Cartagena.- Una plataforma vecinal gestiona un polideportivo público para que no lo privaticen

LAVERDAD* : «Mientras están jugando no están pensando ni en alcohol ni en drogas». Suena a tópico pero ése es el lema que ha tomado por bandera la asociación sin ánimo de lucro Club Deportivo Playa Paraíso, compuesta por quince colectivos de vecinos de la diputación del Rincón de San Ginés para gestionar el nuevo polideportivo del Mar Menor y evitar su privatización. El complejo fue inaugurado el pasado mes de noviembre, y desde entonces un grupo de vecinos dirige las pistas deportivas, a las que ya están inscritos decenas de niños, jóvenes y adultos de toda la zona de La manga. Se trata de una plataforma vecinal que quiere evitar a toda costa que el Ayuntamiento de Cartagena, propietario de las instalaciones, conceda la gestión a una empresa privada, como es su intención, según los vecinos.
«Antes de que lo lleve alguien que sólo busca un interés económico, queremos gestionarlo nosotros, que solo pretendemos que los jóvenes tengan un sitio para entretenerse», explicó a este diario el presidente de la recién creada plataforma, Manuel Macedo.

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena les cedió la gestión el mismo día que se pusieron en marcha las instalaciones, y desde entonces se autofinancian con el alquiler de las pistas deportivas, con las cuotas del gimnasio, al que están inscritos más de cien personas, y con las ayudas que reciben de varias empresas de la zona.
Son todo un ejemplo de gestión eficiente y si ánimo de lucro. Lo que intenta la plataforma es que «los niños tengan un sitio para hacer deporte y no se enganchen a hábitos poco saludables. De esta forma a la vez que disfrutan y juegan los tenemos controlados», dijo el presidente del colectivo.
Fútbol, tenis, pádel y vela
Creen que si el Ayuntamiento concede la gestión a una empresa privada. ésta subirá los precios y muchos niños no podrán disfrutar de las instalaciones. «Hay muchas familias que con la crisis no se pueden permitir pagar para que sus hijos disfruten del polideportivo. Con nuestra gestión todos podrán usarlas, pero si se mete una empresa, ésta buscará su propio beneficio y solo podrá entrar el que pague», añadió Manuel Macedo.
Este complejo polideportivo dispone de un campo de fútbol 7 con superficie de césped artificial, tres pistas de pádel (una de ellas con cerramiento de cristal) dos de petanca y dos de tenis. El edificio central tiene dos salas más destinadas al gimnasio, una zona de cafetería y vestuarios con duchas.
A ello se le une otro edificio destinado a deportes náuticos, con acceso directo a la playa. Por ahora es el único servicio que no tiene abierto al público, porque aún no han conseguido los permisos que necesitan.
Autofinanciación
Manuel Macedo asegura que a pesar de que pueden autofinanciarse con lo que sacan de las pistas, necesitan al menos que el Ayuntamiento les pague la luz y el agua, «del resto nos podemos hacer cargo nosotros». Si al final la Concejalía de Deportes, que ahora dirige José Cabezos, opta por dejarles la concesión, el presidente de la plataforma está seguro de que el complejo en pocos años no necesitará de ningún tipo de subvención. «La administración local lo que necesita son gestores como nosotros, que no le costamos ni un euro», señaló.
El complejo polideportivo costó 1.500.000 euros, financiados por el Ayuntamiento de Cartagena y la Mancomunidad de Municipios Turísticos del Mar Menor
En marzo de 2007 se anunció la obra, pero no fue hasta abril de 2008 cuando el entonces consejero de Turismo y Consumo, José Pablo Ruiz Abellán, aprobó un plan de actuaciones de mejora para todos los municipios de la Mancomunidad por valor de 1.064.000 euros, en el que se detallaba las obras del polideportivo y la cuantía que tendría, 80.100 euros. Las obras comenzaron, con nuevas partidas presupuestarias, pero al poco tiempo se paralizaron hasta mediados del año pasado que se retomaron. Finalmente en noviembre se abrieron al público.
A pesar de que los trabajos acabaron, las instalaciones se quedaron con varias deficiencias. El gimnasio no se acondicionó y tuvieron que ser los vecinos los que compraron las máquinas y lo pusieron en marcha. Además, los accesos están sin terminar: falta el asfaltado de las calles y el adelantamiento de las aceras, según denunció el presidente de la Asociación de Vecinos de Playa Paraíso, José Antonio Moreno.


* La Verdad - 08.07.11 - ANTONIO LÓPEZ
Foto: Usuarios del polideportivo jugando en una de las pistas de pádel.- laverdad

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¡Más cemento, es la política!

XOSÉ MANUEL PEREIRO/Galicia* : Días pasados hemos experimentado una auténtica inaugurorrea infraestructural. Presentaciones, licitaciones, adjudicaciones, primeras y últimas piedras de caminos, canales, puertos, aeropuertos y la gama completa de obra civil. Todo con la natural satisfacción de fuerzas vivas, el legítimo orgullo de las autoridades (o la envidia, dependiendo de la orientación política) y el aplauso mediático. Sin embargo y pese a todo ello, no son temas que presidan las conversaciones ciudadanas, como se le recriminaba a asuntos como la reforma del Estatuto. Creo que la paradoja se le puede atribuir a una de las numerosas brechas que se agrandan en nuestra sociedad entre el discurso oficial y superestructural y la realidad.
Por razones históricas, sobre todo en Galicia, la obra civil era un bien tan escaso como arbitrario. Como se necesitaba de todo, el político valorado era el que traía algo, viniera a cuento o no. La continuidad de esa "política del lavadero" (la obra civil más conseguible) fue la proliferación de rotondas y polígonos industriales a discreción en la etapa Fraga. Su consagración fue el Plan Galicia, un cuerno de la abundancia de proyectos prometidos no en base a la satisfacción de necesidades reales, sino como compensación dadivosa por una catástrofe. Los políticos prometen puentes aunque no haya río, reconocía Nikita Kruschev, a pesar de que no dependía precisamente del favor del electorado.
Y en ello seguimos. Pese a que uno de cada dos gallegos vive en un radio de 15 kilómetros del centro de las ciudades, el transporte público de cercanías ni alcanza la eficacia de aquellas rutas de coches de línea diseñadas para entierros y cabodanos.
Al contrario, las necesidades perentorias son la autovía de la Costa da Morte, de coste dilatable y cuya utilidad, según los papeles que repartían cuando presentó el proyecto en Muxía el presidente Pérez Touriño, será acortar la duración del viaje A Coruña-Cee en diez minutos. O el AVE, por mucho que haya estudios que establezcan que por debajo de los seis o siete millones de pasajeros al año no es socialmente rentable, o que, en base a la experiencia francesa o japonesa, producirá un "efecto succión" (beneficiar la economía del polo más desarrollado de los que conecta, en detrimento del menos, o sea el nuestro).

Mención especial al llamado sistema aeroportuario gallego. Fuera de intentos como el de centenares de personas que se manifestaron en 1932 en Monforte tras una pancarta que rezaba "¡exigimos un aeródromo!" o el que habilitaron los alemanes en Rozas, su primer y principal aeropuerto nació como nació y dónde plugo, fruto de un galleguísimo duelo de hipótesis entre el general Franco y el cardenal Quiroga Palacios ("Por si viene el Papa"/ "¿Y si no viene?" / "¿Y si viene?"). La realidad es que ahora tenemos tres, como dijo el otro día el ministro José Blanco con más resignación que alarde, pero ¿realmente es necesario ampliar ahora las terminales, o se va a hacer realmente para ocupar los aparcamientos recién ampliados? "Las necesidades más dispendiosas son las que nos impone la opinión", profetizó Jean-Jacques Rousseau las relaciones entre infraestructuras y electorado.

Con todo, pese al bombardeo de autoridades y titulares, buena parte de la ciudadanía cuestiona sensatamente en privado la necesidad de esos proyectos. Y lo que es más sorprendente, muchos altos cargos con responsabilidad en infraestructuras confiesan ese mismo descreimiento en la intimidad -no creo que tengan el detalle de confesármelo exclusivamente a mí en consideración a como creen que opino. "La opción del AVE para el transporte ferroviario es como un médico que se obstina en recetar sólo penicilina" fue la opinión de un experto (no digo cuál, porque ahora es alto cargo), uno más de los comentarios mucho más contundentes que colecciono. Es decir, muchos lo sabemos y muchos lo saben, pero nadie argumenta a priori las necesidades que satisfará una obra concreta, y a qué costes, salvo que "ayudará al progreso de X". Y no pasa nada, aunque se inauguren aeropuertos en el aire, nunca peor dicho, como el de Castellón, o se anulen trayectos del AVE como el de Toledo-Cuenca-Albacete (18.000 euros de coste diario para nueve pasajeros) sin que ninguno de los demandantes o promotores considere que tiene que dar explicaciones, o se las pidan.

Como mucho, hay esclarecimientos como este de Aznar, en julio de 1998, sobre el caos aéreo: "Los aeropuertos tienen muchos problemas que tampoco son exclusivos del aeropuerto de Barajas, porque basta viajar un poco para darse cuenta de que otros aeródromos también tienen sus problemas. Sería bueno contar con la colaboración de todos, porque realmente puede haber problemas. Hace poco hubo problemas de vuelo por algunas razones. Puede haber razones, puede haber problemas de otro tipo de razones en el espacio aéreo y, en fin, puede haber otros problemas". Por poder, puede que en la obra pública haya que poner su coste por kilómetro o metro cuadrado, como en algunas recetas médicas y servicios sanitarios. No sé con qué razones un gobierno puede decidir recortes en salud o educación y mantener los gastos en infraestructuras. Quizá con las mismas con las que Oscar Wilde pedía: "A mí dadme lo superfluo, que lo necesario todo el mundo puede tenerlo". Wilde no era un político, pero un siglo antes alguien que sí lo era, Benjamin Franklin, había advertido: "El que compra lo superfluo, pronto tendrá que vender lo necesario".


* El País - Opinión - 7.07.11

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El 15-M agudiza la distancia entre los ciudadanos y los políticos

PÚBLICO* : Después de que miles de ciudadanos mostrasen su indignación contra políticos y banqueros acampando en las calles de España y manifestándose en sus principales plazas en torno al Movimiento 15-M,el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) certificó ayer el creciente descontento de los españoles con la clase política, que ha alcanzado su récord histórico desde 1985.
Los partidos y los políticos son percibidos como una preocupación para el 24,7% de los consultados, 2,6 puntos más que hace un mes, según el barómetro de junio hecho público ayer por el CIS. Y se consolida la tendencia iniciada en febrero de 2010 que sitúa a la clase política como tercer problema de España. Por otro lado, el sondeo ha puesto de relieve que, para una inmensa mayoría de ciudadanos, la corrupción existe fuertemente entre ese colectivo. Un 86,6% de los encuestados opina que la corrupción está muy o bastante extendida entre los políticos. En diciembre de 2009, tenían esa imagen el 79,2% de los consultados. Este dato contrasta con los rasgos que más valoran los españoles de un político. La honradez es lo más relevante, según declaran el 79,4% de los encuestados. Le siguen la eficacia, con un 31,2%, y la preparación, el 28,7%. No es de extrañar, entonces, la distancia entre la ciudadanía y la clase política.

"El 15-M ha supuesto una vuelta de tuerca más a la percepción negativa de los políticos por los ciudadanos", señala el expresidente del CIS y catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Valles-pín, que destaca que viene de atrás. En su opinión, la movilización de los indignados del último mes y su tratamiento en los medios ha incidido en los resultados.

El sondeo de la institución, realizado entre el 2 y 9 de junio a partir de 2.472 entrevistas, incluye varias preguntas relacionadas con el movimiento ciudadano, cuyo apogeo se produjo a finales de mayo.

El 76,9% de los encuestados manifestó haber seguido con interés las movilizaciones que se habían producido en las plazas de las principales ciudades. Un 26,7% prestó una relativa atención y un 40,2% lo hizo con mucha o bastante. Para un 22%, sin embargo, los indignados no despertaron ningún interés. La percepción sobre los acontecimientos relacionados con el 15-M es muy positiva entre la mayoría de los consultados que se interesaron por el 15-M.En concreto, el 70,3% de ellos declararon tener un visión positiva del movimiento y sólo un 6,4% declararon tener una opinión negativa.

Preguntados por el futuro que auguran al movimiento, el 38,3% intuye que continuará por otras vías, como las asambleas. Otros, sin embargo, creen que el 15-M se apagará con el tiempo. Así lo ve el 27,7% de los consultados, que sostiene que el movimiento desaparecerá progresivamente. No obstante, un 21,7% estima que la desaparición será momentánea y que el 15-M volverá a reaparecer en el futuro.

El sociólogo Alberto Penadés apunta en otra dirección para explicar la percepción negativa de la clase política entre los españoles. "El aumento del descontento hacia los políticos comenzó a principios de esta legislatura", subraya, recordando que el porcentaje ha ido aumentando mes a mes. Algo que se aprecia en varios indicadores, no sólo el que valora la clase política como problema.

También cabe atender a factores como la percepción de la corrupción, que preocupa al 6,9% de los consultados según el barómetro de junio, o el papel que desempeñan los medios de comunicación. En este sentido, Penadés subraya "la realimentación" que favorecen los medios al informar. "El eco que da la prensa al movimiento afecta" a la respuesta de los encuestados, señala el profesor.

Políticos, empresarios y jueces

Los consultados por el CIS sitúan la corrupción y el fraude en España en séptima posición con un 6,9%, frente al 5% del pasado mes de mayo,pero a distancia del paro, la crisis económica y los políticos. A ojos del 49,5% de los encuestados, la corrupción está subestimada en los medios de comunicación, comparada con otros problemas.

Esta percepción no impide, sin embargo, que los ciudadanos consideren que la corrupción está muy extendida en el país. Hasta un 85,6% de los consultados se manifiestan en este sentido, frente al 5% que considera que existe tímidamente. Por colectivos, los políticos tienen la imagen de ser los más corruptos. El 86,6% declara que la corrupción está muy-bastante extendida, mientras que el 6,5% estima que lo está poco o nada.

Hay ciudadanos, sin embargo, que defienden que es injusto pensar que los políticos son corruptos, porque la gran mayoría son honrados. Así lo manifiestan el 34,3% de los consultados por la institución.

Atendiendo a la percepción que tienen los españoles según las siglas de la formación, el PP obtiene un notable en corrupción. En una escala de 0 a 10, (siendo cero no estar implicado en casos y 10 estar muy implicado), los consultados otorgan a los conservadores un 6,95 de media; le sigue el PSOE, que obtiene un 6,41. Coalición Canaria consigue una nota de 6,72 puntos, pero sólo en las islas. En el extremo contrario se sitúa Izquierda Unida, que logra un 4,67, situándose en el aprobado en limpieza.

El segundo grupo peor percibido en relación con la corrupción es el de los empresarios. Un 69,3% de los consultados sostiene que las prácticas corruptas existen en ese colectivo. La tercera plaza la ocupan los jueces, donde el 52,9% de los encuestados tiene esa imagen.

Con el objetivo de controlar la corrupción y prevenirla, el 51,1% de los ciudadanos cree que debería ser el Gobierno el que se ocupase de esa tarea en diciembre de 2009, señalaban al Ejecutivo el 42,1%. Un 21,2% apunta al sistema judicial y el 9,3% a los ciudadanos. En cuanto a las medidas que podrían corregir las malas prácticas, que consideran están muy extendidas en España, el 44,1% de los consultados ven prioritario que se pongan penas más duras.


* Público - CAROLINA MARTÍN Madrid 06/07/2011
Foto billetes corrupción - google


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Marbella.- Roca ordenó ocultar archivos cuando arrancó la instrucción

SUR/Málaga* : El principal imputado en la trama de corrupción municipal en Marbella, Juan Antonio Roca, parecía saber lo que se le avecinaba meses antes de que comenzaran las detenciones por el 'caso Malaya' y de que la policía tomara el Ayuntamiento y varias dependencias muncipales en marzo de 2006. Concretamente, en noviembre de 2005, coincidiendo con el arranque de la instrucción judicial, -por entonces bajo secreto de sumario- el exasesor le encargó a su secretaria personal, Ainhoa Coca, que retirara de la oficina de Maras Asesores unas cajas con diversa documentación sobre sus empresas privadas. Precisamente en este despacho la policía halló, poco después, documentación trascendental en la investigación sobre la contabilidad de su entramado societario.
Así lo confirmó ayer la que fuera su empleada en una nueva sesión del juicio a la que asistía en calidad de testigo. «Me hizo recoger documentación del despacho», indicó Coca al abogado del Ayuntamiento, Alberto Peláez.

El letrado quería saber si le hizo recoger esa documentación (según Peález eran informes sobre Maras, Masdevallía, One Properties, Marqués de Velilla, Condeor o Beauty Marbella) para que no se supiera que «esas sociedades eran suyas» dada su responsabilidad e «influencia en el Ayuntamiento». La testigo se limitó a justificar el encargo asegurando que el principal acusado de Malaya era una persona «tremendamente discreta, no le gustaba que se supiera demasiado». Sin embargo, la secretaria matizó que, pese a la discreción que le exigía, su jefe «nunca se ocultaba» haciendo referencia a su relación laboral con el consistorio así como sus negocios privados.
Coca comenzó a trabajar en Maras en 2003 y después Roca le ofreció un puesto en Gerencia de Obras. La secretaria lo definió como una persona con una capacidad de trabajo «impresionante»: «Trabajaba las 24 horas del día», aseguró.


* Sur - 07.07.11 - ROSSEL APARICIO
Foto: Marbella, Roca en el juicio conversando - malagahoy

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Madrid.- Suciedad aérea

ADN* : A Madrid le quedan 6 meses para descontaminarse si quiere cumplir la legislación europea. La acumulación media de dióxido de nitrógeno (NO2) durante la primera mitad del año marcó 41 microgramos por m3 de aire, según los datos municipales. Supera el límite que tendrá que cumplir la ciudad en diciembre, establecido por la Unión Europea en 40.
De julio al final de 2011 las 24 estaciones distribuidas por la ciudad deberán atestiguar una reducción de la polución proveniente del tráfico para conseguir cuadrar el curso. El año pasado, el único del que hay registros de la nueva red medidora, la media de la segunda vuelta fue de 48 microgramos, pero no hay dos años iguales. Así, por ejemplo, el pasado junio la acumulación de contaminante en el cielo se quedó en una media de 36 cuando 12 meses antes superó los 55. También en este curso el tiempo ha ayudado a limpiar la atmósfera que respiran los madrileños.
En mayo, según el resumen de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones casi han superado un 100% la media histórica para ese periodo en Madrid. "De húmedo a muy húmedo" calificó el mes.
En 2010 no se cumplió el límite y el Ayuntamiento dijo que pediría una moratoria ala UE. Primero el Gobierno tiene que remitir a Bruselas los datos de calidad del aire de España. El plazo vence en septiembre. Entonces podrá el Ayuntamiento solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que presente la moratoria.

El nudo sur pide estudios

Si el tráfico intenso se relaciona con los picos de NO2, los vecinos del Nudo Sur se preguntan por qué la estación de Mendez Álvaro, que es urbana, alejada de coches y entre árboles, marca un valor medio de 43 en seis meses, por encima de lo indicado para protegerla salud.

Su portavoz, Ángel Lomas, cuenta que han pedido "el informe de impacto ambiental del soterramiento de la M-30 y los datos de una estación medidora móvil que estuvo junto a la torre de humos del bypass sur" sin obtenerlos. "De Medio Ambiente nos mandan a Urbanismo, de ahí a Obras y otra vez a Medio Ambiente", se queja. Quieren un estudio epidemiológico sobre el aumento de dolencias respiratorias en los barrios de Legazpi, Delicias y Chopera (unos 15.000 vecinos).

TOP 5

1 Escuelas Aguirre. Situada en el distrito de Salamanca, la media de contaminante que ha detectado es de 61 microgramos. El mes pasado, todos los días estuvo por encima del umbral de 40.Es una estación destinada a medir la polución del tráfico, según el Ayuntamiento. Dirección. Se ubica entre las calles de O'Donnell y Alcalá.

2 Cuatro caminos. Su registro se sitúa en los 56 microgramos. Aunque es estación de tráfico, está junto al parque de Santander. Dirección. Av. de Pablo Iglesias con Marqués de Lema.

3 Ramón y Cajal. Está en los 53. Colocada en un área residencial "con tráfico intenso" de Chamartín, según el Ayuntamiento. Dirección. Av. Ramón y Cajal con Príncipe de Vergara.

4 Plaza de Castilla. Ha marcado 51 de media de enero a junio. Funciona desde septiembre, tras meses parada por las obras del intercambiador. Dirección. Plaza de Castilla.

5 Plaza de España. Su media está en 50 microgramos, parecido a su registro de los últimos 12 meses: 51 microgramos. Dirección. Calle de la Princesa (Moncloa).


* ADN - 7.07.11
Foto: Madrid, contaminación centro - madridiario

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Santa Cruz.- La investigación de Las Teresitas concluye que hubo maquinación para dar un pelotazo

LAPROVINCIA/Tenerife* : Una trama político -empresarial puesta de común acuerdo con el objetivo de dar un pelotazo. Así es como ven los investigadores el 'caso Las Teresitas' después de cuatro años y medio de minuciosa investigación que está próxima a su fin. No fueron hechos independientes; hubo una maquinación entre los imputados y algunas personas que han declarado como testigos cuyo objetivo era conseguir plusvalías de más de cien millones de euros con la venta de los terrenos de la playa. El Ayuntamiento de Santa Cruz, con Miguel Zerolo al frente, jugó un papel fundamental, según la investigación. Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, también. La lista de imputados de la Fiscalía Anticorrupción podría aumentar tras el verano.
La laboriosa investigación llevada a cabo en esta causa por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife junto a la fiscal María Farnés y bajo la dirección de Carla Bellini trata de dar las últimas puntadas a la presunta trama, bajo la premisa de que hubo una maquinación desde el inicio.

Los investigadores consideran que todo arranca en el momento en que la Junta de Compensación de Las Teresitas, con el abogado Mauricio Hayek como ejecutor, vende más de 300.000 metros cuadrados de suelo a Inversiones Las Teresitas, una mercantil propiedad de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. Todo ello a pesar de que, según recoge la fiscal María Farnés en su denuncia, Hayek no podía vender el suelo sin el permiso de los propietarios. El abogado actuaba además como agente doble, pues ha quedado acreditado a lo largo de la investigación que cobraba honorarios de los propietarios y vendedores del suelo y comisiones de González y Plasencia, los que pretendían comprar.

La Junta de Compensación vendió el 16 de junio de 1998 por 5.500 millones de las antiguas pesetas (poco menos de 33 millones de euros) la totalidad del suelo a Inversiones Las Teresitas a pesar de que la mercantil ni siquiera existía en ese momento como tal. El día anterior el Tribunal Supremo tenía señalado para votación y fallo una sentencia que confirmó derechos edificatorios hoteleros en el frente de playa, algo que se conoció 24 horas después de la venta y que revalorizaba el suelo. Desde luego, alguien filtró el resultado de la sentencia.

A la carrera

El 17 de junio de 1998, a la carrera, Inversiones Las Teresitas solicitó la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil. Ese mismo día, un testaferro de Antonio Plasencia, siempre según la teoría de Anticorrupción, abría una cuenta en CajaCanarias (entidad de la que Plasencia era consejero) para solicitar un crédito de alto riesgo al día siguiente por valor de 33 millones de euros. La entidad concede el crédito debido a la supuesta solvencia de los peticionarios, a pesar de que el testaferro de Plasencia era un peón de la construcción con un sueldo de 720 euros.

Tiempo después, el 23 de julio de 2001, el Ayuntamiento, con Zerolo al mando, compra el frente de playa por 52 millones de euros. Para ello, según recoge Anticorrupción en su denuncia, se burló no sólo un acuerdo plenario anterior que preveía recuperar esa zona a cambio de recalificaciones en el resto del suelo, sino que lo hizo el mismo día en que aparecía en escena la moratoria turística del Gobierno de Canarias. Esa moratoria habría imposibilitado a Inversiones Las Teresitas levantar un sólo bloque en la playa, justo el argumento que utilizó Zerolo para comprar los terrenos: impedir que se construya a la orilla de la señera playa tinerfeña.

Incluso recoge Farnés en su denuncia que, para colmo, el frente de playa era de dominio público, por lo que bajo ningún concepto se podía construir.

Finalmente, Inversiones Las Teresitas vendió la otra parte del suelo a una inmobiliaria por un valor aproximado de 90 millones de euros. Aún así, se quedó con otra pequeña porción de terreno convenientemente recalificado. En total, un pelotazo de 120 millones de euros en el que, según entienden los investigadores, tuvieron que ponerse de acuerdo la Junta de Compensación (con Hayek de agente doble), los empresarios, la entidad bancaria y el Ayuntamiento. Eso, sin entrar a valorar quién filtró la sentencia del Supremo, a lo que la policía no ha podido llegar con pruebas.


* La Privincia - 6.07.11
Foto: Miguel Zerolo, el día en que prestó declaración en el TSJC.- laprovincia

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Barcelona.- Ancianos ocupas e indignados contra el cierre de su ambulatorio

PÚBLICO* : Desde el pasado 30 de Junio, un grupo de vecinos de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), la mayoría de ellos ancianos, ocupan el ambulatorio del núcleo urbano de la Colonia Güell para intentar frenar su cierre.
El pasado 30 de junio, la doctora y la enfermera del pequeño dispensario médico recibieron una orden del Govern por la que tenían que dejar de prestar sus servicios a los vecinos tras más de cien años de vida del ambulatorio. En respuesta, ese mismo día los vecinos iniciaron su ocupación para hacer llagar al Govern una doble protesta. Por un lado, su indignación frente al cierre del ambulatorio. Por otra, su desacuerdo hacia los recortes que el Govern está llevando a cabo por la crisis económica.
La Colonia Güell es una zona residencial que tiene sus orígenes en la industria del siglo XIX. Además de por sus monumentos del modernismo catalán, la zona destaca por la elevada tasa de ancianos entre sus habitantes, unos vecinos que dejarán de recibir atención médica en el citado consultorio y deberán dirigirse a Santa Coloma de Cervelló.

Un autobús cada hora
"Es gente que durante el día está sola y no tiene posibilidad de moverse", ha remarcado María Dolors Ramiro, una de las vecinas que participa en la ocupación. Un problema que dificultará aún más que los ancianos reciban una atención sanitaria adecuada, sobre todo si se tiene en cuenta que para ir hasta el centro de asistencia primaria más próximo sólo disponen de un autobús cada hora.

Parece ser que la ocupación está teniendo sus frutos casi una semana después pues, según la portavoz de los vecinos, Patricia Petit, la administración catalana está abierta a escuchar las demandas de los vecinos, aunque a día de hoy no está dispuesta a mantener el servicio médico diario, exactamente lo que reclaman los vecinos de la colonia.

"Nosotros nos mantenemos en lo que tenemos, que es el servicio mínimo de lunes a viernes, de un médico y una enfermera, dos horas al día, y entendemos que si hay una negociación aceptaremos lo que sea digno y razonable para la gente mayor", apunta Petit.


* Público - EFE - 6.07.11
Foto: Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), capilla Gaudí - turismo

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Objetivo: coordinar la lucha contra los desahucios

ELPAÍS/Madrid* : Los coordinadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH Madrid) se reunieron ayer con 70 representantes de las diversas asambleas de barrio y pueblos de Madrid surgidas del 15-M para poner puntos en común e intentar coordinar sus esfuerzos. Desde que la PAH Madrid echó a andar, hace apenas un mes, ha encontrado en los indignados un punto de apoyo fundamental para difundir sus convocatorias y lograr paralizar desahucios. A la reunión, que se celebró a las siete de la tarde en la sede de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), acudieron representantes de las asambleas de Malasaña, Parla, Fuenlabrada, Leganés, Tetuán, Retiro, Coslada y San Fernando, entre muchas otras, así como varios afectados a título particular.
La necesidad de coordinación surge del peso que cada vez más están teniendo los indignados del 15-M en la paralización de desahucios. De los cinco que ya se han frenado en Madrid, tres han sido convocados por este Movimiento, y no por la PAH.

La semana pasada, por ejemplo, la asamblea 15-M de Pueblo de Vallecas se solidarizó con una de sus vecinas, Susana García, que les pidió ayuda para paralizar su desahucio por impago de alquiler. Las 40 personas que acudieron a la convocatoria se encontraron en la dirección de la vivienda con el dueño del piso, que denuncio que la víctima era él.

Para evitar los conflictos entre particulares, la PAH no interviene en casos de desahucio por alquiler, explicó ayer Eloi Morte, portavoz de la PAH Madrid, a los asistentes. "Nosotros defendemos el derecho a la vivienda, pero nos centramos en las hipotecas. El alquiler supone crear otra perspectiva, quizá habría que pensar en la posibilidad de crear otra plataforma porque nosotros con esto estamos desbordados", comentó. También les entregó un folio recordando que en caso de desahucio es la PAH quien debe hacer de intermediaria con el secretario judicial y con los policías, así como con los medios de comunicación, para quienes piden un trato respetuoso: "La experiencia de tres años nos dice que actuar de otra manera perjudica a la familia hipotecada", se informa en el texto. Morte también explicó que toda actuación que se emprenda como medida de presión -como organizar una protesta ante la sucursal bancaria que reclama la ejecución hipotecaria-, debe hacerse con el consentimiento de los afectados y en coordinación con ellos.

Morte pidió a las asambleas de barrio que quieran colaborar con la PAH que creen subcomisiones de vivienda de una o dos personas con las que poder coordinarse, "y crear una vía secundaria para que haya una comunicación fluida". La PAH se ofreció a ir a cada barrio que lo solicite a informar a los interesados sobre cómo actuar si no se pueden hacer frente a la hipoteca.

Del lado de los indignados, un portavoz de la comisión legal de Sol explicó que intentarán prestar su apoyo como mediadores a las acciones concretas en caso de que la PAH no pueda cubrirlas, y un portavoz de la comisión de comunicación explicó que ellos se encargarán de cubrir cada actuación, enviando a un redactor así como a un cámara para que emita el desahucio en directo, "vía streaming y a través del canal 33 de la TDT".

Con vistas al futuro, un coordinador de la PAH explicó que se están pensando nuevas formas de actuación, como hacer acciones ante los organismos de vivienda de los Ayuntamientos para presionarles a ofrecer soluciones a las familias afectadas. Así mismo, dado que la iniciativa legislativa popular para pedir la dación en pago puesta en marcha por la PAH ha sido bloqueada por la mesa electoral central al existir una iniciativa similar formulada por el partido Verde ecopacifista, al que la PAH denuncia de estar ligado "al PSOE y a intereses del ladrillo", la PAH estudia iniciar "como medida de presión" una iniciativa popular de recogida de firmas con la ayuda del 15-M.

Hoy está prevista una asamblea de afectados por la hipoteca en la sede de la FRAVM (se celebran un martes de cada dos semanas, a las 19.00), y el domingo (18.00) se reúnen los equipos de trabajo de desahucios del 15-M en la plaza del Carmen.

Cronología de desahucios
- 15 de junio. Unas 500 personas logran paralizar el desahucio de Anuar y su familia, en el barrio de Tetuán. La acción la convoca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y cuenta con el apoyo de la asamblea 15-M de Tetuán.

- 16 de junio. Unas cien personas logran parar el desahucio de Luis, un vecino de Parla de 74 años. Convoca la asamblea 15-M de Parla y la PAH se suma.

- 27 de junio. Unas 30 personas paralizan el desahucio por impago de alquiler de un vecino de 61 años de Alcalá de Henares. Convoca la asamblea 15-M de Alcalá de Henares. La PAH apoya pero no convoca por ser un desahucio por alquiler.

- 28 de junio. Unas 40 personas logran demorar dos días el desahucio de Susana García por impago de alquiler. Convoca la asamblea 15-M de Puente de Vallecas. La PAH presta apoyo pero no convoca.

- 29 de junio. La asamblea de Fuenlabrada convoca a 70 personas para hacer una acción frente la sucursal bancaria de Bancaja que concedió un préstamo hipotecario a Roque Marcha, un empresario y carpintero de la localidad que quiere renegociar su deuda.

- Próximas convocatorias La asamblea 15-M de Leganés llama a paralizar el desahucio por impago del alquiler al IVIMA de una familia del barrio. La cita es a las 9.00 en la estación de Cercanías de Zarzaquemada. La PAH difunde la convocatoria pero no la convoca.


* El País - CARMEN PÉREZ LANZAC - 05/07/2011
Foto: Concentración para evitar un desahucio en el distrito de Tetuán.- elpais

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Zaragoza.- Desuso no debe ser abandono

ELPERIÓDICO* : Lo ocurrido ayer en el antiguo cuartel de Pontoneros no debe ser entendido como fruto de la casualidad, como una incidencia producto de la mala suerte y de algo debe servir pensar que si la zona donde se desplomó el alerón no hubiera estado apuntalada previamente, tal vez se estaría hablando de un accidente mucho más grave. Y es que la segunda lectura rápida que suscita es evidente: que un inmueble esté en desuso no debería ser sinónimo de estar abandonado. Directa o indirectamente, todas las reacciones surgidas durante la jornada, políticas y vecinales, apuntaron en esa dirección, confirmando que el accidente también dispara las alarmas sobre otros edificios que están en similares condiciones. Porque el hecho de que no se abran al público con alguna utilidad puede criticarse (o no, en una situación económica tan grave) pero que el olvido y el deterioro amenace su conservación no es admisible.

Ahora renacen las dudas y las críticas a partes iguales sobre la Imprenta Blasco y el Palacio de Fuenclara, sobre todo sabiendo que la Ciudad de la Justicia irá en la Expo; o del antiguo instituto Luis Buñuel, que en pocos años cambió su futuro varias veces, desde acoger Turismo y Hostelería, al frustrado acuerdo con el colegio Santo Domingo por el traslado, o a una posible escuela de idiomas y un centro de creación artística en las últimas quinielas. Pero, ¿cuánto dinero se ha metido en la conservación de estos edificios? Su conservación ha ido muchas veces ligada a ese futuro incierto.

Pero ha ido a suceder en un edificio en el que sí se ha metido dinero. Ni de lejos los 9,4 millones de euros que se preveían en el programa 2005-2012 del Plan Integral del Casco Histórico, en dos anualidades (2009 y 2010) de 4,7 cada una --a esta inversión se refería ayer el portavoz del Partido Popular, Eloy Suárez, aunque sus cifras bailan--, pero sí han habido partidas en el presupuesto, ejecutadas desde Urbanismo, para tratar de mantener su buena conservación. Muestra de ello es que está en obras, aunque se centren en la parte trasera.

Quizá la pregunta sea: ¿Se podría o debería haber destinado más? Es evidente que sí, sino habría que esperar a que tuviera consecuencias dramáticas para cuestionarse si se ha hecho algo mal. ¿El qué? Seguramente vaya en la línea de la indecisión sobre su futuro, de las necesidades que este edificio tenía como archivo histórico como se pretendía al principio, como equipamiento cultural como se planteó después o como residencia universitaria con espacios comunitarios como se planteaba ahora.

Aunque esta indecisión también puede considerarse relativa, ya que se había firmado ya un convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza para avanzar en su diseño, era uno de los proyectos incluidos en el Plan Estratégico para el Casco Histórico (La cultura transforma el Casco) y era uno de los equipamientos más definidos que proponía la candidatura de la Capitalidad Cultural del 2016. O sea, que si la nebulosa sobre su destino era preocupante, ¿qué decir de Fuenclara o Imprenta Blasco?.

Otra de las líneas argumentales podría apuntar directamente a los responsables del PICH, por no haber destinado parte de su presupuesto anual a este inmueble. O incluso por incumplir su programa 2005-2012. Sin embargo, con las cifras en la mano y la crisis en la calle, también hay que explicar a los vecinos que dedicar esos 4,7 millones supondría destinar el 50% de los recursos disponibles, que esa era la prioridad y no otras sociales o de microurbanismo en las que se ha incidido. Y también que se iba a priorizar en eso, cuando el uso que se planteó cuando se fijaron estas cantidades era otro bien distinto al que tendrá ahora.


* El Periódico Aragón - 6.07.11
Foto: Zaragoza, cuartel Pontoneros en ruina - que

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Marbella.- Policía insiste en que los acusados eran testaferros de Roca y cobraron por ello

QUÉ/Málaga* : Una agente de la Policía Nacional que hizo informes de cuantificación de blanqueo en el caso 'Malaya' ha ratificado que acusados en este bloque del juicio tendrían la consideración de testaferros y ha considerado que percibían retribuciones por administrar o ser apoderados de sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca. Esta policía, que ha declarado este martes junto a otro de los agentes que realizó informes similares, ha explicado que se les encargó en 2009 hacer un estudio para la responsabilidad pecuniaria de determinados acusados y ha afirmado que se elaboraron estos documentos de cuantificación con datos de otros informes previos que constan en la causa.
A preguntas del fiscal, esta policía se ha referido en concreto a cuatro de los 16 acusados en este bloque, como son Hildegart Fernández, José Luis Benavente, Úrsula Quinzano y José María Mellado, quienes, en su opinión, por los actos que habrían realizado tendrían la configuración de testaferros, añadiendo que "por lo que han declarado cobrarían unos 200 o 300 euros al mes" por administrar.

La agente ha realizado un repaso de operaciones o actos jurídicos en los que intervinieron estos acusados y ha reiterado que a la vista de sus profesiones --veterinaria, cocinero o administrativa, según el caso-- no se les supone experiencia previa para administrar empresas. Ha admitido, a preguntas de las defensas, que ella no ha realizado investigación patrimonial sobre los acusados.

Las defensas han cuestionado el criterio de "cuantificación de máximos" por el que se optó para estos informes, la falta de una investigación patrimonial y las carencias a la hora de identificar el delito previo y determinar el origen y trazabilidad de los fondos para las operaciones investigadas en la causa. Además, también han considerado que falta concreción en el escrito de acusación.

En este sentido, uno de los abogados se ha referido a un "error" al atribuirle a su cliente --José Luis Benavente-- una operación cuando ya no era administrador, lo que ha admitido la agente. Asimismo, el otro agente que ha testificado ha añadido que si hubiera errores en otros informes anteriores éstos se podrían haber "arrastrado" en los documentos que elaboró su grupo.

Otra de las defensas ha preguntado a este segundo policía por si toda operación vinculada a Roca "está contaminada", respondiendo éste que habría que ver los datos, ya que "toda persona que compra al señor Roca no tiene por qué saber". Respecto a los archivos contables de la sociedad Maras Asesores, el agente ha sido preguntado si fueron "dogma de fe", respondiendo que son documentos "muy importantes".


* Qué - 5.07.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Los concellos solo deberán reservar suelo para vivienda protegida si hay demanda

LAVOZDEGALICIA* : El mercado convirtió en papel mojado la medida de mayor calado social de la Lei de Vivenda del bipartito y el Gobierno de Feijoo la maquilla en una nueva legislación con la que pretende dar confianza a los compradores y dinamizar el sector inmobiliario, es decir, contentar al usuario sin inquietar a alcaldes y promotores. El borrador de la Xunta que presentó ayer suprime la obligación de los concellos de destinar del 30 al 40?% del suelo urbanizable a vivienda protegida, y establece con carácter general una proporción del 30?%, la misma que recoge la ley estatal. Pero la novedad de la norma gallega es que deja la opción a los ayuntamientos de ajustarse a las solicitudes reales de pisos de precio tasado, lo que les permite adecuar la reserva de suelo al Rexistro de Demandantes.
Con este criterio, el deber de los concellos de reservar bolsas significativas de suelo para vivienda protegida seguirá restringido prácticamente a las siete principales ciudades, aunque ya no tendrán que alcanzar el 40 %, sino responder de la demanda. Se trata de adaptar la ley al comportamiento del mercado.

De las 16.775 solicitudes del Rexistro de Demandantes referidas a compra de vivienda nueva, el 80?% (13.278) corresponden a las siete urbes. Con todo, pese a la insistencia del conselleiro Agustín Hernández en resaltar ese barniz de realismo del borrador legislativo, frente a un texto del bipartito que considera «excesivamente ríxido», la nueva norma seguirá recogiendo, aunque ya sin carácter obligatorio, ese mínimo del 30?% que Galicia no cumple. El propio Hernández subrayó ayer que la vivienda protegida no representa ni el 10?% de la que se construye cada año en la comunidad.

La adaptación de la reserva de suelo al Rexistro de Demandantes deberá atender, además, tres nuevas tipologías de vivienda pública, destinada a solicitantes con ingresos inferiores a 1.330 euros al mes, una condición que cumplen el 76?% de los inscritos en ese Rexistro. Son la concertada, de inserción o asistencial, y en copropiedad. Esta última fórmula permite a los compradores adquirir solo el 60 % del piso, mientras el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) financia el 40 % restante. La copropiedad facilita el pago de una hipoteca más baja y deja abierta la posibilidad de hacerse con el total del inmueble en el futuro. La vivienda de inserción o asistencial es la que la Xunta promoverá con otras Administraciones o entidades sin ánimo de lucro para colectivos específicos, como mayores o mujeres víctimas de la violencia de género. Por último, la concertada es la opción que se ofertará a los promotores para colocar vivienda libre en el mercado con la calificación y las mismas condiciones de venta que la pública. Esta modalidad está pensada para incentivar la ocupación del stock de 32.000 pisos vacíos que existen en Galicia.

La reserva, el 1 % del precio

En el mismo propósito de dinamizar el sector se incluye la creación de la Bolsa de Vivenda, en la que la Xunta se propone incluir pisos sin habitar para los que pactará unos precios máximos de venta o alquiler con promotores y entidades financieras. La nueva ley también regulará el alquiler con opción de compra, extenderá las fianzas a los locales comerciales y fincas, y establecerá la cantidad máxima a pagar como reserva de la vivienda en el 1% de su precio.


* La Voz de Galicia - Serafin Lorenzo - 5.07.11
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org

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Los indignados ya han logrado paralizar 47 desalojos

PÚBLICO* : Los indignados continúan frenando desalojos y la cifra ya se eleva a 48, lo que supone una media de dos diarios, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Comenzaron con los desahucios por impagos de préstamos, siguieron con quienes no podían hacer frente al alquiler y ahora se han sumado a la ayuda de personas desesperadas que ocupan ilegalmente casas porque no tienen dónde ir. Es lo que ha ocurrido en Mairena del Aljarafe. Llegaron antes de las diez de la mañana, candaron el portal de un bloque desvencijado junto a otro lleno de hierbajos y se pusieron a esperar para frenar el desalojo previsto en el nº1 de la calle La Calleja, el primero al que el Movimiento 15-M se ha enfrentado en la provincia de Sevilla. Desde la ventana del 1º B observaba Rocío, una joven de 25 años cosida a operaciones por las múltiples roturas de sus huesos de cristal, una enfermedad rara.
"Es que no lo entiendo, no entiendo por qué no pueden dejar que nos quedemos un poco más", decía su hermana Mari, de 21 años. Su madre, Amparo de los Santos, de 47 años, desenrollaba a cada momento la notificación que había encima de la mesa del salón. La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, gobernado por el PP desde las pasadas elecciones, la obliga a dejar la casa por ocupación ilegal.

El piso, lleno de trastos y muebles embalados, no es de su propiedad. Pertenecía a su padre, un hombre ya mayor que ahora vive en un piso de protección oficial después de que el anterior Gobierno, del PSOE, expropiara los terrenos. Según explicaron fuentes municipales, el consistorio prevé reurbanizar la zona con espacios verdes. "Están incumpliendo la ley, la casa no es suya, no pueden estar ahí y han tirado un tabique y se han metido en otra; se les ha ofrecido ayuda social, comida y no la han querido", añadieron las fuentes. En el bloque aún quedan varios vecinos propietarios, a los que el Ayuntamiento sí ha dado margen hasta que solucionen problemas financieros con el banco.

700 euros para cinco
A través de un agujero con forma de puerta, al otro lado del tabique, hay más trastos aún. Amparo no lo oculta. Según cuenta, había un "pequeño agujerito" en la pared que ella amplió: "Cogí los muebles de cocina que había porque aquí no tenía ni dónde hacer de comer ni fregar los platos". Tiene dos hijas más, una de 12 y otra de 16, que se habían ido a casa de su abuelo. Dice que su único ingreso son las ayudas que recibe por su hija enferma y su cuidado, unos 700 euros al mes. "Yo sé que nos tenemos que ir, pero sólo pido unos días más, llevamos toda la vida de casa en casa, estoy separada, sin condiciones adecuadas para que mi hija pueda moverse", insiste Amparo.

Rocío lleva varios clavos en su pierna derecha y, en breve, tendrá que volver a operarse, dice sin quitar ojo de la ventana. Abajo continuaban los indignados, una treintena entre jóvenes y mayores, muchos de ellos, como Lucía, pertenecientes a la acampada de Sevilla. "Lo importante es parar este tipo de situaciones", sostiene. "Que los quiera echar un banco tiene tela, pero que los quiera echar el Ayuntamiento es ya lo último", decía otro indignado por el megáfono. Tras recibir la notificación el pasado jueves que la obligaba a desalojar la casa en 24 horas, Amparo logró encontrar un piso de alquiler por 500 euros.

Por la mañana estaba dispuesta a irse, aunque no tuviera "ni para comer". Pero las personas del 15-M que acudieron a apoyarla la convencieron para que continuara allí hasta encontrar algo más barato. "El 15-M me está ayudando a buscar un piso con el que al menos podamos comer", contaba por la tarde por teléfono.

El Ayuntamiento, que asegura que las protestas no han tenido nada que ver, le ha dado otra prórroga hasta el próximo viernes a las diez de la mañana. Los carteles con leyendas de "Stop desahucios" seguían pegados con celo en el portal.


* Público - OLIVIA CARBALLAR SEVILLA 04/07/2011
Foto: Un joven indignado quita el candado al portal.- publico

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Murcia.- El Ministerio enfría el entusiasmo por urbanizar Marina de Cope

LAVERDAD* : El proyecto para urbanizar Marina de Cope no tendrá un cheque en blanco del Ministerio de Medio Ambiente. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a cuyo frente se encuentra Pedro Antonio Ríos, ha fijado diez condiciones para que una de las mayores urbanizaciones de la fachada mediterránea se ajuste a la ley de Costas y a la preservación de la zona de dominio público marítimo terrestre antes de dar su aprobación definitiva. De entrada, pone reparos a la construcción de una batería de piscinas de agua salada con bombeos directos del mar.
La jefa de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia, Francisca Baraza, no está de acuerdo con la apreciación de la Consejería de Obras Públicas y puntualiza que el Ministerio no se ha pronunciado favorablemente sobre el proyecto. Solo hay consideraciones preliminares, subraya, y falta el informe final. No hay un 'no', pero tampoco un 'sí', según Baraza, que puntualiza que en estos momentos se está informando sobre el planeamiento en lo que se refiere a la afección a la zona de dominio público marítimo terrestre, y que posteriormente habrá que informar por separado de cada fase del proyecto.

De interés regional
El plan de Marina de Cope está declarado de interés regional y prevé la construcción de 20.000 plazas de hoteles y apartamentos, una marina interior y cinco campos de golf a caballo entre los municipios de Lorca y Águilas. El Gobierno regional quiere aprobar las modificaciones urbanísticas en los próximos meses, como paso previo a la construcción en este enclave, tal como publicó este diario. La Consejería de Turismo y Cultura está decidida a impulsar la urbanización, después de varios años de trámites, como una apuesta por el sector turístico.
Un oficio de abril del jefe del Área de Planeamiento de Costas fija diez consideraciones que los promotores deben cumplir y que suponen de facto unas limitaciones a las dimensiones de la urbanización. El documento del Ministerio es la respuesta a otro redactado semanas antes por Francisca Baraza desde Murcia, que era más duro que el elaborado en Madrid. Desde la sede ministerial se es menos taxativo en algunos aspectos del proyecto. A título particular, Baraza opina como Pedro Antonio Ríos en el sentido de que la urbanización de Marina de Cope, en uno de los espacios todavía vírgenes del litoral, se está planificando de una forma «sobredimensionada». La jefa de Costas no tiene dudas de que provocará «una presión muy fuerte sobre el litoral» de la forma en la que está diseñado. Sea como fuere, el Ministerio de Medio Ambiente es el que tiene la llave para la urbanización de Marina de Cope en tanto que debe conceder los títulos administrativos para varias partes del plan.
Baraza se opuso a la construcción a lo largo de la costa de piscinas de agua salada con bombeos del mar, con zonas de solarios y servicios desmontables con accesos para peatones y vehículos ligeros. El jefe de planeamiento también pone objeciones y pide que estas instalaciones se justifiquen con los estudios pertinentes que midan los impactos que pueden causar estas obras, las cuales deben contar con el correspondiente título o autorización de la Demarcación de Costas. Recuerda que la ley solo permite la ocupación del dominio público para aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.
2.000 barcos de recreo
Uno de los elementos más sensibles es la construcción de una marina interior para 2.000 puntos de amarre de embarcaciones de recreo. Originó la primera discrepancia entre la Demarcación y la Consejería, ya que Francisca Baraza se negó a adscribir el nuevo puerto deportivo antes de que se presentara el proyecto detallado de esta obra. Es decir, el Gobierno regional quiso disponer de los terrenos necesarios antes de presentar el estudio de impacto ambiental y los detalles de la nueva dársena. De haberlo hecho, el Ministerio le habría dado un cheque en blanco a los promotores. Como en las piscinas de agua salada, la Demarcación de Costas también tiene la última palabra sobre la marina interior.
El jefe del área de planeamiento se extiende sobre este punto y advierte de que, según la ley, el terreno inundado se incorporará al dominio público, que se mantendrá la zona de servidumbre y no se crearán otras nuevas. Asimismo, se tendrá que elaborar el proyecto básico con las características de las instalaciones y obras y la extensión que se quiere ocupar. Tendrá que contar con una evaluación de impacto ambiental y un estudio de la dinámica del litoral, así como adaptarse al entorno para evitar los efectos de regresión de la costa. Propone igualmente que se corrijan algunos límites del proyecto y se respeten al máximo los espacios de protección paisajística.


* La Verdad - 06.07.11 - MANUEL BUITRAGO
Foto: Cope marina - J.S. (El País)

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Los políticos corruptos de PSOE y PP ganan elecciones gracias a los medios afines

ELCONFIDENCIAL/Alberto Mendoza* : ¿Por qué el electorado no castiga a los políticos sospechosos de corrupción? ¿Cómo consiguieron revalidar su mayoría el pasado 22 de mayo candidatos imputados como Francisco Camps? Para la Fundación Alternativas, la respuesta a estas preguntas hay que buscarla en el papel de los medios de comunicación y sus afinidades ideológicas o partidistas. Así, según el Informe sobre la Democracia en España 2011 del citado think tank progresista, la percepción que un votante posee de la corrupción cambia radicalmente si se informa a través de La Sexta, El País y la Cadena Ser, o lo hace con Antena 3, El Mundo y Onda Cero.
Un ciudadano que viva en una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, y que consulte medios de comunicación con una línea editorial próxima a este partido, tenderá a pensar que su Gobierno es honrado y que la corrupción apenas está extendida. Pero si consume una combinación de periódicos y emisoras más cercana al PP, adquirirá una opinión mucho más negativa. Del mismo modo, en una comunidad autónoma regida por un gobierno popular, los ciudadanos evaluarán la extensión de la corrupción de modo muy distinto si se informan a través de medios próximos al PSOE o al PP.

Por ello, el informe de la Fundación Alternativas, presentado oficialmente este martes en Madrid, concluye que “una de las principales causas por la que la corrupción es poco castigada electoralmente en España puede ser la influencia de los medios de comunicación. El tipo de perfil de medios consumido repercute en la percepción de la prevalencia de corrupción”.

Los investigadores han agrupado en diversas combinaciones una televisión, una cadena de radio y un diario de papel: TVE, El País y RNE; Antena 3, El Mundo y Onda Cero; Antena 3, El Mundo y Cope; Cuatro, El País y Ser; La Sexta, El País y Cadena Ser; y un último conjunto de televisiones autonómicas y radios locales sin ningún periódico. Como quizás era predecible, el estudio ha encontrado una diferencia de hasta 11 puntos en la probabilidad de que los consumidores de uno y otro grupo de medios reconozcan que la corrupción está extendida en el Gobierno de su comunidad.

Según el documento, el sesgo hallado en El País, El Mundo, Antena 3 o la Ser coinciden con “las inclinaciones partidistas que frecuentemente se atribuyen a estos medios”. No obstante, el estudio llama la atención sobre “el hecho de que las evaluaciones de quienes optan por medios de RTVE son mucho más similares a las de quienes escogen medios tradicionalmente considerados de centro-izquierda”. Por ello, la Fundación Alternativas señala que “a pesar de las reformas introducidas en el funcionamiento del Ente Público con el fin de asegurar su neutralidad”, “sus medios moldean las percepciones sobre corrupción en sentido favorable al PSOE y perjudicial para el PP”.

El problemas de los canales autonómicos y locales

Por si fuera poco, el estudio revela la escasa repercusión de los casos de corrupción en los canales autonómicos y locales. “El consumo de televisiones autonómicas y radios locales está asociado a las opiniones más benévolas sobre la prevalencia de corrupción, cualquiera que sea el signo partidista del gobierno autonómico”. Es decir, que en el control de los medios regionales, poco separa a los candidatos sospechosos de PSOE y PP.

Esta no es la primera vez que la Fundación Alternativas alerta del modo en que algunos medios favorecen a determinadas opciones políticas. Este think tank, próximo a los socialistas, publica cada año su auditoría de la democracia en España y, en 2007, ya se hizo eco de las diferencias con que los principales diarios de papel cubrieron los temas de actualidad. No obstante, la responsabilidad no está solo del lado de la prensa, ya que “los ciudadanos son propensos a consumir medios de comunicación que favorecen a los partidos que ellos mismos apoyan”.


* El Confidencial - 5.07.11
Foto: Valencia, president comunidad F.Camps - EFE

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Los indignados 'sientan en el banquillo' a instituciones y bancos

ELPAÍS/Madrid* : Los indignados mantienen su ofensiva en las calles de Madrid. Centenares de personas volvieron a manifestarse ayer en una marcha que, aunque menos numerosa que las anteriores, sirvió para recordar que siguen ahí. "No podrán pararnos", advertían las pancartas. El breve recorrido entre Cibeles y Sol dio para mucho. En poca más de una hora y media los indignados tuvieron tiempo de sentar en el banquillo a cuatro organismos y grandes empresas. El Banco de España, el Ministerio de Educación, el BBVA y la sede del Gobierno regional, que no tuvieron derecho a réplica, fueron sentenciados culpables desatando los aplausos de los manifestantes.
Alicia, con una camiseta a favor de la enseñanza pública, fue la encargada de dar los veredictos ante las sedes de cada organismo. El primero, el Banco de España, que fue declarado "culpable de genocidio, de atentado contra la salud de las personas y de estafa" entre algunos otros delitos. Unos metros más arriba le tocó escuchar la sentencia al Ministerio de Educación: "Culpable por alienar nuestro pensamiento crítico, por prolongar la vida de este sistema social, por imponernos una forma de vida coartando cualquier otra idea, por hacernos creer que somos un rebaño".

En el orden del día estaba la sentencia al BBVA, pero el edificio no aparecía por ninguna parte y Sol se veía cada vez más cerca. Cuando ya estaban a punto de emitir su veredicto ante un pequeño cartel de la entidad, alguien señaló el edificio de BBVA Seguros, y allá se fueron. Los cargos no fueron menores: crímenes de lesa humanidad, expolio, conspiración y apoyo al crimen organizado. El banco fue declarado "culpable" de todos los delitos y la sentencia "del tribunal del pueblo" incluyó desde la "destrucción de todas las sedes inmobiliarias y de negocios de la entidad hasta la inhabilitación de su consejo directivo y la mutilación de un dedo a todos sus miembros para que en el futuro si alguien quiere negociar con ellos sepa a quién tiene delante". Los gritos de "culpable" llenaron la calle y al oír la sentencia otro lema brotó al instante: "¡Sin piernas, sin brazos, banqueros a pedazos!".Calle de Alcalá arriba, el edificio del Banco Santander volvió a detener la marcha. Aunque parecía que la entidad iba a librarse esta vez de las iras de los indignados, los manifestantes profirieron multitud de gritos contra su presidente, Emilio Botín.

Al último tramo de la marcha se unió más gente y la manifestación entró en Sol con casi mil personas. "Ya estamos en casa", gritaron algunos al ver la plaza. Los recibieron los últimos voluntarios que aún mantienen las tres carpas que han quedado del campamento y centenares de turistas y transeúntes. Ya bien rodeados, los indignados emitieron su último veredicto contra la sede del Gobierno regional y la presidenta, Esperanza Aguirre. "Culpables". Aguirre y sus consejeros fueron condenados a una pena de "catapultamiento" y la Real Casa de Correos a una "voladura". "Hoy son solo palabras", advirtió Alicia en tono de broma desde el micrófono, "pero algún día serán hechos". Los indignaos estallaron en aplausos al grito de "no podrán pararnos".

Una vez disuelta la manifestación la gente fue tomando asiento en el suelo para celebrar una asamblea, en la que los indignados volvieron a tropezar con su mayor problema desde que nació el Movimiento 15-M: la toma de decisiones. La asamblea se prolongó durante más de dos horas, todo un contraste con lo sucedido esa misma tarde, en la que en solo una hora media y unos cuantos metros de recorrido emitieron cuatro sentencias: "Todos culpables".


* El País - 4.07.11
Foto: Cabecera de la marcha que los indignados realizaron ayer entre Cibeles y la Puerta del Sol - elpais

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Vitoria.- Urbanismo copa uno de cada cuatro casos que analiza el Síndico

ELCORREO/Álava* : Los informes del Síndico constituyen la más fiel radiografía de la ciudad y la cruz de la última memoria anual -recoge la actividad desarrollada desde marzo de 2010 hasta el pasado febrero- mira en lo tématico a Urbanismo y en lo geográfico, al Casco Viejo. En ella, el Defensor del Vecino, Javier Otaola, repasa las principales quejas y consultas recibidas en su oficina, más de 2.500 en total. Esta cifra supone un notable incremento de la actividad llevada a cabo en la oficina de la calle San Prudencio respecto a años anteriores. No en vano, el último balance anual recoge 791 consultas más que en el ejercicio anterior y más del doble de las registradas hace dos años.
Por áreas, en cambio, Urbanismo se vuelve a aupar al primer puesto de la lista, muy por delante de Intervención Social y Seguridad Ciudadana. Y es que, mientras que la primera motivó 50 de los 188 expedientes ya resueltos, las otras dos grandes áreas sumaron 37 y 27 quejas, respectivamente. Le siguen en este ranking de dudoso honor Hacienda, Ensanche 21 -la sociedad municipal que gestiona el desarrollo urbanístico de la ciudad- y Tuvisa.

En lo referido a los barrios, el Casco Viejo vuelve a liderar con 24 la tabla de quejas, seguido del Ensanche (14) y Lakua Arriaga (10). No obstante, el origen de las reclamaciones está muy repartido. No en vano, el total de expedientes abiertos el último año alcanza los 220, de modo que estas tres zonas apenas suponen el 23% de los conflictos en los que media el Síndico.
Sólo 22 casos sin resolver
La memoria también recoge el estado de los casos analizados por el Defensor del Vecino, tanto los relativos al periodo escrutado como los que se quedaron pendientes de ejercicios anteriores. Conclusión: sólo 22 de los 220 expedientes abiertos por el 'Ararteko' local siguen sin ser resueltos.
Esta contrastada eficiencia puede ser una de las razones que explican que la inmensa mayoría de los ciudadanos que piden ayuda a Javier Otaola -el 97%, en concreto- valoren su respuesta como «buena o muy buena», y que el 72% de los usuarios hagan una evaluación «positiva o muy positiva» de su intervención. Este mismo porcentaje dice estar, además, «bastante o muy de acuerdo» con la conclusión extraída por el Síndico.


* El Correo - 5.07.11
Foto: Los problemas derivados del urbanismo lideran las quejas.- elcorreo

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Torredembarra.- El TSJC tumba la construcción de 500 viviendas en primera línea

e-NOTÍCIES/Tarragona* : La Sección 3ª del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado mediante Sentencia declarar nulo de pleno derecho el Plan Parcial Muntanyans II. El citado plan parcial fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona el 8/junio/2006 y contra el mismo se interpuso recurso contencioso-administrativo por parte de la Plataforma Salvemos Els Muntanyans. La inmobiliaria Vegas de Guadaira S.L. y La Generalitat de Cataluña se personaron en el procedimiento para oponerse a las pretensiones de la Plataforma.
El plan Urbanístico de Torredembarra se aprobó en el año 2002 y este Plan Parcial Muntanyans II -que preveía la construcción de hasta 500 viviendas en primera línea de mar- lo inició Josep Bargalló que fue concejal de Urbanismo y Medio Ambiente desde el año 2000 hasta el 2003 y el alcalde a partir del inicio de este Plan era Manuel Jimenez del PSC. El plan urbanístico de Els Muntanyans II se aprobó siendo consejero de Política Territorial Joaquim Nadal.
La Sentencia, de fecha 19 de mayo de 2011, señala que procede "la declaración de nulidad de pleno derecho del Plan Parcial por vulnerar la prohibición legal de urbanizar y edificar en zonas inundables".

La Sentencia justifica tal decisión remitiéndose a la "manifiesta claridad" de la prueba pericial practicada: informes de geólogos y hidrogeólogos, así como el informe emitido por la propia Agencia Catalana del Agua de 18 de marzo de 2004. Informe donde se establecía la prohibición de estacionamiento de vehículos en determinadas calles de la urbanización proyectada, la construcción de muros perimetrales de contención del agua, calles que funcionaban como canales a cielo abierto, etc.

Ante esta situación, la Plataforma Salvemos Els Muntanyans ha emitido un comunicado en el que afirma lo siguiente:

"1. Manifestamos nuestra satisfacción y nuestra alegría por la Sentencia. Una Sentencia que para el Plan Parcial Muntanyans II que suponía la destrucción del Espacio de Interés Natural de Els Muntanyans con la proyección de construir más de 500 viviendas y que, en tanto que se trata de una zona de alto riesgo de inundación, ponía en peligro la vida de las personas que pudieran vivir en estos terrenos.

2. Manifestamos nuestro convencimiento más absoluto que esta es una victoria de todas aquellas personas que han apoyado a los postulados de la Plataforma Salvemos Els Muntanyans. El posicionamiento que hemos mantenido desde el primer día, la oposición más absoluta a ningún tipo de edificación en este espacio, ha sido clave para llegar a la Sentencia dictada por el TSJC. Nuestro más sincero y entusiasta agradecimiento a todos aquellos hombres y mujeres que han puesto su grano de arena para ayudar a la Plataforma Salvem Els Muntanyans. El esfuerzo no ha sido en vano.

3. Rechazamos cualquier intento de la clase política de apropiarse de esta victoria judicial y de ponerse medallas que no les corresponden. La totalidad de la clase política no ha estado a la altura de lo que exigían los ciudadanos de Torredembarra. Por mala fe, negligencia o mediocridad, no han sabido -o no han querido- hacer los esfuerzos necesarios para defender los intereses de nuestro pueblo.

4. Constatamos, nuevamente, la falta de transparencia que llevó a la aprobación del Plan Parcial Muntanyans II. A pesar de las numerosas deficiencias existentes y pese a los informes que acreditaban el alto riesgo de inundación de la zona, la Administración prefirió ignorarlos y dar preferencia a la aprobación del Plan.

5. Finalmente, ante el nuevo escenario que dibuja la Sentencia, lo borra del mapa cualquier intento de edificación en este espacio, pedimos a las Administraciones implicadas que lleven a cabo las actuaciones necesarias para recuperar estos terrenos se incorporen definitivamente al Espacio de Interés Natural de Els Muntanyans".


* e-Notícies - 4.07.11
Foto: Torredembarra (Tarragona) - mma.es

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Málaga.- El interior y la capital, las zonas con más delitos urbanísticos

LAOPINIÓN* : Los golpes policiales y judiciales que ha recibido la corrupción urbanística en la Costa del Sol –«Malaya», «Astapa» o centenares de casos por delitos contra la ordenación del territorio– han tenido un efecto curioso: el litoral está más limpio, pero la capital y el interior de Málaga aglutinan la mayor parte de las diligencias previas abiertas por los juzgados de instrucción de la provincia en 2010, según se desprende de la memoria de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía.
A lo largo de 2010 se investigaron en Málaga 227 delitos contra la ordenación del territorio (casas ilegales, en su mayoría): 103 en la capital, 111 en los municipios del interior y sólo 13 en la Costa del Sol. Ello puede tener su explicación en la gran presión policial, judicial y fiscal a la que se ha sometido a la Costa del Sol en los últimos años. Y, cómo no, a la administrativa. No en vano, la Fiscalía se vanagloria en su memoria de que cada vez más consistorios de la provincia han decidido ejercer, de verdad, las competencias urbanísticas que tienen atribuidas por ley. «Se produce una nueva etapa de colaboración con la Fiscalía», indica el autor de la memoria, Juan Calvo-Rubio, coordinador de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de Málaga.

Cada vez más consistorios, por iniciativa propia, acuden al ministerio público a denunciar. La Gerencia de Urbanismo de Málaga interpuso 24 denuncias, más otras cuatro de la Policía Local; el Ayuntamiento de Vélez, por su parte, puso en conocimiento de la Fiscalía ocho asuntos, lo que supone, en ambos casos, un importante retroceso, ya que históricamente han sido las dos administraciones locales que más han apoyado al ministerio público.

A ello se refiere Calvo-Rubio: «Se produce un importante descenso de denuncias procedentes de los dos consistorios que tradicionalmente venían siendo los mayores denunciantes, Málaga y Vélez Málaga, que han pasado de 54 y 53 en 2009, a 24 y ocho, respectivamente».

Pero esta bajada se compensa con la más estrecha colaboración de otros ayuntamientos: por ejemplo, Alhaurín de la Torre y Antequera se mantienen en cifras similares a 2009 –la ciudad del Torcal presentó cuatro denuncias en 2010, frente a las tres del ejercicio anterior–; Villanueva de la Concepción pasa de dos a seis, Alhaurín el Grande de tres a 14 y Álora, de cuatro a 24. En total, las administraciones locales de la provincia presentaron 82 denuncias que motivaron otras tantas diligencias de investigación –paso previo a la presentación de denuncias y querellas por parte del ministerio público–. A ello, el fiscal lo llama asunción real por parte de los municipios «de sus competencias urbanísticas», aun «cuando eso suponga la denuncia de sus propios convecinos». La Guardia Civil presentó 39 denuncias, 12 la propia Fiscalía, hubo 13 comunicaciones anónimas y 76 procedentes de consejerías: 14 de la de Medio Ambiente; 42 de Vivienda; 20 de Gobernación y ninguna de Cultura.

Buena relación con la Junta

Todas estas comunicaciones permitieron la incoación de 298 diligencias de investigación –distintas de las diligencias previas anteriormente enunciadas–: 272 relativas a delitos contra la ordenación del territorio; una por ilícitos contra el patrimonio histórico; 16 por delitos contra el medio; nueve contra la flora y ninguna por incendios.

El fiscal también destaca la «magnífica» relación que hay con la Junta de Andalucía, con la que se han mantenido diversas reuniones de coordinación, especialmente con Vivienda y Ordenación del Territorio; el tirón de orejas se lo llevan Cultura –ni una denuncia– y Medio Ambiente –de 62 a 14–.

En cuanto a los incendios, el hecho de que este año no se haya efectuado una campaña de vertederos ha propiciado una caída en las diligencias por incendio, mientras que se echa de menos «más implicación municipal» en materia de maltrato de animales y en cuanto a vertidos.

La Fiscalía necesita más medios para llegar a todo

Buena parte de la memoria la emplea el fiscal coordinador de la Sección especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo-Rubio, en poner de manifiesto la falta de manos y de medios materiales que arrastra el área, lo que le impide estar en todos sitios o allí donde se le requiere.

Sólo son tres fiscales, cada uno con sus diversas competencias: «Dicha escasez, en cuanto a los fiscales, se traduce en que no se puede hacer el debido seguimiento a las denuncias y querellas; no resulta posible acudir a todos los juicios orales» y tampoco se puede estar pendiente de la ejecución de las sentencias. Sólo dos funcionarias apoyan al ministerio público en sus menesteres, que además han sido sobrecargados con nuevas funciones. Además, en cuanto a delitos contra la ordenación del territorio, en 2010 hubo 56 sentencias, 43 condenatorias y 13 absolutorias. De las primeras, en 35 casos se acordó la demolición de la vivienda.


* La Opinión Málaga - 4.07.11
Foto: Axarquía (Málaga), urbanismo salvaje - laopiniondemalaga.es

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Valencia.- Juicio al delfín de Rita Barberá

ELPAÍS* : El primero de la larga lista de juicios que esperan a diputados de la bancada del PP en las Cortes esta legislatura será el de Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y, tras las últimas elecciones, diputado autonómico. Bellver, quien durante años ha sido visto como probable sucesor de la alcaldesa Rita Barberá, será juzgado por prevaricación, por haber aprobado la construcción de un aparcamiento subterráneo junto a los Jardines de Monforte, un bien de la ciudad protegido desde hace 70 años, omitiendo la obligatoria autorización del servicio de Patrimonio de la Generalitat.
Coincidiendo con la construcción del aparcamiento, que fue impermeabilizado, el jardín histórico sufre serios problemas de drenaje, según confirman fuentes conocedoras de su estado. Al menos un árbol, que asoma sobre la entrada del parking, ha muerto. No es posible saber si los encharcamientos son consecuencia directa de las obras, pero el jardín construido en el siglo XIX lleva meses cerrado por trabajos destinados, en parte, a solucionar la excesiva acumulación de agua y de humedad, así como a la restauración de paseos y estatuas. La inversión asciende a 1,2 millones de euros y se prevé que las obras duren hasta final de año tras encontrarse restos arqueológicos.

La fiscalía y el juez instructor creen que la omisión de la petición del permiso a patrimonio fue a conciencia. Bellver y los otros cuatro funcionarios imputados lo niegan. Los tres magistrados que conocieron sus recursos de apelación contra la decisión del instructor de abrir juicio oral constataron, por su parte, que la omisión del permiso de Patrimonio "facilitaba la construcción del aparcamiento". No es descartable, añadieron los jueces en su auto, que la cadena de olvidos que afectó a tres técnicos en urbanismo del Ayuntamiento, al secretario municipal y al propio concejal "pueda ser fruto de una decisión expresa de omitir la petición de autorización".

La obra fue adjudicada en 2002 al influyente constructor alicantino Enrique Ortiz, imputado en los casos Gürtel y Brugal de corrupción política. En una conversación intervenida a Ortiz por orden judicial en 2008 se le oye destacar la importancia de contar con un "padrino" en los concursos públicos. Respecto al contrato de otro aparcamiento subterráneo, en ese caso en la calle de Serrano de Madrid, el empresario afirmaba: "O tenemos garantía de que nos lo van a dar, o no vamos". Ortiz no está imputado en la causa de los Jardines de Monforte, ni existen tampoco indicios de que la adjudicación de este parking estuviera amañada.

Bellver y el resto de acusados no discuten los hechos que relata el juez instructor, según recoge el auto de la sección segunda de la Audiencia de Valencia del pasado 1 de abril que confirmó el juicio. Rechazan, en cambio, que tuvieran que pedir permiso a Patrimonio (entienden que las obras subterráneas no lo requerían). Y defienden que, en cualquier caso, dicha omisión no sería incardinable en el delito de prevaricación, limitándose sus consecuencias al ámbito administrativo. Fuentes jurídicas señalan que un importante porcentaje de las acusaciones por prevaricación terminan en absolución porque es necesario que la autoridad pública haya tomado una decisión injusta a sabiendas de que lo hacía, y ese componente intencional no es fácil de probar.

"Queremos que se haga un informe a cargo de ingenieros independientes que valore qué repercusiones puede tener el garaje sobre este jardín histórico y único", pide Antonio Marín Segovia, portavoz de Cercle Obert de Benicalap, la asociación que en febrero de 2010 denunció a la fiscalía que el aparcamiento se hizo sin que se pidiera el informe de Patrimonio. Según Marín, él reclamó al Consistorio conocer las características de la obra. "Pero no nos dieron acceso", explica. "¿Está afectando el garaje ya a algunos árboles? No sabemos", agrega. Pero Marín destaca que en otra obra colindante con el Jardín de Monforte, la de la clínica Quirón, el Ayuntamiento sí solicitó el preceptivo estudio de Patrimonio.

Para el portavoz de Cercle Obert, todo este embrollo se habría evitado cubriendo ese trámite. E insiste en que el colectivo estará atento a lo que pase en el interior del recinto. De momento, el intento del Gobierno local de aligerar el muro de Monforte, para permitir una mejor aireación de los árboles, se paró porque alteraba su esencia. La denuncia de Cercle Obert no es la única. La Asociación de Jardines presentó un recurso contencioso para conseguir el acceso al jardín por la entrada histórica, la más cercana al palacete -donde se celebran bodas civiles-. Este contencioso está pendiente de fallo.

El procedimiento contra Bellver se encuentra en fase de traslado desde la Audiencia provincial al Tribunal Superior de Justicia valenciano, ya que tras ser elegido diputado autonómico la mano derecha de Rita Barberá tiene condición de aforado. Su causa ha sido más discreta que las que afectan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otros cargos públicos populares. El avance del caso ha generado, sin embargo, alguno de los momentos de mayor berlusconización de la política valenciana. En concreto, por las descalificaciones de la alcaldesa a la labor de los jueces. Barberá llegó a decir que había que replantear el concepto de "independencia judicial".

Lugar único
Monforte es el único jardín histórico que queda en Valencia, además de estar considerado uno de los más bellos y originales de España. Fue protegido por primera vez en mayo de 1941 y en 1992 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Este jardín, con una extensión de 12.000 metros cuadrados, fue en origen un huerto de extramuros de Valencia. Fue vendido en 1849 al Marqués de San Juan por 80.000 reales y este encargó al arquitecto valenciano Monleón Estellés la construcción del jardín, que pasó a llamarse de Monforte tras la boda de la heredera del jardín con Joaquín Monforte Parrés.

Según el Consistorio, el jardín pasó en los setenta a ser propiedad municipal y, tras un proceso de restauración, se abrió al público en 1973. Cuenta con 33 estatuas de mármol y destacan entre los grandes ejemplares arbóreos los magnolios, laureles y ginkgos. Es un magnífico exponente de jardín romántico con elementos neoclásicos, subrayan los especialistas.


* El País - 4.07.11
Foto: Valencia, jardines de Monforte con la ampliación a la derecha - aytovalencia

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El pelotazo de la cultura

PABLO ELORDUY e IRENE G. RUBIO* : El 15M no sólo ha puesto patas arriba el panorama político. Su irrupción cuestiona también la legitimidad del discurso cultural vigente desde la Transición.
“Hay periódicos –como El País– que se especializan en la función de unidad de medida o arquetipo: producen la Realidad y todo lo que no es reflejado en sus páginas es expulsado de ella”. En 1987, el sociólogo Jesús Ibáñez hacía referencia a uno de los actores principales en la producción de nuestro Mátrix particular, o lo que algunos llaman Cultura de la Transición (CT). Sabemos lo que manda y lo que señala como tendencias El País, pero ¿qué es la Cultura de la Transición? Mejores mentes que las nuestras han dicho que es “cultura consensual, cultura desproblematizadora, cultura despolitizadora”. Dirán que aquí cabe todo y llevarán razón, ésa es la idea, desde Severiano Ballesteros a Almodóvar, de Alaska a Russian Red, de Fernando Savater a Stéphane Hessel, agrupados todos hacia el fin de la historia. O no.
Vayamos por partes. La Cultura de la Transición es un concepto desarrollado por el periodista Guillem Martínez. A partir de 1968, según Martínez, la cultura comienza a desactivarse en todo el mundo y a caer en manos del mercado. En el caso español, se da una vuelta de tuerca a este fenómeno: la cultura deja de ser algo problemático para convertirse en un terreno lúdico en el que se suspenden las hostilidades y se dedican los esfuerzos a crear consenso y cohesión social. Define de qué se puede hablar y de qué no, o, como señala el editor Amador Fernández Savater en la revista El Estado Mental, “prescribe ya de entrada los límites de lo posible”.

La CT no sólo desaloja el conflicto, sino que además se alía con el Estado: como explicaba el crítico Ignacio Echevarría en una entrevista en La Página Definitiva, “es determinante del orden cultural surgido tras la muerte de Franco la nueva alianza entre la cultura y el poder, tradicionalmente enfrentados en el transcurso de la historia de España y de pronto congregados en torno al mismo proyecto de modernización y de progreso”.

Los intelectuales de izquierda abandonan el análisis y la polémica para redefinir, como apunta Martínez a DIAGONAL, “la izquierda como ejercicio de buena voluntad”. Varios motivos llevan a pensar que la cultura del consenso se rompe, pero aún está por ver. El País mismo ha pedido a Guillem Martínez en su edición de Catalunya que le haga de terapeuta y le explique si de verdad puede acabarse la CT. ¿Cuáles han sido los grandes éxitos de una CT que ahora parece entrar en crisis? Imaginen que les habla la voz de Victoria Prego y repásenlo como si DIAGONAL fuera Época.

Cheque en blanco

Han pasado dos años desde la victoria del PSOE en las generales y los fondos para la cultura fluyen. “Cuando los socialistas oyen cultura extienden un cheque en blanco”, dice Rafael Sánchez Ferlosio, en aquel 1984, en un artículo titulado “La cultura, ese invento del gobierno”. El escritor anuncia que “la cultura quedará cada vez más exclusivamente concentrada en la pura celebración del acto cultural, o sea, identificada con su estricta presentación propagandística”.

Y lo que pasa es más o menos parecido a esto: Museo bar Chicote (Madrid). Cazatalentos y artista conversan en la barra del bar. Los dos llevan chaquetas de corte fashions, los dos van puestos de anfetamina, los dos forman parte de lo que después se da en llamar ‘la movida’. Esta escena inventada se acopla como turulo en nariz con la imagen que esa belle époque de la CT nos ha dejado a los que ya pasamos la treintena.

El mito, por desvaído que parezca hoy día, puede rastrearse en una entrevista que Francisco Umbral realiza a Ágatha Ruiz de la Prada durante una fiesta “de arlequines, cómics y modelos” en 1984. La modista departe amigablemente con el futuro Príncipe de Asturias de las Letras: “Presiento la pasta en torno, pero la pasta aún no ha llegado” dice Ruiz de la Prada. Unas líneas más adelante, Umbral le pide que concrete: “¿Los ricos o los pobres?”. “Con los pobres se gana mucho más”, contesta ella.

OTAN, de entrada no

Dos años después, el Gobierno se enfrenta con una parte de su base en el referéndum de la OTAN. Durante el último mitin de los partidarios del ‘no’, dos sillas vacías en el escenario para Felipe González y Alfonso Guerra, que en 1981 habían participado en una concentración contra la entrada en la Alianza Atlántica, simbolizan la microrruptura que la consulta genera entre el Gobierno socialista y el mundo de la cultura, representada en aquel acto por Antonio Gala, Imanol Arias, Pastora Vega, Joaquín Sabina, y también por Rafael Alberti.

¿Ruptura? “El referéndum de la OTAN sirvió para limpiar a personas con un pasado extraño, incluso filofranquista. Más que depurarse la vulgata de la Cultura de la Transición, se depura la de la izquierda chachi, que pierde el referéndum pero que es muy simpática y enrollada. Ése es el rol del intelectual de la Cultura de la Transición”, resume Guillem Martínez.

El enfado por el referéndum, además, dura poco. Pocos resisten una invitación para acudir a una velada en la Bodeguilla, en un idilio de la progresía intelectual y artística con el poder político que se alarga hasta nuestros días. “La CT es el jardín plantado por la izquierda española en el terreno donde debía estar su campo de batalla”, resume Ignacio Echevarría.

‘Spain is different’

“La vanguardia es el mercado”, clama un artículo de La Luna de Madrid, revista referente de lo que se da en llamar ‘la movida’. Varios artistas anónimos dialogan, y uno de ellos sentencia que “los mercados internacionales son palabras mayores y requieren un tipo de capitalización adecuado”. La forma de vender la marca España es a través de inyecciones de dinero a una cultura tan desproblematizadora como unas buenas vacaciones, que no ahorra en delirios.

En 1984, el periodista Valentí Puig clama en un artículo en El País contra el organismo que ha pagado por una obra en la que “sólo hay dos filas de espectadores en la representación de aquella tragedia griega por travestidos vestidos de motoristas nazis”. La imagen moderna, simpática y enrollada que se quiere dar al mundo se concreta en la llamada comedia madrileña, que vive su momento álgido cuando Almodóvar es candidato al Oscar con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Los conflictos sociales y la mayor parte de la población se desalojan del cine mainstream.

Películas como Sé infiel y no mires con quién (1985) muestran a personajes de una clase enriquecida que agotan los días entre la ciudad y la despreocupación más absoluta. La fecha 1992, entendida como la (elevada) suma de los Juegos Olímpicos, la Expo, y la conmemoración del quinto aniversario del “descubrimiento” de América, se convierten durante los años previos en una nave nodriza de la que surgen comisiones de festejos para todo. Son los años de consolidación de la marca España. Aunque el deporte empieza a descollar como exportador de bandera, el cine, la gastronomía, la moda y, en dosis más pequeñas, la literatura, el teatro y la música, mantienen viva la llama del Spain is different hasta que todo el mundo puede ver llorar a la infanta durante el minuto de gloria olímpica de su hermanísimo.

Zonas de sombra

Tras la borrachera del ‘92, sobreviene la resaca: crisis económica, un PSOE acosado por la corrupción y, finalmente, victoria electoral de la derecha. Acabada la fiesta, el consenso se articula con un nuevo mantra: la violencia de ETA. “Etarra el que se mueva fue la nueva fórmula para recuperar los vítores al statu quo. Durante esos años, el mundo de la cultura está tan ocupado cerrando filas contra la bestia vasca que el PP pasa su primera legislatura sin despeinarse y arrasa en las siguientes elecciones”, apuntan Albin Senghor y Karim Samba en la revista LDNM. “En la segunda legislatura de Aznar, hubo un momento dado que hasta el PSOE era ETA.

Hubo un momento en que este país era mayoritariamente ETA, según el poder”, añade Martínez. El cierre de filas es tal que, el 11 de marzo de 2004 en Madrid, nadie duda en apuntar a ETA como autora de la masacre cuando así lo proclama el Gobierno. Según las nuevas reglas del juego de la economía, esos años se configura otra cultura complementaria que se ha dado en llamar la Cultura Brunete (CB), acaso por motivo del ‘guerracivilismo’ o revisionismo en cuanto a la Guerra Civil y el Franquismo.

Algo más airada, la Cultura Brunete basa su éxito en huir o criticar con acidez la blandura y afectación de formas de la CT. Guillem Martínez lo ve de esta forma: “La CB es el primo de Zumosol de la CT. Es una cultura importada y pagada con dinero de FAES a los think tanks republicanos”. La cultura financiada por el PP recluta a ideólogos anti-PSOE y polemistas como Fernando Sánchez Dragó, Jiménez Losantos o Albert Boadella, algunos escritores premiados con el Planeta y cantantes que residen en Miami.

ETA ya no da miedo. Muchos artistas pierden la poca aura que les queda entrando con seudónimos en foros tipo Menéame para defender la Ley Sinde. El 15M irrumpe dejando fuera de juego a la progresía de este país. La CT, que anduvo el camino junto a la Cultura del Pelotazo, pierde el paso. Pero no puede decirse lo mismo de la Cultura Brunete, por más que Intereconomía esté a punto de quebrar y Wyoming se jacte de ello en su programa de La Sexta.


* Diagonal - Opinión - 24.06.11

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