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EXTRACONFIDENCIAL* : El litoral cántabro presenta un estado de conservación desigual, con tramos privilegiados que se alternan con otros donde predominan rasgos más propios de latitudes mediterráneas, con zonas costeras fuertemente urbanizadas, agresiones a espacios protegidos en el litoral y puertos deportivos que no han cesado de crecer. Las autoridades cántabras promocionan turísticamente esta provincia por sus valores naturales, paisajes espectaculares y sus playas de arena fina. Pero año tras año, la situación del litoral cántabro ha ido empeorando. La Administración autonómica ha actuado como uno de los principales agentes de esta degradación ya que ha ido fomentando su urbanización y la construcción desmedida de puertos deportivos.
El escaso valor que se le ha otorgado a la costa se ha traducido en políticas irracionales que han permitido desmanes urbanísticos en su litoral, auspiciados por la pasividad del Ministerio de Medio Ambiente, que tan sólo había delimitado el 10% del dominio público marítimo-terrestre de su costa hasta 2005 (17 años después de la aprobación de la Ley de Costas). El resultado: en 2008 se había rellenado con hormigón y desecado aproximadamente el 50% de los estuarios y zonas intermareales. De esta manera se ganó suelo al mar para usos agropecuarios, urbanísticos, industriales y para infraestructuras de transporte.
Urbanización desmesurada
La urbanización ha avanzado ligada especialmente al turismo residencial. En 2005 la construcción creció un 37% respecto al año anterior, concentrándose esta actividad en Santander, Piélagos o Castro Urdiales. Prácticamente en toda la costa cántabra, desde Castro Urdiales hasta San Vicente de la Barquera, se construyeron ese año viviendas destinadas al turismo residencial. La apertura de la autovía del Cantábrico y de varios tramos de la de La Meseta potenciaba las nuevas construcciones. Cuatro urbanizaciones, con campo de golf incluido, estaban ese año pendientes de aprobación en el litoral. Un año después, cerca del 20% de su primer kilómetro de costa ya estaba urbanizado y la tendencia continuaba a tenor de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) conocidos.
De hecho, en 2007 se proyectaron 51.576 viviendas en la costa. El elevado grado de ocupación se ha traducido en una reducción drástica de los espacios costeros, que se encuentran gravemente amenazados. Algunos municipios del litoral cántabro han emulado a los de la Costa del Sol y han urbanizado fuertemente su territorio, invadiendo la franja costera y espacios protegidos.
Sin protección adecuada
Teóricamente de los casi 300 kilómetros de costa que tiene Cantabria, 134 están protegidos. Pero la mayoría de estos espacios no han gozado de una protección adecuada y son numerosas las actividades humanas que les han afectado durante esta última década.
Algunos ejemplos del acoso que han sufrido las zonas protegidas, van desde los proyectos urbanísticos de hasta 350 chalés, un hotel de lujo y un campo de golf en San Vicente de la Barquera que han afectado al Parque Natural de Oyambre o la aprobación en 2002 de la construcción de 123 chalés en el Parque Natural de las Dunas de Liencres por la Comisión Regional de Urbanismo que vulneraban la Ley del Suelo y la de Costas.
A mediados de 2009, como resultado de esta urbanización de espacios protegidos o en lugares donde los intereses privados han primado sobre el interés general, así cuatro de los seis Espacios Naturales Protegidos de la costa estaban amenazados por la construcción de 400 viviendas, dos puertos, un campo de golf, un polígono industrial y un parque temático.
Más de 1.000 viviendas ilegales
Las construcciones en espacios protegidos no son más que un reflejo de la urbanización salvaje, plagada de violaciones a la legalidad ambiental del litoral de Cantabria. Prueba de ello es que, en sus 284 kilómetros de costa, se acumulan más de un millar de viviendas con sentencias de derribo por ilegalidades medioambientales. Los planes de urbanización masiva, que alcanzaban su cénit en 2007, iban acompañados de la ilegalización de muchas viviendas. Durante ese año, el urbanismo en Cantabria estuvo salpicado de sentencias que ilegalizaban diferentes promociones urbanísticas en Arnuero (144 viviendas), Argoños (274 chalés en diez urbanizaciones), Escalante (un bloque de 32 pisos), Miengo (un bloque de 20 apartamentos), Piélagos (88 chalés en cuatro urbanizaciones, 398 viviendas en el Alto del Cuco). En San Vicente de la Barquera una sentencia del Tribunal Supremo confirmaba la ilegalidad del Plan Parcial de Santa Marina para construir 350 viviendas y un hotel dentro del Parque Natural de Oyambre, que finalmente no llegaron a hacerse. También en la playa de Usgo (Miengo) el Supremo impidió la construcción de 253 viviendas. Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anuló un plan parcial para urbanizar terrenos incluidos en la zona de protección del litoral del Plan de Ordenación del Litoral en Cabo de Ajo.
De poco o nada sirven estas sentencias, como demuestra el caso del Parque Natural de Oyambre. A pesar de que en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó un nuevo deslinde que declaraba ilegal el campo de golf construido sobre las dunas del Parque Natural, el campo sigue plenamente operativo en 2010. El Gobierno regional no hace nada por perseguir estos hechos y castigarlos con contundencia.
Pero el de las dunas de Oyambre no es el único caso. En 2006 varias sentencias del Tribunal Supremo anularon los PGOU de Alfoz de Lloredo, de Santa Cruz de Bezana, Polanco y de Colindres, entre otros. Sin embargo, ayuntamientos como el de Piélagos, con 500 viviendas con sentencia de derribo, se niegan a cumplir con la Justicia. En 1998 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) promulgó contra este consistorio una sentencia firme, ratificada en 2002 por el Tribunal Supremo. Recientemente, un auto del TSJC exigía al alcalde que en el plazo de seis meses concluyese la demolición de 17 chalés construidos a 20 metros de la playa de Cerrias (Liencres) y que incumplían todos los requisitos que exige la Ley del Suelo. El auto advierte de que, de lo contrario, imputará al alcalde por delito de desobediencia y se impondrán multas coercitivas.
En 2004 se aprobó el Plan de Ordenación del Litoral (POL) de Cantabria, que pretendía poner freno a esta destrucción y a la especulación urbanística, especialmente patente en el litoral occidental. El POL afecta a una tercera parte de la comunidad autónoma, 37 municipios costeros que soportan una gran presión demográfica y urbanística debido a su carácter turístico. Pero no ha puesto fin a la destrucción. La franja costera necesita un plan de protección que vaya más allá de la ordenación urbanística y conceda el valor adecuado a los espacios costeros. Este plan ha permitido todo tipo de usos y construcciones: paseos marítimos; instalaciones deportivas y de ocio; campos de golf; naves industriales; carreteras… Paradójicamente, justo antes de su aprobación, el Gobierno de Cantabria planteó la creación de más de 3.500 nuevos atraques deportivos repartidos.
Puertos deportivos
Los puertos, que actúan como auténticas barreras impidiendo la deposición de la arena en las playas, han sido y son una fuente de contaminación constante.
Cuando en 2005 el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias se encontraba en fase inicial de redacción, ya preveía la construcción de casi 4.000 amarres, sin estudio alguno que justificase tanta infraestructura. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente informó entonces de los riesgos ambientales y económicos del plan, cuyas principales actuaciones se concretaron en Laredo, Castro Urdiales, Santoña, Colindres, Pedreña, Suances, San Vicente de la Barquera y Comillas. Es decir, el plan contemplaba la ejecución de obras cuyos trámites administrativos comenzaron antes de su publicación (como en el caso de Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera), o de obras ya licitadas (como las de Laredo), sin esperar a que se resolviese el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental del conjunto del plan en aplicación de la Ley 9/2006. En 2009, tras la construcción de muchos de estos atraques, se anunció una nueva inversión de 266 millones de euros de dinero público en unas infraestructuras de uso minoritario.
Estos datos deberían hacer reflexionar primero y actuar en consecuencia después para emprender nuevas actuaciones en el litoral ya que una de las mayores amenazas para el litoral cántabro es el cambio climático. Según un estudio publicado en 2007 por la Universidad de Cantabria para el Ministerio de Medio Ambiente, una de cada cinco playas cántabras desaparecerá como consecuencia del ascenso del nivel del mar debido al cambio climático. Se trata de las playas denominadas confinadas y que están limitadas por acantilados o estructuras artificiales (paseos marítimos, diques, espigones) que restringen o impiden su desplazamiento hacia el interior o a los lados. En longitud de costa, esta pérdida se traduce en 12,15 kilómetros, más del 46% de los 23,37 kilómetros de playas que tras estos años de destrucción deben amortiguar la subida del nivel del mar.
* ExtraConfidencial - 21.07.10
Foto: Piélagos (Cantabria), Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com
Cantabria ha urbanizado o desecado la mitad de los estuarios y zonas intermareales
Pontevedra.- El Tribunal Superior amplía las imputaciones en el 'caso Hernández'
ELPAÍS* : La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha descartado cerrar el caso que instruye por la obra de la variante de Lira (Salvaterra) que la Diputación de Pontevedra certificó y dio por acabada cuando apenas habían comenzado los trabajos y que ha llevado al juez a imputar, entre otros, al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, director de infraestructuras en aquel momento en la institución provincial.
En un auto firmado el pasado 16 de julio, el juez no sólo se niega a cerrar el caso (tal y como pidió la defensa) sino que estima que faltan pruebas por practicar para concluir la instrucción. También decide ampliar la denuncia a dos de las personas a las que había tomado declaración como testigos. Se trata de Pablo Montero Carrera, técnico de la Diputación de Pontevedra, y Juan Sánchez González, director técnico de Sercoysa, adjudicataria de la obra. El tribunal toma esta decisión al entender que "pueden existir indicios de criminalidad" derivados de su actuación en este caso.
Con este auto, son ya tres los cargos de la Diputación de Pontevedra imputados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tras la denuncia presentada por el PSdeG, que calificó de fraude la certificación de una obra inacabada que el ente provincial había adjudicado a Sercoysa, una de las firmas en las que había trabajado Hernández, cuanto éste era alto cargo de esta institución.
Además del propio conselleiro, está imputado Baltasar Pujales, ingeniero de la Diputación que, en su declaración ante el juez, exculpó a Hernández y asumió como propia la certificación de la infraestructura. La Consellería de Medio Ambiente evitó hacer comentarios y se limitó a subrayar que respeta la decisión judicial.Desde que denunció el caso de la obra de Salvaterra en los tribunales, la oposición de PSdeG y Bloque ha reclamado insistentemente a Feijóo que destituya a Agustín Hernández, hombre de la máxima confianza del presidente y que dirige tres carteras fundamentales en la Xunta -Medio Ambiente, Territorio, Infraestructuras-, a las que suma las competencias sobre vivienda. Esa petición se convirtió en exigencia, tan pronto como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia imputó al conselleiro.
El martes durante el debate monográfico sobre la crisis en el Parlamento, el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, además de reclamar su cese, pidió una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de su departamento. No es, en todo caso, la única pieza que pretende cobrarse el jefe de la oposición, que en la misma sesión exigió a Feijóo un cambio de Gobierno.
Ayer, durante la visita guiada a la Cidade da Cultura, el portavoz parlamentario del PSdeG, Ismael Fernández Leiceaga, recordó que las destituciones que pide su partido son las del titular de Economía, Javier Guerra; Traballo, Beatriz Mato; Sanidade, Pilar Farjas, además de la de Hernández. A este último le acusa este partido de favorecer a la empresa Puentes y Contratas, en la que el conselleiro también trabajó como directivo, adjudicándole la variante de Noia, pese a haber presentado la segunda oferta más cara de las 20 que optaban a hacer la obra.
"Ajustadas a Derecho"
Ayer mismo el propio Hernández, en declaraciones a los medios, alegó que todos los concursos que realiza su departamento se ajustan a Derecho y "a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del sector público". Hernández insistió en que sus adjudicaciónes "persiguen que las obras se hagan". Una velada crítica a la gestión del bipartito que vio como la adjudicataria de la autovía Carballo-Berdoias tuvo que desistir dejando sin empezar la infraestructura.
El conselleiro explicó que el procedimiento que sigue su departamento es "fruto de una reflexión a petición, entre otros, del sector de la construcción". Hernández argumentó que "lo que no podía producirse [en la obra pública que adjudica la Xunta de Galicia] es que se adjudicaran obras con bajas descomunales y que luego acaban paralizadas" por la incapacidad de la empresa para acometerlas.
* El País - 2.07.10
Foto: Pontevedra, Diputación provincial - turgalicia.es
Este juzgado es una ruina
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ELPAÍS/Alicante* : "Me he ido a mi casa al aseo. Si tienen alguna necesidad, el bar más cerca está enfrente", reza un cartel a la entrada de los juzgados de La Vila Joiosa, en el centro de la ciudad, para escenificar la esperpéntica realidad de su Palau de Justicia. Más de 30 grados en la mayoría de estancias, ventiladores por doquier, ausencia de papel de oficio para trámites ordinarios y problemas con los medios materiales del archivo o con el equipamiento técnico, que no admite la posibilidad de trabajar con varios programas a la vez, son la realidad diaria en los juzgados de Dénia, Benidorm y La Vila Joiosa.
La empresa asturiana de artes gráficas que provee a los juzgados valencianos ha cortado el suministro, y así sucesivamente.
"Empieza a haber un problema de higiene, que puede acabar siendo sanitario", dice Diego Beltrán, delegado sindical de CC OO. Y para evitar males mayores, los funcionarios han comenzado a hacer derramas con las que consiguen comprar papel higiénico y productos que luego proporcionan al personal encargado de la limpieza, huérfano de cualquier otra cosa que no sea el agua corriente como consecuencia de los impagos de la consejería a la empresa subcontratada para realizar las tareas diarias. Los funcionaros han llegado a sacar las bolsas de basura.
Funcionarios, jueces y sindicatos han puesto límite a la situación de los juzgados de las dos Marinas: los de Dénia, Benidorm y La Vila Joiosa. CC OO ha presentado un escrito de denuncia en la Inspección de Trabajo, la Consejería de Sanidad, el ministerio del ramo y la Dirección General de Justicia que pone de manifiesto las deficiencias de seguridad y salud de estas tres sedes judiciales alicantinas, "aunque la situación es extrapolable y ha sido denunciada públicamente en otras ciudades de la Comunidad Valenciana, como Valencia o Elche", según explica Beltrán.
El texto de la denuncia lo dice todo. "Las deficiencias comenzaron con la falta de material fungible para limpieza, que comenzó a realizarse exclusivamente con agua. A la ausencia de detergentes se ha unido la falta de reposición de papel higiénico y bolsas de basura en las papeleras y, últimamente, en las ubicadas en los aseos". Y sigue: "La acumulación de desperdicios está siendo continua y proporcional a la acumulación de olores, agravado por la circunstancia de que el 90% de estas estancias judiciales carece de aire acondicionado o no funciona".El comité de Seguridad y Salud de los juzgados, que agrupa a los sindicatos y la Consejería de Justicia, se reunió hace tres semanas, aunque los representantes sindicales llevan desde marzo reclamando que se resuelva esta situación. "Esta situación ha sido expuesta reiteradamente desde que comenzaron las deficiencias descritas, sin que se haya adoptado medida alguna", denuncia CC OO.
UGT ha convocado para mañana una pitada y una concentración de 10 minutos a las puertas de los juzgados de Benidorm para protestar por la obsolescencia del sistema informático de la sede, la temperatura en las oficinas, la falta de formación de los trabajadores y la carencia de medios materiales, como el papel o los propios de la gestión de la oficina.
Los problemas presupuestarios de la consejería afectan incluso a los vigilantes, miembros de la Guardia Civil. Algunos de ellos todavía van con el pantalón de invierno porque no se les suministra equipamiento adecuado para esta época del año. Y los pequeños proveedores de los juzgados han cortado el suministro, dado que no cobran las facturas atrasadas.
Protestas generalizadas
Las protestas van camino de generalizarse. Los empleados de Clece, SA, que lleva el servicio de limpieza de los juzgados de Elx, han denunciado que la consejería no paga desde hace dos años los servicios que prestan y que, en consecuencia, esta mercantil hace cinco meses que se retrasa en el pago de las nóminas de sus trabajadores. En la misma situación se encuentran los empleados de la sede de Dénia. Además, los juzgados han sido obligados a abastecerse de papel en blanco para hacer fotocopias del papel de oficio de los presupuestos trimestrales que se destinaban a otras necesidades.
Pero los problemas no complican únicamente el día a día de este colectivo de trabajadores. La precaria situación presupuestaria que atraviesa la Consejería de Justicia ha afectado también a los jueces y los abogados que cubren el turno de oficio. El 60,1% de los titulares judiciales secundó una huelga de la Administración de Justicia en el año 2009, que luego se tradujo en otra huelga de celo, realizada en febrero del año pasado. Mientras, los letrados del turno de oficio, que ahora están al día en la percepción de sus servicios, llegaron a cobrar con seis meses de retraso, lo que se tradujo en diferentes manifestaciones en Valencia, Dénia o L'Alfàs del Pi.
* El País - 22.07.10
Foto: Una de las ventanillas del juzgado de La Vila Joiosa, con un cartel alusivo a la ausencia de aseos en los locales - elpais.com
Salvemos El Palmar: No queremos turismo de muros de hormigón
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CANALSOLIDARIO/Cádiz* : Ecologistas en Accion y la plataforma Salvar El Palmar continúan su lucha contra el proyecto hotelero que planean construir en esta zona de turismo ecológico y rural, lo que destruirá una de las pocas playas vírgenes que quedan del litoral gaditano. Hablamos con Lola Illescas, responsable de Ecologistas en Accion en la provincia de Cádiz, acerca del problema que supone esta construcción que afectará tanto al litoral como al turismo de la zona.
¿Por qué se ha ganado este año El Palmar la bandera negra?
“Banderas negras” es una campaña anual sobre la situación del litoral (arena, mar, medio ambiente…). Analizamos todo el ecosistema playero y la situación urbanística. Cada año ponemos una bandera negra y este año ha sido la de El Palmar, una playa casi virgen que tiene un proyecto de construcción, entonces se acabó la playa. Ese litoral se lo cargan.
¿Cómo se ha llegado al punto en el que se encuentra el macro proyecto hotelero en la playa de El Palmar?
Esto se ha seguido desde hace años. Es un tema muy mal hecho. Empieza en los años noventa, aparece un empresario y ve la zona, habla con el ayuntamiento y se inicia la modificación para convertirlo en urbanizable, aprobada esta modificación en 2005. Después este mismo empresario mallorquín presenta el proyecto hotelero y cuando parece que esta todo resulta que en 2007 este empresario desaparece. El ayuntamiento se queda compuesto con un urbanismo “a la carta”. Así estamos hasta octubre del 2009, cuando una promotora compra el territorio y pretende retomar el proyecto antiguo. Empieza a decir que van a ponerlo en marcha en 2010. Se lanza la plataforma en todo el estado, incluso en Facebook, y se empiezan a hacer cosas. Salvarelpalmar y Ecologistas en Acción nos asociamos pero no encontramos el plan parcial anterior, encontrándonos con que no está aprobado habiendo incluso una denuncia por parte de la Junta de Andalucía. Cuando sacamos esto hemos hecho que se retrase e incluso el plan parcial no se ha publicado. El alcalde sigue diciendo que se va a realizar. Han venido parlamentarios del PSOE a hablar con el alcalde y tiran para adelante. Es lamentable porque es de las últimas playas que quedan virgen. Muchas personas vienen exclusivamente y quieren hacer unas instalaciones para turistas cuando son los propios turistas los que se oponen.
¿Qué supondría conseguir la figura de paisaje protegido para la playa de El Palmar?
No queremos solo dar un mensaje negativo. Se puede hacer un desarrollo lo que pasa que está haciéndose casi al margen de la ley. Pedimos a la administración que cuide y fomente lo que ya tiene éxito. La zona de El Palmar esta aún sin urbanizar pero los hoteles ya tienen el carácter urbanizable y todavía no se ha solucionado ese problema, pero el del hotel si se ha solucionado rápido. Pedimos un turismo que no sea de muros de hormigón detrás de la playa, no queremos un turismo de mamotretos.
¿Dónde va destinado el dinero que cubre la regeneración de las playas y obras en las costas?
Nosotros no queremos que el dinero se invierta en regenerar la arena, hay que dejar el curso natural, las playas del atlántico son inestables pero tiene que seguir su ciclo y no intervenir con un dinero que puede ser destinado a otros fines como arreglar todos los desperfectos, todo lo que han estropeado en el litoral.
¿Cómo puede la gente luchar por conservar estos recursos naturales y culturales para continuar con un turismo más ecológico y rural?
Debe hacerse con educación y conocimiento. Que no nos engañe la clase política. No crean apenas puestos de trabajo, son estacionales, precarios y de bajo nivel porque los cargos importantes los trae la empresa. De los grandes hoteles la mayoría cierran en invierno, lo que fomenta los contratos exclusivamente temporales. Damos el territorio para una mano o dos que son quienes se llevan las plusvalías. Con el plan que proponemos en nuestra campaña, el dinero se queda en la zona. Queremos un ciudadano que sepa observar y piense por sí mismo. La gente lucha por lo que tiene calidad, El Palmar es excepcional, no lo tiene nadie, y eso sí que es valor añadido. Lo tiene nuestro litoral, y no un hotel que lo encuentras en cualquier lado.
* Canal Solidario - 22.07.10
Foto: Jccalvob en Flickr
El juez cita a declarar a tres nuevos imputados en el 'caso Gürtel' en Madrid
20MINUTOS* : El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 9 de septiembre en calidad de imputados a dos empresarios y un funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda, por los supuestos delitos de cohecho, falsedad y fraude fiscal. Una de las personas a las que Pedreira ha citado a declarar como imputado es el empresario Rafael Naranjo Anegón, presidente de la empresa Sufi S.A., que en el año 2002, cuando el también imputado Alberto López Viejo era concejal de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid, resultó adjudicataria de la gestión de dicho servicio en el distrito madrileño de Moratalaz.
En un auto, el juez indica que de las investigaciones practicadas se deduce que Naranjo podría haber pagado a la organización de Correa una "comisión" de 1.232.074 euros -un tres por ciento del total de la adjudicación- "por su intermediación ante un cargo público con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid" y con capacidad para adjudicar contratos públicos.
Pagos para obtener adjudicaciones
El juez le imputa un delito de cohecho continuado "al constar numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades por mediación de Francisco Correa" para obtener adjudicaciones de contratos para la empresa Sufi S.A..
Pedreira también ha imputado por posible cooperación en un delito de prevaricación a Luis Valor San Román, ex director del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda, por su intervención en la adjudicación del contrato de la Oficina de Atención al Ciudadano de Majadahonda a la empresa de Correa Technology Consulting Management.
El tercer imputado, en este caso por falsedad y cooperación en un delito de fraude fiscal, es José Luis Cortés Bañares, que aparece como emisor de facturas a diferentes empresas de la red Gürtel por supuestos servicios de asistencia informática.
* 20 Minutos - EFE - 21.07.10
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Barcelona.- La trama de Ciutat Vella pidió en un día 661 licencias para pisos turísticos
ELPAÍS* : El 31 de diciembre de 2006 entraron en el registro de Ciutat Vella 675 solicitudes de licencia de apartamentos turísticos. De ellas, 661 llevaban la firma del mismo ingeniero, Joaquín Quílez, imputado en una trama de corrupción junto con dos ex funcionarios del distrito: Heliodoro Lozano, director de licencias y espacio público, y Elena Ariza, que fue secretaria jurídica, entre otros cargos. En la causa también están involucrados 25 empresarios -que declararon ante los Mossos- y tanto Quílez como Lozano estuvieron en prisión preventiva.
Lo que investiga el juzgado es una trama de sobornos de empresarios al intermediario -el ingeniero Quílez- y de este a los funcionarios municipales con la misma finalidad: facilitar la tramitación de licencias, acelerar los tiempos habituales de la Administración o, sencillamente, evitar las inspecciones que hubieran puesto al descubierto las irregularidades. La relación entre Quílez y Lozano no se limitaba a la motivada por los apartamentos turísticos, explican fuentes municipales.
El 31 de diciembre de 2006 finalizaba el plazo para solicitar las licencias de apartamentos turísticos en aplicación del plan de usos aprobado en junio de 2005, que pretendía acotar esa actividad en un distrito que se vio desbordado. Hasta aquel momento, los apartamentos habían funcionado sin ningún tipo de requisito porque no existía normativa. La licencia para operar como apartamento turístico era de cambio de usos y suponía cumplir unos requisitos. Quien no los cumpliese estaba obligado a restituir el uso anterior: vivienda. La presentación en bloque de 675 solicitudes colapsó las oficinas, que quedaron completamente desbordadas. Esas solicitudes de licencias -de obras mayores- tienen un plazo para ser contestadas: tres meses, pero no pudo ser cumplido y, en consecuencia, todos los apartamentos siguieron funcionando por silencio administrativo. Todo ello ocurrió en una época de mudanza, con las elecciones municipales en mayo de 2007 y la posterior formación de gobierno. Itziar González, que fue edil de Ciutat Vella, se encontró con un fenomenal lío de licencias en espera y con un ingeniero (Quílez) que se movía por las oficinas "como Pedro por su casa", en expresión de un responsable de ese mismo distrito. Lozano -trasladado a Urbanismo- fue sustituido por otro director de licencias de confianza de la edil. Fue a partir de ese momento -primavera de 2008- cuando se empezaron a revisar las licencias de los apartamentos.
En esas comprobaciones, se observó que muchos de los expedientes que llevaban la firma del despacho de ingeniería de Quílez adolecían de carencias en la documentación. Algunos tuvieron que ser literalmente reconstruidos. A veces, las obras que se presentaban no se correspondían con las ejecutadas, explicaron fuentes municipales.
Las inspecciones de los apartamentos -con Lozano ya fuera del distrito- supusieron la denegación de permiso a 218. Muchos de ellos, no obstante, siguen operando.
* El País - 21.07.10
Foto: Barcelona, ayuntamiento - idg.es
El urbanismo depredador
LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN DE LA RIVA* : Los urbanistas modernos son los peores depredadores de las ciudades. Todos ellos, con alguna rara excepción, han planificado las ciudades y los entornos urbanos sin pensar en los habitantes, sin comprender nada acerca de las complejidades hoy de lo urbano. La ciudad hodierna, degradada, desequilibrada, con su centro antiguo moribundo, despoblado de personas (o, en todo caso, habitado por clochards u homeless) y asediado por el tráfico rodado, y la periferia expandiéndose, monstruosa y anárquicamente, mientras que los polígonos industriales y los macrocentros comerciales devoran inexorablemente el campo, es el paisaje apocalíptico que el hombre de hoy contempla apesadumbrado y desazonado dentro de su ya inquietante alienación.
¿Qué es lo que han hecho (¿o quizás lo que no han hecho?) los urbanistas modernos? Simplemente, confundirse y confundirlo todo. No han sabido actuar con prudencia y delicadeza a la hora de diseñar una planificación urbana eficaz y a la medida del hombre. No han sabido afrontar con acierto el fenómeno del urbanismo postmoderno. No han sabido encauzar el megadesarrollo del tráfico privado. Se han convertido en unos bufones al servicio del poder político y al albur incierto del ¿libre o intervenido? mercado, altamente especulativo en el campo de la vivienda y el desarrollo urbano.
El resultado es deprimente. Es el triunfo del "no lugar", donde la ciudad ya no existe más, sustituida por aglomerados urbanos sin orden ni concierto y pavorosamente idénticos en cualquier lugar del planeta. Parece como si las ciudades hubieran dejado de tener alma, señas de identidad. Se ha pasado del concepto clásico de la polis griega o de la ciudad-estado medieval a la concepción ultramoderna de la megalópolis, exhibida proféticamente en esa legendaria joya cinematográfica titulada Metrópolis, distopía futurista del cineasta racional-expresionista alemán, Fritz Lang.
Todo este caos, toda esta tragedia urbanística acaece a partir de mediados del siglo XX, en que el urbanista se convierte en sumo sacerdote, casi en oráculo, en figura demiúrgica de la postmodernidad arquitectónica. Este "nuevo orden" del urbanismo, fundado por grandes popes como Gropius o Le Corbusier, ha devenido en soberbia demiúrgica, carente de la más mínima humildad. Los urbanistas ensoberbecidos han elaborado fantásticos proyectos sobre los planos sin contar con los actores principales, las personas. Y esta es la tragedia, sobre todo si comparamos sus proyectos con los de los grandes maestros y creadores de las ciudades del pasado. Como Borromini, creador de la inmortal Roma barroca, o el Barón de Haussmann, artífice genial de la neoclásica Ville Lumière, la imperecedera París.
A finales de la década de los 50 del siglo XX, comienza en Europa y también en nuestra patria, el boom inmobiliario. Fueron los años del desarrollismo y de las grandes emigraciones del campo a las ciudades que hicieron que las periferias urbanas crecieran desaforadamente, sin mesura, sin orden ni control, alrededor del viejo casco de la ciudad histórica. Pero el crecimiento demográfico se ralentizó en gran medida (casi se interrumpió) y los urbanistas continuaron diseñando alocadamente y proyectando planos expansivos como si el crecimiento de las ciudades fuera infinito. La población de las ciudades españolas más importantes, en los últimos cincuenta años, ha crecido de promedio entre el 30-50%, mientras que el tamaño de las ciudades creció sobre el 500 %.
¿Fue la especulación o el bienestar de los ciudadanos los que hicieron crecer exponencialmente las ciudades? Es cierto que el nivel de vida de nuestros compatriotas ha cambiado a mejor desde la era de Franco hasta nuestros días. En la España franquista se vivía estrechamente, sin lujos, con escasos servicios higiénicos, tanto en las casas pobres como en muchas grandes mansiones. Mientras que hoy tenemos dos o tres baños (los nouveaux riches más de veinte) en cualquier casa, e, incluso, mucha gente es propietaria de dos o tres casas en diferentes lugares. Mas a pesar de todo, el cambio no ha sido para bien, ya que hemos perdido la ciudad.
Pero, ¿qué ciudad hemos perdido? ¿La que hoy denominamos el centro histórico? Este concepto de centro o casco histórico es falso. Cuando hablamos de ciudad, hablamos de la que era antes de haber perdido su característica fundamental de lugar de pertenencia y de identificación. De la que se articulaba en torno a la parroquia, la ciudad de la vecindad, de las plazas, de los barrios que constituían pequeñas, vividas y vibrantes comunidades, de los niños que podían jugar y merendar en la calle. Esta ciudad, hoy llamada "centro histórico", está articulada por entidades financieras y negocios fashion de lujo, por un consumo insaciable de día y por un desierto inquietante de tarde-noche, mientras la población se amontona en las banlieues colmeneras o en los condominios lujosos con seguridad privada.
No hay que construir más. Hemos devorado demasiado terreno alegremente. Hay que dejar de construir nuevos barrios de bloques estalinistas uniformes, nuevos polígonos industriales o nuevas urbanizaciones del "quiero y no puedo". Hay que empezar sin demora a reutilizar lo existente, las antiguas fábricas, las vetustas naves, los abandonados cuarteles, hay que recalificar los barrios degradados o despoblados. Hemos de transformar la periferia en centro y volver a dotar las metrópolis con su verdadero significado que no es siempre el de ciudad más grande, sino el de ciudad madre de la propia ciudad.
* LUIS SÁNCHEZ DE MOVELLÁN DE LA RIVA | DOCTOR EN DERECHO. ABOGADO Y ESCRITOR
* El Diario Montañés - Opinión - 21.07.10
Foto: Viñeta urbanismo depredador - J. Ibarrola (eldiariomontanes.es)
Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra
LEVANTE/Castelló* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado quince años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargo público para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública. Así consta en el escrito de calificación que el fiscal ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Nules, que el pasado 1 de julio decidió continuar el procedimiento abierto contra Fabra, su esposa, María Amparo Fernández Blanes; el empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives Plaja.
El fiscal pide también cuatro años de cárcel para Vilar y su ex mujer y ocho para la esposa de Carlos Fabra por fraude fiscal. Además, solicita para el presidente de la Diputación de Castellón diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa total de 2.330.000 euros por cinco delitos de fraude fiscal y uno de cohecho continuado.
Carlos Fabra tenía previsto antes de que se hiciera pública la petición de la Fiscalía esta mañana, reaparecer hoy mismo de la mano de su esposa, María Amparo Fernández, en la inauguración de la nueva sede de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castelló.
En el caso de Fernández Blanes, el fiscal pide una multa de 1.186.000 euros por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, mientras que para Vilar y Vives Plaja solicita una sanción económica de 600.000 euros.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios.
A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, y tras ello el juez acordó que se investigaran sus cuentas desde ese año hasta 2004.
En su escrito de acusación, Anticorrupción explica que las presuntas actuaciones delictivas de Fabra se produjeron entre 1999 y 2002, "constando diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos" de los citados Ministerios y de las Cortes Generales.
Así, relata que en 1999, Vilar y su esposa, administradores de la empresa Naranjax SL, se pusieron en contacto con Fabra para que "valiéndose" de su cargo y de sus contactos intermediara para agilizar la obtención de autorizaciones para fabricar y comercializar fitosanitarios.
La Fiscalía señala que el día 12 de julio de 1999 Fabra mantuvo una reunión con el entonces ministro de Agricultura Jesús Posadas, el ex secretario de Hacienda y diputado del PP Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Vicente Prim, en la que se abordó la solicitud de Vilar.
El 18 de octubre de ese año, la empresa de Vilar obtuvo la licencia para comercializar los productos, tras lo que Fabra le pidió que le pagara 25 millones de pesetas.
Posteriormente, en diciembre de 1999 Montserrat Vives y María Amparo Fernández adquirieron la empresa Artemis 2000, que carecía de actividad y trabajadores y era titular de los productos registrados ante el Ministerio de Agricultura que distribuía Naranjax S.L.
Tras la constitución de esta sociedad,-continúa el fiscal-, Fabra siguió intermediando ante diversas autoridades en favor de las empresas de Vilar y Vives y la de su esposa.
"Esta tarea de intermediación en todo momento estuvo dirigida a conseguir una mayor agilización en la concesión de licencias" para las citadas sociedades, según el fiscal, que añade que para ello Fabra se valió de sus relaciones con el senador Miguel Vicente Prim y con el entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez.
Fabra llegó a mantener reuniones con ese mismo objetivo con el ex director del gabinete de presidencia Alfredo Timermmans y con la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos.
En el año 2000 el presidente de la Diputación de Castellón constituyó otra sociedad (Camarcas SL), que utilizó parte de su facturación para ocultar los pagos realizados por Vilar.
Respecto al fraude fiscal, Anticorrupción afirma que entre 1994 y 2004, Fabra y su esposa tuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda y que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta que declararon.
Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del presidente de la Diputación de Castellón, y más de 580.000 por parte de Fernández Blanes.
* Levante-emv - EFE - 21.07.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elmundo.es
Fuengirola, el consistorio menos transparente de España según una ONG
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MÁLAGAHOY* : Fuengirola es el municipio menos transparente de toda España, según un análisis realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI), del que es patrono vitalicio Antonio Garrigues Walker, en el que se analizan aspectos como la opacidad en la información que se ofrece sobre la corporación municipal, las relaciones con los ciudadanos, la transparencia en la gestión económica, las contrataciones y servicios y el urbanismo y las obras públicas.
Aunque Fuengirola no aportó información oficial a TI para elaborar el estudio, de los 110 sometidos a observación en toda España ha conseguido el último puesto en la categoría de información sobre la corporación municipal (15,8 puntos sobre 100), relaciones con los ciudadanos (22 puntos) y transparencia económica (cero puntos). En cambio, sí ha logrado remontar hasta los puestos 68 y 99 en claridad en sus contrataciones y servicios y en urbanismo y obras públicas con con 57 y 41 puntos.
La concejal de Economía de Fuengirola, Justina Martín, explicó ayer que TI solicitó una gran cantidad de información "sin justificación", por lo que al desconocer la identidad de esta organización se pidió al área de Intervención que decidiera si facilitar o no dichos documentos. Finalmente se resolvió que se trata de una empresa privada de la que "se desconocen sus fines o para qué va a emplear la información solicitada", por lo que desde este servicio municipal se decidió que no se podía dar toda esa documentación a empresas privadas. "Nunca se ha dado la información a esta empresa, por lo que no sabemos en qué se basan para situarnos en el último lugar, ya que no cuentan con documentación para ello", ultimó la edil.
El Ayuntamiento de Málaga ocupa el undécimo puesto en la clasificación global y resalta especialmente en las categorías de transparencia en las contrataciones y servicios y en urbanismo, donde ocupa el primer puesto con un 100% de claridad en la gestión.
También se han analizado los ayuntamientos de Marbella, Mijas y Vélez que ocupan, respectivamente, en la calificación global los puestos 81, 56 y 52. En el apartado de transparencia económica se mueven entre las posiciones 71 y 85, en el apartado de contrataciones los tres logran el puesto 47 y en urbanismo oscilan entre el 28 y 62.
* Málaga Hoy - 21.07.10
Foto: Fuengirola (Málaga) - hvsl.es
En España sigue existiendo suelo recalificado y comprometido para 20 millones de viviendas
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EXTRACONFIDENCIAL* : La crisis económica amenaza la principal fuente de riqueza nacional, el turismo, en 2009 el PIB del sector cayó más de un 5%, siendo el sector más afectado el turismo extranjero, que disminuyó más de un 10% junto con los ingresos derivados de este mercado, que cayeron un 3 puntos más. En la actualidad, en España hay suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20 millones de viviendas. Este suelo recalificado está esperando nuevos tiempos de bonanza económica para seguir depredando el territorio. La Federación de Promotores y constructores estimaba en 2008 que España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero durante el periodo 2003-2007 se ha triplicado esta cifra.
La larga duración de esta fase alcista de ladrillo y hormigón y de bonanza inmobiliaria indujo a la población a habituarse a esta sinrazón, como si de algo normal y permanente se tratara. Los diez años de auge crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados que, entre otros, el Banco de España había definido como de “economía suicida”
La puntilla, las viviendas de costa
El turismo ha sido la batuta que ha liderado el desordenado planeamiento del uso turístico del suelo. La continua y manifiesta vulneración de la legislación vigente en materia urbanística, la concepción del turismo no como un instrumento de desarrollo, sino como un medio especulativo a corto plazo y la debilidad de la normativa en materia de protección del medio natural, han provocado que la crisis del sector inmobiliario le golpee de lleno.
Los turistas han cambiado, muchos extranjeros han optado por playas de países con economías basadas en el dólar o en cualquier otra moneda distinta al euro. En verano de 2008 predominaron las estancias cortas y el gasto ha descendido en diferentes zonas turísticas hasta un 30%. Este agotamiento del turismo español requiere un plan urgente de renovación de los servicios existentes, en vez de seguir promoviendo nuevos hoteles y complejos vacacionales.
No se entiende por ejemplo que Marina d’Or, símbolo del turismo masivo y de la destrucción del paisaje, con 1.000 empleados despedidos en el último año, siga promoviendo hasta tres nuevos complejos en la costa de Oropesa.
Fuente inagotable de financiación para los ayuntamientos
Greenpeace ha detectado 478 casos de corrupción urbanística durante 2009. La Comunidad Valenciana ocupa el primer puesto en número de casos detectados, con 169, seguida de las Islas Baleares (79) y Andalucía (114). En todo el Estado español, de las 625 personas imputadas, 289 son cargos públicos desde alcaldes hasta arquitectos municipales.
Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos, han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos: la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no.
Todo ello ha generado decenas de irregularidades e ilegalidades que salpican toda la costa española y que desde extraconfidencial.com le iremos informando.
* ExtraConfidencial - 12.05.10
Foto: Complelo de Marina D´or, en Oropesa del Mar (Castellón) - extraconfidencial.com
Un juez para las obras del promotor ruso, que ha sido imputado
LAOPINIÓN/Málaga* : El juzgado de instrucción nº5 de Málaga ha imputado al empresario ruso Vladímir Beniachvili, promotor del fallido centro hispano ruso en Pinares de San Antón, por un presunto delito contra la ordenación del territorio previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a la vez que ha ordenado, en un auto de hace pocos días, la paralización de todas las obras que el promotor venía realizando en su finca.
La imputación responde a las diligencias previas seguidas por el juzgado tras la denuncia interpuesta en su día por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, al haber abierto un camino en zona rústica en su residencia de lujo de Pinares sobre suelo no urbanizable, según reconoció ayer su abogado, Fernando Taboada, que añadió que el promotor ya había declarado por ello y que en los próximos días «será llamado nuevamente a declarar». A esa denuncia inicial se han ido incorporando otras por las construcciones presuntamente ilegales que el empresario ruso ha ido levantando en el entorno de su vivienda.
Residencia de apartamentos
De estas presuntas construcciones ilegales habla el informe remitido por la Fiscalía al juzgado, que revela que el promotor habría levantado junto a su vivienda dos edificios de apartamentos para convertirlos probablemente en residencia. La Fiscalía, dado que el promotor «está invadiendo, inequívocamente suelo no urbanizable de control paisajístico» solicitó al juzgado que proceda a «la suspensión judicial y al precinto de las obras» , con apercibimiento expreso «de detención en caso de incumplimiento», paralización que ya ha obtenido.
El informe del fiscal «denuncia», tras visita de inspección, la presencia de dos «cuerpos edificatorios de viviendas» bajo la rasante de la calle Halepensis. Uno de ellos formado por «seis apartamentos simétricos», de algo más de 50 metros cuadrados cada uno, con cafetería, cocina, lavandería y terraza comedor «que se encuentran terminado a la espera de decoración, mobiliario y uso».
El segundo edificio, continúa el informe de la Fiscalía, formado por «cuatro apartamentos duplex, otros tres apartamentos, piscina, fitnes-gimnasio, sauna-baño, salón de belleza y sala de masajes».
La Fiscalía desconoce si estos dos edificios de apartamentos, «que se trata al parecer de una residencia», tienen licencia.
Además de ello, el informe de la Fiscalía al que ha tenido acceso La Opinión, explica que la primera infracción urbanística proviene del año 2002 cuando el promotor solicita y obtiene en julio de ese año licencia para construir una pista de tenis, piscina, garaje y gimnasio. Sin embargo, poco después, en enero de 2003, un informe de la Gerencia de Urbanismo revela que las obras «casi en su totalidad están dentro de suelo no urbanizable».
La Fiscalía hace notar en su escrito al juzgado que, a pesar de este informe de Urbanismo, «no consta que provocara la revocación de la licencia de obras concedida cuatro meses antes ni expediente administrativo sancionador» (entonces). No sólo eso, sino que con posterioridad, añade el informe, nuevamente solicita licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada y aparcamientos a la Gerencia de Urbanismo, «que la concede el 8 de febrero de 2007».
Informe aclaratorio
Por todo ello el informe de la Fiscalía es remitido igualmente a la Gerencia de Urbanismo solicitando que «ante las imprecisiones de los informes técnicos» concrete «de una manera clara» las diferentes licencias concedidas, los diversos volúmenes edificatorios realizados y si las obras se ajustan a las licencias otorgadas y que se concrete lo realizado ilícitamente a efectos «de una eventual demolición» y de probar si esas posibles infracciones fueron cometidas de manera voluntaria.
Un contencioso de doce años
El promotor ruso acumula ocho sanciones impuestas por la Gerencia de Urbanismo en los últimos meses, que suman un total de 420.000 euros. El promotor ha venido recurriendo todas las sanciones impuestas hasta ahora. La Gerencia de Urbanismo, por su parte, las ha desestimado. Las sanciones responden a infracciones urbanísticas que, según la Gerencia, está cometiendo el promotor, unas por estar levantando construcciones ilegalmente al no haber contado con licencia de obras y otras porque lo hace sobre suelo agrícola protegido. Se trata de actuaciones que Urbanismo considera que no son legalizables por lo que sólo cabe su demolición. Mientras tanto, la Gerencia de Urbanismo espera contestación al requerimiento realizado al juzgado de instrucción número 5 pidiéndole autorización para poder entrar en la finca del promotor y proceder a la demolición de todo lo construido ilegalmente.
La polémica de Urbanismo con el promotor ruso se remonta a junio del año 1999 cuando éste pide la primera licencia al Ayuntamiento para la construcción de una pista de tenis, piscina y garaje. Urbanismo rechaza la solicitud haciendo constar que la parcela donde pretende construir lo solicitado está clasificada suelo no urbanizable. Tres años después, en junio de 2002, presenta un proyecto reformado que sí obtiene el permiso de Urbanismo al percibir que se levantará sobre suelo urbano y que es una ampliación de la vivienda ya existente. Sin embargo, cuatro meses después el Servicio de Topografía y Cartografía de Urbanismo emite un informe que señala que las obras «casi» en su totalidad están dentro de suelo no urbanizable».
* La Opinión Málaga - 21.07.10
Foto: Málaga, centro hispano ruso - malagahoy.es
Catalunya encabeza la saturación urbanística de la costa española
ELPERIÓDICO* : El litoral catalán tiene un futuro muy negro. El décimo informe de Greenpeace le atribuyó ayer el liderazgo en saturación urbanística: el 46,5 % de la costa de Catalunya sufre «construcción abusiva» y apenas el 11% de las zonas no protegidas están libres del «urbanismo salvaje» que está destruyendo la costa en España a razón de 7,7 hectáreas (ocho campos de fútbol) al día. El vertiginoso ritmo de degradación de la costa se hace patente, según la organización ecologista, en la existencia de un puerto deportivo cada 10 kilómetros. Pero lo peor está por venir, ya que el Plan de Puertos de Catalunya aspira a que la comunidad cuente en el 2015 con 32.000 amarres.
«La carrera de los municipios del litoral por crecer parece imparable», lamentó la responsable de Greepeace en Catalunya, Anna Rosa Martínez, quien denunció que el Ministerio de Medio Ambiente y algunos municipios quieren aminorar las exigencias de la ley de costas para lograr la recalificación de terrenos para conseguir más recursos.
Greenpeace recordó que con el plan E para reactivar la economía, el Gobierno central amplió en dos años el plazo para la terminación de los tres millones de viviendas que se proyectaron en el 2007, de manera que el suelo todavía no ha recuperado su calificación de rústico.
DEPENDENCIA DEL LADRILLO // El director de la organización ecologista en España, Juan López de Uralde, apuntó que para «poner fin al saqueo de las costas» es preciso «resolver la dependencia del ladrillo que tienen los municipios españoles para financiarse».
Las imágenes que comparan la costa actual con la de hace unos años, dan cuenta del «salvaje cambio» producido y de que el territorio costero ha sido «depredado», en palabras de López de Uralde.
Otro aspecto negro de Catalunya es la elevada degradación de las aguas. Según los datos de Greenpeace, esta comunidad genera el 42% de la contaminación que se vierte en el litoral mediterráneo español. Junto a la actividad portuaria, cita otros focos contaminantes, como las refinerías y plataformas petrolíferas de Tarragona, y recuerda que la Agencia Europea de Medio Ambiente declaró en el 2007 a esta provincia, al Delta del Ebro en particular y a Barcelona como «puntos de alarma». A ello se añaden las aportaciones de los ríos más contaminados, «como el Ebro, el Llobregat y el Besós, cuyos cauces soportan el impacto de grandes contaminantes industriales».
Anna Rosa Martínez destacó entre las asignaturas pendientes de Catalunya la exigencia del cumplimiento de la legislación a las empresas químicas, «sobre todo para que eliminen las tecnologías más contaminantes y asuman los costes reales».
TORREDEMBARRA Y COMA-RUGA// La onegé ecologista pidió al Ministerio de Medio Ambiente que compre las parcelas de los terrenos de Els Muntanyans (Torredembarra) para evitar la urbanización de ese espacio, «cuyo valor ambiental es único y debe ser protegido».
Durante la presentación del informe, Greepeace exigió también que se paralice el proyecto de ampliación del puerto deportivo de Coma-Ruga por cuando afecta a la reserva marina de Masia Blanca. «El destrozo ambiental que supondría el aumento de amarres –apuntó Martínez– acabaría con la diversidad biológica del fondo marino y, como en otros casos, no supondría ningún efecto dinamizador del turismo de la zona».
* El Periódico - 17.07.10
Foto: Salou - jccm.es
La falta de financiación frena el efecto ejemplarizante de los derribos
LAVOZDEGALICIA* : La falta de financiación de que adolecen los ayuntamientos impide ejecutar muchas órdenes de demolición de viviendas ilegales, y frena su efecto ejemplarizante, ya seriamente tocado por la lentitud de los procesos burocráticos y judiciales, la desidia política, la debilidad de los medios de control y una escasa cultura de urbanismo sostenible. «Un negro panorama para un país cuyos pueblos, especialmente en la costa, han sufrido un deterioro de imagen y patrimonio en ocasiones irreversible», coinciden abogados y urbanistas consultados. La preocupación por la disciplina ha llegado tarde, lamentan.
Esto se suma a la sensación de desprotección personal que genera el hecho de que unos edificios condenados a la piqueta se tiren -como sucedió con los chalés en el litoral de A Guarda- y otros sigan en pie -como el caso emblemático de O Piricoto, en Vigo-. Un sentimiento de agravio que impide al ciudadano ver con claridad que impera la igualdad de trato. La Justicia intenta evitar daños mayores, aduce Enrique Sánchez-Goyanes, doctor en Derecho Administrativo y especialista en urbanismo. «Hay sentencias que no se ejecutan porque se pondrían intereses mayores en juego», y enumera: el derecho a la vivienda, la confianza legítima de los adquirentes de buena fe cuando no sabían de la ilegalidad que pesaba sobre la propiedad... Cada caso tiene sus matices, advierte, y muchas veces la problemática es más compleja. «El Tribunal Constitucional -detalla- ha llegado a decir que hay casos en que la ejecución de una sentencia debe ceder ante derechos superiores. Por ejemplo, en el caso del embalse de Itoiz, donde impidió que se ejecutase la demolición». La solicitud de inejecución de una sentencia se basa en ese principio, y, subraya Sánchez-Goyanes, «tiene sentido si la ejecución puede ser perjudicial para los intereses públicos». El derribo de O Piricoto, en Vigo, obligaría a tales indemnizaciones que llevarían a la quiebra al Concello. Se causaría así un daño mayor: el Ayuntamiento dejaría de funcionar, decaería la prestación de servicios... Aunque nunca puede ser un-todo-vale, cosas que nacieron en la ilegalidad -añade- a lo mejor con un nuevo Plan Xeral, o una modificación, serían legalizables. La inejecución sería posible. «No tiene sentido derribar si luego se puede dar esa misma licencia para construir lo mismo. Y menos si hay que indemnizar. Sería un derroche. Aunque es verdad que puede darse la sensación de que es una injusticia que eso se tire y eso otro no», admite.
A Guarda
«Se para o Concello de Vigo demoler O Piricoto supón a quebra, non quero nin contar o que será para nós se temos que resarcir as 21 licenzas ilegalizadas polos tribunais», razona José Manuel Domínguez Freitas, alcalde de A Guarda. La estimación hecha por los vecinos afectados en la reclamación que presentaron supera los 7 millones de euros, «o que equivale ao orzamento anual da Guarda», resume el regidor, que asegura que particulares y municipio «seguen pelexando por se aínda logramos salvar esta situación», en la que ya han sido demolidas tres viviendas.
El presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, ahonda en la reflexión y demanda una formación sólida para el funcionario. «¿Como chegan a construirse eses chalés? Agora as indemnizacións millonarias son case imposibles de afrontar. O alcalde actúa crendo que a situación é correctísima, baseándose nos informes técnicos, e logo lle chega un pau fortísimo. Isto nunca debería ter sucedido», lamenta.
* La Voz de Galicia - 19.07.10
Foto: El Tribunal Supremo anuló la licencia de O Piricoto por su proximidad al pazo de Castrelos. Pese a ello, el edificio se ha mantenido en el nuevo Plan Xeral - lavozdegalicia.es
La insurrección que viene
BARRIODELCARMEN* : El ascenso del pensamiento revolucionario entre estudiantes de EE UU preocupa a los conservadores. Un manual anarquista es best seller en Amazon. La editorial Semiotext(e), puesta en marcha por alumnos de la Universidad de Columbia, está desbordada por el éxito de La insurrección que viene (en España lo publica Melusina). Se trata de un manual anarquista escrito en Francia por un colectivo que se hace llamar Comité Invisible. El texto defiende la acción directa como único medio para acabar con la exclusión y la injusticia social. Los líderes de opinión de la derecha se han puesto nerviosos por frases como esta: "Ya no puede suscitar grandes dudas que será la juventud la primera en tomar salvajemente el poder. Los últimos años, desde las revueltas de Argelia en 2001 hasta las de Grecia en invierno de 2008, no son sino una sucesión de anuncios en este sentido". Moviment anarquista
Artículo de VÍCTOR LENORE 16/07/2010 diario el País
La derecha tiene miedo a los campus. Quizá el mejor ejemplo sea David Horowitz, figura de referencia de las bases republicanas, cuyos best sellers critican ferozmente el clima intelectual de las universidades de EE UU. En 2006 escribió un libro titulado Los 101 académicos más peligrosos de América. Todo un ejercicio de macartismo donde señalaba con nombre y apellidos a los docentes rojos. El volumen tuvo tanto éxito que en 2009 editó una especie de secuela: Aulas de un solo partido: cómo los profesores radicales de las mejores universidades adoctrinan a los alumnos y sabotean nuestra democracia. En la portada aparece un burro trajeado dando clase, clarísima pulla que busca insultar a los seguidores del Partido Demócrata (cuya mascota es un borrico). Los objetivos preferidos de Horowitz son tótemes izquierdistas como Noam Chomsky o antiguos Panteras Negras que recalaron en la enseñanza como Amiri Baraka o la mítica Angela Davis.
Thomas Frank, columnista de The Wall Street Journal y autor de varios best sellers políticos, lo analiza así: "Es difícil medir hasta qué punto la derecha está preocupada por el auge del pensamiento radical en las universidades. A muchos conservadores les gusta desempeñar el papel de víctima, como si estuvieran oprimidos por una élite revolucionaria. Pero tiene su lógica que los campus estén dominados por profesores de izquierda. Si eres un académico conservador, vas a cobrar mucho más en un think tank o en la empresa privada".
Este año, las cosas se han calentado. La editorial Semiotext(e), puesta en marcha por alumnos de la Universidad de Columbia, está desbordada por el éxito de La insurrección que viene (en España lo publica Melusina). Se trata de un manual anarquista escrito en Francia por un colectivo que se hace llamar Comité Invisible. El texto defiende la acción directa como único medio para acabar con la exclusión y la injusticia social. Los líderes de opinión de la derecha se han puesto nerviosos por frases como esta: "Ya no puede suscitar grandes dudas que será la juventud la primera en tomar salvajemente el poder. Los últimos años, desde las revueltas de Argelia en 2001 hasta las de Grecia en invierno de 2008, no son sino una sucesión de anuncios en este sentido". ¿Es posible que en los campus de EE UU vuelva a resurgir la efervescencia política de los sesenta?
El ritmo de ventas de La insurrección que viene ha sido tan trepidante que The New York Times le dedicó un artículo el 14 de marzo de 2010. Según el diario, el ascenso comenzó en febrero del año pasado, "después de que Glenn Beck [gurú mediático de la ultraderecha] lo describiera en televisión como 'la cosa más maligna que he leído en mi vida'. Al día siguiente llegó al puesto 54 de los best sellers de Amazon. En julio de 2009 ocupó brevemente el puesto número uno, y el pasado fin de semana seguía en el 240". El mérito no estaba solo en colarse tan arriba, sino en haber mantenido parte del tirón durante 12 meses.
El libro no está distribuido por un pequeño sello antisistema, sino por el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), de cuyas aulas han salido 75 premios Nobel. En marzo de 2010 alcanzó la sexta edición, una hazaña con doble mérito, ya que también está disponible gratis en Internet. Sylvère Lotringer, veterano filósofo que fundó Semiotext(e) en 1974, reconoce que ha tenido problemas para satisfacer la creciente demanda de copias. "La estrategia de estigmatizar el libro no ha funcionado en ningún país. El Gobierno de Sarkozy lo intentó en Francia procesando a uno de los presuntos autores y solo consiguió darle más resonancia. A Glenn Beck le ha pasado lo mismo en EE UU", explica.
Un fenómeno así no aparece de repente. Cualquiera que haya seguido la evolución del ensayo político sabe que el cambio de siglo trajo un giro fundamental en muchos intelectuales de izquierda. La sociología o filosofía dura dejaron paso a cuestiones más urgentes y cotidianas, que van desde el urbanismo hasta la cultura popular. El mejor exponente es el esloveno Slavoj Žižek. El que fuera colaborador del cáustico grupo de música industrial Laibach, hoy destripa conflictos sociales con un estilo personal y eléctrico. Combina citas de Marx o Lacan con metáforas sacadas de The Matrix o Tom & Jerry. El magnético Žižek tiene estatus de celebridad, ha protagonizado documentales para difundir su pensamiento en el mercado anglosajón y es profesor invitado de las universidades de Princeton, Columbia y Michigan.
Otra figura de este movimiento crítico emergente es David Harvey, profesor de Antropología en la Universidad de Nueva York. Su prestigio se debe a gruesos tomos donde analiza la crisis del capitalismo, pero también sabe usar formatos más actuales y accesibles. A finales de junio se alió con un ilustrador para crear un corto de 11 minutos donde explica la claves del colapso económico a partir de un tablero de Monopoly por donde pasan Karl Marx, la reina de Inglaterra o los personajes de Snoopy. En una semana ha recibido más de 250.000 visitas en YouTube. Mike Davis, profesor de historia en la Universidad de California, también evita construir densos conceptos teóricos y usa escenas de la película Black Hawk derribado (Ridley Scott, 2001) para explicar la impotencia del Ejército de EE UU cuando intenta someter a la resistencia afgana o iraquí.
Parte de la popularidad de estos autores hay que atribuirla a New Left Review, revista de ciencias sociales que este año celebra medio siglo de existencia. Se edita en Londres, pero la mayoría de sus 10.000 copias por número cruzan el Atlántico hacia las universidades norteamericanas. New Left Review nació en los agitados años sesenta y ahora resurge al calor de nuevas crisis sociales. ¿Puede ser casualidad?
* BARRIODELCARMEN.NET - julio 2010
La Vila inaugura un hotel sin licencia y sin conexión a la red eléctrica
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ELPAÍS/Alicante* : El primer hotel urbano de La Vila Joiosa, en primera línea de playa, ha abierto sin licencia de su actividad. Esta irregularidad se suma a las infracciones urbanísticas durante su ejecución, por exceso de obra. Ello no ha sido óbice para que el alcalde, Jaume Lloret, del PP, acudiera el pasado día 2 a la inauguración oficial del antiguo hotel Elbim, denominado ahora Allon Mediterrània. Al regidor se sumó una comitiva de un centenar de personas, entre ellas los concejales de la Corporación, la directora del Patronato Provincial de Turismo, Gema Amor, y el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor.
El hotel solo cuenta con una licencia de 1999 condicionada a la subsanación de las deficiencias del proyecto. El establecimiento, de 99 habitaciones, funciona con dos generadores porque todavía no está conectado a la red eléctrica y ni siquiera ha podido tramitar su calificación como hotel de cuatro estrellas en la Consejería de Turismo, que debe autorizar el permiso de inicio de actividad.
Lloret manifestó: "Queríamos abrir el hotel como fuera antes de inaugurar el nuevo paseo marítimo". Y, para defender su actuación, añadió: "Los técnicos municipales me comunicaron que podíamos hacerlo". La empresa argumenta que no han podido conectarse a la red eléctirica por las obras del paseo marítimo y que la licencia de ocupación de 1999 está avalada por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, evitaron pronunciarse sobre la licencia de apertura.
Las obras del edificio estuvieron paralizadas durante 10 años tras detectarse un exceso de edificabilidad en 1998, que provenía de aplicar la bonificación hotelera de un 40% que el Consell otorgó a los empresarios de Benidorm y nunca aprobó para La Vila Joiosa.La promotora del hotel Allon Mediterrània legalizó el exceso de edificabilidad mediante un Plan de Reforma Interior y Mejora (PRIM) en 2006. La empresa volvió a pedir la licencia, obtenida a través de un decreto del anterior alcalde, José Miguel Llorca, firmado el 23 de mayo de 2007 con la condición de que el hotel comprara la porción de una parcela municipal de 6.256 metros que había invadido.
Según la documentación administrativa generada hasta hoy, el hotel Allon habría ocupado dos parcelas municipales desde las que se transfirió la edificabilidad a sendos edificios cercanos a cambio de su cesión para zona verde. La de 6.256 metros y otra, de 3.740 metros, cedida en marzo de 1995. Ninguna de las dos fue inscrita en el Registro de la Propiedad, dado que los bienes municipales de dominio público no tienen la obligación de inscribirse.
Aprovechando esta circunstancia, la mercantil Jónico Mediterráneo, SL, que todavía mantenía registralmente a su nombre los 3.740 metros de zona verde, volvió a venderlos en 2008 a las empresas que promueven el hotel, cuyos propietarios dijeron haber actuado de buena fe en la compra, aunque han tenido que devolver la titularidad al municipio otorgando escritura pública a favor del Consistorio. El hotel está promovido por los propietarios de las mercantiles Estudiantes Beach, SL, y Rancallosa, de la que es apoderado solidario Juan Francisco Pérez, primer teniente de alcalde y portavoz del PP en Finestrat.
Decreto anulado
El alcalde firmó el pasado 3 de junio otro decreto para dejar sin efecto el condicionante de la licencia concedida cuatro días antes de las últimas elecciones municipales, es decir, avalando la ocupación de suelo público sin compensación alguna. Este decreto está firmado con la transcripción de parte de dos informes del técnico de patrimonio municipal aparentemente contradictorios. El primero, del 25 de octubre de 2007, considera que no consta acreditada la titularidad pública del terreno, mientras que otro del 28 de enero de 2010 deja claro que fue "cedida al Ayuntamiento una parcela de 6.256 metros por escritura número 129 de 15 de febrero de 1985, destinada a zona verde".
El grupo ecologista Xoriguer denunció la usurpación del suelo público por parte del hotel y ha llevado el asunto por un posible delito de estafa a la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha dado traslado del caso a la fiscalía de Benidorm.
* El País - 20.07.10
Foto: El hotel Allon Mediterrània de la Vila Joiosa, que funciona sin licencia de actividad. La electricidad la proporcionan dos generadores.- elpais.com
La Unesco denuncia ahora un acuerdo del 2007 que tuvo el voto de ocho organismos sobre Atrio
ELPERIÓDICO/Cáceres* : El informe de Icomos, que rechaza la obra del hotel y restaurante en la plaza de San Mateo por el fuerte impacto en el casco histórico, apoya su denuncia en una decisión adoptada en enero de 2007, cuando la comisión del plan especial (norma que regula las actuaciones dentro del casco histórico) se pronunció por unanimidad a favor de la modificación del plan especial en la plaza de San Mateo y en las calles Condes y Olmos (donde están las 3 parcelas donde se desarrolla el proyecto de ejecución del hotel de la cadena Relais-Chateaux y del restaurante Atrio).
El informe de Icomos, órgano asesor de la Unesco, tiene fecha de julio del 2010, tres años y medio después de la reunión de la comisión del plan especial, cuya decisión se ratificó siete días después por la comisión local de Urbanismo y que tuvo un plazo de exposición pública para la entrega de alegaciones, periodo en el que Icomos no llegó a presentar ninguna objeción a la modificación del plan, que el pleno de la corporación local ratificó en junio del 2007.
La modificación permite que ahora se esté edificando el hotel. El mismo informe lo recuerda al asegurar que sin esta modificación "en este ámbito hubiese sido imposible acometer las obras proyectadas". El informe indica en sus conclusiones que el proceso de la modificación fue anómalo y posibilitó que se acometiese el hotel en contra de "todas las prácticas de conservación y restauración de cascos históricos", se afirma en sus conclusiones.
Sin embargo, ni en el dictamen de la comisión del plan especial, ni en las actas de la reunión celebrada el 29 de enero del año 2007, aparece ninguna alusión precisa a que lo que se estaba informando contraviniese la normativa. Fue un acuerdo que se adoptó por unanimidad y con el voto a favor de los representantes del ayuntamiento, de la Universidad de Extremadura, de los colegios profesionales de Arquitectos, Aparejadores y Caminos, de la Consejería de Cultura, de la Comisión Provincial de Bienes Inmuebles (órgano asesor de la Junta para protección del patrimonio histórico) y de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (Fecons).
En las actas de aquella reunión de enero del 2007 se plantean por los miembros de la comisión algunas objeciones, referidas más al procedimiento en sí de la modificación que al contenido del anteproyecto para el hotel de la plaza de San Mateo.
No obstante, al final de la discusión todos dieron su apoyo a la tramitación de la modificación del plan especial. Solo se recoge en el dictamen de esta decisión una objeción, la planteada por el representante del colegio de Caminos, que recuerda que su voto se ciñe al acuerdo de la modificación puntual del plan especial, sin que esto signifique pronunciamiento alguno sobre el anteproyecto del nuevo hotel.
UNIVERSIDAD E ICOMOS El representación de la universidad en la comisión del plan especial es Antonio Campesino, que a su vez también es vicepresidente de Icomos. Campesino, al igual que el resto de miembros de la comisión, votó a favor de la modificación del plan especial para el hotel de Atrio. Esta comisión es un órgano asesor y técnico que vigila que las actuaciones que se desarrollan en el casco viejo se ajustan a la normativa.
* El Periódico - 20.07.10
Foto: Cáceres, hotel Atrio denunciado por Icomos - hoy.es
Piden anular el PGOU de Peñíscola por carecer del informe de la CHJ
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LEVANTE/Castelló* : La Asociación de Vecinos afectados de Camí Vell de Peñíscola ha denunciado la aprobación provisional del plan general de ordenación urbana (PGOU) ante la delegación del Consell y la subdelegación del Gobierno en Castelló. Alude en esta denuncia el beneplácito del consistorio al campo de golf del Alt del Fardatxo, a pesar de contar con un informe desfavorable, e incluir en el plan otros tres complejos golfísticos "con macrourbanizaciones". Paralelamente, apuntan que el documento carece de informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) porque el Ayuntamiento de Peñíscola se ha negado a facilitarle la información a este organismo solicitada desde el 29 de agosto de 2005.
En el escrito la entidad se acoge a la potestad que le otorga al delegado y al subdelegado la ley 7/1985 de Bases del Régimen Local para suspender actos o acuerdos que atenten gravemente los intereses de España y que la Constitución conmina a los poderes públicos a velar por el uso racional del agua y el suelo, dos recursos naturales limitados que consideran "afectan al interés general de España. Los vecinos exponen que el ayuntamiento no cuenta con la autorización de la CHJ que había requerido al consistorio diversa documentación que hasta el momento no le ha sido remitida. Esta situación ha motivado el informe desfavorable de la CHJ y es que este informe es necesario según dispone la ley de Aguas.
Paralelamente, denuncian que el PGOU se ha aprobado sin aplicar la Ley del Suelo, por lo que el documento carece de sostenibilidad económica, mientras que al mismo tiempo incumple la ley 9/2008 de forma explícita al carecer de informe del informe de sostenibilidad económica exigido en dicha ley.
Desde Camí Vell se ha calificado de "lluvia de mentiras" las afirmaciones efectuadas por parte del Alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, y el concejal de Urbanismo, Romualdo Forner, en relación con el PGOU. Aseguran que no es cierto que el plan reduzca el suelo urbano de ocho millones de metros cuadrados a cinco, ni tampoco que de 35 millones de metros cuadrados urbanizables se pasen a 16, o que se reconozcan 42 millones de metros cuadrados de suelo protegido.
Según el portavoz de la entidad, Ezequiel Llorach, "basta con mirar las tablas del propio documento de síntesis del Plan General para ver que el suelo urbanizable pasa de 10.5 a 22.8 millones de metros cuadrados, lo que equivaldría a la mitad del término de Benicarló". Por otro lado, recordó que desde 2001 "los 42 millones de m2 están protegidos ya por la legislación supramunicipal y si no, que se lo digan a los propietarios de fincas en la Sierra d'Irta".
Asimismo, acusan al ejecutivo de incumplir de forma sistemática los compromisos que adquirió libremente Andrés Martínez en 2007: "¿Dónde están aquellos coeficientes de homogeneización que se comprometió a igualar entre el uso hotelero y el turístico? ¿Dónde está el respeto a las viviendas unifamiliares aisladas? ¿Dónde está esa parcela mínima que hace posible que cada uno de los propietarios pueda materializar su aprovechamiento en una parcela independiente?". En este sentido, acusan al ejecutivo de defender los intereses de los grandes hoteles, ya que de momento, "la organización que se ha manifestado públicamente a favor del documento representa los intereses de los grandes hoteles".
La asociación ha preparado dos reuniones informativas sobre el PGOU La primera en Peñíscola, el próximo sábado, a las 18 horas, en el antiguo edificio del ayuntamiento, mientras que la segunda se celebrará en Benicarló, el viernes 30 de julio, a las 21 horas, en el local de la Caixa Rural de Benicarló. Asimismo, ha empezado a sumar adhesiones el grupo en Facebook llamado "Yo tampoco quiero más aberraciones urbanísticas en Peñíscola".
* Levante-emv - 20.07.10
Foto: Peñíscola (Castellón), vista aérea - levante.emv.com
Baleares.- Juan Carlos Alía ingresa en prisión acusado de exigir comisiones del 10%
DIARIODEMALLORCA* : El ex director gerente del Ibatur, Juan Carlos Alía, ingresó el sábado en la cárcel de Palma, después de prestar declaración ante el juez José Ignacio Lope Sola, quien instruye el presunto desvío de dinero de la conselleria de Turismo. El magistrado ordenó la prisión provisional sin fianza del alto cargo de Jaume Matas al conocer nuevos hechos incriminatorios, en concreto, Alía exigió supuestamente una comisión del 10% por los encargos de su departamento. La trayectoria profesional de Alía ha girado entre la empresa privada, se formó en el turoperador TUI, y la Administración pública –trabajó en Turismo durante dos etapas, de 1992 y 1997 y entre 2003 y 2004–. Alía protagonizó un primer escándalo cuando cargó al presupuesto económico siete tiques de acceso al club de alterne moscovita Rasputín hace seis años.
Su segunda intervención ´desgraciada´ ocurrió el pasado 30 de junio, cuando fue detenido en los calabozos durante 72 horas, junto al resto de la cúpula del Ibatur, por el cobro de unos 30.000 euros mediante contratos supuestamente ilegales adjudicados a la sociedad que compartía con el ex alcalde de Montuïri, Juan Antonio Ramonell, también del PP.
Alía abandonó el 3 de julio el calabozo previo pago de una fianza de 30.000 euros y con aparente entereza –"Hacedme las fotos solo a mí, que no me escondo", dijo–. Sin embargo, el sábado el ex director gerente del Ibatur no pudo contener las lágrimas cuando se le comunicó su traslado al centro penitenciario. Pese a tratarse de fin de semana, la actividad en el juzgado de Vía Alemania fue muy intensa, aunque marcada por un profundo sigilo, hasta el punto de que los medios de comunicación no fueron testigos de lo que allí ocurría.
Lope Sola, del juzgado de instrucción número 2, que indaga este caso denominado operación Pasarela, aprovechó que se encontraba de guardia el sábado para reclamar, por la tarde, la presencia de Juan Carlos Alía, asistido por su abogado Llorenç Salvà. La decisión no era caprichosa. A lo largo de la semana había ordenado el arresto de dos empresarios del ámbito de la publicidad, Guillem Deyà, dueño de Espiral, y Bartolomé Morey, de Centro de Comunicación Creativa, encargado de elaborar los folletos de la promoción turística de Balears, entre otras tareas. La declaración de Bartolomé Morey, que habría atribuido a Alía una serie de actuaciones de indudable gravedad, desencadenó la intervención del juez y el fiscal anticorrupción.
El ex gerente del Ibatur respondió a las preguntas del magistrado y del ministerio Fiscal, que ante los indicios incriminatorios y el riesgo de fuga, solicitó su prisión. La petición fue atendida por Lope Sola y, al anochecer, un coche patrulla recogió al hombre que se hizo famoso a nivel nacional por cargar a la Comunidad Autónoma las entradas del Rasputín.
Cambian las tornas
La operación Pasarela ha dado un giro inesperado para Juan Carlos Alía, que tras la detención del pasado 30 de junio, salió de las dependencias judiciales con la fianza más baja de todos los integrantes de la cúpula del Ibatur en tiempos del PP. Su sucesor, Raimundo Alabern, abonó 350.000 euros y el ex secretario y ex asesor jurídico del organismo público, Miquel Àngel Bonet, desembolsó 250.000 euros. La operación Pasarela estalló con toda crudeza el 29 de junio, con las primeras diez detenciones, después de un año de pesquisas.
* Diario de Mallorca - 19.07.10
Foto: Palma, consellería de Turismo y del Ibatur - diariodemallorca.es
Greenpeace denuncia la recalificación del suelo en Galicia
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FARODEVIGO* : Galicia ha recalificado más suelo en la última década que en toda su historia, según ha denunciado este viernes Greenpeace en la presentación de la décima edición de su informe 'Destrucción a toda costa', en el que recopila datos sobre la situación del litoral en el Estado español durante la última década. En este sentido, la organización ecologista ha llamado la atención sobre el hecho de que en 2007 el "boom del ladrillo arrojaba la desorbitada cifra" de 800.000 viviendas proyectadas entre los 86 municipios litorales gallegos, una cifra similar a la que se había construido durante toda su historia, que según Greenpeace, es de 816.000 residencias.
Ya en 2006, Galicia se encontraba entre las regiones que acumulaban "más agresiones en su litoral", con 283.600 nuevas viviendas y 17 nuevos campos de golf.
Así, ha apuntado que "históricamente" detrás de la degradación del litoral "se ha escondido también el Ministerio de Fomento", a quien recrimina "no cumplir sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos".
Este informe, que se basa en datos del Ministerio de Fomento, recoge cifras a nivel estatal y remarca que en los últimos 20 años el urbanismo "salvaje", la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en la costa española el equivalente a ocho campos de fútbol al día --una media de 7,7 hectáreas diarias--.
Por ello, exige al Gobierno central y a las administraciones autonómicas y locales que controlen la corrupción y respeten la normativa existente, empezando por la Ley de costas y las directivas europeas.
"Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continua y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral. Lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase", ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace.
CRITICAS A INFRAESTRUCTURAS GALLEGAS
Según recoge este informe, la costa gallega es "el mejor ejemplo" de la falta de planificación con el puerto de Langosteira en A Coruña, proyectado a unas decenas de kilómetros del de Ferrol.
Al respecto, los activistas medioambientales han achacado que en los últimos diez años ha habido "una avalancha" de puertos deportivos, con los que Galicia presentaba en 2008 uno de los porcentajes más altos de amarres por embarcación. Una cifra "diez veces" superior a la de Italia, que tiene diez veces más costa que Galicia. Así, la Comunidad gallega ha pasado de 4.000 amarres en 2003 a 11.000 en 2008.
Asimismo, Greenpeace subraya que Galicia ha sido "especialmente condescendiente" con las industrias más contaminantes y pone a modo de ejemplo el complejo de ENCE-Elnosa en la Ría de Pontevedra, así como el de Reganosa en Mugardos (A Coruña).
Además, ha exigido "descartar" el proyecto del puerto deportivo de Massó, situado en Cangas do Morrazo (Pontevedra), así como su urbanización.
PLANIFICACION
Con el objetivo de una mejora del medio ambiente, la entidad ecologista ha resaltado que Galicia "necesita" un Plan de Gestión del Litoral que proteja su costa, y ha lamentado "los intentos promovidos desde el Partido Popular o el BNG para rebajar la Ley de Costas que persiguen la urbanización del litoral".
Por ello, ha demandado paralizar los planes de acuicultura, así como de puertos y eólicos, que "acosan" a los espacios naturales protegidos de la costa.
En el informe, diversos testigos de la destrucción costera, actores, cantantes, periodistas, pescadores o abogados dan en primera persona palabra a la destrucción. Rosa Regás, Manuel Rivas, Miguel Delibes de Castro o el ex director General de Costas Fernando Marín son algunas de las firmas que aparecen en el informe.
PRESTIGE
Uno de los puntos sobre los que llama la atención este estudio es que "aún faltan" las medidas para asegurar que no se repita una catástrofe como la del Prestige.
Por ello, han recriminado la falta de puertos refugio y han destacado la necesidad de la regeneración de las costas gallegas que permita un desarrollo de la actividad tradicional como el marisqueo.
* Faro de Vigo - EP. - 16.07.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
La insolencia del ladrillo
MAGDALENA TRILLO/Granada* : No teníamos un Algarrobico que derribar, pero sí una enorme mole de hormigón suficientemente pretenciosa e irregular como para simbolizar los desmanes urbanísticos de los años del ladrillo. Tomás Olivo, imputado por el caso Malaya, proyectó en Armilla el que debía convertirse en el centro comercial más grande de Andalucía. La cultura del dinero y la insolencia. Todo a lo grande. Tanto que el inmenso solar urbanizable no fue suficiente y terminaron 'comiéndose' más de 1.400 metros cuadrados de zonas verdes. Cuanto más mejor y a toda prisa. Cruzando las fronteras entre la legalidad y la prevaricación. Se hacía en Málaga, se hacía en toda Andalucía y se hizo en Granada. A finales de 2006 se produjeron las primeras denuncias y el amasijo de hierros y cemento dejó de crecer.
Tras casi cuatro años de polémica y enfrentamiento político, el macrojuicio celebrado en abril, y cuyo fallo se ha dado a conocer esta semana, deja el caso en una controvertida cuestión de formas y matices que todos consideran una victoria y todos quieren recurrir. Tres condenas leves por prevaricación y un ligero derribo. El Centro Nevada perderá una de sus esquinas y será Tomás Olivo quien deberá asumir el coste. El juez sólo ordena demoler 1.446 de los 275.000 metros cuadrados del proyecto, apenas un 1% de la superficie, y condena a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación al ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y al ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, por un delito de prevaricación urbanística. El primero seguirá 'recolocado' en FCC; el segundo, con menos suerte tras tantos años de servicio a la 'causa', continuará en los jardines de la Alhambra. Sin antecedentes penales, ninguno tendrá que ingresar en prisión. No han salido mal parados...
En el PSOE de Granada así lo sienten. La nota oficial es más que elocuente: "La justicia en el caso Nevada evidencia la campaña de acoso del PP". Y critica que "Sebastián Pérez pretenda conseguir con mentiras lo que no es capaz de lograr en las urnas". Reconozcámoslo, una nota de manual para desviar la atención.
En Armilla ya 'preparan' la fiesta. Dice el alcalde, con el mismo entusiasmo que lo hacen los empresarios, que es "una inyección de optimismo para la economía local" y una salida para los vecinos que están en paro: se crearán 2.500 empleos que aliviarán las estadísticas y, digámoslo de paso, irán directos a las urnas socialistas si el proyecto se desbloquea para las municipales.
A la espera de saber cómo se concreta la 'solución' judicial, cómo se resuelven los recursos, qué sentencia la Audiencia y cómo evoluciona el contencioso por la licencia (la otra pata del caso), tal vez alguien debería empezar a preguntarse (y a planificar) cómo nos la vamos a arreglar (todos) para circular por la zona cuando el complejo abra sus puertas y el PTS, incluido el megahospital, esté a pleno funcionamiento.
Cuatro veces al día, demasiados días a la semana, el Centro Nevada ha formado parte del paisaje urbano de mis atascos en la Circunvalación. De la Granada que no debió ser. Una Granada, metropolitana, tan desbordada como el propio centro comercial. Dos imágenes se cruzan en la memoria de estos años: un desolador páramo de pilares de hormigón que se multiplicaban como hormigas dejando entrever el descomunal edificio que se iba a erigir en mitad de la Vega; y los reflejos del ostentoso mármol que debían anunciar la grandeza de la obra y que acabaron simbolizando su decadencia.
No se puede cuestionar su utilidad, su necesidad, ni las virtudes de un proyecto de estas características en plena crisis. Pero sí son denunciables las chapuzas. Los apaños de los políticos, las desmesuras de los constructores y la tibieza de quienes debieran velar por la ciudad que será.
* Granada Hoy - Opinión - 18.07.10
