juegan los tenemos controlados», dijo el presidente del colectivo.
Fútbol, tenis, pádel y vela
Creen que si el Ayuntamiento concede la gestión a una empresa privada. ésta subirá los precios y muchos niños no podrán disfrutar de las instalaciones. «Hay muchas familias que con la crisis no se pueden permitir pagar para que sus hijos disfruten del polideportivo. Con nuestra gestión todos podrán usarlas, pero si se mete una empresa, ésta buscará su propio beneficio y solo podrá entrar el que pague», añadió Manuel Macedo.
Este complejo polideportivo dispone de un campo de fútbol 7 con superficie de césped artificial, tres pistas de pádel (una de ellas con cerramiento de cristal) dos de petanca y dos de tenis. El edificio central tiene dos salas más destinadas al gimnasio, una zona de cafetería y vestuarios con duchas.
A ello se le une otro edificio destinado a deportes náuticos, con acceso directo a la playa. Por ahora es el único servicio que no tiene abierto al público, porque aún no han conseguido los permisos que necesitan.
Autofinanciación
Manuel Macedo asegura que a pesar de que pueden autofinanciarse con lo que sacan de las pistas, necesitan al menos que el Ayuntamiento les pague la luz y el agua, «del resto nos podemos hacer cargo nosotros». Si al final la Concejalía de Deportes, que ahora dirige José Cabezos, opta por dejarles la concesión, el presidente de la plataforma está seguro de que el complejo en pocos años no necesitará de ningún tipo de subvención. «La administración local lo que necesita son gestores como nosotros, que no le costamos ni un euro», señaló.
El complejo polideportivo costó 1.500.000 euros, financiados por el Ayuntamiento de Cartagena y la Mancomunidad de Municipios Turísticos del Mar Menor
En marzo de 2007 se anunció la obra, pero no fue hasta abril de 2008 cuando el entonces consejero de Turismo y Consumo, José Pablo Ruiz Abellán, aprobó un plan de actuaciones de mejora para todos los municipios de la Mancomunidad por valor de 1.064.000 euros, en el que se detallaba las obras del polideportivo y la cuantía que tendría, 80.100 euros. Las obras comenzaron, con nuevas partidas presupuestarias, pero al poco tiempo se paralizaron hasta mediados del año pasado que se retomaron. Finalmente en noviembre se abrieron al público.
A pesar de que los trabajos acabaron, las instalaciones se quedaron con varias deficiencias. El gimnasio no se acondicionó y tuvieron que ser los vecinos los que compraron las máquinas y lo pusieron en marcha. Además, los accesos están sin terminar: falta el asfaltado de las calles y el adelantamiento de las aceras, según denunció el presidente de la Asociación de Vecinos de Playa Paraíso, José Antonio Moreno.


* La Verdad - 08.07.11 - ANTONIO LÓPEZ
Foto: Usuarios del polideportivo jugando en una de las pistas de pádel.- laverdad

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¡Más cemento, es la política!

XOSÉ MANUEL PEREIRO/Galicia* : Días pasados hemos experimentado una auténtica inaugurorrea infraestructural. Presentaciones, licitaciones, adjudicaciones, primeras y últimas piedras de caminos, canales, puertos, aeropuertos y la gama completa de obra civil. Todo con la natural satisfacción de fuerzas vivas, el legítimo orgullo de las autoridades (o la envidia, dependiendo de la orientación política) y el aplauso mediático. Sin embargo y pese a todo ello, no son temas que presidan las conversaciones ciudadanas, como se le recriminaba a asuntos como la reforma del Estatuto. Creo que la paradoja se le puede atribuir a una de las numerosas brechas que se agrandan en nuestra sociedad entre el discurso oficial y superestructural y la realidad.
Por razones históricas, sobre todo en Galicia, la obra civil era un bien tan escaso como arbitrario. Como se necesitaba de todo, el político valorado era el que traía algo, viniera a cuento o no. La continuidad de esa "política del lavadero" (la obra civil más conseguible) fue la proliferación de rotondas y polígonos industriales a discreción en la etapa Fraga. Su consagración fue el Plan Galicia, un cuerno de la abundancia de proyectos prometidos no en base a la satisfacción de necesidades reales, sino como compensación dadivosa por una catástrofe. Los políticos prometen puentes aunque no haya río, reconocía Nikita Kruschev, a pesar de que no dependía precisamente del favor del electorado.
Y en ello seguimos. Pese a que uno de cada dos gallegos vive en un radio de 15 kilómetros del centro de las ciudades, el transporte público de cercanías ni alcanza la eficacia de aquellas rutas de coches de línea diseñadas para entierros y cabodanos.
Al contrario, las necesidades perentorias son la autovía de la Costa da Morte, de coste dilatable y cuya utilidad, según los papeles que repartían cuando presentó el proyecto en Muxía el presidente Pérez Touriño, será acortar la duración del viaje A Coruña-Cee en diez minutos. O el AVE, por mucho que haya estudios que establezcan que por debajo de los seis o siete millones de pasajeros al año no es socialmente rentable, o que, en base a la experiencia francesa o japonesa, producirá un "efecto succión" (beneficiar la economía del polo más desarrollado de los que conecta, en detrimento del menos, o sea el nuestro).

Mención especial al llamado sistema aeroportuario gallego. Fuera de intentos como el de centenares de personas que se manifestaron en 1932 en Monforte tras una pancarta que rezaba "¡exigimos un aeródromo!" o el que habilitaron los alemanes en Rozas, su primer y principal aeropuerto nació como nació y dónde plugo, fruto de un galleguísimo duelo de hipótesis entre el general Franco y el cardenal Quiroga Palacios ("Por si viene el Papa"/ "¿Y si no viene?" / "¿Y si viene?"). La realidad es que ahora tenemos tres, como dijo el otro día el ministro José Blanco con más resignación que alarde, pero ¿realmente es necesario ampliar ahora las terminales, o se va a hacer realmente para ocupar los aparcamientos recién ampliados? "Las necesidades más dispendiosas son las que nos impone la opinión", profetizó Jean-Jacques Rousseau las relaciones entre infraestructuras y electorado.

Con todo, pese al bombardeo de autoridades y titulares, buena parte de la ciudadanía cuestiona sensatamente en privado la necesidad de esos proyectos. Y lo que es más sorprendente, muchos altos cargos con responsabilidad en infraestructuras confiesan ese mismo descreimiento en la intimidad -no creo que tengan el detalle de confesármelo exclusivamente a mí en consideración a como creen que opino. "La opción del AVE para el transporte ferroviario es como un médico que se obstina en recetar sólo penicilina" fue la opinión de un experto (no digo cuál, porque ahora es alto cargo), uno más de los comentarios mucho más contundentes que colecciono. Es decir, muchos lo sabemos y muchos lo saben, pero nadie argumenta a priori las necesidades que satisfará una obra concreta, y a qué costes, salvo que "ayudará al progreso de X". Y no pasa nada, aunque se inauguren aeropuertos en el aire, nunca peor dicho, como el de Castellón, o se anulen trayectos del AVE como el de Toledo-Cuenca-Albacete (18.000 euros de coste diario para nueve pasajeros) sin que ninguno de los demandantes o promotores considere que tiene que dar explicaciones, o se las pidan.

Como mucho, hay esclarecimientos como este de Aznar, en julio de 1998, sobre el caos aéreo: "Los aeropuertos tienen muchos problemas que tampoco son exclusivos del aeropuerto de Barajas, porque basta viajar un poco para darse cuenta de que otros aeródromos también tienen sus problemas. Sería bueno contar con la colaboración de todos, porque realmente puede haber problemas. Hace poco hubo problemas de vuelo por algunas razones. Puede haber razones, puede haber problemas de otro tipo de razones en el espacio aéreo y, en fin, puede haber otros problemas". Por poder, puede que en la obra pública haya que poner su coste por kilómetro o metro cuadrado, como en algunas recetas médicas y servicios sanitarios. No sé con qué razones un gobierno puede decidir recortes en salud o educación y mantener los gastos en infraestructuras. Quizá con las mismas con las que Oscar Wilde pedía: "A mí dadme lo superfluo, que lo necesario todo el mundo puede tenerlo". Wilde no era un político, pero un siglo antes alguien que sí lo era, Benjamin Franklin, había advertido: "El que compra lo superfluo, pronto tendrá que vender lo necesario".


* El País - Opinión - 7.07.11

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El 15-M agudiza la distancia entre los ciudadanos y los políticos

PÚBLICO* : Después de que miles de ciudadanos mostrasen su indignación contra políticos y banqueros acampando en las calles de España y manifestándose en sus principales plazas en torno al Movimiento 15-M,el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) certificó ayer el creciente descontento de los españoles con la clase política, que ha alcanzado su récord histórico desde 1985.
Los partidos y los políticos son percibidos como una preocupación para el 24,7% de los consultados, 2,6 puntos más que hace un mes, según el barómetro de junio hecho público ayer por el CIS. Y se consolida la tendencia iniciada en febrero de 2010 que sitúa a la clase política como tercer problema de España. Por otro lado, el sondeo ha puesto de relieve que, para una inmensa mayoría de ciudadanos, la corrupción existe fuertemente entre ese colectivo. Un 86,6% de los encuestados opina que la corrupción está muy o bastante extendida entre los políticos. En diciembre de 2009, tenían esa imagen el 79,2% de los consultados. Este dato contrasta con los rasgos que más valoran los españoles de un político. La honradez es lo más relevante, según declaran el 79,4% de los encuestados. Le siguen la eficacia, con un 31,2%, y la preparación, el 28,7%. No es de extrañar, entonces, la distancia entre la ciudadanía y la clase política.

"El 15-M ha supuesto una vuelta de tuerca más a la percepción negativa de los políticos por los ciudadanos", señala el expresidente del CIS y catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Valles-pín, que destaca que viene de atrás. En su opinión, la movilización de los indignados del último mes y su tratamiento en los medios ha incidido en los resultados.

El sondeo de la institución, realizado entre el 2 y 9 de junio a partir de 2.472 entrevistas, incluye varias preguntas relacionadas con el movimiento ciudadano, cuyo apogeo se produjo a finales de mayo.

El 76,9% de los encuestados manifestó haber seguido con interés las movilizaciones que se habían producido en las plazas de las principales ciudades. Un 26,7% prestó una relativa atención y un 40,2% lo hizo con mucha o bastante. Para un 22%, sin embargo, los indignados no despertaron ningún interés. La percepción sobre los acontecimientos relacionados con el 15-M es muy positiva entre la mayoría de los consultados que se interesaron por el 15-M.En concreto, el 70,3% de ellos declararon tener un visión positiva del movimiento y sólo un 6,4% declararon tener una opinión negativa.

Preguntados por el futuro que auguran al movimiento, el 38,3% intuye que continuará por otras vías, como las asambleas. Otros, sin embargo, creen que el 15-M se apagará con el tiempo. Así lo ve el 27,7% de los consultados, que sostiene que el movimiento desaparecerá progresivamente. No obstante, un 21,7% estima que la desaparición será momentánea y que el 15-M volverá a reaparecer en el futuro.

El sociólogo Alberto Penadés apunta en otra dirección para explicar la percepción negativa de la clase política entre los españoles. "El aumento del descontento hacia los políticos comenzó a principios de esta legislatura", subraya, recordando que el porcentaje ha ido aumentando mes a mes. Algo que se aprecia en varios indicadores, no sólo el que valora la clase política como problema.

También cabe atender a factores como la percepción de la corrupción, que preocupa al 6,9% de los consultados según el barómetro de junio, o el papel que desempeñan los medios de comunicación. En este sentido, Penadés subraya "la realimentación" que favorecen los medios al informar. "El eco que da la prensa al movimiento afecta" a la respuesta de los encuestados, señala el profesor.

Políticos, empresarios y jueces

Los consultados por el CIS sitúan la corrupción y el fraude en España en séptima posición con un 6,9%, frente al 5% del pasado mes de mayo,pero a distancia del paro, la crisis económica y los políticos. A ojos del 49,5% de los encuestados, la corrupción está subestimada en los medios de comunicación, comparada con otros problemas.

Esta percepción no impide, sin embargo, que los ciudadanos consideren que la corrupción está muy extendida en el país. Hasta un 85,6% de los consultados se manifiestan en este sentido, frente al 5% que considera que existe tímidamente. Por colectivos, los políticos tienen la imagen de ser los más corruptos. El 86,6% declara que la corrupción está muy-bastante extendida, mientras que el 6,5% estima que lo está poco o nada.

Hay ciudadanos, sin embargo, que defienden que es injusto pensar que los políticos son corruptos, porque la gran mayoría son honrados. Así lo manifiestan el 34,3% de los consultados por la institución.

Atendiendo a la percepción que tienen los españoles según las siglas de la formación, el PP obtiene un notable en corrupción. En una escala de 0 a 10, (siendo cero no estar implicado en casos y 10 estar muy implicado), los consultados otorgan a los conservadores un 6,95 de media; le sigue el PSOE, que obtiene un 6,41. Coalición Canaria consigue una nota de 6,72 puntos, pero sólo en las islas. En el extremo contrario se sitúa Izquierda Unida, que logra un 4,67, situándose en el aprobado en limpieza.

El segundo grupo peor percibido en relación con la corrupción es el de los empresarios. Un 69,3% de los consultados sostiene que las prácticas corruptas existen en ese colectivo. La tercera plaza la ocupan los jueces, donde el 52,9% de los encuestados tiene esa imagen.

Con el objetivo de controlar la corrupción y prevenirla, el 51,1% de los ciudadanos cree que debería ser el Gobierno el que se ocupase de esa tarea en diciembre de 2009, señalaban al Ejecutivo el 42,1%. Un 21,2% apunta al sistema judicial y el 9,3% a los ciudadanos. En cuanto a las medidas que podrían corregir las malas prácticas, que consideran están muy extendidas en España, el 44,1% de los consultados ven prioritario que se pongan penas más duras.


* Público - CAROLINA MARTÍN Madrid 06/07/2011
Foto billetes corrupción - google


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Marbella.- Roca ordenó ocultar archivos cuando arrancó la instrucción

SUR/Málaga* : El principal imputado en la trama de corrupción municipal en Marbella, Juan Antonio Roca, parecía saber lo que se le avecinaba meses antes de que comenzaran las detenciones por el 'caso Malaya' y de que la policía tomara el Ayuntamiento y varias dependencias muncipales en marzo de 2006. Concretamente, en noviembre de 2005, coincidiendo con el arranque de la instrucción judicial, -por entonces bajo secreto de sumario- el exasesor le encargó a su secretaria personal, Ainhoa Coca, que retirara de la oficina de Maras Asesores unas cajas con diversa documentación sobre sus empresas privadas. Precisamente en este despacho la policía halló, poco después, documentación trascendental en la investigación sobre la contabilidad de su entramado societario.
Así lo confirmó ayer la que fuera su empleada en una nueva sesión del juicio a la que asistía en calidad de testigo. «Me hizo recoger documentación del despacho», indicó Coca al abogado del Ayuntamiento, Alberto Peláez.

El letrado quería saber si le hizo recoger esa documentación (según Peález eran informes sobre Maras, Masdevallía, One Properties, Marqués de Velilla, Condeor o Beauty Marbella) para que no se supiera que «esas sociedades eran suyas» dada su responsabilidad e «influencia en el Ayuntamiento». La testigo se limitó a justificar el encargo asegurando que el principal acusado de Malaya era una persona «tremendamente discreta, no le gustaba que se supiera demasiado». Sin embargo, la secretaria matizó que, pese a la discreción que le exigía, su jefe «nunca se ocultaba» haciendo referencia a su relación laboral con el consistorio así como sus negocios privados.
Coca comenzó a trabajar en Maras en 2003 y después Roca le ofreció un puesto en Gerencia de Obras. La secretaria lo definió como una persona con una capacidad de trabajo «impresionante»: «Trabajaba las 24 horas del día», aseguró.


* Sur - 07.07.11 - ROSSEL APARICIO
Foto: Marbella, Roca en el juicio conversando - malagahoy

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Madrid.- Suciedad aérea

ADN* : A Madrid le quedan 6 meses para descontaminarse si quiere cumplir la legislación europea. La acumulación media de dióxido de nitrógeno (NO2) durante la primera mitad del año marcó 41 microgramos por m3 de aire, según los datos municipales. Supera el límite que tendrá que cumplir la ciudad en diciembre, establecido por la Unión Europea en 40.
De julio al final de 2011 las 24 estaciones distribuidas por la ciudad deberán atestiguar una reducción de la polución proveniente del tráfico para conseguir cuadrar el curso. El año pasado, el único del que hay registros de la nueva red medidora, la media de la segunda vuelta fue de 48 microgramos, pero no hay dos años iguales. Así, por ejemplo, el pasado junio la acumulación de contaminante en el cielo se quedó en una media de 36 cuando 12 meses antes superó los 55. También en este curso el tiempo ha ayudado a limpiar la atmósfera que respiran los madrileños.
En mayo, según el resumen de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones casi han superado un 100% la media histórica para ese periodo en Madrid. "De húmedo a muy húmedo" calificó el mes.
En 2010 no se cumplió el límite y el Ayuntamiento dijo que pediría una moratoria ala UE. Primero el Gobierno tiene que remitir a Bruselas los datos de calidad del aire de España. El plazo vence en septiembre. Entonces podrá el Ayuntamiento solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que presente la moratoria.

El nudo sur pide estudios

Si el tráfico intenso se relaciona con los picos de NO2, los vecinos del Nudo Sur se preguntan por qué la estación de Mendez Álvaro, que es urbana, alejada de coches y entre árboles, marca un valor medio de 43 en seis meses, por encima de lo indicado para protegerla salud.

Su portavoz, Ángel Lomas, cuenta que han pedido "el informe de impacto ambiental del soterramiento de la M-30 y los datos de una estación medidora móvil que estuvo junto a la torre de humos del bypass sur" sin obtenerlos. "De Medio Ambiente nos mandan a Urbanismo, de ahí a Obras y otra vez a Medio Ambiente", se queja. Quieren un estudio epidemiológico sobre el aumento de dolencias respiratorias en los barrios de Legazpi, Delicias y Chopera (unos 15.000 vecinos).

TOP 5

1 Escuelas Aguirre. Situada en el distrito de Salamanca, la media de contaminante que ha detectado es de 61 microgramos. El mes pasado, todos los días estuvo por encima del umbral de 40.Es una estación destinada a medir la polución del tráfico, según el Ayuntamiento. Dirección. Se ubica entre las calles de O'Donnell y Alcalá.

2 Cuatro caminos. Su registro se sitúa en los 56 microgramos. Aunque es estación de tráfico, está junto al parque de Santander. Dirección. Av. de Pablo Iglesias con Marqués de Lema.

3 Ramón y Cajal. Está en los 53. Colocada en un área residencial "con tráfico intenso" de Chamartín, según el Ayuntamiento. Dirección. Av. Ramón y Cajal con Príncipe de Vergara.

4 Plaza de Castilla. Ha marcado 51 de media de enero a junio. Funciona desde septiembre, tras meses parada por las obras del intercambiador. Dirección. Plaza de Castilla.

5 Plaza de España. Su media está en 50 microgramos, parecido a su registro de los últimos 12 meses: 51 microgramos. Dirección. Calle de la Princesa (Moncloa).


* ADN - 7.07.11
Foto: Madrid, contaminación centro - madridiario

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Santa Cruz.- La investigación de Las Teresitas concluye que hubo maquinación para dar un pelotazo

LAPROVINCIA/Tenerife* : Una trama político -empresarial puesta de común acuerdo con el objetivo de dar un pelotazo. Así es como ven los investigadores el 'caso Las Teresitas' después de cuatro años y medio de minuciosa investigación que está próxima a su fin. No fueron hechos independientes; hubo una maquinación entre los imputados y algunas personas que han declarado como testigos cuyo objetivo era conseguir plusvalías de más de cien millones de euros con la venta de los terrenos de la playa. El Ayuntamiento de Santa Cruz, con Miguel Zerolo al frente, jugó un papel fundamental, según la investigación. Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, también. La lista de imputados de la Fiscalía Anticorrupción podría aumentar tras el verano.
La laboriosa investigación llevada a cabo en esta causa por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife junto a la fiscal María Farnés y bajo la dirección de Carla Bellini trata de dar las últimas puntadas a la presunta trama, bajo la premisa de que hubo una maquinación desde el inicio.

Los investigadores consideran que todo arranca en el momento en que la Junta de Compensación de Las Teresitas, con el abogado Mauricio Hayek como ejecutor, vende más de 300.000 metros cuadrados de suelo a Inversiones Las Teresitas, una mercantil propiedad de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. Todo ello a pesar de que, según recoge la fiscal María Farnés en su denuncia, Hayek no podía vender el suelo sin el permiso de los propietarios. El abogado actuaba además como agente doble, pues ha quedado acreditado a lo largo de la investigación que cobraba honorarios de los propietarios y vendedores del suelo y comisiones de González y Plasencia, los que pretendían comprar.

La Junta de Compensación vendió el 16 de junio de 1998 por 5.500 millones de las antiguas pesetas (poco menos de 33 millones de euros) la totalidad del suelo a Inversiones Las Teresitas a pesar de que la mercantil ni siquiera existía en ese momento como tal. El día anterior el Tribunal Supremo tenía señalado para votación y fallo una sentencia que confirmó derechos edificatorios hoteleros en el frente de playa, algo que se conoció 24 horas después de la venta y que revalorizaba el suelo. Desde luego, alguien filtró el resultado de la sentencia.

A la carrera

El 17 de junio de 1998, a la carrera, Inversiones Las Teresitas solicitó la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil. Ese mismo día, un testaferro de Antonio Plasencia, siempre según la teoría de Anticorrupción, abría una cuenta en CajaCanarias (entidad de la que Plasencia era consejero) para solicitar un crédito de alto riesgo al día siguiente por valor de 33 millones de euros. La entidad concede el crédito debido a la supuesta solvencia de los peticionarios, a pesar de que el testaferro de Plasencia era un peón de la construcción con un sueldo de 720 euros.

Tiempo después, el 23 de julio de 2001, el Ayuntamiento, con Zerolo al mando, compra el frente de playa por 52 millones de euros. Para ello, según recoge Anticorrupción en su denuncia, se burló no sólo un acuerdo plenario anterior que preveía recuperar esa zona a cambio de recalificaciones en el resto del suelo, sino que lo hizo el mismo día en que aparecía en escena la moratoria turística del Gobierno de Canarias. Esa moratoria habría imposibilitado a Inversiones Las Teresitas levantar un sólo bloque en la playa, justo el argumento que utilizó Zerolo para comprar los terrenos: impedir que se construya a la orilla de la señera playa tinerfeña.

Incluso recoge Farnés en su denuncia que, para colmo, el frente de playa era de dominio público, por lo que bajo ningún concepto se podía construir.

Finalmente, Inversiones Las Teresitas vendió la otra parte del suelo a una inmobiliaria por un valor aproximado de 90 millones de euros. Aún así, se quedó con otra pequeña porción de terreno convenientemente recalificado. En total, un pelotazo de 120 millones de euros en el que, según entienden los investigadores, tuvieron que ponerse de acuerdo la Junta de Compensación (con Hayek de agente doble), los empresarios, la entidad bancaria y el Ayuntamiento. Eso, sin entrar a valorar quién filtró la sentencia del Supremo, a lo que la policía no ha podido llegar con pruebas.


* La Privincia - 6.07.11
Foto: Miguel Zerolo, el día en que prestó declaración en el TSJC.- laprovincia

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Barcelona.- Ancianos ocupas e indignados contra el cierre de su ambulatorio

PÚBLICO* : Desde el pasado 30 de Junio, un grupo de vecinos de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), la mayoría de ellos ancianos, ocupan el ambulatorio del núcleo urbano de la Colonia Güell para intentar frenar su cierre.
El pasado 30 de junio, la doctora y la enfermera del pequeño dispensario médico recibieron una orden del Govern por la que tenían que dejar de prestar sus servicios a los vecinos tras más de cien años de vida del ambulatorio. En respuesta, ese mismo día los vecinos iniciaron su ocupación para hacer llagar al Govern una doble protesta. Por un lado, su indignación frente al cierre del ambulatorio. Por otra, su desacuerdo hacia los recortes que el Govern está llevando a cabo por la crisis económica.
La Colonia Güell es una zona residencial que tiene sus orígenes en la industria del siglo XIX. Además de por sus monumentos del modernismo catalán, la zona destaca por la elevada tasa de ancianos entre sus habitantes, unos vecinos que dejarán de recibir atención médica en el citado consultorio y deberán dirigirse a Santa Coloma de Cervelló.

Un autobús cada hora
"Es gente que durante el día está sola y no tiene posibilidad de moverse", ha remarcado María Dolors Ramiro, una de las vecinas que participa en la ocupación. Un problema que dificultará aún más que los ancianos reciban una atención sanitaria adecuada, sobre todo si se tiene en cuenta que para ir hasta el centro de asistencia primaria más próximo sólo disponen de un autobús cada hora.

Parece ser que la ocupación está teniendo sus frutos casi una semana después pues, según la portavoz de los vecinos, Patricia Petit, la administración catalana está abierta a escuchar las demandas de los vecinos, aunque a día de hoy no está dispuesta a mantener el servicio médico diario, exactamente lo que reclaman los vecinos de la colonia.

"Nosotros nos mantenemos en lo que tenemos, que es el servicio mínimo de lunes a viernes, de un médico y una enfermera, dos horas al día, y entendemos que si hay una negociación aceptaremos lo que sea digno y razonable para la gente mayor", apunta Petit.


* Público - EFE - 6.07.11
Foto: Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), capilla Gaudí - turismo

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Objetivo: coordinar la lucha contra los desahucios

ELPAÍS/Madrid* : Los coordinadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH Madrid) se reunieron ayer con 70 representantes de las diversas asambleas de barrio y pueblos de Madrid surgidas del 15-M para poner puntos en común e intentar coordinar sus esfuerzos. Desde que la PAH Madrid echó a andar, hace apenas un mes, ha encontrado en los indignados un punto de apoyo fundamental para difundir sus convocatorias y lograr paralizar desahucios. A la reunión, que se celebró a las siete de la tarde en la sede de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), acudieron representantes de las asambleas de Malasaña, Parla, Fuenlabrada, Leganés, Tetuán, Retiro, Coslada y San Fernando, entre muchas otras, así como varios afectados a título particular.
La necesidad de coordinación surge del peso que cada vez más están teniendo los indignados del 15-M en la paralización de desahucios. De los cinco que ya se han frenado en Madrid, tres han sido convocados por este Movimiento, y no por la PAH.

La semana pasada, por ejemplo, la asamblea 15-M de Pueblo de Vallecas se solidarizó con una de sus vecinas, Susana García, que les pidió ayuda para paralizar su desahucio por impago de alquiler. Las 40 personas que acudieron a la convocatoria se encontraron en la dirección de la vivienda con el dueño del piso, que denuncio que la víctima era él.

Para evitar los conflictos entre particulares, la PAH no interviene en casos de desahucio por alquiler, explicó ayer Eloi Morte, portavoz de la PAH Madrid, a los asistentes. "Nosotros defendemos el derecho a la vivienda, pero nos centramos en las hipotecas. El alquiler supone crear otra perspectiva, quizá habría que pensar en la posibilidad de crear otra plataforma porque nosotros con esto estamos desbordados", comentó. También les entregó un folio recordando que en caso de desahucio es la PAH quien debe hacer de intermediaria con el secretario judicial y con los policías, así como con los medios de comunicación, para quienes piden un trato respetuoso: "La experiencia de tres años nos dice que actuar de otra manera perjudica a la familia hipotecada", se informa en el texto. Morte también explicó que toda actuación que se emprenda como medida de presión -como organizar una protesta ante la sucursal bancaria que reclama la ejecución hipotecaria-, debe hacerse con el consentimiento de los afectados y en coordinación con ellos.

Morte pidió a las asambleas de barrio que quieran colaborar con la PAH que creen subcomisiones de vivienda de una o dos personas con las que poder coordinarse, "y crear una vía secundaria para que haya una comunicación fluida". La PAH se ofreció a ir a cada barrio que lo solicite a informar a los interesados sobre cómo actuar si no se pueden hacer frente a la hipoteca.

Del lado de los indignados, un portavoz de la comisión legal de Sol explicó que intentarán prestar su apoyo como mediadores a las acciones concretas en caso de que la PAH no pueda cubrirlas, y un portavoz de la comisión de comunicación explicó que ellos se encargarán de cubrir cada actuación, enviando a un redactor así como a un cámara para que emita el desahucio en directo, "vía streaming y a través del canal 33 de la TDT".

Con vistas al futuro, un coordinador de la PAH explicó que se están pensando nuevas formas de actuación, como hacer acciones ante los organismos de vivienda de los Ayuntamientos para presionarles a ofrecer soluciones a las familias afectadas. Así mismo, dado que la iniciativa legislativa popular para pedir la dación en pago puesta en marcha por la PAH ha sido bloqueada por la mesa electoral central al existir una iniciativa similar formulada por el partido Verde ecopacifista, al que la PAH denuncia de estar ligado "al PSOE y a intereses del ladrillo", la PAH estudia iniciar "como medida de presión" una iniciativa popular de recogida de firmas con la ayuda del 15-M.

Hoy está prevista una asamblea de afectados por la hipoteca en la sede de la FRAVM (se celebran un martes de cada dos semanas, a las 19.00), y el domingo (18.00) se reúnen los equipos de trabajo de desahucios del 15-M en la plaza del Carmen.

Cronología de desahucios
- 15 de junio. Unas 500 personas logran paralizar el desahucio de Anuar y su familia, en el barrio de Tetuán. La acción la convoca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y cuenta con el apoyo de la asamblea 15-M de Tetuán.

- 16 de junio. Unas cien personas logran parar el desahucio de Luis, un vecino de Parla de 74 años. Convoca la asamblea 15-M de Parla y la PAH se suma.

- 27 de junio. Unas 30 personas paralizan el desahucio por impago de alquiler de un vecino de 61 años de Alcalá de Henares. Convoca la asamblea 15-M de Alcalá de Henares. La PAH apoya pero no convoca por ser un desahucio por alquiler.

- 28 de junio. Unas 40 personas logran demorar dos días el desahucio de Susana García por impago de alquiler. Convoca la asamblea 15-M de Puente de Vallecas. La PAH presta apoyo pero no convoca.

- 29 de junio. La asamblea de Fuenlabrada convoca a 70 personas para hacer una acción frente la sucursal bancaria de Bancaja que concedió un préstamo hipotecario a Roque Marcha, un empresario y carpintero de la localidad que quiere renegociar su deuda.

- Próximas convocatorias La asamblea 15-M de Leganés llama a paralizar el desahucio por impago del alquiler al IVIMA de una familia del barrio. La cita es a las 9.00 en la estación de Cercanías de Zarzaquemada. La PAH difunde la convocatoria pero no la convoca.


* El País - CARMEN PÉREZ LANZAC - 05/07/2011
Foto: Concentración para evitar un desahucio en el distrito de Tetuán.- elpais

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Zaragoza.- Desuso no debe ser abandono

ELPERIÓDICO* : Lo ocurrido ayer en el antiguo cuartel de Pontoneros no debe ser entendido como fruto de la casualidad, como una incidencia producto de la mala suerte y de algo debe servir pensar que si la zona donde se desplomó el alerón no hubiera estado apuntalada previamente, tal vez se estaría hablando de un accidente mucho más grave. Y es que la segunda lectura rápida que suscita es evidente: que un inmueble esté en desuso no debería ser sinónimo de estar abandonado. Directa o indirectamente, todas las reacciones surgidas durante la jornada, políticas y vecinales, apuntaron en esa dirección, confirmando que el accidente también dispara las alarmas sobre otros edificios que están en similares condiciones. Porque el hecho de que no se abran al público con alguna utilidad puede criticarse (o no, en una situación económica tan grave) pero que el olvido y el deterioro amenace su conservación no es admisible.

Ahora renacen las dudas y las críticas a partes iguales sobre la Imprenta Blasco y el Palacio de Fuenclara, sobre todo sabiendo que la Ciudad de la Justicia irá en la Expo; o del antiguo instituto Luis Buñuel, que en pocos años cambió su futuro varias veces, desde acoger Turismo y Hostelería, al frustrado acuerdo con el colegio Santo Domingo por el traslado, o a una posible escuela de idiomas y un centro de creación artística en las últimas quinielas. Pero, ¿cuánto dinero se ha metido en la conservación de estos edificios? Su conservación ha ido muchas veces ligada a ese futuro incierto.

Pero ha ido a suceder en un edificio en el que sí se ha metido dinero. Ni de lejos los 9,4 millones de euros que se preveían en el programa 2005-2012 del Plan Integral del Casco Histórico, en dos anualidades (2009 y 2010) de 4,7 cada una --a esta inversión se refería ayer el portavoz del Partido Popular, Eloy Suárez, aunque sus cifras bailan--, pero sí han habido partidas en el presupuesto, ejecutadas desde Urbanismo, para tratar de mantener su buena conservación. Muestra de ello es que está en obras, aunque se centren en la parte trasera.

Quizá la pregunta sea: ¿Se podría o debería haber destinado más? Es evidente que sí, sino habría que esperar a que tuviera consecuencias dramáticas para cuestionarse si se ha hecho algo mal. ¿El qué? Seguramente vaya en la línea de la indecisión sobre su futuro, de las necesidades que este edificio tenía como archivo histórico como se pretendía al principio, como equipamiento cultural como se planteó después o como residencia universitaria con espacios comunitarios como se planteaba ahora.

Aunque esta indecisión también puede considerarse relativa, ya que se había firmado ya un convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza para avanzar en su diseño, era uno de los proyectos incluidos en el Plan Estratégico para el Casco Histórico (La cultura transforma el Casco) y era uno de los equipamientos más definidos que proponía la candidatura de la Capitalidad Cultural del 2016. O sea, que si la nebulosa sobre su destino era preocupante, ¿qué decir de Fuenclara o Imprenta Blasco?.

Otra de las líneas argumentales podría apuntar directamente a los responsables del PICH, por no haber destinado parte de su presupuesto anual a este inmueble. O incluso por incumplir su programa 2005-2012. Sin embargo, con las cifras en la mano y la crisis en la calle, también hay que explicar a los vecinos que dedicar esos 4,7 millones supondría destinar el 50% de los recursos disponibles, que esa era la prioridad y no otras sociales o de microurbanismo en las que se ha incidido. Y también que se iba a priorizar en eso, cuando el uso que se planteó cuando se fijaron estas cantidades era otro bien distinto al que tendrá ahora.


* El Periódico Aragón - 6.07.11
Foto: Zaragoza, cuartel Pontoneros en ruina - que

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Marbella.- Policía insiste en que los acusados eran testaferros de Roca y cobraron por ello

QUÉ/Málaga* : Una agente de la Policía Nacional que hizo informes de cuantificación de blanqueo en el caso 'Malaya' ha ratificado que acusados en este bloque del juicio tendrían la consideración de testaferros y ha considerado que percibían retribuciones por administrar o ser apoderados de sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca. Esta policía, que ha declarado este martes junto a otro de los agentes que realizó informes similares, ha explicado que se les encargó en 2009 hacer un estudio para la responsabilidad pecuniaria de determinados acusados y ha afirmado que se elaboraron estos documentos de cuantificación con datos de otros informes previos que constan en la causa.
A preguntas del fiscal, esta policía se ha referido en concreto a cuatro de los 16 acusados en este bloque, como son Hildegart Fernández, José Luis Benavente, Úrsula Quinzano y José María Mellado, quienes, en su opinión, por los actos que habrían realizado tendrían la configuración de testaferros, añadiendo que "por lo que han declarado cobrarían unos 200 o 300 euros al mes" por administrar.

La agente ha realizado un repaso de operaciones o actos jurídicos en los que intervinieron estos acusados y ha reiterado que a la vista de sus profesiones --veterinaria, cocinero o administrativa, según el caso-- no se les supone experiencia previa para administrar empresas. Ha admitido, a preguntas de las defensas, que ella no ha realizado investigación patrimonial sobre los acusados.

Las defensas han cuestionado el criterio de "cuantificación de máximos" por el que se optó para estos informes, la falta de una investigación patrimonial y las carencias a la hora de identificar el delito previo y determinar el origen y trazabilidad de los fondos para las operaciones investigadas en la causa. Además, también han considerado que falta concreción en el escrito de acusación.

En este sentido, uno de los abogados se ha referido a un "error" al atribuirle a su cliente --José Luis Benavente-- una operación cuando ya no era administrador, lo que ha admitido la agente. Asimismo, el otro agente que ha testificado ha añadido que si hubiera errores en otros informes anteriores éstos se podrían haber "arrastrado" en los documentos que elaboró su grupo.

Otra de las defensas ha preguntado a este segundo policía por si toda operación vinculada a Roca "está contaminada", respondiendo éste que habría que ver los datos, ya que "toda persona que compra al señor Roca no tiene por qué saber". Respecto a los archivos contables de la sociedad Maras Asesores, el agente ha sido preguntado si fueron "dogma de fe", respondiendo que son documentos "muy importantes".


* Qué - 5.07.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Los concellos solo deberán reservar suelo para vivienda protegida si hay demanda

LAVOZDEGALICIA* : El mercado convirtió en papel mojado la medida de mayor calado social de la Lei de Vivenda del bipartito y el Gobierno de Feijoo la maquilla en una nueva legislación con la que pretende dar confianza a los compradores y dinamizar el sector inmobiliario, es decir, contentar al usuario sin inquietar a alcaldes y promotores. El borrador de la Xunta que presentó ayer suprime la obligación de los concellos de destinar del 30 al 40?% del suelo urbanizable a vivienda protegida, y establece con carácter general una proporción del 30?%, la misma que recoge la ley estatal. Pero la novedad de la norma gallega es que deja la opción a los ayuntamientos de ajustarse a las solicitudes reales de pisos de precio tasado, lo que les permite adecuar la reserva de suelo al Rexistro de Demandantes.
Con este criterio, el deber de los concellos de reservar bolsas significativas de suelo para vivienda protegida seguirá restringido prácticamente a las siete principales ciudades, aunque ya no tendrán que alcanzar el 40 %, sino responder de la demanda. Se trata de adaptar la ley al comportamiento del mercado.

De las 16.775 solicitudes del Rexistro de Demandantes referidas a compra de vivienda nueva, el 80?% (13.278) corresponden a las siete urbes. Con todo, pese a la insistencia del conselleiro Agustín Hernández en resaltar ese barniz de realismo del borrador legislativo, frente a un texto del bipartito que considera «excesivamente ríxido», la nueva norma seguirá recogiendo, aunque ya sin carácter obligatorio, ese mínimo del 30?% que Galicia no cumple. El propio Hernández subrayó ayer que la vivienda protegida no representa ni el 10?% de la que se construye cada año en la comunidad.

La adaptación de la reserva de suelo al Rexistro de Demandantes deberá atender, además, tres nuevas tipologías de vivienda pública, destinada a solicitantes con ingresos inferiores a 1.330 euros al mes, una condición que cumplen el 76?% de los inscritos en ese Rexistro. Son la concertada, de inserción o asistencial, y en copropiedad. Esta última fórmula permite a los compradores adquirir solo el 60 % del piso, mientras el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) financia el 40 % restante. La copropiedad facilita el pago de una hipoteca más baja y deja abierta la posibilidad de hacerse con el total del inmueble en el futuro. La vivienda de inserción o asistencial es la que la Xunta promoverá con otras Administraciones o entidades sin ánimo de lucro para colectivos específicos, como mayores o mujeres víctimas de la violencia de género. Por último, la concertada es la opción que se ofertará a los promotores para colocar vivienda libre en el mercado con la calificación y las mismas condiciones de venta que la pública. Esta modalidad está pensada para incentivar la ocupación del stock de 32.000 pisos vacíos que existen en Galicia.

La reserva, el 1 % del precio

En el mismo propósito de dinamizar el sector se incluye la creación de la Bolsa de Vivenda, en la que la Xunta se propone incluir pisos sin habitar para los que pactará unos precios máximos de venta o alquiler con promotores y entidades financieras. La nueva ley también regulará el alquiler con opción de compra, extenderá las fianzas a los locales comerciales y fincas, y establecerá la cantidad máxima a pagar como reserva de la vivienda en el 1% de su precio.


* La Voz de Galicia - Serafin Lorenzo - 5.07.11
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org

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Los indignados ya han logrado paralizar 47 desalojos

PÚBLICO* : Los indignados continúan frenando desalojos y la cifra ya se eleva a 48, lo que supone una media de dos diarios, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Comenzaron con los desahucios por impagos de préstamos, siguieron con quienes no podían hacer frente al alquiler y ahora se han sumado a la ayuda de personas desesperadas que ocupan ilegalmente casas porque no tienen dónde ir. Es lo que ha ocurrido en Mairena del Aljarafe. Llegaron antes de las diez de la mañana, candaron el portal de un bloque desvencijado junto a otro lleno de hierbajos y se pusieron a esperar para frenar el desalojo previsto en el nº1 de la calle La Calleja, el primero al que el Movimiento 15-M se ha enfrentado en la provincia de Sevilla. Desde la ventana del 1º B observaba Rocío, una joven de 25 años cosida a operaciones por las múltiples roturas de sus huesos de cristal, una enfermedad rara.
"Es que no lo entiendo, no entiendo por qué no pueden dejar que nos quedemos un poco más", decía su hermana Mari, de 21 años. Su madre, Amparo de los Santos, de 47 años, desenrollaba a cada momento la notificación que había encima de la mesa del salón. La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, gobernado por el PP desde las pasadas elecciones, la obliga a dejar la casa por ocupación ilegal.

El piso, lleno de trastos y muebles embalados, no es de su propiedad. Pertenecía a su padre, un hombre ya mayor que ahora vive en un piso de protección oficial después de que el anterior Gobierno, del PSOE, expropiara los terrenos. Según explicaron fuentes municipales, el consistorio prevé reurbanizar la zona con espacios verdes. "Están incumpliendo la ley, la casa no es suya, no pueden estar ahí y han tirado un tabique y se han metido en otra; se les ha ofrecido ayuda social, comida y no la han querido", añadieron las fuentes. En el bloque aún quedan varios vecinos propietarios, a los que el Ayuntamiento sí ha dado margen hasta que solucionen problemas financieros con el banco.

700 euros para cinco
A través de un agujero con forma de puerta, al otro lado del tabique, hay más trastos aún. Amparo no lo oculta. Según cuenta, había un "pequeño agujerito" en la pared que ella amplió: "Cogí los muebles de cocina que había porque aquí no tenía ni dónde hacer de comer ni fregar los platos". Tiene dos hijas más, una de 12 y otra de 16, que se habían ido a casa de su abuelo. Dice que su único ingreso son las ayudas que recibe por su hija enferma y su cuidado, unos 700 euros al mes. "Yo sé que nos tenemos que ir, pero sólo pido unos días más, llevamos toda la vida de casa en casa, estoy separada, sin condiciones adecuadas para que mi hija pueda moverse", insiste Amparo.

Rocío lleva varios clavos en su pierna derecha y, en breve, tendrá que volver a operarse, dice sin quitar ojo de la ventana. Abajo continuaban los indignados, una treintena entre jóvenes y mayores, muchos de ellos, como Lucía, pertenecientes a la acampada de Sevilla. "Lo importante es parar este tipo de situaciones", sostiene. "Que los quiera echar un banco tiene tela, pero que los quiera echar el Ayuntamiento es ya lo último", decía otro indignado por el megáfono. Tras recibir la notificación el pasado jueves que la obligaba a desalojar la casa en 24 horas, Amparo logró encontrar un piso de alquiler por 500 euros.

Por la mañana estaba dispuesta a irse, aunque no tuviera "ni para comer". Pero las personas del 15-M que acudieron a apoyarla la convencieron para que continuara allí hasta encontrar algo más barato. "El 15-M me está ayudando a buscar un piso con el que al menos podamos comer", contaba por la tarde por teléfono.

El Ayuntamiento, que asegura que las protestas no han tenido nada que ver, le ha dado otra prórroga hasta el próximo viernes a las diez de la mañana. Los carteles con leyendas de "Stop desahucios" seguían pegados con celo en el portal.


* Público - OLIVIA CARBALLAR SEVILLA 04/07/2011
Foto: Un joven indignado quita el candado al portal.- publico

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Murcia.- El Ministerio enfría el entusiasmo por urbanizar Marina de Cope

LAVERDAD* : El proyecto para urbanizar Marina de Cope no tendrá un cheque en blanco del Ministerio de Medio Ambiente. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a cuyo frente se encuentra Pedro Antonio Ríos, ha fijado diez condiciones para que una de las mayores urbanizaciones de la fachada mediterránea se ajuste a la ley de Costas y a la preservación de la zona de dominio público marítimo terrestre antes de dar su aprobación definitiva. De entrada, pone reparos a la construcción de una batería de piscinas de agua salada con bombeos directos del mar.
La jefa de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia, Francisca Baraza, no está de acuerdo con la apreciación de la Consejería de Obras Públicas y puntualiza que el Ministerio no se ha pronunciado favorablemente sobre el proyecto. Solo hay consideraciones preliminares, subraya, y falta el informe final. No hay un 'no', pero tampoco un 'sí', según Baraza, que puntualiza que en estos momentos se está informando sobre el planeamiento en lo que se refiere a la afección a la zona de dominio público marítimo terrestre, y que posteriormente habrá que informar por separado de cada fase del proyecto.

De interés regional
El plan de Marina de Cope está declarado de interés regional y prevé la construcción de 20.000 plazas de hoteles y apartamentos, una marina interior y cinco campos de golf a caballo entre los municipios de Lorca y Águilas. El Gobierno regional quiere aprobar las modificaciones urbanísticas en los próximos meses, como paso previo a la construcción en este enclave, tal como publicó este diario. La Consejería de Turismo y Cultura está decidida a impulsar la urbanización, después de varios años de trámites, como una apuesta por el sector turístico.
Un oficio de abril del jefe del Área de Planeamiento de Costas fija diez consideraciones que los promotores deben cumplir y que suponen de facto unas limitaciones a las dimensiones de la urbanización. El documento del Ministerio es la respuesta a otro redactado semanas antes por Francisca Baraza desde Murcia, que era más duro que el elaborado en Madrid. Desde la sede ministerial se es menos taxativo en algunos aspectos del proyecto. A título particular, Baraza opina como Pedro Antonio Ríos en el sentido de que la urbanización de Marina de Cope, en uno de los espacios todavía vírgenes del litoral, se está planificando de una forma «sobredimensionada». La jefa de Costas no tiene dudas de que provocará «una presión muy fuerte sobre el litoral» de la forma en la que está diseñado. Sea como fuere, el Ministerio de Medio Ambiente es el que tiene la llave para la urbanización de Marina de Cope en tanto que debe conceder los títulos administrativos para varias partes del plan.
Baraza se opuso a la construcción a lo largo de la costa de piscinas de agua salada con bombeos del mar, con zonas de solarios y servicios desmontables con accesos para peatones y vehículos ligeros. El jefe de planeamiento también pone objeciones y pide que estas instalaciones se justifiquen con los estudios pertinentes que midan los impactos que pueden causar estas obras, las cuales deben contar con el correspondiente título o autorización de la Demarcación de Costas. Recuerda que la ley solo permite la ocupación del dominio público para aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.
2.000 barcos de recreo
Uno de los elementos más sensibles es la construcción de una marina interior para 2.000 puntos de amarre de embarcaciones de recreo. Originó la primera discrepancia entre la Demarcación y la Consejería, ya que Francisca Baraza se negó a adscribir el nuevo puerto deportivo antes de que se presentara el proyecto detallado de esta obra. Es decir, el Gobierno regional quiso disponer de los terrenos necesarios antes de presentar el estudio de impacto ambiental y los detalles de la nueva dársena. De haberlo hecho, el Ministerio le habría dado un cheque en blanco a los promotores. Como en las piscinas de agua salada, la Demarcación de Costas también tiene la última palabra sobre la marina interior.
El jefe del área de planeamiento se extiende sobre este punto y advierte de que, según la ley, el terreno inundado se incorporará al dominio público, que se mantendrá la zona de servidumbre y no se crearán otras nuevas. Asimismo, se tendrá que elaborar el proyecto básico con las características de las instalaciones y obras y la extensión que se quiere ocupar. Tendrá que contar con una evaluación de impacto ambiental y un estudio de la dinámica del litoral, así como adaptarse al entorno para evitar los efectos de regresión de la costa. Propone igualmente que se corrijan algunos límites del proyecto y se respeten al máximo los espacios de protección paisajística.


* La Verdad - 06.07.11 - MANUEL BUITRAGO
Foto: Cope marina - J.S. (El País)

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Los políticos corruptos de PSOE y PP ganan elecciones gracias a los medios afines

ELCONFIDENCIAL/Alberto Mendoza* : ¿Por qué el electorado no castiga a los políticos sospechosos de corrupción? ¿Cómo consiguieron revalidar su mayoría el pasado 22 de mayo candidatos imputados como Francisco Camps? Para la Fundación Alternativas, la respuesta a estas preguntas hay que buscarla en el papel de los medios de comunicación y sus afinidades ideológicas o partidistas. Así, según el Informe sobre la Democracia en España 2011 del citado think tank progresista, la percepción que un votante posee de la corrupción cambia radicalmente si se informa a través de La Sexta, El País y la Cadena Ser, o lo hace con Antena 3, El Mundo y Onda Cero.
Un ciudadano que viva en una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, y que consulte medios de comunicación con una línea editorial próxima a este partido, tenderá a pensar que su Gobierno es honrado y que la corrupción apenas está extendida. Pero si consume una combinación de periódicos y emisoras más cercana al PP, adquirirá una opinión mucho más negativa. Del mismo modo, en una comunidad autónoma regida por un gobierno popular, los ciudadanos evaluarán la extensión de la corrupción de modo muy distinto si se informan a través de medios próximos al PSOE o al PP.

Por ello, el informe de la Fundación Alternativas, presentado oficialmente este martes en Madrid, concluye que “una de las principales causas por la que la corrupción es poco castigada electoralmente en España puede ser la influencia de los medios de comunicación. El tipo de perfil de medios consumido repercute en la percepción de la prevalencia de corrupción”.

Los investigadores han agrupado en diversas combinaciones una televisión, una cadena de radio y un diario de papel: TVE, El País y RNE; Antena 3, El Mundo y Onda Cero; Antena 3, El Mundo y Cope; Cuatro, El País y Ser; La Sexta, El País y Cadena Ser; y un último conjunto de televisiones autonómicas y radios locales sin ningún periódico. Como quizás era predecible, el estudio ha encontrado una diferencia de hasta 11 puntos en la probabilidad de que los consumidores de uno y otro grupo de medios reconozcan que la corrupción está extendida en el Gobierno de su comunidad.

Según el documento, el sesgo hallado en El País, El Mundo, Antena 3 o la Ser coinciden con “las inclinaciones partidistas que frecuentemente se atribuyen a estos medios”. No obstante, el estudio llama la atención sobre “el hecho de que las evaluaciones de quienes optan por medios de RTVE son mucho más similares a las de quienes escogen medios tradicionalmente considerados de centro-izquierda”. Por ello, la Fundación Alternativas señala que “a pesar de las reformas introducidas en el funcionamiento del Ente Público con el fin de asegurar su neutralidad”, “sus medios moldean las percepciones sobre corrupción en sentido favorable al PSOE y perjudicial para el PP”.

El problemas de los canales autonómicos y locales

Por si fuera poco, el estudio revela la escasa repercusión de los casos de corrupción en los canales autonómicos y locales. “El consumo de televisiones autonómicas y radios locales está asociado a las opiniones más benévolas sobre la prevalencia de corrupción, cualquiera que sea el signo partidista del gobierno autonómico”. Es decir, que en el control de los medios regionales, poco separa a los candidatos sospechosos de PSOE y PP.

Esta no es la primera vez que la Fundación Alternativas alerta del modo en que algunos medios favorecen a determinadas opciones políticas. Este think tank, próximo a los socialistas, publica cada año su auditoría de la democracia en España y, en 2007, ya se hizo eco de las diferencias con que los principales diarios de papel cubrieron los temas de actualidad. No obstante, la responsabilidad no está solo del lado de la prensa, ya que “los ciudadanos son propensos a consumir medios de comunicación que favorecen a los partidos que ellos mismos apoyan”.


* El Confidencial - 5.07.11
Foto: Valencia, president comunidad F.Camps - EFE

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