ELPAÍS/Barcelona* : El exalcalde de Montcada i Reixac César Arrizabalaga y la actual concejal de Medio Ambiente, Eva Gonzalo, declararon ayer como imputados por la contaminación ambiental y acústica generada por la cementera Lafarge de la localidad. Según la fiscalía, el Consistorio fue "pasivo" ante los elevados índices de polución, que superan lo permitido por la ley. Los regidores apuntaron ayer a la Generalitat como máxima responsable del problema. En 2008, entidades de Montcada denunciaron el caso ante el fiscal, que se querelló por un delito contra el medio ambiente. Además de Arrizabalaga y Gonzalo, el Juzgado de Instrucción nº2 de Cerdanyola ha imputado al entonces director de la fábrica, Osvaldo Pereda, por prevaricación.
Los Mossos constataron que las emisiones a la atmósfera de polvo de cemento generan "una evidente contaminación sobre las viviendas y los habitantes" del barrio de Can Sant Joan, el más próximo a la fábrica. Lo mismo pasa con el ruido, que "vulnera" de forma "reiterada" los límites.
Frente a las acusaciones de la fiscalía de "actitud de tolerancia, complicidad y pasividad", el exalcalde y la concejal declararon ayer que presionaron a Lafarge y a la Generalitat para que resolvieran los problemas. Ambos admitieron que conocieron diversos "episodios de polvo negro" procedente de la fábrica, pero se justificaron aduciendo que es el Gobierno catalán el que tiene las competencias en materia de contaminación atmosférica.
* El País - 14.04.11
Foto: Montcada (Barcelona) - montcadapost
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ELDÍA/Entrevista* : El fuera de ordenación, como consecuencia de los planes generales, será el tema sobre el que disertará Eduardo Risueño Díaz, gerente de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se desarrollará en el Auditorio de La Oliva de Fuerteventura.
-¿Qué efectos tiene el fuera de ordenación en una edificación?
-El régimen jurídico aplicable a estas construcciones depende del plan general de cada municipio, porque la normativa urbanística remite esa decisión a cada instrumento de ordenación, por lo que depende de la voluntad de cada ayuntamiento. En el caso de Santa Cruz, se establece un régimen más flexible que el previsto en la normativa urbanística, por lo que en las edificaciones que queden fuera de ordenación se podrán hacer obras de consolidación, modernización y mejora, pero no incrementos de su volumen. A la hora de reconstruirlas, tiene que hacerse según el nuevo planeamiento.
¿Por qué hay tantos municipios que aún no han aprobado sus planes de ordenación?
El principal motivo es la sucesión de normas que se ha producido tanto en el ámbito autonómico como nacional. Se trata de leyes a las que los planes se han tenido que ir adaptando de forma sucesiva, lo que implica que, cuando ya se tiene hecho un trabajo, hay que volver atrás para adaptarse a la nueva normativa y, además, seguir la tramitación que marca el nuevo criterio. Otro problema es la falta de presupuesto de los propios municipios para poder afrontar la formulación de instrumentos.
¿La falta de aprobación de PGO paraliza las ciudades?
Sin los planes no se pueden obtener licencias, por lo que se frena el desarrollo. Por ello, aprobar los planes generales de ordenación ayuda a renovar y dinamizar la ciudad desde un punto vista urbanístico, económico y social. Cabe señalar que, conforme al plan anterior, se pueden seguir otorgando licencias, lo que ocurre es que el plan nuevo de alguna manera establece las necesidades actuales de la ciudad, por lo que muchos promotores no piden licencias conforme al planeamiento anterior.
¿Qué ocurre con el plan general de Santa Cruz?
Es cierto que en Santa Cruz la tramitación del plan general se ha dilatado en exceso, pero también es que ha habido una serie de periodos de información pública sucesivos que no han tenido otros instrumentos de ordenación. Santa Cruz, al ser una capital de provincia, es una ciudad compleja con un territorio diverso, donde hay espacios naturales protegidos, suelo urbano consolidado y suelo pendiente de desarrollo. A esta diversidad territorial que no tienen otros municipios de las islas, se suma la existencia de movimientos ciudadanos que están en contra del PGO por diversas razones que pueden ser legítimas.
¿Se debería simplificar la tramitación urbanística?
Creo que debemos simplificar los trámites, pero también la normativa, pues hay un exceso de normas concurrentes sobre una misma parcela. Esto significa que los promotores tienen que ser auténticos expertos en toda esta normativa. Por ello, lo primero que deberíamos hacer es una reflexión calmada sobre cuáles son los cambios necesarios en la Ley del Suelo, aunque el principal problema está en esa concurrencia de normas municipales y supramunicipales sobre ámbitos coincidentes.
¿Hay que poner freno definitivo al crecimiento urbanístico de los municipios turísticos?
Desde el año 2001 se ha pretendido incrementar la calidad frente a la cantidad, y de ahí derivan las medidas de moratoria turística y de contención del crecimiento. Pero esto no significa una paralización absoluta, sino que las actuaciones que se realicen sean de la mayor calidad. Ese es el caso de la moratoria, cuyo objetivo es la renovación turística en ciudades obsoletas, como pueden ser Puerto de la Cruz o Corralejo. Estas renovaciones hay que fomentarlas a través de inversiones públicas y de la legislación, pues se debe ofrecer alguna compensación normativa a quien se comprometa con este objetivo.
Desde el punto de vista urbanístico. ¿Cuál es su idea de ciudad ideal?
Una ciudad diversa donde los ciudadanos, que tienen también unos estilos de vida muy diversos, puedan desarrollar su vida sin limitaciones frente a los demás. Esto implica compatibilizar ocio con descanso y con atractivos dentro de la ciudad. Una ciudad de calidad implica una movilidad adecuada, donde no existan colas para poder desplazarse de un lugar a otro y con un transporte público adecuado. Todo esto pasa por una planificación previa, pues una ciudad adecuada necesita unos sistemas de ocio que admitan la demanda que exista y que sean aptos para la población existente.
¿Deberían sacarse de las ciudades las actividades industriales y las grandes superficies?
Las grandes superficies, hasta cierta capacidad, pueden estar perfectamente integradas en una ciudad, de manera que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta el extraradio, pero las que superen esa capacidad deben estar fuera. Respecto a las actividades industriales, han existido siempre, y de alguna manera dan una visión de la ciudad que tenemos y es la que siempre hemos vivido. Otra cosa son las actividades que sí perjudican, por el ruido o la contaminación que producen, y deberían estar en lugares adecuados.
Parece que está de "moda" imputar a políticos.
En la actualidad el urbanismo se ha convertido en una profesión de riesgo. Ya es raro el día que no vemos en los periódicos que se haya imputado a alguna persona que se dedique a esta labor. Más que una moda, creo que es una pena, porque estoy seguro de que en un 98% los profesionales del urbanismo son igual de honrados que los de otros sectores. Hay una difusión excesiva de la posibilidad de resultar condenado por determinadas cuestiones, y estas muchas veces no llegan, aunque se le da menor difusión a las absoluciones. Es un problema de la sociedad, pues parece que nos regodeamos con el mal ajeno.
Quizás el problema sea las facilidades que da ley para imputar.
Imputar es una garantía, lo que ocurre es que en determinados ámbitos se asocia imputación a precondena. Sin embargo, el derecho penal está ahí, y en mi opinión determinadas personas lo utilizan de una manera excesiva y fraudulenta. El derecho penal está regido por el principio de intervención mínima, que es el que debe seguirse, y mientras existan otros órganos jurisdiccionales donde se puedan discutir los conflictos respecto a las acciones administrativas, deberían ser esos los que decidieran esas cuestiones.
* El Día Tenerife - 14.04.11
Foto: La Oliva (Fuerteventura), Plan Majanicho anulado - laprovincia
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ELPAÍS/Alicante* : José Manuel Medina, exalcalde del PP en Orihuela, se enfrenta a una pena de inhabilitación seis años después de que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante presentara una denuncia contra él por supuestas ilegalidades contables y urbanísticas en la gestión municipal. El fiscal desglosó la denuncia en 16 sumarios. Por uno de ellos, relacionado con una permuta de suelo, el Juzgado de Intrucción nº2 de Orihuela ha decretado apertura de juicio oral. Por este caso, el ministerio fiscal solicita una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Medina por un supuesto delito de prevaricación en comisión por omisión, al no solicitar a un agente urbanizador (Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas) 4.220,50 metros cuadrados -o en su defecto una indemnización de 2.105.006,50 euros- que faltaban por aportar en una finca entregada al Consistorio por la sociedad como condición para desarrollar un proyecto de reparcelación del municipio.
En su escrito de acusación, el fiscal recoge que en diciembre de 2003 el Ayuntamiento adjudicó a la mercantil Residencia Vistalegre, SA una parcela de 27.270 metros cuadrados, por un precio de 13.601.194 euros, y que posteriormente esta empresa informó al Consistorio que, tras una medición, la parcela tenía 23.310 metros cuadrados. Tras recibir esta información, el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Orihuela constató que la parcela adjudicada medía 4.220,50 metros menos de los que debía, por lo que fijó su precio en 11.496.187,50 millones de euros.
Así, y para "restaurar el equilibrio patrimonial de la Corporación", la entonces concejal delegada de patrimonio, Eva Ortiz Vilella, propuso en mayo de 2004 iniciar los trámites para que se resaciera al Ayuntamiento por la diferencia de superficie de la parcela, una propuesta aprobada en junta de gobierno local. En junio del mismo año, el que fuera alcalde de Orihuela hasta 2007, José Manuel Medina, dictó un decreto en el que informaba a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas -que fue quien aportó la finca para convertirse en agente urbanizador del proyecto de reparcelación- que la parcela que entregó al Ayuntamiento tenía 4.220,50 metros cuadrados menos de los que debía tener , por lo que le solicitaba que aportara el resto de la superficie que faltaba o procediera a su indemnización.
Puesto que el agente urbanizador no dio respuesta alguna a este decreto, Medina dictó otro, el 6 de julio de 2004, en el que daba a la Agrupación de Interés Urbanístico un plazo de 15 días para aportar los metros cuadrados o el dinero equivalente, y le informaba de que si no se obtenía respuesta al problema, el Ayuntamiento ejecutaría las acciones que procedieran ante los tribunales.
El acusador público sostiene que Medina, siendo "plenamente consciente de lo injusto y arbitrario de su pasividad, no solo no acordó la ejecución de las acciones pertinentes ante los tribunales de justicia, tal y como anunciaba el decreto, sino que además no realizó actividad alguna tendente a restaurar el equilibrio patrimonial del consistorio, que había resultado mermado como consecuencia de la falta de cabida" en la parcela.
* El País - EP - 13.04.11
Foto: Orihuela, ayuntamiento - aquagest
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CANARIASAHORA* : Kanarileaks ha publicado nuevos vídeos sobre las declaraciones judiciales de personas implicadas en el denominado caso Las Teresitas. En esta ocasión, se trata de los testimonios de Manuel Parejo, actual primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz y responsable de la Gerencia de Urbanismo en el pleno en el que se aprobó la compraventa de las once parcelas del frente de playa de Las Teresitas; de Emilio Fresco, portavoz del PSC en aquel momento, y José Emilio García Gómez, portavoz del PP entonces. Estos tres testimonios están incluidos en las diligencias previas 17/2006, declaradas secretas que, en febrero de 2008, levantó parcialmente la magistrada que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y se suman a las que la web ya publicó el pasado 14 de marzo, en la que los protagonistas eran Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y principal imputado, Víctor Reyes, secretario de la Gerencia de Urbanismo y la testigo Pía Oramas, arquitecta municipal que realizó un informe contradictorio con respecto al precio que se pagó por el frente de playa de Las Teresitas.
Manuel Parejo, concejal de Urbanismo del consistorio santacrucero entre 1999 y 2007, está imputado en el caso Las Teresitas por prevaricación y malversación de caudales públicos. Como máximo responsable del área, todas las decisiones en materia urbanística pasaban por sus manos. Según informa Kanarileaks, el secretario de la Gerencia, Víctor Reyes, hacía constantes referencias en sus declaraciones a Parejo, al que situaba como su superior jerárquico, del que recibía órdenes durante la tramitación del expediente.
Parejo formó parte del jurado del concurso de ideas que ganó Dominique Perrault y estuvo presente en la reunión de 11 de enero de 2001, donde se negoció el acuerdo marco. Recientemente, la Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado la apertura del juicio oral del conocido como caso mamotreto, que investiga la presunta construcción ilegal del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, contemplado en el proyecto de Perrault. En su escrito de acusación, la fiscal pide tres años de cárcel para Parejo por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística.
Emilio Fresco aparece también imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. El que fuera portavoz del PSC votó a favor del pago de 8.750 millones de pesetas por las once parcelas en el pleno del 23 de julio de 2001, estuvo presente en la reunión en la que se negoció el acuerdo marco y formó parte del jurado del concurso de ideas para la playa que ganó Perrrault., donde fue el único que emitió un voto particular.
Su apoyo a esta operación desembocó en su salida del PSC, partido que abandonó por desavenencias internas. Durante la fase de instrucción, después de su declaración, también se le imputó el delito de cohecho.
José Emilio García Gómez, por su parte, fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife entre 1991 y 1995 como miembro de la Agrupación Tinerfeña Independiente (ATI), partido que abandonó para enrolarse en las filas del PP. En el pleno en el que se aprobó la operación de compraventa, ostentaba la portavocía de los populares.
Kanarileaks destaca que, por su experiencia en política municipal, es el querellado que recuerda con mayor precisión las vicisitudes del expediente histórico de Las Teresitas, cuyo inicio se remonta a mitad del siglo pasado.
Al igual que Manuel Parejo y Emilio Fresco, García Gómez estuvo presente en la reunión en la que se negoció el acuerdo marco y formó parte del jurado del concurso de ideas para la playa. Tras su declaración, durante la fase de instrucción, se le imputó también por cohecho.
* Canarias Ahora - 12.04.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, aparcamiento Las Teresitas - canariasaldia.com
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DIARIOMONTAÑÉS* : La jornada inaugural de los 'Encuentros frente al mar: acoso al territorio', celebrada ayer en las aulas de la Universidad de Cantabria, arrojó una conclusión: las competencias urbanísticas que actualmente están en manos de los ayuntamientos deben ser limitadas. Fue una de las ideas principales que cabe deducir de las intervenciones de algunos de los catedráticos, como Gonzalo Quintero Olivares, Javier Álvarez García o Luis Martín Rebollo. Para el primero de ellos -ponente de la primera de las conferencias- «la tradición española no era que el urbanismo fuera una decisión libérrima de los ayuntamientos», como parece que ahora ocurre, y «no lo ha sido tampoco en Europa». Todo cambió a partir de los años cincuenta y de ese cambio se deducen, según Quintero Olivares (penalista Universidad de Tarragona), algunos de los problemas sobrevenidos en la actualidad. Por eso defendió que «el nivel de competencias de los ayuntamientos debe ser urgentemente revisado».
También habló del difícil reto de «buscar el objeto de intervención del Derecho Penal» y, en este sentido, apuntó a la necesidad de juzgar «la omisión, la pasividad, la falta de eficacia de quienes deben vigilar las infracciones urbanísticas», en un país en el que el número de infracciones es altísimo y en el que, en cambio, «el número de procesos penales por delitos urbanísticos es bajísimo».
Luis Martín Rebollo habló de que «el Derecho difícilmente puede solucionar un problema que excede del Derecho» y que, a su juicio, tiene raíces «culturales», en tanto que Javier Álvarez habló de un «sistema» concebido para «la explotación del territorio e, indirectamente, de las personas».
Las afirmaciones de los tres profesores tuvieron lugar en la sesión de apertura de las jornadas, a la que asistieron, además, la vicerrectora de Difusión del Conocimiento, Consuelo Arranz; el decano de la Facultad de Derecho, Juan Baró; y la directora del curso, Paz de la Cuesta Aguado,.
Además intervino Juan Manuel Alegre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, quien aseguró que «es el órgano judicial el que tiene que valorar» y, aunque se refirió a las obras públicas, advirtió que «puede haber razones de interés público en la preservación de obras privadas».
* El Diario Montañés - 14.04.11
Foto: De izquierda a derecha, Baró, Arranz, Quintero, Olivares, Alegre y De la Cuesta.- diariomontañés
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LAVOZ/A Coruña* : La operación Orquesta supuso la intervención de los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos, pero dentro del sumario se aprecia cómo los tentáculos de la constructora de Daniel Ogando iban más allá. La empresa se dedicaba a captar clientes mediante comidas y reuniones. No se sabe si también con el pago de comisiones, aunque en las escuchas telefónicas hay numerosas referencias a ellas. De una charla entre Daniel Ogando y un tal Luis se deduce, según los agentes, «que el alcalde de Moaña (BNG) ??suele coger cazo?? y básicamente se vende al mejor postor». Ese municipio no fue finalmente investigado. Sí hubo solicitudes judiciales de informes en el Concello de Carnota (gobernado por el PP). Allí trabaja el arquitecto que dirige la obra de la Casa da Cultura de Cee, José Carlos Leis, también imputado. En Cee, de sus conversaciones se desprende su interés en dividir partidas para que sean adjudicadas a una misma empresa sin concurso público.
Leis, sin embargo, aclaró a este medio que su interés en que la obra la hiciera una sola compañía era meramente técnico, y asegura que jamás tomó parte en ninguna mesa de contratación, por lo que no pudo haber participado en la decisión final.
Sí hay una conversación de Miguel Ángel Rodríguez López de la Llave, aparejador de Ogando, en la que se habla de determinada contratación en Carnota, donde Leis sí toma decisiones, en la que se sugiere que puede «tomar partido». Sin embargo, ese extremo no se ha probado y el Ayuntamiento no fue intervenido. En otra conversación del sumario, Ogando habla de cómo conseguir una obra en Coristanco (gobierna el grupo popular), apuntando que en ese caso «hai que tocar ao xefe», refiriéndose, según los investigadores, al alcalde. Ese Ayuntamiento tampoco fue finalmente investigado.
Además de las adjudicaciones, la operación Orquesta se centra en la falsificación de facturas para optar a subvenciones, algo que ocurriría en Cee. Según los instructores, «existen indicios que evidencian que en el Concello de Muxía (PSOE) sucedía algo similar». Ogando habla también de una comida a la que asisten varios técnicos y en la que supuestamente estaría el alcalde de Vimianzo. «Estarán con algunha obra tongo», dice el empresario a su interlocutor.
Hay conversaciones intervenidas también entre el mismo Ogando y un concejal de Corcubión (concello en el que gobierna el PSOE) en las que el constructor le dice que si no hay ninguna obra a la que acceder, dejará de hacer el mantenimiento de unos jardines. «Pois non sei, home, abandonalos está ben, pero tanto, polo menos cortarlles un pouco a herba, ¿entendes? Repartir o chollo e ver no futuro se hai algunha obra para compensar», le dice el edil.
Existe, además, constancia de varias comidas organizadas y pagadas por los Ogando, interesados en que a sus comensales «non lles falte de nada» y a las que invitaron a un buen número de políticos y técnicos. Las invitaciones se cursaron a los ayuntamientos de Fisterra, Cee, Muxía, Noia, Lousame, Corcubión, Porto do Son, Brión y Ordes. A esa misma comida, en un restaurante de Sardiñeiro, fueron convocados también un arquitecto de la Consellería de Educación así como una alto cargo provincial de ese organismo, que finalmente no asistió. Sí lo hicieron muchos ediles y alcaldes.
Ogando padre y Ogando hijo mantienen una conversación en la que hablan de la posibilidad de que la pareja del hijo trabaje para la empresa. «Pero date conta ti que fagamos algunha cousa así, cousas secretas non as ten que saber nin a muller de verdade, porque as mulleres sempre se van da lingua, ¿entendes?», le dice el padre.
* La Voz de Galicia - 13.04.11
Foto: Moaña (Pontevedra), urbanización - lavozdegalicia.es
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MÁLAGAHOY* : La abogada Montserrat Corulla que se encargaba de gestionar los negocios hoteleros de Juan Antonio Roca intentó ocultar tres cajas con documentación minutos antes de que la Policía irrumpiera en sus oficinas y la detuviera. Así al menos lo explicó ayer un agente de la unidad de blanqueo (UDEF-Bla) de la Comisaría General de Madrid durante su declaración como testigo en el juicio por el caso Malaya. El policía indicó que los teléfonos de Corulla estaban pinchados lo que les permitió escuchar cómo ordenaba durante una conversación telefónica con su secretaria, la procesada Úrsula Quinzano, que entregara tres cajas con papeles al portero de la finca, presumiblemente con la intención de evitar que fuesen intervenidos por la Policía. Estas instrucciones, de acuerdo con la declaración del agente, precipitaron la actuación policial en las oficinas de la abogada y administradora de sociedades de Juan Antonio Roca.
No obstante, a preguntas del abogado de la defensa el policía admitió que él no pudo oír esas instrucciones de Corulla a su secretaria, fundamentalmente porque no se ocupaba de escuchar los teléfonos intervenidos y que esa explicación se la proporcionó otro investigador. El letrado, no obstante, se apresuró a precisar que en ninguna de las conversaciones telefónicas que forman en las actuaciones figura esta charla entre la abogada y Úrsula Quinzano.
Montserrat Corulla durante su declaración en esta fase del juicio por el caso Malaya, referida a delitos de blanqueo de capitales, negó que hubiera dado instrucciones de ningún tipo en relación con las cajas de documentos. Según su versión, Roca le había encargado a Úrsula Quinzano que realizara unas copias de ese material y la secretaria había aceptado con el objetivo de ganar algún dinero extra sin que ella estuviera al tanto ni de los pormenores ni del contenido de esos documentos.
El juicio continúa mañana con la declaración de otros policías que participaron en las decenas de registros y detenciones que se practicaron en Malaya.
* Málaga Hoy - 13.04.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio con Benavente, Corulla y Hachuel - malagahoy
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COTIZALIA* : Una pareja de mileuristas en España sólo puede aspirar a una vivienda de 69 metros cuadrados. Según un estudio realizado por el portal inmobiliario fotocasa revela que una pareja que cobra una media de 1.000 euros al mes puede comprar un piso de estas dimensiones si se toma como referencia el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de marzo: 2.230 euros el metro cuadrado. A pesar de estas cifras, el director de fotocasa, Christian Palau, señala “la situación de un mileurista ante la alternativa de compra está comenzando a dar síntomas de mejora”. Así, según los datos obtenidos por fotocasa en el año 2008, una pareja de mileuristas sólo podía comprar una vivienda de 56 metros cuadrados ya que el euribor en ese momento se situaba por encima del 4%. Además, el valor total de la hipoteca no podía ascender a más de 148.000 euros, a pagar en mensualidades de 840 euros durante 30 años.
En 2009 podía acceder a un piso de 107 metros
Para realizar este cálculo se tomó como referencia el valor medio de la vivienda de segunda mano en España que era de 2.646 euros el metro cuadrado. Por el contrario, un año después, cuando el euribor se desplomó hasta el 1,2%, y el precio de la vivienda seguía bajando hasta los 2.356 euros el metro cuadrados, este sector de la población podía adquirir una vivienda de 107 metros cuya hipoteca tendría un valor de 252.000 euros.
Para obtener la superficie máxima a la que puede optar una pareja de mileuristas, el análisis de fotocasa.es considera como cifra de referencia el valor del precio medio de la vivienda en España en el mes de marzo, según el Índice Inmobiliario fotocasa.es, elaborado por la escuela de negocios IESE.
Por otro lado, para realizar el cálculo de la hipoteca media fotocasa.es cuenta con la colaboración de la compañía Bankimia que tiene en cuenta un euribor del 2,5% más el 0,75% del tipo de interés aplicable, lo que da lugar a un valor máximo de 154.440 euros, a pagar en 27 años en mensualidades de 700 euros al mes, que corresponden al 35% de los ingresos, el porcentaje máximo de endeudamiento recomendado por los expertos de Bankimia.
El director de fotocasa.es, Christian Palau, asegura, a pesar de estas cifras que “es un buen momento para adquirir una vivienda ya que los precios se han reducido un 25%, los síntomas del mercado es que ya no se van a producir grandes ajustes a la baja, los tipos de interés están bajos (aunque con una cierta tendencia alcista) y existe una mayor oferta de vivienda.”.
Valorar pros y contras antes de comprar
Y aconseja que, “antes de comprar una vivienda, es importante que hagamos un balance de nuestra situación económica: cuál es nuestra situación laboral y qué expectativas tenemos en su evolución, el nivel de gasto mensual, así como otros factores como los gastos asociados a la compra de una vivienda y los recursos propios de los que disponemos”.
Además, añade “la emoción de poder dar el salto a poseer una vivienda a veces impide realizar este análisis. Pero hay que tener en cuenta que comprar un piso es una de las decisiones más importantes de la vida ya que se adquiere un compromiso a 30 años. Por ello, es muy necesario hacer una lista de ‘pros’ y ‘contras’ antes dar cualquier paso”.
Por lo tanto, en la opinión del director de fotocasa.es, “siempre hay que ser realista”, y si tras analizar la situación vemos que la compra va a suponer un lastre insoportable en nuestra vida cotidiana, Christian Palau recomienda valorar otras opciones “como son el alquiler o el alquiler con opción a compra”.
* Cotizalia - 7.04.11
Foto: Se vende, carteles - laverdad.es
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ELMUNDO* : Vender o atenerse a las consecuencias. El Banco de España (BE) envió una circular el pasado verano a las entidades financieras animándoles a limpiar sus balances de resultados, demasiado enfangados por la presencia de activos inmobiliarios "potencialmente problemáticos", 181.000 millones de euros, según el regulador. Este organismo presiona a bancos y cajas para que se desprendan de sus pisos embargados en un plazo inferior a 24 meses. De lo contrario, tendrán que provisionar hasta el 30% del valor de adjudicación de las viviendas. Ante este ultimátum, los expertos vaticinan que la banca, la gran inmobiliaria de la crisis, deberá asumir pérdidas ajustando aún mucho más a la baja los precios de sus casas en 2011. La nueva normativa del BE, emitida en la Circular 3/2010 de 29 de junio y en vigor desde el 30 de septiembre, castiga a las entidades financieras que mantengan viviendas en sus carteras.
Éstas deberán provisionar inmovilizar grandes cantidades económicas en forma de garantía como cobertura del riesgo de los créditos por los pisos ejecutados desde un 10% a un 30% respecto a su valor de adjudicación dependiendo del tiempo que lleven en su poder.
Si se trata de viviendas embargadas desde hace menos de 12 meses, un 10%; entre 12 y 24 meses, un 20%; y más de 24 meses, un 30%. Hasta ahora, el BE no exigía directa ni oficialmente estas duras provisiones y los plazos oscilaban entre los 24 y los 72 meses. Más bien, eran los propios bancos y cajas los que se las imponían a sí mismos pensando en sus auditorias y en arrojar resultados más saneados.
Recientemente, el subgobernador del banco regulador, Javier Ariztegui, ha justificado este ultimátum afirmando que la adquisición de inmuebles por parte de la banca como pago de deudas "no puede derivar en que los activos inmobiliarios se encajen en los balances de forma indefinida". Ariztegui ha señalado que con la nueva norma se persigue "la supervisión detallada de estas operaciones" y que "los activos estén valorados a precios próximos al mercado, quedando disponibles para ser enajenados a la mejor oportunidad".
Al margen de la lectura oficial de la nueva orden del BE, los expertos la interpretan como un mensaje claro: la banca debe ajustar lo máximo posible el valor de sus viviendas y venderlas en el menor plazo posible si no quieren pagar una sustanciosa multa. "Las casas embargadas se han convertido en una patata caliente para los bancos, que están preparando a sus equipos para vender en los próximos meses todos los activos inmobiliarios que puedan. En el caso contrario, verán peligrar sus cuentas de resultados", afirma Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU-San Pablo.
Ejemplos de esta delicada situación son Banco Santander y BBVA, que han tenido que cargar en sus balances en materia de provisiones 472 y 198 millones, respectivamente, por el impacto de la aplicación de la nueva normativa.
Según Córdoba, el objetivo del BE "presionando vía resultados" está más que claro: "El 'desenladrillamiento' de los bancos y cajas". Para lograr esta meta, en su opinión, el camino más rápido seguirá siendo la rebaja de precios: "La burbuja aún no se ha desinflado y tendrá que hacerlo otro 15% o 20%, en general, y hasta un 30% en la costa".
Manuel Romera, director del Sector Financiero del IE School, va más lejos aún: "Las entidades financieras deben asumir pérdidas ahora para dar salida a sus activos con un ajuste de precios aún bastante pronunciado [al menos, otro 30%], ya que se exponen a perder más en el futuro". "Tienen que darles salida de manera rápida", asegura.
Ejercicio de prudencia
Este economista ve en la actitud del BE un ejercicio de prudencia y transparencia que busca evitar males mayores a corto y medio plazo. "De aquí en adelante valorarán mejor los riesgos y tendrán más cuidado a la hora de conceder hipotecas a interés variable y plazos extremadamente largos", prevé. "La medida era necesaria, aunque un poco tardía", apunta Ignacio Jiménez de Laiglesia, experto de negociación y estrategia inmobiliaria. "Los países anglosajones ya hicieron este ejercicio de transparencia hace dos años y ello implicó la quiebra de muchas entidades en EEUU y Gran Bretaña. Sin embargo, hoy cuentan con más credibilidad. Aquí no se quiso hacer lo mismo por cálculos políticos", explica.
Jiménez de Laiglesia interpreta la circular como una "nueva vuelta de tuerca que hará que las entidades de crédito se empleen más y mejor para quitarse de encima sus inmuebles". "La urgencia por vender les obligará a campañas más agresivas en precios, ya que en financiación ya no tienen margen para reducir los pagos. Para cualquier banco o caja es mejor vender con la rebaja de la provisión y recuperar la liquidez para volver a prestar", aclara. En este sentido, adelanta que "los pisos seguirán bajando" y que el margen para estas bajadas es aún "del 20% o 25%".
Esta visión es incluso compartida por los propios implicados. SU VIVIENDA ha hablado con un analista de una entidad financiera. "El objetivo del BE con esta circular es poner en precio los inmuebles, que se han depreciado ya y se depreciarán aún más. La norma es todo un incentivo para acelerar las ventas y el ajuste del mercado inmobiliario. Tener que provisionar el 30% obliga a no esperar y asumir una pérdida lo antes posible", apunta esta fuente.
* El Mundo - 24.12.10(2011)
Foto: Madrid, Banco-España - attac
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LAVOZDEGALICIA* : La policía ha procedido esta mañana al desalojo de la conocida cada de las Atochas de A Coruña. La operación, no exenta de cierta tensión y acompañada de un fuerte despliegue de las fuerzas del orden, aún no ha concluído pese a que la mayoría de los residentes en el inmueble ya se encuentran fuera. Aún quedan, según las primeras informaciones, un par de personas dentro. Todas las calles que dan acceso a a la casa han sido cortadas al tráfico. El desalojo de este edificio okupado en Atocha Alta nº14 desde hace tres años fue ordenado repetidas veces por la justicia. La última tuvo lugar el 23 de marzo. Fue emitida por la titular del juzgado de Instrucción nº5. Y refrendada por la la Audiencia Provincial de A Coruña. Se ha ejecutado hoy.
La orden se basa en la petición por parte de la promotora inmobiliaria Juan Pérez Paz, que desde el primer momento reivindicó que la casa no estaba abandonada y reclamó que se desalojase a los okupas, al no poder acceder a la propiedad. El colectivo que la habita ha impulsado diversas acciones culturales en el barrio y defiende un «urbanismo popular autoxestionado».
El pasado mes de diciembre fue convocada una manifestación para reivindicar el derecho a la utilización de la vivienda por parte del colectivo. La marcha discurrió por el centro de la ciudad y acabó provocando destrozos en algunos comercios, cuyos propietarios protestaron por la actitud pasiva de las fuerzas del orden.
* La Voz de Galicia - 12.04.11
Foto: A Coruña, desalojo casa okupa de las Atochas - lavoz
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ELALMERÍA* : Año 2004. Se presentaba en sociedad la urbanización turística de El Toyo, bautizada desde entonces por el Ayuntamiento de Almería como la "joya de la corona". Miles de viviendas con un diseño respetuoso con el medio ambiente, rodeadas de jardines y espacios públicos de primera calidad, ocho hoteles de lujo y un gran campo de golf, cerca del aeropuerto y junto al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. No fueron pocos los particulares los que vieron en este macro proyecto una oportunidad de inversión, como se decía antes de la crisis. A día de hoy el panorama es otro. Más de la mitad de las viviendas programadas entonces, 4.802, permanece sin construir. Y en muchas de las construidas cuelga el cartel de "se vende" o "se alquila".
La joya de la corona está, siete años después de que comenzaran los movimientos de tierra para urbanizar las cerca de 300 hectáreas de terrenos enraizados por el campo de pitas, a medio camino. Levantadas y con licencia de primera ocupación hay registradas 2.300. Menos del 48%.
El Toyo, que nació con el respaldo de las administraciones públicas, no ha escapado a la crisis de la construcción. Promotoras que pujaron fuerte por hacerse con las parcelas enajenadas por el Ayuntamiento se han visto obligadas a pedir prórroga y el Consistorio han entendido la situación, cambiando las reglas del juego. La venta de parcelas venía sujeta a unos hitos constructivos y a una fecha de finalización de obras que, en muchos casos, ha sido inviable cumplir.
No ocurrió con las primeras viviendas que se construyeron. Estaban vinculadas a la celebración de los Juegos Mediterráneos de 2005 y Urbanismo fue muy escrupuloso en el cumplimiento estricto de los cronogramas. De hecho, fueron las 395 viviendas de la Villa Mediterránea, construidas por Ecovi y Fadesa. Las llaves de las casas de esta Villa estaban listas justo para la celebración de los Juegos, cuando todavía el término de recesión económica no se había popularizado.
La gestora de cooperativas de vivienda solicitó el pasado año suspensión de pagos y el grupo inmobilario gallego superó el pasado mes el concurso de acreedores en el que estaba inmerso desde julio de 2008. Por suerte, todas las promociones que se han empezado en El Toyo han acabado sin dejar estructuras de hormigón en medio del verde paisaje, a excepción de una que, aunque no está parada, sí avanza a un ritmo lento.
Vallehermoso, que está construyendo dos promociones, tiene concedida una prórroga hasta el año 2014 y Detinsa hasta 2013. El Grupo Gesmar y Montisa se encuentra en fase de tramitación de permisos. La primera, ha solicitado ya licencia de primera ocupación para 128 viviendas y la segunda, licencia de obras para otra promoción con igual número de pisos. En total, estas cuatro empresas suman medio millar de viviendas.
Exceptuando una parcela propiedad de Almericasas, que se encuentra en plena construcción, el resto corresponde a ocho parcelas cuyo titular es la Junta de Andalucía. Este suelo es la moneda de pago con la que el Ayuntamiento afrontó su deuda con el Estado. Se desconoce los planes de la Administración andaluza para estos terrenos o, al menos, no han trascendido públicamente.
El Ayuntamiento también ha hecho concesiones de prórroga a particulares que habían adquirido parcelas unifamiliares para construirse un chalé e incluso todavía Urbanismo tiene en 'stock' suelo sin vender. De los 198 solares que en total fueron reservados en el proyecto de reparcelación de El Toyo como unifamiliares, no han sido enajenados 40. Se espera a un mejor momento para este reducto de suelo que terminará de cerrar las cuentas municipales. No hay que olvidar el saneamiento de las arcas municipales que ha supuesto la venta de El Toyo, con unos ingresos superiores a los 300 millones de euros, invertidos en actuaciones en la ciudad de distinta índole como el desdoblamiento de la N-340 y el nuevo bulevar.
El resultado del compendio de datos es que aún permanecen sin construir (o no están terminadas aún las obras), un total de 2.502 casas. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, de las 2.300 viviendas que disponen de licencia de ocupación, 750 están pendientes de venta y 120 en alquiler.
"Cinco años hubiera sido lo normal, pero nos vamos a ir fácilmente a más de diez para ver todo El Toyo desarrollado", comenta el presidente de la Asociación de Hoteles y Campo de Golf, José Ramón Espinosa. "Nos ha cogido de por medio esta crisis brutal", sentencia el empresario.
* El Almería - 10.04.11
Foto: Almería, urbanización El Toyo, sin acabar - elalmeria
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PÚBLICO/Madrid* : "¡Vale ya de contaminar la política!" o "¡Listas limpias!" son algunos de los mensajes que los ciudadanos han plasmado en el muro móvil de la plataforma Avaaz.org que ha recorrido desde esta mañana varios puntos de la capital, desde Ciudad Universitaria hasta las sedes del PP, en la calle Génova, y del PSOE, en la calle Ferraz. El recorrido ha acabado frente al Congreso de los Diputados, donde varios activistas han realizado un flashmob o acción organizada de varias personas que se reúnen de repente en un lugar público para realizar algo inusual tras lo que se dispersan rápidamente. Mediante esta práctica, una docena de colaboradores de la plataforma han simulado la "indignación de los ciudadanos ante la inacción de los políticos frente a la plaga de la corrupción" representando una limpieza de políticos corruptos.
Además, la plataforma ha hecho una entrega simbólica de las 101.352 firmas que han recogido contra la inclusión de candidatos imputados por delitos de corrupción en las listas electorales. Desde hace varios meses, esta plataforma ciudadana está llevando a cabo una campaña que pretende mostrar lo "harta" que está la ciudadanía de ver como la corrupción sigue siendo "intocable", ha afirmado Luis Morago, director del colectivo.
"Es el momento que tenemos para hacer presión y para que los partidos retiren a los candidatos imputados de las listas electorales. Queremos que sepan que si no lo hacen no van a contar con nuestro voto", ha explicado Adán de Salas, colaborador de la plataforma.
El líder de Equo, Juantxo López de Uralde, así como el número dos de UPyD a la Comunidad de Madrid, Ramón Marcos, han secundado la acción dejando en el muro móvil sendos mensajes en contra de la inclusión de imputados en las listas electorales de los comicios del próximo 22 de mayo.
Según la plataforma, "el año 2010 se cerró con más de 700 investigaciones judiciales sobre casos de corrupción en España, implicando a miles de funcionarios y cargos públicos", lo que ha llevado a que "ocho de cada diez españoles piense que los partidos son corruptos o muy corruptos", informa Efe.
* Público - 12.04.11
Foto: Muro móvil "anti-corrupción" con el que los miembros de Avaaz han recorrido hoy las calles de la capital.- EFE
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DIAGONAL* : Cristina, Jimmy y D., tres de las nueve personas detenidas durante la segunda sentada por la vivienda digna del año 2006, respondieron a las preguntas de las lectoras y lectores de DIAGONAL.
-Diego: ¿Os han dicho los abogados cómo está de fácil o de dificil que os declaren inocentes de la acusación? ¡Mucho ánimo a toda la gente encausada!
-Cristina: Hola Diego. Pues mi abogada dice que las acusaciones son tan desproporcionadas y poco fundamentadas que no duda en que vamos a ganar el juicio. Pero dependiendo del juez que nos toque, el resultado final podrá ser más o menos favorable.
-David: Bueno, gracias por tu interés, Diego. Sobre tu pregunta te podría decir que a mí personalmente me ha dicho mi abogado que me centre en el juicio, sin más y que intentemos hacer las cosas bien en él. De cualquier manera soy realista y sé que el testimonio de un policía es más importante para un juez que el de la persona acusada (en la práctica es así).
Jesus Manuel: ¡Hola! ¿Cuáles son los cargos de los que se les acusan a los detenidos? ¿En qué difieren esas detenciones de las que pueda haber en una manifestación cualquiera? Gracias.
C.: Hola Jesus Manuel, se nos acusa de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. En nuestro caso, cuando el fiscal hizo su acusación, nos impuso las penas máximas para cada uno de los delitos. Estas detenciones sin embargo no difieren mucho de otras tantas que ha habido en manifestaciones de jóvenes de izquierdas. Es verdad que hubo mucha brutalidad policial ese día, y que han ejercido ese castigo contra nosotros/as, esto se debe a que tenían órdenes expresas de disolver la concentración pacífica casi desde el inicio.
D.: Se nos acusa de" desórdenes públicos y atentado a la autoridad". Digamos que son los cargos habituales que la policía (o lxs políticxs de turno) suelen presentar en caso de querer hacer daño o y cortar de raíz cualquier reclamación molesta.
“Mucha gente despertaba de su aletargamiento y denunciaba una situación insostenible y en la que todxs nos veíamos reflejadxs, la imposibilidad de acceder a un techo. Saltó la alarma bien arriba y decidieron cortarlo por lo sano..."
Javivi: Tras sufrir en mis propias carnes cómo se comporta la policía española y los juzgados de España, me gustaría solidarizarme con vosotros y daros ánimos y desearos suerte (me gustaría desearos justicia, pero la veo más improbable que la suerte). Me gustaría saber si tenéis alguna cuenta en la que hacer un pequeño ingreso para apoyar los gastos de la charlotada legal que vais a sufrir o si vais a hacer alguna acción colectiva de apoyo a vuestra (y nuestra) causa. Un saludo.
C.: Hola Javivi! Gracias por el apoyo. Tenemos una página web, donde vamos publicando las novedades y actividades. Allí hay un número de cuenta de apoyo al grupo. Además, el día 16 de abril tenemos prevista una marcha con batucada que saldrá del metro de Barrio de la Concepción a las 5 y media de la tarde, y sobre las 8, una charla, y conciertos de varios grupos en el CSO El Dragón.
Jimmy: Hola, yo también me solidarizo contigo porque mi estancia por los calabozos de plaza Castilla tampoco fue muy positiva. Parte del funcionariado judicial sin ética alguna nos trató con bastante prepotencia, la comida fue mala, el espacio insalubre. Nos hacinaron en unos calabozos con las paredes llenas de mierda... Deberían percatarse de que tratan con personas.
D.: Javivi, estoy con lo que dices. Antes comenté que dependemos de los "testimonios " de unos policías para vernos dentro o fuera de la cárcel. Desde un principio la pena que nos piden es una barbaridad (entre 5 y 6 años de prisión) y viendo cómo y de qué manera nos acusaron, ahora tampoco podemos creer que el juicio va a ser fácil, qué va.
Respecto a la manera de apoyar, ya lo haces con tu solidaridad vía internet. Si te parece, el día 16 nos vemos en el pasacalles antes de la jornada-fiesta del Dragón en la Elipa. También puedes entrar en nuestra web para encontrar las próximas actividades.
Laura B.: ¿Consideráis que las detenciones y las cargas policiales fueron una forma premeditada de intentar desactivar las movilizaciones por la vivienda?
C.: Hola Laura, totalmente. Aunque la policía suele ser represiva y abusar de su poder por costumbre, en este caso fue exageradamente violenta en comparación con el comportamiento de las y los manifestantes. Por eso, la única explicación posible es la que mencionas en tu pregunta.
J.: Yo creo que sí, en esta "democracia" no interesa que la ciudadanía sea crítica y se movilice. Con las detenciones y las cargas consiguen reprimir y criminalizar la acción de manifestarse por un derecho, crean cierto rechazo y añaden otra injusticia más por la que luchar. Se ve que aparte de no tener derecho a vivienda tampoco tenemos derecho a manifestarnos...
D.: Eso se puede contestar por sí solo. Vieron que mucha gente despertaba de su aletargamiento, que la peña mosqueada salía a la calle y denunciaba una situación insostenible y en la que todxs nos veíamos reflejadxs, la imposibilidad de acceder a un techo. Saltó la alarma bien arriba y decidieron cortarlo por lo sano... "Lo sano" ahora somos nosotrxs, por cierto.
“La rabia se suelta en el bar con los amigos, se queda en demandas individuales que no se estructuran ni se organizan colectivamente, y son absorbidas por el sistema sin más.”
G. David: Creéis que las movilizaciones (que fueron flor de un día) de miles de jóvenes por el derecho a la vivienda pueden resurgir en un el contexto actual, con una situación laboral, económica, de recorte de derechos peor que cuando se produjeron estas movilizaciones. ¿La gente está más cabreada pero más resignada? Un saludo y todo mi apoyo.
C.: Hola David. Sobre tu primera pregunta, creo que tiene mucho sentido que las movilizaciones en torno a esta temática vuelvan a resurgir. De hecho, ayer mismo, miles de jóvenes se manifestaron en Madrid bajo los lemas de “Jóvenes sin futuro, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo”. Es algo que parece que empieza a ocurrir.
Sobre tu segunda pregunta, creo que la gente está cada vez más cabreada, pero también se resigna. La rabia se suelta en el bar con los amigos, se queda en demandas individuales que no se estructuran ni se organizan colectivamente, y son absorbidas por el sistema sin más. Es un asunto complicado.
J.: Sí, creo que resurgirán porque son necesarias y casi que es nuestra mejor opción. No podemos seguir sin reaccionar y sin hacer nada mientras nos saquean y nos complican tanto el futuro. Nos están robando nuestros derechos básicos para beneficiar a los bancos y su economía, que son justos los culpables de lo que está pasando y no cambian de dirección. No tiene ninguna lógica una actitud pasiva ante esta situación.
Ayer leía sobre un librillo llamado ¡Indignaos! que aborda el contexto actual y que está distribuyéndose muy rápidamente entre la sociedad francesa. La toma de conciencia es importante para reaccionar.
D.: Recibida tu solidaridad. No sé, creo que las movilizaciones duraron 3 o 4 años, no fue tan corto el periodo. También podríamos recordar a la cantidad de gente que día a día están luchando de otras mil maneras, ocupando y siempre viéndoselas con los poderes económicos y políticos en forma de policía.
Tanguera: Zapatero, no tuviste el valor necesario para pinchar la burbuja inmobiliaria propiciada desde que asumiera Aznar antes de que alcanzara las mastodónicas dimensiones, y ahora te ensañas con sus víctimas. Vas a lo fácil; pobres chic@s, todavía que son uno de los pocos reductos en la sociedad que se preocupa de algo más que de las frivolidades habituales en muchos jóvenes, tú los machacas. No me representas, te falta la más elemental humanidad, a ti y a todo tu ministerio de Justicia.
C.: Hola Tanguera, gracias por la reflexión. Aunque no es una pregunta, coincido en que el PSOE no tuvo valor, y sigue sin tenerlo, porque cuando es gobierno, no se moja en los asuntos que denuncia abiertamente cuando es oposición.
J.: Gracias por el apoyo. Yo tampoco me siento representado.
Nos están robando nuestros derechos básicos para beneficiar a los bancos y su economía, que son justos los culpables de lo que está pasando y no cambian de dirección.
M. Castro: Imagino que l@s tres no tendréis una respuesta común pero, ¿que pensáis que pasa, qué falta o sobra para que la juventud no responda en el Estado español como lo ha hecho últimamente en Italia, Grecia o Inglaterra?
C.: Creo que un factor clave es la historia de nuestro país, que ha dejado una izquierda “real” muy debilitada. En países como Portugal, por ejemplo, que es muy cercano, la respuesta es mucho mayor que aquí porque existe una base social de izquierdas, unos partidos de izquierdas grandes, y unos sindicatos fuertes. En el Estado español una gran parte de la base social es franquista, los sindicatos grandes se vendieron en la transición, y la extrema derecha sigue teniendo mucho poder. Aunque hay muchos más factores que influyen.
J.: Gran enigma (jeje). Aunque hay parte de la juventud que sí está activa, igual que parte de la población. Falta que se una el resto, que acaben de tomar conciencia de que también es responsabilidad suya defender y ejercer sus derechos. Lo que no vale para nada es quedarse de brazos cruzados e ignorar la situación. Seguimos sin ver lo que supone no reaccionar… Nos falta cabeza, corazón y sangre en la venas.
D.: Quizás tendríamos que englobar a todo dios, todas las edades. Yo aun sigo dándole vueltas a esto: ¿por qué si te pica no te rascas?
Heliogabalo: Saludos compañeros. En primer lugar quería expresar toda mi solidaridad y mi apoyo con vuestras movilizaciones y denunciar la brutal represión a que son sometidos todos aquellos que luchan por cambiar el estado de cosas. Además me sumo a la pregunta de otro de los compañeros que comentan acerca de si se organizará algún tipo de acción durante el juicio o de si existe alguna forma de contribuir, ya sea económica, simbólica o materialmente a vuestra causa (y esto en todos los sentidos) a partir del punto concreto en que se encuentra. Ánimo, suerte y justicia, que aunque no se os conceda, de sobra sabemos todos que ya está de vuestra parte. Yo creo que si quien os juzga es mínimamente inteligente sabrá que una condena dura no tiene ningún sentido en un caso como este, así que yo sí confío en que no saldréis mal parados de ésta.
C.: Muchas gracias, Heliogabalo.
J.: Hola, y gracias por el apoyo, viene bien. Tenemos información en http://www.detenidosporunavivienda.org. En ella iremos informando de lo que vayamos haciendo para denunciar nuestro caso.
D.: Heliogabalo, lo dicho, estad al tanto de las próximas actividades. El próximo día 16 podemos tener la oportunidad de conocernos.
En el Estado español una gran parte de la base social es franquista, los sindicatos grandes se vendieron en la transición, y la extrema derecha sigue teniendo mucho poder.
R2D2: En este país necesitamos algún "V" de vendetta que aglutine lo que todos queremos y empiece a poner las cosas en su sitio.... ánimo compañeros!
C.: Gracias, R2D2.
J.: Que se despierte el pueblo!! Es el verdadero V...
D.: Gracias y, nada, nos pondremos todxs la careta y...
Adriana: Hola compañer@s, en primer lugar todo mi ánimo y apoyo para afrontar la esperpéntica (por decirlo suave) experiencia que estáis pasando. Quería saber, en primer lugar, si el delito exacto que os imputan es de "desórdenes públicos" y si la pena a este ’delito’ son seis años de cárcel, como he entendido por la noticia. Me he quedado atónita, simplemente no me lo puedo creer.
Otra pregunta es en relación a la movilización social que están provocando los procesos de ejecución hipotecaria ante los impagos. Hay varias plataformas que están teniendo relativo buen éxito (parando incluso algunos deshaucios e intentando promover la dación en pago), ¿habéis tenido contacto con estos grupos y creéis que puede ser productivo "coordinar" estos sectores de lucha para defender el derecho a la vivienda digna? Salud, muchísimo ánimo y todo mi apoyo.
C.: Hola Adriana, en realidad nos imputan desórdenes públicos y atentado a la autoridad. En mi caso, por uno son dos años, y por el otro tres. El máximo para el delito de desórdenes públicos son tres años.
Hemos tenido contacto con algún grupo que trabaja temáticas relacionadas con la vivienda, por ejemplo los vecinos de la Cañada Real. Creo que es muy importante y necesario que se coordinen y cooperen los diferentes sectores porque así se llegará a más puntos y se es más fuerte.
J.: Hola, nos acusan de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, entre ambos delitos suman más de 5 años. Yo también la flipé cuando me lo dijeron...
Las personas y los colectivos debemos coordinarnos para defender cualquier derecho. Y creo que es muy positivo unir fuerzas para defendernos ante el ataque económico y sus grupos de presión. Podemos pensar que tenemos un gobierno velando por nuestros intereses pero parece obvio que es otro engaño más.
D.: Hola, Adriana. Nos acusan de "desórdenes públicos y atentado a la autoridad". Por el primer cargo nos piden unos 2 años y por el segundo entre 3 y 4. Es prácticamente lo máximo. Me gustaría recordar que durante esas movilizaciones no hubo ningún tipo de altercado más que los provocados por la policía. Todo esto quedó reflejado en la "media", que siguió las manifestaciones. Existen infinidad de crónicas y fotos que así lo reflejan (caras sangrando, patadas en el suelo, periodistas aporreadxs, etc). Sin embargo, el marronazo es todo nuestro.
Sobre la relación que podríamos tener con otros colectivos te diría que el día a día nuestro se centra casi en exclusiva en lo "represivo". Es complicado hacer un hueco a otras muchas cosas, por desgracia. Después, individualmente, cada unx es de su madre y de su padre y se mueven por otros muchos ámbitos. Salud-os.
¿Por qué si te pica no te rascas?
David: ¿No creéis que la burbuja inmobiliaria fue "solo" una canallada más del capitalismo? A menudo nos venden que se trató de un tema de especuladores locos y políticos ciegos cuando en realidad todos conocían lo que pasaba. Si no movían un dedo era porque ganaban mucho con ello y era parte del sistema.
C.:Hola David, desde luego está muy claro que los grandes accionistas y banqueros sabían muy bien lo que estaba pasando, y dejaron y fomentaron que acabara de ocurrir, ya que a costa de la burbuja ganaron muchísimo dinero, empobreciendo al resto, y pidiendo ser rescatados por el Estado.
J.: Pues es que a veces son muy convincentes y parece que realmente no tienen ni idea de lo que hacen. Creo que sí podían haber intervenido de otra forma y controlar el descalabro. Por ejemplo deteniendo a las personas que se han cargado el bienestar social y no a las 9 personas que junto a otras miles nos manifestamos para denunciar la estafa. Como tú dices, se han llevado mucho con ello, y qué casualidad, que todo nuestro.
D.: Tú lo has dicho. Solo añadiría que lxs que ahora estamos abajo (que somos la gran mayoría) siempre lo estuvimos, con "crisis", burbujas y lo que queramos. Nada nuevo.
Despedida
Un abrazo a tod@s y muchas gracias por el interés. (Jimmy)
Nada , muchas gracias por vuestro interés y nos vemos por ahí. Un abrazo. (D.)
* Diagonal - 8.04.11
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LAOPINIÓN/A Coruña* : La constructora de Muxía Ogando pagaba dinero en metálico a alcaldes, concejales y funcionarios municipales, además de agasajarlos con suculentos regalos, para hacerse con obras en los tres concellos implicados en la operación Orquesta -Cee, Fisterra y Mazaricos-. En la investigación sobre la presunta trama de corrupción en A Costa da Morte se citan varios ejemplos, tal y como se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas a los empresarios y políticos. En una de las charlas referidas a la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Fisterra, que financió la Diputación de A Coruña con un presupuesto de 350.000 euros, los dos empresarios de Ogando -padre e hijo- hablan sobre la construcción de la obra antes de ser adjudicada y los "problemas" que puedan surgir. El padre asegura que, según le habían comunicado desde el Concello, el secretario municipal es "quien tiene mano en eso". "El secretario puede abrir los sobres, vosotros le dais también, os puede ayudar, ¿entiendes?". Se puede mirar los sobres antes de abrirlo", comenta a su hijo.
"Y, como, bueno, no se puede hacer, bueno, paga la Virgen, puede ser", continúa diciendo el constructor a su hijo. Después de esta conversación la investigación confirma que el padre ha hablado "con un tal Moncho -presumiblemente el concejal de Urbanismo de Fisterra- quien presumiblemente le ha dicho que quien tiene mano ahí es el secretario, se deduce que del Concello, el cual les podía ayudar a la consecución de la obra mencionada". En vista de la conversación entre padre e hijo "queda patente que para la adjudicación de las obras es norma común en la empresa pagar por ellas", según concluye la investigación en el sumario.
En otra de las llamadas se refleja que los Ogando retiraron 10.000 euros de una entidad bancaria el 30 de diciembre del pasado año, por lo que la investigación también sospecha que podría ser para un presunto pago de favor por la adjudicación de las obras del campo de fútbol del Concello de Fisterra. Los dos constructores imputados ya reconocieron en su declaración ante el juez que habían pactado un porcentaje de un 5% en las obras de la Casa de Cultura de Cee para el alcalde, Ramón Vigo. Las distintas obras efectuadas en el edificio rondan el millón de euros. En una de las conversaciones entre Ogando y el empresario de espectáculos Jorge López, también imputado, el constructor le dice: "Yo ya le dije, arriba de 15.000 nada...", aunque todavía no se han contratado todas las fases. "Está contratado la mitad de lo que me dijo, porque hablamos de un millón de euros", cuenta Ogando a Jorge López. La investigación sospecha que incluso pudo pactarse un porcentaje superior, ya que se pregunta: "¿qué porcentaje ha tenido que pagar Daniel Ogando) al alcalde de Cee, el 5 o el 10%, y qué concierto de los tres contratados le va a pagar a cambio?".
Las irregularidades que había en los procedimientos de contratación aparecen reflejadas en el sumario, ya que la constructora Ogando presumía de que iba a ser la adjudicataria antes de resolverse el concurso. Uno de los casos más recientes corresponde a las últimas fases de la Casa de Cultura de Cee, en la que aún está pendiente la instalación de butacas en el auditorio. En enero la constructora ya negoció con otra empresa su adquisición. Daniel Ogando afirma en una de las conversaciones que, según le comunicó el alcalde, "saca el negociado con unas condiciones que va a ser difícil que lo lleve otro".
* La Opinión Coruña - 12.04.11
Foto: Cee (A Coruña), registro ayuntamiento (archivo) - lavoz
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LAPROVINCIA* : Cuatro grandes operaciones urbanísticas en la capital grancanaria con una inversión superior a los 200 millones de euros que fueron impulsadas durante los mandatos de los populares José Manuel Soria y Pepa Luzardo continúan en limbo, tras ser tumbadas en la mayoría de los casos por los tribunales. Es el caso de las promociones inmobiliarias del Canódromo, el Gran Guanarteme y Pavía. La entrada en escena de la crisis económica paralizó la reforma del edificio del antiguo Banco Exterior, que fue comprado en 2005 al Ayuntamiento por la empresa Entecan para hacer oficinas. En el inmueble no se ha movido una piedra desde entonces. Las grandes torres del Canódromo, el Gran Guanarteme y Pavía continúan empantanados por sendas sentencias judiciales.
La empresa Realia logró levantar una de las dos torres antes de que una sentencia judicial la tumbara. Pero no le ha servido de mucho. La promoción está paralizada desde 2008, tras una denuncia de los vecinos, por varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anularon el Plan Especial que ampara la operación y la licencia de construcción. El caso está pendiente del Supremo.
Esperando por el Supremo está también la anulación en 2010 de la construcción del Gran Guanarteme. Martinsa-Fadesa, que acaba de salir de la mayor suspensión de pagos de la historia española, quería hacer en el solar de la plaza de América varias torres de 13, 10 y nueve plantas para 300 casas, pero el TSJC tumbó la operación. Los vecinos que ganaron este pleito acaban de presentar su rechazo al recurso presentado por el Ayuntamiento ante el Supremo, el único que recurrió, ya que Martinsa-Fadesa renunció a ello. El nuevo Plan General, pendiente de aprobación, rebaja a 10 las plantas del edificio, a cambio de ceder a la promotora un espacio libre.
Más laberíntico es el caso de Pavía, donde en su día se habló de construir un gran rascacielos. El Ayuntamiento acaba de presentar un incidente de inejecución de sentencia, porque el TSJC le obliga a devolver el solar a los dueños que fueron expropiados en 1991. La parcela de la familia Reyes fue expropiada para hacer un equipamiento deportivo, pero en 2000 se recalificó como zona residencial, lo que motivó que sus iniciales propietarios acudieran a los tribunales. Los Reyes ganaron el pleito y han obligado al Ayuntamiento a revertir la parcela. Pero la parcela ha cambiado de dueños. En 2004 fue moneda de cambio de El Confital y permutada a la empresa Confitalsa, quien la vendió a Evemarina. En la actualidad, el solar pertenece a la Caja, por impago de Evemarina.
Oficinas paralizadas
La operación del Banco Exterior y su parálisis no tienen que ver con ningún pleito judicial. Fue comprado por Entecan durante el mandato de Luzardo, dentro de un paquete en el que se incluyó una parcela de Las Torres para hacerlo atractivo, porque en la primera subasta quedó desierto. El Ayuntamiento cobró 24 millones por esta operación. Entecan vendió la parcela de Las Torres a Santana Cazorla, que hizo una urbanización, pero el edificio de oficinas que estaba previsto hacer en el Exterior, sigue paralizado, debido a la crisis.
* La Provincia - 12.04.11
Foto: Las Palmas, torres Canódromo sin acabar (archivo) - canarias7.es
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HUELVAINFORMACIÓN* : Los ediles imputados son los de Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro de Andévalo, Paymogo, La Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de Casa y las entidades locales autónomas de Tharsis y La Zarza-Perrunal. Un juzgado de Valverde del Camino (Huelva) ha imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos a los nueve alcaldes que forman parte de la Mancomunidad de Municipios del Andévalo Minero -ocho del PSOE y uno del PP- tras una denuncia presentada por la empresa malagueña Novasoft Ingeniería. La juez que instruye el caso ha dictado una diligencia, a la que ha tenido acceso Efe, en la que se cita a declarar como imputados a estos nueve alcaldes entre el 4 de octubre y el 1 de diciembre de este año.
La denuncia fue presentada el 27 de julio de 2010 contra el presidente de la Mancomunidad y los alcaldes de los municipios que la componen y está relacionada con la adjudicación a Novasoft del contrato sobre prestación de servicios de teleasistencia al ciudadano.
La adjudicación se realizó por un importe de 468.097 euros en un contrato que se formalizó el 19 de mayo de 2007.
La implantación del sistema se llevó a cabo sin mayores complicaciones y la Mancomunidad de Municipios de Andévalo aceptó la finalización de los trabajos con fecha 28 de mayo de 2008.
Los problemas, según indica en la denuncia, surge en el momento de abonar el importe del contrato, ya que una vez finalizados y aceptados los trabajos realizados no se produjo pago alguno, pese a contar la Mancomunidad con una subvención de la Consejería de Innovación de 418.823 euros.
Novasoft sospecha que estos fondos hayan sido desviados a cualquier otro destino distinto a aquel para el que fueron concedidos y entiende que estas personas podrían haber cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Los alcaldes imputados son los de Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro de Andévalo, Paymogo, La Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de Casa y las entidades locales autónomas de Tharsis y La Zarza-Perrunal.
* Huelva Información - ep. - 11.04.11
Foto: Alosno (Huelva) - andaluciaturismodigita
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ELPAÍS/Reportaje* : Caía la tarde del 19 de junio de 2010 en el estadio del Real Unión (Irún), cuando el promotor Enrique Ortiz y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, levantaban los brazos al cielo. El buque insignia del deporte de Alicante, el Hércules CF, había consumado, después de casi tres lustros de frustraciones, el anhelado ascenso a Primera División. La gesta del Hércules completó el escaparate de oropel con el que el poder alicantino (político, económico y financiero) adornó el periplo hacia su particular Arcadia. Nada más superada la resaca de los alicantinos por el éxito del Hércules y ahítos de repetir Somos de Primera, el viaje se vio afectado por tres vías de agua. La primera desencajó a los cargos públicos más destacados (líderes del PP locales y provinciales, hegemónicos en el poder desde mediados de los noventa); la segunda fulminó a los empresarios más influyentes y afines a los primeros; y la tercera desorientó al poder financiero.
Un año después, los tres pilares del poder alicantino arrojan este abrumador y negativo balance: 25 instituciones públicas (entre ellas la Diputación y el Ayuntamiento de la capital) en los juzgados por supuesta corrupción; más de medio centenar de cargos, liderados por el líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y la referente del sector opuesto -los campistas- en la ciudad, la alcaldesa Sonia Castedo, imputados o acusados en los distintos sumarios; otra larga lista de empresarios imputados, con el promotor y dueño del Hércules, Enrique Ortiz, y el industrial Ángel Fenoll a la cabeza; y la primera entidad financiera, la CAM, apelando al Banco de España para estabilizar su futuro, tras el estrepitoso fracaso de fusión fría con otras tres cajas de aparente menor potencial.
El 6 de julio de 2010 afloró la primera causa del estallido de la burbuja alicantina y dejó al descubierto las miserias de su trastienda. El lastre de sus pilotos pesaba como el ladrillo y el aire con el que se había llenado pasó de una ligera contaminación a la descomposición. Ese día, la justicia puso en marcha la segunda fase de la operación del caso Brugal, investigación gestada durante tres años que destapó la promiscuidad, rayana a veces con la obscenidad, entre el poder fáctico y electo de la ciudad. Las bases de esas viciadas relaciones eran las contratas de la basura y el urbanismo. Nada sorprendente. Ambas actividades florecieron en paralelo y sin control a la sombra del fácil y boyante negocio del urbanismo salvaje.
Esa primera semana de julio de 2010 fueron arrestados Ripoll, Ortiz y Fenoll por el caso Brugal. Los tres están imputados por cohecho, fraude y tráfico de influencias derivado de la contrata de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. La policía sostiene que la operación supuso a Ripoll una ganancia, no justificada, de 1,3 millones de euros. La familia Ripoll se ha gastado la calderilla (300.000 euros) en compras abonadas en metálico en tiendas de lujo, y en viajes. Esa vertiginosa carrera consumista la dirigió alegremente la mujer del líder provincial del PP, Margarita de La Vega. Políticos y empresarios solían celebrar el cierre de estos ventajosos pactos, según la investigación policial de Brugal, con paradisíacos cruceros a bordo del yate Helena, propiedad de Ortiz.
El sumario Brugal, la mayor causa sobre corrupción destapada en la historia de Alicante, incluye otra pata no menos capital. Un posible trato de favor al promotor Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Por estos hechos, el fiscal acusa, entre otros, al promotor y a los dos alcaldes del PP de Alicante, Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi. El ministerio público les atribuye los supuestos delitos de cohecho, trafico de influencias y uso privilegiado de información. Esta pieza de Brugal salpica a dos directivos de la CAM, entre ellos su expresidente Vicente Sala, acusado por el fiscal por supuestas ilegalidades en operaciones de compra de suelo del promotor Ortiz durante el trámite del PGOU de Alicante.
Las primeras diligencias secretas del caso Brugal que trascendieron fueron unas escuchas telefónicas que desvelaron la compra de al menos cinco partidos por parte de Enrique Ortiz para asegurarse el ascenso del Hércules a Primera. La causa se archivó porque esas prácticas no han pasado a ser delito hasta la reforma del Código Penal el pasado mes de diciembre.
El amaño de los partidos del Hércules por parte de su dueño y su arresto e imputación por el cohecho de la basura llevaron al popular empresario a dar un paso atrás. Ortiz, consciente de que su imperio económico estaba tocado, ha mudado su rampante protagonismo en la vida económica y social de Alicante por un discreto segundo plano.
En el mundo político la aguda sospecha de corrupción que envuelve a 25 instituciones de la provincia apenas ha hecho mella entre los cargos públicos. Solo dos dimisiones. Y ambas en el bando socialista: los portavoces del PSPV en la Diputación y en el Ayuntamiento, Antonio Amorós y Roque Moreno, respectivamente, por su implicación en Brugal.
En el tercio popular, que acapara la mayoría de imputaciones y acusaciones, todos siguen aferrados a sus puestos. El paradigma de esta indolencia de los cargos populares implicados en causas de corrupción ha sido la pugna de Ripoll con sus rivales campistas por revalidar la presidencia de la Diputación. Los paganos de las supuestas tramas corruptas que salpican al PP son tres ediles populares de Orihuela, arrestados e imputados en Brugal, que no repetirán en la lista que, en cambio, lidera Mónica Lorente, implicada en Brugal e imputada por otro juez por supuesta prevaricación.
Los políticos populares de Alicante siguen inmersos en la carrera para revalidar sus puestos sin entonar el más mínimo mea culpa y sin hacer gestos de apostar por una ética diferente. En su subconsciente prima el hecho de que hasta ahora el lastre de la corrupción no les ha pasado factura en las urnas y de que la justicia tampoco les ha echado el lazo. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante no ha podido en seis años (por una objetiva y alarmante falta de medios y por la ausencia de juzgados especializados en la materia) llevar al banquillo de los acusados a ninguno de las decenas de cargos públicos que ha imputado.
En el seno de la sociedad alicantina ya surgen voces contra el intento de los políticos de prolongar la idílica imagen de la capital. "Es evidente que algo estamos haciendo mal", comentaba recientemente un destacado empresario alicantino en alusión al estrepitoso desplome del poder alicantino. "Los culpables somos todos. Es el momento de abrir un debate sobre esta cuestión", añadía.
El 22 de mayo los ciudadanos vuelven a tener la palabra.
* El País - 11.04.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es
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ELMUNDO* : El acceso a una vivienda en España sigue siendo "demasiado caro" y los precios siguen sin ser "razonables", según el Informe Anual de de 2010 del Defensor del Pueblo [Pdf: Lea el documento]. Esta institución solicita en este sentido la construcción de más pisos protegidos (VPO) para garantizar el derecho de una vivienda digna a los ciudadanos más desfavorecidos. Según el Defensor del Pueblo, persiste la "difícil" relación entre la renta familiar y el precio de la vivienda para muchas familias. Apunta que éstas "no pueden acceder en modo alguno a la vivienda apropiada a causa de unos precios tan elevados que convierten este bien de primera necesidad en un bien suntuario". Además, el informe lamenta que los recortes presupuestarios, que han llevado a la reprogramación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y que incluyen la eliminación de la ayuda directa a la compra de VPO, hayan dado lugar a un "aumento de las dificultades".
De este modo, apunta que "la presión de los precios está provocando que algunas de la viviendas protegidas no las quieran ni los suplentes de los que habían resultado adjudicatarios". Además, añade que "muchos de los beneficiarios de viviendas protegidas no pueden acceder a las subrogaciones de las hipotecas y a otros créditos, al exigir las entidades financieras garantías adicionales".
El Defensor del Pueblo explica también que existe un "bloqueo financiero" a miles de familias por el deterioro de la situación económica". Precisa que, "aunque la intermediación financiera ha evitado miles de ejecuciones hipotecarias en España, un 30% de esos casos podría haberse evitado mediante refinanciación".
Por otro lado, la institución señala que "no puede aceptar sin más, ni permanecer impasible" a que las administraciones tengan por bueno que la demanda de residencia ha caído, cuando lo cierto es que la necesidad de una vivienda a "un coste razonable" sigue sin verse satisfecha. Así, considera que las políticas de vivienda "deberían dejar de moverse en la improvisación y en lo coyuntural del corto plazo", y pasar a una "planificación a medio y largo plazo".
Concretamente, la institución ve necesario aumentar "considerablemente" las viviendas de protección oficial e insta a que los esfuerzos de las administraciones por aumentar el parque de estas viviendas se dirijan específicamente a personas en situación más vulnerable.
* El Mundo - Ep. - 11.04.11
Foto: Vivienda Digna, manifa ladrillo y presos
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FRANCISCA BLANCO* : Durante el fin de semana ha sido asaltada y quemada la sede de Ecologistas en Acción - Cáceres. Los actos vandálicos, con un contenido claramente intimidatorio, pueden estar relacionados con los casos de acoso a activistas de la organización que se vienen desarrollando en la provincia. En Cáceres, Ecologistas en Acción comparte local con Setem, Foro Social de Cáceres, Intermón-Oxfam y Visiones. Durante la noche del sábado fue asaltado el local de forma premeditada y preparada. Tras el asalto han sido sustraídos dos ordenadores propiedad de Setem. Sin embargo los destrozos se han realizado únicamente en la dependencia de Ecologistas en Acción - Cáceres. Allí las personas asaltantes quemaron todos los libros, revistas, camisetas y materiales de la organización ecologista provocando un incendio que pudo tener consecuencias mucho más graves. Las dependencias del resto de organizaciones no sufrieron mayores daños. En los últimos años, Ecologistas en Acción viene denunciado el acoso al que está siendo sometido en la provincia como consecuencia a su oposición al proyecto urbanístico Isla de Valdecañas. Recientemente los abogados de la organización han conseguido que se declare ilegal este proyecto y. Este acoso ha incluido el lanzamiento de artefactos incendiarios a la casa de una activista de Ecologistas en Acción y numerosos destrozos materiales en su coche y vivienda.
Pero este no es el único caso de acoso en esta provincia, este mismo fin de semana, durante una chara antinuclear en Valencia de Alcántara, activistas de Ecologistas en Acción han tenido que soportar un intento de boicoteo de la misma por parte de diversas personas.
Desde Ecologistas en Acción calificamos estos hechos de muy graves. Son actos que se pueden calificar, sin ninguna exageración, de mafiosos e intimidatorios, e indican que actitudes fascistas se van abriendo espacio en la provincia de Cáceres. Es responsabilidad de la Delegación del Gobierno y de los Gobiernos locales, provinciales y autonómicos tomar las medidas oportunas para garantizar la libre expresión de la ciudadanía extremeña.
Ecologistas en Acción se reafirma en seguir trabajando y defendiendo una nueva ética en las relaciones de los seres humanos entre sí y con los demás seres vivos y sus hábitats. La organización no dejará de realizar denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañen el medio ambiente y que conlleven situaciones de grave injusticia social y ecológica. Ni la quema de sus locales, ni las amenazas que sufren les van a parar en su trabajo por un mundo más justo, sostenible y democrático.
Desde Ecologistas en Acción de Cáceres y Comarca queremos denunciar el robo y la quema de nuestra Sede en la noche del viernes al sábado último, robo que también se ha perpetrado en la ONG solidaria SETEM de donde se han llevado un ordenador, e intentado en los demás colectivos del piso (Foro Social de Cáceres, INTERMON, VISIONES).
Desde Ecologistas en Acción lamentamos estos hechos, que se repiten por segunda vez en menos de un año y nos reafirmamos en seguir trabajando y defendiendo una nueva ética en las relaciones de los seres humanos con los demás seres vivos y sus hábitats, así como denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañen el medio ambiente y que conlleven situaciones de grave injusticia social y ecológica.
Estos hechos, además, se unen a otros que han sido ya denunciados por todo el territorio del Estado y de Extremadura (ver: http://www.ecologistasenaccion.org/article19454.html ). Por ello pedimos al Ayuntamiento de Cáceres y a la Subdelegación del Gobierno, más vigilancia en la zona, ya que ataques de este tipo no se pueden permitir.
* Kaos en la Red - Ecologistas en Acción - Opinión - 10.04.11
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