Los valencianos no penalizan la corrupción y castigan que se cambie al alcalde bajo sospecha

LEVANTE* : Los valencianos no sólo no penalizan en las urnas a los partidos que llevan en sus listas a alcaldes salpicados por casos de corrupción sino que incluso castigan que se cambie al político bajo sospecha como cabeza de cartel. En algunos casos, la defenestración del alcalde supuestamente corrupto supone una pérdida de votos para su partido que en algunos casos puede llegar al 12%. Ésta es al menos una de las conclusiones principales a las que llega la Fundación Alternativas en un reciente estudio en el que se analiza las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal en la legislatura pasada. El informe de esta fundación cercana al PSOE hace un exhaustivo análisis del impacto en las urnas de los casos de corrupción en el ámbito municipal de Andalucía y la Comunitat Valenciana entre 2003 y 2007. La conclusión no puede ser más demoledora: "No existe evidencia de ningún tipo de castigo electoral a los partidos afectados por investigaciones judiciales", aseguran los autores de este informe tras analizar los resultados obtenidos en los comicios de 2007.

Aunque el informe se circunscribe al ámbito local, sus conclusiones parecen perfectamente extrapolables al escenario actual con unas elecciones a la vuelta de la esquina y con unas encuestas electorales que vaticinan al Partido Popular una victoria aplastante pese a que sus referentes políticos más importantes están envueltos en procesos judiciales relacionados con la corrupción.

El estudio, de 35 páginas, y que lleva la firma de Gonzalo Rivero, licenciado en Historia; y Pablo Fernández-Vázquez, licenciado en Ciencias Políticas -ambos son candidatos a doctor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York- no discrimina entre siglas. Es decir, la conclusión de que la corrupción no pasa factura electoral es idéntica en todos los casos y al margen de si el edil pertenece al PP, al PSPV o a otras formaciones. A diferencia de otros estudios ya publicados en este terreno, los autores precisan que para su investigación no han tenido en cuenta todos los escándalos sino aquellos más "claros y graves" y que no meramente pudieran partir de un medio de comunicación o de una denuncia del partido de la oposición. Así, precisan que los casos estudiados se ceñían a los siguientes criterios: la existencia de indicios de ilegalidad de tipo penal; que la responsabilidad del hecho recayera en el alcalde o algún otro miembro del equipo de gobierno municipal y que hubiera una intervención de la fiscalía o de un juzgado. Advierten también que sobre los casos analizados no existía una "demostración fehaciente" de su culpabilidad, aunque elementos suficientes para que fueran creíbles ante la opinión pública. En el caso de la Comunitat Valenciana, la lista negra engloba a veinte municipios.
Los expertos avisan también de las dificultades existentes para analizar el comportamiento electoral ya que admiten que cuando un elector decide su voto no sólo tiene en cuenta su percepción sobre la honestidad de los alcaldes sino otros factores que pueden "enmascarar el impacto negativo de las sospechas de corrupción en los resultados electorales". Cabe apuntar que el patrón de las localidades donde se concentra el mayor número de escándalos está muy definido. Se trata de municipios, generalmente costeros o con potencial turístico, más propicios a la especulación urbanística y donde "existen fuertes incentivos para que los promotores sobornen a los alcaldes para autorizar recalificaciones". Los autores llaman la atención sobre el hecho de que la burbuja inmobiliaria trae consigo resultados económicos que pueden mejorar las perspectivas electorales del alcalde. Dicho de otro modo, las mejoras del desarrollo urbanístico "compensan" el desagrado que el votante siente por la corrupción.
La diferencia "más llamativa" del estudio respecto a Andalucía y la Comunitat Valenciana es cuando se renuevan a los candidatos bajo sospecha. En la primera comunidad el partido puede llegar a mejorar sus resultados si "limpia sus filas". "En el caso de Valencia el reemplazo de candidatos corruptos por el partido está asociado a mayores pérdidas electorales, que pueden llegar al 12%; es decir, son castigados".
Dicho esto, los autores se muestran "pesimistas". La ausencia de castigo electoral "es un serio revés para el control de los políticos por las elecciones y pone en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para discriminar, no solo entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir la función más básica de expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes", concluyen.



* Levante - 13.03.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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Málaga.- 50.000 viviendas quieren amnistía

SUR* : Las hay aisladas en el campo y agrupadas en diseminados rurales. Igualmente, hay algunas que fueron levantadas por sus propietarios para crear una familia y otras concebidas como segunda residencia e incluso para el turismo rural; las hay con vistas al mar y mirando a la sierra; también hay finalizadas y otras que se han quedado a medio hacer; están las que se construyeron en zonas protegidas y aquéllas en la que la calificación ambiental del terreno llegó a posteriori; y por último, las que durante décadas han poblado los montes en suelo no urbanizable. El perfil de la vivienda irregular en la provincia es tan amplio y variado como complejo es el proceso para dar solución a las cerca de 50.000 casas sobre las que pesa la espada de Damocles de las impugnaciones de licencias, las multas coercitivas y la amenaza de una posible demolición desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en 2002, con la que la Junta quiso poner freno a las construcciones indiscriminadas en el campo.

La cifra no es exacta, aunque sí una estimación bastante aproximada del mapa de las viviendas en suelo rústico que han brotado por todos los rincones de la provincia y que ahora esperan una amnistía como la planteada en la Axarquía. Desde los 'campitos' de Estepona hasta el Valle del Guadalhorce, pasando por Mijas, Marbella, la Vega de Antequera y la Serranía de Ronda. Ni siquiera los ayuntamientos saben a ciencia cierta el número de edificaciones irregulares (incluidas otras construcciones como piscinas, muros o terrazas), de ahí que el primer paso para solucionar el conflicto sea la elaboración de un inventario municipio por municipio y casa por casa como herramienta para la posterior ejecución de planes locales de inspección.
Ésa es la primera condición que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía para abrir la vía de la regularización mediante un decreto (estará redactado en un plazo máximo de seis meses) que permitirá el reconocimiento de estas construcciones, dotándolas de los servicios y equipamientos básicos que ahora son en muchos casos inexistentes. Aunque no será gratuito, puesto que la actuación deberá salir del bolsillo de los propietarios en concepto de compensaciones.
«La hoja de ruta empieza por el inventario, algo fundamental porque cada casa tiene una situación diferente y requiere una solución prácticamente personalizada», apunta el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Enrique Benítez.
La sombra del derribo
Se podrán salvar la mayoría de las casas que se encuentran fuera de ordenación, las construidas ilegalmente pero que han prescrito después de cuatro años y aquéllas a las que no se les puede exigir la restitución de la realidad física anterior. Pero no todas. La sombra del derribo rondará a las levantadas en suelo protegido y las edificadas al margen de la ley no prescritas. «No es imposible, pero sí que la solución va a ser más complicada», reconoce Benítez. Bien distinto será el panorama de las que se realicen a partir de ahora al margen de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) o los planeamientos de rango superior. «Seremos tajantes y contundentes», advierte el dirigente de Obras Públicas.
La nueva normativa, anunciada para la Axarquía aunque extensible a todo el ámbito regional, ha sido recibida por los propietarios con optimismo, pero también con cautela y escepticismo por haberse hecho pública a dos meses de unas elecciones municipales. «Lo único que pedimos es que no hagan política con nosotros. Si hasta ahora no había forma de solucionar el problema, ¿por qué ahora sí se puede si la LOUA sigue siendo la misma?», se pregunta María del Mar Vázquez, presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI).
La entidad constituida el pasado mes de diciembre y que ya agrupa a 65 colectivos vecinales aboga directamente por modificar la ley, una propuesta que pretende llevar al Parlamento autonómico, si es posible, con el respaldo de los dos grandes partidos (PSOE y PP). El mensaje es claro: «Legalizar todas las casas en las que se pueda cambiar la calificación del suelo y dotar los servicios básicos a aquéllas que se queden fuera de ordenación y estén ocupadas», explica Vázquez, quien recalca que los vecinos no son los únicos responsables de esta situación. «Ha habido mucha permisividad. Durante años, los ayuntamientos se han lavado las manos, han cobrado el IBI y demás impuestos para luego abrir expedientes y ordenar derribos», subraya.
La elección de la Axarquía para dar a conocer el decreto no fue casual. La comarca ha llevado la voz cantante en los últimos años exigiendo soluciones, hasta el punto de que los 31 alcaldes axárquicos han llegado a solicitar reiteradamente la reforma y modificación de la LOUA como vía para la normalización urbanística. El plante ha sido tal que varios regidores están imputados e incluso condenados por dar licencias o haber mirado para otro lado. De momento, 11.025 viviendas son susceptibles de ser legalizadas, aunque en el horizonte aún pueden quedar otras tantas a juicio de los grupos ecologistas.
No son las únicas. En Mijas, la presión vecinal ha ido 'in crescendo' en los últimos años, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento optó por paralizar el envío de multas coercitivas. Esta misma semana se ha dado luz verde a la revisión del PGOU en suelo no urbanizable, lo que conduciría a la regularización de la inmensa mayoría de las 3.000 casas 'ilegales' existentes, quedándose al margen las que invaden el dominio público y las zonas de especial protección. «La ley no lo permite en ningún caso», resalta el alcalde mijeño, Antonio Sánchez.
La misma solución es la que plantean en Estepona para los 'campitos', como se conocen popularmente los diseminados rurales. En los últimos años se han multiplicado hasta superar las 3.000 construcciones, de las que unas 800 están en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental.
El interior tampoco es ajeno a esta problemática, especialmente en los pueblos regados por el Guadalhorce. Uno de los puntos más calientes es Cártama, donde se han ejecutado varias órdenes de demolición y se han producido manifestaciones de afectados reclamando soluciones para las más de 3.500 edificaciones. Ni siquiera la capital se escapa, con 44 núcleos de población asentados fundamentalmente en Campanillas, Los Montes y Puerto de la Torre en los que cerca de 1.200 casas se han quedado fuera de ordenación en el nuevo PGOU. En Antequera, las estimaciones apuntan a 800, una cifra que se duplicaría si el radio de búsqueda se amplía a toda la comarca.



* SUR - 13.03.11
Foto: Diseminados. Los núcleos de población en el campo han aflorado en toda la provincia, como éste asentado en Campanillas - sur

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«En Zambrana hay varios millones invertidos sin conocerse su destino»

ELCORREO/Álava* : La comisión de investigación constituida en las Juntas Generales para dirimir las posibles responsables políticas de la Diputación alavesa en la fallida macrorrecalificación urbanística ideada en 2004 en Zambrana ya cuenta con las conclusiones provisionales referidas a tres meses de intenso trabajo. El presidente del órgano, Javier Ruiz de Arbulo (PP), entregó ayer al resto de formaciones de la Cámara un documento que podrá enmendarse la próxima semana y que se aprobará de forma definitiva el día 25 de marzo. Entre otras conclusiones, de carácter secreto, se constata la comisión de posibles irregularidades de índole penal, lo que obligará a la Mesa a trasladar la documentación analizada tanto al juez que investiga esta operación como al fiscal.

Según explicaron fuentes de toda solvencia a EL CORREO, el texto elaborado hace referencia expresa al dinero invertido -en balde, al menos hasta ahora- por el grupo catalán Riera Urbanizer S.L., creado 'ad hoc' en 2005 de la mano del empresario vizcaíno vinculado al PNV Iosu Arruti, quien atrajo hasta tierras alavesas a su amigo y socio Francesc Fernández Joval, que se ha llevado más de un millones de euros en comisiones legales, según declaró en las Juntas su todavía socio y sucesor al frente de la gerencia de Riera Urbanizer, Nicolás Guerrero. Y todo ello, para comprar más de un millón de metros cuadrados en Zambrana con el fin de impulsar un gran polígono industrial.
El presidente de la comisión, analizados los datos oficiales de la Hacienda foral y las transcripciones de los comparecientes, matiza que no ha sido capaz de averiguar el destino de parte del dinero gastado, pero sí concluye que los socios de la empresa inversora han pedido «millones de euros» cuyo destino se desconoce. Sólo en opciones de compra que siguen sin ejecutarse se han gastado tres, mientras que el resto, casi cuatro, se han dedicado a estudios, encargos y pagos de comisiones legales.
Círculo de amistades
El documento también hace especial hincapié en el papel que ha jugado la Diputación en un proceso urbanístico del que era competente y, en concreto, de la actuación individual tanto del exdiputado de Administración Local Alfredo de Miguel -imputado por presunta corrupción en el llamado 'caso Miñano'- como de los entonces burukides del Araba buru batzar (ABB) Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, también imputados por la misma causa -el próximo día 17 se cumple un año de su detención y posterior puesta en libertad-. Estas tres personas, junto a sus mujeres, crearon en 2005 Kataia Consulting, empresa que pese a contar con nula estructura, ingresó 280.190 euros en apenas cuatro años, como desveló este periódico.
De estos, 180.150 proceden de Sidepur, firma de Iosu Arruti, verdadero cerebro de la 'operación Zambrana' -ha percibido en torno a 1,1 millones de Riera Urbanizer-. Este hecho no ha pasado desapercibido para la comisión, que recuerda cómo sólo un día después de que Riera abonara el primer pago a Sidepur, esta firma pagó 130.000 euros a Kataia por trabajos urbanísticos. Corría 2005. Ya en 2006 y 2007, hubo otros dos pagos por «asesoramiento», uno de 20.000 y otro de 30.000, como consta en Hacienda. Sin embargo, no existe constancia documental de los trabajos hechos.
Los junteros, en este sentido, han constatado un círculo de amistades y compañeros de partido que podría haber derivado en la existencia de un posible tráfico de influencias, el mismo que el juez está investigando. Para muestra, un botón. Recalcan que el propio Arruti confirmó que sólo hablaba con De Miguel, cuya mujer, también imputada, trabajaba en Nai Duenak, empresa de la que Arruti es apoderado.
El documento, según las fuentes analizadas, también advierte de un posible perjuicio patrimonial para la Diputación, institución que debía aprobar el cambio de normas subsidiarias propuesto en Zambrana para 120 hectáreas. Se da la paradoja de que a mediados de 2007, tras la llegada del PNV a la Diputación, De Miguel, hasta entonces secretario general del ABB, es nombrado diputado de Administración Local, estando entre sus responsabilidades el área de Urbanismo.
Cambio de criterio
El proyecto sigue su curso y es el 13 de marzo de 2009 cuando llega la primera criba en el seno de la comisión de urbanismo del País Vasco -en aquel momento, de 120 hectáreas ya se había rebajado a 66-. En aquella votación y en una actuación hasta la fecha inédita, el PNV en bloque pide votar a mano alzada los informes técnicos del Gobierno vasco contrarios a esta recalificación. Ganan -por aquel entonces gobernaba Ibarretxe- y la tramitación sigue adelante. A la cita no acudió De Miguel, sino su director, Iñaki Nafarrate, luego nombrado sucesor. Y entre sus argumentos, leyeron unas notas a favor del proyecto que no están firmadas por ningún técnico de la institución.
Meses más tarde y alegando la existencia de informes medioambientales de la Diputación, el equipo de De Miguel decide rebajar a 22 hectáreas la recalificación. Y lo hace ante la sorpresa de Riera Urbanizer, que recurrió ante los tribunales la decisión al considerar que la orden foral fue emitida fuera de plazo.



* El Correo - 12.03.11
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos

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Valencia.- La policía cerca al constructor que se enriqueció con Correa en la visita papal

ELPAÍS* : La policía estrecha el cerco sobre uno de los mayores y más rápidos negocios hechos por la red corrupta que dirigía Francisco Correa en la Comunidad Valenciana. La visita de dos días del Papa a Valencia en 2006 sirvió a la trama Gürtel para intermediar en un contrato de siete millones de euros -más de la mitad fueron beneficios- que la televisión autonómica Canal Nou -dirigida entonces por Pedro García, un amigo de la red corrupta-, adjudicó a la constructora leonesa Teconsa. Los dueños de esta constructora eran, a su vez, amigos de Francisco Correa, con el que mantuvieron conversaciones comprometedoras que se han incorporado al sumario judicial del caso.

El contrato multimillonario que adjudicó Canal Nou consistía en poner altavoces y pantallas de televisión por diversas zonas de la ciudad de Valencia coincidentes con el recorrido previsto en la visita del Papa. Teconsa, experta en hacer carreteras y obras públicas pero sin ninguna experiencia en sonorización e instalación de pantallas de televisión en la calle, subcontrató los trabajos con empresas que, a su vez, eran clientes habituales de la red Gürtel.

La constructora leonesa pagó a las subcontratistas del servicio tres millones de euros y ganó casi cuatro millones. Un negocio redondo que el empresario leonés repartió con Francisco Correa y su red corrupta, que había amañado junto a Pedro García, según la investigación, el concurso de la visita del Papa de Canal Nou.

La policía ha seguido el rastro del dinero y se ha encontrado con que Teconsa derivó parte de sus ganancias en el contrato valenciano a una cuenta de Special Events (empresa de Francisco Correa) a través de dos ingresos de 200.000 euros cada uno. Posteriormente, Correa se pagó las obras de reforma de su vivienda en Ibiza, que le hace Teconsa, mediante transferencias de dinero desde la cuenta de Special Events. Esta empresa paga a Teconsa por las obras con dinero que previamente había ingresado de la propia Teconsa por el reparto de los beneficios de la visita del Papa. Todo queda en familia.

El sumario del caso Gürtel incorpora ya un informe con todas las pruebas de este presunto tráfico ilegal de dinero. Ese informe sirve de base a la policía para pedir al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso, la "imputación de José Luis Martínez Parra como administrador de Teconsa" por su participación en la adjudicación del contrato público "realizado de manera ilícita con la Radio Televisión Valenciana con motivo de la organización de la visita del Papa".

La policía sostiene que Teconsa fue utilizada por la red corrupta como "sociedad pantalla" para así "solapar la realización real del acto por la organización de Francisco Correa y facilitando a este la ocultación de los fondos recibidos, cobrando por ello una comisión de 200.000 euros".

El informe policial también da cuenta de la misma operativa con la constructora Begar, que supuestamente pagó un millón de euros a Correa por intermediar en un concurso de suelo en Boadilla del Monte (Madrid).

Los investigadores concluyen igualmente que Correa defraudó al fisco al menos 450.000 euros que pagó en Suiza como parte del precio de compra de su vivienda en Ibiza. La policía pide al juez que ponga en conocimiento de la Agencia Tributaria este supuesto fraude fiscal.



* El País - 12.03.11
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa - elpais

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El gerente de Urbanismo declara este miércoles como imputado por la venta de suelos de Mercasevilla

20MINUTOS* : La juez de Instrucción nº6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado a declarar este próximo miércoles en calidad de imputados al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Miguel Ángel Millán, y al aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera, dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos' --que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga--, concretamente "por las presuntas irregularidades penales en la concesión a Sanma de la licencia de primera ocupación".

En un auto emitido el pasado día 16 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya imputó tanto al gerente municipal de Urbanismo como al aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera Rimada, y los citó a declarar a ambos el día 2 de marzo, aunque finalmente las declaraciones fueron suspendidas y fijadas nuevamente para este miércoles día 16 de marzo.

La juez Alaya argumenta que, "en virtud de las pruebas practicadas hasta la fecha, concretamente del análisis de los expedientes de licencia de edificación, de licencia de primera ocupación, de la documental remitida por Endesa y de lo que se desprende, entre otras, de las declaraciones de Luis Gómez Martínez y de Emilia Barrial Chamizo, procede" imputar tanto a Millán como a Ferrera. En el mismo auto, rechaza la personación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en esta causa.

En esta rama del caso la juez mantiene imputadas ya a 15 personas, entre ellas al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena; el ex edil y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.

También están imputados la directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, y la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo.


* 20 Minutos - EP. - 12.03.11
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es

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Japón, las casas más resistentes del mundo

ELMUNDO* : Japón, un archipiélago situado sobre una 'bomba sísmica', se precia de construir los edificios más resistentes del mundo. Esta vez, el quinto terremoto más fuerte de la historia (8,9 grados) ha podido con la estructura de muchas viviendas y grandes edificios en las ciudades del norte del país, como en la industrial Sendai y en toda la prefectura de Fukushima. En Tokio, a 373 kilómetros al suroeste del epicentro, cuatro millones de casas se quedaron sin luz y numerosos edificios se tambalearon, mientras que en la vecina Yokohama, los tejados de algunos bloques se derrumbaron, según la emisora NHK. Pero si el mismo movimiento telúrico se hubiera producido en cualquier otra parte del planeta con tan alta densidad de población, las dimensiones de la catástrofe hubieran sido infinitamente mayores.

En Japón las estructuras de los edificios están tan reforzadas que, a su lado, en los edificios españoles parecen enclenques castillos de naipes. Desde la Edad Media, el país levanta edificaciones a partir de vigas de bambú y paredes de papel arroz preparadas para soportar la vibración de sus cimientos. A partir del fuerte terremoto registrado en 1923, los edificios se empezaron a construir con acero, pero a partir de las Segunda Guerra Mundial, el país pasó a emplear densos forjados de hormigón, conocidos como 'arquitectura brutalista'.

Simetría y distribución vertical del peso

La ingeniería anti sísmica japonesa diseña edificios simétricos y elásticos que absorben la vibración del suelo.

Otro factor de protección es la distribución vertical del peso. Cuando se construye un bloque de viviendas, se procura que los pisos inferiores sean los que soporten la mayor carga. Además, cuanto más amplia sea la base del edificio, mejor resisten los embates del seísmo.

Además, la normativa exige una separación de varios centímetros entre las medianeras de los bloques, para permitir que los edificios cimbreen sin que se golpeen entre sí y evitar un 'efecto dominó'.

La población japonesa y los estudiantes de arquitectura asumen con naturalidad la posibilidad de un terremoto. El de esta noche es el peor registrado en Japón en los últimos 140 años. El último de trágicas consecuencias es el de 1995 en la provincia de Kansai, con epicentro en Kobe (7,2 grados), que arrasó la ciudad, se cobró la vida de 6.500 personas, 45.000 heridos y 200.000 edificios derrumbados.


* El Mundo - 11.03.11
Foto: Panorámica de la ciudad de Soma, al norte del país. | AP

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Vélez deberá expropiar una parcela treinta años después de ser ocupada

SUR/Málaga* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a iniciar el expediente de justiprecio de una finca treinta años después de haber sido ocupada con motivo de las obras del paseo marítimo de Torre del Mar. El TSJA entiende que la parcela, de 464 metros cuadrados de superficie, fue ocupada por el Ayuntamiento cuando se ejecutó el proyecto sin que llevara a cabo su expropiación. Los demandantes han venido reclamando desde el año 1981 al Consistorio de Vélez que se les indemnice por la ocupación de su finca. Por dos veces se les ha denegado su petición, una en 1997 y otra en 2000, siendo ahora, tres décadas años después, cuando se ha producido una sentencia favorable a sus intereses.

El Consistorio ha venido manteniendo desde un primer momento que la parcela pertenece al dominio público marítimo terrestre, ya que en las Normas Subsidiarias, primero, y en el PGOU, después, aparece la zona como área libre pública. Asimismo defiende que nunca los propietarios tomaron posesión de la finca.

Sentencia firme

El fallo judicial, que es firme y sobre el que no existe la posibilidad de interponer recurso, obliga sin embargo al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía a iniciar un expediente de justiprecio con el fin de indemnizar a los propietarios, aún cuando el Consistorio mantiene que la ocupación de los terrenos no tuvo lugar, que la titularidad del suelo no está acreditada y que la ubicación de la finca coincide con la línea marítimo terrestre, por lo que antes de decidir sobre la expropiación lo procedente es acreditar la propiedad del inmueble por la vía civil. Por estos motivos, el Ayuntamiento había solicitado una sentencia desestimatoria.
En el fallo judicial se hace constar sin embargo que los recurrentes aportan para demostrar la titulación de la parcela la demanda de inscripción en el Registro de la Propiedad, la correspondiente anotación catastral y el cobro de los impuestos de plusvalías y bienes inmuebles.
Al contrario de lo que mantiene el Ayuntamiento, el TSJA expresa en la sentencia, que está en manos del Consistorio el pasado mes de diciembre, por el simple hecho de que se discuta el derecho de propiedad, en modo alguno ello conlleva la necesidad de que «con carácter previo y necesario se pronuncien los tribunales del orden jurisdiccional civil, sino que la propia jurisdicción contencioso administrativo puede pronunciarse al respecto con carácter prejudicial».
Para el Ayuntamiento, aunque la sentencia del TSJA no atiende la petición del Consistorio, si deja abierta la posibilidad de aclarar el tema de la propiedad y de la identificación de la finca en un juicio civil. Los afectados reclaman al Ayuntamiento de Vélez-Málaga 450.000 euros, cantidad a la que habrá que sumar los intereses de demora y un 25% en concepto de indemnización por la ocupación de la finca, lo que podría suponer una cantidad global de unos 600.000 euros.
Fuentes municipales han señalado a este periódico que el Ayuntamiento sigue defendiendo que el espacio que reclaman las demandantes como suyo nunca ha sido una propiedad privada sino que forma parte de la playa de Torre del Mar.
Una práctica habitual
Según el Consistorio, durante muchos años fue una práctica habitual que por parte de determinadas personas se escrituraran terrenos ganados al mar, sobre todo en puntos del litoral como Torre del Mar, donde la playa crecía a un ritmo de entre 10 y 20 centímetros anuales.
Los demandantes adquirieron la finca mediante escritura publica en 1979, aunque la propiedad se remonta al año 1945, siendo en la década de los 90 (cuando el paseo marítimo ya llevaba varios años ejecutado) cuando consiguieron, previa solicitud a la Dirección Provincial del Catastro en Málaga, dar de alta a su finca en el mismo y por tanto pagar el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) por la mencionada finca.



* SUR - 12.03.11
Foto: Vélez-Málaga, vista - laopinión.es

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Maracaibo.- ¿Qué hacer con los “fantasmas de cemento”?

NAD/Venezuela* : Sin utilidad y al servicio de la delincuencia y de invasores permanecen los edificios “fantasma” de Maracaibo. Tal parece que poco motiva rescatar espacios que en época de apogeo sirvieron de escenarios para que se desarrollara parte de la historia de la ciudad. Sin embargo, como una posible solución se vislumbra la discusión del tema. En trabajos anteriores se abordó la problemática de los “fantasmas de cemento”, esos que nadie quiere ver, pero que -sin posibilidad de ocultarlos- son ornamentos inamovibles de la ciudad. ¿Qué aportan? ¿Quién se beneficia de ellos? La respuesta es más que obvia, y por ello resulta irónico que hasta ahora no se halla tenido iniciativa para reconstruir o demoler para aprovechar el terreno.

Aspecto legal

La Ordenanza sobre Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente en el Municipio Maracaibo se creó para velar por la calidad de vida de la jurisdicción del municipio. El documento comprende la planificación urbana, entre otros aspectos, según establece el numeral 1, del artículo 3.

Asimismo, el numeral 6 del mismo artículo indica que se actuará ante “Cualesquiera otras actividades que se consideren necesarias para alcanzar el propósito de la presente Ordenanza”, el cual es “establecer principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente”.

Los referidos numerales tocarían de manera general el tema de los edificios abandonados, si se partiera de la premisa de que “los edificios hacen la ciudad”, como lo afirmó el especialista en el tema, Rafael Márquez, profesor del Departamento de Historia de Arquitectura de la Universidad del Zulia.

La Ordenanza es más específica en cuanto al tema: “Las construcciones que amenacen ruinas o las que por mal estado pudieran ocasionar un peligro inminente para sus ocupantes, para la colectividad y que afecten el medio ambiente estarán sujetas a lo establecido en la Ordenanza sobre construcciones ilegales o demoliciones” (Artículo 29).

En el mencionado documento se establece a la Oficina Municipal de Planificación Urbana (O.M.P.U.), como el organismo rector en el tema de las construcciones ilegales o demoliciones.

El numeral 3 de la ordenanza sobre construcciones ilegales, indica que se considerará como tal “Toda construcción que amenace ruina o que por su mal estado en alguna parte de su estructura pudiese ocasionar daños, que representen un peligro inminente para sus ocupantes o para la comunidad”.

En tales casos, no se mencionan cuáles podrían ser los “daños” a que se hace referencia, pero seguramente, la acumulación de basura, y el albergue de maleantes y consumidores de droga, no reportan ningún beneficio.

Consciente de esta realidad, el concejal Joaquín Chaparro explica que hasta ahora no habido pronunciamientos o posición administrativa por parte del Concejo Municipal de Maracaibo, pero considera que se debe atender el tema, por cuanto los edificios rescatables podrían aportar beneficios, y que los que representan un peligro, como el Banco de Comercio (ubicado en 5 de Julio), deberían demolerse.

En cuanto a los edificios que representan patrimonio cultural, asegura que hay una obligatoriedad implícita de mantenerlos y recuperarlos. Afirma, además, que son espacios que se podrían rescatar para ponerlos al servicio de la Gobernación y la Alcaldía, para generar beneficios y bienestar para la comunidad.

En ese sentido, Chaparro es de los que cree en rescatar para dar valor a los inmuebles icónicos de loa ciudad, de los cuales no puede evitar nombrar el edificio Botica Nueva, también conocido como el de “los sansones” o “atlantes”.

“Ese fue el primer edificio de Maracaibo que tuvo ascensor”, recuerda el concejal.

Es por ello que afirma que “el estado y el municipio deben tomar una decisión sobre la demolición o rescate de los edificios abandonados”, razón por la cual se espera que plantee la problemática que esto genera para la ciudad, y los beneficios que traería si fueran activados.

Chaparro explica que se prevé trabajar en conjunto con instituciones y profesionales especializados para abordar el tema, y trabajar en pro de dar solución a lo que considera atenta con la cara de Maracaibo y el mejoramiento de esta en cuanto a urbanismo se refiere.

Sobre las construcciones abandonadas en manos de privado, indica que se debe levantar un informe jurídico de comprobación por parte de la sindicatura a objeto de determinar el carácter de la propiedad y exhortar a los propietarios a asumir la responsabilidad de resolver el problema, “en virtud de conservar la imagen arquitectónica y urbanística de la ciudad”.

Hasta ahora, finaliza, Chaparro, no ha existido motivación suficiente para resolver el tema de los fantasmas de concreto, los cuales hasta ahora no benefician y que significarían oportunidades de vivienda, y establecimientos de organismos que reporten ventajas para las comunidades en las que fueron construidos.



* Noticia al día - 10.03.11
Foto: Edificio Gómez Castro, ubicado en la avenida El Milagro - NAD

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Miembro de Ecologistas afirma que la Guardia Civil tuvo que proteger toda la noche su casa en El Gordo

EUROPAPRESS/Cáceres* : La coordinadora de Ecologistas en Acción en la comarca cacereña de Campo Arañuelo, Paca Blanco, ha asegurado que una patrulla de la Guardia Civil se ha tenido que apostar junto a su casa durante toda la noche para protegerla del "acoso" de jóvenes vándalos. Se da la circunstancia de que en la comarca de Campo Arañuelo está el Embalse de Valdecañas, en la que se proyectaba un complejo turístico y de descanso, llamado Isla de Valdecañas, que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado precisamente en respuesta a una demanda de Ecologistas en Acción. "Mi casa, mi persona, mi familia y mi integridad peligran", ha asegurado en rueda de prensa celebrada en Cáceres capital Paca Blanco, quien ha explicado a los periodistas que en la noche del jueves a este viernes se ha visto obligada a llamar a la Guardia Civil para que una patrulla se apostase en la puerta de su domicilio.

VIVE CON 420 EUROS

La ecologistas ha explicado que lleva sufriendo "cinco años de acoso" en el pueblo de El Gordo (Cáceres), municipio en el que reside, por parte de "los jóvenes de hace cinco años y los jóvenes de ahora".

Según ha apuntado, ha interpuesto ya numerosas denuncias ante el Cuartel de la Guardia Civil de Peraleda (Cáceres) y lleva "dos o tres entrevistas" con el subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís; la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira; y con el teniente coronel de la Guardia Civil de Extremadura para abordar la cuestión.

Ha agregado que vive con "420 euros de subsidio de desempleo" y que "no" sabe dónde se va a "tener que ir a alojar" porque, según ha aseverado, peligra su integridad física "ante amenazas, tirada de piedras, cócteles molotov, huevos y naranjas". "Le pido al subdelegado del Gobierno en Cáceres que tenga en cuenta que no puedo irme a un hotel porque no tengo como pagarlo", ha concluido Paca Blanco.



* Europa Press - 11.03.11
Foto: Valdecañas (Toledo), obras embalse (archivo) - ecologistasenaccion.org

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Portugal construirá la playa artificial más grande de Europa

PÚBLICO* : Los macroproyectos de construcción urbanística siguen en marcha en Europa pese a la crisis que está atravesando este sector, aunque ninguna nación europea planea nada similar a lo que han puesto en marcha en China. En Portugal, la oficina de Turismo de Portugal, el ayuntamiento de la localidad de Mangualde y la empresa Live it Well Events, ha presentado el proyecto LiveBeach, en el que se planea construir una playa artificial de más de 22.500 metros cuadrados en pleno interior del país. Portugal se convertirá así en el primer país europeo que realizará un proyecto similar, según ha informado la empresa. La inauguración está prevista para el próximo mes de julio. La elección de Mangualde para recibir este proyecto se debe a las características socio demográficas del distrito. Es el más poblado del interior del país y tiene un aumento de población en verano debido al retorno de emigrantes.

La superficie de la playa artificial ocupará una extensión de 22.500 metros cuadrados, donde se construirán diferentes espacios; una playa de agua salada, un merendero con una superficie cubierta, un área de juegos infantiles y bares. En la zona de arena habrá además diferentes 'chiringuitos'. "El proyecto LiveBeach va a lograr lo que en un principio es algo imposible", ha afirmado Rui Braga, administrador del proyecto.

Pero el proyecto pretende también convertirse en escenario para eventos culturales y actuaciones en vivo. Luis Jardim, músico y productor es el encargado de apoyar e impulsar el evento con conciertos de artistas nacionales e internacionales, fiestas nocturnas con DJ's y otras iniciativas. "Más que un lugar de vacaciones, LiveBeach será un gran evento con algo nuevo cada día", asegura. "Creemos que este proyecto mejorará la ciudad, creando y atrayendo empleo y riqueza a toda la región", concluye João Avezedo, alcalde de Mangualde.



* Público - 9.03.11
Foto: Mangualde (Portugal) - celtiberia

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El alcalde de Orkoien niega el debate sobre su gestión ilegal del urbanismo

DIARIODENAVARRA* : El debate sobre la exigencia de responsabilidades por los perjuicios económicos que ha causado al Ayuntamiento de Orkoien el contrato con Aranade, considerado ilegal según el TSJN, volvió a desbaratarse ayer en el Consistorio comarcano. El alcalde, Casimiro Larrea (UIO), levantó, sin llegar a votar la moción presentada por NaBai, una sesión extraordinaria reclamada por la oposición (PSN y NaBai). En ella se pedía que el Consistorio, como socio único de Iturgain SA, acordase iniciar una "acción de responsabilidad" contra los consejeros que votaron a favor del contrato con Aranade, anulado por los tribunales.

Larrea argumentó que la moción ya había sido rechazada dos semanas atrás. También que al presentarla el edil nacionalista Carlos Armendáriz no había justificado ni documentado su petición. Desde PSN y NaBai criticaron que no se pudiera debatir su nuevo planteamiento, hecho después de que en otra sesión se hubieran ausentado del pleno al ser acusados de actuar con fines electoralistas. También lamentaron aquella decisión tomada por ellos mismos y anunciaron que estudiarían las consecuencias legales de la actuación del alcalde.

El pleno tenía como único punto la moción sobre exigencia de responsabilidades a los ediles que apoyaron en 2004 los acuerdos con Aranade para gestionar Iturgain y las viviendas promovidas en el sector Mendikur. El acuerdo fue anulado por el TSJN al considerar que se había concedido "a dedo". También obligó a Aranade, en 2009, a devolver a la sociedad municipal lo que había ganado en la operación. La deuda se cifró en 6,7 millones pero no ha sido devuelta y también ha generado discrepancias entre el equipo de Casimiro Larrea y la oposición que en este caso forman el PSN y NaBai.

La sesión comenzó con un recuerdo al secretario, cuyo padre falleció el martes. Le sustituyó la interventora municipal, como había ocurrido en la última sesión, aunque en aquella ocasión porque el PSN había cuestionado en un informe la participación de Contreras. Previamente, el secretario firmó un informe que avalaba la participación en el debate de los ediles a los que se quiere pedir responsabilidades, pero no en la moción. Tanto PSN como NaBai entienden que no pueden debatir ni votar.

La secretaria de la sesión leyó la moción y antes de que la defendieran sus proponentes el alcalde, que gobierna con mayoría absoluta (6 de 11 ediles), zanjó la cuestión. Echó mano de "un informe de los asesores del Ayuntamiento" y dijo que al ser extraordinaria podían reclamarla un tercio de los corporativos, como así fue, pero que también tenían que "justificarla y documentarla". "Lo que aquí se pide no está demostrado", dijo en referencia a la frase de la moción "teniendo en cuenta los perjuicios económicos que para este ayuntamiento han podido causar las decisiones adoptadas". Calificó de "virtualidad" lo que reclamaban.

Por otra parte, el alcalde recurrió a la ley de sociedades anónimas. "Según dice, los representantes y responsables son los consejeros, al margen de lo que hayan votado, y en 2004 también era consejero el señor Suescun (portavoz del PSN y antes de una agrupación de vecinos) y a él no se le menciona en la moción".

Disculpas del PSN y NaBai

Tras levantarse la sesión sin que el alcalde diera opción al debate, tanto el PSN como NaBai reconocieron que no se sentían "orgullosos" de haberse ausentado en una sesión anterior. En cualquier caso, matizaron que lo que pedían era diferente, ya que reclamaban la acción del Ayuntamiento y no de la sociedad Iturgain. Por último, anunciaron que estudiarán la decisión del alcalde de no posibilitar que la moción se votara.


* Diario de Navarra - 11.03.11
Foto: Orkoien (Navarra) - orkoien.com

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Inauguran un edificio municipal antes de que se use

LAVOZ/Ourense* : Los servicios municipales de Urbanismo se concentrarán, previsiblemente a partir de la Semana Santa, en el edificio de la calle Padre Feijoo cuya restauración fue posible gracias al Fondo Estatal de Inversión Local del año 2009. La obra, cuya inclusión en los fondos anticrisis fue en su día motivo de polémica, fue inauguró ayer por el alcalde, que destacó el hecho de que se siga avanzando en la recuperación del casco histórico y el efecto positivo de estas actuaciones en la revalorización de locales en la zona. El coste final de esta rehabilitación, según los datos que ayer ofreció el gobierno local, ascendió a 1,7 millones de euros. De esta cantidad, 63.656 corresponde al mobiliario, que fue adquirido con cargo a los presupuestos municipales. La obra fue ejecutada por la empresa Proyecon, de acuerdo con un proyecto del arquitecto Pablo Falcón.

Del edificio histórico del año 1897, que ahora se distribuye en cuatro plantas, se conservan los muros. El anexo nuevo se ha hecho con una estructura mixta de acero y hormigón. En los acabados interiores tiene un amplio uso la madera.

La concejala de urbanismo, Áurea Soto, situó la apertura de este edificio en el marco de los objetivos que ella se marcó cuando accedió al puesto: «devolver ao urbanismo a dignidade e a honestidade, e o interés público, como principio que marque as súas actuacións». De manera expresa aludió la edila socialista a la «mala fama» que en general tiene la condición de concejal de urbanismo y que se presta a bromas, también en programas de televisión, algo que a ella, según dijo, le molesta.

Al acto de inauguración del edificio de urbanismo acudieron representantes de los tres grupos municipales que forman la corporación municipal.



* La Voz de Galicia - 11.03.11
Foto: La concejala de urbanismo, en el centro, con el alcalde y la teniente de alcalde de Ourense - lavoz

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Espacios urbanos cambiantes

GERARDO DEL CERRO* : Como objeto de análisis científico-social, la ciudad ha servido para generar hipótesis de alcance universal pero rara vez se ha utilizado para contextualizar tales hipótesis, quizá porque estamos acostumbrados a pensar en ella como contenedor espacial de los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales definitorios de la modernidad y sus diferentes post -transformaciones. Como bien afirma Giddens, solo los urbanistas adoptan como objeto de análisis lo que los demás científicos sociales usan como fuente temática. El resultado ha sido frecuentemente una problemática atribución a la ciudad de cualidades universales que todas poseen en todo tiempo y lugar, bien caracterizando el urbanismo como modo de vida específico de la ciudad (Wirth), bien definiendo esta como unidad de consumo colectivo dentro del modo de producción capitalista (Castells).

Una variante reciente del argumento universalista según el cual es posible adivinar en toda metrópolis una serie de atributos comunes y definitorios es la idea de ciudad global que, como centro de producción y control de los flujos financieros transnacionales, evoluciona en la tensión del espacio de los flujos y el espacio de los lugares y la dualización social que provocan. Esta cacofonía global representa en cierto modo una continuación de la vía estructuralista de análisis social en la que la generalización en los resultados antecede a la consideración contextualizada de los procesos que sirven de base a tales resultados.

Pero, pasadas casi cuatro décadas desde que surgieran los primeros análisis sobre la restructuración global del capitalismo, los muy necesarios correctivos comienzan a aparecer. A pesar de su disparidad, todos estos análisis comparten, implícita o explícitamente, la idea de un análisis relacional de los procesos sociales que, por un lado, enfatiza la complejidad de los contextos localizados de acción social y, por otro, asocia los impactos de la globalización a metáforas de fragmentación y yuxtaposición, no dualización. Lo que podríamos llamar versión fuerte de la tesis de la globalización (esto es, el impacto similar, unilinear y no mediado, de factores globales en contextos diferentes) es por tanto difícilmente defendible si se tiende a concebir la ciudad como una red global contextualizada (pero no espacialmente contenida) de flujos societales que no solo operan localmente sino en diferentes escalas espaciales.

Se traslada así la perspectiva desde la globalización a la localización global y a lo que llamaríamos, en directa traducción del termino inglés, glocalización (Robertson), un disonante pero afortunado neologismo que para algunos se ha convertido en símbolo de la necesaria convergencia entre los excesos explicativos de los argumentos globales y las limitaciones analíticas de las perspectivas locales. Puede, por tanto, asumirse una globalización creciente de (o un acceso mayor y más extendido a) los flujos, medios o canales por los que se transmite la información, pero no una homogeneización global de resultados en territorios o lugares específicos; al contrario, la globalización, según Bird, nos acerca a la experiencia de la diversidad cultural.

Esta atención creciente a la localización global de los procesos sociales parece coincidir con un cierto resurgimiento de las interpretaciones de la ciudad como escenario para la producción y el consumo cultural. Aunque no se trata en absoluto de un fenómeno nuevo, su intensidad y el contexto histórico en que se desarrolla sí aportan elementos para su análisis pormenorizado. Por un lado, se ha extendido la legitimación colectiva del uso cultural del espacio urbano, con su referente más claro en las iniciativas de conservación y rehabilitación de centros históricos, que se han convertido en el primer espacio de uso cultural en numerosas urbes occidentales contemporáneas, y en un poderoso reclamo turístico. Pero además de los centros históricos, la totalidad de la trama urbana se va dotando de nuevos espacios dedicados al consumo cultural (museos, galerías, centros de convenciones y congresos, salas de conciertos, hipermercados culturales) y, simultáneamente, muchos espacios de consumo tradicionales van adquiriendo una cierta estética cultural. En consecuencia, la cultura emerge como sujeto de estrategias empresariales y políticas con una importancia de la que había carecido hasta ahora en las metrópolis contemporáneas pues, aunque no toda metrópolis adquiere el rango de global (como nodo articulador en la red financiera internacional), sí puede decirse que un buen número de ellas participa de los flujos culturales transnacionales y produce y experimenta las consecuencias específicas de tales flujos, visibles a nivel local en la presencia e influencia de empresas, trabajadores, turistas y productos extranjeros.

La inmediata consecuencia de todo esto es una mayor atención a la idea de lugar (en sus diferentes escalas territoriales) como eje instrumental de poder social, sin que sea necesario por ello interpretar las radicales transformaciones sociales y territoriales contemporáneas como el origen de una nueva medievalización del mundo debida sobre todo a la supuesta pérdida de control de los estados nacionales sobre sus funciones tradicionales. No es momento éste para retomar la senda weberiana, pero sí para considerar genéricamente la vieja idea del urbanismo entendido en contexto cultural, según la cual "las ciudades conforman contextos en los que las culturas y las sociedades son producidas y transformadas, tanto como las propias ciudades son producidas y transformadas por esas culturas y sociedades". Si lo global se construye y se transforma en territorios específicos, tambien lo local contribuye a la producción de la intersección de múltiples relaciones sociales, procesos, estructuras, prácticas y representaciones que constituye esa dimension socio-económica fluida y cambiante que hemos dado en llamar global.

Muchos barrios urbanos culturales pueden ilustrar la variedad de los procesos sociales intervinientes en lo que Lefebvre denominó genéricamente la producción del espacio. El surgimiento (o reinvención) como espacios culturales de esos barrios urbanos debe mucho a la legitimación general de la cultura y el arte como forma productiva y de vida en Occidente y no solo a los mecanismos de revalorización del suelo que se producen en el área y los desplazamientos poblacionales que ocasionan. Pero, además, las interrelaciones específicas entre localización, la secuencia histórica de transformaciones locales, la configuración de intereses entre los habitantes del área y, muy particularmente, los usos de las representaciones -o imágenes- del lugar por diferentes actores sociales son factores que inciden decisivamente en la continua transformación de los espacios urbanos. Así, la gentrificación es un proceso de constitución de clase dentro de fronteras espaciales.

Si, como señala Bourdieu, "el poder económico es primordialmente la capacidad de poner la necesidad económica a distancia", bien podemos inferir que los barrios urbanos son un ejemplo de poder económico a través del consumo de vivienda como un objeto estético. Los estilos de vida de (algunos) propietarios de viviendas podrían reflejar un empuje hacia el consumo conspicuo, en el que los objetos adquieren su función no a través de una simple designación material, sino, inversamente, como apéndices imaginarios de su poseedor. La gentrificación lleva a las ciudades hacia una nueva organización del consumo basado en el capital cultural. Este proceso funciona como un factor acumulativo para la legitimación política de posibles cambios en el uso del terreno. El turismo, la contemplación y experiencia de un significado urbano recientemente constituido por medio de la apropiación de la historia, incide en y resalta el aspecto consumista de la revitalización del centro de la ciudad.

El paradigma lefebvriano de la producción del espacio contiene corolarios especificos que debemos tener en cuenta. Las dimensiones de producción y consumo han de ser integradas en cualquier análisis de cambio urbano. Aunque la teoría cultural y sociológica ofrece una variedad de propuestas para establecer tal conexión, es el material empírico el que debe indicar la manera particular de hacerlo. Los lazos específicos entre los procesos económicos y políticos, por un lado, y la correlación entre los cambios globales y locales deben ser analizados "de abajo arriba", fieles al espiritu de la grounded theory. La gentrificación, el arte, y el turismo pueden concebirse como productos diferentes de una estrategia política y económica común que demuestre una continuidad histórica: el deseo de los agentes locales en el gobierno y en el ámbito privado de atraer inversiones con el fin de "revitalizar" áreas urbanas centrales. La metáfora de la máquina de crecimiento sugiere, por otra parte, la aparición de procesos, inducidos localmente, de formación de coaliciones entre intereses políticos y económicos. Finalmente, el desarrollo histórico de los barrios urbanos puede proporcionar pistas interesantes para contextualizar adecuadamente las transformaciones contemporáneas. Todo ello puede contribuir, primero, a establecer la relación local-regional-nacional-global con respecto al cambio económico y cultural (es decir, a tomar en serio la idea de que los actores sociales construyen las escalas espaciales, que no deben ser reificadas), y en segundo lugar, a conseguir una comprensión significativa y específica de la tesis de la terciarización de la economía en un contexto local.



* Gerardo del Cerro, Doctor por la New School for Social Research de Nueva York y por la Universidad Autónoma de Madrid

* Deia - Opinión - 27.02.11

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Llega a la fase final el juicio del caso 'Minutas' donde está imputado Del Nido

ELMUNDO/Marbella* : El juicio del caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades detectadas en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) al letrado José María del Nido, ha llegado a su fase final, al terminar este jueves las testificales. La previsión es que el fiscal presente las conclusiones definitivas la próxima semana, en concreto, el jueves, a lo que le seguirá el resto de las partes. Asimismo, se prevé que el ministerio público comience a exponer su informe final el día 31 de marzo y luego lo hará la otra acusación, en representación del Ayuntamiento de Marbella, y las defensas de los acusados. En la sesión de este jueves, han declarado dos testigos, uno por vídeoconferencia, y aunque restaban varios testigos, se ha dado por terminada esta fase.

El motivo ha sido que uno de estos testigos, el hermano de Maite Zaldívar, propuesto por el Consistorio, está de viaje; mientras que otros, uno miembro del Tribunal de Cuentas, han fallecido. En esta sesión ha comenzado también la fase documental y las partes han propuestos documentos y han impugnado la validez de otros.

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga comenzó el 6 de abril de 2010 las sesiones de este juicio, en el que están acusados Del Nido, que estuvo declarando durante 10 jornadas; el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y otras 14 personas más. Tras la declaración de los procesados durante tres meses, la vista oral entró en fase testifical.

Así, como testigo han declarado el interventor municipal y el que fuera tesorero de Marbella, además de varios asesores jurídicos de la época y ahora, ex ediles y actuales concejales de la corporación municipal. La causa se inició a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio.

El ministerio fiscal sostiene en sus conclusiones provisionales que la contratación de los servicios profesionales del presidente del Sevilla, sobre todo para la fiscalización que llevó a cabo el Tribunal de Cuentas respecto al Ayuntamiento marbellí, "estuvo basada exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, "sin" el preceptivo expediente.

Indica en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, que Muñoz, que habitual y formalmente presidía y participaba en las juntas de gobierno local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de las acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente".

De este modo, la acusación pública sostiene que se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales", señala el ministerio fiscal, quien apunta a un comportamiento "despatrimonializador".

Del Nido, por su parte, siempre ha justificado el trabajo realizado y ha asegurado que recibió órdenes de impugnar la fiscalización del Tribunal de Cuenta, pero no tuvo la misión de retrasar la tarea "ni tuve conocimiento de que se obstaculizara la labor fiscalizadora". Negó que creara una espiral procesal para cobrar minutas que no debía.

El acusado defendió el trabajo que realizó y dijo que impugnar la fiscalización "no era contrario a los intereses públicos". Además, rechazó que hubiera duplicidad en las facturas y precisó que cobró "por la actuación profesional que realicé". De hecho, dijo que sólo ha podido liquidar con el Ayuntamiento las minutas que no son litigiosas.

"Me pareció que la actuación profesional era necesaria, me pareció que la actuación profesional fue efectiva y afortunadamente el Colegio de Abogados de Madrid y el Tribunal de Cuentas han declarado, en resoluciones firmes, que mi actuación profesional generó para el Ayuntamiento de Marbella y para sus sociedades mercantiles participadas miles de millones de pesetas de beneficios", apostilló.



* El Mundo - Ep. - 10.03.11
Foto: Del Nido en una imagen de archivo. | ELMUNDO.es

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El consejero de Transportes de Aguirre no sabe que existe el Metrobús

PÚBLICO/Madrid* : El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría, ha protagonizado hoy una inexplicable metedura de pata, dejando ver que desconoce la existencia del 'Metrobús'. El título de transportes usado por millones de personas en la capital "no existe" para su responsable, quien además ha recriminado entre risas al portavoz socialista de Transportes en la Asamblea, Modesto Nolla, que hablara del mismo. "Lo primero que le quería preguntar ¿qué título utiliza usted para coger el transporte público? Creo que no lo coge nunca porque el Metrobús yo creo que no existe y entonces, si usted tiene el título del Metrobús... ¡Pues nos vamos todos! ¡qué no existe!", ha dicho el consejero entre risas. Sus palabras fueron respondidas con un cerrado aplauso desde la bancada del PP, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados incluidos.

El precio del citado título -que existe desde 1998- subió en 2010 un 22%, desde los 7,40 euros hasta los 9. Actualmente cuesta 9,30 euros. El propio Echeverría anunció la subida que fue muy protestada por los usuarios.
Huida hacia adelante

Pese a que fuentes de la Consejería han pedido disculpas a los ciudadanos, a la Asamblea de Madrid y al diputado socialista Modesto Nolla por la "confusión" en su nombre, posteriormente el propio Echeverría ha tratado de justificar su metedura de pata. "El Metrobús es un título que puede estar contemplado dentro de lo que es el abono de 10 viajes", ha asegurado.

"Lo que ahora es el título general es el de diez viajes y dentro del de 10 viajes hay muchas categorías: hay un Metrobús como puede haber otras cuestiones", ha señalado, al tiempo que ha explicado que lo que intentaba decirle al diputado del PSOE, Modesto Nolla, era que "se había quedado anticuado".

"Lo que le he querido decir a este señor es: 'no me hable usted del Metrobús, no me sea usted tan antiguo, y hábleme del billete de diez viajes que es el que utilizamos todo el mundo'", ha indicado.

"¿De verdad ha dicho eso?"

Nolla había criticado en su turno de palabra que la Comunidad de Madrid se negaba a contribuir a la bajada del precio del transporte colectivo al negarse a rebajar el "5% (del precio) del Metrobús". Por si quedan dudas la web del propio Consorcio regional de Transportes denomina al título de transportes de diez viajes como Metrobús.

En los pasillos de la Asamblea esta afirmación del consejero se ha convertido en el tema de conversación más candente. "¿De verdad que ha dicho eso?", han preguntado algunos diputados que en ese momentos no han escuchado la afirmación.

Como viene siendo habitual los internautas se lo han tomado con una mezcla de indignación y de humor y los #echeverríafacts son la sensación del momento en la red de microblogging.



* Público - 10.03.11
Foto: Arriba, el consejero de Transporte de Aguirre, José Ignacio Echeverría. Abajo, un billete de Metrobús

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Las viviendas ilegales en el Almanzora se elevan a 12.697 y duplican la estimación inicial

LAVANGUARDIA/Almería* : El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años ya que se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas, no podrán ser "reconocidas" mediante la nueva figura urbanística de "asimilado fuera de ordenación", que permitirá a sus propietarios tener acceso a "unos mínimos servicios" como luz, agua o alcantarillado "en régimen de autosuficiencia".

La cifra la ha dado a conocer en rueda de prensa la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz, quien ha matizado que los 11.777 inmuebles suceptibles de ser regularizados no serán "legalizados" a través del decreto anunciado hace unos días sino que serán "reconocidos como una realidad" para, de este modo, facilitar que se les pueda conceder una licencia de primera ocupación para el acceso a los citados servicios básicos, que deberán, ha añadido, correr por cuenta de sus dueños para no incurrir en "injusticia" con aquellos que "adquirieron una vivienda legal y contribuyeron a que el Consistorio sufragase esas infraestructuras".

Los inventarios que arrojan que "no hay opción legal" para un 7,2% del total de las edificaciones sobre suelo no urbanizable detectadas se han realizado en los municipios de Albánchez, Albox, Arboleas, Cantoria, Fines, Líjar, Lubrín, Oria, Partaloa y Zurgena, los que, según ha señalado Cruz, "tenían más problemas" en materia urbanística de entre las 29 localidades que integran el Valle del Almanzora.

En esta zona -ha revelado- la Junta ha impugnado un total de 83 acuerdos de pleno municipal al considerar que concedían licencias de obras irregulares y ha tramitado un total de 163 denuncias. Ha declinado, sin embargo, precisar cuántas están sometidas al proceso penal o a un contencioso-administrativo, y, por tanto, pendientes de que una sentencia judicial decrete su demolición.

En concreto, los ayuntamientos y la administración autonómica han localizado de manera conjunta 534 edificaciones levantadas en suelo que goza de especial protección, por lo que la infracción administrativa "no prescribe nunca" y no existe "una opción legal", y otras 386 que se encuentran bien en proceso de construcción o bien cuentan con menos de cuatro años de antigüedad, por lo que estarían en el mismo caso que las anteriores.

"Casuística enorme"

En estos casos, ha avanzado que la Junta "iniciará los procesos" necesarios para restaurar la legalidad y proceder a la demolición. Para el resto, las 11.777 edificaciones entre las que ha reconocido existe una "casuística enorme", existirán tres vías que pasan, en primer lugar, por los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que están elaborando los diez municipios afectados.

En estos casos, las viviendas, dependiendo de su localización y su ubicación próxima al núcleo urbano, quedarían dentro de suelo urbanizable y, por tanto, "legalizadas". Si la situación del inmueble o el grupo de inmuebles es aislada, el decreto que proyecta el Gobierno andaluz incluye el desarrolló de dos figuras bajo la denominación de "asimilado a fuera de ordenación" y "hábitat rural diseminado" que, si bien no los legalizan, si "reconocen su existencia" y posibilitan su acceso a servicios básicos aunque "tendrán muy acotadas las infraestructuras", ha subrayado.

"La idea es que cada una de estas viviendas sea autosuficiente, que cada vivienda tenga su placa solar o su pozo. Obviamente, dependerá de su ubicación y de las características de una u otra. Así, que el dueño tendrá que presentar un proyecto de actuación al Ayuntamiento para que este elabore un informe y le autorice de una manera u otra la dotación de esos servicios", ha explicado.

Cruz, quien ha trasladado la intención del Gobierno andaluz de "ser contundentes" para que "este fenómeno no se extienda", ha detallado que, una vez facilitados los inventarios a los consistorios, se iniciará un proceso "no inmediato" para, lo que a su juicio, es "dar cobertura" a unas edificaciones que ahora dejarán de estar en un "limbo legal" y solucionar un problema "de ocupación ilegal del territorio".

Los propietarios son, en su mayoría, residentes británicos

En este punto, y tras reconocer que en el mencionado "problema" existe "responsabilidad compartida", ha criticado a los propietarios de los inmuebles ilegales que, en el caso del Valle del Almanzora son, en su mayoría, ciudadanos residentes británicos. "Es evidente -ha asegurado- que cuando se ha construido de forma ilegal en lo que respecta a nuestra legislación, los gastos serán a costa de aquellos que han construido sin las autorizaciones pertinentes en suelo clasificado como no urbanizable".

"Sean cual sea su origen, aquellos que promueven una casa ilegalmente, que contraviene la normativa incurren en una falta de respeto a lo que significa nuestra legislación y nuestro territorio", ha asevera para, a continuación, trasladar su "sorpresa" ante "posicionamientos a favor de una situación de reconocimiento de la ilegalidad".

"Las responsabilidades son compartidas pero la primera es de quien levanta una vivienda en suelo no urbanizable. Hay una casuística enorme y el papel de los ayuntamientos en cada caso ha sido diferente. Estamos haciendo un gran esfuerzo para dar cobertura a este tipo de edificaciones que no se han levantado con criterios que marca la normativa", ha precisado Cruz.



* La Vanguardia - Ya Encontré - EP. - 10.03.11
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net

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El esperpento urbanístico de Marina de Valdecañas es ilegal y debe derribarse

ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura estima la demanda de Ecologistas en Acción ordenando la restitución de los terrenos protegidos a su estado anterior. El proyecto consistía en la construcción de más de 550 viviendas, equipamientos hoteleros, un campo de golf de 18 hoyos y puerto deportivo. La promotora urbanística “Marina de Valdecañas”, contó con el apoyo y connivencia del Gobierno de Extremadura, que declaró el proyecto como Proyecto de Interés Regional (PIR). El área de ubicación del complejo urbanístico cuenta con importantes valores naturales por lo que formaba parte de la Red Natura 2000 dada su declaración de Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA Embalse de Valdecañas), y afectaba a su vez a áreas declaradas Lugares de Interés Comunitario (LIC). Este humedal tiene importancia internacional por las especies que lo habitan, muchas en peligro de extinción.

El TSJ de Extremadura, tras analizar los valores naturales protegidos señalados en la Directiva 92/43/CEE habitas, así como la normativa ambiental aplicable a nivel estatal y autonómico, da por buenos los argumentos de Ecologistas en Acción en su impugnación del Decreto.

Además, el TSJ estima que la capacidad planificadora de los PIR, regulado por el art.60 y ss. de la Ley del suelo de Extremadura, no es ilimitada y que deben atender a los criterios generales contenidos en la propia Ley del Suelo de Extremadura. Este PIR reclasificó 1.340.000. metros cuadrados que pasaron de no urbanizables de especial protección a urbanizable.

El TSJ sentencia que no se ha motivado suficientemente ni la justificación del proyecto ni su utilidad pública o interés social. Entendiendo además que el proyecto no se adecua a la figura del PIR. El TSJ recuerda al Gobierno Autonómico que el PIR solo se concibe para aplicar a viviendas sometidas a promoción pública, y no a complejos hoteleros y de ocio.

Por último, la sentencia considera que hay falta de motivación en la elección del emplazamiento (aprobado por el Decreto 55/2007, de 10 de abril) toda vez que se actúa sobre un suelo no urbanizable de especial protección. Como alegó Ecologistas en Acción en su demanda, en modo alguno se motiva que sean esos terrenos “de protección ambiental extrema” los más idóneos para el interés social de proyecto, sin conocerse si era admisible la ubicación del proyecto en otros terrenos con menor protección o incluso sin protección.

Por ello Ecologistas en Acción celebra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Extremadura, que supone un nuevo varapalo jurídico en materia ambiental para el Gobierno Extremeño y evidencia la falta de sensibilidad de éste con la sostenibilidad, el medio ambiente y los enormes valores ambientales que posee esta comunidad autónoma. En tal sentido Ecologistas en Acción solicitará al ejecutivo extremeño, así como del la Confederación Hidrográfica del Tajo, el cese inmediato de las obras y la restitución del espacio a su estado anterior.

Por último, Ecologistas en Acción muestra su preocupación por la integridad física de sus activistas en la zona, pues han sido objeto de múltiples ataques desde hace tiempo. Estos ataques (a sus automóviles, viviendas y personas) han sido motivados por oponerse a este proyecto urbanístico. Ecologistas en Acción confía en que el ayuntamiento de El Gordo y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres velen por la seguridad de los miembros de Ecologistas en Acción en la comarca.



* Ecologistas en Acción - 11.03.11
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion (archivo) - ecologistasenaccion.org

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Un juez impide a una inmobiliaria echar a una anciana de su casa tras la muerte de su marido

20MINUTOS/Barcelona* : Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº29 de Barcelona ha impedido que una inmobiliaria echara a una anciana de su casa tras la muerte de su marido, que era el titular del contrato de alquiler. Según explica el escrito del juez, el contrato fue firmado el 1 de mayo de 1971 cuando la Ley no otorgaba la mayoría de edad a las mujeres, impidiendo que estas pudieran firmar este tipo de documentos, por lo que fue su marido quien formalizó la firma en nombre de ambos. No fue hasta 1975 que la Ley otorgó la mayoría de edad a las mujeres y, a partir de entonces y en este tipo de casos, se debía informar al arrendador de la muerte del cónyuge titular del contrato, en un plazo de tres meses para seguir mantenido el alquiler.

Por este motivo, la inmobiliaria entendía que la anciana, al no haber informado de la muerte de su esposo, daba por finalizado el contrato de alquiler del piso en el que vivía desde hacía 42 años, e instaba a la demandada a que lo abandonara.

El juez recuerda que el contrato fue firmado con anterioridad a la reforma de la normativa y que en el mismo se explicita que el estado civil del titular era casado; además, expone que ha quedado demostrado que el arrendatario conocía que la mujer convivía con su cónyuge en el piso.

El juez ha desestimado la demanda de la inmobiliaria impidiendo que la mujer fuera desalojada al entender que, pese haber un sólo firmante, la anciana era cotitular del contrato de alquiler.



* 20 Minutos - EP. - 10.03.11
Foto: Se alquila, cartel - ladrillos

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El Puerto.- Y ahora, la Casa de las Cadenas

DIARIODECÁDIZ* : Cuando acaban de lograr eludir la cárcel tras abonar 30.000 euros de fianza cada uno, y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por las construcciones ilegales de Pinar de Coig, en un juicio fijado para el lunes de la semana próxima, otro viejo asunto pide cuentas a la 'cúpula' de Urbanismo del anterior gobierno de Independientes Portuenses entre 2003 y 2007 en coalición con el PSOE: al exedil Juan Carlos Rodríguez y al jefe de Disciplina Urbanística y jefe de Licencias del Ayuntamiento portuense Fernando Jiménez Fornell. Se trata de la demolición del protegido edificio de la Casa de las Cadenas, el gravísimo atentado contra el patrimonio de la localidad por el que la Consejería de Cultura impuso al Ayuntamiento de El Puerto la máxima sanción administrativa contemplada en la legislación, 150.000 euros, y que fue denunciado por IU.

En este asunto, como en el de Pinar de Coig, además de Rodríguez y Jiménez Fornell, está imputado también el exalcalde Hernán Díaz, que ya fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación.

El Ministerio Fiscal acaba de enviar al Juzgado 3 de El Puerto (el mismo que lleva las diligencias que han motivado el apresamiento de Rodríguez y el técnico municipal) su calificación de los hechos, en los que pide para los tres, para Díaz, Rodríguez y Jiménez Fornell, exactamente la misma pena: nueve años en total de inhabilitación para cargo o empleo público.

El fiscal considera que Hernán, Rodríguez y Fornell conculcaron la Ley con el propósito de permitir la demolición del edificio histórico con el objetivo de dejar construir en el solar con fines especulativos.

El representante del Ministerio Público acusa por ello a los tres autores de sendos delitos de prevaricación y desobediencia. Por el primero, les reclama ocho años de inhabilitación, y por el segundo, un año d inhabilitación y una pena de multa de siete meses con cuota diaria de 18 euros, 3.780 euros en total a cada uno.

Junto a ellos, el fiscal acusa a dos representantes de Rufino Naves, la empresa que perpetró la demolición del edificio, Rufino Naves Llaneza y Juan Naves Arambarri, de un delito contra el patrimonio histórico. Y pide para cada uno de ellos una pena de dos años de prisión, y una multa durante 18 meses, con cuota diaria de 18 euros, 9.720 euros en total.

El Ministerio Fiscal, como en su día hizo en primer término el magistrado, deja fuera al arqueólogo municipal y director del Museo Municipal Francisco Giles Pacheco, pidiendo el sobreseimiento en su caso al no quedar acreditada su participación en los hechos.

La demolición se ejecutó en 2004 tras dos intentos frustrados previos. Uno, protagonizado en 2002 por José Pinto (al que el magistrado dejó fuera de la causa), entonces propietario de la Casa de las Cadenas, quien pidió la declaración de ruina al Ayuntamiento, y que vendió a finales de ese año a Rufino Naves la propiedad. Y otro en 2003, a instancias de los nuevos dueños, , cuando Hernán Díaz firmó un decreto para iniciar un expediente de modificación del Plan general para cambiar la catalogación de la protegida finca.

Este camino emprendido para obtener la demolición y posterior construcción de otro edificio "parece que quedó estancando habida cuenta de la no continuación del expediente, por lo que la empresa Rufino Naves, de acuerdo con los responsables del Ayuntamiento, utilizó otra vía", anota el escrito de calificación fiscal. El nuevo atajo intentado, y definitivo a la postre, se gestó en julio de 2004, cuando Juan Ignacio Naves presentó un escrito al Ayuntamiento en el que notificaba el deterioro físico de la finca, por grietas, deformación de vigas e inexistencia de forjado, por lo que pedía que se le autorizara el derribo. Y es en este punto donde comienza la a juicio del fiscal delictiva actuación de los representantes municipales. Primero, de Jiménez Fornell, quien realizó un informe en el que sostenía que, por presentar el edificio ruina inminente, el alcalde estaba habilitado para disponer las medidas precisas. Así, "se conseguía evitar la intervención de la Consejería de Cultura y que se adoptaran medidas alternativas y prioritarias a tal demolición, medidas de protección y conservación que el Ayuntamiento había omitido durante años", sigue el escrito fiscal. Rodríguez dictó un decreto, en el que ordenada a Rufino Naves la demolición. Y Hernán concedió la licencia a final de agosto.

Cultura, al enterarse de las obras, ordenó la paralización enviando dos requerimientos que, dice el fiscal, "fueron desoídos por los responsables municipales". Tanto es así que Hernán, dice el Ministerio Público, en un escrito, le dijo a Cultura que se dirigiera a la empresa, "propiciando, con la dejación y desatención del requerimiento que les era dirigido, que por parte de Rufino Naves se concluyeran las obras de demolición el 4 de octubre de 2004, resultado al que se dirigió toda la actuación de los acusados desde un principio".

A la empresa, no le reclamaron la paralización hasta el 4 de octubre, "cuando la demolición ya era un hecho".



* Diario de Cádiz - 9.03.11
Foto: Una imagen de archivo de la parte posterior de la Casa de las Cadenas, tras su demolición en agosto de 2004.- diariocadiz

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Corrupción: ¡indignaos!

FRANCISCO SOSA/MERCEDES FUERTES* : Vivimos asediados por noticias de escándalos y denuncias de corrupción que nos trasladan desde la estupefacción hasta el asco como en un tiovivo endemoniado. Son siempre asuntos delicados que tienen consecuencias muy visibles sobre los dineros públicos y, si miramos el turbio vaso del déficit, advertiremos que en su fondo se halla depositado el légamo de estas prácticas. Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Actúan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos bíblicos o incluso a los geológicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garantías de los ciudadanos. Dejando aparte a la jurisdicción penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el ordeñamiento) jurídico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se están activando o se están activando de manera deficiente. En concreto: ¿ha de quedarse la Administración paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organización colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? ¿Ha de ser la Administración el Bártolo del rossiniano Barbero de Sevilla que se queda como una estatua “fría e inmóvil”?

Los estudiosos sabemos que esos instrumentos existen porque la lucha por el Derecho es, desde que el mundo es mundo, una lucha incesante contra “las inmunidades del poder”, en la bella expresión de García de Enterría.

Ahora, si nosotros aplicamos una mirada buida a esos escándalos de nuestros pecados advertiremos que casi siempre están relacionados con el urbanismo, los contratos públicos y las subvenciones. Pues bien, en el ámbito del urbanismo, desde hace décadas (incluso desde el franquismo), la Administración puede declarar la invalidez de planes, de promociones urbanísticas, de parcelaciones o de licencias de edificación y ello permite restaurar los espacios heridos por esas actuaciones ilegales, incluso demoliendo las trapacerías que hayan podido llegar a tener la consistencia de un edificio. Es más: se pueden imponer sanciones económicas que eliminen de cuajo los beneficios que haya podido obtener el infractor.

Sin embargo, vemos cómo promociones y construcciones, que acampan extramuros de la legalidad, se convierten en parte inamovible del paisaje sin que las administraciones públicas hayan desplegado sus facultades para defender el interés público conculcado. Y hay algo peor pues, a veces, son esas mismas administraciones las impulsoras de estos desmanes bien porque los respaldan o bien porque miran con insolencia hacia otro lado. Los episodios más visibles de estas actitudes intolerables se producen cuando se atreven descaradamente a inejecutar sentencias firmes de los tribunales de justicia.

El segundo pantano es el de la contratación pública. Hay leyes, en este ámbito, para todo. Podemos decir que no existe resquicio alguno al que no alcance la luz de una previsión del legislador (que es prolífico y proteico: europeo, estatal, autonómico…). Cualquier empresario que se haya visto perjudicado porque los criterios de selección del contratista han sido manipulados o se han desvirtuado las reglas de la publicidad y la concurrencia, o se han efectuado adjudicaciones irregulares, puede poner en marcha procedimientos rápidos de recurso que incluso permiten paralizar las actuaciones realizadas. Y, además, la legislación española ha insistido -cierto que sin éxito- en la responsabilidad en la que incurren los funcionarios que participen en la comisión de estos desmanes. Pero… los tales empresarios ven coartada su independencia por su dependencia de las administraciones públicas. Que les pueden expulsar, si son díscolos y gustan de enredarse con escritos y pleitos, del dulce paraíso donde se degusta el gran pastel de la contratación pública. Y reconducirlos por esta vía poco a poco hacia la mendicidad callejera.

¿Y las subvenciones? De nuevo, nos encontramos con un nutrido grupo de preceptos que permite a las administraciones otorgantes declarar su invalidez e incluso exigir su completo reintegro. Por eso, ante uno de los escándalos que hoy ocupan las páginas de algunos periódicos (no de todos) relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, no entendemos por qué la propia administración andaluza no ha iniciado ya los procedimientos para recuperar las cantidades indebidamente abonadas.

Volvemos a nuestro argumento que sirve de hilo conductor de este pequeño artículo. El Derecho tiene armas bruñidas para entrar en combate. Está la vía de la jurisdicción penal, que es la más vistosa y la que acapara titulares. Pero está también la más modesta de la jurisdicción contable, atribuida a órganos específicos que tienen encomendadas las funciones de controlar la actividad económica del sector público o de quienes perciben fondos públicos, así como las de determinar los daños y perjuicios ocasionados a las arcas públicas activando los mecanismos de la llamada responsabilidad contable. Esto afecta al Estado y a algunas comunidades autónomas, tan insistentes a la hora de reclamar competencias como negligentes a la hora de ejercer aquellas que pueden resultar embarazosas o poco lúcidas.

Y asimismo -como hemos adelantado- la Administración puede analizar la legalidad de los actos administrativos, soporte de estas subvenciones y, a través de la revisión de oficio o del mecanismo previsto en la Ley de Subvenciones, acordar la nulidad de los mismos y exigir la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de marzo de 2010, ha recordado que “la Administración perjudicada podrá ejercer toda clase de pretensiones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugne”. Y, con cita de otra sentencia del mismo Tribunal (de 21 de julio de 2004), puntualiza que el procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones y el procedimiento de responsabilidad contable no son mutuamente excluyentes, pues tienen distinta naturaleza y significación. El reintegro de subvenciones sólo exige el incumplimiento por el beneficiario de la obligación de justificación del destino de la subvención (se trataba de fondos del INEM) y, en cambio, el procedimiento de responsabilidad contable tiene como presupuesto que el menoscabo de caudales se haya producido por dolo, culpa o negligencia grave del sujeto que ha recibido la subvención.

El 19 de julio del mismo año 2010, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de insistir en estos argumentos.

Concluyamos afirmando que las administraciones no actúan porque faltan las adecuadas decisiones políticas. Y porque la clase política, ávida de influencia, ha ocupado el espacio que debe estar reservado a unos funcionarios públicos neutrales y seleccionados de acuerdo con el principio de mérito y capacidad. En fin, porque los ciudadanos hemos perdido la capacidad de reacción, bien porque muchos se benefician del clientelismo que genera una democracia escoltada por dos partidos políticos como la que padecemos, o porque sencillamente han tirado la toalla y se hallan refugiados en sus asuntos personales como el burgués de la época del Biedermeier.

Pero es hora de indignarse. Y de hacerlo con más amplitud y vuelos que la indignación a la que nos convoca Stéphane Hessel en su escueto opúsculo. Y de recordar que la mirada de Argos del legislador no debemos empañarla con el filtro de los intereses espurios.
* Francisco Sosa Wagner, Catedrático y Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo

* Diario del Derecho - 8.03.11

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