ENRIC LLOPIS* : “Tres tristes torres”. Esta consigna resumía hace quince años las primeras movilizaciones para salvar el Jardín Botánico de Valencia de la amenaza representada por los negocios hoteleros. Quince años después, el movimiento cívico y vecinal de Valencia, encabezado por la plataforma “Salvem el Botànic”, continúa en la lucha para recuperar el entorno del jardín como equipamiento público para toda la ciudad. La historia no ha de resultar extraña para cualquier vecino de Valencia. Los proyectos especulativos han proliferado durante los últimos años en la capital del Turia, con la connivencia del Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana. Sólo la oposición frontal de reductos de la sociedad civil organizados en forma de “Salvem”, han impedido un desastre mayor. En el caso del Jardín Botánico, la resistencia viene de lejos. La historia comienza en el año 1995, cuando el Ayuntamiento aprueba una figura urbanística denominada Estudio de Detalle, que prevé tres edificaciones de 20 alturas (para viviendas y hotel) en los terrenos del antiguo patio de entrada al colegio de Jesuitas, junto al Jardín Botánico de Valencia. Ante la amenaza que suponía esta iniciativa municipal, nace la plataforma “Salvem el Botánic” y se organiza una manifestación que congrega a 100.000 personas en el cauce del río Turia. Los objetivos se fijan con contundencia: preservar el entorno del jardín –joya científica reconocida internacionalmente- y conservar el perfil urbano del centro histórico.
Pero el enemigo da pocas facilidades. Antonio Mestre, propietario de un emporio hotelero con negocios en todo el estado español, ha insistido durante muchos años en ejecutar sus derechos de edificabilidad en el solar de la discordia. El hecho de contar ya con un hotel muy cerca del solar de Jesuitas, al otro costado del río, le genera suculentas expectativas.
¿Qué se trata de conservar? El Jardín Botanico de Valencia se funda en 1567 pero el emplazamiento actual data de hace dos siglos. En sus orígenes funcionó como un huerto de plantas curativas y medicinales; actualmente, se ha convertido en un ámbito para el conocimiento de la diversidad vegetal y la conservación de las especies amenazadas. Destaca, de hecho, por la colección de palmeras, cactus y plantas crasas.
El conflicto ha estado atravesado, desde sus inicios, por una historia judicial de sentencias y recursos, en los que “Salvem el Botánic” ha invertido gran parte de sus energías. En 2006 la Generalitat Valenciana declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el jardín botánico y su entorno, lo que supuso una reducción de las plantas inicialmente previstas en el hotel.
Tres años después, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) dio la razón a Antonio Mestre, que había presentado un recurso contra la disminución de las alturas establecida en el BIC. De esta manera el hotelero podía ejecutar su idea: una lujosa edificación de once plantas y 44 metros de altura.
“Esta decisión judicial supuso un palo muy duro”, afirma Pascual Requena, de la coordinadora “Salvem el Botànic”. El caso está, después de un recurso de la organización vecinal, a la espera de que el Tribunal Supremo dicte finalmente sentencia. Este interminable litigio no ha impedido, sin embargo, la protesta y las movilizaciones en la calle.
Julián de Marcelo, un veterano de las luchas vecinales en Valencia, califica de “milagro” que no se haya construido junto al Botánico, “sobre todo porque otros espacios de la ciudad han sido devastados”. “Se ha conseguido la transferencia de dos tercios de la edificabilidad de Jesuitas a otros solares de la ciudad, lo que implica un rescate parcial pero también que, gracias a la permuta, el hotelero conserve sus ganancias en otras parcelas de Valencia”, explica.
De la misma opinión es Pascual Requena. “Ha sido un éxito colectivo preservar de la construcción el entorno del Botánico en quince años”. Y recuerda algunas pequeñas victorias, como la apertura del Jardín de las Hespérides junto al Botánico o la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).
Después de años de litigio, ¿En qué punto se encuentra actualmente el conflicto? “Salvem el Botànic” habla de “parálisis”. Continúa en fase de redacción el Plan de Protección del Entorno del Botánico y el nuevo Plan General de Valencia, que se tramita en estos momentos, tampoco introduce ninguna novedad que apunte hacia un rescate definitivo del solar de Jesuitas. Por si fuera poco, se eterniza la sentencia definitiva del Tribunal Supremo.
Entretanto, Antonio Mestre juega a diferentes bandes, sin ningún escrúpulo. Negocia con el Ayuntamiento de Valencia, después de muchos años de negarse al diálogo, una solución definitiva y pactada que le beneficie, al tiempo que ha pedido una compensación de 40 millones de euros a la Generalitat en concepto de “lucro cesante”.
Lo que parece innegable en esta coyuntura es la buena predisposición de los movimientos sociales. El urbanista y miembro de “Salvem el Botànic”, Carles Dolç, señala uno de los rasgos que caracterizan a los colectivos vecinales de la ciudad de Valencia: “Hacemos siempre propuestas en positivo; hace doce años que el Ayuntamiento conoce nueve iniciativas alternativas a la edificación del Botánico, impulsadas desde la sociedad civil”.
La última, resulta beneficiosa para el conjunto de la ciudad e, incluso, para el hotelero. Consiste en pasar la edificabilidad del solar de Jesuitas a la otra parte del río, donde se halla un edificio de El Corte Inglés, el centro comercial Nuevo Centro y un hotel de Expogrupo, cuyo titular es Antonio Mestre. Un lugar inmejorable para que el empresario continúe lucrándose.
Dolç señala que lo fundamental de estas propuestas es que no planteen “problemas sociales, humanos o territoriales en otros lugares de la ciudad y que, en ningún caso, supongan un gasto para las arcas públicas”. Numerosos abogados, arquitectos y estudiantes, entre otros colectivos, se han implicado en la elaboración técnica de los proyectos.
Antonio Mestre, un visionario en busca del “Happy Making”
La página web de Expo Hoteles & Resorts, cadena hotelera propiedad de Antonio Mestre, califica al gran patrón como el “hombre visionario” que, después de un viaje a Las Vegas, recreó esta ciudad en el sur de Tenerife. “Fue uno de los primeros en edificar hoteles de lujo en la isla y el único auditorio privado con capacidad para 1.876 personas de toda Europa”, se vanagloria.
Después de la construcción de su primer hotel en Barcelona, en el año 1976, con un modelo que imitaría más tarde en Expo Hotel Valencia, Antonio Mestre ha edificado un emporio. Sus tres hoteles de Barcelona concentran 1.200 habitaciones en la ciudad. En el conjunto del estado español, Expo Hoteles & Resorts gestiona 8 hoteles con 2.800 habitaciones, y para la empresa trabajan 1.700 personas.
La compañía se define como “flexible, creativa, dinámica y versátil”, unos epítetos que no casan demasiado bien con la obstinada negativa del propietario a que la ciudad de Valencia pueda disfrutar del entorno del Botánico. De hecho, durante muchos años Mestre se ha opuesto taxativamente a cualquier tipo de negociación. Cuentan incluso que el hotelero amenazó con desheredar a sus hijos si accedían a dialogar con el Ayuntamiento.
Expo Hoteles & Resorts, según afirma, ha iniciado un “cambio de cultura corporativa”, “centrada en las personas”. Es lo que llaman el “happy making”. Esta idea remite a la “creación de experiencias” a partir de una serie de rasgos que caracterizan a la empresa: estima, jovialidad, buen gusto y cultura del destino. Todo con la intención de brindar a los huéspedes “momentos que los hagan felices”.
Fuente: http://www.laccent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1445:quinze-anys-de-lluita-per-salvar-el-botanic-de-valencia&catid=51:societat&Itemid=88
* Rebelión - 28.12.10
Quince años de lucha para salvar el Jardín Botánico de Valencia de los negocios hoteleros
Tarragona.- Los jueces ordenan derruir un complejo de lujo valorado en 50 millones
La Autoridad Portuaria y los gestores de Marina Tarraco han declinado por ahora hacer declaraciones al respecto.
La sentencia afecta a seis edificios acristalados de baja altura y con una superficie conjunta de 15.000 metros cuadrados que acogen oficinas, establecimientos comerciales, restaurantes y una oficina bancaria, entre otros. Es una zona concebida como espacio exclusivo para atraer al centenar de yates de lujo que pueden atracar en las dársenas contiguas al complejo. Los edificios fueron inaugurados en 2006 tras una inversión privada superior a los 30 millones de euros y cuya concesión pretendía adquirir ahora una sociedad de Qatar que ya había firmado un precontrato por unos 50 millones.
El Consistorio y la Autoridad Portuaria de Tarragona, que llevaban meses manifestando públicamente su confianza en que el TSJC evitaría el derribo, anunciaron ayer que aún aspiran a salvar el complejo pese a que el fallo apenas deja margen para esa vía. "Intentaremos conservar Marina Tarraco. Tomaremos decisiones en los próximos días", señaló el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El fallo exige al Ayuntamiento que "en cinco días hábiles" designe a un funcionario responsable de ejecutar la sentencia y establece un margen de tres meses para iniciar los trámites para el derribo. Si se incumplen los plazos, el propio Ballesteros podría quedar imputado en la causa por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
El proceso judicial lo inició un constructor al que se le adeudaba parte de las obras realizadas en el complejo, Roberto Pérez. Como medida de protesta, denunció al Ayuntamiento y a la empresa responsable de los trabajos, International Marina Tarragona, por carecer de los permisos municipales para acometer la obra. Meses después, el centro se inauguró con una fiesta de gala a la que asistió alguna celebridad, el entonces alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU), y el presidente de la Autoridad Portuaria, Josep Anton Burgasé. Un año más tarde, en 2007, un juzgado contencioso-administrativo dio la razón a Pérez, con lo que inició la cascada de apelaciones por parte de la empresa afectada y del Ayuntamiento, que el año pasado incluso modificó los usos portuarios de los muelles en los que se halla el complejo para legalizar el centro. Tras otras dos sentencias favorables al denunciante, este recurrió de nuevo para exigir que el centro construido de forma ilegal fuera derribado.
"Es una herencia maldita del pasado", lamentó Ballesteros sobre el caso Marina Tarraco. "Es evidente que nosotros no tomamos esas decisiones", dijo en una crítica velada al ex alcalde Nadal y al director del puerto de Tarragona entre 1996 y 2004, Lluís Badia, quien luego fue senador por Tarragona por CiU.
* El País - 29.12.10
Foto: Dos de los edificios que el TSJC exige derribar en el puerto de Tarragona.- elpais
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Los ecobarrios, el reto del urbanismo sostenible
En España se encuentran algunos ejemplos de ecobarrios, con proyectos de edificación de viviendas bioclimáticas y zonas verdes en las colonias de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles (Vallecas, Madrid), en el barrio sevillano de Santa Bárbara, en Bernuy de Porreros (Segovia) o en Motril (Granada), por citar algunos ejemplos.
Sin ir más lejos, la semana pasada en la sede de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) se presentaba el proyecto del primer ecobarrio de Catalunya que se desarrollará en el sector Levante del municipio de Figueres, en Girona. La experiencia destaca por ser la primera vez que un barrio estará pensado íntegramente desde la perspectiva de la sostenibilidad, desde el planeamiento hasta la construcción de los edificios.
Un largo camino por recorrer
El proyecto de Figueras, casi futurista en nuestro país pero con sólidos referentes en distintas iniciativas europeas, plantea un barrio al que se accederá por calles periféricas, sin coches, con aparcamientos agrupados en edificios concretos y sin plantas de aparcamiento subterráneo, con calles con carril bici y para peatones, con edificios con instalaciones de suministro energético centralizadadas y el uso de sistemas energéticos eficientes como la cogeneración o la biomasa.
Un barrio donde la recogida de basuras será mediante un sistema puerta a puerta, con horario y puntos de recogida estratégicos y donde la edificación tendrá en cuenta la orientación de las viviendas para permitir la ventilación cruzada y el máximo aprovechamiento de la luz solar. Un barrio, en definitiva, pensado por y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y que respete al máximo el medio ambiente.
Todas estas experiencias nos llevan a pensar que, aunque muy despacio, vamos por buen camino. Nos queda, sin embargo, mucho por andar si nos comparamos con iniciativas de ecobarrios que llevan años desarrollándose en el mundo. De todos ellos, destacan especialmente los llevados a cabo en la ciudad de Freiburg, al suroeste de Alemania, donde apostaron por este modelo urbano con la creación de los dos primeros ecobarrios del mundo: Vauban y Riesefeld. Detrás de ellos han venido muchas otras iniciativas en ciudades como Londres, Estocolmo y en países como Japón o EE. UU.
* Yaencontré - 7.10.10
Foto: Ecobarrio en la ciudad de Freiburg (Alemania) - wikimedia
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Borriana.- Vaersa solivianta al sector privado al optar a concursos urbanísticos
La entrada de Vaersa en el concurso de Borriana ha caído como un jarro de agua fría en el sector de la consultoría urbanística, muy castigado por la crisis. Consideran "injusta y desleal" la participación de la empresa pública en el concurso urbanístico porque será juez y parte. Vaersa está presidida por el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Juan Cotino, que es, finalmente, quien ha de dar el último visto bueno a cualquier documento urbanístico de calado, como es el caso de la tramitación de un plan general.
Conflicto y destrucción de empleo
El Colegio de Ingenieros de Caminos de la C. Valenciana ya alertó en sus alegaciones al decreto ley de medidas urgentes urbanísticas, aprobado en mayo, que el nuevo régimen jurídico de Vaersa "es inadecuado ya que su ámbito de actuación entra en conflicto con el trabajo de los profesionales y las empresas de consultoría, lo que generará destrucción de empleo".
Fuentes de la Conselleria de Urbanismo defendieron que Vaersa pueda presentarse a este tipo de concursos "porque no es parte interesada". No opinan lo mismo el Síndic de Comptes y el de Greuges, Intersindical Valenciana y CGT, quienes han coincidido en denunciar que los trabajadores de Vaersa acaban realizando trabajos para la conselleria "que corresponde realizar a funcionarios público".
* Levante - 29.12.10
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
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Palma.- Massot no será condenado a más pena de cárcel por una doctrina del Supremo
Jaume Massot, en la mayoría de las piezas separadas del caso Andratx donde ha sido condenado, y en las que están pendientes de juicio, o en fase de instrucción, ha sido investigado por prevaricación administrativa en expedientes urbanísticos.
Massot, que ayer cumplió un año desde su ingreso en prisión por esta causa, fue hasta 2003 el jefe del área municipal de Urbanismo de Andratx. Gracias a ese cargo se convirtió en el factótum del urbanismo de Andratx, que experimentó en unos años un enorme crecimiento en sus áreas litorales y en las zonas de la Serra de la Tramontana.
De Andratx, Massot dio el salto, en el verano del 2003, al núcleo central del Urbanismo balear: la dirección general de Ordenación del Territorio en el Govern de Matas. El también aparejador de profesión, básicamente, se halla en prisión por emitir informes, certificados o conceder licencias para edificar en fincas calificadas de zonas protegidas por su riqueza medioambiental o paisajística. De esta forma, el delito más imputado a Massot ha sido, y será, el de prevaricación administrativa en expedientes urbanísticos.
Mateas argumentó que la doctrina del Supremo en este tipo de asuntos no permite la acumulación de condenas por cada actuación administrativa prevaricadora, sino que, y a pesar de la multiplicidad de supuestos, establece el tope del triple de la condena mayor. No obstante, Massot, que no se ha declarado culpable de nada, acumula una condena de 9 años de cárcel.
El exalto cargo ahora piensa en lograr el tercer grado.
* Diario de Mallorca - 29.12.10
Foto: Andratx (Mallorca), costa urbanismo salvaje - elmundo.es
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Marbella.- El Ayuntamiento regulariza una de las promociones más polémicas de la 'era GIL'
El proceso de normalización de Jardines del Príncipe establece que la empresa promotora, Coepro Marbella SA, cede al Ayuntamiento una parcela de 2.221 metros cuadrados cercana al complejo residencial, así como siete viviendas en el propio edificio cuya superficie conjunta alcanza los 1.000 metros cuadrados. Ambos espacios estarán destinados a equipamiento público, según explicó el delegado municipal de Urbanismo, Pablo Moro.
Cargas económicas
Las cargas a las que ha tenido que hacer frente la empresa para legalizar la promoción, según señaló el concejal, contemplan además el pago de unos 2 millones de euros en metálico correspondientes a tres partidas: 1.541.000 euros en concepto del 10 por ciento del incremento de aprovechamiento urbanístico, 90.600 euros para ejecutar las obras de urbanización pendientes en los viales perimetrales del complejo residencial y 370.000 euros para garantizar la adecuación de los siete inmuebles cedidos como equipamiento.
El Ayuntamiento estudiará ahora los posibles usos de los suelos cedidos por la promotora, tanto en lo que respecta a las viviendas de la promoción inmobiliaria como a la parcela, que no permanece diáfana sino que incluye también una edificación. Los terrenos, junto con la villa levantada en sus lindes, han sido valorados a efectos tributarios en más de 2,4 millones de euros, según apuntó el concejal de Urbanismo.
Sobre la resolución judicial que decretaba la anulación de la licencia de obras, el edil explicó que, al igual que en el resto de los casos, el Consistorio marbellí remitirá a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga un incidente de ejecución de sentencia en el que se recoge, entre otras cuestiones, un «informe pormenorizado» sobre la situación de los 81 inmuebles tras su normalización al amparo del nuevo PGOU. «Hay que explicarle a la Sala el nuevo escenario que hay que manejar con respecto a esta promoción», apuntó el delegado municipal.
900 sentencias
El nuevo Plan, que entró en vigor la pasada primavera, fija sobre el papel las pautas para la regularización de 16.500 viviendas levantadas de manera ilegal en el municipio durante la 'era GIL'. Los tribunales han anulado las licencias de construcción de casi todas ellas, según apuntó Moro. «Hay que tener en cuenta que tenemos sobre la mesa 900 sentencias», destacó el concejal, que indicó que en algunas de ellas se establece de manera específica la demolición de los inmuebles.
El edil recordó que el nuevo ordenamiento, aprobado por la Junta de Andalucía, plantea un sistema de compensaciones para normalizar las edificaciones irregulares sin que la ciudad pierda los suelos para equipamiento y zonas verdes y sin castigar a los compradores de buena fe. El modelo choca de lleno con las resoluciones judiciales. Según explicó Moro, el Ayuntamiento está «a la espera de que la Sala se pronuncie, pero somos optimistas y confiamos en que al final impere el sentido común. El PGOU también es ley», añadió.
* Sur - 29.12.10
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
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Incultos y sin vergüenza
EDUARDO MANGADA* : Aprovechando la tramitación de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2011, el Gobierno de Esperanza Aguirre formula unas modificaciones de la Ley del Suelo aprobada por su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón. Modificaciones, todas ellas perversas y retrógradas, que vienen a anular algunos de los principios políticos y culturales de nuestro marco urbanístico, conquistados en una larga batalla desde Franco hasta nuestros días. Destaquemos aquí, en aras de la brevedad de un artículo periodístico, la más dañina para los intereses públicos. En el art.12 de la citada ley de acompañamiento, titulada pomposamente Ley de Medidas Fiscales Administrativas y de Racionalización del Sector Público, se dice: "Los suelos integrantes de las redes supramunicipales cedidos a la Comunidad de Madrid tendrán la condición de bienes patrimoniales", en lugar de la condición de bienes demaniales que les otorga la vigente Ley del Suelo de 2001. Bajo este cambio de "condición", lo que se está habilitando es que los suelos cedidos por Ayuntamientos y/o privados para instalaciones de interés público (redes de equipamientos y servicios) puedan considerarse como meros suelos edificables, sin uso determinado, permitiendo con ello su venta al mejor postor como mecanismo para nutrir las arcas de la CAM o favorecer determinadas, aunque inconfesables operaciones inmobiliarias al servicio de los intereses próximos al PP. Modificación que viene a explicitar como entiende el Gobierno de Esperanza Aguirre la "racionalización del sector público": pura y dura privatización.
Pero si es grave la modificación antes señalada, más grave es la propuesta sobre este mismo tema formulada en la enmienda de adición (nueva disposición transitoria) presentada por el propio Grupo Popular en la que se dice, llana y descaradamente, que en el desarrollo de los instrumentos de planeamiento, de nueva formación o en tramitación, "no será necesaria la cesión de suelos para redes públicas supramunicipales" es decir, se legaliza la desaparición de unas necesarias y legítimas reservas de suelo para instalaciones de interés público, entregando todo el poder y el lucro del desarrollo urbano a los operadores privados.
Pero merece la pena descubrir cuáles han podido ser las razones técnico-ideológicas que han inspirado estas perversas modificaciones a la vigente Ley del Suelo de la CAM.
En la exposición de motivos, se pretende justificar las referidas propuestas de modificación con la finalidad de "agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos". Justificación insustancial ya que el simple cambio de "condición" de unos suelos no elimina ningún obstáculo relevante en dicha tramitación. Unas líneas más adelante se concreta el meollo de esta apetecida agilización, afirmando: "Se introducen medidas que tienen por objeto facilitar la implantación de equipamientos y servicios en los suelos cedidos a la Comunidad de Madrid para alcanzar una mayor eficiencia en la utilización de dichos suelos, flexibilizando el procedimiento para la modificación de los usos asignados a los mismos y limitando el carácter demanial de los bienes sobre los que se asientan los supuestos expresamente previstos en la ley". Un bla, bla, bla, farragoso, ambiguo y mal redactado.
Cuando la derecha utiliza los mantra, "agilizar" y "flexibilizar" para conquistar una mayor "eficiencia" está anunciando un serio y prolongado programa de privatizaciones.
Para mayor claridad y contundencia interviene la señora consejera para anunciar (o amenazar), con fervoroso convencimiento de defensora del bien público lo siguiente: "Vamos a eliminar las cesiones de redes supramunicipales (léanse, carreteras, parques, hospitales, viviendas públicas, etcétera), el impuesto del 20% que poníamos al suelo y que había provocado la subida de las viviendas (¡suspenso en primero de economía!), que es el producto final del suelo, porque venimos diciendo hace mucho tiempo que vamos a eliminar cargas al suelo, y nosotros no vamos a perjudicar a los Ayuntamientos, es que desaparezca ese impuesto revolucionario que nosotros habíamos impuesto a los promotores y al suelo". Cita literal del Diario de sesiones sin introducir corrección gramatical alguna.
Este transparente discurso sí merece la titulación que encabeza estas líneas: inculto y sin vergüenza, además de grosero intelectualmente y demagógico.
Un mínimo de cultura urbanística, de política urbanística, debería enseñar a la señora consejera que más allá de las explotaciones en suelo rústico, el aprovechamiento urbanístico del suelo nace y se acota en las leyes e instrumentos de planeamiento, como una concesión de los poderes públicos, únicos titulares de los aprovechamientos generados por el desarrollo urbano. A los propietarios y promotores se les otorga un máximo aprovechamiento que pueden patrimonializar, nunca al 100%, ya que el 10% o el 15% de dichos aprovechamientos pertenece a las Administraciones públicas, amén de las cesiones de suelo para redes de servicios públicos que deben formalizarse como obligaciones previas a la apropiación privada de los aprovechamientos que se establezcan en los distintos instrumentos urbanísticos. No cabe hablar de cesiones de los propietarios como una sustracción de derechos que nacieran de la titularidad del suelo (Romay Becaría porfiaba por romper la aporía entre el derecho de propiedad y el ius edificandi), y mucho menos usar esa denominación grosera de "impuesto revolucionario". Lo siento, pero se ha ganado sobradamente el calificativo de inculto.
Modificación sustancial toda ella, que afecta a la cultura urbanística que se ha ido afirmando y depurando a lo largo de muchos años, y que se va a imponer por la simple prepotencia de una mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, siguiendo un procedimiento que ha hurtado la posibilidad de un debate en profundidad, unas enmiendas articuladas y una participación democrática. En resumen: sin vergüenza.
Una pequeña duda me asalta al releer estas líneas: ¿cuántos Ayuntamientos, propietarios o promotores inmobiliarios se rebelarán cuando sean conscientes de que los suelos que cedieron gratuitamente para fines y usos de interés público se transforman en pura mercancía inmobiliaria en manos de doña Esperanza Aguirre? Sin duda estarían legitimados para pedir la reversión de dichos suelos una vez prostituida la finalidad que justificó su cesión gratuita. Yo lo haría.
* Eduardo Mangada es arquitecto.
* El País - Opinión - 26.12.10
El juez del 'caso Gürtel' investiga adjudicaciones del Gobierno de Aznar
La red Gürtel se asoció en 2001 con el Grupo Ros Roca , especializado en tratamiento de residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Correa ofreció a ese grupo empresarial su mediación para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según la investigación. El jefe de la red Gürtel tocó al menos a dos ministerios y a otros organismos, como el Instituto de Crédito Oficial y Red Eléctrica Española, para favorecer a Ros Roca, según detalla el informe policial.
El Ministerio de Economía controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique. El Ministerio de Medio Ambiente había sacado a concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca.
Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente Aznar.
Diversos faxes y documentos hallados en los registros de las empresas de Correa acreditan las gestiones políticas que hacía para el Grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4, del 4%.
Documentos incautados a la red que figuran en el sumario señalan que la persona clave con la que contacta la red para conseguir créditos FAD a favor del Grupo Ros Roca sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), entonces secretario general de Comercio Exterior, entre 2000 y 2003, y hoy senador.
Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M de USD. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total".
La policía interpreta que Correa usa sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.
* El País - 29.12.10
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa - elpais
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La clase media retrocede a niveles de los 60, estrangulada por la crisis
Estado del bienestar
En esa jornada tomaron parte también la escritora y empresaria Espido Freire, y el consultor Ángel Bonet, que hizo hincapié en la importancia de la clase media como pegamento social y garante del Estado del bienestar. «¿Quién va a pagar nuestras pensiones y sostener este modelo, que está basado precisamente en la clase media?», se preguntaba para apuntar, a renglón seguido, otro dato preocupante: hasta el 80% de los hogares han visto mermados su poder adquisitivo, según los datos del Banco de España.
Bonet subrayó que, junto a la bipolarización de la sociedad, «que está engordando el grupo de los más ricos y otro con dificultades económicas», el otro factor que ha contribuido a limar la clase media es la crisis, que ha dinamitado el paradigma del consumo. Así, en los últimos tres años, a la expansión del fenómeno del low cost habría que sumarle lo que denominó lowxury o, traducido, lujo a precios bajos. Y, es que, según explicó Ángel Bonet, «no queremos prescindir del lujo que hemos tocado con la punta de los dedos, pero a precios razonables».
Seis de cada diez, mileuristas
Pero ¿qué se considera clase media? Según la definición más extendida, a aquellos ciudadanos que cobran entre 20.000 y 60.000 euros, un tope cada vez más alejado por el auge del mileurismo.
Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, el 65% de los contribuyentes que presentaron su renta el año pasado declararon menos de 21.000 euros anuales por rendimientos del trabajo. Y, en el conjunto de la sociedad (presenten la declaración del IRPF o no, por no sobrepasar el mínimo exento) se estima que los mileuristas suponen el 59% de los trabajadores en activo.
* La Voz de Galicia - 28.12.10
Foto: Se Alquila, se vende, carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com
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El Guadalquivir enseña las escrituras
Desembalses Lora del Río
Las inundaciones se han producido en el tronco del Guadalquivir, donde las precipitaciones de los últimos días han caído con más intensidad, hasta recogerse 300 litros en un mes, según informó a este periódico Juan Paniagua, director gerente de la Agencia Andaluza del Agua. La intensidad en poco tiempo ha sido espectacular en algunas zonas, donde se ha pasado de cuarenta y tantos a 1.130 metros cúbicos por segundo. Los 74 embalses andaluces se encontraban el pasado jueves (último de intensas lluvias hasta hoy) al 86,23% de su capacidad, con 10.280 hectómetros cúbicos, «un acopio histórico», según califica el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. Casi la mitad de los pantanos se hallan en la cuenca del Guadalquivir, algunos al cien por cien de capacidad. El desembalse de estos (en torno a 50 fueron aliviados) ha originado protestas de alcaldes, agricultores y vecinos, ya que ha provocado que el cauce se desborde y, como dicen los antiguos, enseñe sus escrituras, es decir sus dominios.
La situación ha sido crítica en poblaciones asentadas donde el cauce del río Guadalquivir es más estrecho, como Lora del Río y Tocina, donde la crecida anegó más dos centenares de casas en dos avenidas en diciembre y otra en febrero. Los alcaldes de estas poblaciones han reclamado a la Junta que los desembalses se planifiquen antes de que llegue la tromba de agua.
Tanto Díaz Trillo como Juan Paniagua han defendido la política de desembalses, que gestiona dos centenares de profesionales. «Siempre se hacen por criterios técnicos y para garantizar la seguridad de las personas y de las presas», reitera Paniagua. Más de doscientas personas, entre ellas 60 técnicos, vigilan los pantanos vía satélite para decidir cómo y cuándo desembalsar.
Obras pendientes Écija
El plan de prevención de avenidas estaba dotado con 1.250 millones de euros para realizar obras en aquellos puntos de riesgo con fecha tope de 2015. En Lora esperan desde hace años la construcción de un muro de contención. Lo mismo que en Écija, donde el arroyo Argamasilla ha provocado hasta cuatro inundaciones de calles y hogares, era una obra prometida desde febrero.
El plan de prevención dispuso que la administración hidráulica aportara hasta 2015 un total de 351,6 millones de euros. Paniagua recuerda que se han gastado 342, el 97% de lo «que teníamos que acometer». En Écija, la obra para evitar que el arroyo Argamasilla anegue el casco histórico está presupuestada en 30 millones y estaba previsto iniciarse en noviembre.
Ilegales Córdoba
El asunto que más polvareda mediática ha despertado es el de las construcciones en zonas inundables. Especialmente polémica ha sido descubrir que el aeropuerto de Córdoba y su ampliación puede estar construido en zona inundable, como se demostró tanto en febrero como en diciembre. La Ley del Suelo de 2007 advierte claramente de que los planeamientos urbanos deben incluir un mapa de riesgos naturales, como recordó Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos de España.
La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, ha explicado que los planes urbanísticos anteriores a esta ley y a la andaluza LOUA no incumplen la normativa. Cruz señaló a los ayuntamientos como «responsables» tanto del cumplimiento de esta norma como de vigilar por las construcciones ilegales en zonas proclives a riadas. Junto al aeropuerto cordobés de Aena hay varias urbanizaciones que han sido inundadas, varias de ellas ilegales. Josefina Cruz critica en este sentido al PP, que antes de las inundaciones abogaba por estudiar la posible legalización de urbanizaciones fuera del planeamiento. «Es una irresponsabilidad». Entonces, qué hacer, ¿ordenar su demolición? En este sentido, Cruz, bastante beligerante con las edificaciones ilegales, fue prudente: «Habrá que ver cada municipio y cada caso», respondió a este periódico.
¿Y qué hacer con las urbanizaciones que sí son legales y se inundan? La Junta tiene previsto protegerlas con infraestructuras. El arquitecto y presidente del Consejo Andaluz de Arquitectos, Luis Cano, ha abogado por «expropiar y recalificar suelos urbanizados con riesgo de inundación si no es viable ni posible su protección o si esta es muy costosa», según declaró a Europa Press. Una teoría en parte defendida por los geólogos.
Por lo pronto, el Ejecutivo andaluz, Gobierno y ayuntamientos han creado una mesa de trabajo que trabajará a escala provincial para analizar los problemas de cada punto conflictivo y estrategias para su solución, sean urbanísticas o de construcción de infraestructuras.
* Sur - 26.12.10
Foto: Córdoba, inundaciones aeropuerto - elpais
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Ferrol.- Una cuestión de forma entierra la batalla ambiental contra Reganosa
Cuatro años después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) les dio la razón a los vecinos, y anuló la decisión de la Xunta de inadmitir su recurso. Sin embargo, el último fallo del Supremo revoca la sentencia dictada por el alto tribunal gallego en 2006, que ahora queda "anulada y sin efecto", y zanja la polémica sobre la tramitación ambiental de la planta, validando la declaración ambiental (DEA) de la Xunta para Reganosa.
Los magistrados de la Sala Tercera del Supremo no entran a valorar si los trámites fueron los correctos, y se remiten a una sentencia anterior de 2008. Señalan que el recurso vecinal era inadmisible "porque estaba dirigido a un acto de trámite -la Declaración de Efectos Ambientales- no susceptible de recurso". Uno de los magistrados hizo valer su voto particular para mostrar su desacuerdo con el fallo, como ya hizo dos años atrás.
La compañía sostiene que esta sentencia confirma la "plena legalidad de los trámites y permisos" ambientales de la regasificadora gallega, y cierra "todas las impugnaciones abiertas". "Todos los procedimientos judiciales con sentencia firme indican que la tramitación administrativa realizada es correcta", destacó Reganosa en un comunicado. La empresa recalca que la validez de la declaración ambiental ya ha sido confirmada por dos sentencias firmes del Supremo -en 2008 y 2010-, y surte, por tanto, "plenos efectos".
Para el Comité Cidadán de Emerxencia, este último fallo no es más que la respuesta a un recurso "que no entra a valorar el fondo del asunto" y que "evita pronunciarse sobre lo fundamental". Bloqueado el frente judicial contra la tramitación ambiental de la planta, la plataforma recuerda que el Supremo tiene todavía que pronunciarse sobre la modificación urbanística que permitió la construcción de la terminal. Una sentencia del TSXG anuló el cambio, pero Reganosa y la Xunta recurrieron el fallo. Calculan que el fallo tardará otros dos años en pronunciarse.
* El País - 28.12.10
Foto: Ferrol, mural Reganosa - K.Delgado - elcorreogallego.es
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El ex alcalde de Xàbia vende pisos de una firma que ganó una contrata municipal
El actual alcalde, Eduardo Monfort, de Bloc-Centristes, aseguró que con el rescate la mercantil desistirá de las demandas por responsabilidad patrimonial que tiene presentadas contra el ayuntamiento. Monfort reveló que la constructora exige tres millones de euros.
Ecisa fue la única empresa que se presentó al concurso para construir los aparcamientos y reurbanizar las rondas del centro histórico. El consistorio le abonó por esas obras 18 millones de euros. El rescate libera ahora a la mercantil de un negocio deficitario. Uno de los aparcamientos, el del Portal del Clot, tiene 425 plazas, pero sólo ocho abonados y una rotación de 1,5 vehículos al día. Una ruina.
El actual concejal de Turismo, Juan Moragues, que era alcalde cuando se convocó el concurso de los aparcamientos (el contrato ya lo firmó Monfort), no ocultó en el pleno que su empresa inmobiliaria comercializa los pisos de Residencial Mármara. Explicó que esa promoción tiene entre sus socios a una empresa de Alicante que él pensaba que era Ecisa. En la página web de la empresa Moragues Pons, S. L., se especifica claramente que esa urbanización de la playa de l'Arenal la ha promovido Ecisa.
Fue un vecino el que preguntó en el pleno sobre esa vinculación empresarial del ex alcalde y la concesionaria de los aparcamientos subterráneos. El mismo vecino dejó claro que no tenía ninguna duda de que Moragues actuaba amparado por la ley.
En el pleno, el gobierno local aprobó todo el entramado financiero que hace posible el rescate. Además de la compra por 13,2 millones de los dos aparcamientos, dio luz verde a concertar un préstamo de 12 millones con tres entidades bancarias y recalificar nueve parcelas del sector del Rafalet con cuya subasta se esperan obtener los 1,2 millones para completar la operación. Otro acuerdo fue el de abaratar las tarifas. La hora de aparcamiento valdrá 60 céntimos frente al 1,20 ? que se pagaba hasta ahora.
La viabilidad de los parkings sigue, sin embargo, planteando muchas dudas. El portavoz del PSPV, José Chulvi, ya advirtió en el pleno de que no se ha realizado un estudio de mercado y que, por contra, todos los números que apoyan la futura rentabilidad del negocio proceden del erróneo estudio de viabilidad que se usó para sacar las obras y la concesión a concurso.
* Levante - 27.12.10
Foto: Xabia - lasprovincias.es
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´El descrédito de la política es uno de los efectos más negativos de la corrupción´
-«Ballena Blanca» ya está visto para sentencia y «Malaya» en fase de enjuiciamiento. El inicio de ambas investigaciones debió ser difícil...
-Como toda investigación de delincuencia económica vinculada al blanqueo de capitales. Son complejas por la propia naturaleza de los hechos. Se trata de hacer aflorar determinados patrimonios que se mantienen ocultos y eso lleva implícito una gran dificultad.
-¿Ha servido «Malaya» para atajar la corrupción en la provincia? ¿Qué mensaje se ha lanzando con la operación?
-No, no. Para acabar con la delincuencia ninguna investigación es capaz de tener esa virtualidad. Lo cierto es que, hombre, manifiesta el cumplimiento del Estado de Derecho y de las instituciones en general. Como todo en la vida, todo es mejorable, y me refiero a la lucha contra el fenómeno delictivo, en general, y, en particular, a las conductas relativas a la corrupción.
-¿Pero se puede decir que Málaga, gracias a «Malaya», está mejor vacunada que otras provincias contra la corrupción?
-Yo soy muy escéptico en cuanto a las posibilidades que una determinada investigación puede tener en el conjunto de la criminalidad. En general, y en particular en este campo. El único mensaje que se saca de una investigación de esta naturaleza y de someter a juicio estos hechos es que, en la medida en que seamos capaces de ponerlos de manifiesto, también somos capaces de perseguirlos y de llevarlos a juicio. Esa faceta, aunque sea más limitada en cuanto a lo eficaz, es lo que hay que destacar.
-¿Ha fallado en algo la operación «Malaya» o se han cumplido sus objetivos con solvencia?
-Bueno, está mal que yo aluda a una investigación que está siendo sometida a juicio. Ya veremos a ver qué dice el tribunal cuando decida sobre los hechos que se han sometido a su consideración. Yo repito: se trata de investigaciones complejas, en algunos casos difíciles, y, desde mi punto de vista, es suficiente para someter a juicio una serie de hechos.
-¿Qué mejoras habría que introducir en estas pesquisas tan ambiciosas?
-Cuando me refiero a las herramientas con las que hay que contar lo hago desde una perspectiva egoísta. Estoy centrándome en las necesidades que la Fiscalía tiene como órgano de acusación pública, en este caso, para ser más eficaz en los contenidos de nuestra propia actuación. Lo cual no implica o no es óbice para que se dote de determinados medios personales específicos también a los jueces de instrucción, que son quienes deben investigar los hechos criminales. A nadie se le oculta que en los ámbitos en los que nos movemos y en los tiempos actuales, hay que tener una serie de conocimientos muy específicos sobre determinadas materias que no siempre están al alcance de los operadores jurídicos, y con frecuencia tenemos que acudir al auxilio que nos puedan prestar otras instituciones del Estado. A ello me refiero. Sería muy importante que hubiera órganos de apoyo de estos profesionales cualificados tanto a los jueces de instrucción, que se encargan de realizar investigaciones de esta naturaleza compleja, como a la propia Fiscalía, que, en definitiva, somos los que sostenemos la acusación en el juicio.
-Usted llegó a hablar de que, por ejemplo, se podría premiar penalmente al delator...
-Me parece que serían situaciones atendibles, porque hay que ser prácticos en esta vida, y el concurso de los llamados arrepentidos en la lucha contra esta delincuencia es una práctica que está incluso recomendada en convenios internacionales que ha suscrito España, o sea que no estamos hablando de un invento que se le haya ocurrido a una persona sin preparación. Son instrumentos de política criminal procesal aplicables a esta delincuencia.
-¿Qué piensa de quienes dicen que con estas macrocausas se inflige un severo daño a las garantías constitucionales de quienes las sufren?
Insisto en que eso pueden ser alegaciones desde el punto de vista del derecho de defensa. Desde mi punto de vista, el adjetivo de macrocausa va referido a la existencia de numerosas personas a las que se les imputa un hecho delictivo. A veces no hay más remedio que hacer un enjuiciamiento conjunto, porque la magnitud del hecho delictivo así lo pone de manifiesto. Compartimentar una investigación pues a veces encierra la posibilidad de crear disfunciones, en el propio enjuiciamiento de unos hechos que aparecen como aislados cuando la prueba o el indicio revelan la existencia de comunicación entre más personas. El ideal de enjuiciamiento de una persona un hecho delictivo no deja de ser un ideal. La codelincuencia implica a varias personas. Y la organización criminal a veces determina la existencia de multiplicidad de personas.
-¿Qué debería cambiar en las herramientas de control urbanístico y político para que no ocurra otra vez lo mismo?
Eso me supera. Porque confluyen otras ramas del ordenamiento jurídico donde se podría ejercitar la acción preventiva. Mi impresión es que, desde fuera, cuando uno analiza la normativa existente del sector, del derecho urbanístico en general, parece que esas herramientas son suficientes. Es un sector donde confluyen distintas administraciones: la local, la autonómica, con una función primordial de control de la legalidad, ya incluso en el planeamiento; y finalmente confluyen también decisiones estatales. Otros instrumentos como dar publicidad a los convenios o que el dinero obtenido en los mismos no se pueda usar y se aplique al patrimonio municipal actual son soluciones correctas y que debieran producir el efecto deseado. El que existan conductas de corrupción vinculadas al urbanismo... ha estado muy ligado también a la expectativa de lucro, en plena burbuja, que era muy importante. Pero no sé qué otras medidas preventivas se podrían arbitrar. Quizás porque no soy especialista, tampoco soy capaz de establecer otras soluciones, porque lo que es evidente es que en la materia urbanística, que es competencia municipal, básicamente, la oportunidad política, el criterio de conveniencia en estricto sentido político es el adecuado. Es decir, cambiar la configuración de un suelo es voluntad municipal. ¿Que eso genera plusvalías? Bien. Habría que establecer en todo caso mecanismos de transparencia y de control y en la normativa actual existen.
-¿La corrupción urbanística ha sido definitiva en el descrédito de la política?
-Eso sí que está estudiado y no aporto nada nuevo. Es una de las graves consecuencias que provocan los fenómenos de la corrupción en el sector público. El descrédito, la deslegitimación de la clase política. Eso está muy estudiado, lo ha puesto de manifiesto la criminología. Los textos internacionales insisten en este particular, y efectivamente es una de las consecuencias más negativas que produce la corrupción en el sector público.
-¿Cómo se puede recuperar la confianza ciudadana?
-No se pueden permitir bolsas de impunidad o de comportamiento delictivo. En la medida en que las instituciones sean capaces de responder al fenómeno delictivo, ésa es la mejor política preventivo-penal, una política de prevención general positiva, que se dice, que es reafirmar al ciudadano normal, porque las instituciones funcionan, y al que se aprovecha de la situación y comete delitos se le persigue y se le castiga.
-Muchos imputados se escudan en la riqueza que generan sus empresas o en el número de empleados para defender su absolución...
-Prescindiendo de los casos concretos, ha habido muchas críticas en la doctrina penal española sobre el castigo del delito de blanqueo de capitales, entendiendo que, en definitiva, casi sería mejor olvidarse de castigar estas conductas porque permiten el afloramiento y la inserción en el circuito legal del dinero de fondos aunque hayan sido obtenidos ilícitamente. No me parecen situaciones justas el permitir que un dinero obtenido ilícitamente se disfrute. Esto, el no perseguir el beneficio del delito, tiene la importante consecuencia de alentar la comisión de delitos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la delincuencia económica por su propia definición sustituye a un medio tradicional de obtener rendimientos, se opta por la vía delictiva. Si no perseguimos el beneficio del delito alentamos que se produzcan más actividades de tráfico de armas, de prostitución, de corrupción, etcétera...
Hacen falta más fiscales Anticorrupción?
-La respuesta es muy clara: por supuesto.
* La Opinión de Málaga - 26.12.10
Foto: López Caballero reclama más medios personales y materiales para luchar contra la corrupción urbanística. En la imagen, un instante de la entrevista celebrada en su despacho de la Ciudad de la Justicia - laopinion
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La Fiscalía pide dos años de cárcel para un empresario del corredor del Henares
ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Fiscalía del Área de Alcalá de Henares pide dos años de cárcel al administrador y representante legal de la entidad Hermanos Barral SL, por un delito contra la ordenación del territorio. Ecologistas en Acción está personado como acusación particular. Los hechos se refieren a una serie de construcciones realizadas por la empresa, en suelo no urbanizable espacialmente protegido en la finca La Fontaleda, en el término municipal de Loeches. En el año 2007 finalizaron las obras de varias construcciones, en el término municipal de Loeches, en la finca ”La Fontadela”, en terreno clasificado como No Urbanizable Especialmente protegido por su carácter Forestal. Las obras se realizaron sin autorización y causando un importante daño en la finca en la que existen especies protegidas catalogadas como en peligro de extinción, entre otros el Buho Real. Las construcciones realizadas son: 1º.- Una edificación para vivienda de dos alturas de aproximadamente 1.500 metros cuadrados. 2º.- Instalaciones de carácter deportivo (campo de fútbol, campo de minigolf, dos pistas de paddel y una pista de baloncesto). 3º.- Instalación móvil fijada al suelo mediante solera de hormigón. 4º.- Apertura de un camino.
Por consiguiente construcciones relacionadas entre si y dirigidas, todas ellas, a completar un proyecto edificador en conjunto que se pretende consolidar como zona deportiva y de ocio, con los correspondientes servicios de habitación y restauración.
El responsables de las obras es Ángel Barral Corral, que actuó en nombre de la entidad Hermanos Barral SL. Esta empresa desarrolla actividades de venta de vehículos de alta gama, medios de comunicación local, inmobiliarias construcción-promoción. Todo ello, en la zona del corredor del Henares, especialmente en Coslada.
Los hechos fueron denunciados inicialmente por los Agentes Forestales de la comarca y siguiéndose mediante Diligencias Previas en los juzgados instrucción de Arganda del Rey, que han culminado en la apertura de juicio oral. Ecologistas en Acción se personó como acusación particular en el procedimiento. Los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio (artículo 319 del Código Penal).
El Ministerio Fiscal solicita una condena de dos años de prisión y Ecologistas en Acción, actuando como acusación particular, solicita dos años y cuatro meses de prisión. Ambos piden la imposición de una multa de veintiocho meses con cuota de 50 euros día e inhabilitación especial por tiempo de cuatro meses para profesión, oficio, industria o comercio respecto de actividades relacionadas con la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente. Además de la demolición de todas las edificaciones, y la reparación del daño causado, dejando las parcelas como se encontraban antes de las construcciones. Además se pide la imposición de una fianza cautelar para el acusado de 50.000 euros, para cubrir las responsabilidades penales, civiles y de reparación del daño causado, a las que hubiera lugar mencionadas anteriormente.
* Ecologistas en Acción - 27.12.10
A Coruña.- El Tribunal de Cuentas investiga cómo se tramitó el mayor centro comercial
En enero de 2006, el entonces alcalde coruñés, Francisco Vázquez, anunciaba que Ikea se instalaría en la parcela, aunque la multinacional sueca no adquirió hasta medio año después los 24.000 metros en los que ahora se asienta su tienda en A Coruña. Cuatro meses más tarde, el pleno municipal aprobaba provisionalmente una modificación del Plan General de 1998, con la que creaba una normativa específica para las grandes áreas comerciales, la 9.3. Entre otras variaciones, elevaba tanto la altura máxima de edificación como la superficie construible de cada parcela, pasando de los 11,5 metros de altura y del 70% de la extensión total que rige la normativa 9.2 de los polígonos industriales-comerciales, a los 18 metros y al 80%, "pudiéndose alcanzar el 100% de la parcela".
En diciembre de 2007, otro acuerdo plenario concedía esa calificación 9.3 a la parcela adquirida por Invest, y a otros terrenos comprados en la zona por la sociedad a particulares. Entre las fincas adquiridas estaban las instalaciones de Herederos de Ignacio de la Iglesia (empresa propiedad de la familia política del alcalde) y media docena de fincas que esta última había ido comprando en estos años. El pleno suprimió además a esta zona la consideración de Área de Planeamiento Remitido (APR). Es decir, se pasaba de estimarla como objeto de una futura planificación, a la definitiva de suelo urbano consolidado, según el plan vigente (a pesar de que en parte eran monte o labradío). La APR de la zona tenía marcada como tope de edificabilidad la entonces existente: 13.492 metros cuadrados, según la ficha catastral. Suprimir la APR suponía concederle a la finca una edificabilidad de más de 220.000 metros cuadrados construidos.
Además del incremento de edificabilidad, el suelo urbano consolidado exime a los propietarios de la obligación de ceder al Ayuntamiento el suelo necesario para viales y servicios generales, así como zonas verdes y equipamientos, y de ceder también la plusvalía generada por el aprovechamiento urbanístico, alrededor del 10% de la superficie. Sin embargo, la parcela estaba atravesada por el trazado de la Tercera Ronda de la ciudad, y la consellería entonces dirigida por la socialista María José Caride se negó a costear el replanteamiento del proyecto y las reformas para evitar los previsibles atascos que produciría una afluencia de usuarios que los promotores cifraban en 15 millones de personas al año. Invest Cos (tres de los mayores empresarios de Galicia: Manuel Jove, José Collazo y José Souto) suscribió un convenio con el Ayuntamiento por el que se comprometía a sufragar la construcción de una glorieta elevada, con 1,3 millones para las expropiaciones y 4,9 para las obras. La obtención de los terrenos, sin embargo, costó finalmente a las arcas municipales 2,5 millones de euros, 1,2 más de lo pagó la promotora del centro comercial.
Retraso en los pagos
El convenio entre el Ayuntamiento coruñés e Invest Cos, promotora del centro comercial Marineda Plaza, establecía que el pago de las obras de la rotonda y de las expropiaciones se debería realizar antes de finales de 2008. Sin embargo, las Administraciones implicadas no parecían tenerlo muy claro.
El 8 de abril de 2009, Ayuntamiento y Consellería de Infraestructuras firmaron otro acuerdo por el cual el Gobierno municipal se comprometía a financiar el coste de la glorieta. Un año después, el alcalde, Javier Losada, ofrecía a la Xunta adelantar el dinero de una obra que debería haber cobrado año y pico antes. Con los trabajos adjudicados definitivamente desde agosto, el pasado marzo el conselleiro Agustín Hernández declaraba no haber recibido la aportación municipal, y Losada admitía no sólo no haber recibido los 4,9 millones, sino que aseguraba que Invest Cos sólo tendría que pagar una vez que se presentase el plan de obra.
Invest Cos sí había entregado en septiembre de 2009 los 1.375.000 euros para las expropiaciones (que el Ayuntamiento había aprobado en marzo por importe de 2.561.094 euros), pero no aportó los 4,9 millones para las obras hasta febrero de 2010, paralizando una investigación de la fiscalía sobre el incumplimiento del pago.
* El País - 27.12.10
Foto: Fachada del centro comercial Marineda Plaza, en A Coruña - elpais
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Exigen la nulidad del proceso del nuevo PGO de Santa Cruz
En sus críticas, Campos explica que “el acceso digital al PGO a través de la web del Ayuntamiento es imposible”. El portavoz de los opositores al planeamiento añade que “ni se puede consultar ni bajar el archivo, lo que confirma las intenciones ya denunciadas por la Plataforma y por la oposición en el Ayuntamiento, de que el grupo de gobierno quiere aprobar este Plan de cualquier forma y a cualquier precio”.
De todas formas, como según la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el plazo de alegaciones comenzó el 25 de diciembre y finalizará el 24 de enero, la Plataforma confirma que ofrecerá un servicio gratuito a la ciudadanía, para informar y facilitar que todos los vecinos puedan hacer alegaciones a este PGO. Para ello, pondrán a disposición una oficina en la calle Ramón y Cajal de la capital tinerfeña, que abrirá todos los días mañana y tarde y los sábados por la mañana.
"Chapuza"
Felipe Campos recordó en la emisora del Centro de la Cultura Popular Canaria que “todo el proceso de aprobación de este nuevo PGO es fruto de una auténtica chapuza”. Ésta, según el abogado, hace que el trámite sea “totalmente nulo”.
Entre otras irregularidades estaría que la Gerencia de Urbanismo “tendría que haber convocado el Consejo Rector con tiempo suficiente y facilitando a todos los grupos políticos del ayuntamiento la información completa y exhaustiva a aprobar”.
Entre los casos más llamativos descubiertos por los opositores destaca que el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, cuando controlaba el área, “se concedió a sí mismo una licencia de obra ilegal para construir dos plantas más en la Clínica Parque”. En esa época, explicó el abogado, “Parejo era dueño de este negocio sanitario, que pasó de seis a ocho plantas y posteriormente impulsó en la revisión del PGO la legalización de esa obra para poder quedarse con esas ocho plantas”.
* Canarias Ahora - 27.12.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com
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Oviedo.- Icomos intentará detener el derribo de San Isidoro 22
Fernández Salinas estuvo inspeccionando el edificio. “Está claro que no es un monumento, pero sí que es un elemento representativo del casco antiguo de Oviedo. Se estructura se encuentra en buen estado, tiene sus valores y su reconstrucción es un error”.
Por este motivo, adelanta, va a remitir el caso a diversas instancias, la primera será a la secretaría del Consejo Patrimonial de la Unesco, al Ministerio de Cultura, al Principado y mantendrá informado de sus movimientos al propio consistorio. Las posiciones de la Unesco son totalmente contrarias al modelo del Fontán que defiende el edil de Urbanismo, Alberto Mortera, y el PP. Fernández Salinas mantiene que, con este tipo de actuaciones, se pierde la esencia real del patrimonio arquitectónico de la ciudad “para recrear un falso patrimonio, que convierte al casco antiguo en una ciudad de mentira”. El asesor de la Unesco en España criticó duramente el denominado modelo del Fontán porque es tan sólo una recreación; “lo que al final se consigue es un parque de atracciones ficticio”.
Fernández Salinas conoce bien Oviedo; fue uno de los principales artífices para frenar, en el invierno de 2008, el proyecto de las tres torres de viviendas de 133 metros de altura en la parcela del Vasco.
* La Voz de Asturias - 27.12.10
Foto: Fachada de San Isidoro 22 - lavoz
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Un barrio de Huelva amenaza ruina
Portando un documento con decenas de fotos, explica las averías casa por casa. Las reparaciones más urgentes deberían dirigirse, según el portavoz vecinal, a tres viviendas: la de Molina, en la calle Nochebuena, y otras dos cercanas. "Se nos cae a trozos el techo. Las puertas se estropearon. No pego ojo pensando en cambiar los cubos de las goteras, en si pasará algo. Aquí no se puede vivir", se enfada el marido de Carmen, Luis A., de 55 años. El matrimonio lleva 30 en el domicilio de mínimas proporciones donde, en ocasiones, se juntan 16 familiares. "Las construcciones son de tiempos de Franco y nunca se han reformado", remacha muy serio.
Un técnico del Ayuntamiento las visitó hace un par de semanas. El PP municipal asegura que se está elaborando el preciso informe pero que, en ningún caso, la asistencia es "muy urgente". Reconocen, eso sí, un "problema importante de filtraciones" en "al menos tres viviendas", pero culpan al PSOE de Huelva de "usar a las familias" como arma política contra el Ayuntamiento. "No somos una chistera de donde sale dinero. Hay prioridades", sentencian desde la Gerencia de Urbanismo.
El partido socialista de Huelva, es cierto, no se muestra ajeno a la polémica y carga contra la "desastrosa gestión" del Ayuntamiento, con más de 300 millones de euros de deuda, y "con demasiadas goteras" a tapar en los presupuestos de 2011. El PSOE culpa al PP de no tener "ni un euro" para temas tan imprescindibles como este. Elena Tobar, portavoz municipal socialista, sostiene que son "cientos de personas" las que "malviven", mientras el alcalde "mira hacia otro lado". Tobar, que ha visitado el barrio varias veces, le reprocha el "lamentable" estado de conservación de las infraestructuras, "incluso algunas de ellas cercanas a un estado ruinoso, con el correspondiente peligro que supone para los habitantes". Por ello ha presentado varias mociones, la última, del 13 de diciembre, en la que insta al equipo de gobierno a emprender "de forma urgente" la rehabilitación integral de todas las viviendas.
La situación, opina el PSOE, contrasta con el programa de rehabilitación de la Junta de Andalucía en las viviendas del mismo barrio con titularidad autonómica y que sigue en marcha.
En la entrada de la casa de Carmen Molina, una foto gigante en la pared muestra la numerosa familia. Por encima de la imagen se apoyan numerosos cables que, según la mujer, han "sacado de la pared" para "evitar problemas" con el agua. Hipólito Molina, de 12 años, es uno de los nietos de Carmen y Luis. "Yo no me acerco a la cocina porque me dan calambrazos", salta encogiéndose de hombros y un tanto confuso. El abuelo señala al suelo y presume de haberlo arreglado él mismo, con su "propio dinerito". "Pero las cosas no son así", se indigna.
* El País - 27.12.10
Foto: Huelva, aérea - cacela-hispania
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Infraestructuras no ha ejecutado la mitad de los proyectos del presupuesto de 2010 en ferrocarriles
Algunas de las actuaciones retrasadas «sine die» son de calado y se retrasan desde 2007, como la línea 8 del Metrosud o tranvía de l´Horta Sud, que aparece todos los años en los presupuestos pero que no termina de arrancar. Aunque también se retrasan actuaciones en marcha como la estación de Hermanos Maristas, en la Línea 2 de Metrovalencia desde la calle Alicante hasta Natzaret, en la que estaba previsto realizar una inversión de casi 3 millones de euros pero hasta el 8 de noviembre (fecha en la que se elaboraron las respuestas) «no se han invertido cantidades en la actuación objeto de la pregunta», admite la conselleria.
De los 44,7 millones previstos se han invertido 31,9 millones pero, como sucede en años anteriores, el pago de obras ya finalizadas constituye una rémora para las cuentas de infraestructuras. En 2010 se ha tenido que afrontar el abono de 2,8 millones de euros de la conexión de la Línea 5 con el tranvía de la costa (otros 2,6 millones de las obras de la línea 5 Puerto-Aeropuerto también debían pagarse en 2010 pero a 8 de noviembre no se habían abonado porque según la conselleria, se había producido una «retención de crédito». Otros 14,4 millones (la partida más elevada de todas las previstas ) también se destinaron a la plataforma reservada de Castelló, el tramo UJI-Paseo Ribalta, también inaugurado en 2008.
De las obras en construcción, la Línea 5 del Aeropuerto de Manises a Riba-roja es la que más inversión ha recibido, aunque no se ha ejecutado al cien por cien. De los 3,5 millones de euros distribuidos en tres partidas la dirección general de Ferrocarriles había ejecutado 3,2 millones. La línea está previsto inaugurarla a finales de 2011 o principios de 2012.
«Estas son las credenciales de Camps tras la llegada del AVE»
«El presidente de la Generalitat ha dejado de ejecutar 32 actuaciones de transportes del presupuesto de este año», lamenta el portavoz de infraestructuras del PSPV en las Corts, Francesc Signes. Pero, además, recuerda que las cuentas para el próximo año tampoco son nada halagüeñas. «En los presupuestos de 2011, el Consell de Camps ha hecho desaparecer 31 proyectos de ferrocarril de los presupuestos del próximo año en el cual la provincia de Alicante recibirá cero euros para infraestructuras de transporte, Valencia 35 y Castelló 4,6 millones. Medio millón menos de lo que costarán al Consell los sobrecostes del aeropuerto de Castelló», critica el portavoz socialista de Infraestructuras.
Unas cifras que para Signes «no constituyen unas buenas credenciales de Camps tras la llegada del AVE a Valencia el pasado 18 de diciembre y que vienen a retratar la importancia que le da a las infraestructuras de transporte de nuestra comunidad, aunque eso sí, esta vez Camps se ha podido hacer la foto que no pudo hacerse en la campaña electoral de 2003, cuando apareció en las vallas electorales con el AVE Madrid-Sevilla detrás de su cara. Esta vez el AVE es real y ha sido ejecutado por el Gobierno socialista». «Un año el de 2003 —asegura Signes— negro para las infraestructuras de nuestra comunidad ya que fue cuando Aznar rechazó el corredor mediterráneo por cuestiones puramente políticas tal como ya sabíamos pero que ahora se ha encargado de recordar el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea».
* Levante - 27.12.10
Foto: Valencia, infraestructuras trenes abandonadas - rtve
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Legalizaciones urbanísticas
CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN* : Hace unos días, este periódico recogía unas declaraciones del fiscal especializado en materia de urbanismo en las que mostraba su perplejidad ante los "continuos cambios en la legislación urbanística", dado que ello "dificulta su trabajo diario", poniendo como ejemplo el caso del municipio lucense de Barreiros, en el que la Xunta está equipando una urbanización declarada ilegal. A ello añadía la paradoja que se produce en ocasiones en el ámbito urbanístico, en el que "desde el punto de vista penal se siguen unas actuaciones y desde el punto de vista político esa ilegalidad que la fiscalía persigue no se traduce en la demolición de la obra". Ante estas declaraciones conviene efectuar una serie de matizaciones. Ciertamente, es razonable que la fiscalía muestre su preocupación por los continuos cambios en la normativa urbanística, en la medida en que los delitos urbanísticos presuponen la realización de "obras no autorizables en el suelo no urbanizable" de conformidad con la normativa administrativa en materia de urbanismo; pero esta preocupación solo tiene sentido si va referida al momento presente y al futuro, y siempre que se aclare que el motivo de la preocupación reside exclusivamente en tener que estudiar a cada paso una nueva normativa para saber si existe delito o no.
Sin embargo, la preocupación carece de fundamento si nos referimos al pasado, es decir, a actuaciones penales que (como sucedió en el caso de Barreiros) la fiscalía emprendió en su día, por considerar que se habían concedido licencias para la construcción de edificaciones que infringían la normativa entonces vigente, al tratarse de suelo no urbanizable. En efecto, los evidentes indicios de delito de prevaricación urbanística, que llevaron acertadamente a la fiscalía provincial de Lugo a presentar una denuncia penal, permanecen inalterados, sin que en modo alguno se puedan ver afectados por la posterior decisión de la Xunta de legalizar la situación de Barreiros, a través de un convenio con el Ayuntamiento y la Diputación provincial.
Resulta muy claro, a mi juicio, que no tienen efecto retroactivo favorable las modificaciones de los planeamientos urbanísticos que conviertan en urbanizables terrenos en los que se había realizado una construcción delictiva, con arreglo a la normativa a la sazón vigente. Es cierto que hay que admitir siempre la aplicación retroactiva de la norma penal favorable al delincuente, pero esa retroactividad no tiene por qué aceptarse cuando se trata de normas extrapenales (en este caso, administrativas) a las que se remiten los delitos. En este caso el criterio que debe regir es el de determinar si la modificación en la normativa administrativa supone, o no, un cambio en la valoración de la conducta antes considerada delictiva que afecte a la esencia o al sustrato del delito (cambio que se produjo, por ejemplo, en el delito de insumisión al modificarse la normativa reguladora del servicio militar). Pues bien, parece claro que en las modificaciones de los planeamientos urbanísticos tiene lugar una mera variación del objeto material del delito (la calificación del suelo), producida tras su consumación, que no puede subsanar la lesión al bien jurídico de la ordenación del territorio ni alterar la valoración social del delito de construcción ilegal ya cometido (así, construir en zona verde seguirá lesionando siempre el bien jurídico, con independencia de que posteriormente la zona verde se convierta en edificable). De lo contrario, se llegaría, además, a la inadmisible conclusión de que quedaría en manos de las autoridades administrativas (fundamentalmente, las municipales) la eliminación de delitos previamente cometidos, vaciándose así de contenido, en la práctica, los delitos contra la ordenación del territorio.
Por idéntica razón, hay que rechazar que un cambio en la normativa administrativa pueda servir para eliminar retroactivamente la sanción penal por un delito de desobediencia a una orden de demolición, puesto que conviene recordar que, cuando no se ejecuta una orden de demolición de una obra ilegal dictada por la autoridad judicial, se comete indudablemente un delito del artículo 410 del Código penal. De ahí que lo único que debe preocupar a la fiscalía (y a todos los ciudadanos) en este punto es que muchos de quienes tienen encomendada la misión de perseguir y enjuiciar delitos no se hayan enterado todavía de que el citado delito de desobediencia existe de antiguo en nuestro Código.
* El País - Opinión - 27.12.10
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