,+vista+-+eldiariomontanes.es.jpg)
DIARIOMONTAÑÉS* : La asociación denuncia que hace un año, el pleno del Ayuntamiento de Castro aprobó la celebración de una consulta para que la ciudadanía decidiese sobre el futuro de su bahía. Desde entonces, no ha realizado ninguna acción en este sentido, pese a su obligación legal. Fuentes de la Dirección General de Puertos de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo han informado a la asociación ciudadana Otro Castro Es Posible de la inminente licitación y ejecución de las obras del puerto deportivo de Castro Urdiales a comienzos del 2010.
Este hecho se corrobora por la aprobación en el Consejo de Gobierno de Cantabria, celebrado ayer mismo, de la autorización para la licitación del proyecto y ejecución de obras con un presupuesto de casi 17 millones de euros. Los planes del Gobierno de Cantabria desdicen una vez más los planteamientos del propio presidente Revilla que adquirió el compromiso de no ejecutar el puerto deportivo si el Ayuntamiento y el pueblo de Castro no lo querían (sic). Ante esta situación Otro Castro es Posible pone de nuevo de manifiesto la obligación del ayuntamiento castreño de organizar una consulta popular para que la ciudadanía de este municipio decida sobre el futuro de su bahía y puerto deportivo.
La denuncia de la asociación ciudadana se basa en la aprobación hace aproximadamente un año, por parte del pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales a propuesta del concejal de Izquierda Unida, de la celebración de una consulta popular en el municipio sobre este proyecto. En este sentido, desde el consistorio no se ha tomado ninguna decisión para implementar la consulta.
Esta es la razón por la que Otro Castro Es Posible reivindica el ejercicio de este derecho democrático, reconocido ya de manera oficial por su Ayuntamiento, y recuerda a sus responsables políticos, y especialmente a su alcalde, la obligación que tienen de llevar a cabo la consulta popular. Se señala por la asociación que las condiciones por las que atraviesa el ayuntamiento, en “estado de coma” debido a las imputaciones y procesamientos que afectan directamente al equipo de gobierno, no son las más idóneas para organizar la consulta popular, razón por la que se apela al consenso entre las formaciones políticas para poner en marcha urgentemente un programa para la celebración de la consulta, y se pongan a disposición los medios para que se informe, se opine y se debata la aceptación o rechazo al puerto deportivo.
El derecho de consulta popular está reconocido en la legislación española, concretamente, en el art. 71 de la ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local en la que se señala que “los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos”.
Relleno de la bahía
El proyecto aprobado por el Gobierno de Cantabria prevé el estrechamiento de la bocana de la bahía, la construcción de un dique interior perpendicular al muelle don Luis, el relleno del ecosistema intermareal bajo el Paseo Marítimo y la privatización la tercera parte de la superficie de la bahía castreña. El anteproyecto de puerto deportivo tuvo una importante contestación social desde el año 2004, organizada en torno al Colectivo para la Defensa de la Bahía que llegó a recoger más de diez mil firmas contra el proyecto. Este colectivo fue apoyado por asociaciones ecologistas y vecinales, entre ellas Otro Castro Es Posible, si bien la propuesta de consulta popular promovida por esta asociación fue desoída por el colectivo. Unas 2.500 personas, según datos de la prensa, se manifestaron en marzo de 2004 contra el puerto deportivo. El colectivo también ofreció una propuesta de ordenación del puerto organizando los usos y amarres entorno al espacio actual de la bahía, como alternativa al tremendo impacto ambiental que supondrá la construcción del puerto deportivo. Actualmente el Colectivo para la Defensa de la Bahía está disuelto.
Trigésimo aniversario de la consulta popular sobre Castro Novo
El llamamiento de Otro Castro Es Posible coincide con el 30 aniversario de la consulta popular sobre el proyecto de Castro Novo, realizada el 16 de diciembre de 1979. Ésta fue la primera consulta popular convocada en España sobre un referente urbanístico, que vino precedida de una experiencia de participación ciudadana y de movilizaciones que terminó con la claudicación del gobierno municipal de Manuel Gutierrez Elorza “Lolín”, tras la huelga de hambre de seis días de 2 concejales y 5 militantes de Izquierda Castreña Unida. El 11 de octubre de 1979 el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la convocatoria de consulta popular para el 16 de diciembre de ese mismo año. Las urnas estuvieron abiertas en todos los colegios electorales, y el pueblo votó entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde con una participación del 73,56% del censo electoral obteniendo el Si 3.188 votos, y el NO a Castro Novo 3.732 votos.
Según se pone de manifiesto desde la asociación ciudadana, esta victoria de la democracia, que rechazó el proyecto de Castro Novo, contrasta con la frustración de buena parte de la ciudadanía castreña que ha visto que a pesar de la victoria en la aquella consulta popular, se ha implantado en nuestro municipio suelo urbano y urbanizable que equivale al proyecto de Castro Novo multiplicado por diez, con el agravante de que este crecimiento urbanístico no ha venido acompañado de los equipamientos y servicios que necesita la población actual de Castro Urdiales, y sin embargo dejan entrever indicios más que probables de corrupción urbanística.
Es por esta razón por la que la consulta popular se convierte, además de un derecho democrático para decidir sobre el futuro de la ciudad, en una necesidad, y esta no es otra que la de recuperar la dignidad de una sociedad civil prácticamente inexistente durante los últimos años.
* El Diario Montañés - Mario Cerro - 18.12.09
Foto: Vista general de Castro Urdiales. / SANE, eldiariomontanes.es
'Otro Castro es Posible' recuerda la obligación de convocar una consulta popular
El TSJ suspende cautelarmente el plan Rabassa con 13.503 casas
ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha acordado la suspensión cautelar del plan Rabassa, el proyecto urbanístico más ambicioso y polémico de Alicante, que prevé la construcción de 13.503 casas en la periferia norte de la ciudad. El programa urbanístico, adjudicado al contratista local Enrique Ortiz, fue aprobado definitivamente por el Consell el pasado mes de mayo.
La iniciativa fue recurrida por el Grupo Socialista de las Cortes Valencianas y por la Plataforma Iniciativas Ciudadanas (PIC). Con anterioridad, el Gobierno también había planteado otro recurso, en este caso porque el programa no tenía acreditados los recursos hídricos para abastecer la futura población.
El alto tribunal, según fuentes judiciales, avala la decisión de paralizar cautelarmente el plan Rabassa en dos argumentos básicos: primero porque el macroproyecto no cuenta con el preceptivo informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de recursos hídricos; y segundo, porque el Ayuntamiento lo tramitó al margen del Plan General de Ordenacíón Urbana (PGOU) de la ciudad.
El plan Rabassa, que comenzó a tramitarse hace ocho años, ha sido la iniciativa urbanística más polémica y que mayor rechazo ha concitado entre los colectivos cívicos de la capital alicantina. Aparte de su aprobación al margen del PGOU, estos colectivos cuestionaron el negativo impacto ambiental y social de la futura macrourbanización. El rechazo social al plan cristalizó en la creación de la mencionada plataforma. El portavoz de la PIC, el profesor universitario Manuel Alcaraz, resaltó la satisfacción del colectivo por el auto del TSJ.
Desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, se defendió la tesis contraria y el equipo de gobierno resaltó el volumen de viviendas sociales que llevaba aparejado el plan: 8.047 del total de 13.503.
Nada más contar con el visto bueno final del Consell, el promotor anunció que en breve comenzarían las obras de urbanización, y que en el plazo de dos años estarían levantadas las primeras casas.
Sin embargo, desde su aprobación final el plan Rabassa no ha sido noticia por el comienzo real de las obras, sino por la iniciativa del Ayuntamiento de ubicar en PAI la futura tienda de la multinacional sueca del mueble IKEA.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 18/12/2009
Foto: Alicante, vista aérea con terrenos plan Rabasa - diarioinformacion.com
Un juzgado ordena la demolición de diez viviendas en Chiclana
,+derribo+viviendas+ilegales+(archivo)+-+lavozdigital.es.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : Un juzgado ha emitido la orden de derribo de diez viviendas en Chiclana, situadas concretamente en la zona de Majadillas Bajas, al estar construidas todas ellas en terrenos denominados como urbanizable no sectorizados. En otras palabras, casas que se levantaron en suelo rústico sin contar ninguna de ellas con licencia municipal.
El Ayuntamiento recibió días atrás ese dictamen judicial y pretende ejecutar hoy mismo la orden a partir de las ocho de la mañana. Al parecer, los inquilinos de las viviendas ya han recibido varios avisos desde el juzgado para que sean ellos los que contraten los trabajos de demolición de sus propios inmuebles. Al no ser así, el Ayuntamiento tendrá que llevar a cabo esa actuación bajo mandato judicial, trasladándoles luego las facturas de los costes de esta medida a los ocupantes de las viviendas.
Todos los inmuebles se ubican en una misma parcela y ocupa prácticamente una calle. Los vecinos se arremolinaban anoche frente a las puertas de sus casas a la espera de noticias de su abogado. Según ellos, el letrado le ha asegurado que la orden judicial de derribo ha sido paralizada. No obstante, según fuentes municipales ese extremo se desconocía y será hoy cuando se sepa con seguridad si se tiran o no la decena de edificaciones.
Entre los inquilinos había ayer nerviosismo ante la proximidad del derribo de sus casas. En la calle se reunieron casi la totalidad de las familias afectadas, niños incluidos, que discutían sobre la inminente demolición de sus hogares, aunque mantenían su confianza en que esta medida no se producirá en la mañana de hoy tras hablar con el abogado.
El proceso administrativo para proceder al derribo comenzó pocos años atrás con la orden de paralización de la construcción de esas casas, según ha podido saber este medio. Fuentes consultadas relataron que se hizo caso omiso de esos avisos hasta que llegaron a levantarse las viviendas. Mientras tanto se han interpuesto recursos, pero el proceso ha continuado hasta que el juez ha decretado la demolición.
Cabe recordar que la primera de las casas que se tiró a requerimiento del juzgado en el término de Chiclana sucedió el pasado mes de marzo en la zona conocida como El Marquesado. En este caso, el ocupante tampoco hizo caso a las notificaciones de la Justicia, por lo que fue el propio Ayuntamiento de esa localidad quien se hizo cargo de los trabajos de derribo. La segunda de las viviendas que se echó abajo tuvo lugar hace escasamente un mes, pero esta vez fueron los propietarios quienes prefirieron ejecutar la orden. En ambos casos, las viviendas se situaban en suelo rústico sin disponer de las preceptivas licencias.
* Diario de Cádiz - F.M. - 18.12.09
Foto: La máquina volverá mañana a actuar en la localidad chiclanera donde continúan con el proceso de regularización de viviendas. :: ANTONIO VÁZQUEZ, lavozdigital.es
Aguirre amplía la privatización de la concesión de licencias a toda la región
.jpeg)
ELPAÍS/Madrid* : Primero fue el Ayuntamiento, y ahora la Comunidad de Madrid ha decidido dar cobertura legal y ampliar a toda la región la posibilidad de poner en manos de empresas la concesión de licencias y la labor de inspección y control urbanístico. Así lo recoge una de las enmiendas presentadas por el PP en la Asamblea a la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña que se vota hoy.
Concretamente su disposición adicional segunda que se titula "Colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico".
La idea es que el Gobierno homologue una serie de empresas, como las que pasan la ITV de los vehículos, para que realicen controles e inspecciones urbanísticas. La diferencia principal con el Ayuntamiento, que diseñó este sistema a raíz del escándalo de corrupción en la concesión de licencias destapado hace dos años, es que la enmienda no deja claro si podrían emitir informes referidos a modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM).
El PSOE no tiene duda de que eso sucederá. "Se trata de privatizar todo el control de la legalidad urbanística. No es la primera vez que se intenta tal operación. En el anteproyecto de la Ley del Suelo de 2001 se contemplaba la homologación de las entidades certificadoras y de inspección técnica, a lo que finalmente renunció el Gobierno de Gallardón ante las enmiendas presentadas por el PSOE", critica el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.El PSOE pedirá que se retire la enmienda, pero si la escasa fuerza parlamentaria con la que cuenta no le se lo permite, recurrirá al Tribunal Constitucional. "Esto no tiene parangón en la legislación europea. Es inconstitucional, cualquier constructora que se precie monta un chiringuito de éstos", denuncia Gordillo.
En la Comunidad aseguran que la enmienda no afecta a ninguna de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ninguna de esas entidades privadas, dicen, interferirá en las funciones del Gobierno regional. "Simplemente se da cobertura legal a una ordenanza del Ayuntamiento. En la enmienda se fijan una serie de características que tienen que tener las entidades privadas. El objetivo es agilizar la tramitación de las licencias", asegura un portavoz de la consejería.
Lo que está claro que hace esta enmienda es abrir la veda para que los ayuntamientos puedan implantar el mismo modelo que la capital. "Nosotros creemos que no necesitábamos esta cobertura legal. Pero si se produce, bienvenida sea", explica el impulsor de la privatización en la concesión de licencias en la capital, el concejal de Hacienda, Juan Bravo. El Ayuntamiento prevé que el nuevo sistema de tramitación de licencias empiece a funcionar en abril de 2010. De hecho, ya ha preseleccionado a unas 30 empresas que pueden cumplir los requisitos para realizar esta tarea.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 17/12/2009
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Palma: Cuatro años y medio de cárcel para Vicens por una pieza separada del caso Son Oms
EUROPAPRESS* : El tribunal de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado a cuatro años y medio de cárcel y a la inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años al diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vicens por su implicación en una pieza separada del caso Son Oms.
La sentencia considera probado que Vicens, mientras ostentaba el cargo de conseller Insular de Territorio del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, institución que presidía Maria Antonia Munar, ordenó el pago de 12.000 euros públicos a su contable particular para la elaboración de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo.
El tribunal considera a Bartomeu Vicens autor criminalmente responsable de un delito de malversación de caudales públicos y de un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia condena también al ex secretario general de UM, Damià Nicolau, a una pena de dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de cuatro años al considerarle cómplice de un delito de malversación de caudales públicos y de un delito de prevaricación administrativa.
Por último, el tribunal condena al antiguo contable personal de Vicens, Tomàs Martín, a dieciocho meses de multa con una cuota diaria de ocho euros y a la inhabilitación absoluta por un tiempo de un año y tres meses, por considerarle cooperador responsable de un delito de malversación de caudales públicos.
Contra la sentencia, que no es firme, cabe presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Vicens confirmó este jueves en los pasillos de la Cámara autonómico que recurrirá la sentencia al TS y aseguró que, por el momento, no se plantea dejar su escaño en el Parlament balear. Pese a que Vicens fue suspendido de militancia de UM cuando el juez que instruye el caso Son Oms decretó prisión bajo fianza de 100.000 euros para él, éste mantiene su escaño en la Cámara.
De esta forma, el tribunal ha condenado a Vicens a la misma pena que pedía la Fiscalía, que solicitó cuatro años y seis meses de prisión para el ex conseller. En el caso de Nicolau, la pena del tribunal es inferior a lo que pedía la Fiscalía, que solicitó tres años y dos meses para él. En el caso de Martín, el tribunal también le condena a la pena que pedía el Ministerio Público, que en un inicio pidió nueve meses de privación de libertad, mientras que finalmente solicitó una pena pecuniaria de 18 meses de multa.
* Europa Press - 17.12.09
Foto: Palma, polígono Son Oms - interempresas.net
Imputan por la trama urbanística de Llíber al actual alcalde y a tres ediles
,+chal%C3%A9s+ilegales+-+diarioinformaci%C3%B3n.com.jpg)
LEVANTE/Alicante* : La trama urbanística de Llíber no deja de engordar. Entre los imputados hay promotores, constructores e intermediarios en la venta de terrenos no urbanizables y chalés ilegales. Hasta ahora el único político implicado era el ex alcalde de Llíber, José Mas Avellá, del PP, que ayer, tras declarar ante la juez, ingresó en prisión provisional sin fianza. Sin embargo, el actual primer edil, Juan Bautista Reus, del PSPV, también está desde ayer imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
La misma suerte que Reus corrieron todos los políticos que integraban la corporación de Llíber entre 1999 y 2003, que presidía como alcalde el popular José Mas. Además del actual primer edil, acudieron en la mañana de ayer al cuartel de la Guardia Civil de Calp el primer teniente de alcalde y actual responsable de Urbanismo, José Ordines, del PSPV, el ex concejal socialista José Fullana, y los dos ediles del PP José Juan Reus y Vicente Andrés Ivars. Todos ellos, tras ser interrogados en calidad de detenidos, quedaron en libertad pero imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Fuentes del caso indicaron que a estos cinco políticos, de los que cuatro siguen en la corporación actual, se les relaciona con la trama de corrupción urbanística porque, en las actas de pleno del mandato de 1999 a 2003, figura que votaron a favor de dar licencias para edificar casas en suelo no urbanizable. No obstante, según las mismas fuentes, aquellos votos no tenían valor, ya que el entonces alcalde no había delegado en el pleno la facultad de conceder permisos de obra.
En esos años fue cuando el ayuntamiento otorgó licencias a destajo para construir viviendas que eran ilegales pues estaban en suelo rústico y en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados (algunas incluso de 2.000 y 1.000 m2). En ese mandato, se edificaron entre 300 y 350 chalés ilegales que todavía hoy tienen servicios de luz y agua en precario (de obra). Fue entonces cuando el promotor Miguel M., para quien la juez decretó el lunes prisión provisional, y otros empresarios ahora imputados presuntamente estafaron a cientos de residentes extranjeros al venderles casas que están fuera de ordenación y que son difícilmente legalizables.
En la mañana de ayer, la juez del juzgado número 3 de Dénia que instruye este caso de presunto corrupción urbanística tomó declaración al ex alcalde José Mas Avellá y al arquitecto técnico Amador Signes. La magistrada ordenó para ambos el ingreso en prisión provisional sin fianza. En cambio, el otro imputado en prisión, el promotor antes citado, sí que puede salir en libertad si abona una fianza de 100.000 euros. Tanto José Mas como Amador Signes, quien fue hasta 2003 aparejador municipal de Llíber (el encargado, por tanto, de informar los permisos de obra), están acusados de cohecho, estafa, prevaricación y delito contra la ordenación del territorio.
El número de implicados en la trama no ha parado de crecer desde que el domingo la Guardia Civil detuvo al promotor Miguel M. y al constructor Trevor B. Este último y la también promotora Truder W. quedaron en libertad, pero imputados por estafa y cohecho tras declarar ante la juez el martes. Los empresarios que han estado arrestados por la trama son cinco, pero hay otros promotores, intermediarios y, posiblemente, un notario que también podrían estar relacionados con la construcción de las casas ilegales, su venta fraudulenta y la falsificación de escrituras y títulos de compra-venta.
Llíber, un pueblo del interior de la Marina Alta de mil habitantes, de los que más de la mitad son residentes extranjeros, se ha visto sacudido por un escándalo urbanístico de dimensión descomunal.
"Si José Mas tiene culpa, los otros también"
"En Llíber, toda la vida se han dado licencias para construir en parcelas de 5.000 m2". Familiares del ex alcalde José Mas Avellá, que acudieron al juzgado mientras éste declaraba, afirmaron ayer que, si en el municipio ha habido "barbaridades" urbanísticas, la responsabilidad es de más de un político. Aseguraron que la excepción de permitir construir en suelo no urbanizable en parcelas de 5.000 metros cuadrados (lo legal es en terrenos de 10.000 m2) la han aplicado tanto el PP como el PSPV. "Si José Mas tiene culpa, los otros también", sostuvieron estos familiares, que admitieron que entre 1999 y 2003 se edificaron más viviendas ilegales, "pero es que hubo más demanda". "Nosotros y también todo el pueblo estamos convencidos de su inocencia", proclamaron. También recordaron que el ex aparejador municipal, Amador Signes, estuvo durante 20 años trabajando para el ayuntamiento y para gobiernos socialistas y populares. Este arquitecto técnico, de quien prescindió el PSPV cuando en 2003 recuperó la alcaldía, hizo, según fuentes del caso, proyectos privados de chalés que luego autorizó como aparejador municipal.
* Levante-EMV - A. P. F. - 17.12.09
Foto: Llíber (Alicante), chalés ilegales - diarioinformación.com
Barcelona: Un hotel de lujo que incumple la Ley de Costas
DIAGONAL* : Hace dos meses se inauguró el Hotel Vela, una instalación de lujo que ha multiplicado el precio de los inmuebles y amenaza el tejido social histórico de la Barceloneta. Barcelona tiene un problema de modelo social, económico y urbanístico. Las autoridades municipales, denuncian desde los movimientos sociales de la ciudad, han puesto a la capital catalana, más que nunca, al servicio de los intereses de los grupos inmobiliarios y del turismo.
Un ejemplo de todo esto es el Hotel Vela, inaugurado hace poco más de dos meses, una instalación de lujo en medio de un barrio popular y de origen pescador como la Barceloneta. “El Vela orientará el comercio de la zona hacia el turismo con alto poder adquisitivo, incrementará los precios de la vivienda e intensificará el fenómeno de los apartamentos turísticos”, afirma Gala Pin de la Plataforma en Defensa de la Barceloneta.
La plataforma ha interpuesto un contencioso administrativo en el que solicita el derribo de esta edificación o bien que se someta a debate público cuál debe ser el uso de Vela. Se acusa a las autoridades de incumplir la Ley de Costas y de convertir a usos privados un espacio de titularidad pública donde no se permitían edificaciones hoteleras.
En este espacio antes del Hotel Vela había un restaurante popular donde se podía ir a pasar el día y llevar comida de casa “y ahora ese espacio se ha privatizado para los más ricos”, afirma Emilia Llorca, presidenta de l’Associació de Veïns de l’Òstia, de la Barceloneta quien añade que “el barrio no ganará nada con el Vela”. Pin señala que el rechazo de los vecinos a esta nueva operación es muy amplio, “la gente aún recuerda cuando, según la Ley de Costas, se restringieron los usos de la playa para los chiringuitos, y no se entiende que ahora se permita esta construcción”.
Falta de transparencia
Desde la Plataforma se acusa al Ayuntamiento de tener prácticas poco democráticas y nada transparentes. El Plan Especial Nova Bocana, que modificará la imagen del barrio, deja “en manos de las empresas inmobiliarias la remodelación urbanística de la Barceloneta, sin que haya un planteamiento social o garantista”, afirma Pin. También indica que el Plan “de los ascensores” (para incluir ascensores en muchos edificios antiguos del barrio) se ha realizado sin la más mínima perspectiva social y que podría acabar expulsando a muchos vecinos por no poder asumir el coste de la reforma.
Este plan, por ahora paralizado, ha despertado un amplio rechazo entre los vecinos. Para Pin, la Autoridad Portuaria de Barcelona tiene una influencia excesiva y poco transparente en las decisiones del Gobierno municipal, “los ciudadanos debemos disponer de mayores controles”, añade.
Vecinos al abordaje
Durante la inauguración de este hotel se realizaron diferentes actos de protesta como una sardinada popular o un ‘abordaje’ por tierra, mar y aire. El objetivo de estas acciones era sensibilizar a la población, aunque el hotel es ya una realidad que está afectando al barrio. A día de hoy, denuncia Llorca, se pagan alquileres por valor de mil euros por pisos de 30 metros, y ya se está vendiendo la Barceloneta como una marca para restaurantes de precios prohibitivos.
“El tejido social del barrio se está rompiendo con el Vela”, afirma Llorca. “Aún quedan pendiente la resolución del contencioso administrativo presentado. Además seguiremos con las acciones de protesta, porque nuestra crítica va más allá del Vela, es una crítica a un modelo de ciudad donde predominan los intereses privados, la falta de transparencia y donde existen claros déficits democráticos”, concluye.
* Periódico Diagonal - Viçent Canet. Barcelona - 14.12.09
Foto: HOTEL VELA. Las organizaciones de vecinos llevan años expresando su malestar por la construcción de este hotel de lujo. - diagonalperiodico.net
Lanzarote: Pelotazos y ´paquetes´
,+operaci%C3%B3n+urban%C3%ADstica+-+laprovincia.es.jpg)
LAPROVINCIA* : La mayor operación contra la corrupción puesta en marcha en Lanzarote deja al descubierto decenas de irregularidades. Pelotacito, el pelotazo". El empresario y vocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote, Fernando Becerra, no dudó en alardear en una de las conversaciones grabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de la posibilidad de obtener presuntas comisiones ilegales por actuar de intermediario en diferentes negocios urbanísticos tanto en los municipios de Arrecife como en el de Yaiza.
La lectura de las conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial en el marco de la operación Unión y de las declaraciones realizadas por algunos de los más de 30 imputados recogidas en el sumario ponen al descubierto una extensa mancha de corrupción que sacude a Lanzarote de norte a sur.
Una operación que se inició el 5 de junio de 2008 cuando el por entonces consejero de los Centros Turísticos del Cabildo y secretario insular de los socialistas lanzaroteños, Carlos Espino, puso en marcha la grabadora entregada por la Guardia Civil durante la reunión mantenida con Fernando Becerra en el que le iba a hacer llegar la propuesta del promotor Luis Lleó para construir el megaproyecto de las 1.000 viviendas en Costa Roja, en Playa Blanca.
A partir de ese momento y ante la gravedad de los posibles delitos que se estaban cometiendo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, la Fiscalía y los agentes de la UCO pusieron en marcha la mayor operación contra la corrupción que se ha desarrollado en Lanzarote.
Los servicios de vigilancia especiales de los agentes de la UCO a los principales implicados les llevó a realizar todo tipo de grabaciones y fotografías. Unas medidas que incluyeron también las escuchas telefónicas realizadas con el pertinente mandamiento judicial durante varios meses.
El dinero corría de un lado para otro y las presuntas comisiones ilegales a empresarios por la adjudicación de obras se convirtió en una actividad más dentro de las labores diarias de algunos concejales y miembros destacados del PIL. "Los paquetes (sobres con dinero) los preparaba Matías Curbelo", llegó a decir ante el juez el que fuera concejal de Urbanismo en Arrecife, Ubaldo Becerra, para justificar cómo se repartía en algunas ocasiones las comisiones recibidas por los empresarios.
Dinero que incluso se llegó a entregar en el baño del aeropuerto de Lanzarote, un sobre con 6.000 euros, ante el viaje a Cuba de dos de los imputados. En otras ocasiones "las bolsas" como las llamaba Alfredo Rodríguez, trabajador del Cabildo y utilizado presuntamente en ocasiones como la persona encargada de recoger las comisiones, se repartían en cafeterías o viviendas de los implicados. Cualquier sitio era válido siempre y cuando no levantara sospechas.
La lista de políticos y empresarios que salen en las conversaciones telefónicas y en las declaraciones ante el juez es inmensa. Sin embargo, muchas de las acusaciones que se realizan por los propios imputados no están del todo demostradas en las investigaciones que han salido a la luz pública después del levantamiento parcial del secreto de sumario. La trama de la corrupción sigue abierta.
* La Provincia - D. RIVERO - 16.12.09
Foto: Un furgón de la Guardia Civil ante uno de los despachos del promotor Luis Lleó el pasado mes de mayo en Arrecife.- JAVIER FUENTES, laprovincia.es
Demoliciones
CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN* : Las demoliciones de viviendas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de A Guarda, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no van a quedar como un caso aislado en nuestra comunidad autónoma. Son muchos los municipios gallegos que cuentan con alguna vivienda ilegal sobre la que pende una orden de demolición decretada por los tribunales, con casos tan relevantes como el de Vigo.
Evidentemente, la tipología de viviendas afectadas que incumplen la legalidad urbanística es muy variada: desde los casos en que es el propio particular el que construye la obra sin licencia, o sin ajustarse a los términos de la licencia concedida, hasta los casos (que son mayoritarios) de personas que adquirieron de buena fe una vivienda provista de la correspondiente licencia y que vienen habitándola desde hace años. Es en estos últimos casos donde surge el verdadero drama humano de quienes, sin tener responsabilidad alguna en lo sucedido, se ven compelidos a abandonar sus hogares. ¿Qué pueden hacer estas personas?
Ante todo, deberán acatar la sentencia que decreta la demolición y no oponerse físicamente a su ejecución, porque de lo contrario acabarán cometiendo con seguridad un delito. Sentado esto, lo que procede es exigir responsabilidad a la Administración por haber otorgado una licencia contraria a las normas urbanísticas. En algunos supuestos dicha responsabilidad podrá exigirse incluso por la vía penal, dado que en nuestro Código existe un delito de prevaricación urbanística, que castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, haya concedido una licencia contraria a las normas urbanísticas o haya informado favorablemente dicha concesión. Con todo, hay que tener en cuenta que el delito de prevaricación exige una vulneración clamorosa y grosera de la legalidad, y que nuestros tribunales suelen aplicarlo singularmente cuando existen informes contrarios del arquitecto municipal y del asesor jurídico. En cambio, la prevaricación se rechaza siempre que quepa entender que la concesión de la licencia "se encuentra dentro de las opiniones que pueden ser jurídicamente defendibles", circunstancia que concurría, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de A Guarda, puesto que, antes de la sentencia del TSXG, algunos jueces de Pontevedra habían avalado la interpretación jurídica realizada por el Ayuntamiento.
Ahora bien, el hecho de que no exista delito no implica que no quepa exigir una responsabilidad administrativa patrimonial al ayuntamiento (o, en su caso, a la Xunta de Galicia), que es una responsabilidad directa y de carácter objetivo, consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y que genera un derecho del particular a ser indemnizado por los daños materiales y morales "siempre que no exista dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado", lo cual es interpretado por la jurisprudencia dominante en el sentido de que la Administración sólo queda exonerada de responsabilidad cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido.
Por lo demás, los ciudadanos nos preguntamos cómo se ha podido llegar a situaciones como las de A Guarda, donde las demoliciones se llevan a cabo en casas habitadas desde hace años. Sin desconocer el usual modus operandi de muchos ayuntamientos de otorgar licencias de dudosa legalidad acompañadas de la promesa de que las construcciones serán legalizadas en el futuro, hay que destacar la resistencia de algunos jueces a suspender cautelarmente el otorgamiento de la licencia en el momento en que, ante la presentación de un recurso contra ella, tuvieron que decidir acerca de la adopción de posibles medidas cautelares, cuando las viviendas se hallaban en construcción o cuando ésta todavía no se había iniciado. Frente a esta posición, otros jueces adoptaron la medida cautelar de suspensión, entendiendo -a mi juicio correctamente- que en tales casos el interés general en la ordenación urbanística debe prevalecer siempre sobre el interés privado en la terminación de la obra, y que la continuación de la obra haría perder la finalidad legítima del recurso, puesto que, a la vista de la congénita lentitud de la jurisdicción contencioso-administrativa, la sentencia se dictaría cuando las viviendas estuviesen ya terminadas y ocupadas.
* ELPAIS.com - Opinión - 14/12/2009
Barcelona: Expropiados de la zona sacan su queja a la calle
ELPERIÓDICO* : Hipotecados más allá de la tumba. Así se ven las decenas de expropiados de la llamada unidad de actuación 13 del Poblenou, una pieza más del puzle que compuso el cambio radical urbanístico para dar luz a la nueva Diagonal. Tras más de ocho años de trámites, reivindicaciones y lucha judicial para lograr una compensación «justa» y con el caso ya en la recta final, en el Tribunal Supremo, un colectivo de unos 40 vecinos han sacado su grito a la calle en forma de pancartas.
Cuelgan desde los balcones de la finca de nueva construcción (Provençals, 55, con Diagonal) –semivacía– donde se han podido mudar los pocos expropiados que lograron financiación bancaria.
Su unidad la integraban 97 vecinos empadronados, aunque los no residentes no tuvieron opción a reubicarse en los pisos de protección oficial que se les ofrecieron a la venta. Otros muchos tuvieron que renunciar porque a su edad (la mayoría eran ancianos) conseguir una hipoteca era casi disparatado. No obstante, en 17 casos y con el aval familiar, lograron acceder a uno de los pisos de Provençals, a costa de endeudarse por 25 años, pese a tener, en muchos casos, más de 80.
Ramon Segura, portavoz de los que siguen reclamando lo que creen sus «derechos constitucionales», explica que la expropiación forzosa supuso para muchos vecinos obtener poco más de 60.000 euros por solares (con casa incluida) de más de cien metros cuadrados. Con esa suma solo han podido dar la entrada de los pisos de protección que les reservaron a algunos por entre 150.000 y 180.000 euros, más plazas de aparcamiento a precio de mercado normal, se quejan. La mayoría ha tenido que irse de alquiler.
LARGA ESPERA / Los afectados lucharon hasta la llegada de las excavadoras por una tasación realista, opinan. Se quejan de demoras en el procedimiento, con las que el ayuntamiento logró acogerse a una actualización del valor catastral, más conveniente para las arcas municipales que la aplicación de la tasación residual, vigente en el momento de las negociaciones, sostienen. También lamentan la larga espera que precedió a la obtención de los pisos. Y que el precio de estos quedaba por encima de sus posibilidades.
«Mis padres, de 83 y 92 años y con 66.000 euros por la expropiación, no podían pagar nada, pero para que no se vieran en la calle yo asumí la hipoteca», cuenta Joan Gisbert. Su progenitor aún pregunta a diario cuándo le van a tirar la casa, ajeno a lo que sucedió con el vecino solar, donde se levantarán más pisos en breve.
«Esta es una promoción fantasma», se queja Segura, con muchos pisos vacíos, a falta de que otros destinatarios de la vivienda de protección logren hipotecas. «Y los pisos son de mala calidad», agrega Felipe Mateo, residente en la finca, hastiado de los problemas de filtraciones del párking.
El concejal de Sant Martí, Francesc Narváez, señala que el problema radica en el criterio de valoración de la expropiación, que en este caso no puede equipararse al de los antiguos propietarios expropiados en el Poblenou. Esta unidad, apunta, obedecía a la apertura de la Diagonal y «tiene distinta consideración». La pelota está en manos de los tribunales, señala el ayuntamiento.
El colectivo se queja también de irregularidades en los procesos judiciales, tanto en el tribunal provincial de expropiaciones como, espués, con el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, con un informe pericial a su favor pero que acabó con sentencias favorables al consistorio, que adjudicó los terrenos a la promotora Espais.
Con el recurso de casación en el Supremo, esperan solución final por la vía judicial: «No queremos ganar dinero, solo que se nos dé lo que antes teníamos, una vivienda, no una deuda», sentencia Gisbert.
* El Periódico - P.C. - 16.12.09
Foto: Carteles reivindicativos contra las expropiaciones, en los balcones del número 55 de Provençals, el viernes. - danny caminal, elperiodico.com
Viva la infraestructura (haga falta o no)
ELPAÍS* : Todas las líneas del AVE tendrán en un futuro parada en el aeropuerto madrileño de Barajas, comunicado con la capital por metro, autobús y, desde el año que viene, también por trenes de cercanías. "No es necesario. ¿Qué se va a ganar? ¿Cuántos usuarios que cojan el AVE van a viajar luego en avión como para justificar la inversión en un tramo de tren de alta velocidad sin continuidad?", se pregunta Edelmiro Rúa, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
La construcción de infraestructuras de transporte -carreteras, AVE, aeropuertos, puertos-, junto con la de viviendas, ha sido uno de los principales motores de la economía española en las últimas décadas. Desde finales de los años noventa, estas infraestructuras de transporte han experimentado un gran crecimiento. En 2012 se prevé que España sea el primer país del mundo en líneas de alta velocidad en servicio y el primero de la Unión Europea en kilómetros de autovías. Con la crisis, el Estado sigue realizando y programando grandes y pequeñas obras en un intento de amortiguar la destrucción de puestos de trabajo. Pero, más allá del empleo y beneficio que genera su propia construcción, ¿son todas necesarias?, ¿hacen falta?
"Una infraestructura sólo está justificada si cumple el objetivo de eficiencia", afirma Antonio Serrano, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia.
En 1998, la única estación del AVE a su paso por Guadalajara fue construida, en lugar de en esta ciudad, como cabría pensar, en la pequeña localidad de Yebes, a 13 kilómetros. Su construcción costó 10 millones de euros y únicamente la usan 15 personas al día.
"Las infraestructuras no son un fin, sino un medio: hay que acometerlas si tienen una utilidad real, cuando hay una relación coste-beneficio", señala Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
En Madrid, las autopistas radiales de peaje (R-2, R-3, R-4 y R-5) se construyeron para descongestionar el tráfico de las sobrecargadas autovías por las que discurren paralelas (A-2, A-3, A-4 y A-5). Sin embargo, no han logrado su objetivo hasta la fecha. Un día normal, unos 10.000 vehículos circulan por la R-2 en el tramo que enlaza la M-40 con la M-50, frente a los cerca de 112.000 que transitan por la A-2, según datos del Ministerio de Fomento. "El usuario no tiene en cuenta el ahorro de tiempo y gasolina que suponen, se queda sólo con la idea de que tiene que pagar 10 euros por sesenta kilómetros", asegura Edelmiro Rúa.
"Estas autopistas se hicieron para calificar suelo, que ha sido el negocio especulativo de este país durante años y años", manifiesta Antonio Serrano, ex secretario general de Territorio y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.
"Las radiales no son inútiles, lo que pasa es que su valoración se está haciendo en el corto plazo. La R-4, por ejemplo, es a 65 años. Por esa regla de tres, también se puede decir que Barajas, tras su ampliación, únicamente opera al 60%", alega Enrique Fuentes, director de Desarrollo de Negocio de la constructora Ferrovial.
La AP-7 entre Cartagena y Vera, inaugurada en marzo de 2007, tiene 114 kilómetros, de los cuales 97,7 son de peaje. El que apenas 2.000 vehículos circulen por ella diariamente -las previsiones los cifraban en 7.000- le ha valido el apelativo de autopista fantasma o de la especulación.
El Gobierno acordó el mes pasado dar un crédito de 200 millones de euros en 2010 a las concesionarias de las últimas autopistas de peaje para ayudarles a pagar el alto coste de las expropiaciones.
La proliferación en los últimos años de infraestructuras de dudosa utilidad tiene muchas, variadas y complejas causas.
Tras la Guerra Civil y hasta finales de los años cincuenta, España sufrió un gravísimo déficit de infraestructuras. "Lo que estaba claro entonces era que esos proyectos eran muy necesarios, pero luego se pasó al extremo: toda infraestructura es buena. Y es un tremendo error. Las hay que no son aconsejables y sería mucho mejor destinar esos recursos a otro tipo de actividades", resalta Serrano.
A juicio de Carme Miralles-Guasch, profesora de Geografía Urbana de la Universidad Autónoma de Barcelona, existe el mito de que aeropuertos, autovías o trenes de alta velocidad generan por ellos mismos desarrollo económico y social, "pero no es así si no van acompañados de otras estrategias económicas, sociales...". "Una universidad no se construye sólo con el edificio". Y cita el caso del aeropuerto de Ciudad Real, inaugurado hace un año, participado por la intervenida Caja Castilla-La Mancha (CCM), en el que opera una sola compañía, Air Berlín, y que es deficitario. "Este aeropuerto no tiene razón de ser porque está muy próximo al de Barajas. No pasa nada porque se cree primero una oferta, pero tiene que haber una demanda latente, que no esté cubierta por otras infraestructuras", indica.
Miralles-Guasch sostiene que, en algunos casos, las infraestructuras pueden ser incluso contraproducentes. Un tren o una autopista, por ejemplo, conectan poblaciones diferentes; si éstas son muy desiguales en tamaño y capacidad, la que saldrá beneficiada es la que ya era la más favorecida, argumenta. El tejido económico y empresarial se trasladará al polo más grande, donde las oportunidades son mayores.
Esta profesora de Geografía Urbana recuerda que en el siglo XIX se pensó que la llegada del ferrocarril supondría un impulso de las zonas rurales y, según relata, lo que fomentó fue precisamente lo contrario: provocó un éxodo a los grandes núcleos urbanos. "En Soria quieren el AVE, pero se olvidan de que la despoblación de la provincia vino, precisamente, con el ferrocarril del XIX", destaca. Y añade que "el objetivo es legítimo, están en su derecho de reclamar un tren de alta velocidad, pero esa infraestructura funcionará si va de la mano de otras actuaciones, no por sí sola".
El economista Gregorio Izquierdo reconoce el efecto directo de la inversión en obras públicas en la creación de puestos de trabajo. No obstante, subraya que estos proyectos "no pueden justificarse únicamente por los empleos que generan, porque llevan consigo un aumento del déficit público para financiarlos, lo que luego se traduce en una subida de impuestos que acaba destruyendo puestos de trabajo". Izquierdo apuesta por dejar "campo de juego" al sector privado para que realice estas obras "sin que se sobrecarguen las arcas públicas", sobre todo en tiempos de crisis.
La secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez Piñero, defiende la conveniencia de las infraestructuras por tres razones principales: mejoran la competitividad económica y permiten un desarrollo sostenible y un equilibrio territorial. Y pone dos ejemplos. Uno de ellos es el AVE a Castilla-La Mancha, que, según apunta, ha hecho que, ante los altos precios de la vivienda en Madrid, mucha gente se haya podido ir a vivir a Toledo, yendo y viniendo a trabajar a la capital.
También destaca el caso del AVE a Valencia. "Esta ciudad se colocará a una hora y treinta y cinco minutos de Madrid. ¿Se está pensando ya en la capacidad de negocio? Aquellos que sepan anticiparse a ella, van a crecer", prevé.
Para Rodríguez Piñero, el que España en 2012 sea el líder mundial en alta velocidad "da prestigio a este país como potencia económica". "Hay dos compañías españolas fabricantes de trenes a las que van a buscar en todo el mundo porque somos referencia", asegura.
Edelmiro Rúa cree que, en muchas ocasiones, los políticos crean "necesidades ficticias" para "apuntarse tantos". Incluso a veces, lamenta, dejan en el tintero las obras más acuciantes porque hay que dar salida a las "más vistosas".
"En Galicia hay dos grandes puertos en Ferrol y A Coruña, en los que entran grandes cantidades de materias primas que hay que transportar; pues bien, a día de hoy, esos puertos no tienen accesos de ferrocarril rápidos y de carretera", critica. "Antes de finales de año se licitará el acceso viario al puerto de A Coruña", replica la secretaria de Infraestructuras.
A la fiebre de algunos políticos por inaugurar grandes obras, Rúa añade el "y yo también" ciudadano. Este ingeniero considera que "el gran avance del AVE a Sevilla fue que evitaba Despeñaperros; el de Valladolid, que en media hora estabas en Segovia", pero que, salvo casos muy concretos, se pueden obtener velocidades suficientes, adecuadas, con una modernización y mejor conservación de las líneas sin tener que recurrir a la alta velocidad, la tecnología más cara. "Sin embargo, el señor de Burgos se monta y ve que, en vez de poner que el tren va a 300 por hora, pone a 209 o a 188, y se queja, y pregunta: '¿Por qué vamos tan despacio?". Lo mismo pasa con las carreteras, en opinión de Rúa. "La gente quiere tener la autopista al salir de casa", afirma.
Otra de las causas de la existencia de infraestructuras de dudosa utilidad habría que buscarla en que, dada la distribución territorial y política de España, el criterio de equidad ha primado sobre el de eficiencia en el reparto de muchas de las inversiones en obras públicas entre las distintas regiones en los últimos tiempos.
"Obviamente, el desarrollo pasa por una cierta dotación de infraestructuras, pero existen evidencias científicas que demuestran que esas inversiones no redundan en un beneficio para la sociedad a partir de un determinado nivel de desarrollo, y encima tienen un alto coste medioambiental", manifiesta Sandra Pizzinato, responsable de la campaña de Transporte de Greenpeace, para quien urge un "cambio radical" en la política de transporte hacia "un modelo más sostenible".
Las emisiones de C02 generadas por el transporte en España se incrementaron un 89% entre 1990 y 2006, y representan una cuarta parte del total de emisiones, según la organización ecologista. "No hay que construir tanto, sino mejorar lo ya construido. Hace falta un mejor ferrocarril, pero no trenes elitistas que sólo tienen parada en las grandes poblaciones, y una mayor inversión en transporte público, no más autovías", resalta Pizzinato.
Quizás España esté próxima a alcanzar el nivel de saturación en lo que a la red de carreteras se refiere, no así en el transporte por ferrocarril, sobre todo en el de mercancías, una asignatura pendiente, ya que se hace principalmente por carretera, con un gran coste medioambiental, de acuerdo con los expertos. El ferrocarril es precisamente la gran apuesta del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 del Ministerio de Fomento.
En un mundo globalizado amenazado por el cambio climático, donde la dependencia de un recurso que se agota, el petróleo, impone la explotación de otras fuentes de energía, el responsable de Desarrollo de Negocio de Ferrovial abre un nuevo frente: "Hay que empezar a pensar en otro tipo de infraestructuras, en las que tienen que ver con el medio ambiente". Las relacionadas con el reciclaje, la incineración de basuras, el tratamiento de aguas residuales... "En la mayoría de las comunidades, el porcentaje de basura sin tratar está en torno al 50%. En este sector, España sí que tiene un déficit brutal", subraya Enrique Fuentes.
Infraestructuras del presente, infraestructuras del futuro... en lo que coinciden los consultados es en que es necesaria una mayor racionalidad a la hora de decidir los proyectos. "Priorizar", "ser más selectivos y rigurosos", "evaluar la conveniencia de una obra desde un punto de vista económico, social, ambiental y técnico", "no duplicar recursos". "Es hora de que se imponga el sentido común", dice la profesora Miralles-Guasch. "No hay que buscar culpables. Los poderosos no son más que un reflejo de lo que somos todos. Pero no podemos seguir viviendo, como lo estamos haciendo, en este espejismo de país de nuevo rico".
* ELPAIS.com - PATRICIA M. LICERAS 16/12/2009
Foto: Las carreteras radiales de peaje no consiguen aligerar el tráfico de las autovías nacionales que hacen el mismo recorrido.- elpais.com
El Tribunal de Estrasburgo condena a España por el mal funcionamiento de la justicia
+-+lasprovincias.es.jpg)
LEVANTE/Valencia* : La decisión del Tribunal Supremo de rechazar por "falta de datos" el recurso de un vecino de Bocairent contra la decisión de la Conselleria de Urbanismo de desclasificar unos terrenos de su propiedad "violó" el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por un mal funcionamiento de sus instituciones, en este caso, judiciales.
El fallo de la Corte de Estrasburgo establece que el Supremo, que tardó cuatro años en inadmitir el recurso, vulneró el derecho de todo ciudadano de la Unión a que una causa sea oída de manera equitativa, pública y en un plazo razonable.
El autor de la demanda, Martín Vicente Llavador, presentó en 1994 un litigio contra un cambio en las normas de planeamiento de Bocairent promovidas por el ayuntamiento y aprobadas por la Conselleria de Urbanismo del Gobierno valenciano, que afectaba de lleno a su propiedad. En concreto, el ayuntamiento modificó el planeamiento urbanístico para cambiar de urbano a no urbanizable de Protección Especial unos terrenos, de 350.000 m2 de superficie, propiedad de la familia del recurrente en el entorno de la Serra Mariola y sobre los que pretendía levantar una urbanización: "Desclasificaron mis parcelas diciendo que había demasiado suelo urbano y luego recalificaron otros de Protección Especial para hacer un camping, entonces propiedad de la esposa del arquitecto municipal y de dos concejales", según explicó ayer Martín Llavador a Levante-EMV tras conocer el fallo de Estrasburgo.
Agotada la vía administrativa, Llavador presentó un recurso contencioso-administrativo, que fue parcialmente admitido en marzo de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. No contento con el fallo del TSJ-CV, recurrió en casación ante el Supremo, que admitió el recurso en febrero de 1998 y "apremió a la otra parte [la conselleria y el ayuntamiento] a que compareciera en un plazo de 30 días para poder oponerse a la apelación". Casi 4 años después, en una sentencia de 18 noviembre de 2002, el Tribunal Supremo rechazó el recurso por "falta de datos en el escrito de presentación", según la resolución.
Tumbado en el Constitucional
Pero el periplo judicial de este empresario de Bocairent continuó en el Tribunal Constitucional, donde en una estrecha votación de tres a dos, se resolvió dar por buena la decisión del Supremo. En un voto particular, uno de los magistrados que apoyó la admisión del recurso reseñó que se habían tomado por parte de la administración "medidas exacerbadas" contra el recurrente.
El afectado recordó que se gastó 10 millones de pesetas de la época "en la redacción del proyecto, en llevar la luz eléctrica a la zona y en excavar un pozo". Sin embargo, según dijo ayer Llavador, "no me bajé los pantalones como querían y fue cuando me vinieron encima todos los problemas", declaró el recurrente, quien ayer no quiso extenderse más en sus valoraciones sobre la sentencia porque "todavía no la tengo en mis manos. Sólo conozco lo que me han dicho a través del teléfono. Lo que si sé es que me destrozaron la vida y voy a llegar hasta el final para defender mis intereses y que cada uno asuma sus responsabilidades", adelantó.
* Levante-EMV - RICARD GALLEGO - 16.12.09
Foto: Bocairent (Valencia) - lasprovincias.es
La juez encarcela al cabecilla de la trama de chalés ilegales en Llíber
+-+enciclopedia.cat.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : El caso de corrupción urbanística en Llíber sigue creciendo. La Unidad contra la Delincuencia Urbanística ha detenido ya a ocho personas, dos de las cuales están en libertad con cargos tras prestar declaración, otra en la cárcel y cinco más permanecen arrestadas en las dependencias policiales a la espera de ser interrogadas por la juez de Dénia.
La magistrada decidió ayer el envío a prisión del promotor de Xàbia Miguel M., presunto cerebro de la trama por la que varias empresas vendieron 300 viviendas en suelo rústico, con el concurso del ex alcalde de Llíber, José Más, del PP, como máximo responsable político de los permisos fraudulentos que habrían permitido la edificación de los inmuebles ilegales entre 1999 y 2004.
El ex alcalde no se encuentra solo en los calabozos, le acompañan tres constructores y el ex aparejador municipal. Éste y Mas ya habían sido imputados en un anterior proceso judicial por un caso vinculado también a las construcciones ilegales. La juez tiene previsto tomar hoy declaración a tres de los detenidos.
En el fraude masivo de la venta de centenares de viviendas ilegales se encuentran implicadas más personas que deberán comparecer ante la juez: constructores, intermediarios y hasta un notario. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa, cohecho, pertenencia a asociación ilícita y ordenación contra el territorio.
El caso, en el que la fiscalía de Medio Ambiente de Alicante actuó de oficio tras la denuncia de uno de los clientes estafados, no es más que la herencia de la fiebre urbanística que se adueñó de Llíber desde finales de los años noventa, cuando la corporación aprobó una ordenanza que permitía la construcción de chalés en parcelas de tan solo 5.000 metros cuadrados. Este resquicio legal provocó un marasmo de operaciones de compraventa de suelo y el desembarco de los promotores de la trama, que pronto vendieron terrenos para edificar. Sus precios oscilan entre los 200.000 euros y el millón de euros.
Los promotores se encargaban de todo. Contactaban con el cliente -normalmente de procedencia británica o alemana-, lo traían desde el aeropuerto, le mostraban el idílico paisaje del municipio, le vendían el terreno, le preparaban la escritura, le convencían de que todo era legal y obtenían los permisos de edificación. Muchos de estos eran para la restauración de ruinas que no existían o para la instalación de almacenes que nunca iban a existir y que fueron expedidos por el gobierno del alcalde del PP.
Llíber es hoy un caos urbanístico, hasta el punto de que el Ayuntamiento, gobernado desde 2003 por el PSPV, instaló un cartel que en castellano e inglés advertía: "Antes de comprar una parcela, verifique su situación legal". Los estafados se han organizado en la plataforma Abusos Urbanísticos Llíber.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 16/12/2009
Foto: Llíber (Alicante) - enciclopedia.cat
Córdoba: Urbanismo sigue dando licencias en Mirabueno pese a todas las carencias
ELDÍA* : En un hecho inédito, la Gerencia Municipal de Urbanismo decidió ayer desoír un acuerdo del consejo rector del año 2005 y el criterio expresado por el servicio de Planeamiento para asegurar que las licencias de ocupación del barrio de Mirabueno se seguirán otorgando a pesar de que es evidente que la junta de compensación no ha culminado las obras del proyecto de urbanización, que existen problemas de abastecimiento energético, que no se han ejecutado determinadas actuaciones contempladas inicialmente y que la Ronda Norte se encuentra a medio hacer.
El teniente de alcalde de Urbanismo, Francisco Tejada (IU), le dio ayer la vuelta a todo lo que consta en la documentación oficial -asegurando que se ha malinterpretado- para afirmar no sólo que las licencias de primera ocupación concedidas no se revocarán sino que se darán nuevos permisos. Ayer mismo, se le dio permiso de primera ocupación a una promoción de VPO de 75 pisos y 153 cocheras.
Lo habitual en una promoción de este tipo es que primero se desarrolle el proyecto de urbanización, se conceda licencia de obras para las casas y, una vez acabado cada edificio, se dé la de primera ocupación cuando se compruebe que todo está correcto. En este caso, Urbanismo permitió urbanizar y edificar a la vez con unos avales de 13 millones por si las cosas fallaban. Las cosas han terminado fallando pero buena parte de las casas están vendidas y ocupadas. Los hechos pueden generar un expediente sancionador catalogado como muy grave.
En 2005, Urbanismo decidió que si la urbanización del suelo no se completaba, las ocupaciones concedidas serían nulas y las casas tendrían que desocuparse sin posibilidad alguna de pedir indemnizaciones. En un primer cambio, un informe de la pasada semana aseguraba que los permisos podrían ser nulos si "el órgano decisorio" así lo estimaba dejando la última decisión en manos del ámbito político. Se daba por hecho -a pesar del acuerdo de hace cuatro años- que nadie sería obligado a dejar su vivienda ya que sería una medida que afectaría a terceros que han comprado de buena fe. Sin embargo, el mismo informe incluía un documento de Endesa que aseguraba que no se podían realizar nuevas conexiones al faltar la mitad de la infraestructura del transporte eléctrico inicialmente proyectada y aprobada.
El teniente de alcalde de Urbanismo decidió ayer -en una intervención puramente política- que las licencias de ocupación se seguirán otorgando a pesar de que es más que evidente que se han incumplido las obligaciones del promotor y, por ende, que la urbanización del sector no se ha terminado conforme a las previsiones inicialmente planteadas.
Para dar las nuevas licencias, Urbanismo se aferra a un documento de Endesa que asegura que, en contra de lo anunciado, puede darle electricidad a esa promoción pero a ninguna más -para ocupar un edificio es preciso contar con un boletín que garantiza que los servicios básicos pueden ser conectados-. La argumentación de la Gerencia es que se va a quedar con los 13 millones de euros en avales (realizados por medio de la entidad financiera Cajasur) que la junta de compensación, liderada por Marín Hillinger, puso en su momento para garantizar que terminaría las obras y que con ese dinero terminará la Ronda Norte y paliará todos los problemas que tenga la urbanización. El problema principal de esa argumentación es que los precedentes son precisamente los contrarios: las ocupaciones no se tramitan y se otorgan hasta que los problemas no se han arreglado y los técnicos han constatado que todo está correcto en un procedimiento que está reglado.
Todas las fuentes consultadas, salvo el teniente de alcalde de Urbanismo, reconocen el riesgo que está asumiendo la Gerencia pues entienden que lo más probable es que el asunto de los avales acabará en un pleito en el que el Ayuntamiento puede ganar o no. "No tiene por qué suceder eso", se limitó a decir el responsable del organismo autónomo. Tejada aseguró que "pertenece al ámbito privado" la consideración de que el promotor que ha incumplido los acuerdos con el Ayuntamiento -ese es el criterio de la Gerencia para quedarse los avales- pueda seguir vendiendo viviendas.
* El Día de Córdoba - Rafael Ruiz - 16.12.09
Foto: Las obras de la ronda Norte permanecen paradas desde agosto del 2008.
Foto: A.J. GONZALEZ, diariodecordoba.com
Madrid: Un juez quiere embargar a la edil de Urbanismo por una deuda municipal
ELPAÍS* : No existen precedentes, pero de aceptarse, podría sentar las bases de una jurisprudencia sorprendente. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) redactó un auto el pasado 5 de noviembre en el que reclama al Ayuntamiento de Madrid el pago por los intereses de una expropiación irregular realizada cuando José María Álvarez del Manzano era alcalde.
Si no se pagan, dice con un tono que expresa ya cierto hartazgo por la espera (habitual en decenas de procedimientos que tiene abiertos el Ayuntamiento por impagos), embargará bienes personales de la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.
Lo que reseña el párrafo más suculento del auto, en suma, es que si no se abona la cantidad en la fecha acordada, que expiraba el pasado viernes, "se incrementará en dos puntos el tipo de interés aplicable sin perjuicio de que el importe de dicho incremento se repercuta sobre el patrimonio personal de la concejal del área, por la diáfana y contundente negligencia en el cumplimiento de su obligación de ejecución de la sentencia". No cabe duda de que el magistrado lleva un enfado importante.
La historia comenzó en 2001 cuando la Concejalía de Urbanismo, entonces dirigida por Ignacio del Río, expropió dos parcelas en Usera. Pagó 5,6 millones por una y 479.781 euros por la otra. Los terrenos iban a servir para construir varias promociones de vivienda protegida. Pero como suele ocurrir, los expropiados consideraron que el precio era inferior a su valor real.
Y en esta ocasión así lo creyó también un juez seis años después, en noviembre de 2007. A pagar dos millones de euros más de lo abonado, dijo. Eso, y los intereses por la demora y la inflación: 410.000 euros. Finalmente, el Ayuntamiento abonó la diferencia (en 2009), pero no los intereses.
Y cuando parecía que el Consistorio se avenía a pagar por un procedimiento amistoso una suma de 390.000 euros, según fuentes del caso, se descolgó con una oferta de 27.000 euros que, obviamente, no interesa a los afectados por la expropiación.
El caso es extraño. Según el abogado Alberto Jabonero, para que pudiese ejecutarse la amenaza que pende sobre la concejal "debería tramitarse un procedimiento específico en el que se declarase tal responsabilidad con posibilidad de defensa del afectado".
Pese a todo, en el Consistorio están tranquilos y dicen que ya les ha sucedido otras veces. "No es una práctica nueva. Cuando se dicta una sentencia, si no se cumple el plazo del juzgado, si el abogado de la parte insta a que el Ayuntamiento cumpla en el tiempo legal, nos suele pasar", explica el edil de Hacienda, Juan Bravo.
El problema, dicen, es que es final de año y la cantidad asignada en el presupuesto anual al pago de este tipo de intereses ya se ha gastado. Ahora mismo, asegura Bravo, se tramita una modificación presupuestaria para hacer frente a la cifra requerida.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 16/12/2009
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Galicia: Una oleada de derribos amenaza las arcas de municipios costeros
,+derribos+-+lavosdegalicia.es.jpg)
ELPAÍS* : La reposición de la legalidad urbanística pone a los ayuntamientos contra la pared. Las sentencias judiciales firmes con ese objetivo, que pasa por anular licencias municipales y, subsiguientemente, ordenar la demolición de las obras ilegales, se convierte en una amenaza drástica para el funcionamiento económico de los municipios y, por extensión, para la economía civil generada por el anterior auge de la especulación inmobiliaria.
El alcance de esta amenaza se hace patente en A Guarda, el primero de los ayuntamientos sacudidos por los tribunales: su presupuesto no alcanza ni para la primera tanda de derribos por licencias mal concedidas, y aún hay más sentencias pendientes de ejecución. En esa tesitura se verán a corto plazo otros ayuntamientos, especialmente del sur de Pontevedra, sobre los que en los próximos meses, según fuentes jurídicas consultadas, caerá una oleada de sentencias de idéntico contenido.
La situación es comparada en medios judiciales, por sus efectos económicos, con las primeras acciones contra el narcotráfico en la comarca de Arousa. La persecución alcanzó entonces a numerosos negocios que acabaron cerrados o sometidos a crisis de supervivencia con efectos sobre el empleo. Ahora los tribunales, con sentencias firmes en causas iniciadas hace cuatro años y más, pondrán en jaque muchas de las plusvalías obtenidas con la especulación. "La Administración ha sido muy tolerante y casi nadie de los afectados es inocente en estos resultados", explican fuentes de la Fiscalía de Pontevedra, que atribuyen la situación al exceso de normas que marcan el funcionamiento del sector y a la proclividad a cambiarlas de los responsables políticos, incurriendo con facilidad en la generación de inseguridad jurídica.
En los ayuntamientos la crisis del ladrillo ya ha provocado una merma drástica en sus ingresos por la concesión de licencias. Ahora, además, tendrán que afrontar los costes de la reposición de la legalidad urbanística, bien directamente o repercutiéndolos, allá donde proceda, sobre las empresas o particulares que promovieron las obras ilegales. Unas se realizaron sin licencia, otras recibieron licencias que contravienen la legislación vigente y otras, en fin, desbordan el marco de actuación de los permisos que recibieron. La reposición de la legalidad pasa a ser en todas ellas una responsabilidad municipal y, aunque nadie adelanta cifras, tampoco nadie duda de que tendrá una incidencia capital sobre las economías locales afectadas.
En A Guarda, por citar el último caso, la anulación de las licencias de construcción de 21 viviendas unifamiliares y la demolición en marcha de las que se construyeron conlleva la indemnización a los afectados, porque actuaron con todas las de la ley, con unos siete millones de euros, equivalentes al presupuesto municipal del año. En este caso el ayuntamiento se apresta a dirimir con la Xunta en los tribunales a quién le corresponde pagar, pero en los próximos meses tendrá que afrontar otros fallos análogos.
Situación similar se produce en los tres ayuntamientos del Val Miñor (Baiona, Nigrán y Gondomar) y en Oia, que puede pasar por un paradigma del desastre. En los próximos meses se esperan sentencias firmes sobre decenas de edificios construidos en las proximidades de la costa, todos ellos ilegales. El caso más relevante es el del hotel-balneario Talaso Atlántico, que se construyó de acuerdo con una ordenanza que el Ayuntamiento nunca publicó y cuya demolición tendrá que ejecutarse previsiblemente en unos meses.
En Oia está asimismo pendiente el derribo de una nave industrial del actual edil de Urbanismo de Gondomar, Alfonso de Lis, quien la defiende con el argumento de que tenía licencia municipal, aunque obvió la de la Xunta, preceptiva para toda edificación en suelo rústico. El actual alcalde, Alejandro Rodríguez, se resiste a ejecutar el derribo con el argumento de que la empresa genera empleo. Mandará ejecutarlo "cuando empiecen a demolerse las muchas naves que hay en su misma situación en la provincia", afirma.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 15/12/2009
Foto: A Guarda (Pontevedra), derribos - lavosdegalicia.es
Málaga: El PGOU recalifica una finca contigua al centro ruso de Pinares a demoler
La maniobra de los técnicos encargados de la revisión únicamente beneficia a los propietarios de la citada pastilla, sin que la misma tenga efectos sobre el suelo, también no urbanizable, en el que Vladimir Beniachvili ha levantado en los últimos once años varias edificaciones de forma presuntamente ilegal.
El diferente trato que el nuevo Plan General da a ambos espacios crea ciertas incertidumbres, puesto que según indicaron a este periódico miembros de la comunidad de propietarios de Pinares de San Antón y expertos, podría abrir una puerta inesperada al promotor del hispano-ruso para tratar de normalizar dichas irregularidades. Según las fuentes consultadas, podría llegar a reclamar al Ayuntamiento el mismo trato que se da a los propietarios de al lado y apuntaron que incluso podría presentar un recurso contencioso-administrativo contra el PGOU, "con el objetivo de ralentizar aún más las actuaciones municipales". "Habría que explicar muy bien por qué siendo suelo del mismo tipo se cambia uno y no el colindante", añadieron.
Este extremo, no obstante, fue descartado desde la Gerencia de Urbanismo. Teresa Domingo, jefa de departamento de Disciplina Urbanística, explicó que la decisión de otorgar la calificación de urbanizable no consolidado al terreno aledaño "no afecta para nada a los suelos sobre los que ha construido el promotor del centro hispano-ruso". En este sentido, cerró que ello sea una forma de legalización y que se contemple un cambio en el uso previsto. Según la ficha técnica, en la parcela objeto del cambio de uso, de 17.424 metros, se permitirán hasta 10 viviendas unifamiliares.
En relación con la larga espera que acumula el posible derribo de lo construido en la parcela de calle Halepensis, dijo que esa demora responde a "la enorme complejidad" del expediente y a que "no se ha sido suficientemente ágiles", lo que vinculó con la disposición de menos medios de los necesarios. En cualquier caso, la responsable técnico insistió en que desde Urbanismo se ha actuado "en todo momento" tras detectarse las primeras irregularidades.
Sobre la orden de demolición, explicó que si el propietario no actúa de forma voluntaria en el plazo fijado legalmente tras serle notificada la orden de demolición, será el Ayuntamiento el que acometa el derribo de lo construido. No obstante, este paso podría demorarse si el dueño impidiese el paso a las máquinas, lo que obligaría a tramitar una orden judicial. Si ello ocurriese, la Gerencia empezaría a imponer de forma inmediata las primeras sanciones coercitivas, que pueden ser hasta 12 y por el 10% del valor de lo construido ilegalmente. En este caso, la cuantía global de las obras ronda los 865.000 euros.
* Málaga Hoy - S. Sánchez - 15.12.09
Foto: Suelo contiguo al promotor del hispano-ruso que cambia de uso. - malagahoy.es
Detienen a seis empresarios por corrupción urbanística en Llíber
,+chal%C3%A9s+ilegales+-+diarioinformaci%C3%B3n.com.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : La vorágine urbanística que vivió Llíber -un municipio del interior de la Marina Alta de 1.001 habitantes- entre 1999 y 2003 tenía gato encerrado. Agentes de la Guardia Civil detuvieron entre el domingo y ayer por la mañana a seis empresarios que durante esos años ejercieron presuntamente de intermediarios en la venta de terrenos no urbanizables o directamente construyeron y vendieron chalés ilegales a residentes extranjeros.
A los seis detenidos se les imputa un delito de estafa y otro de asociación ilícita para delinquir. Sus promotoras y sociedades estuvieron detrás de la construcción de entre 300 y 350 viviendas en suelo protegido.
El alcalde de Llíber en aquellos años, José Mas Avellá, del PP, y el entonces arquitecto técnico municipal, Amador Signes, también están imputados por un delito contra la ordenación del territorio. Es una causa distinta, pero con el mismo origen. Ambos permitieron supuestamente que se edificaran los chalés ilegales. El Ayuntamiento no emitió ninguna orden de paralización de obras. Por el contrario, concedió licencias para restaurar casas en ruinas o levantar almacenes agrícola con parte habitable para construcciones que, en realidad, eran chalés de nueva planta.
En algunos casos, ni siquiera existía la ruina para cuya reconstrucción se pedía permiso de obra. Sin embargo, el Ayuntamiento hacía la vista gorda y permitía que en parcelas de menos de 10.000 metros (en esa superficie sí se podía construir una vivienda) se levantaran varios chalés. Sus propietarios no pueden ahora legalizar sus casas y se ha creado en Llíber un grave problema de ordenación del territorio. La instrucción de este caso, por el que también estuvo imputado el ex edil de Urbanismo, quien ha fallecido, ya está cerrada y ahora debe celebrarse el juicio en el juzgado de Benidorm.
De cinco de los seis empresarios detenidos trascendió ayer la identidad. Son Miguel M., un promotor que también en Xàbia tiene abierto un expediente de infracción urbanística y, además, estaba vinculado a uno de los PAI de Parcent; el español Pedro E.O., relacionado también con el sector inmobiliario; Trevor B., un constructor de nacionalidad inglesa, y los alemanes Michael y Trauder W., según informaron fuentes próximas al caso. Los detenidos pasarán hoy o mañana a disposición judicial.
La investigación, que todavía ayer no se había dado por cerrada, la lleva a cabo el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de Alicante y no se descartan nuevas detenciones.
Estafados
Afectados por la presunta estafa urbanística de Llíber relataron a este diario cómo actuaba uno de los empresarios detenido. Comentaron que ejercía de intermediario en la venta ante notario de los terrenos en suelo no urbanizable. Para ello, contaba con poderes de los propietarios, a menudo agricultores de Llíber. Al comprador le garantizaba que no iba a tener ningún problema para conseguir la licencia y construirse un chalé. De hecho, ya le ponía en contacto con un técnico municipal (supuestamente, el entonces aparejador Amador Signes), quien le explicaba los pasos a seguir para conseguir el permiso de obras.
El empresario explicaba a sus clientes que en Llíber se aplicaba una curiosa práctica urbanística. Debían pedir una licencia para restaurar una ruina o para construir un almacén con una parte habitable, aunque edificaran un chalé de nueva planta.
El Colegio de Arquitectos de Alicante presentó una denuncia contra esta artimaña urbanística, de ahí la imputación posterior del ex alcalde y del que fue su aparejador municipal. Los proyectos, supuestamente de obra menor pero que en realidad eran para construir un nuevo chalé, los visaba un arquitecto técnico y no uno superior.
* Información - A. P. F./P. C. - 15.12.09
Foto: Chalés ilegales en la montaña de Llíber que ardió en septiembre de 2008 - INFORMACION
Cartagena: Condenan a Urbanismo por derribar sin razón una casa en La Aljorra
LAVERDAD* : El Ayuntamiento de Cartagena tendrá que indemnizar con 92.405,61 euros a uno de los propietarios de una vivienda de La Aljorra que declaró en ruina inminente y derribó sin un informe justificado en el año 2006. Así lo establece una sentencia del Juzgado de Contencioso Administrativo nº1 de Cartagena del pasado 20 de octubre, que considera injustificada la actuación municipal.
La resolución judicial, recurrible al Tribunal Superior de Justicia, da la razón a Miguel Ángel C. G. Éste impugnó el decreto de ruina inminente del 9 de mayo del 2006 con el que el entonces vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Agustín Guillén, autorizó el derribo en un plazo máximo de 48 horas.
El concejal actuó a instancias del arquitecto jefe, José Amorós, quien inspeccionó el inmueble el 3 de diciembre y emitió un informe según el cual la casa había sufrido derrumbes interiores por unas lluvias, y era necesario demolerlo. Había riesgo de caída de «elementos estructurales de fachadas» a la calle.
La edificación estaba en las calles Salvador García y Antonio Pascual o Mayor, junto a la antigua carretera de Fuente Álamo, «una zona de gran tráfico». La demolición total de la casa, de 123 metros cuadrados, fue el 12 y el 13 de mayo.
El dueño exigió daños y perjuicios, pues el inmueble «era susceptible de venta, alquiler o uso», y ya sólo le quedó su «participación de una cuota de un solar en proindiviso». La indemnización equivale al valor de reposición de la casa.
El afectado basó su demanda en en tres informes de arquitectos, pero el juez desechó el contenido y encargó un informe pericial para compararlo con el municipal.
Ni fotos ni inspección total
El perito judicial no vio proporcionalidad entre el informe y la medida adoptada, y señaló que la calificación correcta habría sido ruina ordinaria o parcial. Vio datos «imprecisos» en el estudio del Ayuntamiento, como el hecho de no incluir documentación gráfica sobre los derrumbes o que, en tres fotos de las fachadas, «no existía ningún balcón, marquesina, letrero o anuncio» que pudiera caer a la calle.
Además, el técnico municipal «reconoció que no visitó la edificación en su conjunto» y que «se deberían haber adoptado medidas de seguridad» exterior.
El juez ha determinado que se vulneró el artículo 62, apartado e, de la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Eso sí, no ha advertido ni mala fe ni temeridad.
* La Verdad - J. A. G. - 15.12.09
Foto: Cartagena, ayuntamiento - cartagena.es
A Ría non Se Vende presenta una demanda penal contra la cúpula del puerto vigués
LAVOZ/Vigo* : La red de colectivos A Ría non Se Vende presentó ayer en el juzgado de Instrucción de Guardia nº7 de Vigo una denuncia penal contra los responsables de la Autoridad Portuaria de Vigo (Corina Porro, y Luis Lara Rubido, entre otros) por presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, contemplado en los artículos 325 a 331 del Código Penal, y otro de presunta prevaricación, según lo estipulado en el artículo 404 del mismo texto, ambos relacionados con las obras iniciadas en el muelle del Areal.
La denuncia se basa en la falta de cobertura legal de unas obras que se están ejecutando «sin -según dice el escrito- que el proyecto de las mismas fuera tramitado y aprobado debidamente según la legislación vigente, sin haber sido sometido tampoco a la preceptiva exposición pública, claramente prejudiciales para el medio ambiente y los recursos naturales, y que se están realizando sin que se cuente con el indispensable Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Vigo. De todo lo dicho son conocedores los citados responsables de la Autoridad Portuaria de Vigo, por lo que están incurriendo en un delito de prevaricación».
Se pide en la denuncia que «se adopten cuantas medidas cautelares se entiendan oportunas a fin de evitar los hechos irreversibles que supondría la realización de la obra». A Ría Non Se Vende continúa adelante con la tramitación de los recursos contencioso-administrativos contra los proyectos de ampliación del relleno de Bouzas, del muelle de A Laxe con el puerto anexo y del citado del Areal.
* La Voz de Galicia - 12.12.09
Foto: Panorámica muelle de Guixar - cope.es
